Congreso 2021: ¿Cuáles son los peligros para las mujeres y las minorías en un congreso altamente conservador?

Por: Francesca Raffo

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Es un congreso inédito el que legislará los próximos cinco años en el Perú. Un parlamento con la mayor cantidad de mujeres en la historia, pero también uno de los más conservadores y fraccionados de los últimos veinte años. En plena crisis sanitaria, la ciudadanía tendrá que estar atenta para vigilar la igualdad de género y los derechos de las minorías. 

El complejo año electoral que vivimos por la pandemia de la Covid-19 ya tiene una de las aristas casi concretas: el Congreso 2021. Luego de las elecciones del 11 de abril y los resultados de la ONPE al 100%, ya se conoce cómo estaría compuesto el Poder Legislativo para el próximo quinquenio. 

Este congreso tiene por primera vez la mayor cantidad de mujeres dada la ley de paridad y alternancia. El hemiciclo estará compuesto en un 40% por mujeres. Sin embargo, este congreso también es uno de los más fraccionados y socialmente conservador de las últimas décadas. Es así que mujeres, minorías, población LGTBI+, entre otros, tendrán que estar alertas a las leyes que se promulguen o  a los proyectos que son rechazados. 

Foto: Prensa

“En los últimos 20 años diría que es de los [congresos] más fragmentados porque tiene 11 bancadas y también creo que es uno de los congresos más conservadores. Es un congreso polarizado en visiones económicas, por ejemplo; pero con consenso a la parte social más conservadora”, explica en una entrevista a La Antígona la analista política María José Gallo. 

El Congreso 2021

Son diez partidos políticos los que han llegado al parlamento en las elecciones de este año. La mayor agrupación política es la de Perú Libre que proyecta 37 escaños, sigue Fuerza Popular con 24. Ambos partidos se disputan la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 6 de junio. 

Los partidos que también lograron pasar la valla electoral son Alianza para el Progreso, Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú – quien contó con el candidato más votado, el expresidente Martín Vizcarra -, Podemos Perú, Juntos por el Perú y el Partido Morado, en ese orden respectivo de número de congresistas.

Este nivel de fragmentación, tanto en el voto presidencial que se traduce en el congresal, es el reflejo de una altísima desafección ciudadana, mezclada con una pobre oferta electoral, explica Gallo. Además, menciona que según encuestas de opinión que hace IPSOS, se puede identificar que los peruanos  mantienen un voto moderado. Así, menciona que esta elección congresal podría ser, parcialmente, un reflejo de la sociedad que todavía tiene altos niveles de tradicionalismo. 

El congreso con más mujeres de la historia

Como se mencionó antes, este Congreso 2021 tendrá la mayor cantidad de mujeres. Sin embargo, esto no quita las preocupaciones en la lucha por la igualdad de género dadas la ideología de la mayoría de partidos políticos. 

Foto: La República

“A pesar de que este es el primer congreso con mayor composición de mujeres, nos tendremos que mantener vigilantes sobre la labor legislativa que las mismas pueden promover a favor del derecho y del género. Más allá de que las mismas sean de sexo femenino, hay un problema con el enfoque que tienen sus partidos con temas de igualdad de género. Creemos que en este momento hay varios pendientes que todavía falta trabajar a nivel legislativo y tendríamos que asegurar que las mismas lleven adelante esta agenda que nosotros hemos avanzado pero que todavía resulta insuficiente”, indica a La Antígona la Presidenta del actual Congreso, Mirtha Vásquez.

La analista Gallo también hace referencia a un gran contraste en este escenario. Entre las mujeres que llegaron al parlamento, está como una de las congresistas más votadas Susel Paredes (Partido Morado), abiertamente lesbiana y defensora de los derechos y la libertad de la mujer. Pero también se encuentra entre las más votadas María Jauregui (Renovación Popular) quien se encuentra totalmente al otro extremo. En declaraciones pasadas, Jauregui ha asegurado que: “El señor nos creó (a las mujeres) para ser ayudas idóneas de nuestro esposo”, entre otras varias frases denigrantes hacia la mujer. 

A la izquierda: Susel Paredes, a la derecha: Milagros Martínez. Foto: La Antígona

“Ese es uno de los contrastes. En el Perú, si bien las mujeres y las minorías hemos ganado varios espacios, aún quedan varias cosas bastante importantes por solucionar que no necesariamente veo que haya agendas con mucho empuje”, indica Gallo. 

Agendas que no avanzarían

Lo que este congreso podría poner en discusión son políticas de igualdad. Un país que las niega no podrá aspirar a un avance, explica la ex candidata al congreso y directora de Promsex, Susana Chávez. Son políticas que integran a las mujeres y reducen desigualdades – que evidentemente existen porque así se demuestra a diario -, agrega. 

Las especialistas coinciden que este congreso podría generar dos tipos de problemas: estancarnos con legislaciones a favor de las mujeres y minorías o retroceder en lo ya avanzado. Uno de los temas que más preocupa es el retroceso en temas de violencia de género.

“Hemos pasado a reconocer que la violencia no es negociable, ni arreglable, ni que se puede resolver mediante un mecanismo de transacción. Estamos hablando de un cambio sustantivo donde hemos pasado de considerar a la violencia de un tema de honor de la familia a que la violencia afecte la dignidad, integridad y salud mental de la mujer. No me imagino que puedan derogar una ley, pero pueden reducir cualquier obligación frente a los feminicidios o que surja la explicación de que no es feminicidio si no asesinato”, explica Chávez.

Otro tema bastante importante y sensible, que se mira con mucho conservadurismo, es la despenalización del aborto. “Hay que mirar de cara a la realidad que estamos atravesando. En medio de la pandemia, el año pasado, hemos tenido el registro de 20 niñas menores de 10 años que han terminado siendo madres y eso es terrible. Eso nos debiera hacer reflexionar”, sostiene Mirtha Vásquez

Actual Presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez. Foto: La República

La comunidad LGTBI+ también será una comunidad vulnerable frente a este congreso. Esta comunidad todavía lucha por diversos derechos – como el matrimonio igualitario -, pero con este congreso será mucho más difícil lograrlo.

Legislaciones que deben seguir trabajando

El presente Congreso ya ha avanzado una agenda legislativa para las mujeres y las minorías, explica Mirtha Vásquez. Sin embargo, se deben seguir trabajando para implementarlas o normarlas. Este nuevo congreso debería garantizarlo.

Algunas de las reformas ya avanzadas son la Ley contra el acoso político – que requiere ahora un compromiso de implementación-; la ley de paridad y alternancia – que necesita normas complementarias para asegurarla-; fortalecimiento de la mujer rural – que necesita del ejecutivo para un seguimiento -; y, normas que garantizan a las mujeres víctimas de violencia sean favorecidas en el tema laboral. 

Foto: El Peruano

El rol de la ciudadanía frente al trabajo del congreso

El Congreso 2021 ya es una realidad. A esto, se le suma que el partido político que llegue a la presidencia también será conservador en lo social. La ciudadanía tiene una responsabilidad sumamente grande para fiscalizar y exigir que las reformas no sean derogadas y los nuevos derechos entren en vigencia. 

Muchas veces, agendas como los derechos civiles quedan en segundo plano en situaciones de crisis como la que vivimos: sanitaria y económica. Sin embargo, esto definitivamente no debería ser así, explica María José Gallo. La ciudadanía y organizaciones se va a tener que articular durante el próximo quinquenio para poder mirar todo de manera integral y poder así luchar para tener una sociedad más justa a pesar de los partidos políticos que legislen en el Congreso. 

El Salvador: los casos de Manuela y Sara y cómo la prohibición total del aborto atenta contra las más pobres

El Salvador: los casos de Manuela y Sara y cómo la prohibición total del aborto atenta contra las más pobres

Por: Albinson Linares y Eulimar Nuñez 
Noticias Telemundo
Foto: El Mundo

La criminalización del aborto en este país centroamericano ha ocasionado que muchas mujeres de bajos recursos con emergencias obstétricas terminen en la cárcel. Esta semana se llevaron a cabo dos audiencias ante la Corte IDH por el caso de Manuela, quien falleció en 2010 en prisión, y este lunes se presentará ante un juez la demanda de Sara, que lleva nueve años presa y puede ser declarada.

Manuela ni siquiera pudo caminar hasta el hospital. Sus familiares tuvieron que envolverla en una hamaca y trasladarla como pudieron hasta el centro de salud ubicado a dos horas de su casa en una zona rural de las afueras de San Salvador. Estaba desmayada, la hemorragia le impedía moverse ese 27 de febrero de 2008. Momentos antes había sentido un fuerte dolor en la pelvis que la hizo correr a la letrina de su casa, donde sufrió una emergencia obstétrica y expulsó el feto que llevaba en su vientre. 

Un día después fue detenida, mientras se encontraba hospitalizada. El Estado salvadoreño fue demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de violar los derechos de Manuela, una mujer muy pobre que no sabía leer ni escribir. Esta semana, la Corte IDH realizó una audiencia para tratar su caso y las circunstancias de su arresto, que se produjo “rompiendo con el espíritu del carácter excepcional de la detención en flagrancia”.

