El último ‘ampay‘ grupal de la farándula peruana dejó en evidencia nuestra peor hipocresía: a ellos se les justifica la «inmadurez», a ellas se les factura la culpa del engaño.
ILUSTRACIÓN POR LA ANTIGONA
Cuatro hombres del entorno mediático, un plan coordinado y cámaras de seguridad. Durante las últimas semana, el mundo digital peruano ha girado en torno a la infidelidad grupal protagonizada por los chicos realityMario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi, y el empresario Francho Sierralta. Sin embargo, una revisión rápida a las redes sociales revela un fenómeno que resulta mucho más sintomático que el «ampay» en sí mismo: el señalamiento público no tardó ni veinticuatro horas en desviar la mirada de los infieles para colocar en el banquillo de los acusados a sus parejas, especialmente a Alejandra Baigorria y Onelia Molina.
Las preguntas que dominaron la conversación en redes y en la calle no cuestionaban la falta de responsabilidad afectiva de estos cuatro hombres adultos. El debate se centró en ellas: “¿Por qué siempre los perdonan?”, “Seguro lo descuidó por estar trabajando”, “Ella es demasiado exitosa, seguro lo emasculiza y él tuvo que buscar validación en otra parte”.
En el Perú, la infidelidad suele tener rostro masculino, pero la culpa se conjuga en el femenino. Este caso de la farándula nacional funciona como una radiografía perfecta para entender cómo opera la doble moral machista, el pacto patriarcal y el asfixiante mandato social que empuja a las mujeres a sostener relaciones tóxicas a cualquier costo.
Anatomía de la complicidad masculina
Para entender la magnitud del sesgo, es necesario observar la dinámica del engaño. Cuando un grupo de hombres que superan la treintena organiza una escapada de este tipo, no estamos frente a un error producto del azar. Estamos frente a una logística deliberada. Hay coordinación de horarios, coartadas cruzadas y, sobre todo, un pacto de silencio.
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Desde la sociología y los estudios de género, a esto se le denomina pacto patriarcal. La infidelidad, en este contexto, no es solo la ruptura de un acuerdo monógamo; es un ritual de validación entre “amigos” o “hermanos”. Los hombres se encubren y celebran su «viveza» pues creen que consumir cuerpos de mujeres en grupo reafirma su masculinidad frente a la manada. El engaño no es un accidente, es el pegamento que reafirma su amistad. Saben que, si son descubiertos, la sociedad les otorgará la carta de la «inmadurez eterna» y el tiempo limpiará su imagen.
El tribunal público: El mito de la «mujer que descuida»
Mientras ellos actúan con tranquilidad, las mujeres enfrentan un tribunal difícil.. Si la pareja engañada perdona, es tachada de «tonta» o «sin dignidad». Si la relación termina, la narrativa busca incansablemente el fallo en ella para justificar la traición de él.
Es aquí donde entran en juego los estereotipos más crueles. Si la mujer es dedicada al hogar, se asume que «se descuidó» y dejó de ser atractiva para su pareja. Pero si, como en el caso de las parejas de estos personajes, hablamos de mujeres empresarias, económicamente independientes y exitosas, el guión se adapta: “Trabaja demasiado” o “Su éxito lo hace sentir menos hombre”.
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La trampa es perfecta. El machismo nos impone la responsabilidad de mantener a nuestra pareja satisfecha, asumiendo que el deseo y la fidelidad masculina son variables que dependen exclusivamente del comportamiento de la mujer. Se invisibiliza por completo la libertad de decisión del hombre, disculpando su falta de compromiso para responsabilizarnos a nosotras de sus decisiones.
La falacia del tiempo invertido y el terror a los 30
Llegados a este punto, surge la pregunta que inunda las redes: ¿Por qué mujeres con recursos, belleza y éxito profesional deciden perdonar humillaciones públicas?
Reducir esta decisión a una supuesta falta de autoestima es un análisis conocido y revictimizante. El perdón, en muchos casos, es el resultado de una presión estructural asfixiante. En un país conservador como el Perú, cumplir 30 años sin un anillo de compromiso o una familia formada sigue siendo un estigma. El mandato social castiga severamente la soltería femenina, catalogando a la mujer sin pareja como «quedada» o «incompleta».
