Ana Estrada y María Benito marcaron un precedente. La primera tuvo que pelear por años para lograr de manera excepcional la inaplicación del artículo 112° del Código Penal, el cual penaliza el homicidio piadoso, mientras que la segunda, pese a que solo pidió que se cumpla la ley, tuvo que atravesar un juicio. Hasta el momento, tres congresistas han presentado iniciativas relacionadas a la muerte digna.
En el Perú, donde hablar sobre el fin de la vida aún es tabú, dos mujeres decidieron alzar la voz y luchar por su derecho a una muerte digna. Ambas marcaron un precedente. Por un lado, Ana Estrada, que fue diagnosticada con polimiositis, tuvo que enfrentarse a un sistema indolente durante años para que finalmente acceda a una eutanasia, mientras que María Benito, quien padecía de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), incluso tuvo que pelear por un derecho ya contemplado por la ley: el rechazo al tratamiento. En los últimos años, gracias a Ana y María, el derecho a una muerte digna ha tenido avances, pero todavía falta tratar el verdadero problema: la falta de una normativa para que otras personas no tengan que esperar ni ser limitadas al momento de decidir sobre sus cuerpos.
Actualmente, cualquier ciudadano que busque ayudar a morir a pacientes terminales es castigado. Según el artículo 112° del Código Penal, todo aquel que ‘‘por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años’’. Asimismo, de acuerdo al artículo 113° ‘‘el que instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo, será reprimido, si el suicidio se ha consumado o intentado, con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años’’.
En el caso de Ana Estrada se buscó la inaplicación del artículo 112°. En su momento se señaló que su caso no sentaría un precedente legal, pero sí lo logró de muchas otras maneras, pues hizo historia. ‘‘En un principio, cuando busqué referencias en Perú (sobre la muerte digna), no encontré ninguna y eso me frustró y dio mucho miedo sobre qué iba a pasar si decía algo. Entonces, si más adelante hay alguien que también busca el derecho a la muerte digna, que me encuentre en la historia de los derechos humanos y que mi caso le sirva’’, dijo Ana a La República en el 2021.
Las iniciativas
Pues bien, a raíz de su lucha tres congresistas han presentado proyectos de ley al respecto, pero aún no han sido debatidos. En enero del 2021, Gino Costa fue el autor de la iniciativa N° 6976 que buscaba permitir el uso de la eutanasia. El objetivo era ‘‘regular el derecho que le asiste al o a la paciente de pedir ayuda médica para poner fin a su vida’’ en casos específicos ‘‘en el ejercicio de derechos fundamentales como son la autonomía y la dignidad humana’’. También, como disposición complementaria, el documento pedía derogar el artículo 112° y 113° del Código Penal, así como cualquier disposición que se oponga a la propuesta.
El congresista Luis Kamiche también trabajó en el proyecto de ley N° 6772 que presentó en enero de este año. A diferencia de la iniciativa de Costa, Kamiche busca que la ley de reforma constitucional modifique el numeral 1° del artículo 2° de la Constitución ‘‘para reconocer las determinaciones para el final de la vida como ejercicio del derecho constitucional a una vida digna’’.
Hoy en día, el numeral en cuestión señala que toda persona tiene derecho ‘‘a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece’’. El cambio que propone Kamiche sería el siguiente: ‘‘A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, a su libre desarrollo y bienestar y a las determinaciones para el final de su vida para acceder a una muerte digna. El concebido es sujeto de derecho en todo lo que le favorece’’.
Para Josefina Miró-Quesada, quien fue abogada de Ana Estrada y María Benito, el PL de Costa fue un gran paso, pues suponía despenalizar la eutanasia, pero en términos de integralidad de contenido de muerte digna solo abordaba una de ellas. ‘‘Creo que una propuesta de ley que legaliza o en todo caso asegura las distintas expresiones del derecho a muerte digna tienen que necesariamente despenalizar la eutanasia, pero también el suicidio medicamente asistido y establecer medidas para garantizar la accesibilidad de los cuidados paliativos, la universalidad de estos (…)’’.
En tanto, sobre la iniciativa de Luis Kamiche, que propone reconocer el derecho a la muerte digna en la Constitución, Miró-Quesada manifiesta que el tenerlo contemplado literalmente ‘‘si bien garantiza una mayor protección, creo que no es tan necesario como sí garantizar las expresiones en las que se ejerce el derecho a una muerte digna’’. Añade que más allá del reconocimiento expreso del derecho a una muerte digna, debe haber una propuesta de ley que busque que este derecho que ha sido reconocido pueda ser implementado en la práctica a través de sus distintos modos que son cuatro: eutanasia, suicidio medicamente asistido, rechazo al tratamiento y los cuidados paliativos. En el Perú, solo los dos últimos son legales.
