Solo en los dos primeros meses de 2026, más de 70 niñas de hasta 14 años fueron madres en Perú¹: una señal de que las uniones tempranas y forzadas no se detienen pese a la ley 31945, que prohíbe el matrimonio de personas menores de edad, alerta Plan International en el Día Internacional de la Mujer.
1 de cada 4 personas considera que las uniones tempranas y forzadas son aceptables en caso de embarazo, según el sondeo “Infancias en juego: Uniones tempranas en Perú bajo la lupa”, elaborado por Plan International 2025.
El embarazo temprano es, a la vez, causa y consecuencia de estas uniones. A nivel nacional, el 86 % de las mujeres que se unieron entre los 10 y los 15 años eran menores de edad cuando nació su primer hijo; en áreas rurales, esta proporción asciende al 90 %², según estudio de UNFPA y Plan International (2018).
“Cuando ocurre un embarazo temprano, la respuesta social es que la pareja se una, aun cuando se trata de una adolescente. En muchos casos, estos embarazos son productos de violencia sexual, forzando a la niña a unirse a su agresor”, comenta Selmira Carreón, Coordinadora Técnica de Participación e Influencia, Plan International Perú.
De acuerdo al sondeo “Infancias en juego: Uniones tempranas en Perú bajo la lupa”, (Plan International, 2025), 1 de cada 4 personas considera que las uniones tempranas y forzadas son aceptables en caso de embarazo³, respuesta que evidencia una preocupante normalización de esta práctica.
Empezar una vida adulta siendo todavía una niña
Foto: Plan Internacional
Flor — nombre ficticio para proteger su identidad —, es una prueba de las consecuencias de esta práctica. A los 15 años conoció a su pareja, quien ya era mayor de edad. Al poco tiempo de ser pareja, quedó embarazada. En su comunidad, se acostumbra que cuando una mujer queda embarazada, “forme una familia” de inmediato, incluso cuando se trata de una menor de edad. Fue así como su familia decidió que debía unirse al padre del bebé. Esto desencadenó que Flor ingrese a un ciclo de violencia física, psicológica y económica: “Me pegaba, me insultaba. Hasta le gritó y golpeó a mis papás. Yo no entendía por qué todo se volvió así”.
La Ley N.º 31945 del 2023 prohíbe el matrimonio con menores de edad, pero las uniones informales siguen fuera del marco legal: el 82 % de las víctimas son adolescentes mujeres, que en su mayoría viven en convivencia. Flor fue una de ellas.
La historia de Flor evidencia que las prácticas culturales, la búsqueda de un mejor futuro económico y los embarazos infantiles o adolescentes son, usualmente, el inicio de esta práctica nociva.
Por más niñas libres de uniones forzadas
“Es urgente que esta práctica sea reconocida como una forma de violencia. Que, desde los hogares, las comunidades, nos cuestionemos sobre las prácticas socialmente aceptadas que están dañando el futuro de las adolescentes. Normalizar las uniones tempranas y forzadas es una manera de perpetuarlas”, indica Ada Mejía, Gerente de Implementación Programática de Plan International.
Desde noviembre 2025, la organización desarrolla la campaña “Niñas libres de uniones forzadas”, a través de un esfuerzo articulado con niñas y adolescentes lideresas, organizaciones de cooperación internacional, entidades del Estado y comunidades para accionar contra esta problemática.
Sobre Plan International Perú
Plan International es una organización humanitaria y de desarrollo independiente que defiende los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas. Operamos en más de 80 países y trabajamos junto a comunidades para erradicar la pobreza y las desigualdades. En el país, Plan International Perú trabaja en las regiones de Lima, Cusco, Piura, Tumbes, Loreto y Trujillo por promover la educación de calidad, protección contra la violencia y empoderamiento económico. Conoce más en www.plan-international.org/peru
Fuentes
¹ Certificado Nacido Vivo, Ministerio de Salud del Perú (MINSA), enero–febrero 2026:
² Uniones tempranas y forzadas en el Perú: factores de riesgo y respuestas. Plan International y UNFPA, 2019:
³ “Infancias en juego: Uniones tempranas en Perú bajo la lupa” – Sondeo de percepciones sobre uniones tempranas y forzadas. Plan International Perú, 2025:
Ante su misma progenitora y con lágrimas en los ojos, Macarena Vélez, la actriz, modelo & sportswoman Co-Founder de su propia marca pember.pe admitió haber sufrido un trastorno alimenticio durante años debido a los comentarios y críticas que recibió de parte de sus familiares, en redes sociales y centros de trabajo como el programa de reality “Combate”. Su valiente testimonio pone al descubierto que esta práctica es más habitual de lo que se cree y que puede venir desde lugares y grupos sociales cercanos a nosotros.
