Alertas de violencia de género insuficientes en el Estado de México

Alertas de violencia de género insuficientes en el Estado de México

Por Arleth García

Mujeres participan de marcha para exigir el fin de los feminicidios en México. FOTO: EFE

El Estado de México está al frente de los estados con mayor violencia en contra de las mujeres, a pesar de las medidas por parte del Gobierno y organizaciones civiles para erradicarla, como las alertas de violencia de género, por la impunidad y deficiencias en la búsqueda de la justicia.

Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en México, la violencia contra las mujeres alcanza niveles inaceptables. Tan solo durante el primer trimestre de 2021, ocurrieron 954 homicidios dolosos contra ellas, 239 clasificados como feminicidios.

Alto al feminicidio. Foto: Cuartooscuro

El feminicidio se refiere a los asesinatos de mujeres motivados por el sexismo y la misoginia, y es la expresión extrema de violencia en contra de la mujer que también se manifiesta con la humillación, desprecio, maltrato físico, emocional, hostigamiento, violencia sexual.

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, agosto de este año ha sido el mes con la cifra más alta de feminicidios en el Estado de México desde que se tipificó este delito, en 2011, con 19 casos. En total, en lo que va del 2021, se han perpetrado 97 feminicidios.

En el contexto de pandemia, la violencia  hacia las mujeres aumentó en 24%, y el 81.6% de las víctimas han sido niñas y adolescentes.

Como una manera de erradicar la violencia feminicida, el Estado mexicano ha estado implementando acciones gubernamentales de emergencia que buscan contribuir a la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en un territorio determinado: las alertas de género.

Mapa de alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Estado de México. Foto: Facebook OCN Feminicidio México

La alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Sistema Nacional) acordó por unanimidad de votos la procedencia de la AVGM el 28 de julio de 2015 en 11 de los 25 municipios del Estado de México: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.

En octubre de 2019, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) declaró una segunda Alerta en el Estado de México, esta vez enfocada a la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en la entidad en siete de los municipios que ya estaban considerados en la primera alerta.

A la fecha, se han declarado 25 AVGM en 22 entidades del país que incluyen 643 municipios.

Aunque el Gobierno del Estado de México se comprometió innumerables veces a adoptar las acciones que sean necesarias para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, este se mantiene como la entidad con mayor número de feminicidios en el país.

Mujeres en manifestación frente a Palacio Nacional, en México. Foto: Armando Monroy/Cuartoscuro.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), red nacional conformada por 43 organizaciones de la sociedad civil ubicadas en 23 estados de la República mexicana —y que busca la visibilización de la violencia feminicida en el país—, ha manifestado su preocupación ante la prevalencia e incremento de la misma.

Además, para contribuir a reforzar las AVGM, es importante que los estados informen semestralmente sobre las acciones que realizan para que se demuestren los avances mediante indicadores de resultado que permitan la posibilidad del levantamiento de dichas alertas. Ahora bien, también es importante la creación de políticas públicas adicionales que consoliden una política nacional con perspectiva de género.

Como alternativa ante el incremento de los feminicidios, de la violencia contra las mujeres, la impunidad y de tantos otros delitos que diariamente dejan a miles de víctimas; las jóvenes, familias y personas que se posicionan en contra del Estado feminicida han encontrado diversas formas de exigir justicia y pronunciarse a través de movilizaciones.

Las cifras de la impunidad en los casos de feminicidio son alarmantes: se estima que solo 5 de cada 10 feminicidios son esclarecidos, mientras que los homicidios dolosos alcanzan un 89.6% de impunidad.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a agosto de este año han sido asesinadas 2,571 mujeres y niñas, de las cuales únicamente 672 casos se investigan como feminicidio.

Mural en honor a Diana Velázquez. FOTO: Manuel López/ La Silla Rota

Tal es el caso de Diana, asesinada a los 24 años el 2 de julio de 2017 en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Desde el principio, la investigación estuvo llena de irregularidades: el cuerpo inicialmente fue denunciado como un hombre y se quedó en una morgue de Nezahualcóyotl durante cinco días hasta que su hermana pudo dar con él.  

Hasta la fecha, la familia no ha conseguido justicia. Su madre, Lidia Florencio, no ha parado de asistir a movilizaciones y protestas para exigir a la Fiscalía estatal que esclarezca el caso y castigue a quienes asesinaron a su hija.

Aún con Alertas de Violencia de Género, las distintas movilizaciones y esfuerzos para erradicar la violencia feminicida, México continúa con deficiencias  en las investigaciones de feminicidios en el Estado de México por la negligencia de las autoridades, lo que ha llevado a la pérdida de evidencias, que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género.

En varias ocasiones, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado de México ha pronunciado que los índices de feminicidio son menores a los que aparecen en las investigaciones, aunque también se sabe que se han negado a reabrir casos o tipificarlos como feminicidio aún con pruebas por parte de familiares, lo que ha generado impunidad, una debida justicia y medidas para la erradicación de la violencia de género.

Para hacer frente a la violencia feminicida, es fundamental que como Estado y como sociedad asumamos conjuntamente la responsabilidad de incentivar un cambio social que implique acciones legales, políticas, institucionales y culturales que busquen garantizar todos los derechos humanos de las mujeres.- CMDPDH

Las huellas del “terruqueo”

Las huellas del “terruqueo”

Por Alba Ñaupas para Perulogía

El ‘terruqueo’ dejó a Adelina García sin su esposo y a Liliana Tenorio le hizo perder a su padre. Treinta y ocho años después, ellas siguen buscando a Zósimo Tenorio. La esperanza de volver a verlo con vida disminuye, pero ambas anhelan una cosa: saber qué pasó con él. “¿Lo torturaron? ¿Lo quemaron? ¿Lo mataron?”, se pregunta Liliana. ‘Terruquear’ se volvió en el deporte favorito de muchos. Políticos y periodistas se encargaron de difundir odio y tildar de ‘terruco’ a cualquiera que ose pensar distinto a ellos. Pero ¿se puede ‘terruquear’ tan a la ligera?

Si deseas oír el podcast da click aquí.

Guía de escucha: 

Liliana: Duele cuando te dicen terruco. Aquí el estado te ha pisoteado, te ha dañado porque seguro los tildaron de terroristas, de terrucos, los asesinaron … Ya me imagino qué atrocidades le hicieron a mi pobre padre. No es justo que hasta ahora siga existiendo el ‘terruqueo’.

Narradora: Ella es Liliana Tenorio García. Su padre, Zósimo Tenorio, fue desaparecido por los militares. Lo acusaron sin pruebas de ser “terruco” y hasta el día de hoy, su familia no tiene noticias de él.

Narradora: En las últimas elecciones, terruquear se volvió algo muy común. Seguramente escuchaste varias veces a Beto Ortiz o Keiko Fujimori llamar terrorista o vincular con Sendero Luminoso a cualquiera que no pensara como ellos. Desde periodistas y políticos hasta personas de a pie lo hicieron sin ninguna vergüenza.

Beto Ortiz: “cita sobre terrucos”

Milagros Leyva: “Pero si todos sabemos quienes cantan Flor de Retama. ¿Qué piensas cuando los senderistas cantan Flor de Retama?”