Manuela es una salvadoreña que fue sentenciada a 30 años de prisión después de presentar una emergencia obstétrica y perder a su bebé. Fue señalada de abortar y la esposaron mientras seguía en el hospital. La acusaron de homicidio agravado. Esta semana en San Salvador se realizaron concentraciones a favor de que se haga justicia en su caso. – Foto: Marvin Recinos/AFP vía Getty Images

La historia de Sara es similar. También fue esposada a la cama de un hospital, después de que sufrió una emergencia obstétrica cuando se resbaló y se golpeó mientras lavaba ropa. Estaba sola en su casa y perdió mucha sangre antes de recibir ayuda.

Tras ser acusada de haberse practicado un aborto, la fiscalía se presentó, cambió los cargos para señalarla de homicidio agravado y condenarla a 30 años de prisión. Este lunes 15 de marzo se llevará a cabo una audiencia en la que el juez puede determinar si la nueva evidencia que se presente es suficiente para declararla inocente y dejarla en libertad.

El lunes 18 se celebró una audiencia para analizar el caso de Sara, las organizaciones feministas lo vieron como una oportunidad para condenar la criminalización del aborto y las emergencias obstétricas. Foto: Women’s Equality Center

“La historia de Manuela puede ser la de Sara si no hacemos algo para tratar de sacarla de la cárcel. Es un caso muy triste y conmovedor pero es la misma historia del resto de las mujeres que siguen detenidas en la cárcel. Lleva nueve años presa y la última vez que la vimos, no estaba en el mejor estado ni físico ni emocional ni de salud”, asegura la abogada de derechos humanos Paula Avila-Guillen, directora ejecutiva del Women’s Equality Center (WEC) en entrevista con Noticias Telemundo.

“Su caso tan triste nos demuestra por qué tenemos que seguir peleando por las mujeres que están en la cárcel y le puede servir de llamado a El Salvador para que haga lo correcto”. 

Los detalles del caso de Manuela y cómo se violaron sus derechos

Al llegar al centro médico, la doctora que atendió a Manuela en 2008 la interrogó de manera inclemente. Mientras Manuela literalmente se desangraba, la médica le preguntaba sobre su vida sexual e insistía en saber qué se había hecho. 

“Este tipo de interrogatorios tratan de buscar algo como criminal, ¿no? Porque su historia clínica está marcada por cuestiones de juzgamiento (…) como que no le creen lo que está diciendo”, dijo el doctor Guillermo Ortiz, médico ginecobstetra que trabajó en el peritaje de este caso, durante la audiencia celebrada el 10 de marzo ante la CIDH.

Tardaron tres horas antes de atenderla y de inmediato, el personal médico denunció que había abortado. En medio del delirio de su gravedad, Manuela estuvo esposada a una camilla durante siete días, los policías y el personal sanitario que la vigilaban la insultaban y la denigraban. Los médicos se concentraron tanto en su supuesto aborto que no vieron unas masas que tenía en el cuello y que más tarde, estando presa, resultaron en un diagnóstico de cáncer, linfoma de Hodgkin.

Manuela fue sentenciada a 30 años de prisión por homicidio agravado poco después de ser detenida. En El Salvador, que tiene algunas de las leyes más restrictivas del mundo en materia de aborto, las sentencias pueden llegar a los 50 años de prisión. Se calcula que entre los años 2000 y 2019, 181 mujeres sufrieron emergencias obstétricas y fueron criminalizadas por supuestos abortos o el cargo de homicidio agravado.

Manuela nunca pudo recuperarse. En prisión adelgazó 13 kilos y no recibió a tiempo la quimioterapia que necesitaba para tratar su cáncer. El 30 de abril de 2010 falleció.

“No se sabe si es por el linfoma o no que ella pierde el embarazo, pero pudo estar relacionado. A Manuela le niegan el tratamiento médico y muere en la cárcel dejando dos hijos huérfanos. Su caso llegó a la Corte Interamericana porque no hubo justicia en El Salvador. No se reconoce que murió dentro de una cárcel sin recibir la atención médica que ella necesitaba”, explica Avila-Guillen a Noticias Telemundo.

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El caso de Manuela se ha convertido en un símbolo de la desigualdad y las adversidades que deben enfrentar las mujeres en países como El Salvador. Decenas de activistas acudieron a la audiencia de su caso esta semana ante la CIDH; otros se conectaron por videoconferencia. Foto: AFP via Getty Images

La larga búsqueda de justicia

“No logro entender en qué momento pasa de ser una emergencia médica, como es el caso de Manuela, a un crimen. No lo logro conectar. ¿Cómo se puede establecer un vínculo de criminalidad en una mujer que se encontraba muy, muy enferma en el momento del parto e incluso se desmaya?”, dijo Ortiz, consternado, en una de las videoconferencias de esta semana frente a varios jueces de la CIDH.

Los familiares de Manuela, cuyo nombre verdadero no se ha divulgado para respetar su privacidad, siguen buscando justicia trece años después. 

“Vemos que Manuela solo cuenta como ente reproductor, todo lo demás no es importante. Agentes del servicio penitenciario veían que tenía dolores y al pasar decían ‘está penando por lo que hizo’. Es una suerte de castigo moral (…) Además, la pena de 30 años es totalmente desproporcionada”, señaló Laura Clérico, doctora en Derecho, que también estuvo a cargo del peritaje del caso.

“Su caso alcanza el grado de tortura dado que es intencional, motivado por su género, procura la finalidad de perpetuar el estigma y refleja el máximo grado de severidad”, dijo durante la audiencia la parte demandante. “Fue condenada a 30 años y su versión jamás fue oída. Determinaron que era homicida porque consideraron que el feto había nacido vivo con base en una técnica no idónea para esa conclusión. El Estado no garantizó que se le brindara el diagnóstico y tratamiento”.

La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y el Centro de Derechos Reproductivos son las organizaciones que formularon la demanda que intenta que el Estado salvadoreño reconozca los abusos y las violaciones a los derechos humanos perpetrados contra Manuela y su familia. Las dos audiencias de la semana pasada fueron el punto culminante de un proceso largo y tortuoso que se inició en 2012 cuando la Corte IDH comenzó una investigación del caso, luego de que los familiares de Manuela agotaron las instancias nacionales.

En 2019, la comisión realizó un informe que enumeraba los múltiples abusos que se cometieron en el caso. Desde detención ilegal pasando por violaciones a derechos fundamentales como la presunción de inocencia, protección judicial y la salud, entre otros.

Manuela era una mujer cabeza de familia, en situación de pobreza, enferma de cáncer y luego privada de su libertad– fue sometida a discriminación y desprotección en razón de tres estereotipos de género, según lo explicó Carmen Martínez López, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, durante la audiencia sobre el caso.

Organizaciones feministas se manifestaron en Sal Salvador durante la celebración de las audiencias del caso de Manuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 10 de marzo de 2021. Foto: Getty Images / Getty Images

Manuela era una mujer cabeza de familia, en situación de pobreza, enferma de cáncer y luego privada de su libertad– fue sometida a discriminación y desprotección en razón de tres estereotipos de género, según lo explicó Carmen Martínez López, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, durante la audiencia sobre el caso.

1- Un estereotipo según el cual una mujer que tiene relaciones fuera del matrimonio es una inmoral, por lo que no merece un respeto a su integridad.

2- La creencia falsa según la cual la mujer siempre tiene la función máxima de sacrificarse en nombre de la reproducción, y que aún frente a la muerte debe privar un instinto materno. En este caso pese a perder gran cantidad de sangre, padecer de un cáncer y preeclampsia, Manuela no solo debía sobreponerse sino entender perfectamente qué le ocurría: la supremacía del instinto de madre.

3- Una mujer pobre no tiene agencia sobre lo que decida: no tiene valor su palabra. Se presume que su opinión es ignorante y su actitud es primitiva frente a la salud reproductiva.

La penalización absoluta: una forma de discriminación y violencia

“Esperamos que la corte destaque que el contexto de la penalización absoluta del aborto constituye una forma de discriminación, de violencia de género, que tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que facilita la criminalización o judicialización de los procesos reproductivos, incluyendo las emergencias obstétricas”, señaló Martínez López, del Centro de Derechos Reproductivos, en una entrevista con Noticias Telemundo.

Martínez López es optimista al respecto y cree que la corte debe aprovechar esta oportunidad para señalar la responsabilidad internacional de El Salvador. Esto sentaría un valioso precedente en la jurisprudencia de toda la región, pues las decisiones de la corte pasan a formar parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, reconocido por al menos 25 países.

“Los Estados deben prevenir la persecución penal de mujeres que sufren emergencias obstétricas y trabajar en la reparación del daño a las que han sido detenidas, y condenadas arbitrariamente por sufrir ese tipo de complicaciones”, asevera la experta.

