Desde hace mucho tiempo en Honduras la economía informal ha jugado un papel importante en el desarrollo del país. Según datos del Banco Mundial, desde el 2003 hasta el 2013, el empleo creció con una tasa anual del 5.1%. Si bien la cifra aumentó más rápido que en otras economías centroamericanas, estos empleos fueron en el sector informal.
En el año 2016, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), el 62% de los empleos estaban categorizados como “empleo informal”, el 24.1% se encontraban en el rubro de la agricultura y el 11.6%, en el rubro del comercio. Estas cifras representan unos de los niveles más altos de empleos informales en América Latina y el Caribe.
Los datos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el Instituto Nacional de Estadísticas revelan que el 78% de los empleos estaban en la economía informal en 2023, la cual contribuye al 46% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, no existen estadísticas hondureñas oficiales que midan exclusivamente el avance del empleo informal, lo que significa que posiblemente haya empleadores y empleados en condiciones de informalidad que no se pueden identificar y cuantificar.
Los empleos informales son categorizados como “empleos de baja calidad”, lo que impide a los empleados cotizar un sistema de seguridad social y, por lo tanto, acceder a beneficios de protección social. Los trabajos se dan en condiciones de inseguridad y salarios más bajos del promedio, lo que tiene consecuencias negativas a largo plazo para las mujeres, quienes, incluso en economías desarrolladas, reciben menos pensiones que los hombres.
En el sector del comercio, las mujeres trabajan en la informalidad de manera más frecuente que los hombres. Ese es el caso de Yamileth Martínez, criada en una familia que se ha dedicado a la economía informal. Su tía Emperatriz Martínez es la matriarca de la familia, quien no fue reconocida por su padre, ya que este no deseaba tener hijas mujeres. Ella asumió un rol materno y de proveedora para el resto de sus hermanas menores.
Desde pequeña tuvo que velar por cubrir con las necesidades básicas de sus hermanas. Entonces, empezó a vender productos como frutas y verduras. Iba de casa en casa, esperando al final del día ver la recompensa de su esfuerzo para poder llevar un sustento a su familia.
Mientras crecía, también crecía su deseo por seguir ganando dinero, así que a los 14 años empieza a vender tortillas en el mercado, lugares de vulnerabilidad y violencia que forman parte de la cotidianidad y el desarrollo de la vida. En ese momento se “enamoró” y conoció a quien sería el padre de uno de sus hijos e hijas, un hombre que pensó que era su salvador. Sin embargo, este hombre se convirtió en su opresor. Después de 2 años de sufrir múltiples violencias, tomó la valiente decisión de romper vínculo con su agresor.
A los 16 años, con un hijo y con toda la responsabilidad económica en sus hombros, nuevamente se dedicó a vender tortillas, luego empezó a vender desayunos: pan con café, panqueques, osmil, etc. Se levantaba a las tres de la mañana todos los días. Su jornada era larga y cansada, pero sus esfuerzos demostraron su tenacidad, pues después de tiempo ahorrando pudo comprar un terreno donde había una construcción básica de madera. Este lugar le permitió tener una vivienda propia, un lugar que le pertenecía, que había logrado con su esfuerzo y dedicación, un lugar que representaba seguridad.
Con sus ahorros tuvo la oportunidad de ser prestamista no bancaria. Poco a poco fue siendo reconocida y muchas otras personas se fueron acercando a ella para solicitar sus servicios. Sus ingresos fueron creciendo y pudo hacer inversiones en otros rubros, compró un carro, el cual empleó como taxi y generó más ingresos.
Los años pasaron y Emperatriz tuvo dos hijas más, atravesó muchas dificultades, que parecían hacer las cosas cuesta arriba. Ahora, a sus 50 años, puede ver todo el cosecho de su siembra. No solo fue valiente, sino que también pudo tomar decisiones financieras favorables que le permitieron lograr lo que deseaba.
Yamileth, admira todo lo logrado por la matriarca de su familia, quien ha sido un pilar fundamental en su vida y para sus familiares. Recuerda con mucho cariño y fascinación el trabajo realizado por su tía, pero sus sueños están lejos del mercado, lugar que describe como violento para todos, pero principalmente para las niñas y mujeres. Los mercados han sido lugares de disputa de territorios entre maras y pandillas, lugares para ejercer la prostitución y lugares llenos de mucha delincuencia.