Narrador: Hola, bienvenido a Eco, un podcast de Perulogía, espacio que busca armar nuestro país pieza a pieza. En el capítulo de hoy, las huellas del terruqueo en la incansable lucha por encontrar a Zósimo Tenorio.

Adelina: Yo me llamo Adelina García Mendoza. Yo soy presidenta actual de la asociación nacional de familiares secuestrados, detenidos y desaparecidos del Perú, Anfasep.

Narradora: Anfasep es una organización de mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos. Entre 1980 y el año 2000, se calcula que más de 20 mil personas fueron desaparecidas a manos de militares y policías. Zósimo Tenorio, el esposo de Adelina y padre de Liliana, fue uno de ellos.

Adelina: Y de repente nunca más no voy a encontrar sus restos, pero no me canso hasta el momento, sigo buscando señorita igual… Yo sigo buscando.

Narradora: En los 80, Sendero Luminoso empezó a aterrorizar a Ayacucho. En esos años de terror, en Huamanga, la capital de Ayacucho, Adelina conoció a Zósimo. Una vez casados, Zósimo seguía estudiando Ingeniería Agrónoma en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Ahí también enseñaba Abimael Guzmán, el cabecilla de Sendero Luminoso. Sin pensarlo mucho, Zósimo decidió que lo mejor era dejar de estudiar por un tiempo para garantizar cierta tranquilidad a su familia.

Adelina: Entonces, en 83 el dejó de estudiar porque había en la Universidad este movimiento…

Narradora: Se refiere a Sendero Luminoso

Adelina: Pues eso no le gustaba el ‘no, no, yo no, no estoy para eso’. Y también de parte de militares, de los policías fastidiaban a los universitarios. De ambos lados, diciendo que en la Universidad San Cristóbal hay muchos terroristas, decía ¿no? De esta forma, él no le ha gustado todo esto y lo dejó este año, en 83.

Narradora: Zósimo abandonó sus estudios para encontrar tranquilidad. Pero no lo logró. El 1 de diciembre de 1983, su vida cambió para siempre. Esa noche, mientras Adelina ayudaba a Zósimo en su trabajo como cerrajero, iban conversando sobre sus planes a futuro…

Adelina: Como tenía trabajo, él me dijo que voy a ir mañana voy a colocar la puerta de tal señor Alfaro porque está molestándome. Y me falta pintar todavía. Y me decía: ‘sabes que? Esta noche quiero trabajar hasta un poquito tarde. Ayúdame pintar o tú me acompañas’. Yo le decía, ‘ya pues, esta bien, voy a hacer cafecito o sino un caldo’.

Adelina: Después de esto, ya había sido 10:30 de la noche. Entonces es toque de queda. Sería mejor descansamos, le digo….

Narradora: Adelina y Zósimo se fueron a dormir con la idea de despertar muy temprano para seguir trabajando. Pero mientras dormían…

Adelina: Él había sentido a alguien que subía por la pared. Con su codo me decía: “Adelina despierta, creo que alguien entró por la pared”.

Adelina: Justo habla y en eso lo patean la puerta. Justo entran bastantes, 25 a 20 encapuchados. Entran y preguntan su nombre, él dijo “Yo me llamo Zósimo Tenorio Prado”. Ni siquiera su libreta electoral le preguntaron.  Así nada más lo levantaron.

Narradora: ¿Y qué hiciste en ese momento?

Adelina: Yo me agarré de su camisa, de su ropa … ahí me están agarrando otros cuando yo no quería soltar. … Así estaban jalando… Jalando del pelo todo entonces ahí yo también gritando me agarré, dijeron uno de ellos de afuera

Militar: “Vuela los sesos a esa terruca”.

Adelina: Ahí sí le dije “si es que yo soy terruca, ¿me están encontrando en la calle? ¿Qué estamos haciendo? Solo estamos durmiendo en mi casa. ¿Cómo es posible? Nos dice terruca, nosotros no somos terroristas».

Militar: ¡Calla terruca de mierda!

Adelina: En eso uno de ellos me patea y yo me caí en el suelo y de ahí yo no sabía nada. Yo no recuerdo nada.

Narradora: Adelina no sabe muy bien cuánto tiempo estuvo inconsciente. Solo sabe que cuando se levantó, Zósimo ya no estaba a su lado. Desesperada y con solo 20 años, Adelina solo podía escuchar el llanto de su hija y llorar con ella. ¿Qué más podía hacer en mitad de la noche?

Adelina: Me levanté esta vez de 12 o 1 de la mañana ya era esa hora entonces, llorando toda la noche amanecí. El día siguiente, como conocía a Mamá Angélica, su casa y todo, he ido corriendo porque yo sabía, ella estaba buscando ya a su hijo desde el mes de julio…

Narradora: Mamá Angélica es como se le llama a Angélica Mendoza, la fundadora de Anfasep. Al igual que Adelina, los militares le desaparecieron a su hijo. En todos estos años de búsqueda, Mamá Angélica fue quien ayudó a Adelina sobre qué debía hacer y a que lugares debía ir.

Adelina: entonces en eso yo corrí, yo le decía “¿Qué puedo hacer? a mi esposo anoche se lo ha llevado”. «¿Cómo voy a hacer?», yo preguntaba. Me decía “Anda primeramente a la comisaría. Después a la PIP».

Narrador: La PIP, la Policía de Investigaciones del Perú, como se le conocía antes a la Policía Nacional.

Adelina: Como dijeron, como me ha dicho, me fui esta mañana a las 8:00 de la mañana cargando mi bebé a preguntar a la comisaría. “Acá lo han traído a mi esposo anoche”, yo decía

Adelina: No está, no está, me dijeron. Pero como, a mi me dijeron que la comisaría van a llevar les decía. Me dijo “esta es una mentirosa, llévenla al calabozo, es por mentirosa, me decía. Entonces mejor me he salido de ahí. Me fui a la PIP.

Narradora: Pero ahí tampoco tuvo mucha suerte.

Adelina: Llorando regresé a mi casa, pero qué voy a hacer, decía. A donde voy a ir, eso era de mi mismo la pregunta.

Narradora: La hija de ambos, Liliana, tenía en esos momentos menos de un año, pero siempre acompañó a su mamá. Juntas empezaron una búsqueda que sigue hasta el día de hoy, 38 años después, y que les ha dejado huellas.

Liliana: El trauma que tuvo mi mamá siempre todavía repercute en nosotros cuando contamos la historia o cuando la escuchamos. Tal vez es doloroso no saber dónde está mi padre o si es que está muerto, no hubo un entierro digno pese a que siempre fue una persona muy inocente.

Adelina: De esa forma, señorita, ella también tenía miedo a los militaristas. Y peor cuando le contaba decía claro, como a mi papá, te va a hacer desaparecer, te van a pegar como esta vez, mejor nos ocultamos. Así me decía ella, mejor nos ocultamos, hay que llamar a los vecinos, cuando escuchaba cuando reventaba bala, ella se metía debajo de la cama, me dice escaparate mami, ahí vienen los militares.

