Por Mya Sánchez
Han pasado seis décadas desde que algunas de nosotras podemos ser llamadas ciudadanas. No obstante, los obstáculos que constantemente enfrentan las mujeres al intentar incursionar en política siguen teniendo como objetivo relegarlas de las esferas públicas y excluirlas de la toma de decisiones. ¿Cómo es ser una mujer política peruana en pleno siglo XXI?
Era 1933 y el Perú parecía ser una república sin mujeres. “Son ciudadanos los peruanos varones mayores de edad, los casados mayores de 18 años y los emancipados”, dictaba la Constitución Política promulgada por el presidente Luis Sánchez Cerro. La igualdad de derechos parecía ser -desde los inicios de nuestra vida republicana- una idea descabellada. Lo era tanto que María Jesús Alvarado -sufragista y primera peruana en plantear el voto femenino- fuera deportada en 1911. Esto, cuando iniciaba su activismo por la equidad cívica.
Pero su lucha y la de tantas otras mujeres dio frutos: en 1955 el entonces mandatario Manuel A. Odría promulgó la ley N° 12391. Dicha norma extendía el derecho a elegir y ser elegidas a las mujeres mayores de edad, casadas y alfabetizadas. Hoy, que se cumplen 66 años de aquel día. Es importante preguntarnos: ¿Podemos las mujeres ejercer una vida política en igualdad de condiciones que los varones?
Candidatas pero no electas
Las Elecciones Generales de 1956 fueron las primeras en las que las mujeres pudieron participar. El resultado de estas fue la presencia de 8 diputadas de un total de 182 y una senadora en el universo de 53. La presencia de mujeres, sin embargo, no fue sostenible, pues fue disminuyendo y aumentando indistintamente con el paso de los años. Fue recién en 1997 en que se introdujo la Ley de Cuotas Electorales. La misma que establecía un mínimo de 25% de representación de mujeres o varones en las listas parlamentarias y municipales.
Los resultados evidenciaron la necesidad de esta medida: la cantidad de mujeres en el Congreso del año 2000 se duplicó. Ese mismo año se incrementó la cuota al 30% en las listas electorales de candidatos y candidatas al Congreso. Posteriormente se extendió a cargos municipales, elecciones regionales y Parlamento Andino. Así, en el 2001 tuvimos 22 congresistas (18%); en 2006, 35 (29%) y en 2011, 28 (22%). Tras cinco años, el 2016 alcanzamos un número de 36 (28%). Finalmente, el año pasado, obtuvimos 34 mujeres (26%), de acuerdo con lo reportado por la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, como explica la abogada, magíster en Ciencia Política y otrora integrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Milagros Campos, “no hubo un cambio sustancial porque las candidaturas incrementaron pero el número de congresistas electas no llegaba al 30%, o sea era menor a la cuota, y eso tenía mucho que ver con la posición en la lista”. En ese sentido, en las penúltimas Elecciones Generales, en 21 de los 26 distritos electorales se presentó el mayor número de mujeres ubicadas en los tercios inferiores de las listas y solo 51 de las 229 listas eran encabezadas por mujeres.
Fue así que el proceso electoral de este año fue el primero en el que se aplicó la Ley de paridad y alternancia. Motivo por el que las listas debían tener 50% de hombres y mujeres. Asimismo, debían estar ubicadas de manera intercalada. Si bien la representación en el Congreso actual alcanzó la cifra histórica del 40%, sigue siendo inferior a la cuota. Esto, se debe en gran medida al voto preferencial, que altera el orden de elección de los candidatos.
Al respecto, Campos explica que los resultados de la Ley de paridad y alternancia se evidenciarán también en las próximas Elecciones Regionales y Municipales del 2022. Añade que antes “si teníamos una municipalidad donde habían 12 regidores, las mujeres estaban ubicadas en la segunda mitad. Lo que significaba que a la hora de salir elegidos no necesariamente había mujeres”. De hecho, comenta, actualmente no hay gobernadoras regionales en el país.
