El último ‘ampay‘ grupal de la farándula peruana dejó en evidencia nuestra peor hipocresía: a ellos se les justifica la «inmadurez», a ellas se les factura la culpa del engaño.
ILUSTRACIÓN POR LA ANTIGONA
Cuatro hombres del entorno mediático, un plan coordinado y cámaras de seguridad. Durante las últimas semana, el mundo digital peruano ha girado en torno a la infidelidad grupal protagonizada por los chicos realityMario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi, y el empresario Francho Sierralta. Sin embargo, una revisión rápida a las redes sociales revela un fenómeno que resulta mucho más sintomático que el «ampay» en sí mismo: el señalamiento público no tardó ni veinticuatro horas en desviar la mirada de los infieles para colocar en el banquillo de los acusados a sus parejas, especialmente a Alejandra Baigorria y Onelia Molina.
Las preguntas que dominaron la conversación en redes y en la calle no cuestionaban la falta de responsabilidad afectiva de estos cuatro hombres adultos. El debate se centró en ellas: “¿Por qué siempre los perdonan?”, “Seguro lo descuidó por estar trabajando”, “Ella es demasiado exitosa, seguro lo emasculiza y él tuvo que buscar validación en otra parte”.
En el Perú, la infidelidad suele tener rostro masculino, pero la culpa se conjuga en el femenino. Este caso de la farándula nacional funciona como una radiografía perfecta para entender cómo opera la doble moral machista, el pacto patriarcal y el asfixiante mandato social que empuja a las mujeres a sostener relaciones tóxicas a cualquier costo.
Anatomía de la complicidad masculina
Para entender la magnitud del sesgo, es necesario observar la dinámica del engaño. Cuando un grupo de hombres que superan la treintena organiza una escapada de este tipo, no estamos frente a un error producto del azar. Estamos frente a una logística deliberada. Hay coordinación de horarios, coartadas cruzadas y, sobre todo, un pacto de silencio.
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Desde la sociología y los estudios de género, a esto se le denomina pacto patriarcal. La infidelidad, en este contexto, no es solo la ruptura de un acuerdo monógamo; es un ritual de validación entre “amigos” o “hermanos”. Los hombres se encubren y celebran su «viveza» pues creen que consumir cuerpos de mujeres en grupo reafirma su masculinidad frente a la manada. El engaño no es un accidente, es el pegamento que reafirma su amistad. Saben que, si son descubiertos, la sociedad les otorgará la carta de la «inmadurez eterna» y el tiempo limpiará su imagen.
El tribunal público: El mito de la «mujer que descuida»
Mientras ellos actúan con tranquilidad, las mujeres enfrentan un tribunal difícil.. Si la pareja engañada perdona, es tachada de «tonta» o «sin dignidad». Si la relación termina, la narrativa busca incansablemente el fallo en ella para justificar la traición de él.
Es aquí donde entran en juego los estereotipos más crueles. Si la mujer es dedicada al hogar, se asume que «se descuidó» y dejó de ser atractiva para su pareja. Pero si, como en el caso de las parejas de estos personajes, hablamos de mujeres empresarias, económicamente independientes y exitosas, el guión se adapta: “Trabaja demasiado” o “Su éxito lo hace sentir menos hombre”.
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La trampa es perfecta. El machismo nos impone la responsabilidad de mantener a nuestra pareja satisfecha, asumiendo que el deseo y la fidelidad masculina son variables que dependen exclusivamente del comportamiento de la mujer. Se invisibiliza por completo la libertad de decisión del hombre, disculpando su falta de compromiso para responsabilizarnos a nosotras de sus decisiones.
La falacia del tiempo invertido y el terror a los 30
Llegados a este punto, surge la pregunta que inunda las redes: ¿Por qué mujeres con recursos, belleza y éxito profesional deciden perdonar humillaciones públicas?
Reducir esta decisión a una supuesta falta de autoestima es un análisis conocido y revictimizante. El perdón, en muchos casos, es el resultado de una presión estructural asfixiante. En un país conservador como el Perú, cumplir 30 años sin un anillo de compromiso o una familia formada sigue siendo un estigma. El mandato social castiga severamente la soltería femenina, catalogando a la mujer sin pareja como «quedada» o «incompleta».