Narradora: Para encontrar a su esposo, Adelina no escatimó esfuerzos. Buscó entre locos y cadáveres, pero nunca tuvo suerte. Un día le dijeron que había un cuerpo cercenado en el río Huatatas, un río muy conocido en Huamanga. Sin dudarlo, Adelina corrió con su hija Liliana en la espalda para ver si al fin había encontrado el cuerpo de Zósimo.

Adelina: Debajo de un árbol estaba un muerto, baje más abajo de la carretera, baje y ahí para mí estaba moviéndose, ese cuerpo… Entonces ahí también me acerqué y un perrito había entrado dentro de su cuerpo le estaba jaloneando… Entonces, de ahí justamente tire con piedras al perrito, llorando decía «así estará mi esposo, por ahí muerto, dónde encontraré» diciendo yo lloraba.

Narradora: Pero ese no era su esposo. Después de ver la ropa del cadáver, sabía que ese no podía ser Zósimo. Adelina recuerda bien qué ropa tenia Zósimo el día que se lo llevaron: vestía un pantalón marrón y una camisa azul con chispitas blancas. En cambio, este cuerpo llevaba ropa distinta y hasta tenía un diente de oro. De repente, mientras Adelina miraba el cadáver… [sonido de disparo]

Adelina: Así estuve y no se sabe de dónde disparaba, de donde cuidaban el cuerpo. Empezaron a disparar, pero éste disparó no me ha agarrado, solamente a un lado, a mi delante a una piedra llegó y chispas salió, así todavía sonó. Entonces gracias a Dios no me ha agarrado.

Narradora: Si alguien sabe de primera mano tooodo lo que tuvo que pasar Adelina, esa es Liliana, la única hija de Adelina y Zósimo. El terruqueo no solo dejó a Adelina sin su esposo. También dejó a Liliana sin la oportunidad de conocer a su padre.

Liliana: Yo siempre desde que tuve uso de razón siempre supe que papá estaba desaparecido por las Fuerzas Armadas, porque mi acompañamiento siempre era perenne con mi madre, mi madre nunca me dejaba sola.

Narradora: ¿Qué le diría a su padre si pudiese volver a verlo?

Liliana: Si él vendría le diría ¿por qué me dejó? Pese a que no fue su culpa, diría, ¿por qué me has dejado?, y abrazarlo, es lo único que haría, y llenar ese vacío que tuve por 38 años, conocer qué es amor de padre.

Narradora: Para Liliana todo esto ha sido muy difícil. No solo no pudo conocer a su papá o saber qué pasó con él, sino que muchas veces veía cómo maltrataban a su mamá. Cuando ella tenía menos de 10 años, un día acompañando a su mamá Adelina y a mamá Angélica, unos oficiales las retuvieron y sin importarles que Liliana sea solo una niña, las metieron al calabozo.

Liliana: Un día salimos de Anfasep, estábamos en la ruta y suben a la ruta el servicio de inteligencia y dicen que todos se identifiquen. En ese entonces a mi mamá le habían robado el DNI, pero ya había puesto la denuncia en la comisaría, por ese robo. A mi mamá la encuentran sin DNI y la hacen bajar de la ruta y yo también agarro a mi mama. No quería despegarme de mi mamá por cualquier cosa porque yo tenía un trauma cuando veía a los militares.

Liliana: Bajaron a mi mamá y a la señora Angélica y juntas nos llevaron a las instalaciones de la PIP. Nos metieron como en calabozo a interrogar a mi mamá, pese a que yo estaba asustada, ellos no les importaba, nos decían «que te pasa», era como si me despreciaran por ser niña o mujer… Ahí nos tuvieron, nos retenieron, yo vi a muchos presos en carceletas, … escuchaba música a todo volumen , y a lo que yo había escuchado, ciertos relatos de personas que ya habían estado inclusive encerradas en un cuartel, y si la música estaba alta es pq estaban torturando a alguien. Eso se me vino a la cabeza y le decía «ma, hay música alta, están torturando…

Liliana: Era un lugar muy horrible, traumático, ver a tanta gente encarcelada, en celdas bien pequeñas, tal vez escuchando ciertos gritos, confundía.

Liliana: Yo les suplicaba y les decía señor por favor déjala ir a mi mama, ya nos queremos ir, por favor.

Narradora: A los policías parecía no importarles las súplicas de una niña. Después de unas horas que parecieron interminables para Liliana, por fin las soltaron a ella y su mamá. Y aunque ella ha tratado de borrar estos recuerdos de su memoria, no puede evitar quebrarse cuando los cuenta…

Liliana: Sinceramente hay muchos episodios que para curar el alma he procurado olvidar. Si tal vez yo no estaba al lado de mi mamá, tal vez a mi mamá también le iban a desaparecer, no sé, a veces cuando yo recuerdo escena, me pregunto ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese estado? Tal vez por un poquito de respeto que me han tenido, tal vez a mi mamá no le han hecho más, pero estoy segura que si no hubiese estado al lado de mi mamá, mi mamá tal vez le hubiesen hecho algo, estoy muy segura.

Narradora: Tu mamá ha luchado desde muy joven y ha pasado por muchísimas cosas buscando a tu papá. ¿Cómo la describirías?

Liliana: A mi mamá la describiría como una persona valiente, luchadora y coraje. Eso para mí es mi mamá. Ella sabe que la amo mucho, ella sabe que si ella me faltara, yo moriría… para mí es una reina, yo la amo tanto porque es lo único que me queda.

Narradora: 38 años después, Liliana aún no pierde las esperanzas de encontrar a su papá Zósimo y al fin poder conocerlo, o al menos, saber qué pasó con él. Pero mientras espera que se pueda cumplir su más grande sueño, también espera que el tiempo le ayude a curar las heridas de perder a su padre.

Liliana: Yo anhelo saber la verdad, que se haga justicia, sobre todo verdad, quiero saber qué ha sucedido con él porque aún sigue abierto ese duelo… ¿Falleció? ¿Murió? Donde esté seguro está bien, pero anhelo esa verdad. Al no saber lo que ha sucedido, llega en el alma y te preguntas «¿Cómo estará él? «¿Cómo habrá muerto? ¿Lo habrán torturado? ¿De qué forma habrá muerto? ¿Lo habrán quemado? ¿Lo habrán botado? Son situaciones que te imaginas y es duro sentirse así, sentir un vacío y volver a tu realidad. Son 38 años que nunca he podido saber de él.

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Niñas tienen cuatro veces más riesgo de morir durante un parto

Niñas tienen cuatro veces más riesgo de morir durante un parto

Por Muy Waso

Este riesgo también está presente durante el embarazo. Además, los productos de las violaciones enfrentan un riesgo 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida. En Bolivia existen antecedentes recientes.

Los embarazos infantiles forzados no salvan ninguna vida, las ponen en situaciones de mayor peligro y violencia. Son una forma de tortura.

Bajo el lema de «salvemos las dos vidas» la cúpula eclesiástica boliviana y movimientos antiderechos obligan a una niña de 11 años a seguir con un embarazo provocado por una violación.

Sin embargo, diversos estudios, informes y reportes internacionales confirman que cualquier embarazo o parto infantil es de alto riesgo. Mientras menor sea la edad de la embarazada, mayor es el peligro.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las mujeres de 15 a 19 años en todo el mundo.

