Venezuela: #YoTeCreoVZLA, el movimiento que rompe el largo silencio sobre los abusos sexuales

Venezuela: #YoTeCreoVZLA, el movimiento que rompe el largo silencio sobre los abusos sexuales

Por Melissa VidaLaura VidalRomina Navarro y Gabriela Mesones Rojo para Global Voices.

Foto: Efecto Coyuyo

En Venezuela, el movimiento #MeToo vuelve a la luz con más vigor en 2021. Una nueva ola de denuncias dio origen al movimiento “YoTeCreoVzla” y a múltiples expresiones de apoyo con las etiquetas #YoSiTeCreoVzla y #YoTeCreoVzla, donde las voces de sobrevivientes de acoso, abuso y estupro se siguen multiplicando en las redes. Muchas venezolanas coinciden en que hubo denuncias anteriores. Aún así no se les daba mucha importancia. Hasta hoy, que se llegó a un despertar abrupto.

Las primeras denuncias

La fuerza de esta ola tuvo impulso el 20 de abril de 2021 a partir de la creación de la cuenta de Instagram @AlejandroSojoEstupro. se recopilaron las denuncias de abuso sexual perpetradas por el músico Alejandro Sojo. Él, ya había sido denunciado por acoso en 2018 a través de un hilo de Twitter de la cuenta “Libertad”. Tras esos hechos, abrumada por la avalancha de mensajes de burla, descrédito y de odio, Libertad decidió borrar el hilo.

Foto: Diario 2001

Según Cinco8, Sojo publicó un comunicado y cerró su cuenta de Instagram el 24 de abril, y más denuncias empezaron a llover sobre el gremio artístico venezolano: Aparecieron testimonios contra integrantes de otras bandas, entre ellas, Okills, Le Cinemá y Tomates Fritos. Inmediatamente, las denuncias de la escena del rock venezolano se ampliaron al ámbito cultural completo, donde involucraban a escritores, periodistas, artistas visuales y otros.

Caso Mckey

El 28 de abril hubo una explosión cuando “Pía” denunció a un escritor venezolano relativamente conocido, Willy McKey. Esto, debido a haber cometido estupro entre 2015 y 2016, cuando ella tenía 16 años y él, 36. Consecuentemente, el movimiento estalló con nuevas denuncias de abuso, acoso, grooming y violación. McKey armó publicaciones en Instagram reconociendo lo que hizo, con textos que parecían defender los derechos de la mujer, lo que atrajo críticas a muchas de sus seguidoras. Más tarde, la comunicadora venezolana Veronica Ruiz del Vizo -especialista en redes sociales y mercadeo digital- hizo un hilo de Twitter. De hecho, en él explicaba por qué la publicación de McKey era problemática.

Twitter: Veronica Ruiz del Vizo.

Esa misma tarde, cuando ya tenía una orden de captura internacional tras las acusaciones por abuso sexual, McKey se suicidió en Buenos Aires. En las redes pidieron centrar la narrativa en la vida de las sobrevivientes y no en la del victimario. 

Posible politización 

Mientras tanto, algunas venezolanas temen por la posible politización de las denuncias a fines políticos. Por ejemplo, el Ministerio Público venezolano abrió expedientes sobre periodistas. El caso más relevante es la investigación contra Víctor Amaya y César Batiz, director del medio independiente El Pitazo, mencionados por una cuenta anónima que, hasta la fecha, no atrajo más denuncias directas y fundamentadas. Por otro lado, en un comunicado firmado por periodistas del medio, rechazan las acusaciones contra Batiz. Es a raíz de estos dos casos que se pide que el gobierno no instrumentalice la lucha para perseguir a la disidencia.

Reacciones en línea: El ojo puesto en Venezuela

La activista feminista Luisa Kislinger llama la atención sobre el hecho de que el #MeToo aún no hubiese llegado a Venezuela, hasta ahora:

Twitter: Luisa Kislinger.

El periodista Oscar Medina responde a las críticas que afirman que denunciar en el sistema judicial de Venezuela es mejor que hacer denuncias públicas en las redes explicando que el estado venezolano no tiene la capacidad ni la voluntad política de ayudar en la búsqueda de justicia. Si bien hubo una reforma importante de la ley contra la violencia de género, el no haberla implementado refleja la falta de voluntad institucional para ejercerla:

Twitter: Oscar Medina

La escritora Oriette D’Angelo comenta sobre la falta de atención mediática que han tenido las denuncias en el pasado:

Twitter: Oriette D’Angelo

De igual forma, las denuncias contra profesores llenaron las redes estos días. Un claro ejemplo fue e tweet de Valeria Maza sobre un profesor de la Universidad Santa María (USM), de Caracas:

Imagen del tweet de Valeria Maza (@valamaze)

En relación con el suicidio de McKey, muchas internautas enfatizaron que las víctimas de McKey no eran responsables de su acto. Sin embargo, otras como la periodista Mariel Lozada, piden de centrar la narrativa sobre las víctimas: 

Twitter: Mariel Lozada

La abogada Beatriz Borges resalta que el machismo es un problema de la sociedad:

Twitter: Bibi Borges

Es más, en las redes también expresaron preocupación por los bloqueos intermitentes de la etiqueta #YoSiTeCreo en Facebook:

Twitter: Iria Puyosa.

La periodista y contribuidora de Global Voices, Gabriela Mesones Rojo, como muchas, empatiza con las mujeres que denunciaron públicamente a los que las atormentaron, y comparte un directorio de servicios de asistencia psicológica y legal para las víctimas de violencia de género en Venezuela:

Twitter: Gaby Mesones Rojo
Hay líneas de atención a las víctimas de violencia de género. Visita este directorio de servicios de ayuda para víctimas en Venezuela, líneas en América latinaAsia y Europa, y un plan de seguridad en caso de violencia en el hogar. Asimismo, se puede obtener ayuda en las líneas confidenciales de apoyo a los suicidas y a las personas en crisis emocional. Visita Befrienders.org para encontrar una línea de ayuda para la prevención del suicidio en tu país.

La indiferencia frente al feminicidio en fotografías

La indiferencia frente al feminicidio en fotografías

Por: Melissa Vida en colaboración con Global Voices.