“En el caso de Manuela, se escucharon los testimonios de los expertos y lo que los demandantes le están pidiendo a la corte es que condene al Estado de El Salvador por violaciones de derechos humanos en contra de Manuela, y que cumpla medidas individuales para reparar a las víctimas y también de no repetición: qué puede hacer el Estado para evitar que más situaciones como éstas sigan sucediendo”. 

Más historias similares y emblemáticas

Otro de esos casos es el de Teodora del Carmen Vásquez, una mujer salvadoreña que sufrió una muerte fetal en el último mes de su embarazo y también fue condenada a 30 años de cárcel. Su historia se volvió emblemática.

A diferencia de Manuela, Vásquez logró ser liberada en 2018 luego de pasar casi 11 años en prisión y ahora dedica su vida a la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres y su reinserción social después de pasar por los centros penitenciarios.

“No nos dan trabajo por los antecedentes penales, es muy difícil. Además, hay complicaciones de salud y problemas psicológicos porque muchas veces los familiares piensan que cuando uno sale de la cárcel se acabaron todos los problemas, pero realmente en ese momento empiezan otras cosas importantes”, explicó Vásquez en una entrevista con Noticias Telemundo.

A sus 37 años, ella asegura que se siente “renacida”. Ahora estudia una licenciatura en Comunicación y publicidad y se ha convertido en una exitosa activista de Mujeres Libres de El Salvador, una organización que aboga por la liberación de todas las salvadoreñas condenadas por la criminalización del aborto. Con orgullo dice que ya han logrado la libertad de 44 mujeres; todavía quedan 20 en el sistema penitenciario.

Durante su larga estadía en prisión, Vásquez conoció a Manuela. “Como toda mujer que llega a una cárcel, ella tenía la ilusión de salir libre. Siempre demostró amor y cariño para sus hijos. Lamentablemente se murió, pero se ha convertido en un símbolo para nosotras”, señaló.

El 7 de marzo pasado, más de 5,000 mujeres salieron a protestar antes del Día Internacional de la Mujer en San Salvador. Según las estadísticas de organizaciones no gubernamentales y medios noticiosos durante 2020 se registraron al menos 130 feminicidios y 541 mujeres están desaparecidas. Se calcula que cada 18 horas desaparece una mujer en el país.

“Mi sueño es que a través de la lucha que estamos haciendo logremos tener un cambio de legislación y que se logre que ya no penalicen a las mujeres por los abortos. Estamos seguras de que hemos sembrado una semilla y, aunque ahora no se vea, en otro momento las generaciones futuras lo van a cosechar. Y para mí, pues eso es lo más importante”, dijo Vásquez.

El caso de Sara: ¿qué se va a discutir?

“Si el Estado salvadoreño no hace nada en el caso de Sara, tememos que le pase lo mismo que a Manuela. Su familia nunca fue la misma. Esta es una ley que destruye familias, ella lo único que quiere es volver a estar con sus papás”, agrega Avila-Guillen, quien la conoció en la cárcel. “Ella estaba muy emocionada de ser mamá. Ella todavía está sufriendo el duelo de su pérdida”.

Estaba previsto que el 15 de marzo se celebrara una audiencia en el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, una ciudad de la región central de El Salvador, para determinar si un conjunto de nuevas pruebas eran suficientes para probar su inocencia y lograr que fuese liberada. Pero la audiencia se pospuso y los grupos de derechos humanos han exigido, sin éxito, que se anuncie la nueva fecha.

“Espero que el juez tenga la objetividad para ver la evidencia y entienda que un accidente no puede condenar a una niña a 30 años de cárcel, no puede destruir a una familia entera. Espero que vea este caso desde la luz de la justicia y no de sus prejuicios personales”, sostiene Avila-Guillen.

“La única forma de evitar que la historia de Manuela se repita es que se ponga en libertad a todas las mujeres. Los comités de Naciones Unidas han determinado que se trata de detenciones arbitrarias, sabemos que existe un patrón sistemático, que no se tengan que morir en las cárceles para lograr justicia, ya existe el precedente de Manuela y la única forma de evitarlo es poniéndolas en libertad y que dejen de criminalizar a las mujeres por emergencias obstétricas”, asevera Avila-Guillen.

“Nayib Bukele no tiene excusas para que El Salvador avance. El 1 de mayo el presidente tendrá la mayoría calificada en el Congreso, entonces si la voluntad de su partido es proteger la vida y la salud de las mujeres, tiene todas las herramientas en sus manos para permitir que al menos sea permitido (el aborto) en algunas excepciones en El Salvador y que se deje de criminalizar a las mujeres que sufren emergencias obstétricas. A diferencia de otros momentos y contextos, aquí sólo depende de él. Él tiene la coordinación política de su partido”, concluye la activista.

© 2021 La Antígona

Colombia perdió el miedo

Colombia perdió el miedo

Por: Medios Libres Cali
@medioslibrescali

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Foto: Medios Libres Cali

Toda Colombia para, unida en contra del mal gobierno.

Un gobierno más peligroso que una pandemia hace que un pueblo digno se convoque masivamente para la protesta, carnavales en las calles en exigencia de derechos, puestos de policía convertidos en bibliotecas populares, pueblos, comunas y barrios en una gran fiesta de la resistencia popular en Colombia. Su respuesta, fuerza policial desmedida y un presidente que militariza al país. Ambas caras de un mismo territorio hacen parte del histórico paro de abril de 2021. Toda Colombia para, unida en contra del mal gobierno.

A pesar de los acuerdos para la terminación del conflicto y la guerra en Colombia firmados por el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP en 2016; el paramilitarismo y el narcotráfico le dan continuidad a la guerra en el país. El centro democrático (partido del expresidente Álvaro Uribe y del actual presidente Iván Duque) son los responsables de perpetuar la guerra y enfocar su poder hacia el control político y financiero del país. A febrero de 2021 se registran 252 firmantes de paz asesinados, desmovilizados de la guerrilla de las FARC. Cuatro años después de su firma el avance de la implementación no supera el 75% y los puntos sustanciales frente a la transformación de las condiciones estructurales del conflicto, como por ejemplo el punto de acceso, redistribución y tenencia de la tierra sigue siendo una deuda histórica en Colombia y la base de la profunda desigualdad en el país.

Esta desigualdad que se agudizó con la llegada de la pandemia, dejó al descubierto la inoperancia y la incapacidad estatal para pensar en el bienestar de las personas, las decisiones tardías frente a los cierres de aeropuertos y el establecimiento de controles estrictos en la entrada de extranjeros, dejaron en jaque al país. Aunque el país vive el tercer pico de la pandemia del covid-19, la nación entera se encuentra en una grandísima ola de violencia, pobreza y corrupción, donde el hambre es uno de los mayores problemas. La guerra baña de sangre nuestro territorio, en lo que lleva el año 2021 se reportan 57 líderes sociales asesinados, 20 de ellos indígenas en su mayoría del departamento del Cauca; 158 feminicidios en los primeros 3 meses del año, masacres en los territorios y violencia en las calles y campos.

Somos el país de las ejecuciones extrajudiciales. La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), en un informe sobre los asesinatos ilegales a civiles indefensos presentados por la fuerza pública como muertes en combate, determina que estas, ascienden a la cifra de: 6402 personas. Y los picos de asesinatos son los años 2007 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Una cifra cercana a la cantidad de víctimas de la dictadura de la Junta Militar comandada por Jorge Rafael Videla en Argentina, más del doble que las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. En Colombia la gente ya no se pregunta quién dio la orden, la gente sabe que Uribe dio la orden y ya no tiene miedo de decirlo porque Colombia perdió el miedo.

Foto: Medios Libres Cali

Desde la firma de los acuerdos de paz, el uribismo encarnado en el gobierno de Duque se propuso por todos los medios destruir la paz y al parecer, lo están logrando. Según INDEPAZ, solo en el 2020 y en lo corrido del 2021, van 124 masacres con más de 300 víctimas. Desde la firma del acuerdo de paz, han asesinado a más de 1000 líderes sociales en Colombia. Vivir en este país es una lucha constante contra las políticas de hambre de un gobierno que solo tiene la bota represiva del Estado como respuesta a las necesidades de su pueblo. No solo por los modelos económicos que promueven la miseria y la desigualdad, también por los modelos políticos genocidas que exterminan cualquier identidad colectiva ajena o contraria a tales modelos hegemónicos.

El covid-19 es el menor de los problemas

En medio del tercer pico de contagios que agudizó el número de víctimas en la ciudad de Cali por la pandemia del COVID-19, miles de personas acudieron a las calles convocándose al PARO NACIONAL 28A (28 de Abril). ¿Cuáles son las razones para que la gente supere el miedo al virus y ocupe las calles en resistencia frente al gobierno más sangriento de Latinoamérica?

El manejo corrupto y negligente del gobierno Duque a la crisis generada por covid-19 tiene al país en una curva de empobrecimiento que asciende exponencialmente aún cuando, según cifras del gobierno, durante el año 2020 se invirtieron 44.000 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y ayudas humanitarias en forma de transferencias económicas. Alrededor de esta gestión siguen habiendo dudas y miles de denuncias de corrupción en el manejo que se le ha dado a ésta política.