El tercer proyecto de ley fue presentado el último 22 de mayo por el parlamentario Jorge Flores, quien busca modificar el Código Penal para la inclusión del artículo 112-A sobre la eutanasia. La propuesta señala que este método no constituirá como delito de homicidio al ser practicado por un médico con licencia, mientras se cumplan con determinadas condiciones, entre ellas que el paciente sufra de una enfermedad terminal o condición médica grave que provoque sufrimientos intensos y constantes. Además, el paciente habrá tenido que expresar su consentimiento expreso, libre e informado para que se practique la eutanasia a través de un documento escrito y ante un notario o autoridad competente, así como otros puntos más.
Josefina Miró-Quesada dijo a través de sus redes sociales que es un paso importante porque ‘‘es una cuestión de dignidad y autonomía’’, pero también refirió que se deben hacer algunos ajustes, debido a que en la exposición de motivos del proyecto se habla sobre tipos de eutanasia, que incluyen la eutanasia involuntaria. La abogada resaltó que ‘‘solo existe un tipo de eutanasia: la activa, directa y siempre voluntaria. El resto no lo es’’.
Cuando no se respetan los derechos
A diferencia de Ana Estrada, quien buscó que se inaplique el artículo 112° del Código Penal, el pedido de María Benito, que consistía en rechazar el tratamiento médico que implicaba el retiro del ventilador mecánico que la mantenía con vida artificialmente, sí estaba contemplado en la Ley General de Salud, Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud y el Código de Ética del Colegio Médico. María no tenía por qué llevar una demanda judicial, pero, debido a que EsSalud alegó que se trataba de una eutanasia, tuvo que hacerlo, mientras su salud se deterioraba cada vez más. Sin embargo, luego de obtener un fallo favorable, el jefe de la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, Luis Carrillo, aseveró que ningún médico de su área podía llevar a cabo la medida porque existe la objeción de conciencia.
Al respecto, Percy Castillo, exadjunto de la Defensoría del Pueblo y abogado que acompañó el caso de Ana y María, sostuvo que la objeción de conciencia tiene límites. ‘‘El tema es que como no hay regulación en el Perú es un tema gaseoso, pero al regularse la muerte en condiciones dignas deberá también establecerse las formas en que la objeción de conciencia puede aplicarse porque de ninguna manera podría paralizar el ejercicio del derecho de otros’’.
A su vez, Josefina Miró-Quesada recuerda que la objeción de conciencia nace originalmente en contextos de servicio militar forzoso; sin embargo, el tratamiento existente debe ser diferente cuando se trata de servicios médicos, ya que el ser parte del personal médico es una decisión enteramente voluntaria de servir a los pacientes que requieren de una serie de prestaciones médicas para salvaguardar su salud. No obstante, la abogada añade que ‘‘la medicina no únicamente busca proteger la vida, sino también evitar sufrimientos. La protección y la vida, además, no deben entenderse como la preservación de la vida a toda costa, como equivocadamente se interpreta el juramento hipocrático’’.
Al igual que Castillo, Miró-Quesada resalta que la objeción de conciencia no puede obstaculizar los derechos de un paciente. También indica que se debe tratar de una excepción y no convertirse en una regla, por lo que el Estado debe garantizar suficientes profesionales de la salud no objetores.
Por su lado, Diego Chacón, médico internista de Urgencias especialista en Cuidados Paliativos, precisa que la objeción de conciencia no se puede realizar si no se puede ofrecer una alternativa de cuidados al paciente. ‘‘Si eres el único neurólogo en el área sanitaria donde está el paciente, y este ha sufrido un ictus, o cualquier enfermedad cuya atención no es demorable y para la cual no se pueden buscar alternativas de tratamiento o especialistas específicos para su atención, en ningún caso puedes objetar, ya que es deber médico preservar la salud de ese paciente por encima de valores individuales’’.
Chacón Moreno, quien actualmente labora en el Hospital General Universitario de Guadalajara, en España, sostiene que en los casos en los que los principios del profesional implicado en el acto médico (o enfermero) no se alinean con la petición o solicitud del paciente, puede objetar de realizar la acción, pero sí está obligado a buscar a otro profesional que pueda hacerse cargo.
Sobre el significado de morir con dignidad señala que ‘‘es hacerlo sin lesionar tus valores y principio, dejándote marchar cuando la enfermedad te debilita tanto que para ti ha perdido el sentido esa vida. Sobre todo en esta circunstancia, y en lo que más me afecta como médico que trabaja en urgencias, y especialista en cuidados paliativos, creo que la manera de preservar la dignidad nace del conocimiento y la relación sincera y genuina médico-paciente, realizando acuerdos que siempre busquen el bienestar del paciente, no la preservación de la vida a toda costa. Un profesor mío decía: “La labor del médico es preservar la salud, no la vida” Cuando entendí esto, muchas cosas cambiaron en mí’’.
Plano internacional
En cuanto a la muerte digna en el plano internacional, si bien todavía no existe un reconocimiento del derecho autónomo, sí existe a nivel de derecho comparado, explica Miró-Quesada. Por el momento, el tribunal que más ha desarrollado este derecho es la Corte Constitucional Colombiana, que ya ha definido el derecho a una muerte digna como un derecho fundamental. ‘‘Lo que hay y el concepto que se utiliza para describir este tipo de derechos es que se les llama derechos emergentes’’.