Foto: Proyecto Sirenas, por Pablo Tonatiuh Álvarez Reyes. Obtenidas de Facebook. [Intervención por La Antígona]

Al menos 10 mujeres mueren asesinadas al día en México. Los feminicidios continúan agravando la situación en el país.

En México, 10 mujeres son asesinadas al día. Organizaciones feministas y artistas denuncian este panorama violento que se da en casa como en la calle y la falta de respuesta política. Desde su gremio, el fotógrafo Pablo Tonatiuh Álvarez Reyes quiere dar una mirada metafórica a las matanzas de las mujeres. Su fin es despertar a algunos mexicanos del entumecimiento que sienten frente a las notas de prensa lastimosamente repetitivas en su morbo.

Álvarez Reyes escogió a la metáfora de la sirena en su proyecto fotográfico porque este ser mitológico “ha tenido un uso machista dentro de las representaciones pictóricas a lo largo de la historia del arte,” como me lo cuenta por email. “Se le relaciona con la tentación sexual, que los varones deben evitar para seguir con el camino recto, es decir, se le mira primero sólo en relación al hombre, sin considerar su propia moral o sus propias tentaciones”.

A eso quiso darle una resignificación simbólica, pues en esta serie “son las víctimas de un sistema que las vende, compra, encierra y mata al considerarlas seres inferiores, sujetos a la voluntad de otros”.

Foto: Carne de sirena 1, Proyecto Sirenas, mostrada con permiso.

Aún cuando el Proyecto Sirenas es girado a una audiencia diversa, Álvarez Reyes añade que le “interesa dialogar con los hombres, ya que es vital que los varones tomemos un papel activo y crítico en la lucha contra toda la sistematización que perpetúa la violencia hacia las mujeres”.

Las fotos de Álvarez Reyes, que son trece en total, cuentan con una serie de mujeres-pez en diferentes situaciones deshumanizantes. Muchas pueden ser duras al mirar pues resalta la vulnerabilidad de la mujer. Así mismo reflejan cómo, según la visión del artista, se le ve en la sociedad mexicana — como carne.

Las fotos tienen la particularidad de mostrar a las modelos semi-desnudas. Esto, impulsa a la pregunta de porqué mostrar a las mujeres de esta forma pues algunos podrían ver en esta decisión una visión propiamente masculina del asunto. Álvarez Reyes responde que quiso ser fiel a la imagen de la sirena. Un ser quién es mitad humana y mitad pez. Buscó evitar la vinculación con imágenes de sirenas romantizadas de la cultura pop y evidenciar que las personas violentadas son mujeres reales. 

Foto: Sirena charal, Proyecto Sirenas, mostrada con permiso.

A la cuestión de por qué haber puesto a las sirenas en posiciones sugestivas, vulnerables o sangrientas, Álvarez Reyes contesta que lo sugestivo se empleó “para destacar que múltiples violencias son de carácter sexual”. Se pretende resaltar la indiferencia de la sociedad demostrando situaciones extremadamente violentas en las fotos.

Por ejemplo, en la foto Clase de Anatomía“se estudia a la sirena muerta como si se tratara de una rana en el laboratorio de la escuela. Muestra un desinterés por dialogar con ella en vida, de frente y reconociendo su individualidad. Entre varias posibilidades, es la crítica a un sistema judicial y a una prensa que presenta a las mujeres muertas por feminicidio como números o estadísticas ofreciendo infructuosas ‘soluciones’ ante la problemática de violencia que no pretenden comprender el origen y las causas de la misma”.

La mayoría de las participantes no son modelos. Son mujeres de diversos lugares, edades y oficios quienes empatizan con la lucha contra la violencia hacia las mujeres. 

Foto: Trofeo, Proyecto Sirenas, mostrada con permiso.

Por el momento, la obra no se presentó en una exposición por las condiciones de confinamiento por el COVID-19. Su plan inicial era realizar una gira por escuelas de educación secundaria y preparatoria. Ahora piensa armar un libro con las trece fotos y el detrás de cámaras. Esto, con el fin de mostrar cómo ha sido el desarrollo del proyecto, junto con la información pertinente sobre feminicidios y violencia.

Lo que más desea el fotógrafo con esta obra se resume en una palabra: diálogo. Quiere incentivar “un diálogo que nos arranque de la indiferencia sería el mejor impacto; que la gente al ver las fotografías desee entablar una dialéctica frente a la obra. Queremos emocionar a los espectadores para que reflexionen sobre causas y orígenes de la violencia hacia las mujeres, y cómo diversas prácticas nocivas conllevan, en última instancia, hacia el feminicidio“.

“Aquel 29 de abril”: Dos feminicidios avivan las alarmas en Puerto Rico por violencia de género

“Aquel 29 de abril”: Dos feminicidios avivan las alarmas en Puerto Rico por violencia de género

Por: María Cristina Muñoz

Foto: El Nuevo Día PR

Los asesinatos de Andrea Ruíz Costas y Keishla Rodríguez a manos de sus parejas han encendido, nuevamente, las alarmas en Puerto Rico. En el presente año ya se registra 21 feminicidios según el Observatorio de Equidad de Género de PR. Organizaciones de mujeres y la misma ciudadanía continúan presionando al Gobierno. Exigen que tome medidas más drásticas que detengan el Estado de Emergencia por Violencia de Género, en el que se encuentra la isla.

Sus nombres son Andrea Cristina Ruiz Costas y Keishla Marlen Rodríguez Ortiz.

La primera había recurrido a los tribunales en dos ocasiones para denunciar su caso de violencia doméstica. Sin embargo, las juezas encargadas no encontraron causa para arrestar al agresor y tampoco emitieron órdenes de protección. A raíz de esas inacciones, el cuerpo de Andrea (35), fue encontrado parcialmente calcinado a la orilla de una carretera el jueves 29 de abril de 2021. Su expareja, Miguel Ocasio Santiago, confesó el crimen y fue encarcelado. El comisionado de la Policía, coronel Antonio López, señaló que, según la confesión que hizo Ocasio Santiago, “aparentemente la joven no quería seguir la relación con él, y ese fue el detonante de todo”. 