El manejo corrupto y negligente del gobierno Duque a la crisis generada por covid-19, tiene al país en una curva de empobrecimiento que asciende exponencialmente. Si bien, según cifras del gobierno, durante el año 2020 se invirtieron 44.000 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y ayudas humanitarias en forma de transferencias económicas. Alrededor de esta gestión siguen habiendo dudas y miles de denuncias de corrupción en el manejo que se le ha dado a ésta política.

Foto: The New York Times

Sumado a esto, se presenta la negativa del gobierno de Iván Duque a llevar a cabo el proyecto de Renta Básica, firmado por más de 4.000 personas, entre ellos por lo menos 50 parlamentarios, como alternativa económica para sostener los hogares que más lo necesitan. Esos que día a día deben salir a las calles a exponerse ante el virus para sobrevivir. Contrario a esto el salvavidas del gobierno se enfocó en la banca, asegurando la liquidez financiera de los bancos por transferencia directa de dinero que salía del Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), creado a raíz de la pandemia. Lo que algunos expertos aseguraban era que los bancos, solo por la operación de las transferencias de la medida conocida como “Ingreso Solidario”, recaudarían por lo menos 24.000 millones de pesos entregados directamente del erario público. “Ingreso Solidario” que, dicho sea de paso, no recibieron a cabalidad las personas que lo necesitaban. Así, incluso durante la pandemia, en Colombia seguimos viendo cómo cada día, el pueblo es más pobre y el rico es más rico.

Esto no es nuevo. Desde hace décadas, la clase política conservadora y de derecha se presentan únicamente como los intermediarios entre el país y la economía global hegemónica. Así mismo, de manera sistemática y perpetua, sostienen su posición de intermediarios, exterminando pueblos, saqueando tierras y dominando a las mayorías populares desde la bota militar. Una dictadura solapada, con recursos y armas suficientes para mantener al país encadenado por varias décadas más. Este estallido social y popular no es espontáneo, más bien es la reacción a años y años de dominación e injusticia. Sin embargo el detonante más visible para las movilizaciones de abril en Colombia, es la propuesta del proyecto de ley mal llamado “Ley de Financiamiento Solidario”, que no es nada más que una reforma tributaria que condena y empobrece a las mayorías populares y ciudadanas.

Con el pretexto de aliviar el déficit fiscal, que el mismo gobierno produjo meses antes por un hueco fiscal que quedó de los beneficios tributarios de la anterior reforma, al uribismo y al gobierno Duque, se les ocurrió la terrible idea de aumentar el costo de vida en uno de los países más desiguales del mundo. Es inconcebible que en plena crisis, el gobierno colombiano decida subir los impuestos a la comida (Canasta Básica Familiar) de las clases bajas y medias. No se le puede aumentar el precio a la comida cuando el pueblo tiene hambre. La indignación aumenta a raíz de que las medidas contempladas en la reforma tributaria perjudican al pueblo, pero recompensan y benefician a las grandes fortunas y monopolios del país.

Si la reforma tributaria nos arruina, el proyecto 010 reforma a la salud nos mata

Las decisiones importantes que determinan el rumbo del país -y por tanto el futuro de millones de personas- son tomadas únicamente por las élites políticas, militares y económicas. Legislan a favor de imperios bancarios y ganaderos. Legislan a favor de intereses norte americanos, europeos y asiáticos. Legislan a favor de salir impunes luego de robarse los recursos de todas y todos. Legislan para repetirse en el poder nacional y local. Una conducta que ilustra esto, es aprobar leyes y reformas nocivas para el pueblo cuando nadie los ve, a espaldas de la gente y sin debate público, como es el caso del proyecto de ley que hace ajustes y actualiza el sistema de salud colombiano, radicado el pasado 16 de marzo de 2021 y que por estos días aprobaron en el congreso, en horas de la madrugada, a escondidas mientras reprimían y asesinaban manifestantes que se alzaban en paro nacional contra la reforma tributaria.

Foto: Medios Libres Cali

Una reforma a la salud que a todas luces es peor que el mismo covid-19, es la privatización plena de la salud en Colombia. Ahora debemos pagar pólizas por patología o si no las EPS no atienden. Las personas que requieren atención desde EPS deben demostrar cuidado propio, si se comprueba lo contrario la EPS puede negarse a prestar el servicio y lo cobra. En lo más crudo de la pandemia, se acabarían los programas públicos de vacunación de los municipios, ahora las EPS tienen potestad de decidir cómo ofrecer los servicio y a quiénes.

Con esta reforma, las multinacionales y farmacéuticas transnacionales pueden imponer precios y reglas de mercado para la salud en Colombia. Se acabarían los regímenes especiales de salud, educación, industriales, fuerzas armadas, etc. Los hospitales deberán demostrar resultados, un postulado macabramente similar a los resultados que exigía el gobierno Uribe a militares y que llevó a la masacre de más de 10.000 jóvenes, raptados, asesinados y reportados como combatientes de las FARC- EP, las ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados Falsos Positivos. Sin importar cuál sea el paquete de reformas, leyes y decretos que venga del gobierno, todos son para someter a la gente. La ley 100 de 1993 ha matado a más de 1 millón de personas por falta de atención o atención negligente, más personas de las que ha cobrado el conflicto armado en Colombia.

5 días de movilización, protestas y paro nacional

Desde el principio de la pandemia en Colombia a los más pobres se les presentó la cruel dicotomía entre quedarse en casa para cuidarse del virus o salir a trabajar. A las pocas semanas de iniciada la pandemia, las casas de los barrios se llenaron de trapos rojos en sus ventanas, significaba que había hambre en esos hogares y eran por miles. Por eso, un año después de las primeras cuarentenas, cuando el gobierno propone una nefasta reforma tributaria, que golpearía a las clases bajas y medias. Ante este panorama no se dudó ni un instante en salir a las calles, en un momento terrible de crisis sanitaria por el covid-19.  Ya no hay dicotomía, hay rabia y frustración. Hay necesidad de juntanza en las calles. Es tiempo de parar Colombia por la dignidad.

No hubo líderes que convocaran. Sólo existía una fecha propuesta por las centrales obreras y fue suficiente para que las familias, amigos, vecinos, el barrio y el pedazo, se auto convocaran por redes sociales hasta ser ríos de comunidades caminando hacia los puntos de resistencia, hacia las entradas de la ciudad. Una forma eficiente de hacer real un paro, nadie entra ni sale. Así fue el primer día: jornadas de gritos, arengas, cantos y baile en la calle. Así somos en Cali, ¡alegres y bravos!, ¡dignas y festivas!, ¡bailadores y beligerantes! Las personas regresaban caminando ya de noche a sus casas, cansadas pero con una sonrisa cómplice de haber logrado el objetivo. Los días siguientes se multiplicaron los puntos de bloqueo y aumentó el número las asistencias de la comunidad, el ejemplo de la lucha educa y vence el miedo a la represión.

Foto: Medios Libres Cali

El gobierno también tiene experiencia. Una de clase criminal y paramilitar. Comienza a detener, asesinar, desaparecer y violar a jóvenes que en los días de paro hacen curso acelerado de resistencia y lucha callejera. El 30 de abril, luego de tres días de paro, el terror estatal es la respuesta al pueblo en las calles. Ya el terror lo usó el gobierno como forma de paralizar a las comunidades en otros momentos. El 1 de mayo se desborda la asistencia y muchas ciudades se suman al paro, el pueblo se ha empoderado. La memoria genética de otras luchas duras, que padres y abuelas en otros tiempos han dado, le recordó el poder del pueblo que cuando se une, es el mayor poder transformador que hay. Entonces ¿para qué parar y protestar? Para comprobar una vez más que el pueblo manda y cambia la historia.

En este contexto de protesta social generalizada en más de 500 ciudades del país, focalizada en los principales centros urbanos del Suroccidente colombiano y más de 50 ciudades del mundo, la respuesta represora del Estado no se hizo esperar. Teniendo en cuenta las medidas restrictivas que aún se mantienen en algunas ciudades del país, se estableció un toque de queda que iniciaría el 28 de abril a las 8:00pm. como medida para frenar la continuidad de las jornadas de movilización que se planteaban desde la ciudadanía. Sin embargo, desde las 10:00am está medida ya había sido modificada por el nivel de descontento que se vivía en las calles. Aludiendo al cuidado y al llamado a no generar aglomeraciones se comenzó a presionar insistentemente a las personas con el toque de queda.