Ya lo contaba Cielo Latini, escritora argentina, en su primer libro “Abzurdah”.
“Aquella noche no dejé la mayonesa, pero tampoco dejé de pensar en la cara de mi mamá mirando comer casi con as- co y en por qué ella usualmente comía ensalada.”
Vivir un trastorno de alimentación con poca o nula red de apoyo y que indirectamente haya sido generado por nuestras primeras referencias de vida como lo son los padres, es difícil para cualquier adolescente o joven sin importar su rango social.
En los recientes años, tras la pandemia, se ha visto un incremento de casos de mujeres y hombres que desarrollan trastornos de alimentación (TCA). Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, publicado en 1994 por la Asociación Americana de Psiquiatría, existen diversos TCA’s de distintas clases siendo los más comunes la anorexia: purgativa (con comportamientos de purga como uso de laxantes) y nerviosa; la bulimia: purgativa y no purgativa (en el cual la persona utiliza otros tipos de conducta compensatoria como el ayuno o el exceso de ejercicio) y el trastorno por atracón (donde se da el consumo de alimentos de manera excesiva con una clara sensación de pérdida de control y que podría afectar hasta al 2,6% de la población a lo largo de su vida).
En Perú, el registro de pacientes jóvenes también ha sufrido un incremento. De acuerdo a Gaba (Grupo de Autoayuda en Bulimia y Anorexia) se estima que más del 10% de adolescentes peruanos, tanto mujeres como hombres, sufren anorexia y bulimia.
Tras los trastornos y la vergüenza
¿Qué influye para que alguien desarrolle un TCA? Factores estresantes como los conflictos familiares, el estrés académico, el acoso escolar y la baja autoestima pueden contribuir al desarrollo de un trastorno alimentario, afirmó la Dra. Courtney Davis del servicio de medicina adolescente del Hospital de Mujeres y Niños KK (KKH). Sin embargo, un factor del que no se habla son los recuerdos de nuestra infancia. Momentos que desde nuestra niñez, almacenamos y que se convierten en heridas que traen consecuencias en nuestra autoestima.
La participante del programa “El Valor de la Verdad”, Macarena Vélez, reveló algunos recuerdos de niña que pueden acercarse a ejemplificar estos conceptos. Según explicó, cuando era una adolescente comía por ansiedad debido a problemas en su hogar. Sin embargo, su madre le dijo que se veía subida de peso, según ella, con la intención de que dejara de comer, pero estas palabras la marcaron y la llevaron a desarrollar un tipo de TCA: bulimia.
En esencia, estaba siendo criticada por su madre por su físico; estaba sufriendo comentarios típicos de “body – shaming” o la práctica de avergonzar a alguien por su aspecto físico, acción que se ha vuelto pan de cada día y más aún con el desarrollo de redes sociales. Asimismo, el body – shaming llama a no solo burlarse o criticar el peso, el cuerpo, si no los hábitos alimenticios de alguien que ya podría ser considerado con sobrepeso. Según estudios, está vinculado a la depresión , la ansiedad, la baja autoestima, los trastornos alimenticios y la abstinencia al ejercicio.
El recibir estos comentarios de familiares y amigos es duro. El debate en torno a la humillación corporal de parte de nuestra red familiar y social principal es un tema que no debemos obviar y que se ha visto expuesto gracias a casos como el de Macarena -en Perú- y otros relatos de personalidades de Hollywood. Uno de ellos, quizá el más polémico, fue el de la modelo Gigi Hadid y antiguos videos del programa RHOBH ( The Real Housewives of Beverly Hills ) que comenzaron a circular en TikTok el año pasado. En ellos, su madre Yolanda Hadid le da indicaciones sobre qué alimentos y porciones debe comer para evitar subir de peso, a pesar de que la ahora modelo, tenía una rutina deportiva estricta.
Macarena Vélez respondió a críticas sobre su cuerpo | América TV / América Hoy
Es decir, su madre priorizaba una búsqueda de delgadez sobre el bienestar y la salud de su adolescente.
Perfecciones corporales imposibles
Según Helen Bird, portavoz de la Fundación Butterfly, los comentarios negativos sobre el cuerpo de los niños por parte de sus padres pueden causar mucho daño en los años venideros. «Puede tener un impacto devastador y a largo plazo en la relación de un niño con la alimentación, la actividad física, su cuerpo y su sentido de identidad», explicó y añadió que también podría generar insatisfacción corporal e incluso un trastorno alimentario.
Otra consecuencia, según la psicóloga Utkarsha Jagga, es una sensación de aislamiento social. En sus palabras, “las personas empiezan a comer en exceso o a comer muy poco como una forma de rebelarse contra la humillación corporal de sus padres” Dichos actos lo suelen cometer en completa soledad, aumentando su sensación de vergüenza.