Ese mismo jueves, 29 de abril, se declaró desaparecida a Keishla y se activó por primera vez en la isla la llamada Alerta Rosa. La misma que es utilizada en casos de mujeres mayores de 18 años que se reportan desaparecidas o secuestradas. Al día siguiente, a primera hora, se dio a conocer que Keishla sostenía una relación con el reconocido boxeador puertorriqueño Félix Verdejo. Así mismo se difundió que estaba embarazada y que su familia lo acusaba públicamente de la desaparición. No es hasta el sábado primero de mayo, que el cuerpo de Keishla, es hallado a la orilla de la Laguna San José entre la ciudad capital de San Juan y el municipio de Carolina. Al otro día, Verdejo se entregó a las autoridades federales. Fue encarcelado y se dio a conocer oficialmente la fecha en que Keishla fue asesinada: el 29 de abril de 2021. 

Todo esto sucede a menos de una semana de que en Puerto Rico, se cumplieran los primeros 100 días de la declaración de un Estado de Emergencia por Violencia de Género. Para organizaciones feministas, la isla vive en Estado de Emergencia desde el 2018. Ese mismo año, la Colectiva Feminista en Construcción le exigió al entonces gobernador Ricardo Rosselló que atendiera con urgencia el asunto. Durante ese 2018, en Puerto Rico, ocurrieron 63 feminicidios.

Foto: LatinSpot

“Por demasiado tiempo víctimas vulnerables han sufrido las consecuencias del machismo sistemático, la inequidad, el discrimen, la falta de educación, de orientación y sobre todo la falta de acción. Es mi deber y mi compromiso como gobernador establecer un PARE a la violencia de género. Ante estos fines es que he declarado un estado de emergencia”, sostuvo el gobernador mediante comunicado de prensa aquel 24 de enero de 2021.

A raíz de las muertes de Keishla y Andrea, comenzaron a surgir las interrogantes sobre lo que el gobierno ha estado haciendo -o dejado de hacer-desde que se implementó la emergencia y cuáles han sido las prioridades durante los pasados 100 días.

Las cinco organizaciones no gubernamentales que componen el Comité PARE, se expresaron enviando una carta al gobernador Pedro Pierluisi. En ella pedían una reunión de urgencia y detallaban varias peticiones. Entre estas estaba, mejorar el proceso de rendición de cuentas del comité,  identificar el presupuesto necesario para que se diseñe y lance una campaña educativa y prevención de la violencia de género.

El gobernador, por su parte, respondió de forma positiva a la misiva. Consecuentemente, se llevó a cabo una reunión “muy productiva”, según declararon las organizaciones a través de Facebook. En esta, se plantearon algunos pasos a seguir por el comité. En los próximos días debería estar publicada una página web con información sobre los avances del comité. Así mismo, el comité anunciaría el presupuesto para trabajar contra la violencia de género. También lanzaría una campaña de educación, entre otros asuntos.

“Todos los días pensamos en las mujeres para las que trabajamos. Todos los días ellas son las protagonistas de este esfuerzo”, insistieron las organizaciones.

Mientras las conversaciones entre el gobierno y el Comité PARE se realizan, en el país continúan existiendo las dudas sobre qué trabajos se están realizando y por qué aún no se ven los efectos de la declaración de Estado de Emergencia.

Las manifestaciones como método para ejercer presión y exigir acción, no se hicieron esperar. Desde el domingo 2 de mayo, y el resto de esta semana, se realizaron protestas buscando justicia por las muertes de Andrea, Keishla y las demás mujeres que han sido asesinadas en Puerto Rico. Comenzaron en el puente Teodoro Moscoso. Luego, continuaron en la Fortaleza (residencia del gobernador). Siguieron en el Departamento de Justicia, Cuartel General de la Policía de Puerto Rico y otros pueblos fuera de la ciudad de San Juan.  

“Esta semana se cumplieron los 100 días luego de haberse declarado el Estado de Emergencia contra la Violencia de Género en Puerto Rico. La declaración fue el resultado de una intensa y larga jornada de lucha durante los pasados dos años, liderados en gran medida por nuestra organización la Colectiva Feminista en Construcción. En la última semana los casos más recientes de violencia de género han estremecido al país. Se avivan traumas, terror y un gran dolor nos consume. Nos inunda la rabia y la frustración. Lanzamos una convocatoria para que otras mujeres se organizaran y llegaran a sus municipios a exigirle a los alcaldes y alcaldesas rendición de cuentas de cómo se está manejando la crisis de violencia de género a nivel local”. Así se expresó la Colectiva Feminista en Construcción a través de sus redes sociales.

Foto: Colectiva Feminista en Construcción PR

Las convocatorias han alcanzado el nivel de que en sobre 30 municipios de Puerto Rico se congregaron personas, en su mayoría mujeres, frente a las alcaldías. Es la primera vez que el archipiélago de Puerto Rico logra que diversos grupos se autoconvoquen y realicen algún tipo de manifestación simultánea en contra de la violencia de género.

“Las mujeres en Puerto Rico queremos ver acciones concretas y sobretodo queremos ver resultados. Este dolor, rabia y frustración que nos ha estremecido -no tan solo a las mujeres sino al país entero- quisimos canalizarlas en acción. También en movilización, en salidas colectivas que nos permitan encontrarnos. Queremos crear redes de apoyo, crear comunidad entre nosotras y, sobre todo, hacer el trabajo de fiscalización al gobierno. Eso ha sido lo que hemos estado gestando en esta última semana”, señaló Shariana Ferrer, integrante de la Colectiva Feminista en Construcción, sobre las diversas demostraciones en repudio a la violencia de género en la isla. 

En lo que va de 2021, en Puerto Rico han ocurrido 21 feminicidios. Seis a manos de parejas o exparejas de la víctima, y un transfeminicidio según los datos del Observatorio de Equidad de Género. 

Arte y diseño: La Antígona

Para el 2020, las mujeres asesinadas en el archipiélago fueron 60. 

El país espera que se haga justicia a las vidas de Andrea, Keishla y las demás mujeres asesinadas en Puerto Rico durante el 2021 y años anteriores. Igualmente, las organizaciones feministas esperan que #NiUnaMás tenga que ser asesinada para que las conversaciones de violencia de género acaparen atención. A un paso lento pero seguro, cada vez son más las personas que se unen a la lucha en contra de los feminicidios. Más se suman a manifestaciones y están dispuestas a aprender y desaprender para acabar con la violencia machista. 