Estas medidas de restricción fueron la excusa perfecta por parte de las autoridades policiales para generar redadas masivas de detenciones ilegales amparados en los decretos de las autoridades municipales, incurriendo además, en graves acciones de abuso de autoridad y cometiendo violaciones a los derechos humanos (asesinatos, exceso de la fuerza, amenazas, procedimientos irregulares en las detenciones, destrucción de los bienes de las manifestantes, ataques directos a la integridad de las personas, abuso sexual, entre otros). Según información de la organización Temblores, a su plataforma de denuncia de abuso policial “GRITA”, se han reportado hasta las 11:00pm. Del 1 de mayo, 940 denuncias de violencia policial, 92 víctimas de violencia física por parte de la policía, 21 víctimas de asesinato de la policía, 4 víctimas de violencia sexual y 12 víctimas de disparos a los ojos.

Cali: La Capital de la Resistencia

La ciudad de Cali se ha volcado a la protesta organizada en el ejercicio espontáneo que permite el encuentro, los puntos han sido tomados con bella creatividad, el alimento siempre al centro con ollas comunitarias diversas y deliciosas, primeras y varias líneas de cuidado y contención de jóvenes en resistencia, se rebautizaron muchas zonas de la ciudad: La Loma de la Cruz ahora es la Loma de la Dignidad, el Paso del Comercio ahora es el Paso del Aguante, el Puente de los Mil Días es ahora el Puente de las Mil Luchas y la Portada al Mar es la Portada a la Libertad.

Sin embargo, la represión ha sido el pan de cada día.  Haciendo eco a la frase de “siempre recordaré cuando con rabia tiré una piedra y el gobierno represor respondió con metralla”, se han vivido días intensos de resistencia en -por lo menos- 7 puntos de bloqueo permanente a lo largo y ancho de la ciudad. El pueblo caleño atendió con contundencia y de manera masiva desde el primer día de movilizaciones. En la mayoría de los puntos, ante la provocación de la fuerza pública, se dieron confrontaciones entre las manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Sin embargo, la alcaldía de Jorge Iván Ospina le encomendó la tarea de asistir a las movilizaciones también al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional.

Presentamos aquí un reporte consolidado de Derechos Humanos por día que algunas organizaciones defensoras han visibilizado:

#28A 28 de abril, 2021

  • 8 heridos de gravedad y otros 50 leves por impactos de gases lacrimógenos y aturdidoras lanzadas por el ESMAD
  • Un miembro de la policía dispara por la espalda al menor de 17 años Marcelo Agredo Inchimad, en el barrio Mariano Ramos de Cali. Llega al Clínica Valle del Lili con muerte cerebral y posteriormente fallece.
  • Es asesinado el menor de 13 años Jaison García, ingresa sin signos vitales al Hospital Carlos Holmes Trujillo del barrio República Israel.
  • 6 personas fueron conducidas a estaciones de policía y dejados en libertad con aplicación de Comparendo por toque de queda, decretado por el alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina.
  • En numerosos videos de denuncia ciudadana se evidencia el uso indebido de armas no letales y el uso directo de armas de fuego en contra de las manifestantes.

#29A 29 de abril, 2021

  •  Es asesinado por agentes de la policía el joven de 23 años Miguel Ángel Pinto, en el punto de concentración denominado “Puerto Resistencia”.
  • 106 manifestantes son detenidos y trasladados a estaciones de policía, se reportan por lo menos 31 denuncias de desaparición. En las estaciones fueron golpeados, torturados y despojados de sus pertenencias y materiales audiovisuales.
  • Es agredido un manifestante en un ojo por un impacto de un gas lacrimógeno en la calle 5ta.
  • Se denuncia la desaparición del menor de edad de 16 años Michel David Lora, de nacionalidad venezolana, quien luego de ser detenido con su madre fue llevado a un hogar de paso. Cuando la mamá se dirige al lugar su le indican que su hijo no se encuentra allí.
  • Se denuncia la desaparición del menor de edad de 16 años Michel David Lora, de nacionalidad venezolana, quien luego de ser detenido con su madre fue llevado a un hogar de paso. Cuando la mamá se dirige al lugar su le indican que su hijo no se encuentra allí.

#30A  30 de abril, 2021

  • En medio de las protestas son asesinados Edwin Villa Escobar (comerciante), Einer Alexander Lasso Chará (hombre pensionado) en el barrio el Diamante. Jovita Osorio en el Paso del Comercio (docente de primera infancia) y otras tres personas sin identificar del sector del barrio El Poblado, al oriente de la ciudad de Cali. Los hechos se encuentras registrados en video.
  • En el barrio Julio Rincón, cerca al punto de concentración de Calipso, es impactada con arma de fuego en su pierna izquierda Angely Vivas Restrepo. Mientras que en el barrio Las Américas resultan heridas dos mujeres y un hombre. Esto sin contar otras 105 personas afectadas por distintos métodos de agresión usados por miembros de la fuerza pública.
  • Son detenidos dos integrantes de la red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuente identificados como Daniela Caicedo y José Cuello. Los hechos se dieron en el punto de concentración de Sameco. Allí les hurtan los objetos que los identifican como parte de la organización.
  • 94 personas conducidas a estaciones de policía en diferentes puntos de concentración de la ciudad. Muchos de ellos y ellas fueron golpeadas y torturadas al interior de dichas estaciones por miembros de la fuerza pública.
  • Se denuncia la desaparición de: José Miguel Oband, Diego Alejandro Bolaños y Jhon Haner Muñoz Bolaños.

#1M 1 de mayo, 2021

Sobre la jornada no hay un reporte de derechos humanos consolidado aún. Pese a la masiva asistencia de manifestantes que cubrían gran parte de los puntos de concentración del centro de la ciudad. Se reportaron ataques indiscriminados a los puntos de concentración de Paso del Aguante, Calipso, y Puerto Resistencia. La fuerza pública aprovechó la llegada de la noche para atacar los puntos más vulnerables de la jornada del 1 de mayo, se reportaron por toda la ciudad denuncias de civiles armados disparando en los barrios colidantes a los puntos de concentración. En la noche del 1 de mayo es declarado el estado de “Asistencia Militar”. Esta vez para legalizar la militarización de las ciudades donde se mantiene la movilización y la resistencia civil en contra de su Reforma Tributaria.

Las herramientas del enemigo: Política de guerra para la protesta social

Encontrar en fuentes oficiales, como las de la presidencia de la república y el Ministerio de Defensa, información sobre los gastos militares ha sido todo un reto, pues parece que quisiera ocultarse la verdad sobre los gastos gubernamentales en material de guerra. Es porque Colombia gasta actualmente un valor cercano a 40 Billones de pesos colombianos en el Ministerio de Defensa (10.300 millones de dólares). Históricamente el presupuesto de la nación para este rubro siempre ha sido alto, ya que desde hace varias décadas continúa y se acentúa el conflicto interno, que pese a algunos esfuerzos para lograr diálogos de paz, al día de hoy se ha diversificado, territorializado y agudizado en muchas partes del país. El porcentaje equivalente del presupuesto de defensa frente al total en el gasto publico en Colombia ronda el 11%, un porcentaje bastante alto para un país con una economía debilitada. Con este valor se ubica el país en el puesto 25 en el ranking mundial del porcentaje del gasto publico en defensa, lejos de otros países como Francia que gasta el 3.3% España 2.9% o Brasil con 3.86%.

Al interior de la institución de la policía nacional, esta inscrito el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) fuerza creada en 1999 para contener las movilizaciones que se realizaran en el país, era una fuerza especial transitoria que sin embargo lleva más de 20 años y durante los diferentes gobiernos de turno se ha ido fortaleciendo y que al día de hoy cuenta con 3.876 integrantes y un presupuesto anual de 490.000 millones de pesos (131 millones de dólares). Este mismo escuadrón, a lo largo de su accionar, ha asesinado por lo menos una veintena de personas civiles, en ejercicios de abuso de autoridad y policial, que ellos han llamado “excesos de la fuerza”.

Foto: Medios Libres Cali

Actualmente debido a un gobierno completamente ajeno al pueblo y previendo el fuerte descontento popular por las medidas que se han tomado históricamente, el gobierno Uribe-Duque ha fortalecido las fuerzas de represión, destinando millonarias sumas para esta causa. Desde tiempo atrás el gobierno se ha preparado para una respuesta represiva a un inminente estallido social, ya que en en marzo del año 2020 se compraron 5 tanquetas (vehículos blindados) por un valor de 8.000 millones de pesos (2,1 millones de dólares) para fortalecer esta fuerza de represión así como la compra por valor de 9.515 millones de pesos (2.5 millones de dólares) en municiones y diferentes armamentos para el ESMAD, en medio de una fuerte crisis social y económica ocasionada por la pandemia del covid-19. Para el 2021 se ha incrementado el presupuesto en casi 1000 millones de pesos. El gobierno evidentemente perpetúa la represión y le da a la protesta social un tratamiento de guerra.

