La tarde del sábado 28 de septiembre, colectivos feministas y ciudadanos se congregaron para conmemorar el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro en Perú, marcando un hito de 100 años de la lucha por el aborto terapéutico. Este derecho, garantizado desde 1924, ha sido un bastión para las niñas, adolescentes y mujeres peruanas que, durante un siglo, han luchado incansablemente por su acceso pleno a la salud reproductiva.
El aborto terapéutico, de acuerdo con el Ministerio de Salud (MINSA), es la interrupción legal del embarazo con el consentimiento informado de la persona gestante, cuando es el único medio para salvar su vida o evitar un daño grave y permanente a su salud física y mental. Este derecho se establece en el artículo 119 del Código Penal peruano, y aunque ha estado despenalizado desde 1924, fue recién en 2014 cuando el Ministerio de Salud aprobó una guía técnica para estandarizar el procedimiento y asegurar su acceso.
A pesar de la legalización, el acceso al aborto terapéutico sigue siendo limitado. Entre 2014 y 2023, se registraron 2,780 casos de niñas y adolescentes menores de 15 años que denunciaron haber sido víctimas de violación sexual y quedaron embarazadas. Sin embargo, solo 177 de ellas, accedieron a un aborto terapéutico, según datos del MINSA y el Ministerio de la Mujer recogidos por Promsex. Esta baja cantidad refleja las barreras que persisten en el acceso a este derecho, sobre todo en casos de violencia sexual infantil.
Las barreras no solo son logísticas, sino también políticas. Legisladoras de partidos como Renovación Popular y Fuerza Popular han utilizado argumentos religiosos y conservadores para intentar limitar el acceso de niñas y adolescentes al aborto terapéutico. Incluso dentro de la Comisión de la Mujer del Congreso, se ha desestimado la posibilidad de que estas víctimas puedan acceder a este procedimiento, a pesar de que es legal desde hace un siglo.
Es importante resaltar que el aborto terapéutico no es una obligación, sino una opción. Requiere un consentimiento informado en el cual se le explica a la persona gestante las implicancias físicas y emocionales del procedimiento, dejando la decisión final en sus manos y/o de los apoderados. El derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida debe ser respetado.
En paralelo, el sistema judicial ha endurecido las penas para los agresores sexuales. En el caso de violación a menores de 14 años, la condena es cadena perpetua. Sin embargo, es fundamental que estas penas se apliquen de manera efectiva y sin dilaciones, garantizando que los violadores no gocen de beneficios penitenciarios ni se revictimice a las menores afectadas.
El acto de conmemoración de los 100 años del aborto terapéutico es un recordatorio de que la lucha continúa. Aunque se han logrado algunos avances, muchas niñas, adolescentes y mujeres en el Perú aún enfrentan obstáculos para acceder a sus derechos reproductivos y decidir sobre sus cuerpos.
Cientos de incendios forestales han devastado 20 regiones del Perú, causando pérdidas irreparables en biodiversidad y comunidades locales. FOTO: Minam
Perú se enfrenta a un grave problema ambiental con más de 173 incendios forestales que han afectado a 20 regiones, según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci. Las regiones más impactadas son Cusco, Huancavelica y Huánuco, con 31, 21 y 17 incendios respectivamente.
Este fuego incontrolable ha arrasado más de 3,300 hectáreas de áreas naturales y tierras de cultivo, poniendo en riesgo la biodiversidad y las comunidades cercanas. Con seis víctimas mortales y más de 1,876 damnificados, la situación se torna crítica, superando la capacidad de respuesta de las autoridades locales.
Los incendios no solo afectan a las comunidades humanas, sino que también destruyen hábitats de especies en peligro de extinción, como el oso andino. La magnitud de los incendios es alarmante y se ha intensificado en zonas críticas de la Amazonía, incluidas áreas protegidas.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo de bomberos voluntarios, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) y las comunidades locales, los recursos disponibles son insuficientes para controlar la situación. La intervención del gobierno central y la cooperación internacional son imperativas para evitar una catástrofe mayor.
IMPACTO EN LA CULTURA Y LA NATURALEZA
En la provincia de Luya, el mega incendio forestal ya ha consumido más de 13,000 hectáreas, amenazando sitios arqueológicos icónicos como la ciudadela de Kuélap y las Cataratas de Gocta.
La Municipalidad Provincial de Luya – Lámud ha hecho un llamado urgente a evacuar ganado y otros animales hacia zonas seguras, mientras el fuego avanza hacia áreas pobladas.