Mientras tanto, en Perú se espera el debate del proyecto de ley presentado en el Congreso, pues, pese a que en nuestro país la muerte sigue siendo un tema difícil de discutir, lo cierto es que es una condición de la vida inevitable para todos, por lo que queda decidir cómo debe ser ese fin.
Naturalizar la menstruación en cada una familia mejorará las primeras experiencias de niñas y adolescentes. Fotografía: UDG TV.
Cada 28 de mayo se conmemora el Día de la Higiene Menstrual a nivel mundial. En esta fecha, es importante recordar que la salud menstrual es parte de los Derechos Humanos y una obligación del Estado, que tanto niñas, adolescentes y jóvenes de diversas partes del país puedan acceder a los insumos y ambientes que garanticen su autonomía y libertad. La Antígona reunió algunas experiencias de jóvenes que narran cómo fue la primera vez que menstruaron, entre ellas un factor común es el temor, pero también la responsabilidad de pasar a una nueva etapa en sus vidas.
“Cuando pasó “eso” tenía cerca de 11 años. Recuerdo que meses atrás me dolía mucho el vientre y yo no sabía el por qué, creí que era porque la comida me caía mal. Ya tenía conocimiento sobre la regla por mi hermana mayor y mi mamá, por lo tanto sabía el tema de las toallas y pastillas, pero cómo no sabía la incomodidad en mi vientre no tenía identificado que era por un cólico menstrual. Luego me llevaron al doctor, pero no encontraron nada y regresé a mi casa. A los pocos días, me vino la primera menstruación. Hasta ahora no me gusta cuando tengo el periodo porque siempre me viene con mucho dolor y suelo recurrir al ginecólogo para ver ese tema”. Milagros, 28 años.
“La primera vez que tuve la regla fue a los 12 años. Estaba con mi mamá haciendo compras, todo el día. Era un dolor casi inexplicable, incluso llegué a sentir un poco manchado mi pantalón, pero no sabía que estaba pasando. Luego, llegué a mi casa, corrí al baño y fue raro, no entendí mucho. Le dije a mi mamá que no sabía por qué estaba sangrando, creía que algo me hizo mal y me asusté. Pero ella me dijo que era el periodo y me dio toallas y algunas indicaciones. La verdad es que ella se puso muy feliz: «Ay, ya eres todo una chica, que lindo te va a venir cada mes». Indira, 23 años.
“A mi me vino el periodo por primera vez cuando tenía 13 años. Menos mal que “Andrés” vino en mi casa. Me fui a duchar y ya. Mi mamá ya me había hablado sobre esto y para mí no fue nada fuera de lo normal. Eso sí, tomé té de orégano, porque siempre tuve cólicos. Yo no lo veo cómo algo sucio, pero en lo personal soy de tener bastante higiene porque somos más vulnerables a contraer enfermedades. Me baño diariamente con agua caliente durante estos 7 días. Quieras o no, la sangre tiene olor, personalmente tengo flujo muy abundante y tengo ese tipo de higiene.” Angely, 21 años.
Según datos de Unicef y el Banco Mundial, en el mundo existen cerca de 500 millones de mujeres adolescentes y niñas que menstrúan pero no tienen acceso a implementos higiénicos y espacios seguros para vivirlo de manera óptima. No contar con recursos para atender la menstruación puede amplificar el temor y los estigmas que rodean este proceso natural, sobre todo interfieren en los derechos de las mujeres, dificultando en ocasiones su asistencia al centro de trabajo, centro educativo, u otros, en la época en la que menstrúan.
En el mes de marzo del año 2021, se aprobó la Ley 31148 que aborda el manejo de la higiene menstrual en niñas y adolescentes, no obstante la falta de reglamento evita que pueda aplicarse como debería. De igual forma, no se ha logrado visualizar un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. A través del portal Convoca, el director de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud (Minsa), Guillermo Atencio, precisó a fines del año 2022, que se encontraban en una etapa de discusión sobre si el presupuesto será otorgado por el Sistema Integral de Salud (SIS) o saldría directamente de este ministerio.
Además, mencionó en aquel entonces que por ser un proceso largo se ha visto paralizado por la crisis sanitaria del Covid-19. Por si fuera poco, el Ministerio de Educación no ha participado activamente durante el proceso. “Esperamos que, para el 2023, ya esté listo el presupuesto”, manifestó el funcionario.
En ese mismo informe, Maria Galarreta, obstetra con una maestría en Género, Sexualidad y Salud Reproductiva, informa que el estancamiento en la implementación de la mencionada ley por el Estado impide el reconocimiento de los derechos de salud menstrual de las niñas y adolescentes, ya que no pueden acceder a productos e información sobre este proceso biológico, por ejemplo. Por otro lado, Galarreta hace énfasis en que la menstruación suele ser relacionada a algo negativo o asociada con suciedad y mal olor, sobre todo cuando aparece por primera vez. Esto muchas veces complica la postura de las madres quienes deben orientarlas pero no cuentan con las herramientas para hacerlo.