Esterilizaciones forzadas: Los primeros descargos de Alberto Fujimori

Esterilizaciones forzadas: Los primeros descargos de Alberto Fujimori

Por: Luz Mateo Cielo

Esterilizaciones Forzadas

El fiscal Pablo Espinoza terminó de presentar más de 180 evidencias contra el expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de Salud por el delito de violaciones a los derechos humanos.

Después de 11 audiencias de sustentación de cargos, el fiscal Pablo Espinoza terminó de presentar más de 180 elementos de convicción (evidencias) contra el expresidente de la República Alberto Fujimori (1990-2000) y sus exministros de Salud por el delito de violaciones a los derechos humanos. Ahora el caso se encuentra en la etapa donde los acusados se defienden de la denuncia penal que los señala como autores mediatos de un programa masivo que esterilizó forzosamente alrededor de 300 mil mujeres. Cesar Nakazaki, abogado del expresidente, señala que no existen condiciones para calificar el delito imputado como crimen de lesa humanidad.

Foto: IDL

El pasado lunes 03 de mayo, comenzó la etapa de descargos por parte de la defensa legal de los acusados: Cesar Nakazaki, abogado de Fujimori Fujimori; Lidia Godoy, de Eduardo Yong; Humberto Abanto, de Costa Bauer; y Raúl Pariana, de Alejandro Aguinaga, implicado en el caso de Vacunagate.
El primer ponente fue César Nakazaki, quien sostuvo que no existen condiciones para abrir un proceso penal. Afirma que la acción penal no cumple con 3 de sus 5 elementos: hecho aparentemente delictivo, justificable penalmente y no prescrito. 
Sobre lo último, señala que el delito que le atribuyen no es de lesa humanidad y que por lo tanto no es imprescriptible. “Un delito de lesa humanidad debe cometerse contra la población civil bajo un ataque generalizado o sistemático de una política”, dijo agregando que el Ministerio Público archivó una de tantas investigaciones porque faltaba evidencia para probar que se trató de una política así. Por su parte, Somos 2074 y Muchas Más, una campaña que reúne a las sobrevivientes de las del caso, expresó a través de su cuenta de Twitter su desacuerdo.

Publicado el 3 de mayo del 2021 por Somos 2074 y Muchas +

En China, ejemplificó Nakazaki, utilizan el método de la reducción obligatoria de natalidad por motivos sociales o económicos y que no constituye un delito de lesa humanidad o genocidio. Asimismo, criticó que no hay una sentencia del Tribunal Constitucional que indique qué sistema de incorporación del derecho penal internacional se debe utilizar para aplicar la imprescriptibilidad de los delitos a la legislación peruana. Según argumenta, el Código Penal no recoge a las esterilizaciones forzadas como delito imprescriptible, por lo que merece una modificación.
Al cabo de casi 2 horas del segundo día de descargos, el juez Rafael Martínez determinó suspender la audiencia debido al malestar que presentaba el defensor de Fujimori producto del covid-19. La misma fue retomada el día lunes 10 de mayo durante la mañana.
En esta sesión, Nakasaki sostuvo, nuevamente, ante el juez Martínez que los delitos cometidos por Fujimori ya habían prescrito por lo que pidió se declare improcedente la denuncia. Así mismo, aseguró que este caso ya había sido archivado en el año 2009 por la Fiscalía de la Nación al no encontrarse evidencias de que se trataba de un delito de lesa humanidad. Mientras tanto, familiares y víctimas de las esterilizaciones forzadas protestaban frente al Palacio de Justicia exigiendo que el caso no sea archivado.

Sobrevivientes de las esterilizaciones forzadas y activistas frente al Palacio de Justicia en marco de la campaña Somos 2074 y Muchas Más. Foto: Javier Maguiña.

Derechos lingüísticos  

Al inicio del primer día de descargos, Nakazaki le pidió al juez Rafael Martínez no ser interrumpido en su exposición por el personal de intérpretes dispuesto por el Ministerio Público. En ese sentido, sugirió que la traducción se hiciera al término de la audiencia, a partir de la grabación obtenida. Según alegó, las pausas que se tomaban para la exposición en quechua afectaba la fluidez y el derecho a la defensa de los acusados. Sin embargo, el “Protocolo para la participación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas u originarias en procesos judiciales” del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial —que compartió María Ysabel Cedano, abogada de la parte agraviada, a través del chat de Google Meet—,señala que la interpretación del mensaje se realiza de manera consecutiva a su escucha. 

Foto: Lugar de la Memoria LUM

“No puede ser que las víctimas se enteren de lo que estamos hablando en este momento recién al día siguiente. Eso desnaturaliza el derecho a la traducción porque no es un tema meramente técnico”, manifestó Cedano, quien además dijo que la interpretación consecutiva es el estándar mínimo que el Ministerio Público ha logrado garantizar pese a las deficiencias tecnológicas. Finalmente, el juez resolvió continuar con la dinámica utilizada en la sustentación de cargos del fiscal: tras 10 minutos de exposición, prosigue la traslación en quechua.

Cargos 

Han sido casi dos semanas de argumentación fiscal ante el Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado de la CSNJPE para formalizar la denuncia sobre el caso de intervenciones quirúrgicas en contra de la voluntad de cientos de miles de mujeres durante el régimen fujimorista. En total son 1321 denunciantes que acusan a Alberto Fujimori, Eduardo Yong, Marino Costa y, al congresista electo de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga de atentar contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Junto a ellos también se encuentran imputados Ulises Aguilar, exdirector de Salud; Segundo Aliaga, exdirector de la subregión IV Cajamarca; y Magda Gonzales, ex coordinadora del Programa Materno Perinatal de la misma subregión. 


Tras el fallo del Tribunal Constitucional en el 2020, ellos están obligados a continuar y responder ante el Poder Judicial por los mecanismos ilegales y sistemáticos que utilizaron durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) para reducir la pobreza a través de tasa de natalidad. El fiscal Pablo Espinoza argumenta que los hechos no fueron aislados, sino que se trató de una política nacional que sometió a mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas de zonas rurales y urbano populares de entre 19 y 27 años en situación de pobreza a ligaduras de trompas no consentidas ni informadas.