La economía informal existe por la incapacidad del sector formal para generar empleos; pues incluso empresas bien establecidas en el mercado generan empleos informales, los cuales carecen de cualquier garantía de condiciones favorables para los empleados. En la última década, el PIB en Honduras ha crecido solamente un 3.3% de manera anual, lo que es insuficiente para mejorar el bienestar de la población.
El país hondureño necesita una administración de las finanzas públicas de manera eficiente para poder disminuir los índices de pobreza, desigualdad y falta de empleos. A esto se suma la violencia de género, que afecta principalmente a niñas y mujeres, quienes al quedar atrapadas en la informalidad no solo enfrentan inseguridad financiera, sino también una mayor exposición al abuso físico y sexual. Esto perpetúa un círculo vicioso de precariedad y violencia del cual es difícil escapar.
Ubicación: Comunidad campesina de Pumamarca, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, región Apurímac, Perú.
El conflicto entre la comunidad campesina de Pumamarca, en la región de Apurímac, y la minera Las Bambas, una de las mayores minas de cobre del mundo operada por la transnacional china Minerals and Metals Group (MMG), ha sido una lucha prolongada y ardua. En el corazón de esta disputa está el predio Sallawi, una tierra vital donde las familias de Pumamarca practican ganadería, construyen sus viviendas y cuidan los ojos de agua esenciales para la agricultura.
Desde 2011, los comuneros han denunciado la compra ilegal de estas tierras por parte de la minera, que pagó un irrisorio precio de 2.000 dólares por cada una de las 1.000 hectáreas del predio, equivalente a apenas 0,50 céntimos por metro cuadrado. Esta transacción ha sido vista por la comunidad como un despojo de sus tierras ancestrales y un atentado contra sus derechos.
El martes 23 de julio de 2024, la comunidad indígena de Pumamarca se movilizó en una protesta pacífica que culminó en la entrada de la minera Las Bambas. La marcha, que contó con la participación de toda la comunidad, rechazó enérgicamente la contaminación creciente de sus fuentes de agua y la violencia policial que busca despojarlos del predio Sallawi, donde la minera pretende expandir sus operaciones.
Sabino Flores, indígena que vive en Sallawi, ha presenciado de primera mano cómo la minera y el Estado no solo intentan desalojar a su comunidad, sino que también criminalizan a sus líderes en un intento de desarticular la resistencia. La represión policial y los procesos judiciales contra los dirigentes comunales han sido constantes, reflejando la estrategia de la empresa y del Estado para debilitar la lucha de Pumamarca.
La comunidad de Pumamarca ha reiterado su demanda principal: la devolución del predio Sallawi. Este territorio es fundamental para la ganadería, actividad que sustenta económicamente y culturalmente a los comuneros. La expansión de la minería no solo pone en riesgo su modo de vida, sino que también amenaza la salud de la comunidad debido a la contaminación del agua, un recurso indispensable en esta región.
El caso de Pumamarca es un ejemplo claro de las tensiones entre las comunidades indígenas y las grandes empresas mineras en Perú. Refleja no solo las disputas por la tierra, sino también las profundas desigualdades en las negociaciones y el respeto a los derechos fundamentales de las comunidades originarias. A pesar de la represión, la comunidad de Pumamarca sigue firme en su lucha por la justicia, la restitución de sus tierras y el respeto a sus derechos ancestrales.
En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas sugirió crear un Día Universal del Niño, y en Perú se conmemora el tercer domingo de agosto para destacar la importancia de la protección, educación y desarrollo de la niñez. FOTO: ABC
El Día del Niñx es una ocasión para reflexionar sobre los derechos y la seguridad de los más pequeños en nuestras sociedades. En Perú y en la región de América Latina, la situación de los niños y niñas enfrenta desafíos significativos relacionados con la violencia, el abuso y la explotación.
En nuestro país, los niños y niñas están expuestos a altos niveles de violencia y abuso. Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (Enares) 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 68,9% de los niños de 9 a 11 años ha sufrido violencia psicológica y/o física en el hogar al menos una vez en su vida. Además, el estudio indica que el 66,2% de los menores en ese mismo rango de edad reportaron haber sido víctimas de violencia física o psicológica en el entorno escolar.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) reporta que cada año se registran miles de casos de abuso sexual infantil. Entre enero y septiembre de 2023, los Centros Emergencia Mujer (CEM) del Programa Nacional Aurora del MIMP atendieron 22,959 casos de violencia sexual a nivel nacional. De estos, 16,296 (71 %) correspondieron a violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y 15,081 casos afectaron específicamente a niñas y adolescentes mujeres.