Electorado sesgado
Convertirse en regidora provincial en el 2019 y en la segunda alcaldesa provincial y la más joven en la historia de Cusco en el 2020 no le trajo a Romi Infantas solo alegrías: tuvo que enfrentarse a cuestionamientos constantes sobre su capacidad. Durante su gestión, tuvo que atestiguar cómo las redes sociales y los medios de comunicación hablaban sobre su aspecto físico o incluso sobre si era soltera o casada. Las medidas afirmativas promueven la participación de las mujeres, ¿pero qué tan dispuestos están los ciudadanos a elegirlas?
La abogada, política, ex presidenta de la Asociación de Regidoras y Mujeres Autoridades de la Región Cusco y miembro de la Red Nacional de Mujeres Autoridades (RENAMA) Serly Figueroa, concuerda con Infantas al reconocer que a las mujeres se les exige el doble. Ella cuenta que en una oportunidad, un alcalde provincial en plena sesión cuestionó su participación en una ponencia diciendo “¿Y qué sabe ella? ¿qué nos va enseñar? Yo le debería dar clases”.
Esta duda sobre la competencia de las mujeres para el ejercicio de cargos públicos lleva a reproducir creencias sexistas que deslegitiman constantemente su trabajo y esfuerzo. “Asumes una gerencia y creen que estás ahí porque eres amante de alguien”, relata Figueroa. No obstante, la raíz más profunda de estas actitudes y discursos encuentra su lugar en los roles de género.
Como explica Diana Chávez, directora de Proyectos de la Asociación Civil Transparencia, “las mujeres tienen que probar que están listas para ejercer un cargo y asumimos que los hombres nacieron listos porque siempre han estado ahí”. En ese sentido, las labores que históricamente han sido asignadas a varones y mujeres los han colocado a ellos en esferas públicas y a ellas en espacios privados asociados siempre al rol de cuidado.
Tras tener un gabinete paritario en la anterior gestión, hoy vemos de nuevo cómo las carteras encabezadas por mujeres son únicamente Desarrollo e Inclusión Social y Mujer y Poblaciones Vulnerables. “Eso se ve desde las comisiones distritales en las regiones. ‘La regidora que se encargue de la Comisión de Asuntos Sociales, que vea Vaso de Leche, que prepare la comida para el aniversario del distrito’. Lo que estamos viendo es lo que pasa normalmente en el interior del país. Realmente creen que sólo servimos para hablar de nosotras y de asuntos sociales”, sentencia Figueroa.
Así, cuando una mujer incursiona en política, les resulta casi imposible separar los ámbitos privado y público de sus propias vidas. El escrutinio al que son sometidas constantemente tiene como objetivo convencerlas de que no les corresponde ese espacio. Diana Chávez, afirma que dedicarse a decidir sobre lo público es una traición a su identidad primaria y “natural”. “Es como estar parada en una cancha enorme pero dentro de un círculo muy pequeño del que no puedes salir”, concluye la directiva de Transparencia.
Puertas cerradas
Durante el proceso de transferencia de mando, Romi Infantas escuchó casualmente cómo los miembros del equipo de gestión anterior, a los que había decidido mantener en sus cargos, hablaban entre ellos sobre si ella podría tener una buena gestión en plena emergencia sanitaria. Como regidora, ha percibido también que cuando hace una solicitud, demoran en transmitirle la información o le responden con datos desatinados como subestimando su entendimiento de la situación. “‘No, no va a entender términos técnicos’, piensan”, comenta la regidora.
Desde la obstrucción del ejercicio de los cargos hasta el hostigamiento y acoso sexual. Las distintas estrategias que utilizan, tanto funcionarios públicos como la sociedad en general, para desalentar la presencia de las mujeres en política, son bastantes. Diana Chávez relata cómo desde Transparencia han identificado que en algunas municipalidades se ocultaban oportunidades de capacitación a las regidoras. También comenta que en ocasiones, no se les entregaba invitaciones de seminarios relativos al género porque consideraban que estaban discriminando a los hombres.