La Defensoría del Pueblo, a través de cuenta de X (antes twitter), ha solicitado al Poder Ejecutivo que declare el estado de emergencia en las regiones afectadas, buscando una respuesta efectiva de las autoridades en coordinación con los gobiernos locales.
La Defensoría insiste en la necesidad de sincerar las cifras de incendios activos para evaluar adecuadamente la magnitud del problema y movilizar recursos de manera efectiva.
RESPUESTA DE INDECI
Por otro lado, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Juan Urcariegui, mencionó que se han extinguido más de 152 incendios forestales en todo el país, es decir, el 60% y se han controlado otros 19.
Durante una reunión de trabajo realizada por la presidenta Dina Boluarte, en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el funcionario informó que se han registrado 222 incendios en el Perú en 22 departamentos, a excepción de Loreto e Ica.
«Del resultado, hemos empleado de las Fuerzas Armadas del Estado ha participado con 3500 efectivos en estos 222 incendios, personal de Indeci, personal del Ejército, personal de la Fuerza Aérea, Bomberos, Policía Nacional, del Minsa, del Midagri, del Serfor y brigadistas», indicó según Exitosa Noticias.
Aunque, el representante de la sociedad civil de San Miguel de El Faique, William Tocto, informó al medio citado que Indeci aún no se apersona en el distrito desde que un incendio forestal iniciara durante el mediodía del último sábado.
Indicó que el siniestro no se ha podido controlar por la distancia y el complicado acceso para llegar a dicha zona y se mostró preocupado por la velocidad con la que avanzan las llamas. Del mismo modo, aseguró que, de acuerdo a información de los pobladores, se han destruido más de 150 hectáreas de bosque natural.
MOVILIZACIONES A NIVEL NACIONAL
Un grupo de estudiantes universitarios decidió manifestarse ante la falta de apoyo del Estado frente a la crisis ambiental, convocando movilizaciones a nivel nacional para los días 14, 15 y 16 de septiembre.
En Lima, el último sábado se reunieron en la plaza San Martín para concentrarse y dirigirse hacia el Congreso de la República, exigiendo respuestas ante la falta de apoyo. Sin embargo, a unas cuadras de llegar, los efectivos policiales impidieron el ingreso a las afueras del hemiciclo, haciendo retroceder a los manifestantes hacia el jirón Huallaga.
Hasta el momento, no ha habido un mea culpa por parte del Gobierno por las declaraciones del ministro Manero: aseguró que en el Perú no se pasaba hambre. Los resultados de la Endes de los primeros seis meses del año dicen lo contrario y dan indicios de que la anemia sigue alta, mientras que la desnutrición crónica va en aumento.
Han pasado varias semanas desde que el ministro de Agricultura, Ángel Manero, manifestó ‘‘que en el Perú no se pasa hambre’’, pese a que las cifras dicen todo lo contrario, y hasta la fecha no ha habido un mea culpa ni unas disculpas de parte del Gobierno por las declaraciones que muestran una falta de conocimiento básico sobre lo que ocurre en nuestro país.
De acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2024-I que se filtró el pasado lunes, la anemia afecta al 42.8% de menores entre seis y 35 meses de edad, con lo que se observa una leve reducción, pues en el 2023 se reportó un 43.1%; no obstante, sigue siendo un porcentaje alto y que supera los registrados en el 2019 (40.1%), 2020 (40.0%), 2021 (38.8%) y 2022 (42.4%).
El exministro de Salud Hernando Cevallos, quien también es pediatra, señala que la anemia en los menores tiene repercusiones neurológicas importantes en el transcurso de su vida. ‘‘En las personas jóvenes, durante la adolescencia, puede haber trastornos de conducta, de adaptación al medio y luego puede generar problemas de aprendizaje cuando es adulto, entonces esto significa que el menor no va a tener todas las aptitudes de un niño (que no ha tenido anemia)’’.
Asimismo, el epidemiólogo Antonio Quispe, exvocero del Ministerio de Salud, recuerda que la población en cuestión equivale a más de tres millones de menores, cuyo futuro se verá marcado de manera negativa. ‘‘En los primeros cinco años de vida, el cerebro, que es literalmente materia gris que nos permite desarrollarnos como humanos, se desarrolla al 90%. Si durante ese periodo eres anémico tienes un cerebro que no ha desarrollado a su plenitud y eso es incurable’’.