En América Latina y el Caribe, la situación de violencia hacia niños, niñas y adolescentes es alarmantemente similar. Según un informe regional de UNICEF, esta violencia puede comenzar desde el primer año de vida. El informe señala que casi 2 de cada 3 niños y adolescentes, de entre 1 y 14 años, experimentan disciplina violenta en el hogar. Además, la ONG destaca que los niños tienen siete veces más probabilidades de morir por homicidio que las niñas, mientras que las niñas son particularmente vulnerables a la violencia sexual a partir de los 10 años.
La explotación infantil en la región es un problema cada vez más preocupante. Según la OIT, 8,2 millones de niños entre 5 y 17 años trabajan en América Latina y el Caribe. La mayoría son adolescentes varones, con un 33% de niñas. El trabajo infantil se distribuye tanto en áreas rurales como urbanas, y el 48,7% se concentra en el sector agrícola, y más del 50% realizan labores peligrosas que ponen en riesgo su salud, educación y bienestar.
La trata de niños con fines de explotación sexual y laboral impacta a miles de menores cada año. La pobreza extrema y la falta de acceso a la educación agravan esta situación. Según el Informe Mundial sobre Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en Sudamérica, el 11% de las víctimas de explotación sexual son niñas, mientras que los hombres constituyen el 57% de las víctimas identificadas por trata con fines de trabajo forzoso.
Para Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), es importante abordar el problema de la violencia, ya que es crucial eliminar la normalización de cualquier forma de maltrato físico o castigo humillante que algunos consideran como correctivo. «La violencia, tanto física como emocional, no debe ser vista como una herramienta educativa; existen métodos más apropiados para enseñar que un comportamiento es inadecuado», enfatiza.
La especialista señala que otro aspecto importante es reconocer cómo las relaciones tóxicas entre adultos también afectan a los niños y niñas, quienes deben ser considerados en estos contextos. Por lo que es esencial implementar modelos de diagnóstico temprano de violencia en las escuelas y desarrollar mecanismos de respuesta y protección. Chávez señala que un ejemplo de ello podría ser la identificación de un cuidador o cuidadora en cada familia que esté integrada en la comunidad educativa. Además, es fundamental ofrecer un acompañamiento integral a las familias que participan en programas sociales. “Las municipalidades deben promover campañas comunitarias y crear espacios seguros para actividades extracurriculares. También es importante fomentar espacios de encuentro para niños y niñas a través de actividades deportivas que incluyan un enfoque de buen trato y la erradicación de la violencia de género”, señala.
Asimismo señala que las comunidades juegan un papel crucial en la prevención de la violencia contra los niños. Al visibilizar el problema y generar incidencia, se logra una mayor conciencia y acción colectiva. Chavéz enfatiza que un aspecto clave es el trabajo comunitario en áreas como la educación sexual fuera de la escuela, donde se promueve un entendimiento adecuado de temas sensibles. Además, recalca que la investigación sobre violencia infantil, que es limitada y rara vez impulsada por el Estado, encuentra su principal motor en la sociedad civil y la academia, lo que subraya la importancia del compromiso comunitario en la generación de conocimiento y la búsqueda de soluciones efectivas.
El Módulo de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud cerró el año pasado con 166 nuevos casos de maltrato a niños y adolescentes en el Perú.
Fotografía: internat
Perú ha avanzado en la implementación de diversas leyes y políticas destinadas a proteger a los niños y adolescentes de la violencia y la explotación. Un paso significativo se dio en 2015 con la promulgación de la Ley N° 30403, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra menores, promoviendo así un entorno más seguro y respetuoso para su desarrollo. Asimismo, la Ley N° 28950, que tipifica y sanciona la trata de personas, refuerza la protección de los niños y adolescentes contra una de las formas más graves de explotación.
Las medidas de protección en la región de América Latina incluyen importantes iniciativas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha creado la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, encargada de monitorear y promover los derechos de los niños en la región. Además, numerosos países han implementado planes nacionales de acción destinados a combatir la violencia infantil, reforzando así su compromiso con la protección y el bienestar de la niñez. Organizaciones como Unicef y la OIT trabajan en colaboración con los gobiernos latinoamericanos para implementar programas de prevención y protección. Estas organizaciones también brindan asistencia técnica y financiamiento para fortalecer los sistemas de protección infantil.
