Por Miguel Vasquez

Miembros de la PNP desistieron de usar armas letales para evitar un escenario parecido al del 14N.. Foto: Luis Javier Maguiña.

Cuando Luis Javier Maguiña, fotoperiodista independiente, salió de su casa un martes a las 4 y media de la tarde con dirección al Centro de Lima, no se imaginó que aquel día una violenta y enfurecida turba en la avenida Abancay destruiría todo a su paso.

“Los supuestos manifestantes empezaron a tirar piedras y causar destrozos en todo lugar público y en puestos ambulatorios en la avenida. Yo me fui de esa zona cerca de las 9 y media de la noche y vi que los Tambos de Camaná y Piérola estaban destrozados. En aquel momento, temí por mi seguridad”, cuenta Luis Javier.

Ha pasado casi un mes de ese violento episodio, y a pesar que la Policía ha conseguido detener a más de diez vándalos que causaron destrozos en propiedades públicas y privadas y la Corte Superior de Lima condenar a dos años de prisión suspendida a cuatro sujetos que atacaron el Poder Judicial, poco se medita sobre cuáles fueron las verdaderas causas que llevaron a que estos colectivos actúen de tal manera.

Conflictos sociales

En el Perú, según el reporte de abril de la Defensoría del Pueblo, existen 208 conflictos sociales, de los cuales 106 están activos y 48 aún no estallan.

Uno de los más mediáticos que se ha venido desarrollando en estos últimos meses tiene que ver con la empresa minera Southern y pobladores de las comunidades campesinas de Tumilaca, Pocata, Coscore, Tala y Torata, en Moquegua.

Los pobladores llegaron a impedir el paso del agua hacia el campamento minero Cuajone, donde viven 5,000 personas, por un lapso aproximado de dos meses. Esto, debido a que la minera contrajo la carretera Cuajone – Toquepala sin consulta previa y por los 50 años de destrozos que la empresa produjo en la zona.

Según estudios, el tiempo en que las actividades mineras se paralizaron, supuso la pérdida de un punto del crecimiento de la producción de cobre del país, además de 260 millones de dólares en pérdidas de exportaciones y más de 400 millones en impuestos.

Ha pasado casi un mes de ese violento episodio, y a pesar que la Policía ha conseguido detener a más de diez vándalos que causaron Sin embargo hace ocho días, a través de un comunicado, Southern indicó que tras la intervención del Gobierno Central y la publicación del decreto que declara a la comunidad de Torata en emergencia, se pudo retomar el control del reservorio de Viña Blanca. Además, la compañía dió a conocer que las operaciones en el campamento de Cuajone se normalizarán luego de que se repare la vía férrea dañada por los pobladores.

Combustión de precios

Los elevados precios del combustible ocasionaron que el pasado 28 de marzo el gremio de transportistas pesados anunciara un paro indefinido. Esto devino en protestas que ocasionaron bloqueos de carreteras en al menos una decena de regiones en el país, en donde además se reportaron quema de casetas de peaje y llantas.

“El incremento de los precios del petróleo a nivel internacional ha causado que muchos sectores de la economía en nuestro país se vean afectados, entre ellos el de transporte”, indicó el gerente de logística Savar, David Kuoman.

Además, el especialista señaló que actualmente el sector de transporte viene registrando pérdidas entre un 10% y 15%, debido a que para mantener los precios han dejado de percibir ingresos.

Para calmar las aguas, el gobierno de Castillo eliminó el impuesto selectivo al consumo del combustible hasta junio. Además, decretó un aumento del 10% del sueldo mínimo, que entró en vigencia hace cuatro días. Un alza que a primera vista, no beneficiará a una gran parte de la población, debido a que en la actualidad el Perú depende significativamente de la economía informal.

“Desde el sector privado, hacemos un llamado a  que se puedan reducir los impuestos para que las empresas mejoren su producción, de esta forma no solo se puede activar la economía, sino que se generarían más empleos”, añadió Kuoman.