Existe la idea errónea de que avergonzar a las personas, especialmente a los niños, para que tomen decisiones más inteligentes los ayudará a largo plazo. Sin embargo, debemos recordar que la perfección corporal es un término y una referencia difícil de alcanzar. El deseo de cuidar y proteger a los hijos no debe ser motivo de usar términos y frases que generen confusión y dolor en ellos. El psiquiatra Era Dutta comenta que “a menudo, la humillación corporal es una proyección de sus propias inseguridades y del deseo de proteger a sus hijos del acoso. Es posible que hayan sufrido acoso en su infancia por su peso y no quieran que sus hijos pasen por lo mismo”.
Bird, por su lado, menciona que «cuanto más positiva se sienta una persona con su cuerpo, más probable será que lo cuide. Los padres deben apoyar a sus hijos para que acepten su cuerpo y todos los cuerpos». El darles seguridad sobre sí mismos generará confianza en sus relaciones y por ende una autoestima construida con la cuál podrá afrontar posibles escenarios ásperos.
El no mencionar aspectos o críticas del cuerpo ajeno es una práctica que debemos aprender. No solo padres y no sólo en los hogares, sino también en la escuela, en los clubes deportivos, actividades sociales y plataformas tecnológicas.
Del cómo evitar hacer body – shaming
Kasie Gloschat, MS y dietista registrada en la University of Utah Health, recientemente ha dado claras guías de cómo educar sin restringir ni dañar. Por ejemplo, el evitar calificar los alimentos de «buenos» o «malos» pues el lenguaje que utilizamos en torno a los alimentos es poderoso. Asimismo, el no restringir tipos de comida, si no permitir todos los alimentos con moderación.
Lamentablemente, los estereotipos del “cuerpo perfecto” pueden hacer que los adolescentes sufran un golpe en su autoestima. Es probable que estén expuestos a discursos negativos sobre su cuerpo en el colegio, la universidad o en internet; es por ello que es mejor evitar los comentarios negativos sobre el peso en casa.
El desaprender actitudes y acciones dañinas como el body – shaming es un intento que se lleva haciendo por un tiempo y que esperemos siga para el beneficio de nuestros jóvenes y adolescentes. Así mismo, vale recordar que también nos corresponde no dejarnos llevar por la vergüenza o la desconfianza en nosotros y nosotras mismas.
Son múltiples las razones por las que si te encuentras con un amigo o familiar después de un tiempo considerable, no deberías hablar de su cuerpo; principalmente porque como sociedad necesitamos elegir mejores temas de conversación.
Trabajadora del hogar con cartel. FOTO: Fenttrahop.
Las trabajadoras del hogar, a la fecha, aún sufren efectos de abuso laboral por falta de formalidad en su contratación. La falta de derechos, beneficios y una remuneración justa, son la deuda pendiente del Estado fiscalizador. Además del nivel de exposición de violencia, que es un hecho, existe en el género femenino, por tanto, se estableció desde 1988 el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar en Bogotá, como una fecha para analizar los cambios en las brechas laborales que persisten en este empleo.
Hoy en día el 30 de marzo es considerado feriado no laborable y remunerado para quienes desempeñan esta función, pero ahí no queda todo.
En Perú se aprobó la Ley 31047 en el año 2020, la cual exige que los contratos deben estar inscritos en los registros del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Esta resolución se dio en tiempos de pandemia, contexto que evidenció, por si a alguien le quedaba dudas, la falta de ineficiencia operativa de los ministerios.
FALTAS CONTRACTUALES
Ya desde 2015 el sindicato de trabajadoras del hogar (SINTTRAHOL) exigía la ratificación del convenio internacional 189 – recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual enfatiza reconocer y proteger los derechos de las personas que trabajan en el hogar. Principalmente, las trabajadoras reclamaban la falta de un contrato por escrito donde se establezca los acuerdos del contrato, sin embargo, no se les atendió.
A todo esto, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada el 2020, señaló que el 86.9% de empleadas del hogar trabaja en condiciones informales: por debajo del sueldo mínimo, sin seguro social, con más de 48 horas de trabajo semanales establecidas por ley, sin compensación por tiempo de servicio (CTS), etc. Una cifra preocupante, especialmente porque el informe menciona que el 74% de las trabajadoras del hogar son el principal sustento de su familia. Lo que pone en evidencia la renuencia del Estado por fiscalizar su propia legislación.