Otro reporte del mismo organismo confirma que el mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a adolescentes menores de 15 años. Allí también se puede leer que la probabilidad de que una mujer de 15 años acabe muriendo por una causa materna es de una en 180 (en países en desarrollo).

La organización Plan International, por su parte, advierte que las niñas de entre 10 y 14 años tienen cinco veces más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto.

Una cifra similar se registra en Perú. Datos del Seguro Integral de Salud de ese país, difundidas en una cartilla del proyecto Niñas No Madres, las menores entre esas edades tienen cuatro veces más riesgo de morir durante el parto que una mujer adulta.

Los embarazos infantiles forzados no salvan ninguna vida, ponen en riesgo la vida de niñas y revictimizan a aquellas que sufrieron abusos sexuales.

Riesgos para los recién nacidos

En los casos en los que se obliga a niñas y adolescentes no solo afecta la salud de las embarazadas. También implica riesgos para los fetos y neonatos.

Según Plan Internacional, la tasa de mortalidad de los recién nacidos de madres menores de 19 años es aproximadamente un 50% superior.

Esta información es corroborada por una publicación de la ONU, especialmente cuando se trata de países de ingresos bajos y medianos.

Este documento apunta que los productos de embarazos en menores de 20 años enfrentan un riesgo 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida, respecto a los fetos y neonatos de mujeres de 20 a 29 años.

«Cuanto más joven sea la madre, mayor el riesgo para el bebé», apunta el reporte publicado en enero de 2020.

Además, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer. Esto implica una serie de riesgos con efectos a largo plazo.

Entre las principales complicaciones que ponen en riesgo la vida y salud de menores embarazadas y productos del embarazo especialistas apuntan partos prematuros, hemorragias, eclampsia, preeclampsia, endometriosis puerperal e infecciones sistémicas.

Como ejemplo, en 2019 otra niña de 12 año víctima de violación sufrió complicaciones durante el parto. Como consecuencia, ingresó en estado de coma y hubo muerte fetal.

20 años antes, en 1999, una jueza le negó la Interrupción Legal del Embarazo a una niña de 11 años víctima de violación. El bebé murió antes de cumplir un año, según rememoró la periodista Beiby Vaca.

Hace casi un año, en octubre de 2020 y también en el departamento de Santa Cruz, otra víctima de estupro y violación de 14 años murió por complicaciones del parto. En este caso, además, la menor y su familia no tuvieron acceso a atención médica oportuna.

Las periodistas Zulma Alanes y Yolanda Salazar publicaron en 2016 un reportaje en el que dan cuenta de la situación. En él denuncian que la mortalidad materna en menores de 19 años es muy frecuente en Bolivia. Pese a la situación, apuntan en la publicación, «los registros oficiales son aun escasos, incompletos e inexistentes en varias regiones del país».

Los embarazos de niñas y adolescentes en Bolivia marcan cifras rojas desde hace varios años. El país tiene los peores indicadores de América Latina, la única región del mundo en la que los partos en menores de 10 a 14 años está en ascenso.

“Hay que terminar con esta tortura”: Estas personas quieren morir pero no las dejan

“Hay que terminar con esta tortura”: Estas personas quieren morir pero no las dejan

Por Albinson Linares para Telemundo

“¿Quién me va a proteger de tanto injusto y cruel sufrimiento?”, se pregunta un hombre que disfruta al máximo la vida mientras cuenta los días que le faltan para cumplir su propósito. Necesita una ley que en América Latina cada vez está más cerca pese a la herencia católica.

Daniel Eduardo Ostropolsky lleva años mirando al abismo. Al principio notaba los cambios en su cuerpo de forma paulatina, semana a semana; un calambre repentino, debilidad en la mano derecha o algo de lentitud al moverse. Ahora experimenta lo que, con voz muy calmada, describe como un “desmoronamiento”.

“Todo empieza a fallar, los músculos empiezan con todo tipo de dolores y dificultades”, cuenta por teléfono desde su estudio en Mendoza, Argentina.

Ostropolsky fue diagnosticado hace cuatro años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal.

La ELA mata las células motoras, precisa Ostropolsky con sonrisa velada. Y, sin esas células, lentamente el cerebro pierde la capacidad de generar los movimientos de los músculos.

“La asfixia es una sensación que empieza a acompañar al paciente que sufre esta enfermedad. Ningún aparato, invasivo o no, y ninguna operación de la naturaleza que sea calma esta sensación de asfixia”, asevera Ostropolsky, de 72 años, entre resoplidos y fatiga.

Mientras el cuerpo se hunde, su cerebro sigue volando: él cuenta que le arranca cada instante de placer a la música, la lectura y los luminosos amaneceres de su región: “El diagnóstico hasta ahora resignifica el valor de la vida y amplifica la belleza y las ganas de vivir. Pero esas ganas, esa belleza, se van a empañar si no se sale de la vida con la misma dignidad y elegancia con la que se ha vivido”.

Ostropolsky es un hombre de leyes, un experimentado abogado que todo lo filtra a través de la jurisprudencia, ésa es su manera de enfrentarse al abismo. El pasado 30 de mayo escribió un largo alegato en su cuenta de Facebook para llamar la atención de los legisladores argentinos, y del mundo entero, sobre la imperiosa necesidad de que se apruebe una ley de eutanasia.

En sus palabras, la ausencia de esa ley es un agravio a la condición humana porque, tanto él como muchas otras personas con enfermedades graves, tarde o temprano quedarán reducidos a un estado de “dolor permanente y sin esperanza de alivio ni mejoría”.

“Se nos condena a muerte… en vida”, lamenta.

Se calcula que la ELA afecta a 5 de cada 100,000 personas en todo el mundo y, hasta ahora, no tiene cura. Es conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, un beisbolista de los Yankees de Nueva York diagnosticado en 1937.

La sufrió Stephen Hawking, el célebre físico británico. Y también es la enfermedad que padece Martha Sepúlveda Campo, la colombiana que el 9 de octubre se iba a someter a un procedimiento de eutanasia que fue cancelado a última hora porque un comité médico dictaminó que no cumple con el “criterio de terminalidad”.

Sepúlveda solicitó el procedimiento ateniéndose a una reciente decisión de la Corte Constitucional colombiana que este año eliminó el requisito de tener un pronóstico terminal.  

Dios no me quiere ver sufrir a mí, yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos (…) Yo sé que el dueño de la vida es Dios, sí. Pero estoy sufriendo, y creo en un Dios que no quiere verme así”, dijo Sepúlveda, de 51 años y católica practicante, en una entrevista con Noticias Caracol.

[Negarle la muerte digna a Martha Sepúlveda es “irrespetuoso” e “ilegal”: reacciona familia de la colombiana que pide morir]

Su caso ha impulsado el debate de la eutanasia en la región, donde en diversos países (como Chile, Uruguay y Argentina) ya existen proyectos de ley que buscan despenalizar el procedimiento. En todo el mundo, la eutanasia es legal en siete países: Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, España, Países Bajos y Colombia.  