El Día del Niño es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la protección y el bienestar de los niños. En Perú y en la región de América Latina, se han tomado medidas significativas para enfrentar la violencia, el abuso y la explotación infantil. Sin embargo, queda mucho por hacer. Es esencial continuar fortaleciendo las leyes, políticas y programas que garantizan los derechos y la seguridad de los niños, asegurando que cada niño crezca en un entorno seguro y protector. La colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil es crucial para alcanzar este objetivo.
Honduras es un país violento para la población LGTIQ+, donde se enfrentan a un contexto lleno de estigma, discriminación y violación a sus derechos humanos.
Según datos del Observatorio de Violencia hacia las personas LGBTIQ+ de Honduras KAI+, de enero a marzo del presente año 2024 se registraron siete muertes violentas de personas LGBTIQ+, de las cuales, cinco correspondían a hombres gay, 1 mujer bisexual y un hombre que no se pudo determinar su orientación sexual. De las siete muertes se registraron los siguientes rangos de edad: 2 de 18 a 35 años, 1 de 36 a 40 años, 3 de 41 a 50 años y una muerte de edad indeterminada.
Estas muertes, en su mayoría, ocurrieron en la villa pública y lamentablemente ninguna cuenta con procesos investigativos, solamente se realizaron los levantamientos de cadáveres. Esto deja en evidencia la poca importancia que la autoridad le da a estas muertes por obtener justicia, no existen protocolos de seguridad para las personas LGBTIQ+ ante los incrementos de violencia. El gobierno se ha llamado al silencio.
En el año 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, declaró la responsabilidad internacional de violación de derechos en perjuicio de Vicky Hernández, quien era una mujer trans, trabajadora sexual, que vivía con VIH y era activista, quien fue encontrada muerta el 29 de junio de 2009, un día después del golpe de estado. Su identidad fue registrada como desconocido de sexo masculino, las autoridades se negaron a realizar el dictamen de autopsia, antes de que el caso fuese sometido a la corte IDH, el caso permanecía en impunidad.
Los estados están obligados a adoptar medidas que reviertan las situaciones discriminatorias en su sociedad.
Thalía Rodríguez fue una destacada lideresa del movimiento trans en Honduras, fue la primera muerte violenta LGBTIQ+ del año 2022 y la número 402 desde la muerte del transfemicidio de Vicky Hernández. Ella se encontraba descansado en su vivienda cuando su privacidad fue irrumpida por hombres desconocidos que le arrebataron la vida.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las personas de la comunidad diversa exigen al estado que estos casos y otros se lleven con el proceso de investigación adecuado.
En enero de 2023, un año después del transfemicidio de Thalía, se declaró culpable a Aarón Jeriel Álvarez Pavón, uno de los asesinos implicados en la muerte, no obstante, las otras dos personas identificadas se encuentran libres.
Este caso no quedó en la impunidad, sin embargo, la mayoría de los casos quedan totalmente impunes.
Mantenerse luchando es un acto revolucionario
Banderas del orgullo en marcha. FOTO freepik.
De León es una persona transfemenina no binaria, con 20 años de edad, defensora de los derechos de las personas LGBTIQ+ que sueña con ser diseñadora de modas. Es cofundadora del Colective No Binarie que tiene como objetivo visibilizar a las personas no binarias de Honduras, disidentes de género.
Para ella lo más difícil que ha atravesado en el contexto hondureño ha sido la violencia física y psicológica desde que estaba en primer grado, algo que no entendía en ese momento, que ni ella sabía que era, ahora reflexiona y cree que todo lo vivido es parte de la ignorancia, la cual es transmitida a la niñez, quienes en su crianza han normalizado que lo diferente no puede ser y replican comportamientos y patrones violentos en las escuelas.
Recuerda que la violencia comenzó porque su comportamiento no encajaba dentro de lo socialmente establecido para los niños, las autoridades de la escuela nunca hicieron algo para mitigar esta situación. La no intervención para contrarrestar estas situaciones puede tener como resultado niños creciendo que perpetúan la violencia cuando son adultos.
Cuando De León cursaba noveno grado salió del sistema educativo presencial y pasó a educarse desde la virtualidad, esto en consecuencia del acoso recibido, esta decisión también fue motivada por razones de seguridad. Sintió y sigue sintiendo que su vida estaba en peligro por ser “diferente”.
En este momento de su vida se siente con mayor libertad para expresarse y demostrar quién es, sin embargo, algunas veces sigue siendo difícil en un país que discrimina y estigmatiza a la población LGBTIQ+.