A esto se suma la idea de la falacia del costo hundido, postulada por el Nobel Richard Thaler: el sesgo psicológico que nos impide abandonar un vínculo dañado solo por los años ya invertidos. A esta trampa se une el mandato machista de la «salvadora» que debe luchar por su relación, tal como explica la antropóloga Marcela Lagarde. Empezar de cero a los 30 aterra en una sociedad que, como expuso Susan Sontag, castiga cruelmente la soltería femenina.
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Cambiar el foco
El espectáculo mediático pasará, pero la estructura que lo sostiene seguirá intacta si no cambiamos las preguntas. Juzgar a la mujer que perdona es la salida fácil. Es hora de dejar de examinar a las engañadas y empezar a exigir responsabilidad a quienes rompen los lazos.
Que un hombre sea infiel no mide la talla ni el valor de la mujer que tiene al lado; es únicamente el reflejo de sus propias carencias y su falta de respeto. Mientras la sociedad siga buscando en el comportamiento femenino la justificación para la infidelidad masculina, el pacto de impunidad seguirá vigente.
Solo en los dos primeros meses de 2026, más de 70 niñas de hasta 14 años fueron madres en Perú¹: una señal de que las uniones tempranas y forzadas no se detienen pese a la ley 31945, que prohíbe el matrimonio de personas menores de edad, alerta Plan International en el Día Internacional de la Mujer.
1 de cada 4 personas considera que las uniones tempranas y forzadas son aceptables en caso de embarazo, según el sondeo “Infancias en juego: Uniones tempranas en Perú bajo la lupa”, elaborado por Plan International 2025.
El embarazo temprano es, a la vez, causa y consecuencia de estas uniones. A nivel nacional, el 86 % de las mujeres que se unieron entre los 10 y los 15 años eran menores de edad cuando nació su primer hijo; en áreas rurales, esta proporción asciende al 90 %², según estudio de UNFPA y Plan International (2018).
“Cuando ocurre un embarazo temprano, la respuesta social es que la pareja se una, aun cuando se trata de una adolescente. En muchos casos, estos embarazos son productos de violencia sexual, forzando a la niña a unirse a su agresor”, comenta Selmira Carreón, Coordinadora Técnica de Participación e Influencia, Plan International Perú.
De acuerdo al sondeo “Infancias en juego: Uniones tempranas en Perú bajo la lupa”, (Plan International, 2025), 1 de cada 4 personas considera que las uniones tempranas y forzadas son aceptables en caso de embarazo³, respuesta que evidencia una preocupante normalización de esta práctica.
Empezar una vida adulta siendo todavía una niña
Foto: Plan Internacional
Flor — nombre ficticio para proteger su identidad —, es una prueba de las consecuencias de esta práctica. A los 15 años conoció a su pareja, quien ya era mayor de edad. Al poco tiempo de ser pareja, quedó embarazada. En su comunidad, se acostumbra que cuando una mujer queda embarazada, “forme una familia” de inmediato, incluso cuando se trata de una menor de edad. Fue así como su familia decidió que debía unirse al padre del bebé. Esto desencadenó que Flor ingrese a un ciclo de violencia física, psicológica y económica: “Me pegaba, me insultaba. Hasta le gritó y golpeó a mis papás. Yo no entendía por qué todo se volvió así”.
La Ley N.º 31945 del 2023 prohíbe el matrimonio con menores de edad, pero las uniones informales siguen fuera del marco legal: el 82 % de las víctimas son adolescentes mujeres, que en su mayoría viven en convivencia. Flor fue una de ellas.
La historia de Flor evidencia que las prácticas culturales, la búsqueda de un mejor futuro económico y los embarazos infantiles o adolescentes son, usualmente, el inicio de esta práctica nociva.
Por más niñas libres de uniones forzadas
“Es urgente que esta práctica sea reconocida como una forma de violencia. Que, desde los hogares, las comunidades, nos cuestionemos sobre las prácticas socialmente aceptadas que están dañando el futuro de las adolescentes. Normalizar las uniones tempranas y forzadas es una manera de perpetuarlas”, indica Ada Mejía, Gerente de Implementación Programática de Plan International.
Desde noviembre 2025, la organización desarrolla la campaña “Niñas libres de uniones forzadas”, a través de un esfuerzo articulado con niñas y adolescentes lideresas, organizaciones de cooperación internacional, entidades del Estado y comunidades para accionar contra esta problemática.