A esto se suma la idea de la falacia del costo hundido, postulada por el Nobel Richard Thaler: el sesgo psicológico que nos impide abandonar un vínculo dañado solo por los años ya invertidos. A esta trampa se une el mandato machista de la «salvadora» que debe luchar por su relación, tal como explica la antropóloga Marcela Lagarde. Empezar de cero a los 30 aterra en una sociedad que, como expuso Susan Sontag, castiga cruelmente la soltería femenina.
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Cambiar el foco
El espectáculo mediático pasará, pero la estructura que lo sostiene seguirá intacta si no cambiamos las preguntas. Juzgar a la mujer que perdona es la salida fácil. Es hora de dejar de examinar a las engañadas y empezar a exigir responsabilidad a quienes rompen los lazos.
Que un hombre sea infiel no mide la talla ni el valor de la mujer que tiene al lado; es únicamente el reflejo de sus propias carencias y su falta de respeto. Mientras la sociedad siga buscando en el comportamiento femenino la justificación para la infidelidad masculina, el pacto de impunidad seguirá vigente.
Solo en los dos primeros meses de 2026, más de 70 niñas de hasta 14 años fueron madres en Perú¹: una señal de que las uniones tempranas y forzadas no se detienen pese a la ley 31945, que prohíbe el matrimonio de personas menores de edad, alerta Plan International en el Día Internacional de la Mujer.
1 de cada 4 personas considera que las uniones tempranas y forzadas son aceptables en caso de embarazo, según el sondeo “Infancias en juego: Uniones tempranas en Perú bajo la lupa”, elaborado por Plan International 2025.
El embarazo temprano es, a la vez, causa y consecuencia de estas uniones. A nivel nacional, el 86 % de las mujeres que se unieron entre los 10 y los 15 años eran menores de edad cuando nació su primer hijo; en áreas rurales, esta proporción asciende al 90 %², según estudio de UNFPA y Plan International (2018).
“Cuando ocurre un embarazo temprano, la respuesta social es que la pareja se una, aun cuando se trata de una adolescente. En muchos casos, estos embarazos son productos de violencia sexual, forzando a la niña a unirse a su agresor”, comenta Selmira Carreón, Coordinadora Técnica de Participación e Influencia, Plan International Perú.
De acuerdo al sondeo “Infancias en juego: Uniones tempranas en Perú bajo la lupa”, (Plan International, 2025), 1 de cada 4 personas considera que las uniones tempranas y forzadas son aceptables en caso de embarazo³, respuesta que evidencia una preocupante normalización de esta práctica.
Empezar una vida adulta siendo todavía una niña
Foto: Plan Internacional
Flor — nombre ficticio para proteger su identidad —, es una prueba de las consecuencias de esta práctica. A los 15 años conoció a su pareja, quien ya era mayor de edad. Al poco tiempo de ser pareja, quedó embarazada. En su comunidad, se acostumbra que cuando una mujer queda embarazada, “forme una familia” de inmediato, incluso cuando se trata de una menor de edad. Fue así como su familia decidió que debía unirse al padre del bebé. Esto desencadenó que Flor ingrese a un ciclo de violencia física, psicológica y económica: “Me pegaba, me insultaba. Hasta le gritó y golpeó a mis papás. Yo no entendía por qué todo se volvió así”.
La Ley N.º 31945 del 2023 prohíbe el matrimonio con menores de edad, pero las uniones informales siguen fuera del marco legal: el 82 % de las víctimas son adolescentes mujeres, que en su mayoría viven en convivencia. Flor fue una de ellas.
La historia de Flor evidencia que las prácticas culturales, la búsqueda de un mejor futuro económico y los embarazos infantiles o adolescentes son, usualmente, el inicio de esta práctica nociva.
Por más niñas libres de uniones forzadas
“Es urgente que esta práctica sea reconocida como una forma de violencia. Que, desde los hogares, las comunidades, nos cuestionemos sobre las prácticas socialmente aceptadas que están dañando el futuro de las adolescentes. Normalizar las uniones tempranas y forzadas es una manera de perpetuarlas”, indica Ada Mejía, Gerente de Implementación Programática de Plan International.
Desde noviembre 2025, la organización desarrolla la campaña “Niñas libres de uniones forzadas”, a través de un esfuerzo articulado con niñas y adolescentes lideresas, organizaciones de cooperación internacional, entidades del Estado y comunidades para accionar contra esta problemática.