Dilataciones

El 11 de enero se llevó a cabo la primera audiencia pública, pero fue suspendida por no contar con intérpretes que garantizaran a las denunciantes quechua hablantes de diferentes regiones del país el derecho a entender todo el proceso penal. Casi 2 meses después, el 1 de marzo, se retomó el caso con profesionales del idioma quechua en sus variantes más representativas.
No obstante, hubo nuevos intentos de volver a postergar la segunda audiencia. El representante legal Humberto Abanto —respaldado por Cesar Nakazaki— solicitaron al juez Rafael Martínez anular la audiencia por indefensión debido a que su cliente Costa Bauer no se encontraba presente porque tenía una operación quirúrgica programada en Chile. Sin embargo, el magistrado rechazó el requerimiento.
Otro de los ausentes durante las audiencias fue Alberto Fujimori. Nakazaki dijo que su defendido no tiene la obligación legal de concurrir a este proceso ya que está protegido por el tratado de extradición Perú-Chile, el cual establece que solo puede ser sometido a los procesos penales que son objeto de dicha sentencia y sus dos ampliaturas. Además agregó que tenía problemas de salud.
Cabe recordar que el caso ha tenido 2 investigaciones fiscales preliminares con 2575 denunciantes y ha sido archivado hasta en 4 ocasiones. La Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas Lima y Callao, Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas y activistas por los derechos de las mujeres vienen realizando una serie de manifestaciones públicas exigiendo al juez Rafael Martínez que resuelva abrir una investigación judicial cuando culminen las audiencias.

Testimonio de Victoria Vigo de Piura

Sin cifras oficiales

  1. El Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos registró hasta el 2018, más de 7 mil casos. 
  2. El propio Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar señala que se esterilizó a 272,028 mujeres y 22,004 varones.
  3. Un Informe del Congreso del 2002 estima que fueron 314,605 mujeres y 24,563 varones. 

Las agentes penitenciarias y su propia batalla en primera línea

Las agentes penitenciarias y su propia batalla en primera línea

johanna.gallegos@pucp.pe
Mujeres frente al COVID-19 en la cárcel

Ellas buscan cumplir su labor en esta otra primera línea contra el coronavirus, pero piden más apoyo del Estado. Conoce la asombrosa labor de las agentes INPE.

Son mujeres. Algunas son madres y custodian el penal de reclusas más grande que tiene Lima: el establecimiento penitenciario de Chorrillos, donde ya se ha registrado la primera muerte por coronavirus. En esta emergencia sanitaria por el COVID-19, las trabajadores del INPE están expuestas y ponen en riesgo sus vidas mientras el temor de ser contagiadas invade esta cárcel que alberga a más de 850 internas. Ellas buscan cumplir su labor en esta otra primera línea contra el coronavirus, pero piden más apoyo del Estado. 

Si quieres escuchar esta historia en la voz de la autora, haz click aquí. 

*Pon play en los audios para oír los testimonios

El cambio de estación está logrando que el cielo de Lima vuelva a ser gris y que el frío se empiece a sentir. Hay un lugar en el que ese frío se siente aún más: el Establecimiento Penitenciario Mujeres Chorrillos, la cárcel de reclusas más grande de Lima. Este lugar no es ajeno a la emergencia sanitaria. El pasado 12 de mayo murió la primera interna por infección de COVID-19. En pleno avance de la pandemia, las agentes femeninas del Instituto Penitenciario del Perú (INPE), al igual que sus colegas hombres, no han detenido su labor y custodian a diario a las 859 reas que cumplen condenas, en su mayoría, por delitos relacionados al tráfico ilícito de drogas (TID) o robo agravado, según las estadísticas del Ministerio de Justicia. María, a quien llamaremos así en esta nota, es una de las 45 agentes que cuidan en esa prisión.

Desde hace veinte años, María se despierta de madrugada para ir a la cárcel: se alista, se pone su uniforme y con las botas ya puestas, atiende a su pequeño de 8 años con habilidades especiales. Junto a su esposo, quien también es agente penitenciario, tienen que dejarlo solo por más de cinco horas mientras retornan a casa. Su labor como agentes de seguridad del INPE, nos cuenta ella, le impide pasar más tiempo con su niño. “Es bastante complicado. Cuando mi esposo está de descanso se queda cuidando a mi hijo. Pero igual, así se quede él, cuando vuelvo del trabajo igual siempre hay que limpiar, cocinar y, bueno, todo el trabajo de casa”, dice.

María confiesa que la rutina diaria en el penal la consume. Su voz por el teléfono revela su nerviosismo cuando nos comenta que siendo parte del área de seguridad tiene un horario de “24 x 48”. Esto quiere decir que tienen un día de descanso por dos de turno. A pesar de su cansancio diario intenta mantenerse fuerte por su niño.

SIN PROTECCIÓN

En el penal de mujeres Chorrillos trabajan alrededor de 65 agentes INPE que pertenecen a la división de seguridad. De ese total, aproximadamente 45 son agentes femeninas como María, cuya función principal es controlar y velar por el orden de todo el reclusorio. Ellas tienen contacto directo con las internas. Sin embargo, el número de personal se ha reducido, según informó Gerson Villar, quien era presidente del INPE y presentó su renuncia el pasado 6 de mayo.

Elvia Córdova, técnica de segundo grado, tiene 13 años como agente de seguridad del INPE. Actualmente es jefa de seguridad del penal de Chorrillos.  La llegada del virus impactó a todos, nos asegura. Un notorio cambio se vio, primero, en el número de personal de seguridad y administrativo que hoy labora. Agentes mayores de 60 años o con enfermedades crónicas se están quedando en sus casas. Esta reducción ocasionó cambios de horarios para las guardias de seguridad que sí están en actividad como es el caso de María. “De 27 personas que eran por grupo, en personal femenino, ahora cuento con 20 en cada grupo”, señala Elvia. 

En abril, se identificó al primer infectado de COVID-19 dentro de un establecimiento penitenciario: un agente que laboraba en el área externa, fuera de los pabellones y patios de la cárcel. Este fue aislado en su domicilio por 14 días siguiendo el protocolo de seguridad del Ministerio de la Salud (Minsa). Hasta el cierre de este informe, hay un total de 12 agentes del INPE fallecidos por coronavirus. Todos ellos adquirieron la enfermedad en cumplimiento de sus funciones en esta otra primera línea.