El término eutanasia proviene del griego euthanasía, formado por el prefijo eu (que equivale a bueno, dulce) y el vocablo thánatos (muerte), por lo que su significado sería la muerte buena, muerte dulce, o muerte fácil. Tanto en la Grecia clásica como en Roma era una práctica común y diversos filósofos escribieron al respecto. “Es preferible quitarse la vida, a una vida sin sentido y con sufrimiento”, reflexionaba Séneca en las Epístolas a Lucilio.

En la actualidad, consiste en provocar el fallecimiento de un paciente por decisión propia mediante la administración de fármacos o sustancias letales.

La eutanasia no es sinónimo de suicidio médicamente asistido. De manera general, en el caso del suicidio médicamente asistido el médico provee al paciente con la información o la medicación necesaria para que interrumpa su vida por su propia mano.

Los pacientes terminales o con enfermedades crónicas pueden caer en una situación de encarnizamiento médico o ensañamiento terapéutico. Estos términos se aplican cuando se siguen administrando tratamientos que, según los datos médicos, son inútiles, ante la esperanza de lograr alguna mejoría.

Daniel Ostropolsky, junto a una de sus hijas, durante unas vacaciones familiares en Alemania.
Daniel Ostropolsky, junto a una de sus hijas, durante unas vacaciones familiares en Alemania. Andrés Ostropolsky

En contraste, los cuidados paliativos buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes cuando están enfrentando situaciones de riesgo de vida, con tratamientos para el dolor y otros problemas físicos o psicológicos.

Personas con enfermedades incurables como Ostropolsky y Sepúlveda dicen amar la vida pero advierten de que sus existencias se van sumiendo en una espiral de limitaciones que les quita dignidad y los expone a dolores atroces.  

“Una ley va a poner un manto de piedad para aquellos que se encuentran en una situación calamitosa, sin esperanza alguna. No hacerlo así, es prolongar el sufrimiento que acompaña a una agonía muy injusta”, explica Ostropolsky.

Colombia se convirtió en 1997 en el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia. Según los datos de su Ministerio de Salud, desde entonces se han practicado 157 procedimientos.

Hasta este año sólo se permitía en casos de enfermedades con diagnósticos terminales y una expectativa de vida de seis meses o menos. Sin embargo, la Corte Constitucional colombiana amplió en julio ese derecho, permitiendo el procedimiento “siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable”.

Cuatro días después, Martha Sepúlveda pidió permiso para tener una muerte digna, que le fue otorgado el 6 de agosto.

“Estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento, me río más, duermo más tranquila”, contó en ese momento.

Sus familiares y el equipo legal que la asesora han calificado la cancelación de la eutanasia como “ilegítima y arbitraria”. Y ya tomaron acciones al respecto: presentaron una tutela para solicitar a un juez la protección ante la vulneración de un derecho.

“Debía ser un procedimiento sencillo, lleno de amor y de tranquilidad en compañía de su familia”, dijo Lucas Correa Montoya, uno de sus representantes legales en conversación con Noticias Telemundo.

[Celebró su muerte, pero se la negaron a último momento: qué pasó con Martha Sepúlveda y la eutanasia que no fue]

Adriana González, abogada colombiana que en 2015 estuvo a cargo del caso de la primera eutanasia legal en Colombia, explica que es normal que las entidades de salud revisen una decisión por temor a problemas legales.

“Ahora, cancelarlo a último momento, no: eso es lo insólito de estas situaciones”, remarca en una entrevista con Noticias Telemundo.

“Someter a un paciente y decirle sí, le vamos a aplicar la eutanasia y un día antes o media hora antes le dicen que no se la van a aplicar, eso es un acto de tortura”, insiste.

La eutanasia y el suicidio asistido son ilegales en México, pero en 2008 se aprobó la Ley de Voluntad Anticipada que permite que los ciudadanos decidan, en caso de padecer una enfermedad terminal, si quieren continuar o no con los tratamientos médicos que prolongan su vida (con respiradores, alimentación artificial, operaciones y otros métodos).

Más de 10,000 personas han firmado el documento de voluntad anticipada, pero como no es una ley federal solo está permitido en Ciudad de México y 13 estados.

Una encuesta realizada en 2016 por la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad reveló que un 68% de los adultos consultados considera que una persona con una enfermedad dolorosa, y en fase terminal, debería poder decidir si quiere morir. Además, una consulta llevada a cabo por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México en 2020 mostró que el 72% de los ciudadanos considera que la eutanasia debe legalizarse.

“Pero no tenemos la eutanasia que, en mi opinión, es un medio indispensable para que cuando alguien llega al límite de lo que quiere seguir viviendo por su enfermedad pueda tener la posibilidad de pedir ayuda para morir y recibirla de un especialista sin que tenga que ser clandestino y sin poner en riesgo a nadie”, explica Asunción Álvarez del Río, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Se trata de tener una buena muerte, sin nada de dolor”, dice.

Álvarez del Río, de 64 años, ya hizo su solicitud y es enfática cuando explica sus razones. “Soy consciente de que tengo la posibilidad de perder la capacidad para decidir de un momento a otro y me queda claro que hay condiciones en las que no querría vivir, incluso si ya no me doy cuenta o si estoy completamente inconsciente en un estado vegetativo. Al pensar en la posibilidad de quedar así, me parece importante evitarlo”, asevera esta doctora en bioética.

En 2012, el Senado argentino aprobó una ley que autoriza a rechazar tratamientos que prolongan artificialmente la vida de pacientes con síntomas terminales o irreversibles. Desde 2015, una modificación del Código Civil permite que las personas puedan formular directivas anticipadas: es decir, están en capacidad de permitir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud.

La eutanasia es ilegal, aunque se está preparando un proyecto de ley que busca regular “la prestación de ayuda para morir dignamente”. Es conocido como la Ley Alfonso, en homenaje a Alfonso Oliva, un hombre de 36 años que falleció en 2019 y quien, al igual que Ostropolsky y Sepúlveda, también sufría de ELA.

Durante más de 40 años, Carlos Soriano ha trabajado en salas de cuidados intensivos donde ha visto de todo. Desde curaciones sorprendentes, al filo de las explicaciones racionales, hasta lentas recuperaciones y suicidios fallidos de gente que hace cualquier cosa para intentar acabar con sus sufrimientos.

La ausencia de una ley de eutanasia empuja a muchos pacientes a verse acorralados, entre la espada y la pared, por lo que se compran una pistola, una caja de fenobarbital o algún veneno contra hormigas y, lo peor, es que a veces quedan vivos con un sufrimiento mucho más terrible”, advierte en tono categórico este médico y especialista en bioética.

Daniel Ostropolsky, durante una sesión de lectura, en su casa de Mendoza, Argentina.
Daniel Ostropolsky, durante una sesión de lectura, en su casa de Mendoza, Argentina.Andrés Ostropolsky

Aunque dice haber visto de todo, no puede olvidar su primer encuentro con Oliva en 2019. Para entonces, el hombre ya no hablaba: estaba postrado en una silla de ruedas y usaba un software de computadora para comunicarse con pestañeos. Era una forma de hablar exasperante por la lentitud, pero había centrado toda su lucidez para preparar una carta, junto con su abogado, en la que abogaba por la eutanasia.