Esta situación que compromete la salud menstrual de las mujeres que desconocen su propio cuerpo y las acciones que deberían hacer para cuidarlo, se convierte en una barrera, la desinformación y la falta de compromiso de las entidades públicas acentúan la problemática. «Un mayor conocimiento sobre nuestro ciclo menstrual, significa un mayor conocimiento sobre nuestra salud reproductiva, que puede ayudar a prevenir embarazos no deseados”, agregó la especialista.
Un informe de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, basado en estadísticas del MINSA, publicado en setiembre del año 2023, revela los pocos o nulos avances que se tiene con respecto a la educación sexual en este grupo. Las cifras son más que preocupantes: de enero a septiembre del 2023, se ha registrado el nacimiento de 30 mil 345 bebés con vida de madres adolescentes de entre 10 a 19 años. De esta cifra, 809 corresponden a recién nacidos de madres adolescentes de 10 a 14 años, lo que significa un incremento de 185 recién nacidos en relación al 2021. Por otro lado, 48 mil 693 recién nacidos vivos de madres adolescentes de 15 a 19 años, indicando el aumento de 788 recién nacidos en comparación al año 2021.
Un estudio realizado en el año 2022 por Plan Internacional cuya información fue recogida en un grupo de niñas de 12 a 17 años de los distritos de San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y Carabayllo reveló que el 81% de los niños cree que la menstruación es una enfermedad. Asimismo, el 83 % de los niños es consciente que debe informarse más sobre el tema para no continuar cayendo en mitos sobre la menstruación. Ahora, la misma ONG realizó una encuesta en el año 2023, en que el 13% asegura que faltan a la escuela cuando se encuentran menstruando.
Para Corina Hidalgo, ginecóloga obstetra, independientemente de las barreras económicas, sociales o culturales, el trabajo para romper los tabúes, inicia desde casa. Si bien es cierto las redes sociales tienen gran influencia en niñas y adolescentes, la familia juega un rol importantísimo en el primer contacto con la salud menstrual. Desde el primer momento en el que aparece el botón mamario que es alrededor de los 12 años, tiempo en el que también suele presentarse la primera menstruación, los integrantes del núcleo familiar deben ir informando los signos de la primera menstruación, lo que sucederá en los meses posteriores, los productores que existen, desde toallas higiénicas, tampones, copa menstrual, entre otros, refiere.
“Recordemos que, tenemos bastantes familias que cuentan con un solo progenitor, con un padre, un abuelo, una abuela. Mientras más nos familiaricemos con esos temas femeninos, tanto los niños como las niñas, se van a sentir más cómodos al hablar acerca de la menstruación y no será un sinónimo de burla. Es muy importante educar a todos en la casa, porque esas son las primeras experiencias de los cambios físicos que puede tener una mujer”, indicó la especialista.
En efecto, los padres son los pilares del tipo de educación que tienen sus hijos sobre el cuidado de sus cuerpos; sin embargo, en el presente año 2024, todavía hay movimientos y partidos políticos que continúan interfiriendo en ese ámbito. En el mes de abril del 2024, la congresista por Renovación Popular, María Jauregui presentó un proyecto en el que los padres tienen la opción de exonerar a sus hijos del curso de educación sexual integral que se dictan en los centros educativos básicos regulares.
Esto dependerá si creen que no guarda relación con sus creencias o convicciones religiosas. Con esta ley se busca modificar el artículo 5 de la Ley General de Educación, en pocos términos se resume a lo siguiente: “Los padres de familia, o quienes cumplen el rol de cuidado, tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a participar en el proceso educativo y a elegir las instituciones en las que éstos se educan, de acuerdo a sus convicciones, creencias y libertad de conciencia”.
Sin embargo, también hay iniciativas positivas. Un proyecto que ha intentado cambiar las estadísticas al menos en la capital, es del de Plan Internacional con Kimberly Clark, ya que con su más reciente evaluación de “Nuevas Reglas”, han logrado que su población encuestada, más del 70% ya conozcan sobre higiene menstrual, así cómo que el 73.6% de niños ya sienten solidaridad con las niñas respecto a una menstruación digna. Además de capacitar a más de 700 profesores y más de 13200 padres y madres.
La higiene menstrual, no solo depende del trabajo que logren los funcionarios de diversos poderes, sino también del trabajo en escuelas, familias y comunidades. Tampoco debemos olvidar que existe una ley que busca que niñas y adolescentes tengan múltiples facilidades para una mejor gestión menstrual, pero hasta el momento no existe un reglamento que pueda delegar responsabilidades en el Estado, para que este derecho se haga realidad en nuestro país.
Según estudios las mujeres sufren especial afectación por el cambio climático. FOTO: Internet.
A inicios de año, el 18 de marzo de 2024, en Honduras se consumieron alrededor de 500 hectáreas de bosque cercanas al “pulmón de Honduras”, el Parque Nacional La Tigra. Es un bosque nublado, declarado reserva nacional desde 1952, que proporciona más del 30% del agua de la capital y el 100% del agua de las comunidades aledañas. Esta no es la primera vez, lamentablemente la reserva natural La Tigra ha sido víctima recurrente durante los últimos años.