Desnutrición crónica
En esa línea, los resultados de la Endes 2024-I muestran un incremento en la desnutrición crónica infantil (DCI) en menores de cinco años pasando de 11.5% a 12.2%; es decir, un aumento del 0.7%. Las cifras no superaban el 12% desde el 2020, que fue el primer año de la pandemia y el más crítico, con 12.1%. En el 2021 (11.5%) y 2022 (11.7%) hubo leves mejoras.
Jessica Huamán, vocera de la plataforma por la Seguridad Alimentaria, indica que si bien no se tratan de cifras definitivas, porque solo son de los primeros seis meses del año, de igual manera se pueden observar indicios de que la anemia sigue prácticamente igual y que la DCI ha aumentado. La experta explica que existen diversos factores que provocan estos problemas, entre ellos el principal es la falta de acceso a alimentos ricos en proteínas, como las carnes, y derivados, y ricos en hierro.
Sin embargo, la falta de acceso a servicios básicos, como agua potable, y a establecimientos de salud de primer nivel también influyen. Al no tener una posta o al no encontrar una cita, la madre y el niño no reciben el seguimiento correspondiente, añade Huamán. Además, relata, muchos centros de salud están desabastecidos.
Las zonas rurales son las más golpeadas
Precisamente, en las zonas rurales, donde los índices de anemia y de la DCI son más altos, un factor que influye es la falta de acceso a servicios de salud, ya que los puestos no se abastecen, sostiene Jessica Huamán. Agrega que la falta de acceso potable y segura, ya que puede estar contaminada con metales pesados, es otro problema, junto a una falta de educación alimentaria. Ella cuenta que ha visto en muchas ocasiones a las personas intercambiar alimentos con proteínas, como huevos, por alimentos embolsados o envasados creyendo que eran mejores.
En los resultados preliminares de la Endes 2024-I el índice de anemia en niños entre seis y 35 meses en zonas rurales es del 50.2%, mientras que en las zonas urbanas es del 39.6%. En el caso de la DCI en menores de cinco años la cifra en las zonas rurales es del 22.1% y en las áreas urbanas es el 8.3%.
Ahora bien, según los indicadores de la Endes 2023 (que son de todo el año), la incidencia de anemia en niños de seis a 35 meses en zonas rurales fue de 50.3%. Y las regiones más afectadas fueron Puno (70.4%), Ucayali (59.4%) y Madre de Dios (58.3%). Asimismo, la DCI en el área rural, durante el 2023, alcanzó el 20.3% y en el área urbana el 8.1%. Las regiones con los niveles más altos de desnutrición crónica en menores de cinco años fueron Huancavelica (26.1%), Loreto (21.7%) y Amazonas (19.9%).
Para Quispe las tasas desagregadas en zonas rurales son ‘‘imperdonables para un país que quiere considerarse civilizado’’, pues se trata de que más del 50% de menores en estas áreas tienen anemia. ‘‘Cuando una desigualdad implica injusticia se convierte en inequidad y el problema ahí es que es mucho más difícil de solucionar que las desigualdades. Lo que reflejan estas cifras de anemia es la enorme inequidad que existe’’.
El exministro Cevallos comenta que la anemia ‘‘es un síntoma desgarrador de la grave exclusión que tenemos en nuestro país’’ y que ‘‘no se toma consciencia del impacto de la anemia infantil en el tipo de país que queremos construir’’, porque no será posible competir en un mundo globalizado con los problemas neurológicos y de adaptación que traen las condiciones en cuestión. Manifiesta que hay una carencia multisectorial que condena a no resolver el problema, ya que hay indicadores altos de población sin saneamiento y, por otro lado, no hay una producción agrícola ni siquiera de autosubsistencia. ‘‘El Estado alimenta más la producción de espárragos y arándanos en vez de la agricultura familiar’’.
En tanto, Huamán asevera que las cifras deberían llamar la atención para que las autoridades reconozcan lo que sucede en el país y sus consecuencias.
Las recientes cifras indican que al menos el 46,39 de los acosadores forman parte del personal educativo. Fotografía: Vice.
“Recuerdas que yo te violé en el primer momento y lo volvería a hacer otra vez. No les tengo miedo a tu hermano, ni a tus hermanas. Si quieren, denúncienme. No les tengo miedo”, fueron las palabras que la víctima de Neil Oliver Taish Petsa, narró según un documento fiscal compartido por Perú 21. El mencionado docente fue denunciado por acoso sexual contra sus propias alumnas del colegio Chapiza, ubicado en la provincia de Condorcanqui, en la región de Amazonas.