Sobre Plan International Perú
Plan International es una organización humanitaria y de desarrollo independiente que defiende los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas. Operamos en más de 80 países y trabajamos junto a comunidades para erradicar la pobreza y las desigualdades. En el país, Plan International Perú trabaja en las regiones de Lima, Cusco, Piura, Tumbes, Loreto y Trujillo por promover la educación de calidad, protección contra la violencia y empoderamiento económico. Conoce más en www.plan-international.org/peru
Fuentes
¹ Certificado Nacido Vivo, Ministerio de Salud del Perú (MINSA), enero–febrero 2026:
² Uniones tempranas y forzadas en el Perú: factores de riesgo y respuestas. Plan International y UNFPA, 2019:
³ “Infancias en juego: Uniones tempranas en Perú bajo la lupa” – Sondeo de percepciones sobre uniones tempranas y forzadas. Plan International Perú, 2025:
Dejar a una víctima en el asfalto para salvarse a sí mismo tiene un nombre legal: omisión de socorro. A partir de la fuga que le costó la vida a la deportista Lizeth Marzano, analizamos cómo el privilegio, el encubrimiento familiar y la inacción del Estado operan bajo la misma lógica para abandonar a las víctimas de violencia.
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El asfalto y el pacto de indiferencia
¿Qué es lo primero que harías si ves a alguien gravemente herido? Desde pequeños nos enseñan que el auxilio es un instinto humano básico. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad en San Isidro nos demostraron, de la forma más dolorosa posible, que el privilegio a menudo anula la empatía.
En la pantalla vimos cómo Lizeth Marzano, campeona nacional de apnea y deportista de élite, quedaba tendida en el asfalto tras un violento impacto. Pero lo que verdaderamente hiela la sangre no es solo el choque, sino los segundos posteriores. Adrián Villar, el conductor de 21 años, no se bajó del auto. No tomó su celular para llamar a una ambulancia. Simplemente, aceleró y huyó.
Fuente: RPP
Horas después, la narrativa visual nos ofreció un contraste indignante. Mientras Lizeth luchaba por su vida (y eventualmente la perdía) en una camilla del hospital Casimiro Ulloa, Villar aparecía en un parque, ileso y rodeado de su círculo de protección. Acompañado de familiares y figuras cercanas —como la periodista Marisel Linares—, la reunión habría tenido como finalidad, según distintas versiones, coordinar una estrategia de defensa, más que abordar posibles mecanismos de reparación o asistencia a la víctima.
En términos jurídicos, no auxiliar a una persona que enfrenta un peligro inminente es una situación que la ley suele vincular con la figura de la omisión de socorro.
Más allá del tránsito: La radiografía de un sistema
A puertas de un nuevo 8 de marzo, es inevitable mirar este concepto y sentir que nos habla de algo mucho más grande. Esta omisión no es solo una infracción de tránsito; es una radiografía dolorosa de cómo opera nuestro sistema. ¿No es acaso este mismo abandono, esta misma huida y este mismo círculo de encubrimiento el que enfrentan a diario miles de mujeres víctimas de violencia en el Perú?
Para entender la gravedad de lo que vimos en San Isidro, tenemos que dejar de ver la omisión de socorro como una exclusividad del caos vehicular. En el Perú, esta desconexión absoluta con el dolor ajeno es la regla general cuando hablamos de violencia de género.
Hagamos el cruce. Según los reportes de la Defensoría del Pueblo y el reciente informe del INEI sobre feminicidios (2015-2024/2025), la violencia extrema contra nosotras sigue un patrón espeluznantemente similar al de un atropello y fuga. En un alto porcentaje de los casos de feminicidio registrados en el último año, el agresor huye y la justicia no actua. Y, al igual que el conductor de 21 años, el victimario busca refugiarse en su círculo más íntimo.
Y es aquí donde la herida social se hace más profunda: muchas veces, son las propias familias de los agresores quienes los esconden. Los encubren bajo el peligroso y repetido discurso de «es un buen muchacho, solo se equivocó», organizando estrategias legales para minimizar la pena, mientras la familia de la víctima tiene que organizar un funeral. El pacto de impunidad se activa antes que la empatía.
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Cuando el Estado también huye
Pero el abandono no es solo familiar; es, sobre todo, institucional. Una gran cantidad de mujeres asesinadas en los últimos años ya contaban con medidas de protección.
El Estado peruano, al igual que el conductor en aquella madrugada limeña, vio a la mujer tendida en el asfalto del riesgo, tuvo la oportunidad de frenar y ayudar, pero decidió voltear la mirada y seguir de largo.