El incendió logró ser controlado después de tres días de arduo trabajo, sin embargo, recuperar la devastación podría costar una década y dependerá del recurso económico y humano que se invierta. Luego de 2 meses no hay responsables por este hecho y no ha sido socializado ningún plan de recuperación.
El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), reportó que en los primeros tres meses del año 2024 se contabilizaron un total de 1,104 incendios, los cuales ocasionaron daños en un área estimada de 63,433 hectáreas. Luis Solís, quien es el director del ICF destacó que el 99% de los incendios son provocados, lo que constituye un delito ambiental.
El código penal establece penas de cinco a ocho años a quienes provoquen incendios y de ocho a diez años cuando estos sean en una zona protegida. Durante todo el tiempo que se ha confirmado que los incendios forestales han sido provocados, no se han conocido responsables y estos hechos han quedado impunes. Solo una persona ha sido capturada por delitos ambientales.
Este año, el gobierno de Honduras entregó equipamiento al cuerpo de Bomberos, con un valor de 152.7 millones de lempiras con el propósito de ser utilizado para combatir incendios, sin embargo, estas acciones no son suficientes, ya que no se cuenta con planes estratégicos de prevención y concientización ambiental. Los incendios forestales se han establecido como oportunidades de urbanización
La concesión del proyecto “Bosques de Santa María”, creado en el año 2016, es un proyecto mobiliario que se está construyendo en un área de 499.72 hectáreas, de las cuales 96.21 están ubicadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, esta zona se encuentra dentro de las principales fuentes de agua de la capital. Los propietarios del proyecto han negado las acusaciones de cualquier consecuencia de impacto ambiental, pero el proyecto ha sido revisado por el Ministerio Público.
Durante el año 2023 se registraron 3,052 incendios forestales, afectando 223,000 hectáreas de bosque. Y del 2021 al 2022 se registró un aumento del 18% en la incidencia de incendios forestales.
Estas estadísticas dejan en evidencia la destrucción de los recursos naturales y falta de protección de los mismos. Honduras no cuenta con las condiciones necesarias para revertir el daño ambiental, lo que genera un impacto negativo y directo en las vidas de la población hondureña.
Mujeres y cambio climático
En las últimas semanas, Tegucigalpa se posicionó como la ciudad más contaminada del mundo, según la empresa tecnológica suiza especializada en protección contra contaminantes, IQAir, la Calidad del Aire llegó a 233, situado en la escala más alta de “Muy Perjudicial”. La concentración de Partículas en Suspensión, PM2,5 es de 30.9 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud, OMS.
La contaminación atmosférica se asocia a los partos prematuros, peor salud materna y complicaciones sobre el embarazo, también afecta al sistema menopaúsico y aumenta el estrés materno prenatal. Las altas temperaturas representan un desafío para proteger la salud humana, principalmente de aquellas personas que son más vulnerables.
Las consecuencias del cambio climático tienen impactos desproporcionados en las mujeres y las niñas, situaciones como tormentas, inundaciones o calor extrema propician a miles de personas a abandonar sus hogares, quienes en su mayoría son mujeres. Mientras recorren la ruta migratoria, las mujeres se ven expuestas a mayores riesgos de pobreza, violencia o embarazos no deseados.
El aumento de la crisis climática trae consigo un enorme desafío que requiere nuevos enfoques y estrategias para mitigar el cambio climático.
Desde 2003, cada 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, una iniciativa anual impulsada por la OIT. FOTO: Internet.
Cada año, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) selecciona un tema específico y relevante para destacar. En este año, el enfoque principal se centra en las repercusiones del cambio climático en la seguridad y la salud laboral. Además, la OIT ha publicado un nuevo informe titulado «Garantizar la seguridad y la salud en el trabajo en un clima cambiante», el cual revela datos alarmantes sobre el creciente impacto del cambio climático en la seguridad y la salud de los trabajadores.
Es crucial que, se preste atención al tema de los desafíos particulares que enfrentan las mujeres en sus lugares de trabajo, resaltando la importancia de abordar las disparidades de género en las políticas de seguridad y salud laboral. Las inquietudes sobre la seguridad y la salud laboral para las mujeres pueden diferir dependiendo del sector, la empresa, las áreas específicas de trabajo y las personas con las que se relacionan en su entorno laboral. Uno de los desafíos principales que enfrentan es la exposición a la violencia, el acoso o los riesgos psicosociales en el trabajo.
A nivel global, se ha publicado el primer informe mundial sobre Experiencias de Violencia y Acoso en el Trabajo, realizado por OIT-Lloyd’s Register Foundation-Gallup. Este informe revela que el 22.8 % de las personas ha experimentado al menos una forma de violencia o acoso en el lugar de trabajo durante su carrera laboral.