En todo el país, desde septiembre de 2013 hasta mayo de 2024, se registraron 8,467 casos de abuso sexual contra estudiantes, cometidos por miembros del personal de instituciones educativas. Cifras espeluznantes que nos llevan a cuestionar lo que se está haciendo desde los diversos poderes del Estado para evitar que más víctimas deban convivir con sus agresores.
En el año 2023, la parlamentaria Marleny Portero (Acción Popular) fue la encargada de presentar un proyecto de ley N° 5762/2023-CR, que busca que las diversas instituciones educativas puedan prepararse ante eventuales casos de violencia sexual, además de otorgar atención tanto a niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de abuso.
En el Perú se propuso una ley que buscaba que los colegios implementen mecanismos para enfrentar casos de violencia sexual sin embargo no fue aprobada. Fotografía: Diario El Cordillerano.
El proyecto en mención, comprende 11 artículos, los cuales buscan establecer el fortalecimiento de las capacidades en los docentes y personal, aportar herramientas a los estudiantes para que se les pueda facilitar su protección, defensa, y detección, con el objetivo de evitar más casos de violencia sexual.
Además, busca la creación de buzones físicos y electrónicos que faciliten a los escolares colocar sus denuncias anónimas para que posteriormente sean identificadas por las autoridades y otros entes de gran relevancia. La idea es brindar herramientas y facilidades para que nadie calle un caso que atente contra su integridad.
Del mismo modo, establece un protocolo para la atención de las víctimas que asegure una atención integral, proteja su identidad, haga el seguimiento adecuado y asigne una responsabilidad a las distintas autoridades y organismos del Estado, con el fin de emitir una sanción y, sobre todo, garantizar el bienestar del agraviado.
“Nuestro principal interés es la protección del menor, pero también que estos casos no queden impunes y que los responsables se refugien en los vacíos legales para salvar su culpabilidad. Necesitamos escuelas seguras para nuestros niños, niñas y adolescentes”, se lee en el Portal del Congreso de la República.
Por su parte, el Ejecutivo presentó en el 2023 un proyecto de ley destinado a evitar la prescripción de los procesos administrativos en casos de abuso sexual, sin embargo,la propuesta no sería prioridad de los parlamentarios pues no ha sido debatida en el Congreso, lo que evidencia la poca preocupación que tienen por ayudar a un grupo que forma parte de las personas más vulnerables.
En la región La Libertad, por ejemplo, según el más reciente reporte del diario Correo con datos del portal SiseVe del Ministerio de Educación, en los primeros 7 meses del año de 2023 se registraron 373 denuncias por distintos tipos de agresiones, de estos 173 fueron físicos, 114 psicológicos y 56 de tipo sexual. Si bien es cierto de estos 226 fueron realizados por los mismos estudiantes, 147 lamentablemente fueron cometidos por el mismo personal que trabaja en los centros educativos.
Ahora, en lo que va del 2024 las cifras han ido en aumento. Se han reportado 179 denuncias por violencia física, 158 ataques psicológicos y 79 ultrajes sexuales (tocamientos, actos de connotación sexual o libidinosos, hostigamiento, violación, acoso, violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos y acoso sexual a través de medios tecnológicos). Esto nos hace notar que el peligro, cómo inicialmente se creía,no solo está en las calles, sino también en las mismas escuelas.
“Él la ha llamado para que vaya a su cuarto a sacar chalecos, de ahí la hecho pasar y ha cerrado la puerta. La ha abrazado, besado y ahí la ha tenido. También le ha invitado a una gaseosa según dice ella, pero luego ha venido de sueño”, fue parte del relato de un padre de familia, del caserío Buena Vista, distrito Chugay, en la provincia de Sánchez Carrión, difundido por el medio digital Noticias Huamachuco. En el clip denunciaba al docente Eber Olaya de presuntamente haber abusado de su hija de 13 años. El desconcierto y la preocupación lo motivaron a recurrir a la prensa de su localidad en busca de ayuda.
Otro problema que agrava está situación, es la carencia de secretarios técnicos de procedimientos administrativos en los colegios. Ya que muchos casos quedan impunes y los agresores siguen siendo un peligro para otros estudiantes. Ante ello, la presidenta de la Comisión de Educación de La Libertad y consejera por la provincia de Pacasmayo, Olanda Torres, ha iniciado concretado una alianza con el programa Aurora para hacerle frente este problema.