“Su vida era como una pesadilla pero al revés: en las noches soñaba que corría, que volaba, que hacía el amor. Pero cuando se despertaba estaba viviendo esa pesadilla cruel con un sufrimiento existencial terrible”, explica el médico, que, luego de conocerlo, abrazó a los familiares de Oliva y se desgajó en sollozos.

Elegir cómo morir tiene que ser un derecho de vida”.

ALFONSO OLIVA, PACIENTE DE ELA

Cuando el médico le preguntó qué es lo que extrañaba más, el hombre no lo dudó y le dijo que comer. Llevaba años alimentándose con una sonda que iba directamente a su estómago. “Esta cosa tan natural que es llevarse un pan a la boca o tomar un plato de sopa, él no lo podía hacer. Son sufrimientos prácticamente intangibles que muchos no entienden. Pero precisamente las personas que no viven eso son las que deciden si estos pacientes pueden decidir cómo morir. Es una locura”, comenta.

“Elegir cómo morir tiene que ser un derecho de vida”, es una frase de Oliva que sus familiares suelen repetir en diversas entrevistas. Es como un mantra que Soriano, quien asesora al equipo del proyecto de ley, también recuerda.

Al igual que Álvarez del Río, la experta mexicana, el médico argentino también tiene lista su solicitud de voluntad anticipada. A sus 68 años no quiere imprevistos que ensombrezcan la vida de sus familiares.

“La tengo en mi casa y se la di a mi familia. Estas cosas hay que hablarlas con tiempo para evitar controversias y sufrimientos, si lo dejas por escrito ya no hay discusión posible. Pero hay personas que no pueden hacer esta solicitud, lo cual es terrible. Por eso hay que tener una ley de eutanasia”, concluye.

En Chile, los pacientes en estado terminal pueden rechazar tratamientos desde 2012 y actualmente el Congreso debate un proyecto de ley sobre eutanasia y muerte digna que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora espera en el Senado.

En una sesión de la Comisión de Salud, celebrada el 31 de agosto, los senadores escucharon a una mujer de mirada profunda y verbo vehemente que hablaba sobre la tortura vive a diario y el derecho a morir que les exige a los legisladores.

Decidí que la eutanasia sería para mí, no tengo la valentía de suicidarme, pero los dolores que tengo no los debería tener nadie. Por eso estoy pidiendo una ley de eutanasia, no un buen morir, no quiero una sedación paliativa, quiero una muerte segura”, decía Cecilia Heyder, activista y luchadora social chilena.

Heyder, de 55 años, ha sufrido varias complicaciones de salud que la atormentan y la llevaron a estar en una silla de ruedas. Además de presentar cáncer metastásico y lupus, desde 2019 sufre de un trastorno sanguíneo que la obliga a someterse a constantes transfusiones de plasma todas las semanas.

Cecilia Heyder, activista chilena que lucha por la aprobación de la ley de eutanasia en su país. Heyder sufre de cáncer, lupus y otras enfermedades.
Cecilia Heyder, activista chilena que lucha por la aprobación de la ley de eutanasia en su país. Heyder sufre de cáncer, lupus y otras enfermedades.Esteban Felix / AP

“Es una crueldad salvaje, es una tortura estar consciente de que tu cuerpo ya no responde, y por no estar en un estado de semi inconsciencia o inconsciente, no tengo derecho a una eutanasia. No es normal sangrar por la nariz y no poder mantenerme o ir a comer y vomitar sangre. Mis articulaciones se desgarran por dentro y se inflaman. Los dolores son horripilantes”, explica Heyder quien tiene tres catéteres permanentes y le suministran morfina cada seis horas.  

El proyecto de ley fue presentado al Congreso en 2014 por parlamentarios de centro izquierda y establece un marco legal para que los pacientes con enfermedades terminales puedan decidir cuándo finalizarán sus vidas. El documento establece que solo podrán gozar de ese derecho las personas mayores de 18 años que “presenten una enfermedad incurable, irreversible y progresiva, sin posibilidades de respuesta a los tratamientos curativos y con un pronóstico de vida limitado”.

La eutanasia va a ser mi última batalla porque la necesito desesperadamente”

CECILIA HEYDER ACTIVISTA POR LA EUTANASIA

Heyder ha librado una batalla legal en su país para impulsar la ley porque tiene la esperanza de verla aprobada antes de fallecer. En 2006 y 2011, antes de enfermarse, la activista ya había apoyado varios proyectos de ley de eutanasia que no fueron aprobados.

Llevo más de 30 años en las calles luchando por la verdad, la justicia y contra la impunidad. Mi padre fue ejecutado en la dictadura militar del sangriento Pinochet y he luchado toda mi vida por causas como el aborto libre y gratuito, la marihuana medicinal y recreacional y también apoyé la eutanasia, pero nunca pensé que la iba a necesitar. La eutanasia va a ser mi última batalla porque la necesito desesperadamente”, dice en una entrevista con Noticias Telemundo.

Aunque las leyes peruanas prohíben la eutanasia, en febrero de este año una corte falló a favor de una solicitud de Ana Estrada, una psicóloga de 44 años que desde hace tres décadas padece una enfermedad degenerativa y reclamaba su derecho a la eutanasia.

Estrada sufre polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que debilita sus músculos de manera crónica, y en 2015 comenzó a afectarle los músculos respiratorios por lo que tuvo que someterse a una traqueostomía y una gastrostomía (tiene sondas en la tráquea y en el estómago para respirar y comer), y quedó bajo el cuidado constante de enfermeras.

Mi cuerpo falla, pero mi mente y mi espíritu están felices. Quiero que el último momento de mi vida siga siendo así, en libertad, con paz, tranquilidad y con autonomía, quiero que se me recuerde así”, dijo Estrada en una entrevista, poco después de la decisión que autoriza su eutanasia.

Sin embargo, el caso de Estrada todavía no se ha resuelto. En mayo fue elevado a la Corte Suprema que podría ratificar el fallo de febrero con lo que ya sería una sentencia firme o revisar el caso.

Lo que quiero para mí, y para todas las personas, es tener la autonomía de mi cuerpo”.

FLORENCIA SALGUEIRO, ACTIVISTA POR LA EUTANASIA

Mientras tanto, Estrada, como muchos otros pacientes en América Latina, sigue esperando.

En Uruguay existe la ley conocida como de voluntad anticipada o del buen morir, que regula también la libertad de un paciente para rechazar un tratamiento, incluidos los cuidados paliativos, con el fin de acelerar su desenlace final.

Pero, como sucede en otros países, también se está presentando un proyecto de ley sobre la eutanasia que busca permitir que el personal médico pueda propiciar el fallecimiento de una persona “mayor de edad psíquicamente apta y enferma con una patología terminal, irreversible e incurable”.

Para Florencia Salgueiro, activista y miembro de Empatía Uruguay, una organización que impulsa la despenalización de la eutanasia, la discusión de la ley es un tema crucial para el futuro porque tuvo que ver cómo su abuelo, su tío y su padre sucumbían a los rigores de la ELA, sin poder hacer nada al respecto.

“Lo que quiero para mí, y para todas las personas, es tener la autonomía de mi cuerpo. Es decir, que la decisión sea vivir hasta el último segundo posible, y que irme antes de tiempo sea una posibilidad que esté en mis manos porque hoy en día eso no existe”, explica Salgueiro.