Sin embargo, ni el ESMAD ni la policía han logrado reprimir y contener el estallido social que se ha declarado en Paro Nacional. Es por eso que el Presidente de la República Iván Duque -en diversos medios- el día 1 de mayo de 2021, tomó  la decisión de instalar en las ciudades que lo requieran “Asistencia Militar” una medida que está reglamentada en el código nacional de policía, en la cual se establece el uso de las fuerzas militares en el control del orden y la asistencia de situaciones de desastre. La presencia de dichas fuerzas en las calles incurre en una reducción de derechos como se establece en un estado de sitio.  Hay que tener en cuenta que en la práctica, la presencia militar en las calles genera mayores posibilidades de accionar bélico en las manifestaciones ya que el estado trata la situación desde una perspectiva militar que históricamente, tiene un fuerte accionar violento e impune contra la población civil.

Las calles llenas

La gente Colombia se fue juntado en cada esquina. Todas las ciudades pararon. Los barrios tomaron las calles en rechazo a la reforma tributaria bajo la consigna “si no nos unimos nos hundimos”. Colombia es ahora un río de gente, pueblo con pueblo se juntó, se prendió una gran fogata de unidad en honor a los muertos que pone el pueblo, porque nos duelen bien adentro pero su muerte no puede ser en vano. Las voces del país entero se hicieron oír y múltiples marchas han salido regando la voz de la resistencia. Colombia ha perdido el miedo y ya no tiene nada más que perder, así que A PARAR PARA AVANZAR.

Foto: Medios Libres Cali

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No se paralizó: la violencia a la mujer en tiempos de cuarentena

No se paralizó: la violencia a la mujer en tiempos de cuarentena

Durante el periodo de aislamiento social obligatorio, doce mujeres fueron asesinadas y 557 se reportaron como desaparecidas.

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Las medidas de confinamiento para evitar la propagación del coronavirus trajeron una consecuencia indeseada: el aumento de la violencia hacia las mujeres.  Durante el periodo de aislamiento social obligatorio, doce mujeres fueron asesinadas y 557 se reportaron como desaparecidas. 

La noche del primero de mayo, Yadi Gabriela Fernández (22) cenaba junto a su conviviente, Richard Cárdenas (36), cuando se inició una discusión que se tornó violenta. Cárdenas atacó con un cuchillo a la madre de su hijo, hasta asesinarla. El asesino huyó de la escena del crimen, y pocas horas después su víctima fue encontrada por sus vecinos, en la provincia de La Concepción, en el Cusco. Al igual que Yadi otras once mujeres han sido víctimas de feminicidio durante el Estado de emergencia.

​En medio de la pandemia por el avance del COVID-19, el enemigo más latente ha seguido en casa. La cuarentena ha obligado a miles de mujeres a permanecer confinadas junto a su agresor y una de las consecuencias de este encierro ha sido el aumento de la violencia de género. Durante casi tres meses, el país ha quedado paralizado; sin embargo, la violencia no: doce mujeres fueron víctimas de feminicidios, existieron 25 tentativas, y más de 7066 hombres fueron detenidos por agresiones.

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Según el último reporte del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, de las doce víctimas de feminicidio, diez de estos casos se trataron de feminicidios íntimos. Esto quiere decir que los feminicidas fueron hombres cercanos a la víctima, parejas o exparejas con quienes compartían su entorno familiar: (4) convivientes, (3) ex conviviente, (1) enamorado, (1) ex enamorado, (1) pareja sentimental.

Además, durante el estado de emergencia, la Defensoría del Pueblo reportó 557 mujeres y niñas desaparecidas. Solo en mayo se produjeron 234 de estas desapariciones, un incremento del 30% respecto al mes de abril. Esto significa que cada tres horas una mujer desaparece en nuestro país. Del total, 355 son menores de edad. ¿Dónde están ellas?

Ante la imposibilidad de salir a las calles, la vía telefónica se convirtió en la alternativa más utilizada para clamar ayuda. La línea 100, creada por el Ministerio de la Mujer para denunciar agresiones, registró más de 28 mil llamadas, lo que significa un aumento del 39% respecto a periodos anteriores.

SI NO ES GRAVE, SIGUES EN CASA

Si antes del confinamiento ya era difícil para una mujer denunciar, el aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno ha reducido el acceso a los canales de apoyo. Las circunstancias actuales limitan aún más. Según la Organización de Naciones Unidas, menos del 10 % de víctimas de violencia doméstica acuden a la policía.

Otro de los impedimentos es que los mecanismos de las autoridades se limitan a tomar acciones eficaces únicamente frente a las agresiones graves, mientras que en los casos leves las víctimas permanecen expuestas a su agresor. Para la adjunta de los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, todos los casos de violencia deberían ser considerados como graves durante el Estado de Emergencia. 

“La línea 100 ha sido diseñada para atender casos graves de violencia. Hemos visto desde la Defensoría que esto no está funcionando porque por confinamiento todas las situaciones de violencia deberían ser consideradas de gravedad”, señaló Revollar.

Asimismo, indicó que las víctimas no pueden quedar expuestas a continuar siendo violentadas. “Si llaman a reportar un caso de violencia física leve en la línea 100, te piden que cuando pase la cuarentena te acerques a la comisaría a poner tu denuncia. Esto expone a la víctima a que conviva con su verdugo”, agregó.

Para los casos extremos, las mujeres violentadas son trasladadas a refugios temporales. Durante el aislamiento social, 58 víctimas han sido llevadas a estos hogares. Sin embargo, estas sedes son escasas y no se dan abasto para recibir a un gran número de personas, indicó la representante de la defensoría.

Ante las alarmantes cifras durante el confinamiento, el Gobierno emitió a finales de abril el decreto legislativo Nº 1470 que dispone que todos los casos de violencia contra la mujer deben ser reportados como urgentes y deben ser atendidos con inmediatez durante el periodo de emergencia sanitaria. El decreto simplifica el procedimiento para que las mujeres en riesgo cuenten con medidas de protección de forma oportuna en un plazo no mayor a 24 horas, prescindiendo de la realización de audiencias.

SEGUIMIENTO SOLO A CASOS URGENTES

En este contexto, la Fiscalía de la Nación dispuso la recepción de denuncias de violencia contra las mujeres y los integrantes de grupos familiares vía whatsapp y correo electrónico. A través de una resolución, señaló que los 34 distritos fiscales del Perú recibirán denuncias utilizando servicios tecnológicos, destinado a víctimas que permanecen confinadas sin alternativa a acercarse a una comisaría. Esta medida fue aprobada ante los casos de feminicidios reportados durante el aislamiento.

José Luis Huarhua, el fiscal provincial especializado en casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familia, detalló a La Antígona que, para realizar una denuncia, la víctima debe dejar sus datos a través de las vías virtuales. Si cuenta con evidencia, como fotografías de agresiones físicas, puede dejarlas como evidencia.

La fiscalía recepciona todo tipo de denuncias de violencia. Sin embargo, debido a la pandemia, la fiscalía solo da seguimiento a las que son graves y urgentes. En el caso de agresiones leves, los plazos legales han sido suspendidos, lo cual significa que no hay una tramitación regular del proceso, y la víctima debe retornar a casa junto a su agresor.

Huarhua sostiene que es necesario denunciar así sean casos leves, las denuncias son necesarias para dejar constancia de las agresiones, y si son reiterativas, aplicar medidas de protección para las víctimas y eventualmente pedir una prisión preventiva para reincidentes.

Según detalla el fiscal provincial, el perfil de las víctimas de feminicidios son mujeres de 25 a 35 años, en su mayoría amas de casa y que hay hijos de por medio. En la mayoría de los casos la dependencia económica es un factor clave para que las mujeres continúen sometidas frente a su agresor.

“¿Por qué mata este sujeto a la mujer? La explicación que brindan los psicólogos y especialistas con lo que trabajamos es que el machismo está interiorizado en la sociedad, tenemos arraigado el machismo, los estereotipos de género y el poder del hombre sobre la mujer… El sujeto se cree superior, piensa que la mujer es de su pertenencia “si tú no estás conmigo no eres de nadie. En la mayoría de los casos los celos son el móvil” agregó. 

VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA: LA OTRA PANDEMIA

El confinamiento por coronavirus no solo ha ocasionada una escalada de violencia a la mujer en Perú, sino que también a nivel del América Latina, un territorio donde antes de la pandemia ya 20 millones de niñas y mujeres ya eran víctimas de violencia física y sexual.

En México, el país que presenta los índices más críticos de violencia en la región, los feminicidios han cobrado más vidas que la pandemia por el coronavirus. Desde que se reportó el primer caso de COVID-19, el 28 de febrero, hasta el 13 de abril, 317 mujeres murieron en manos de su agresor, mientras que 100 fallecieron a causa del coronavirus, según la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del País. 

La especialista mexicana Ariana Lourdes Rodríguez Gonzáles, quien pertenece al Centro de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de México, explicó que los abusos durante la cuarentena se incrementan debido a que “el hombre al no tener espacios con quien comprobar su masculinidad, se desquita con las mujeres, por eso es que se incrementa el tema de la violencia contra la mujer y las niñas durante el confinamiento”. Además, precisó que cada mujer enfrenta de manera personal esta situación.