Tras el impacto en San Isidro, la defensa señaló que el joven “se puso a derecho”. No obstante, el hecho de que su presentación ante la PNP ocurriera días después y en medio de una fuerte presión mediática ha llevado a que algunos cuestionen si se trató realmente de un acto espontáneo o fue mas bien un movimiento calculado.
Este supuesto modus operandi es exactamente el mismo guion que se despliega cuando un caso de violencia sexual o agresión física ocurre en los círculos de poder.
El pacto de privilegio y la maquinaria del desgaste
Se advierte que, cuando el agresor tiene estatus o redes de contacto, el proceso legal puede derivar en procedimientos largos y desgastantes, que terminan afectando especialmente a las víctimas.
Cuando el agresor tiene estatus o redes de contacto, el proceso legal deja de buscar la verdad para convertirse en una maquinaria de desgaste. En el Perú, esta práctica está documentada por la Defensoría del Pueblo como ‘acoso judicial‘: una táctica donde los agresores recurren al mal uso del sistema legal con el ‘único propósito de hostilizar’ a la denunciante, generándole ‘desgaste emocional, físico y económico al verse sumergidas en múltiples procesos judiciales’. Como menciona la abogada defensora de derechos humanos Josefina Miró Quesada, este tipo de dinámicas terminan por «consolidar el silencio, la impunidad y el control de los agresores«.
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Con frecuencia, mientras el presunto agresor se ve rodeado de apoyos y redes de respaldo, la exigencia de justicia queda en manos de quienes cargan con la pérdida.
Lo vemos hoy en el rostro cansado de Gino Marzano, hermano de Lizeth, quien tiene que peregrinar por los canales de televisión clamando por una verdad evidente. Esa misma desesperación es la que viven a diario las madres y familias de las víctimas de feminicidio, rogando en los exteriores de los juzgados para que los contactos del agresor no terminen borrando la memoria de las mujeres que nos faltan.
El asfalto que nos duele a todas
Lizeth Marzano no perdió la vida únicamente por el violento impacto de un vehículo. Murió por los minutos cruciales que le robaron y por el abandono.
Este 8 de marzo, esa imagen debe sacudirnos la conciencia. Porque a las mujeres en el Perú no solo las mata el primer golpe del agresor. Las mata la indiferencia de los testigos, las mata el pacto de silencio de la familia del atacante, y las remata un sistema de justicia indolente, diseñado para buscarle atenuantes al victimario.
La impunidad en nuestro país no es un accidente; es una construcción colectiva a base de omisiones. Este 8M, la exigencia es clara: no queremos más pactos de privilegio. Escribimos y gritamos para que ninguna mujer, nunca más, vuelva a ser dejada en el asfalto. Para que, de una vez por todas, el sistema deje de huir.
Lima, 27 de enero de 2026. A menos de tres meses de las elecciones generales en Perú, donde la ciudadanía elegirá autoridades para el periodo 2026–2031, Amnistía Internacional presenta la campaña “Mira Bien”, que busca colocar los derechos humanos en el centro del debate y que la ciudadanía pueda identificar propuestas a favor o en contra de estos valores.
“Mira Bien” se enmarca en nuestro compromiso por los derechos humanos, pues una sociedad que no los garantiza, impacta profunda y negativamente en la vida cotidiana de las personas, perpetuando ciclos de violencia, exclusión y desigualdad. En ese sentido, las autoridades que sean elegidas tienen una oportunidad única de comprometerse con la dignidad humana y construir el país que queremos con derechos para todas las personas. Un país en el que podamos salir a trabajar y regresar a casa a salvo, caminar por las calles sin miedo, alzar nuestras voces frente a las injusticias, sin represalias y temores, acceder a la salud, vivir en un ambiente sano y con dignidad.
No obstante, en los últimos años, Amnistía Internacional viene alertando sobre una tendencia hacia prácticas autoritarias y la consolidación de la impunidad en Perú, que menoscaba el disfrute de nuestros derechos, principalmente a la libertad de expresión, asociación y el acceso a la justicia. En este contexto, es esencial que la ciudadanía identifique y rechace propuestas que pueden reforzar estas tendencias y afectar negativamente nuestra cotidianeidad.
La organización ha identificado con preocupación que, ante graves problemas, como la inseguridad ciudadana, la violencia machista o la crisis ambiental, planes de gobierno plantean respuestas que pueden agudizar más estas problemáticas, como la militarización de la seguridad pública, el debilitamiento, e incluso la desaparición de instituciones esenciales para la defensa de los derechos de las mujeres o para la gobernanza ambiental.