Según el Primer Informe ELSA sobre acoso laboral en el Perú, el 34 % de los encuestados ha enfrentado alguna forma de acoso sexual en el trabajo. Solo el 4 % reconoce haber experimentado directamente acoso, y únicamente el 10 % de aquellos que lo reconocen han presentado una denuncia. Además, la encuesta señala que la mayoría de las personas que experimentan manifestaciones típicas de acoso sexual son mujeres, siendo el 39 % de ellas de entre 18 y 29 años, y el 36 % de entre 30 y 49 años reconocieron haber experimentado algún tipo de acoso en los últimos dos años.
En 2019, se aprobó el Convenio 190 de la OIT, una normativa internacional que integra la igualdad y la no discriminación con la seguridad y la salud en el trabajo. Este convenio promueve el derecho de todas las personas a trabajar en un entorno laboral libre de violencia y acoso. Perú se suma a esta iniciativa al ratificar el Convenio 190 en 2022. Aunque existen leyes y políticas que se alinean con lo establecido en el C190, aún es necesario ajustar el enfoque de las leyes laborales contra la violencia y el acoso para que se adecuen a la definición de violencia y aborden las diversas manifestaciones y situaciones contempladas en el Convenio.
De acuerdo con el informe «La Violencia Laboral en Perú en el contexto del Convenio 190 de la OIT», elaborado en 2022, el 74% de las personas encuestadas afirmaron haber experimentado o estar experimentando situaciones de violencia en sus lugares de trabajo. Específicamente, el 80% de las mujeres identificaron estas situaciones, en comparación con el 58% de los hombres.
Durante una entrevista con el abogado laboralista Renzo Quijano, destaca que el hostigamiento sexual o el acoso hacia las trabajadoras es un elemento muy común en casi todas las relaciones laborales. Además, señala que hay un bajo número de denuncias y una respuesta insatisfactoria por parte de los procedimientos establecidos para abordar este problema. “Una medida para poder afrontar esta situación es que los empleadores puedan tener mecanismos mucho más eficientes para poder combatir esta serie de situaciones”, señala.
Por otro lado, Quijano enfatiza que es fundamental establecer una política de prácticas abiertas y una política de sensibilización continua sobre el acoso y hostigamiento sexual en el trabajo. Estos son elementos importantes para combatir esta situación. Además, señala que es más probable que ocurran estos delitos en un entorno laboral donde la comunicación con los superiores o los canales de queja no ofrecen garantías suficientes a los denunciantes. Sin embargo, lo más importante es asegurar la protección, cobertura y evitar revictimizar a la persona que denuncia, así como seguir los protocolos correspondientes.
La violencia laboral no solo afecta el bienestar emocional y psicológico de la víctima, sino que también puede tener consecuencias negativas en su desempeño laboral y en el ambiente de trabajo en general. Es importante que las empresas implementen políticas y medidas para prevenir y abordar el acoso sexual en el lugar de trabajo, promoviendo un ambiente laboral seguro, respetuoso y libre de violencia.
Por ello, es crucial que las iniciativas de seguridad y salud laboral reconozcan y se adapten a las necesidades específicas de las mujeres. Asegurando que las mujeres tienen un ambiente de trabajo seguro y saludable, no solo se mejora su bienestar individual, sino que también se contribuye a la productividad y sostenibilidad general de los lugares de trabajo.
El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo ofrece una oportunidad para reflexionar sobre estas cuestiones y fomentar un cambio positivo y duradero.
La iniciativa fue presentada en el 2016, y cinco años luego, debatida en la Comisión de la Mujer sin resultados, en la Comisión de CIDH se ha resaltado la importancia de reconocer la identidad de las personas por parte del Estado. Esta iniciativa lleva más de 7 años encarpetada.
– A Rodrigo lo obligaban a decir en alto su nombre legal, le lanzaban todos los documentos que presentaba, lo cuestionaron una y otra vez por verse, por atreverse a verse, como hombre teniendo un nombre de mujer.
El pasado 23 de marzo, en el Tribunal Arcoíris (espacio en el que se visibilizan las violaciones de derechos que enfrentan las personas LGTBIQ+ y desde donde se exige justicia) Sebastián Marallano recordó el doloroso momento que vivió junto a su esposo Rodrigo Ventosilla, en el aeropuerto de Bali, Indonesia, a donde habían viajado por su luna de miel el 6 de agosto del 2022. Los problemas empezaron cuando la Policía del país asiático vio diferencias entre la identidad de género de Rodrigo y los datos de su DNI, según sus abogados y familiares. Luego fue detenido por supuesta posesión de drogas (cannabis). Y en menos de una semana después fue declarado muerto en un centro médico.
Sebastián, quien también denunció haber sido víctima de violencia por parte de la Policía de Indonesia, ha señalado que existe la preocupación de que el caso quede impune y sin que el Estado peruano reconozca la negligencia que habría cometido el cónsul Julio Tenorio, quien no prestó auxilio de manera inmediata y viajó a Bali recién el 12 de agosto, el día siguiente de la muerte de Rodrigo. El próximo 17 de abril habrá un plantón delante del Ministerio de Relaciones Exteriores para levantar voces en busca de justicia por la muerte de Rodrigo.