La escalada de violencia también se ha disparado en otros países latinoamericanos. En Argentina 18 mujeres fueron asesinadas en los primeros 20 días de su cuarentena y las líneas de ayuda aumentaron sus llamadas en un 67%. En el caso de Colombia, el panorama se repite: durante el confinamiento se han reportado 19 feminicidios y los llamados de auxilio a través de las líneas oficiales del gobierno se incrementaron casi al 130%. 

Ante la falta de protección a las víctimas y debido a la exposición que las mujeres tienen confinadas junto a su agresor, han surgido iniciativas para frenar la violencia. En España lanzaron el programa “Mascarilla 19”, el cual consiste en que las mujeres que se encuentren en una situación de riesgo puedan acercarse a la farmacia y solicitar una «Mascarilla 19». El personal de la farmacia realiza una llamada para alertar a los servicios de emergencia. 

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Estado de Emergencia: el rastro de desaparición y violencia

Estado de Emergencia: el rastro de desaparición y violencia

Por: Alejandra Canchanya (Twitter: @arritale)
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Ilustración: Katherine Huaman Huerta (Instagram:@omnicromatica)

La violencia se mantuvo latente durante la emergencia sanitaria y poblaciones vulnerables se han visto en riesgo ante las políticas públicas

Asesinatos, llamadas de emergencia, desapariciones y nuevas víctimas. La violencia se mantuvo latente durante la emergencia sanitaria y poblaciones vulnerables se han visto en riesgo ante las políticas públicas de prevención por el coronavirus.

La pandemia no frenó los actos de violencia cometidos contra las mujeres. La inseguridad no solo se manifestó en las calles, sino también en casa. Con el fin de evitar la propagación de la COVID-19 se anularon canales presenciales de denuncia que atendían las 24 horas, y en su lugar, las llamadas de auxilio se intensificaron. Las medidas empleadas fueron insuficientes al no poder atender de forma rápida y directa los casos registrados y al no contemplar un enfoque interseccional que asegure la protección de mujeres, niñas y adolescentes en todas las regiones del país.

Antes del inicio de la cuarentena, en el mes de febrero, se recibieron 14693 denuncias de violencia contra la mujer. Estas fueron inscritas y formalizadas a través de los 396 Centros de Emergencia de la Mujer (CEM) que operan a lo largo del país. No obstante, el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM detuvo su funcionamiento y activó los Equipos Itinerantes de Urgencia (EUI), para atender a las víctimas de violencia durante el encierro.

El 16 de marzo fue el primer día de la cuarentena en el país. Desde esa fecha hasta fin de mes solo se reportaron 395 denuncias por los EUI. La disminución drástica en las cifras no se debió a la ausencia o disminución de violencia de género, sino a la limitada cobertura de atención a las víctimas y las barreras que dificultaron solicitar ayuda o auxilio desde el aislamiento. El personal de los EUI estuvo capacitado para actuar únicamente cuando los casos eran derivados por la Policía, el Poder Judicial, la Fiscalía o la Línea 100.

La Línea 100 es un canal de atención telefónico y gratuito que funciona las 24 horas del día, especializado en dar información, orientación, consejería y soporte emocional a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar o sexual. Ante la ausencia de los CEM se reforzó este servicio y 10 días después del inicio de la medida, se puso en marcha el Acompañamiento Psicológico Telefónico.

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Un mes después, se publicó el Decreto Legislativo N° 1470, el cual simplificó los pasos para la atención de casos de violencia contra las mujeres, que además reconoce la identidad de género y la orientación sexual como condiciones protegidas.

En marzo, la Línea 100 recibió 10679 comunicaciones hechas por mujeres, cifra mayor a las reportadas en enero y febrero. De esta cantidad, 5418 corresponden al periodo que va del 16 al 31 de marzo. En junio el número ascendió a 18880, siendo la violencia psicológica uno de los registros más alarmantes (más de 6500). En Perú, este tipo de agresión se practica desde la niñez y los mayores porcentajes se dan en las mujeres con educación secundaria, desmintiendo los supuestos que asegura que solo mujeres sin educación son violentadas, como lo ilustra la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2019.

Entre marzo y junio perdimos a 35 mujeres, adolescentes y niñas que fueron asesinadas por la violencia de género. A ellas se suman dos menores de edad que murieron a manos del mismo agresor de Alejandrina Huaraca (32 años, Ayacucho). Hermana e hija, sus muertes fueron tipificadas como homicidio calificado y no feminicidio; sin embargo fueron también víctimas del horror.

Como ellas, muchas sufrieron otros tipos de agresión antes de enfrentar la muerte y sus violentadores fueron en algunos casos parejas o exparejas. Pero, ¿qué pasa con los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio? El 10 de febrero el Estado publicó el Decreto de Urgencia Nº 005-2020, con el cual se establece una asistencia económica bimestral de S/. 600 ($165 USD, en promedio) para “contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio”. De acuerdo a Silvia Arispe, directora Ejecutiva del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA, hasta el 28 de septiembre (más de siete meses después de haber expedido el Decreto) se concedió la asistencia a 250 víctimas indirectas en 25 regiones del país.

Desaparecidas en pandemia

Otro problema urgente e invisibilizado son las desapariciones sin respuesta de mujeres, niñas y adolescentes. Hace 17 años, en 2003 según la Ley Nº 28022 se aprobó el reglamento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Una medida que no se puso al servicio de la ciudadanía hasta agosto de este año, que el Estado anunció finalmente su implementación en un lapso de 40 días útiles. Dos meses después del anuncio, el 15 de octubre el Gobierno implementó el sistema que permitirá una adecuada gestión de denuncias, investigación, búsqueda y acciones. A ello se le suma la reactivación de la Línea 114, creada para atender las denuncias de este tipo, pero la cual se encontraba sin funcionamiento hasta inicios de octubre; un Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia y la página web oficial.

Antes de ello, Perú no contaba con un sistema unificado, público y actualizado de los casos de desaparición que se reportan en el país. Debido a esta carencia la Defensoría del Pueblo construyó una base de datos a partir de las Notas de Alerta que emite la Policía Nacional. Sin embargo, este proceso también presenta dificultades.

Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría, señaló que los principales obstáculos son la multiplicidad de Notas de Alerta sobre la desaparición de una persona —al ser realizada por distintas personas—, la inadecuada consignación del nombre de la dependencia policial —lo que dificulta determinar a qué región pertenece el caso— y la carencia de fotografía de la víctima en la Nota de Alerta. “Entre otras dificultades también se perfilan la carencia de información de las circunstancias de la desaparición; ausencia de la región donde sucedió el hecho y sexo al que pertenece la persona desaparecida; la colocación de notas de alertas de niñas y adolescentes en la sección de personas adultas desaparecidas y viceversa”, añadió Revollar.

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Según los registros que lleva la Defensoría, entre enero y junio del lectivo 2020, desaparecieron un total de 2457 mujeres. De estas, desde el inicio de la cuarentena, se registraron 915 casos, de los cuales un 70% (606) son niñas y adolescentes. Esto equivale a un promedio de 10 denuncias por día. Aunque estas cifras son menores a las detalladas antes de la pandemia, la funcionaria de esta institución sostiene que conforme han ido disminuyendo progresivamente las medidas de restricción a la libertad, se ha evidenciado mayor número de casos de denuncias por desaparición de mujeres y niñas.

La relación entre feminicidios, violencia y desaparición es conjunta. Parte de las víctimas han sido atendidas antes por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). De los 96 casos de feminicidios reportados entre enero y septiembre, 17 tenían denuncias previas de desaparición.

Silvia Arispe, del Programa AURORA, indicó que si bien este tema no constituye un hecho de violencia en la Ley 30364, que establece la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, no se puede negar que hay una vinculación entre ambos aspectos. Para Eliana Revollar la desaparición de una mujer tiene que ver con una cuestión de violencia de género. De acuerdo a ONU Mujeres, las desapariciones de mujeres a menudo están vinculadas con otras formas de violencia de género como la trata, la violencia sexual o el feminicidio.

El Ministerio de la Mujer viene trabajando protocolos de acción conjunta con la Policía para generar alertas sobre mujeres desaparecidas que han sido atendidas anteriormente por el MIMP y sus canales. El viernes 28 de febrero de 2020, el Gobierno publicó el Decreto Supremo N° 002-2020-IN, con el que se aprueba el “Protocolo Interinstitucional de Atención de casos de Desaparición de Personas en Situación de Vulnerabilidad y Otros Casos de Desaparición”. Este protocolo establece el procedimiento de acción inmediata que las autoridades deben adoptar ante una denuncia en esta materia. Antes se tenía que esperar el transcurso de 24 horas desde la desaparición para comenzar con las diligencias correspondientes.

La pandemia expuso una de las desigualdades más fuertes de la sociedad peruana: quedarse en casa es sinónimo de refugio para algunos y un infierno para otras. A lo largo de los años, las cifras han reflejado que el agresor, en muchas ocasiones, es un familiar o alguien cercano a la víctima. Las medidas de confinamiento no evalúan los diversos tipos de violencia perpetrados desde el hogar y el riesgo que supone vivir con el agresor sin la posibilidad de salir a pedir ayuda por temor a la covid-19 y a las débiles acciones de la Justicia. El virus no es el único enemigo invisible.