Escasez alimentaria

Una cosa lleva a la otra. En noviembre del año pasado, cuando todavía no había estallado el conflicto entre Rusia y Ucrania, la bolsa de 50 kilos de urea, el fertilizante más usado entre los agricultores peruanos y de origen ruso, costaba S/.120. En la actualidad, por esa misma cantidad de abono se piden S/.350. Esto ha ocasionado que en lo que va del año, se haya dejado de sembrar el 8,5% de las tierras peruanas, teniendo en cuenta que entre el 70% y 80% de los alimentos que consumen los peruanos proviene del campo. Entonces, ¿qué medidas debemos tomar frente a esta escasez de alimentos y el incremento del precio de los mismos?

Para la economista Catherine Eyzaguirre, la exoneración del Gobierno del IGV (Impuesto General de las Ventas) hacia los productos de la canasta básica no es peligrosa, pero considera que las exoneraciones tributarias deben ser medidas excepcionales y temporales.

Por otro lado Víctor Mayta Frisancho, ex ministro de Agricultura, considera que para reducir los precios de los fertilizantes el Gobierno tiene que subsidiar a la agricultura, dotarla de infraestructura de riego y de maquinaria agrícola.

Innamovilidad ciudadana

El 4 de abril a la medianoche, en la víspera del trigésimo aniversario del autogolpe de Alberto Fujimori, Pedro Castillo decretó la orden de toque de queda desde las 2:00 a.m hasta las 23:59 p.m. del día siguiente.

Según fuentes de la policía fueron los informes de inteligencia de la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia), que actualmente se encuentra a cargo del ex comisario de Tacabamba José Fernández Latorre, los que alertaron a la Presidencia del Consejo de Ministros que el 5 de abril se agudizaría la situación de violencia en Lima y Callao

Aunque para la periodista Lucía Lozano, la medida que adoptó el presidente fue una imagen muy potente de la poca capacidad de gestión y comunicación del gobierno.

“El gobierno de Pedro Castillo va de medidas atropelladas, sin análisis previo, sin técnicos que realmente pueden evaluar las diferentes situaciones y panoramas que haya. Inclusive, no hay una correcta visión dentro del propio Consejo de Ministros”, afirma.

Aquella medida que se tomó a media noche fue uno de los detonantes para la  movilización del día siguiente, según Aurora Bravo, investigadora en ciencias de la comunicación. “Yo considero a esta como una de las causas de esa movilización. Fue una medida sorpresiva y algo arbitraria”, comenta.

La orden que dio el gobierno duró unas 15 horas, afectando a 11 millones de peruanos y generando pérdidas por aproximadamente 270 millones de dólares, según el gremio empresarial.

Tal y como sucedió cuando se anunció el toque de queda, el anuncio del levantamiento de la medida tomó por sorpresa a todos. Aquella cancelación se dio siete horas antes del fin establecido.

Cuando se habla de posibles soluciones frente a esta crisis gubernamental, son pocas las opciones que se presentan. Así lo considera el periodista César Chaman: “Una de ellas tendría que ver con un cambio consistente en el gabinete ministerial, para dar paso en el premierato a un personaje capaz de convocar a la concertación y el diálogo y, de paso, incorporar a su equipo de trabajo a técnicos serios. Pero allí las preguntas son puntuales: ¿tiene realmente el presidente Castillo intención de enmendar el rumbo?, y por otro, ¿habrá algún político respetable dispuesto a asumir responsabilidad en un gobierno velozmente desgastado? La opción de vacancia está descartada por falta de votos en el Congreso. Y la alternativa de una renuncia de Castillo es muy improbable”

En los casi 10 meses del profesor Castillo frente al mando del Perú, un país que desde hace mucho sufre una crisis en su sistema democrático,  el descontento social parece ser una de las principales características por las cuales se recordará su gestión. Claro, aún nada está dicho.

la antígona

Periodismo en Femenino

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