En abril, se identificó al primer infectado de COVID-19 dentro de un establecimiento penitenciario: un agente que laboraba en el área externa, fuera de los pabellones y patios de la cárcel. Este fue aislado en su domicilio por 14 días siguiendo el protocolo de seguridad del Ministerio de la Salud (Minsa). Hasta el cierre de este informe, hay un total de 12 agentes del INPE fallecidos por coronavirus. Todos ellos adquirieron la enfermedad en cumplimiento de sus funciones en esta otra primera línea.

Desde que se conoció el primer caso, el temor dentro de las prisiones, como en Chorrillos, incrementó. El miedo era compartido: lo sentían las reclusas y lo sentían sus custodias, como María. ¿La razón? El personal activo -las y los agentes- no tenían los implementos de bioseguridad necesarios y recomendados por el Minsa. Es decir, no contaban con mascarillas NK-95, guantes quirúrgicos ni alcohol en gel. El único material de protección que habían recibido era de material desechable como mascarillas simples.

https://www.datawrapper.de/_/CNQQ1/

Fuente: MINJUS

Fuente: INPE

PRESUPUESTO PARA SALVAR VIDAS EN EL INPE

El pasado 29 de abril, la Contraloría General de la República señaló en un informe que el INPE solo gastó un 10,81% de los S/. 10’000.000.00. El documento del órgano de control advirtió una posible deficiencia en el sistema de prevención si es que no se ejecuta rápidamente el monto. Habían pasado 37 días desde que se transfirió el presupuesto. Casi una cuarentena.

Hasta la fecha y a pesar de que el expresidente del INPE, Gerson Villar, señaló a la prensa antes de renunciar que estaban trabajando para ejecutar todo el presupuesto asignado, aún no se ha evidenciado cifras de gasto que vayan más allá del 20%, es decir, solo 10% más de las publicadas por la contraloría, según el portal de Transparencia Económica del MEF, consultado por La Antígona el último 11 de mayo. Desde el INPE, a pesar de la consulta a través de la Oficina de Prensa, no se han pronunciado al respecto.https://infogram.com/untitled-report-1hke60rx1me165r?live

https://infogram.com/untitled-report-1hke60rx1me165r
Fuente: Consulta Amable COVID 19 – MEF

Fuente: Consulta Amable COVID 19 – MEF

Este retraso en la ejecución del presupuesto ha ocasionado que las mismas agentes, como María y sus compañeras, busquen alternativas para protegerse. Ellas están elaborando sus propias mascarillas y mandiles. Empresarios aliados están colaborando con donación de telas y materiales. “Nosotras somos los únicos que estamos allí, dando la cara, porque el personal igual se queja. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como miembros o directivo de ese penal. Lo único que podemos hacer es pedir aliados”, nos dice Elvia, la jefa de seguridad,  con un tono que mezcla  su decepción y desesperanza. Parece asumir que la situación no cambiará para con ellas. 

SOLAS Y EN PRIMERA LÍNEA

El miedo ante posibles contagios no es el único temor que ronda el penal de Mujeres Chorrillos. Según datos contabilizados por el Ministerio de Justicia (Minjus), se han producido un total de 16 motines en el país durante los 50 días que llevamos del aislamiento social obligatorio para frenar la pandemia del COVID-19. Ninguno tuvo lugar en un penal de mujeres, hasta ahora. Sebastián Villagómez, abogado de la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Minjus, explica que esto se debe a las diferencias y características propias de internos varones e internas mujeres. Es decir, es por un tema de género. “Ellas no tienen ese componente violento que sí presentan los varones”, nos señala. A fines de abril, en el penal Miguel Castro Castro de hombres murieron 9 internos tras el motín por reclamar atención y protección por el avance del coronavirus.

Fuente: Rodrigo Abd

Pero María dice que un posible motín en el EP Chorrillos no sería irreal. Cuenta que, ante la desprotección por parte del Estado y las condiciones de los penales, las internas han tomado posturas rebeldes. El orden y disciplina es cada vez más difícil de conseguir. “Las chicas están bastante preocupadas. Están inquietas por ya hay chicas que están con el COVID y eso las tiene asustadas y molestadas”, nos dice. Ella y sus compañeras tratan de calmarlas, pero sienten que a diario tienen que estar preparadas para cualquier revuelta.

Intranquilidad y preocupación es el sentimiento que comparten las internas y las agentes. Cuando se decretó el estado de emergencia sanitaria por el avance del COVID-19, parte del parte del personal administrativo que incluye a psicólogos, abogados y asistentes sociales dejó de acudir al penal e hizo trabajo remoto. Las agentes de seguridad del INPE, como María y Elvia, fueron las únicas que permanecieron dentro del establecimiento y lo siguen haciendo. Al no tener apoyo de las otras áreas, ellas sienten todo el peso sobre su labor de custodiar un penal de 859 mujeres, donde no son pocos los casos de internas, madres y gestantes que reciben tratamiento psicológico.

Solo son 15 agentes para controlar y atender a todas. “Hay internas violentas, otras tienen problemas de depresión, pero la situación, ahora con el miedo de contagiarse, se han puesto más rebeldes. Muchas veces no hacen caso, ya cuesta ponerles en orden”, se queja una de las agentes entrevistadas. La cárcel, reconoce, es un lugar donde hay todo tipo de historias.

Según datos del Minjus brindados por Villagómez a La Antígona, la mayoría de penales están hacinados porque presentan una capacidad máxima de 39 mil unidades de albergue para los casi 906.870 internos entre varones y mujeres. La abogada especialista en temas de mujeres privadas de la libertad para el Programa de Asuntos Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo (PAPP), Keysi Gallegos, coincide sobre la existencia de un estado de hacinamiento en las prisiones en nuestro país y afirma que esta condición exige un mayor trabajo de custodia por parte de los trabajadores del INPE.

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Elaboración de La Antígona

Actualmente, las agentes penitenciarias trabajan dos días seguidos y descansan cuatro días. Gallegos, sin embargo, señala que las condiciones en las que trabajan, duermen y se alimentan dentro del penal de Chorrillos no son las mejores. “No hay que olvidar que las agentes son tan servidoras públicas como el que trabaja en el Ministerio de Economía, etc. Las condiciones en las que ellas se desarrollan no son aptas”, precisó la abogada. Asegura que si antes les costaba, ahora con el avance del coronavirus dentro de las cárceles todo es más complicado. Es más duro. Aunque, ellas mismas son conscientes de su labor. “Para eso me han preparado”, le han respondido muchas. Pero que también les gustaría que el Estado las reconozca como están haciendo con otras profesionales.