En un país con alarmantes tasas de violencia machista, donde cada 46 minutos una niña o mujer es reportada como desaparecida, resulta preocupante que en algunos planes de gobierno el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se considere prescindible o fusionable, o que la mayoría de planes omita referencias directas a la educación sexual integral, clave para enfrentar la violencia contra niñas y mujeres, y evitar embarazos adolescentes y no deseados.
Foto: Amnistía Internacional
“Vemos propuestas que en lugar de plantear respuestas estructurales frente a la violencia machista o la inseguridad ciudadana, proponen principalmente políticas punitivas y no preventivas. También observamos con preocupación narrativas polarizantes y discursos que apelan al miedo o a la renuncia de derechos, cuando la sociedad que queremos se construye justamente con derechos garantizados. Es por eso que el rol activo y vigilante de la ciudadanía, que impulse un debate y un voto informado, es esencial para el presente y el futuro de nuestro país”, señaló Jennie Dador, directora de Amnistía Internacional Perú.
Como parte de esta campaña, nuestros grupos de activismo, presentes en 14 regiones del país, desplegarán diferentes acciones de difusión y educación, y pondremos a disposición una herramienta digital para contribuir a la vigilancia ciudadana buscando que se prioricen propuestas y discursos políticos compatibles con las obligaciones de los derechos humanos.
En la justicia penal y en el tribunal de la opinión pública, persiste una pregunta que a menudo eclipsa al delito: «¿Cuánto había bebido ella?«. Históricamente, el consumo de alcohol por parte de la víctima ha sido utilizado por las defensas legales para desgastar su credibilidad. Sin embargo, bajo los estándares internacionales de Derechos Humanos, la premisa es radicalmente opuesta: el estado de ebriedad no es una invitación, es una barrera absoluta para el consentimiento.
Cuando una mujer no puede hilar frases coherentes o recordar fragmentos de la noche, no hay zona gris. Jurídica y psicológicamente, quien se aprovecha de ese estado no tiene «sexo confuso», comete una violación.
La Anatomía del Consentimiento: La ciencia detrás del bloqueo
La psicología forense moderna y organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen que el consentimiento debe ser un acto afirmativo, consciente, revocable y libre. La ausencia de un «no» explícito no equivale a un «sí», especialmente bajo intoxicación.
Bloqueo Psicológico (Inmovilidad Tónica): Según estudios publicados en la revista científica Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica(Möller et al., 2017), ante una agresión sexual, hasta un 70% de las víctimas experimentan una «parálisis involuntaria» provocada por el sistema límbico ante el miedo extremo. Esto anula la capacidad de lucha, pero no implica aceptación.
Incapacidad Cognitiva y «Blackouts«: El Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA) de EE.UU. explica que durante una intoxicación severa pueden ocurrir «fragmentary blackouts«. La persona puede parecer despierta e incluso moverse, pero su cerebro ha dejado de grabar memorias y de procesar riesgos, anulando legalmente su capacidad de consentir (NIAAA, «Interrupted Memories»).
Fuente: Archivo Google
Jurisprudencia Global: El alcohol como agravante
Contrario a la creencia popular, el alcohol no atenúa la culpa del agresor; la agrava al demostrar que se aprovechó de la vulnerabilidad ajena.
Caso 1: La Manada (España, 2016)
Este caso redefinió la justicia española. Cinco hombres agredieron a una joven de 18 años en la Fiesta de Los San Fermines.
Tras determinado tiempo en el que se juzgó, se cuestionó y se revictimizó a la joven agraviada alegando, incluso, la manera en la que realizaba sus actividades diarias tras el hecho, el Tribunal Supremo de España (Sentencia 344/2019) determinó que fue violación y no abuso. La sentencia estableció jurisprudencia clave: «El silencio o la pasividad de la víctima [por el alcohol o el shock] no pueden interpretarse como consentimiento».
El Español – Ilustración digital
Caso 2: Robinho (Italia, Condena firme 2022)
El exfutbolista fue condenado a 9 años por violación grupal en Milán.
La Corte Suprema de Casación de Italia validó las escuchas telefónicas donde el jugador admitía que la víctima «estaba completamente borracha». La justicia italiana argumentó, basándose en el Convenio de Estambul, que embriagar a la víctima para anular su resistencia es una forma de violencia coercitiva, eliminando cualquier debate sobre la credibilidad de la mujer.
El Marco Legal en el Perú
El análisis jurídico en nuestro país se sustenta en el Código Penal Peruano, que sanciona el aprovechamiento de la inestabilidad de la víctima.