Sobre Plan International Perú
Plan International es una organización humanitaria y de desarrollo independiente que defiende los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas. Operamos en más de 80 países y trabajamos junto a comunidades para erradicar la pobreza y las desigualdades. En el país, Plan International Perú trabaja en las regiones de Lima, Cusco, Piura, Tumbes, Loreto y Trujillo por promover la educación de calidad, protección contra la violencia y empoderamiento económico. Conoce más en www.plan-international.org/peru
Fuentes
¹ Certificado Nacido Vivo, Ministerio de Salud del Perú (MINSA), enero–febrero 2026:
² Uniones tempranas y forzadas en el Perú: factores de riesgo y respuestas. Plan International y UNFPA, 2019:
³ “Infancias en juego: Uniones tempranas en Perú bajo la lupa” – Sondeo de percepciones sobre uniones tempranas y forzadas. Plan International Perú, 2025:
Lima, 27 de enero de 2026. A menos de tres meses de las elecciones generales en Perú, donde la ciudadanía elegirá autoridades para el periodo 2026–2031, Amnistía Internacional presenta la campaña “Mira Bien”, que busca colocar los derechos humanos en el centro del debate y que la ciudadanía pueda identificar propuestas a favor o en contra de estos valores.
“Mira Bien” se enmarca en nuestro compromiso por los derechos humanos, pues una sociedad que no los garantiza, impacta profunda y negativamente en la vida cotidiana de las personas, perpetuando ciclos de violencia, exclusión y desigualdad. En ese sentido, las autoridades que sean elegidas tienen una oportunidad única de comprometerse con la dignidad humana y construir el país que queremos con derechos para todas las personas. Un país en el que podamos salir a trabajar y regresar a casa a salvo, caminar por las calles sin miedo, alzar nuestras voces frente a las injusticias, sin represalias y temores, acceder a la salud, vivir en un ambiente sano y con dignidad.
No obstante, en los últimos años, Amnistía Internacional viene alertando sobre una tendencia hacia prácticas autoritarias y la consolidación de la impunidad en Perú, que menoscaba el disfrute de nuestros derechos, principalmente a la libertad de expresión, asociación y el acceso a la justicia. En este contexto, es esencial que la ciudadanía identifique y rechace propuestas que pueden reforzar estas tendencias y afectar negativamente nuestra cotidianeidad.
La organización ha identificado con preocupación que, ante graves problemas, como la inseguridad ciudadana, la violencia machista o la crisis ambiental, planes de gobierno plantean respuestas que pueden agudizar más estas problemáticas, como la militarización de la seguridad pública, el debilitamiento, e incluso la desaparición de instituciones esenciales para la defensa de los derechos de las mujeres o para la gobernanza ambiental.
En un país con alarmantes tasas de violencia machista, donde cada 46 minutos una niña o mujer es reportada como desaparecida, resulta preocupante que en algunos planes de gobierno el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se considere prescindible o fusionable, o que la mayoría de planes omita referencias directas a la educación sexual integral, clave para enfrentar la violencia contra niñas y mujeres, y evitar embarazos adolescentes y no deseados.
Foto: Amnistía Internacional
“Vemos propuestas que en lugar de plantear respuestas estructurales frente a la violencia machista o la inseguridad ciudadana, proponen principalmente políticas punitivas y no preventivas. También observamos con preocupación narrativas polarizantes y discursos que apelan al miedo o a la renuncia de derechos, cuando la sociedad que queremos se construye justamente con derechos garantizados. Es por eso que el rol activo y vigilante de la ciudadanía, que impulse un debate y un voto informado, es esencial para el presente y el futuro de nuestro país”, señaló Jennie Dador, directora de Amnistía Internacional Perú.
Como parte de esta campaña, nuestros grupos de activismo, presentes en 14 regiones del país, desplegarán diferentes acciones de difusión y educación, y pondremos a disposición una herramienta digital para contribuir a la vigilancia ciudadana buscando que se prioricen propuestas y discursos políticos compatibles con las obligaciones de los derechos humanos.
Un acuerdo internacional celebra la liberación de casi 2000 rehenes, mientras sobre el terreno se impone el exilio forzado y se relatan historias de tortura, dificultando el camino hacia la paz.