Durante noviembre del año 2023 uno de sus amigos fue asesinado de manera violenta en una plaza dentro de su colonia, Héctor Cálix de 25 años era miembro de la comunidad LGBTIQ+, escritor y miembro del espacio de jóvenes por la integración del parlamento Centroamericano, su muerte está siendo judicializada como un acto de LGBTfobia.
En junio del año 2024 su cadáver fue exhumado con el fin de esclarecer la muerte violenta. La persona responsable por este crimen de odio se encuentra en fuga, su familia y seres queridos siguen esperando respuestas.
Ante estas situaciones, De León sigue manteniéndose de pie y luchando por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+, principalmente el reconocimiento de la identidad de género y cambio de nombre de la población trans, el acceso a la salud de calidad y sin discriminación. Desea tener acceso a la terapia de remplazo hormonal.
Sueña con cumplir su proyecto de vida, sin violencia, sin discrimación, sin estigmas.
Mural de Micaela, por un nuevo amanecer ubicado en Barrios Altos. Por: SOL DE MARIA SILVA LINARES.
El discurso histórico popular del Perú fue escrito por personajes que temían la degeneración de roles de género sostenidos desde la formación social virreinal. Aquella sociedad que abusaba de las diferencias de clases silenció a los más débiles y en esa categoría, lamentablemente, estaba la mujer. Esa, y la falta de documentación, sería una razón ‘aparentemente’ justificada para no reconocer las acciones tuvo Micaela Bastidas como mujer precursora de la independencia.
La reconocida esposa de Tupac Amaru, quien fuese el líder de la mayor rebelión indígena durante el virreinato, fue mucho más que una acompañante o colaboradora, como muchos documentos desfasados lo señalan. Su vida es un fiel retrato de la feroz heroicidad femenina.
Sara Beatriz Guardia, directora del Centro de Estudios de La mujer en la Historia de América Latina (CEHMAL), en su libro Micaela Bastidas y las heroínas de la independencia, resalta como principal característica su temperamento y capacidad estratégica militar, comparada a un general de alto rango. Es necesario reconocer que la idiosincrasia de la época opacaba al género femenino. Pese a ello, luego del triunfo de la batalla de Sangarará, su nombre cogió más relevancia para el enemigo. Esta gran gesta se debió en gran medida a que Micaela Bastidas lideró el reclutamiento y la distribución de soldados en el pueblo.
UNA LÍDER FUERA DE ÉPOCA
Desconocer acciones como estas se debe a la falta de divulgación, debido a que los historiadores, al documentar los hechos, registran su visión, muchas veces sesgada por una valoración colectiva que está inmersa en el machismo colonial que no aceptó figuras del grueso de Micaela Bastidas. No aceptaron que una mujer mestiza, huérfana, analfabeta y esposa de un arriero tuviera protagonismo en la derrota del ejército realista.
Su inmolación no es expuesta como el salto del morro de Arica de Alfonso Ugarte, o admirada como la resistencia de nado del emisario y pescador José Olaya, y, mucho menos, sus palabras no han sido inmortalizadas como la frase célebre “Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho” del coronel Francisco Bolognesi. Imposible, ella no dominaba el español y, por supuesto, no sabía leer ni escribir.
Micaela Bastidas es la heroína nacional por excelencia y representa el símbolo peruano máximo de lo que abarca el empoderamiento femenino, porque rompe los roles tradicionales y pasivos comúnmente asignados a la mujer en tiempos de guerra —tejer y cocinar, divulgado por varios cronistas. Algo impensable, ya que recién en el siglo XX se permitió a la mujer a ocupar cargos castrenses y políticos. Sin embargo, en el presente hay poca identidad con este personaje y eso se refleja en la falta de recogimiento cívico.
Su papel en las rebeliones fue similar al de Tupac Amaru, hay quienes la calificaban como el complemento ideal para el líder rebelde, pues, dominaba las reglas del poder y el mando, algo que quizás a José Gabriel Cóndor le faltaba. Tuvo facultades administrativas y políticas en la resistencia. Todo eso se conoce gracias a las cartas que se enviaron entre 23 de noviembre de 1870 al 23 de marzo de1781, donde ambos se comunican para conocer los pormenores de su situación.
Imagen tomada de portal web piurano El tiempo
CARTAS DE AUTORIDAD Y GUERRA
Resulta conmovedor el cariño y respeto fraternal que se tenían. En las misivas ambos se llamaban; Chepe, hijo Pepe, Chepe mío, hijo Chepe mío, Chepe de mi corazón; firma: tu Mica; e hija mía, hija Mica; firma: Tu chepe. Respectivamente.