“Violentadas en cuarentena”, publicada en Distintas Latitudes, es una investigación colaborativa regional realizada en 19 países de América Latina y el Caribe sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la covid-19. Esta investigación fue apoyada por el Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas de la International Women’s Media Foundation.

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La trata de personas tiene rostro de mujer: ¿Cómo maneja el sistema judicial este delito?

La trata de personas tiene rostro de mujer: ¿Cómo maneja el sistema judicial este delito?

a20141260@pucp.edu.pe

Las víctimas pocas veces se sienten escuchadas y temen que sus casos no trasciendan judicialmente.

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La trata de personas es uno de los delitos más crueles y complicados. Vulnera los derechos básicos del ser humano y comprende, además, una cadena de otros hechos delictivos. En un último informe, la Defensoría del Pueblo y la ONG CHS Alternativo alertan que el sistema judicial necesita un enfoque de género al abordar este ilícito, que afecta a cientos de niñas y mujeres. Los especialistas señalan que las víctimas pocas veces sienten que su voz es escuchada y que sus casos pueden trascender jurídicamente.  

Cuando Lucía tenía 17 años, ella veía como sus amigas entraban a un cuarto y salían con bastante dinero. Le llamaba la atención lo “fácil” que era conseguirlo; así que se involucró. Su vida empezó a desvanecerse “en madrugadas de fiestas, alcohol y sexo con hombres que ella y sus amigas llamaban puntos. 

Un día no llegó a su casa como solía hacer siempre. Varios días después fue a la casa de su amiga, quien dio aviso por teléfono a su mamá que la buscaba desesperada. Enterada de lo que había sufrido su hija, ella misma la llevó a la comisaría. Ahí la atendieron miembros de la policía especialista en trata de personas. Luego, fue llevada a la UPE (Unidad de Protección Especial de Menores). Finalmente fue trasladada a un albergue especializado en recibir a víctimas de la región de Loreto. “Si no me hubieran rescatado, ahora no sé dónde estaría yo”, dijo. Este caso fue contado en el reportaje “Esclavas sin cadenas” de la periodista Lourdes Fernández, en el Diario El Comercio. La historia de Lucía es la de muchas otras víctimas de trata de personas.

En Perú, entre el 2012 y parte del 2019, se registraron mediante diferentes agentes estatales más de 12 mil denuncias por delito de trata de personas, según el Ministerio del Interior. Eugenia Fernán, Primera Adjunta de la Defensoría del Pueblo, declaró en la conferencia virtual “Abordaje judicial de la trata de personas”, que este delito es un fenómeno mundial que representa una de las peores formas de explotación. “Es una grave violación a los derechos humanos en cuanto vulnera la esencia de la persona, su esfera más íntima, su dignidad, libertades fundamentales e integridad”, agregó la experta.

Aunque la principal forma de explotación es la sexual, este delito no se limita a esta, pues también contempla el trabajo forzoso, la esclavitud, la servidumbre doméstica, la mendicidad infantil, la extracción de órganos, entre otros. 

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En un esfuerzo colaborativo, la Defensoría del Pueblo junto a Capital Humano Social Alternativo (CHS) y U.S. Agency for International Development Perú (USAID), revisaron 120 expedientes judiciales, entre el 2005 y 2017, referidos al delito de trata de personas procedente de 14 regiones del país. El informe concluye, principalmente, que en la mayoría de las sentencias judiciales, de los casos revisados: se considera la dignidad como el bien jurídico protegido en el delito de trata de personas; se tiene en cuenta la vulnerabilidad de la víctima, aunque principalmente solo desde el aspecto económico; y se necesita adoptar enfoques en el abordaje judicial.

La relevancia de elaborar y tener en cuenta este informe se debe a razones esenciales.  “Las víctimas pocas veces se sienten escuchadas y pocas veces sienten que pueden trascender a los procedimientos judiciales y que puedan realmente hacerse sentir en las decisiones que los jueces toman”, afirmó Ricardo Valdés Cavassa, Director Ejecutivo de CHS Alternativo. Por ello, el objetivo de este reporte es analizar y hacer recomendaciones para facilitar el trabajo de los jueces en los procesos judiciales respecto a los delitos de trata de personas.

Este delito tiene rostro de mujer.

A nivel mundial, de acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el delito de explotación de personas afecta de forma desproporcionada a mujeres y niñas. Ellas representan el 99% de las víctimas, sobre todo en la industria sexual comercial, y el 58% en otros sectores. Pero también es conocido como el “delito invisible”. “Incluso para las propias autoridades, es muy difícil de poder verificar al tener una cadena, a su vez, de hechos delictivos: que tiene una conducta, que sea a través de medios y tenga una finalidad”, sostuvo Lourdes Fernández, periodista especializada en el tema de trata de personas, en diálogo con La Antígona.

En el Perú, “al menos 7 de cada 10 víctimas de trata de personas son mujeres, y eso es preocupante porque revela, a su vez, problemas estructurales como el machismo impregnado en la sociedad y también una falta de capacitación para poder aplicar el enfoque de género en los procesos judiciales”, explica Fernández.

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Proceso judicial: Elementos a tener en cuenta

El informe evidencia que el principal criterio en el proceso judicial, refiere al bien jurídico. El mismo que, actualmente, es la dignidad, a diferencia de años anteriores en los que se ponderaba la libertad. La dignidad humana entendida como “la no cosificación de la persona”, señaló Percy Castillo, Adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, en entrevista con La Antígona. Esta evolución es importante pues de considerar la libertad como bien jurídico, se podría generar impunidad, como ejemplifica una de las determinaciones judiciales revisadas:

A pesar de que una menor era explotada sexualmente, se argumentó que el delito de trata de personas no se habría configurado. Ya que ella podía salir por una hora del bar en el que trabajaba. Consecuentemente, no se encontraba retenida y su libertad personal no había sido vulnerada”.

Por otro lado, el informe demuestra que existe una necesidad de transversalizar la perspectiva de género en todo lo que signifique la investigación judicial. Aun cuando “se reconoce que en el análisis de las sentencias, no se encontraron los llamados estereotipos de género que en general buscan desacreditar a las víctimas en beneficio de los tratantes”, sostuvo Marisol Perez, Jefa de la Oficina de Gobernanza y Fortalecimiento Institucional de USAID Perú.

​En este contexto, en el que más del 90% de víctimas son mujeres -entre adultas y niñas y adolescentes- resulta sumamente importante que “los procuradores de justicia tengan claro que los estereotipos de género son construcciones sociales que subordinan al género femenino por lo que no pueden ser utilizados para determinar la comisión del delito de trata de personas”, indicó Castillo. 

El estudio también destaca la relevancia de las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas. De acuerdo al Marco 2002/629 JAI, decidido por la Unión Europea referente a la lucha contra la trata de personas, “son aquellas situaciones en las que la persona no tiene una alternativa real y aceptable, excepto someterse al abuso”. Dichas situaciones no se limitan al ámbito socioeconómico -con ausencia de medios de subsistencia, pobreza extrema y/o carga familiar. Ahora, involucran también aspectos de inestabilidad emocional, por ejemplo. De forma que los tratantes toman ventaja de ellas y captan a sus víctimas a fin de someterlas y convertirlas en objetos de explotación. 

La trata de personas y la pandemia

En general, es relevante tener en cuenta el hecho y el motivo por el que las víctimas son mujeres. Como indica Fernández, la mayoría de víctimas de trata son mujeres. Esto, “porque hay una desigualdad de género, evidente, que se visualiza y se revela también en las pocas opciones laborales, económicas y profesionales. Así mismo, aún tenemos las mujeres en el país. Entonces eso las hace mucho más vulnerables, a las víctimas”.

Debido a que el principal método de captación de trata de personas son las falsas ofertas de trabajo, considerando el contexto de la pandemia del COVID-19, Valdés explicó que prevé que las condiciones de vulnerabilidad estén más presentes que nunca. Es así que los porcentajes de pobreza se han ido incrementando. Hoy se calcula que habrán 1 millón 200 mil empleos perdidos sólo en la capital peruana. En esa línea, Castillo manifestó que es importante trabajar en la parte preventiva. Es decir, reunir “todos los esfuerzos que ilustren la forma como trabajan estas organizaciones delictivas y prevengan a las mujeres. Sobre todo, porque son las principales víctimas”, agregó.

Asimismo, se debe tener en cuenta el tema de género, los contextos de desigualdad que existen y vuelven más vulnerables a las víctimas. “Los esfuerzos estatales están más orientados al tema de poner la sanción. Esto es correcto, pero muchas veces se le pierde el rastro a la víctima”, concluyó Castillo. Muchas veces se cree que liberándola del captor la víctima ya es libre, cuando no es el caso. Las secuelas y traumas que dejan este tipo de situaciones, probablemente, nunca abandonen a la víctima.

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