Una encuesta del Sindicato Médico de Uruguay en mayo de 2020 mostró que el 82% de los ciudadanos está a favor de la eutanasia y el 62% a favor del suicidio asistido.

“Hay una gran oportunidad porque el 82% de los uruguayos no estamos de acuerdo en nada, ni siquiera en el fútbol. Es el momento”, asevera Salgueiro.

Otros países de la región también han desarrollado proyectos similares de leyes o reformas que contemplen a la eutanasia, pero no han sido aprobados como es el caso de El Salvador y Venezuela.

Los países latinoamericanos, en general, tienen poblaciones que mayoritariamente profesan la fe católica, por lo que las frecuentes críticas que los prelados religiosos hacen sobre las iniciativas legales para instituir la eutanasia suelen influir en la lentitud o el descarte de los proyectos de ley, según afirman diversos expertos.

“La religión debe ser respetada como cualquier tipo de creencia, pero no puede ser el único argumento porque qué hacemos con aquellas personas católicas que quieren morir dignamente, o con los ateos o la gente de otra religión que no está de acuerdo con que la vida es de Dios y que solo Dios nos la puede quitar”, asevera Soriano. 

Mientras continúan los debates, pacientes como Ostropolsky pasan sus días aprovechando al máximo los placeres de los actos cotidianos como el aroma de un platillo preferido o la delicada armonía de un movimiento musical.

El abogado argentino dice que, pese a todo, no abandona el buen humor.

Hace unos días, acompañaba a su hija en el jardín. Mientras ella trasplantaba unas macetas, hablaba por teléfono y le pidió a alguien que le trajera unas bolsas de tierra. Ostropolsky la interrumpió, entre risas, y le dijo “todavía no, hija, espera que me agrave un poco más”.

Sin embargo, se muestra muy serio cuando habla de sus últimos días. “Transito mi camino pensando en que va a existir esa ley. Si eso no sucede, ¿quién me va a proteger de tanto injusto y cruel sufrimiento?”, pregunta con semblante sombrío.

Organizaciones unidas: Alimento para todos

Organizaciones unidas: Alimento para todos

Por Aylinn Siñas y Gianpaul Orihuela Bazan

Organización y resistencia de ollas comunes. FOTO: Arturo Gutarra/ La Antígona

En el Perú, la pandemia ha afectado a todas las personas en distintos grados. Sin embargo, antes de la llegada del COVID-19, ya existían grupos sociales que vivían en situaciones precarias debido a la poca acción del Estado en atenderlos y apoyarlos. Estos grupos se enfrentaron a múltiples problemáticas: la falta de trabajo, un sistema de salud colapsado o la mala alimentación. Para afrontar esta última, se tuvieron que crear redes de apoyo mutuo y se conformaron las ollas comunes. La Antígona conversó con Carmen Zúñiga, líder en dichas organizaciones locales autogestionadas que brindan auxilio alimentario para lograr que nadie se quede sin un plato digno de comida.

 EL INICIO DEL PROBLEMA

Al finalizar el último trimestre del 2020, un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que la población ocupada a nivel nacional disminuyó en 13%, es decir que un equivalente a 2 millones 231 mil 300 personas se quedaron sin empleo en el país.

Estas cifras demuestran una realidad que afectó a muchas familias peruanas. El desempleo hizo que una gran cantidad de personas se encuentre en situación de vulnerabilidad y no tenga la posibilidad de satisfacer necesidades básicas. Una de ellas, y la más urgente, fue la alimentación.

Carmen Zúñiga es una activista social que hizo resistencia a esta problemática latente. Originaria del departamento de Puno, radica en el distrito limeño de Villa María del Triunfo desde hace más de 35 años. Ella pertenece a la Federación de Mujeres de VMT y a la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, que tiene más de un año de existencia gracias al trabajo constante de más personas como ella.

Fuente: Facebook Red de Ollas Comunes de Lima

Las ollas comunes son una estrategia barrial de subsistencia ante la crisis alimentaria que incrementó y afectó a muchos durante el confinamiento. Es un modo de organización popular que enfrenta la falta de alimento y desnutrición a nivel regional, es una respuesta desesperada y comunitaria para la supervivencia vecinal.

Según data oficial de la Municipalidad de Lima, actualmente se encuentran registradas unas 2116 ollas comunes en la capital que distribuyen un total de 940 millones 825 mil 636 raciones de comida diarias. La mayor presencia de las ollas comunes se encuentra en el distrito de San Juan de Lurigancho, con 571 núcleos. Villa María del Triunfo es el siguiente con 407, y le sigue Comas con 167. Sin embargo, estas cifras son incompletas, ya que no se consideran a las organizaciones que trabajan en la informalidad.

“Esta pandemia ha visibilizado todos esos problemas económicos y sociales que teníamos antes. Las ollas comunes se han formado para el tema de la alimentación. La pobreza que existía crudamente ahora ha rebrotado”, nos comentó Carmen. Al inicio de la pandemia, uno de los retos más grandes de los miembros de las ollas comunes fue su organización, cuenta Zúñiga. Al principio, se implementaron las ollas comunes con banderas blancas en cada uno de los distritos con más necesidades. Luego, con el apoyo de especialistas del Gobierno de Lima Metropolitana, ellos pudieron unirse.

El número inicial fue bajo. La red logró crear un grupo de WhatsApp con todas las ollas. En este grupo, coordinaban las zonas de San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Pachacamac, Independencia y Carabayllo; ellos fueron los cinco distritos que iniciaron la red. “Buscamos integrar a aquellas organizaciones muy lejanas, donde nunca ha subido una autoridad, donde no hay agua, donde no hay luz y con niños y ancianos que sufren de mala nutrición”, nos indicó la activista.

Para la Defensoría del Pueblo, la situación en la que se encuentran las ollas comunes en el Perú es precaria, y es por ello es necesario brindarles también provisiones de agua segura y mejoras de infraestructura y equipamiento. Sin embargo, el Estado no ha respondido correctamente en estas áreas.

INICIATIVAS ESPERANZADORAS

Ante ello, la excongresista y actual premier Mirtha Vásquez Chuquilín presentó en el mes de junio el Proyecto de Ley N° 7821, el cual buscaba declarar de necesidad pública e interés nacional la emergencia alimentaria en el Perú. Con este proyecto, la exparlamentaria expuso que el Estado debía tener un rol eficaz en la activación de ollas comunes, dotándolas de recursos y equipamiento, así como la creación de un Comando Nacional de respuesta frente a la Emergencia Alimentaria.

Mirtha declaró que la norma debe “destinar presupuesto y reconocimiento institucional a las iniciativas ciudadanas de respuesta al hambre como las ollas comunes”.

Fuente: Twitter Red de Ollas Comunes de Lima

La iniciativa legislativa fue retomada por la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán. El 12 de agosto presentó su Proyecto de Ley N°25 y el 9 de septiembre, en el Pleno del Congreso, expuso que esta iniciativa debería ser vista desde la multisectorialidad, ya que involucra la agricultura familiar, la salud, la inclusión social, la producción, la economía, el desarrollo y las familias.