“Las coordinaciones que se vienen realizando entre programa Aurora y Ugel Pacasmayo, es para que se realicen capacitaciones preventivas en las instituciones educativas, además de incentivar a que puedan denunciar este tipo de conductas y conocer también cuál es el flujo regular. Por ejemplo, ante quién se interpone la denuncia, que asistencia tiene, que derechos tienen, ante quien se denuncia. Eso más que todo, para fortalecer a cada escuela educativa”, comentó brevemente para La Antígona.
Esta iniciativa debería replicarse en más provincias y regiones del país. Pues según se conoció, planean involucrar a la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque cada una de estas instituciones gestiona sus propias estadísticas de casos y sigue sus propios protocolos. Mientras tarden en presentarse más iniciativas de apoyo hacia los niños, niñas y adolescentes, ellos tendrán menos oportunidades de denunciar el mal accionar no solo de sus propios docentes, sino también de otros integrantes del plantel educativo que seguirán haciendo de las suyas ante la sombra de la indiferencia de las autoridades.
Desde hace mucho tiempo en Honduras la economía informal ha jugado un papel importante en el desarrollo del país. Según datos del Banco Mundial, desde el 2003 hasta el 2013, el empleo creció con una tasa anual del 5.1%. Si bien la cifra aumentó más rápido que en otras economías centroamericanas, estos empleos fueron en el sector informal.
En el año 2016, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), el 62% de los empleos estaban categorizados como “empleo informal”, el 24.1% se encontraban en el rubro de la agricultura y el 11.6%, en el rubro del comercio. Estas cifras representan unos de los niveles más altos de empleos informales en América Latina y el Caribe.
Los datos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el Instituto Nacional de Estadísticas revelan que el 78% de los empleos estaban en la economía informal en 2023, la cual contribuye al 46% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, no existen estadísticas hondureñas oficiales que midan exclusivamente el avance del empleo informal, lo que significa que posiblemente haya empleadores y empleados en condiciones de informalidad que no se pueden identificar y cuantificar.
Los empleos informales son categorizados como “empleos de baja calidad”, lo que impide a los empleados cotizar un sistema de seguridad social y, por lo tanto, acceder a beneficios de protección social. Los trabajos se dan en condiciones de inseguridad y salarios más bajos del promedio, lo que tiene consecuencias negativas a largo plazo para las mujeres, quienes, incluso en economías desarrolladas, reciben menos pensiones que los hombres.
En el sector del comercio, las mujeres trabajan en la informalidad de manera más frecuente que los hombres. Ese es el caso de Yamileth Martínez, criada en una familia que se ha dedicado a la economía informal. Su tía Emperatriz Martínez es la matriarca de la familia, quien no fue reconocida por su padre, ya que este no deseaba tener hijas mujeres. Ella asumió un rol materno y de proveedora para el resto de sus hermanas menores.
Desde pequeña tuvo que velar por cubrir con las necesidades básicas de sus hermanas. Entonces, empezó a vender productos como frutas y verduras. Iba de casa en casa, esperando al final del día ver la recompensa de su esfuerzo para poder llevar un sustento a su familia.
Mientras crecía, también crecía su deseo por seguir ganando dinero, así que a los 14 años empieza a vender tortillas en el mercado, lugares de vulnerabilidad y violencia que forman parte de la cotidianidad y el desarrollo de la vida. En ese momento se “enamoró” y conoció a quien sería el padre de uno de sus hijos e hijas, un hombre que pensó que era su salvador. Sin embargo, este hombre se convirtió en su opresor. Después de 2 años de sufrir múltiples violencias, tomó la valiente decisión de romper vínculo con su agresor.
A los 16 años, con un hijo y con toda la responsabilidad económica en sus hombros, nuevamente se dedicó a vender tortillas, luego empezó a vender desayunos: pan con café, panqueques, osmil, etc. Se levantaba a las tres de la mañana todos los días. Su jornada era larga y cansada, pero sus esfuerzos demostraron su tenacidad, pues después de tiempo ahorrando pudo comprar un terreno donde había una construcción básica de madera. Este lugar le permitió tener una vivienda propia, un lugar que le pertenecía, que había logrado con su esfuerzo y dedicación, un lugar que representaba seguridad.