Pero el abandono del Estado hacia las personas transexuales se evidencia de diferentes maneras. Por ejemplo, en el Congreso de la República está olvidado el proyecto de ley sobre Identidad de Género (N° 790), que se presentó en el 2016. En marzo del 2021, la Comisión de la Mujer aprobó el dictamen; sin embargo, aún continúa detenido en la Comisión de Constitución a donde también lo mandaron en una ruta sin fin.
Al respecto, Marisa Glave, una de las autoras de la iniciativa, manifestó que la propuesta no tendría por qué ir a esta última comisión, sino a la de Justicia porque no se requieren de cambios constitucionales y se trata más bien de Derechos Humanos. ‘‘La Constitución habla claramente del derecho de las personas a su identidad, no habla de mujeres u hombres biológicamente ni hace una diferenciación alrededor de las personas trans”, declaró al diario La República.
Actualmente, si una persona trans desea variar su nombre o el sexo en su DNI, debe realizar procesos judiciales que resultan costosos, pueden tomar muchos años y no tener respuestas favorables. E incluso si hay sentencias judiciales positivas, la procuraduría del Reniec suele apelar las decisiones del juez, por lo que el trámite demora aún más, como cuenta la periodista trans y coordinadora del Observatorio DDHH LGBT de Perú, Gianna Camacho. El camino más adecuado y respetuoso de los Derechos Humanos de las minorías sexuales sería la aprobación de este proyecto de ley. De esta manera, el trámite sería solo administrativo; es decir, bastaría con ir al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y solicitar los cambios correspondientes sin necesidad de alguna constancia médica o legal.
Miluska Luzquiños, defensora de Derechos Humanos e Identidad de Género, resalta la importancia de contar con una ley de este tipo: ‘‘El trasfondo no es el nombre, es el contexto de violencia y de exclusión que viven las personas trans por ser trans, que, si bien inicia en el no reconocimiento del nombre adquirido socialmente, termina en una serie de situaciones desgastadoras de exclusión laboral, educativa, económica, social. Hay que verlo más allá’’.
Sumado a ello, una ley de identidad de género también significaría disminuir los índices de violencia que viven las personas trans, precisa Luzquiños. Agrega que desde inicios hasta este año se han registrado al menos 17 casos de transfeminicidios, según data recolectada por las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, pese a la discriminación constante, exclusión de derechos básicos y violencia existente, el PL no cuenta con el apoyo suficiente para ser debatido en la Comisión de Constitución y, eventualmente, en el Pleno del Congreso de la República.
La Defensoría del Pueblo ha recomendado al Congreso y al Gobierno aprobar la ley en varias ocasiones, alegando la necesidad de contar con esta para permitir a las personas trans acceder a los servicios que ofrece el Estado, a través del reconocimiento de su identidad en sus documentos y así evitar actos discriminatorios que pueden presentarse en las instituciones públicas. En el 2016, la Defenosoria del Pueblo publicó el Informe Defensorial N° 175. Derechos humanos de las personas LGTBI: Necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculante para países como el Perú que pertenecen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha expresado mediante la opinión consultiva OC-24/17 que el reconocimiento de la identidad de género por parte del Estado “resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas transgénero”.
Lamentablemente, el caso de Rodrigo, quien perdió la vida en Bali sin que hasta la fecha se tengan detalles de lo que ocurrió no ha servido para generar conciencia y tomar acciones reales respecto de la importancia de tener una Ley de Identidad de Género. El Perú sigue siendo uno de los países que menos derechos LGTBIQ+ otorga en la región, estamos entre los más atrasados. Por ejemplo, países vecinos como Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay ya tienen leyes que permiten acceder al derecho de la identidad. En ese sentido, urge que la iniciativa sea debatida en el Perú.
Honduras es uno de los países centroamericanos más violentos para las mujeres, esta violencia se ve reflejada en cifras de muertes violentas de mujeres, las cuales de enero a octubre de 2023 llegaron a 341, según datos del Centro de Derechos de Mujeres, CDM. La mayoría de estos femicidios no obtienen justicia, el 95% de los casos siguen impunes.
Es una triste realidad. En los últimos años, el país hondureño superó las cifras de muertes violentas de mujeres con un aumento del 29% de cifras.
El lunes 27 de noviembre, en 24 horas se reportaron tres asesinatos de mujeres en diferentes puntos geográficos del país. A María Gómez la atacaron con un machete en la zona oeste; Carmen Munguía fue asesinada a tiros por su pareja en la zona norte y; Karina Rodríguez, quien anteriormente ya había tenido un atentado de muerte, fue acribillada en la zona occidente.
Uno de los medios de comunicación tradicionales del país deja en evidencia la falta de perspectiva de género para el abordaje de noticias. En su nota se menciona lo siguiente: “la mayoría de estas muertes son femicidios, a menudo realizado por su pareja o algún pretendiente “rechazado”».
Detrás de cada muerte violenta de mujeres, está presente la pornomiseria en los medios de comunicación.