En una carta, Micaela envía un reporte de acciones cometidas en Carabaya, Caylloma y Arequipa, donde informa que están esperando el avance hacia el Cuzco; sin embargo, Tupac Amaru intentaba ampliar el radio de acción de su tropa para después emboscarlos y cortarle el suministro a la Ciudad Imperial antes del ataque. Micaela, astuta y curtida de la dinámica de la conquista Inca, sospechaba la traición de sus hombres frente a un contraataque realista, como lo expresan las palabras escritas por su traductor, de quien se sabe que podría haber sido un miembro de sus tropas, el 6 de diciembre de (AÑO):
“Harto, te he encargado que no te demores…; pero tú te ocupas en pasear sin traer a consideración que los soldados carecen de mantenimiento… ellos solamente van al interés y a sacarnos los ojos de la cara mientras más tiempo pase se han de amilanar y se perderá toda la gente que tengo prevenida para la bajada al Cusco”
Luego de enviar la amarga carta, Micaela decide marchar a Cuzco de Tungasuca por su cuenta, aun teniendo opositores y con la amenaza latente de ser emboscada por el enemigo. Al regresar del sur, Tupac Amaru se comunica con Micaela, quien fue primero a Pomacanchi a reunir indios. A partir de allí, los líderes no volvieron a reunirse físicamente y comenzaron a aunar fuerzas para vencer a las fuerzas del virrey Agustín de Jáuregui, quien, enterado de las revueltas, organizó dos destacamentos compuestos de 1,846 hombres, 6 cañones y municiones ubicados con la táctica de ser acorralados por todos los frentes.
Imagen tomada de portal web Peruanísima
GRITOS EN SILENCIO
El 12 de abril de 1781 fueron apresados y, en el proceso de ser juzgados, Micaela Bastidas toma una postura absoluta de ignorancia y desconocimiento, alegando, incluso, a su falta de educación. Esta decisión la descalifica, para algunos historiadores, al reconocimiento de héroe, omitiendo la salvedad de que esta posición fue para no delatar a su esposo y compañero, y para salvar a sus hijos. Sin embargo, no logró su cometido, ya que los corregidores señalaron que tuvo igual o mayor injerencia, arrogancia y soberanía que Tupac Amaru. Dicho y hecho, la mujer nunca se quebró en el proceso ni al final de su sentencia.
Por supuesto que hay más personajes femeninos en esta etapa de la historia del Perú, Francisco Martínez Hoyos, periodista, reúne en su texto llamado Heroínas Incómodas, a mujeres que debieron marcar un hito social en su comunidad, pero que no tienen la visibilidad ponderada por ser del “género sensible”. El caso más ilustre es Manuela Sáenz, quien tuvo la etiqueta de amante de Simón Bolívar, pero poco se le recuerda por su carácter imponente que la catalogó con el apelativo de “la gobernadora del gobernador”.
EL VALOR DE UNA CULTURA
La participación de Micaela Bastidas es el ejemplo más claro los sentimientos ambivalentes que produce la inclusión femenina en el proceso emancipador. En la actualidad persiste esa etiqueta social religiosa de que la mujer es un ser frágil. Las maneras podrán haber cambiado, pero aún está el comentario de “cómo debe comportarse una chica” para calificarla.
Esto tiene un nombre y es “violencia simbólica”, un concepto acuñado por Pierre Bourdieu, sociólogo francés, que describe como la relación social naturalizada ejerce un dominio físico indirecto por repetición. Si este es desvirtuado, pues, te tachan con prejuicios. En ese análisis se puede colegir que una dama no puede ser ruda o tenaz porque deja de ser vista como mujer y queda desprovista de su dócil sensibilidad.
Personalidades guerreras y atrevidas aparecen cada cierto tiempo, por lo que me parecería impropio no fomentar la figura de Micaela Bastidas en colectivos o agrupaciones feministas. Todas las mujeres que el movimiento acoge alrededor del mundo toman consciencia de la transformación social que requerimos para tentar la igualdad y erradicar la violencia contra la mujer, pero hace falta sentirla cercana. Imitando o difundiendo valores como los de Micaela, pertenecientes a nuestra identidad cultural, probablemente podemos construir un lazo étnico, no sanguíneo, para dejar de seguir solo símbolos extranjeros. Se puede encontrar una consciencia feminista de la que todos seamos parte.