Con sus ahorros tuvo la oportunidad de ser prestamista no bancaria. Poco a poco fue siendo reconocida y muchas otras personas se fueron acercando a ella para solicitar sus servicios. Sus ingresos fueron creciendo y pudo hacer inversiones en otros rubros, compró un carro, el cual empleó como taxi y generó más ingresos.
Los años pasaron y Emperatriz tuvo dos hijas más, atravesó muchas dificultades, que parecían hacer las cosas cuesta arriba. Ahora, a sus 50 años, puede ver todo el cosecho de su siembra. No solo fue valiente, sino que también pudo tomar decisiones financieras favorables que le permitieron lograr lo que deseaba.
Yamileth, admira todo lo logrado por la matriarca de su familia, quien ha sido un pilar fundamental en su vida y para sus familiares. Recuerda con mucho cariño y fascinación el trabajo realizado por su tía, pero sus sueños están lejos del mercado, lugar que describe como violento para todos, pero principalmente para las niñas y mujeres. Los mercados han sido lugares de disputa de territorios entre maras y pandillas, lugares para ejercer la prostitución y lugares llenos de mucha delincuencia.
La economía informal existe por la incapacidad del sector formal para generar empleos; pues incluso empresas bien establecidas en el mercado generan empleos informales, los cuales carecen de cualquier garantía de condiciones favorables para los empleados. En la última década, el PIB en Honduras ha crecido solamente un 3.3% de manera anual, lo que es insuficiente para mejorar el bienestar de la población.
El país hondureño necesita una administración de las finanzas públicas de manera eficiente para poder disminuir los índices de pobreza, desigualdad y falta de empleos. A esto se suma la violencia de género, que afecta principalmente a niñas y mujeres, quienes al quedar atrapadas en la informalidad no solo enfrentan inseguridad financiera, sino también una mayor exposición al abuso físico y sexual. Esto perpetúa un círculo vicioso de precariedad y violencia del cual es difícil escapar.
Ubicación: Comunidad campesina de Pumamarca, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, región Apurímac, Perú.
El conflicto entre la comunidad campesina de Pumamarca, en la región de Apurímac, y la minera Las Bambas, una de las mayores minas de cobre del mundo operada por la transnacional china Minerals and Metals Group (MMG), ha sido una lucha prolongada y ardua. En el corazón de esta disputa está el predio Sallawi, una tierra vital donde las familias de Pumamarca practican ganadería, construyen sus viviendas y cuidan los ojos de agua esenciales para la agricultura.
Desde 2011, los comuneros han denunciado la compra ilegal de estas tierras por parte de la minera, que pagó un irrisorio precio de 2.000 dólares por cada una de las 1.000 hectáreas del predio, equivalente a apenas 0,50 céntimos por metro cuadrado. Esta transacción ha sido vista por la comunidad como un despojo de sus tierras ancestrales y un atentado contra sus derechos.
El martes 23 de julio de 2024, la comunidad indígena de Pumamarca se movilizó en una protesta pacífica que culminó en la entrada de la minera Las Bambas. La marcha, que contó con la participación de toda la comunidad, rechazó enérgicamente la contaminación creciente de sus fuentes de agua y la violencia policial que busca despojarlos del predio Sallawi, donde la minera pretende expandir sus operaciones.
Sabino Flores, indígena que vive en Sallawi, ha presenciado de primera mano cómo la minera y el Estado no solo intentan desalojar a su comunidad, sino que también criminalizan a sus líderes en un intento de desarticular la resistencia. La represión policial y los procesos judiciales contra los dirigentes comunales han sido constantes, reflejando la estrategia de la empresa y del Estado para debilitar la lucha de Pumamarca.
La comunidad de Pumamarca ha reiterado su demanda principal: la devolución del predio Sallawi. Este territorio es fundamental para la ganadería, actividad que sustenta económicamente y culturalmente a los comuneros. La expansión de la minería no solo pone en riesgo su modo de vida, sino que también amenaza la salud de la comunidad debido a la contaminación del agua, un recurso indispensable en esta región.
El caso de Pumamarca es un ejemplo claro de las tensiones entre las comunidades indígenas y las grandes empresas mineras en Perú. Refleja no solo las disputas por la tierra, sino también las profundas desigualdades en las negociaciones y el respeto a los derechos fundamentales de las comunidades originarias. A pesar de la represión, la comunidad de Pumamarca sigue firme en su lucha por la justicia, la restitución de sus tierras y el respeto a sus derechos ancestrales.