La violencia contra las mujeres también se ve reflejada en los datos del Sistema Nacional de Emergencia (911), de enero a septiembre de 2023 se registró un total de 64,228 denuncias, de las cuales 26,456 fueron por violencia doméstica y 37,772 fueron por maltrato familiar; es importante señalar que no todas las mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia denuncian, por lo que los datos pueden ser mayores.
En el mes de febrero de este año 2024, el Observatorio de DDHH de las Mujeres del CDM, registró 14 muertes violentas en el mes de febrero, dando un total de 40 femicidios en los primeros dos meses del año.
La ola de violencia a la que las mujeres se encuentran expuestas deben de verse como una emergencia de país.
La impunidad que rodea la vida y memoria de las hondureñas
Ana Hernández
El 19 de marzo de 2023, Ana Hernández fue encontrada muerta en el interior de su vivienda al Sur de Tegucigalpa, lugar que compartía con su pareja el Mayor de artllería Allan Franco Mendez, miembro activo de las fuerzas armadas de Honduras.
Al parecer Ana se había quitado la vida, así lo reportaron los medios y así lo declaró Franco, sin embargo, sus familiares creen que fue femicidio ejecutado por su pareja.
Ángel Hernández, padre de Ana, no recibió los resultados de la autopsia de su hija, ha pasado un año desde entonces y su familia sigue esperando justicia.
En ese momento Franco, siendo el principal sospechoso, fue detenido por posesión ilegal de armas, quien a los días fue puesto en libertad. Se supone que el Mayor de artillería fue dado de baja, sin embargo, esta información no ha podido confirmarse.
Don Ángel no ha obtenido respuestas claras sobre la muerte de su hija, la cual está llena de incertidumbres y dolor.
Angie Peña
El primero de enero del año 2022, Angie Peña fue víctima de desaparición forzada en la Isla de Roatán.
Angie abordó un jet ski junto a su hermana, actividad que realizaban con frecuencia, sin embargo, la joven no regresó. Tras horas de desaparecida y se realizó una búsqueda y se descartó la posibilidad de que la joven haya fallecido ahogada.
Meses después de su desaparición, se encontró la moto acuática en las costas del país de Belice, el traje de baño y los aretes que la joven portaba al momento de su desaparición.
Gary Lee Johnston, empresario norteamericano, condenado por trata de personas y pornografía infantil se encontraba vinculado a las pruebas más contundentes del caso, las pertenencias.
En agosto del 2022 fueron allanadas cinco propiedades en Roatán, los allanamientos fueron parte de la búsqueda de pistas sobre la desaparición de Angie. En la casa de Gary encontraron el traje de baño y uno de los pendientes de Angie.
Esta información indicaría que la joven habría estado en la casa del estadounidense, sin embargo, no se han obtenido más actualizaciones sobre el caso.
Han pasado más de dos años y los padres de Angie siguen esperando respuestas sobre el paradero de su hija.
Keyla Martínez
El 07 de febrero del año 2021, Keyla Martínez fue encontrada muerta en una celda de la Unidad Departamental de la Policía número 10 de La Esperanza, Intibucá.
Las autoridades, sin una investigación, afirmaron que la joven se había suicidado.
Tras esta información los cuestionamientos de las defensoras de derechos humanos y especialistas en medicina forense fueron contundentes, ya que en las condiciones de la celda era imposible que se quitara la vida.
Esta versión fue desmentida pues la autopsia reveló que Keyla fue víctima de asfixia mecánica.
En agosto de 2021, el caso fue tipificado como homicidio imprudente en grado de comisión por omisión.
Jarol Rolando Perdomo fue el único policía acusado por el feminicidio de Keyla, fue enjuiciado y encontrado culpable, pese a ello, fue puesto en libertad el 28 de febrero del año 2024.
Este tipo de prácticas evidencia la impunidad y la corrupción que rodea el 90% de los casos de violencia contra las mujeres, lo que deja en evidencia la desprotección de los derechos de las niñas y mujeres hondureñas.
Insensibilización ante la violencia contra las mujeres
Parece que la mayoría de la sociedad hondureña está insensibilizada ante la violencia contra las mujeres, todos los días el país hondureño se despierta y recibe la noticia de que una mujer ha sido violada, asesinada o desparecida, y esto no sorprende a la población, de hecho, forma parte de la cotidianidad.
No resultan desconcertantes las fotografías sin censura de hechos violentos o titulares de noticias como “Hombre mata a mujer por rechazo”, “Cegado por amor…” o comentarios como “Se lo buscó”, “Se lo merecía”, etc., es evidente que la violencia machista y la misoginia forman parte de la norma social.
El trabajo del Estado por un país libre de violencia contra las mujeres debe de enfocarse en la creación de políticas públicas para la prevención de violencia, así mismo, se debe de educar y sensibilizar a la población, se debe fomentar la igualdad en materia de género.
Cada día es trágico y a pesar de las dificultades y la violencia a la que las mujeres se ven enfrentadas, la lucha se mantiene en la exigencia al Estado para crear las condiciones necesarias para que las mujeres puedan vivir sin miedo y libres de violencia.