 “El proyecto de ley de Mirtha Vásquez fue elaborado en conjunto con las organizaciones sociales y la población. Lamentablemente, en el cambio de periodo de Gobierno, fue archivado. En esta nueva gestión, nosotras tocamos la puerta del Congreso para que puedan desarchivarlo y la única persona que nos dio atención fue la congresista Sigrid Bazán. Ella siempre recalca que ese fue el trabajo de Mirtha Vásquez en conjunto con la Red de Ollas Comunes y el pueblo”, nos dijo la representante de esta organización.

Luego de que Sigrid retomara el proyecto de ley, hubo varios impedimentos para que este pueda aceptarse, y como era de esperarse, el más grande obstáculo no estaba en sí en la elaboración del proyecto de ley, sino en la lentitud y falta de coordinación por parte del legislativo en reuniones inconsecuentes.

Fuente: Twitter Red de Ollas Comunes de Lima

Así lo dejó en claro Bazán: “Vamos dos plenos sin discutir una emergencia que ya existe en la realidad y es que la gente no tiene qué comer. ¿Por qué? Porque discutieron una hora sobre si el presidente debe viajar o no a Bolivia, también se ha discutido tres horas un plan de las prioridades en materia legislativa que en realidad se ha aprobado sin ninguna modificación; es decir, la discusión fue por las puras”, señaló a los medios de comunicación.

Carmen se muestra indignada por las precarias propuestas de otros congresistas con respecto a la Ley de Emergencia Alimentaria, donde solo se recalca la formalización de las ollas comunes mediante donaciones y el trabajo en conjunto con las ONG, lo que provocaría una distancia hacia el enfoque de la administración y coordinación de la Red de Ollas Comunes.

Zúñiga nos lo confirmó: “Nosotros, desde la red de ollas, queremos trabajar en la sostenibilidad y autogestión, y agregando que desde la organización se muestran preocupados porque Maricarmen Alva, presidenta del Congreso, no había querido aceptar la ley y solo quería tocar dos puntos de ley de emergencia alimentaria, y no se puede hacer un trabajo sin contar con la perspectiva de las organizaciones”.

La mutilación del proyecto de ley que pasó de seis a dos artículos fue una de las causas que produjo la indignación de las personas, y más de las tantas activistas de ollas comunes, porque supuestamente ya tenían el apoyo y confianza de Maricarmen Alva, quien en señal abierto manifestó un interés hacia estas organizaciones y, en general, hacia las asociaciones en favor de poblaciones vulnerables.

Fue la misma presidenta del Congreso quien, durante su presentación el 23 de octubre en el programa de televisión “Porque hoy es sábado con Andrés”, habló sobre estos asuntos y mostró materiales audiovisuales que probaban su aparente apoyo a ayudas sociales, lo cual —en ese momento— era algo esperanzador.

Fuente: Canal de YouTube de Andrés Hurtado

En el programa también reiteró directamente su supuesto apoyo a las ollas comunes de Lima para establecer y formalizar medidas que ayuden y fortalezcan estas organizaciones. No obstante, esto no se vio reflejado en la reunión legislativa para la aprobación del proyecto de ley donde, como ya se mencionó, mutilaron el proyecto de ley y dejaron de lado cuatro de los seis artículos propuestos con respecto a la emergencia alimentaria.

Estas razones incentivaron a distintos grupos de ollas comunes a manifestarse para que la aprobación del Proyecto de Ley de Emergencia Alimentaria contemple los seis artículos consensuados por estas organizaciones. La manifestación se dio frente al Congreso el pasado 21 de octubre.

PROTESTAS ANTE LA INDIFERENCIA

El plantón inició frente al Parlamento, donde se unieron voceros, activistas e integrantes de las ollas comunes para exigirle al Estado el reconocimiento del proyecto de ley que declare en Emergencia Alimentaria al país. A raíz de ello, algunos grupos violentos empezaron a generar disturbios y a agredir a los manifestantes.

Lo que era una manifestación mesurada y organizada por parte de grupos que exigían justicia terminó en una gran represión cargada de violencia física y psicológica. Este hecho fue aún más sorprendente para Carmen Zúñiga, que, a pesar de estar años sumergida en proyectos sociales, participó por primera vez en un plantón.

“Nosotros estamos luchando por la ley de emergencia alimentaria (…) Hemos ido de modo pacifico para luchar por nuestros derechos, y nos dimos con la sorpresa que había otro grupo: La Resistencia. Hemos sido agredidos con palabras y frases clasistas como: ‘muertos de hambre’ o ‘váyanse a su cerro’”, lamentó Carmen.

Grupo radical La Resistencia. FOTO: Piko Tamashiro / GEC

UN PASO ADELANTE

A pesar de las fuertes represiones, estas no fueron impedimento para que oficialmente el 28 de octubre de este mismo año se aprobara la Ley de Emergencia Alimentaria con el texto sustitutorio, que no solo se reduce a algo formal, sino más bien a una reformulación del interés común de los ciudadanos y voceras de ollas comunes por un derecho fundamental: la alimentación.

Desde sus distintas redes sociales, las ollas comunes expresaron haberse sentido totalmente satisfechas por el arduo trabajo que ellas realizaron para obtener esa aprobación. Además, confían en que este proyecto de ley sea el inicio para que los distintos congresistas o funcionarios públicos atiendan al pueblo, sepan sobre sus necesidades y que esta sirva como herramienta para crear medidas importantes y sostenibles.

Este es uno de tantos obstáculos que tendrán que atravesar las organizaciones semejantes, donde no solo se interponen problemas sociales, económicos, políticos o culturales, sino que también deberán enfrentar los actos corruptos y desdenes de personas o grupos que no asimilan un cambio en la sociedad para que todos reciban sus derechos fundamentales.

Lo bueno de superar estos obstáculos es el panorama y las decisiones futuras, donde se tomaría en cuenta a la Red de Ollas Comunes, y que estas alcancen a trabajar en equipo con el pueblo y aprendan a reconocer sus necesidades, sus perspectivas y sus problemas, que van más allá de no tener dinero.

“Es hora de transformar el país, es hora de concientizar nuestros derechos, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la educación; que todos debemos tener y toda la población debe saber. Nadie puede vulnerar nuestros derechos”, señala con firmeza Carmen.

Siempre han existido estos problemas de precariedad debido al poco accionar del Estado, y estos se han acentuado. El Gobierno, en vez de apoyar a estas poblaciones más vulnerables, las ha invisibilizado, lo que ha dado como resultado distintas manifestaciones sociales en las que se pone en riesgo la salud de la población.

Esta indiferencia por parte de nuestras autoridades hizo envalentonar a varias personas que, hoy en día, son voceros de organizaciones sociales. También hizo que muchas mujeres se sumergan en arduo trabajo, que ha traído consigo resultados que ayudan a poblaciones enteras a luchar por sus derechos fundamentales y combatir el hambre de las personas.

“Todos debemos seguir luchando, porque es la lucha del pueblo”, es la reflexión final de Carmen. Estamos en una sociedad, compartimos cultura, idioma y costumbres. ¿Por qué no apoyarlos en sus exigencias al Gobierno? Al fin y al cabo, esto es un problema que impacta indirecta o directamente en todos, todes y todas.

la antígona

Periodismo en Femenino

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