Al ser consultado sobre la ausencia de otros profesionales en las cárceles como el personal administrativo o los psicólogos, Villagómez respondió que ahora sí están asistiendo y que su presencia es esencial en los penales. “Es un error que se ha subsanado, aunque sí se ha dado preferencia al trabajo virtual”, reconoció. Antes de presentar su renuncia, el expresidente del INPE Gerson Villar, declaró al diario Gestión que se habían contratado a 100 médicos, 100 enfermeras y 150 agentes de seguridad para reducir la carga laboral de las actuales trabajadoras y asegurar la atención de necesidades de las internas.

MÁS MEDIDAS PARA EL INPE

El pasado 22 de abril, tras el incremento del número de infectados de COVID -19 en los penales, el presidente Martín Vizcarra aprobó el Decreto Supremo 004-2020, que brinda lineamientos para la evaluación de casos de internos que podrían tener gracias presidenciales debido a la crisis sanitaria. Es decir, que se tramitarán indultos dada la coyuntura de crisis mundial por la pandemia del coronavirus.

Fuente: Ministerio de Justicia

La Comisión de Gracias Presidenciales del Minjus recomendará, según explicó Villagómez, dar este beneficio penitenciario a quienes sean madres y permanezcan con sus niños o niñas en la cárcel, a quienes se encuentren en estado de gestación o madres que tengan condenas próximas a vencer. También a personas mayores de 60 por encontrarse como grupos vulnerables al contagio. siempre y cuando no se tengan delitos graves o reincidentes. “Se debe valor la participación de las internas en el tratamiento y su conducta (…) En los 68 penales la administración penitenciaria va detectar de oficio los posibles casos”, dijo el funcionario.

La Defensoría del Pueblo está supervisando este decreto supremo. Gallegos indicó que la medida es viable. Sin embargo, algo desconfiada, reconoce que el proceso será de arduo trabajo pues se necesita revisar cada caso a detalle. Aun así, se espera que contribuya a la reducción del hacinamiento y, por consecuencia, también favorezca al personal penitenciario cuyos esfuerzos por mantener el control parecen estar al límite. “Va generar que se pueda desconcentrar y facilitar la albora la agente penitenciaria”, sostuvo.

El último 26 de abril, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda y las autoridades del INPE, recibieron un lote de 110 mil mascarillas comunitarias lavables y adquirieron 13.000 pruebas rápidas para ser aplicadas a todo el personal. Hasta el cierre de este informe, el proceso de entrega de estos implementos en los 68 penales del país continuaba con lentidud, así como la toma de muestras para diagnosticar infectados de COVID-19. 

Sin embargo, el último 19 de mayo durante una entrevista en RPP, el ministro aseguró que se hallan ejecutando estrategias que prioricen el aseo y desinfección de las 68 cárceles peruanas. También, confirmó la existencia de anillos de salubridad que consisten en la medida de temperatura, desinfección de calzado y de manos a quien ingrese a los recintos. Por último, señaló que ya se había finalizado la entrega de mascarillas en todos los penales recalcando que este proceso era verificado por la Oficina de Asuntos Internos del INPE. 

Fuentes: Prensa

Las cartas están puestas sobre la mesa para asegurar la protección de las agentes como Elvia, María y el resto del personal penitenciario, quienes por su labor -así como otros profesionales en primera línea- también están con temor de sumarse a las cifras de infectados de coronavirus en el Perú. 

© 2021 La Antígona

Profesoras a distancia: El reto de educar en zonas rurales

Profesoras a distancia: El reto de educar en zonas rurales

b.baccalini@pucp.pe

La educación a distancia ha evidenciado las desigualdades ya existentes en el país. La Antígona recogió las historias de tres profesoras en Ancash, Cajamarca y Junín.

Maestras y maestros de todo el Perú se vieron obligados a cambiar los salones de clases por pantallas digitales tras la cancelación de clases por el avance del COVID-19. La educación a distancia ha evidenciado las desigualdades ya existentes en el país y se ha convertido en un nuevo reto para alumnos y profesores, sobre todo para quienes permanecen en zonas remotas sin acceso a internet, ni tecnologías. La Antígona recogió las historias de tres profesoras que enseñan de manera remota en Ancash, Cajamarca y Junín.

Si quieres escuchar esta historia en la voz de la autora, haz click aquí. 

Sonia, de quinto grado de primaria, debe caminar alrededor de 20 minutos a campo abierto en la zona minera de La Zanja, a cuatro horas de Cajamarca, hasta obtener señal suficiente para recibir clases vía telefónica. Ella estudiaba en una pequeña escuela pública de solo 16 estudiantes. Sin embargo, sus clases fueron canceladas debido a la pandemia del COVID-19.

Su padre, con mucho esfuerzo, se vio obligado a adquirir un teléfono con Whatsapp para que ella pueda seguir con las clases remotas durante el confinamiento. En su casa no disponen de una computadora para las sesiones virtuales, ni mucho menos de internet. El celular es el único medio por el cual la menor puede seguir con sus sesiones escolares.

Camila Vásquez, de 24 años, es la profesora de Sonia. Todos los días se comunica con ella desde Lima y le envía las clases por teléfono. La crisis sanitaria por el avance del COVID-19 la ha obligado a cambiar las aulas por las pantallas digitales, algo que nunca pensó cuando decidió convertirse en maestra. Este nuevo reto la ha obligado también a modificar sus dinámicas de enseñanza y a que la tecnología se convierta en una aliada para seguir instruyendo a sus alumnos.

“Son emociones muy cambiantes…Han habido momentos en los que uno dice: “esto es muy difícil, saben qué, voy a dejarles solamente hacer los libros”…Piensas en tantos obstáculos que te hacen pensar en mejor continuar, pero también pasan cositas en el camino que te hacen despertar, que te hacen ver que para ellos esto es importante, como el que yo converse con sus papás, que me cuenten todo lo que les gustaría ver, todo lo que esperan de los logros de sus hijos” indicó la docente.