En el marco de un alto el fuego firmado ayer, 13 de octubre de 2025, Israel y Hamas liberaron a los últimos 20 rehenes israelíes vivos a cambio de 1960 rehenes palestinos, en una operación supervisada por la Cruz Roja. Este canje, que eleva el total de palestinos liberados a aproximadamente 2000, fue la piedra angular de una cumbre internacional por la paz en Egipto, copresidida por los presidentes Abdel Fattah al-Sissi y Donald Trump y en presencia de más de 20 líderes mundiales y el secretario general de la ONU. Sin embargo, la declaración resultante omitió cualquier mención al derecho a un Estado palestino. Ni el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ni representantes de Hamas estuvieron presentes.
Mientras los líderes celebraban, la realidad en el terreno palestino era distinta. Por un lado, cientos de palestinos fueron liberados en Cisjordania, donde sus testimonios comenzaron a revelar el horror de torturas y condiciones inhumanas en prisiones israelíes. Por otro, una decisión de última hora de Israel alteró la suerte de más de 154 presos, que fueron exiliados a Egipto en lugar de ser devueltos a sus familias, convirtiendo la esperanza de centenares de personas en una decepción desgarradora y revelando que para muchos la libertad llegaba lejos de su tierra, en un destierro sin garantías.
La frágil tregua se ve amenazada apenas un día después del canje. El ejército israelí ha asesinado al menos a cinco palestinos en Gaza, bajo el pretexto de que se acercaron a sus posiciones y “cruzado la línea amarilla”. Simultáneamente, el gobierno de Netanyahu ha implementado represalias colectivas, posponiendo la apertura del crucial cruce de Rafah y limitando la ayuda humanitaria a 300 camiones diarios, la mitad de lo acordado.
Estas medidas, justificadas por la demora en la devolución de cadáveres de rehenes, chocan con la advertencia de la Cruz Roja: localizar los cuerpos, muchos bajo escombros de bombardeos israelíes, requiere semanas. Esta disputa evidencia cómo el castigo colectivo se impone a las necesidades de una población al borde de la inanición.
En definitiva, la constante violación de los acuerdos por parte de Israel —con exilios forzados, bombardeos continuados y el estrangulamiento de la ayuda humanitaria— revela a un participante en el que es imposible confiar. Estos actos socavan cualquier esfuerzo de paz, perpetúan la injusticia contra el pueblo palestino y condenan a la región a un ciclo de inestabilidad recurrente. El camino hacia una solución duradera se ve así minado, demostrando que sin el cumplimiento de los compromisos y el fin de la impunidad, cualquier tregua será solo un frágil interludio entre una guerra y la siguiente.
Trabajadora del hogar con cartel. FOTO: Fenttrahop.
Las trabajadoras del hogar, a la fecha, aún sufren efectos de abuso laboral por falta de formalidad en su contratación. La falta de derechos, beneficios y una remuneración justa, son la deuda pendiente del Estado fiscalizador. Además del nivel de exposición de violencia, que es un hecho, existe en el género femenino, por tanto, se estableció desde 1988 el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar en Bogotá, como una fecha para analizar los cambios en las brechas laborales que persisten en este empleo.
Hoy en día el 30 de marzo es considerado feriado no laborable y remunerado para quienes desempeñan esta función, pero ahí no queda todo.
En Perú se aprobó la Ley 31047 en el año 2020, la cual exige que los contratos deben estar inscritos en los registros del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Esta resolución se dio en tiempos de pandemia, contexto que evidenció, por si a alguien le quedaba dudas, la falta de ineficiencia operativa de los ministerios.
FALTAS CONTRACTUALES
Ya desde 2015 el sindicato de trabajadoras del hogar (SINTTRAHOL) exigía la ratificación del convenio internacional 189 – recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual enfatiza reconocer y proteger los derechos de las personas que trabajan en el hogar. Principalmente, las trabajadoras reclamaban la falta de un contrato por escrito donde se establezca los acuerdos del contrato, sin embargo, no se les atendió.
A todo esto, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada el 2020, señaló que el 86.9% de empleadas del hogar trabaja en condiciones informales: por debajo del sueldo mínimo, sin seguro social, con más de 48 horas de trabajo semanales establecidas por ley, sin compensación por tiempo de servicio (CTS), etc. Una cifra preocupante, especialmente porque el informe menciona que el 74% de las trabajadoras del hogar son el principal sustento de su familia. Lo que pone en evidencia la renuencia del Estado por fiscalizar su propia legislación.