En un reciente taller realizado en Ocongate para líderes y lideresas de comunidades, Serly Figueroa evidenció un tipo más de discriminación. Los participantes contaron que en los estatutos de algunas comunidades se indica que si van las mujeres solamente se toma el 50% de su participación. Narran que en las faenas no son tomadas cuenta para nada o que pueden ser secretarias o tesoreras mas no presidentas. “Si esto no cambia a nivel comunal, no va a cambiar nunca”, se lamenta.
Las campañas de desinformación son otra forma de impactar en el derecho a ser elegidas. Infantas Soto fue víctima de una cuando el año pasado empezó a circular por redes sociales una fotografía suya y de su familia de años pasados. La estrategia era dar a entender que en plena pandemia se había ido de vacaciones y el objetivo era desestimar su trabajo.
Esta es una realidad que conocen de cerca mujeres como Rocío Silva Santisteban o Mirtha Vásquez. Ellas, al ascender a la presidencia del Congreso se convirtieron en blanco de campañas intensivas de terruqueo y bulos. “Las mujeres de izquierda son más fácilmente satanizadas porque son incómodas al sistema político, a una sociedad que es machista y a un determinado modelo económico”, explica Chávez.
Hace unos días, fuimos testigos de cómo el premier Guido Bellido agredió verbalmente a la congresista Patricia Chirinos al decirle “solo falta que te violen”. Por si fuera poco, luego pidió a las mujeres que piensen en sus familiares hombres antes de denunciar una agresión. Al respecto, Chávez detalla que lo común en una sociedad machista es utilizar la violencia sexual como una práctica disciplinaria cuando se considera que las mujeres están saliendo del espacio que deberían ocupar.
Ante ello, hace poco más de cuatro meses se promulgó la Ley de Acoso Político. Esta, sanciona con una multa la mayoría de casos descritos líneas arriba. No obstante, Figueroa agrega que la norma no va a prevenir el acoso durante la campaña con un evidente temor por la exposición de las mujeres que ahora tendrán mayor participación. “Las campañas son sanguinarias”, reflexiona. Por otro lado, la abogada Campos lo atribuye a un problema cultural. Afirma que hay prácticas informales internas que difícilmente serán cambiadas por una ley y que más bien la solución está en la educación.
Nivelar el terreno
Seis décadas después, hemos avanzado. Campos apunta que el cambio ha venido siendo gradual. Asimismo, que acciones como la contundente reacción que generan casos de acoso o violencia y la solidaridad que muestran incluso adversarios políticos son positivas. “Me parece un avance en cuanto a valores de la sociedad y la exigencia que supone la vida política pública”, añade.
Pero aún queda un largo camino por recorrer. Las brechas socioeconómicas y educativas nos han separado desde los inicios de esta lucha, porque la ciudadanía no fue otorgada a todas por igual. En ese sentido, la defensa de sistemas como el meritocrático termina cayéndose ante la contundencia de resultados como los que muestran las cuotas. Como comenta el filósofo político Michael Sandel y repite Chávez, “la meritocracia termina siendo un sistema tiránico en un mundo con profundas desigualdades”.
Así, los factores estructurales por los que grupos hegemónicos detentan el poder evidencian la necesidad de medidas afirmativas para que nuestro sistema político sea cada vez más representativo y equitativo. Romi Infantas, que no tenía referentes femeninos en su época, celebra el hecho de que en la actualidad las niñas y jóvenes que la llaman o a las que se encuentra por la calle la consideren un ejemplo de lo que ellas podrían ser en un futuro próximo.
Coincidencias como haber tenido una presidenta del Congreso, presidenta del Tribunal Constitucional, presidenta del Poder Judicial, Jefa Nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y Fiscal de la Nación simultáneamente durante este año son fundamentales para visibilizar a las mujeres en cargos de dirección, opina Campos.
La consecuencia de no contar con una adecuada representación femenina es una lectura incorrecta de nuestras necesidades, argumenta Chávez. “No nos ven, no somos vistas y somos invisibles”. Evitar tener servicios, lineamientos y políticas androcéntricas pasa por incluir a las mujeres en la toma de decisiones. Al final, sin la mitad de la población no tendremos un panorama completo de lo que es ser una nación.