Escolares dirigiéndose a sus hogares luego de sus clases. FUENTE: Facebook.

Millones de niños sin acceso a internet

La suspensión de clases por el avance del coronavirus ha representado un gran desafío para el sector de la educación. Millones de niños en todo el Perú se han visto afectados por la cancelación de clases: más de 1.7 millones de escolares no tienen acceso a internet, según el Ministerio de Educación. Sin embargo, el aprendizaje no puede detenerse y los maestros y maestras han ideado nuevas alternativas.

Mayra Echevarría atraviesa una situación similar a la de Camila. Ella es profesora de cerca de 150 alumnos de una escuela de la provincia de Yauli, en la región Junín. Cada lunes, Mayra se graba dando clases frente a una pizarra y envía los videos a los padres de sus alumnos a través del Whatsapp. En su casa, en Huancayo, adaptaron una habitación como un salón de clases para que ella pueda realizar las sesiones.

“Definitivamente todo ha cambiado y nuestra forma de trabajar también, y todo esto por nuestros estudiantes, que realizan enormes esfuerzos por adaptarse. Lo más difícil de esta situación es no poder verlos, no poder enseñar en las aulas teniéndolos tan cerca para brindarles retroalimentación al instante, teniendo que pedir a los padres de familia que hagan la labor del docente en casa, que sean ellos los intermediarios para que los niños puedan comprender mejor y más claro alguna idea que no comprendieron tras las pantallas”. agregó Mayra.

Sin embargo, no todos sus alumnos cuentan con acceso a tecnología y con el 10% solo se comunica por llamadas esporádicamente, debido a que los padres deben caminar largas horas para tener señal telefónica. Liliana Muñoz, vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad Cayetano Heredia conversó con La Antígona y explicó que la crisis sanitaria ha evidenciado cada vez más las brechas y desigualdades ya preexistentes en el país.

“Esta pandemia lo que ha hecho es evidenciar cada vez más las grandes desigualdades. Si bien es cierto que para la educación a distancia no solo se hace uso de la tecnología, sino que también se incorpora la radio y la televisión, nosotros vemos todos los días a niños que suben hacia los cerros a poder captar algún tipo de señal, en provincias, en las zonas rurales. En la Selva, en la Sierra, algunos alcaldes y autoridades del gobierno regional dicen que no hay ni siquiera señal para que capte el televisor”, indicó la especialista en educación.

Muñoz destacó las iniciativas propias de los maestros -como Camilia y Mayra- para combatir estas brechas educativas; sin embargo, recalcó que el Estado es quien debería ver las formas de solucionar e implementar estrategias ante esta situación.

“Nuestro país es tan diverso geográficamente que hay todo tipo de desigualdades económicas, sociales y educativas. Lo que hay que cuidar es que las brechas no se ahonden más. Es un año difícil…probablemente hay niños que no van a lograr los aprendizajes previstos este año, entonces tendrán que implementarse algún tipo de estrategia para que los niños puedan recuperar clases”, agregó.

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Escolares  en formación.  FUENTE: Facebook.

Las brechas culturales

​Alexandra Vasallo es profesora de una escuela pública de educación intercultural bilingüe en una pequeña comunidad quechua hablante, cercana al distrito de Chavín de Huantar en Ancash, llamada Nuevo Progreso. La mayoría de los padres de sus estudiantes se dedican principalmente a la ganadería y la agricultura: ellos crían a sus propios animales y cosechan productos para subsistir.

Alexandra es profesora de once alumnos de quinto de primaria. Ella residía en Nuevo Progreso dando clases presenciales. Tras la suspensión de clases, regresó a Lima en un bus humanitario y actualmente se enfrenta al reto de dar clases de manera remota. Si bien el Estado ofrece el programa educativo Aprendo en Casa, no todos sus estudiantes cuentan con televisor o radio en casa y no tienen cómo recurrir a esta enseñanza. 

Los alumnos de Alexandra, además de afrontar limitaciones por acceso a tecnologías, se enfrentan a marcadas brechas culturales, en particular por el idioma. La lengua materna de estos niños es el quechua y es difícil para ellos seguir con el contenido de Aprendo en casa en castellano. Según detalla la docente a La Antígona, los menores tenían problemas porque los mensajes transmitidos se hacían muy rápido para su nivel de castellano y estaba descontextualizado con su realidad.

Además, sus alumnos cumplen labores en las chacras pastoreando animales y no podían seguir con los horarios establecidos a través de las radios. Alexandra ha optado por comunicarse por separado con cada uno de ellos por línea telefónica,  de acuerdo a los tiempos de los estudiantes. Algunos tienen que pedir prestados celulares a tíos o primos. Esporádicamente se conectan hasta cuatro alumnos en una sola llamada y programan exposiciones en conjunto.

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Maestras y maestros del colegio Nuevo Progreso Chavin FUENTE: Facebook.

“De hecho pasar de lo presencial a la educación a distancia ha sido todo un reto. Si bien existen propuestas por parte del Estado, en el caso de mis estudiantes, en específico, no existe una fórmula de cómo llevar la educación a distancia porque son chicos y chicas que muchos de ellos no tienen acceso a la programación del Estado. Tengo dos estudiantes que solamente tienen línea telefónica, es el único recurso que tienen. Y que incluso en el caso de uno de ellos, el celular es de su tía” explicó Alexandra.

En conversación con La Antígona, Ángela Bravo, directora de educación secundaria del Ministerio de Educación y máster en políticas educativas, consideró que los retos del Perú en cuanto educación están muy vinculados al tema de la inequidad. La especialista indicó que la plataforma más completa de Aprendo en Casa es la web. Sin embargo, es a la que menos acceso tienen alumnos, debido a que menos del 40% de niños tienen internet en sus hogares.

“Si bien el programa de aprendizaje se pensó diseñado para que pueda llegar a todos los estudiantes, sigue teniendo un reto de cobertura importante y todavía no se ha logrado implementar la radio en todas lenguas originarias”, sostuvo Bravo.

Hasta el momento se desconoce la fecha de cuándo los escolares regresarán a las aulas debido a la coyuntura. Mientras tanto docentes y alumnos tendrán que adaptarse a esta nueva normalidad que ha traído a flote las brechas ya existentes en nuestra sociedad. 

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