Los Artículos 171 y 172 del Código Penal penalizan la violación de persona en «estado de inconsciencia» o en «incapacidad de dar su libre consentimiento» (incluyendo intoxicación por drogas o alcohol).
Asimismo, el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116 dictado por la Corte Suprema del Perú establece que en delitos sexuales, la declaración de la víctima es prueba fundamental si cumple con ciertos requisitos, y que la falta de lesiones físicas (resistencia) no descarta la violación, especialmente si la víctima estaba disminuida en sus facultades.
CASO EN FOCO: La denuncia contra jugadores de Alianza Lima
Este marco teórico es vital para analizar la denuncia de una joven argentina contra jugadores de Alianza Lima por hechos ocurridos en un hotel de Uruguay. La defensa legal de uno de los jugadores ha brindado argumentos públicos que, al ser contrastados con la ciencia y la ley, se revelan como mitos de la «cultura de la violación».
Aquí analizamos algunos de sus argumentos y damos una respuesta.
1. El mito de la «Movilidad» vs. Capacidad Cognitiva
El abogado Juan Peña, defensor de uno de los jugadores señalados, ha sugerido que, como la víctima «pudo regresar en Buquebus» a Argentina y caminar por el hotel, no estaba inconsciente ni incapacitada.
Esta afirmación sería científicamente inexacta. Según la Asociación Americana de Psicología (APA) y expertos en toxicología forense, una persona bajo efectos del alcohol o sustancias puede realizar funciones motoras automáticas (caminar, subir a un transporte) mientras su juicio crítico y memoria están desconectados. Así, también lo señala Andrea Álvarez Tapia, especialista en género y políticas públicas (entrevistada para La República / LR+ sobre este caso): «El hecho de que una persona pueda caminar no significa que tenga la capacidad cognitiva para consentir una relación sexual. La sumisión química o el estado de ebriedad anulan la voluntad, independientemente de la motricidad».
2. El mito del «Suministro» (Ella compró el alcohol)
Asimismo, se cuestiona la condición de víctima argumentando que ella «fue quien compró las botellas de vino».
Ante este argumento, vale recordar que el consentimiento es específico y revocable. Según los estándares del Protocolo de la ONU para la investigación de la violencia sexual, las acciones previas (beber voluntariamente, bailar, ir a un hotel) no implican un «contrato abierto» para el sexo posterior. El mismo Código Penal Uruguayo (Art. 272) y la doctrina internacional sostienen que si en el momento del acto sexual la persona pierde la capacidad de entender o querer (por el alcohol que bebió antes), quien acceda carnalmente a ella comete delito. Haber comprado el vino no es dar permiso para ser abusada horas después.
3. El agravante de la «Manada»
Es un hecho que, actualmente, se investiga la participación de dos o más jugadores en la habitación del hotel. Y es por ello que vale resaltar que, expertos legales advierten sobre la ‘intimidación ambiental’: un escenario donde la superioridad numérica anula la resistencia sin necesidad de golpes. La sola presencia de varios hombres frente a una mujer sola y afectada por sustancias constituye un escenario de coacción que, según la jurisprudencia sentada por el caso español de La Manada, hace innecesaria la violencia física explícita para que se considere agresión sexual.
La investigación fiscal (ya sea en Uruguay, Argentina o Perú) no dependerá de si la joven compró el vino o caminó hacia el barco, sino de si tenía la libertad psicológica para decir «sí». Y la ciencia nos dice que, en los estados de intoxicación descritos, esa libertad no existe.
Infografía: La Antígona
La justicia ante el espejo: Rompiendo el pacto de silencio
Al final del día, cuestionar la credibilidad de una mujer por lo que bebió, vistió o dónde amaneció, no es una estrategia legal legítima, es un mecanismo de sometimiento social que busca mantener la impunidad. Casos como el de La Manada en España, Robinho en Italia y la actual investigación contra los jugadores de Alianza Lima, nos obligan a enfrentar una verdad incómoda: el alcohol nunca ha sido el causante de una violación; el causante es siempre el agresor.
Mientras la sociedad y los tribunales sigan poniendo la lupa sobre la conducta de la víctima en lugar de juzgar la falta de consentimiento del agresor, la justicia seguirá teniendo una deuda pendiente. El mensaje debe ser claro y unánime: el único «sí» válido es el que se pronuncia sobria, libre y sin miedo; todo lo demás, es violencia.