Por otro lado, SINTTRAHOL, apartir de los últimos acontecimientos, viene difundiendo valiosa información como el registro de contrato de trabajo en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo. Asimismo, como los modelos de contrato aprobados conforme a la Ley 31047: modelo cama adentro, cama afuera y tiempo parcial sin residencia.
Para más orientación puedes escribir a las redes sociales de la FENTTRAHOP (Facebook) o al WhatsApp 924875748.
RIESGO DE ABUSO Y DISCRIMINACIÓN
El trabajo doméstico es una ocupación muy vulnerable, más a unxs que otrxs, debido a las ideas arcaicas e infecciosas del modelo esclavista basadas en la discriminación de etnia y género. En 2023 Ipsos Perú realizó un estudio, por encargo de la OIT, para conocer el perfil de las trabajadoras del hogar en el país, donde se obtuvo que del 96% de personas trabajadoras, el 34% son migrantes: 33% del interior del país y 1% del extranjero.
Muchas madres de familia aceptan los empleos por necesidad económica, el contexto en el que se encuentran las lleva a rescindir su valor humano con tal de conseguir trabajo. Ante ello, La Antígona te informa que las personas trabajadoras del hogar víctimas de hostigamiento sexual laboral pueden realizar su denuncia a SUNAFIL comunicándose al 0800-16872 o al 013902800
SUGERENCIAS PARA CUMPLIMIENTO DE LEY
Si bien es cierto, hay normas políticas para la protección de la trabajadora del hogar, aplicarlas es difícil por el desconocimiento que se tiene de ellas. Las víctimas a menudo expresan que debido a su poca vinculación con las redes sociales (donde abundan información sobre cómo proceder) no les permite actuar con precisión.
Actualmente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) brinda asistencia en línea 1819 denominada #TrabajaSinAcoso, donde ofrecen una orientación especializada y un acompañamiento inmediato, a través de atención psicológica y asesoría legal sobre los mecanismos de denuncia.
También se tiene la plataforma web Trabaja Sin Acoso para instruir sobre las medidas a tomar, sin embargo, estas medidas no toman en cuenta la realidad: en este sector hay un porcentaje de analfabetismo y de estudios truncos y es justamente esa falta de acceso la que no permite la reducción de explotación laboral, porque el Estado no amplia su comunicación, tanto con empleadores como con trabajadoras.
La orientación clara es esencial para reducir las brechas. Respecto a cómo regular el cumplimiento de la ley, es recomendable crear calculadoras en línea para determinar los pagos de acuerdo a ley, algo que debe enseñarse en talleres organizados por la defensoría del pueblo, en conjunto con el sindicato de trabajadora del Perú para de esta empoderar a las trabajadoras desde el conocimiento de la ley.
Sin embargo, en la actualidad, El 95% de las trabajadoras del hogar labora en la informalidad y no se respetan sus derechos según el MTPE.
En Perú, el ciberacoso y la sextorsión se han convertido en problemas graves para la seguridad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes. El aumento del uso de redes sociales y dispositivos tecnológicos ha expuesto a los jóvenes a nuevas formas de abuso que afectan profundamente su salud emocional y psicológica. Estas problemáticas están creciendo de manera alarmante, con cifras que reflejan un aumento en la victimización de los adolescentes. Esto resalta la urgente necesidad de una respuesta efectiva desde la legislación y la educación para proteger a este grupo vulnerable.
El aumento de la sextorsión en niños, niñas y adolescentes en Perú refleja un peligro creciente en el entorno digital, donde los menores se enfrentan a constantes amenazas de chantaje y acoso cibernético.Fotografía: Aldeas Infantiles SOS Perú
La sextorsión, un delito que combina el chantaje con la amenaza de difundir material íntimo, ha emergido como una preocupación alarmante en Perú, afectando principalmente a niños, niñas y adolescentes. Según la encuesta sobre “Percepciones y Experiencias Digitales en torno al: Ciberacoso, Grooming, Retos virales peligrosos y Sextorsión” realizada por Aldeas Infantiles SOS Perú, el 4% de los niños, niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años han sido víctimas de sextorsión, y el 9% ha sufrido grooming (acoso y abuso sexual en línea), lo que refleja la vulnerabilidad de este grupo ante los riesgos cibernéticos. Asimismo, el informe revela que el 54% de los adolescentes peruanos ha experimentado ciberacoso o ciberbullying.
Una encuesta realizada por eBIZ reveló que el 30% de los escolares en Perú han sido víctimas de ciberacoso. Este preocupante dato resalta la magnitud del problema, que afecta a una gran parte de la población juvenil, expuesta a diversas formas de violencia en línea. Aunque el entorno digital ofrece múltiples beneficios, también ha creado nuevas oportunidades para la explotación y el abuso de los más vulnerables. Este fenómeno se ha intensificado tras la pandemia, cuando el uso de redes sociales y plataformas digitales se disparó, dejando a muchos jóvenes más expuestos a los acosadores.
Asimismo, un estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), encargado por CHS Alternativo, indicó que los riesgos de explotación sexual en línea aumentaron considerablemente debido a la pandemia. El informe estimó que, en 2022, alrededor de 280 mil niños, niñas y adolescentes en Perú recibieron propuestas para mantener relaciones sexuales a través de Internet, mientras que otros 501 mil menores fueron solicitados a enviar fotografías de sus cuerpos. Además, más de 573 mil menores se encontraron en persona con personas que los habían contactado en redes sociales, sin ser sus amigos.
Frente a estos delitos, la legislación y la educación juegan un rol crucial para proteger a las víctimas y prevenir este tipo de situaciones. De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en el Resumen Estadístico de Alertas contra el Acoso Virtual 2024, el 85% de las personas que denunciaron estos incidentes fueron las víctimas, mientras que en el 49% de los casos reportados se confirmó la existencia de acoso.
Esta situación resalta la urgencia de adoptar medidas preventivas y educativas para proteger a los niños y adolescentes, brindándoles herramientas para identificar y enfrentar estos riesgos, y promoviendo una cultura digital más segura y responsable.
En respuesta a esta crisis, en Perú se promulgó la Ley N.º 30096, que tipifica el delito de sextorsión dentro de la legislación sobre delitos informáticos. Esta ley establece sanciones penales para quienes amenacen con difundir imágenes o videos íntimos con el propósito de obtener beneficios económicos o sexuales. Recientemente, se han realizado modificaciones a esta legislación para fortalecer la protección de las víctimas y facilitar la denuncia de estos delitos, incluida la viralización de contenido sexual sin consentimiento. Además, el Decreto Legislativo N.º 1625, publicado en agosto de 2024, introdujo reformas al Código Penal que aumentan las sanciones por la difusión no autorizada de imágenes y material audiovisual con contenido sexual, así como por el chantaje sexual asociado.
El Ministerio de Educación ha implementado plataformas como SíseVe para reportar casos de violencia escolar, incluyendo el ciberacoso. Sin embargo, los datos muestran que muchos casos son archivados sin una investigación adecuada. La necesidad de capacitación tanto para educadores como para padres es crítica para crear un ambiente seguro donde los jóvenes puedan navegar en línea sin temor.
Aunque la legislación es crucial para sancionar a los agresores, la educación desempeña un papel esencial en la prevención de estos delitos. Organizaciones como el Comité de Derechos Humanos de la Niña y el Adolescente (CDHNA) promueven la implementación de programas educativos que fomenten un uso responsable de la tecnología. Además, diversas organizaciones no gubernamentales están asumiendo un rol activo en la lucha contra el ciberacoso. Un ejemplo de ello es Aldeas Infantiles SOS, que ha lanzado campañas de sensibilización dirigidas tanto a niños como a padres, para informar sobre los riesgos del ciberespacio. Estas iniciativas tienen como objetivo empoderar a los jóvenes para que reconozcan y denuncien situaciones de acoso o sextorsión.
El ciberacoso y la sextorsión representan amenazas reales para los adolescentes peruanos, pero con una legislación firme y una educación integral, se puede enfrentar este problema. Es fundamental que tanto las autoridades como la sociedad trabajen juntas para crear un entorno virtual más seguro para los jóvenes. La prevención, la legislación y la concienciación son elementos clave para combatir estos delitos que afectan la vida de miles de adolescentes en el país. Además, es esencial que los padres y tutores se involucren en la vida digital de los adolescentes, brindándoles orientación sobre cómo proteger su privacidad en línea e identificar señales de acoso o sextorsión.