Por otro lado, SINTTRAHOL, apartir de los últimos acontecimientos, viene difundiendo valiosa información como el registro de contrato de trabajo en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo. Asimismo, como los modelos de contrato aprobados conforme a la Ley 31047: modelo cama adentro, cama afuera y tiempo parcial sin residencia.
Para más orientación puedes escribir a las redes sociales de la FENTTRAHOP (Facebook) o al WhatsApp 924875748.
RIESGO DE ABUSO Y DISCRIMINACIÓN
El trabajo doméstico es una ocupación muy vulnerable, más a unxs que otrxs, debido a las ideas arcaicas e infecciosas del modelo esclavista basadas en la discriminación de etnia y género. En 2023 Ipsos Perú realizó un estudio, por encargo de la OIT, para conocer el perfil de las trabajadoras del hogar en el país, donde se obtuvo que del 96% de personas trabajadoras, el 34% son migrantes: 33% del interior del país y 1% del extranjero.
Muchas madres de familia aceptan los empleos por necesidad económica, el contexto en el que se encuentran las lleva a rescindir su valor humano con tal de conseguir trabajo. Ante ello, La Antígona te informa que las personas trabajadoras del hogar víctimas de hostigamiento sexual laboral pueden realizar su denuncia a SUNAFIL comunicándose al 0800-16872 o al 013902800
SUGERENCIAS PARA CUMPLIMIENTO DE LEY
Si bien es cierto, hay normas políticas para la protección de la trabajadora del hogar, aplicarlas es difícil por el desconocimiento que se tiene de ellas. Las víctimas a menudo expresan que debido a su poca vinculación con las redes sociales (donde abundan información sobre cómo proceder) no les permite actuar con precisión.
Actualmente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) brinda asistencia en línea 1819 denominada #TrabajaSinAcoso, donde ofrecen una orientación especializada y un acompañamiento inmediato, a través de atención psicológica y asesoría legal sobre los mecanismos de denuncia.
También se tiene la plataforma web Trabaja Sin Acoso para instruir sobre las medidas a tomar, sin embargo, estas medidas no toman en cuenta la realidad: en este sector hay un porcentaje de analfabetismo y de estudios truncos y es justamente esa falta de acceso la que no permite la reducción de explotación laboral, porque el Estado no amplia su comunicación, tanto con empleadores como con trabajadoras.
La orientación clara es esencial para reducir las brechas. Respecto a cómo regular el cumplimiento de la ley, es recomendable crear calculadoras en línea para determinar los pagos de acuerdo a ley, algo que debe enseñarse en talleres organizados por la defensoría del pueblo, en conjunto con el sindicato de trabajadora del Perú para de esta empoderar a las trabajadoras desde el conocimiento de la ley.
Sin embargo, en la actualidad, El 95% de las trabajadoras del hogar labora en la informalidad y no se respetan sus derechos según el MTPE.
Con tan sólo dos meses del año transcurridos, el Consejo de Prensa Peruana reporta restricciones y amenazas a la prensa. Mediante un informe se alerta sobre el aumento de hostigamientos judiciales, agresiones y restricciones a los periodistas en distintas ciudades y regiones del Perú.
Las amenazas y amedrentamientos para con la prensa no cesan. Dicha situación se acentúa más tras lo acontecido en televisión nacional el último domingo 02 de marzo.
Durante una entrevista con la presentadora Sol Carreño, el ministro del Interior, Juan Jóse Santiváñez, admitió haber tenido acceso a un reportaje de Cuarto Poder antes de ser emitido al aire. En el mismo, y según la transcripción que enseñó desde su celular, se revelaba que dos testigos protegidos denunciaban que el titular pedía presuntos sobornos para resolver casos judiciales de manera ilegal.
Tras ser confrontado por Carreño en varias ocasiones de la entrevista, Santiváñez, indicó que su directora de Comunicaciones le había enviado el informe periodístico; sin embargo, fue desmentido por ella misma en vivo al indicar que no lo había compartido el texto. Así mismo, se excusó en no revelar más detalles por privacidad de fuentes periodísticas.
¿Vigilancia desde el Estado?
La calidad de la libertad de prensa ha ido mermando en los últimos años por diversas agresiones, abusos y ambiguas acciones de las que han sido víctimas periodistas durante investigaciones a hechos delincuenciales y de corrupción por parte del Gobierno.
Según el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) a través del informe sobre Libertad de Expresión en el Perú existe un fuerte incremento de agresiones a medios de comunicación y periodistas. Entre ellas la vigilancia y hostigamiento , restricciones a la cobertura gubernamental y proyectos de ley. Todas estas acciones amenazarían la independencia de la prensa.
En el año 2022, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) instó a Gobiernos y a organismos internacionales a elaborar normas que prohíban claramente el espionaje a periodistas y reconocer la inviolabilidad de sus comunicaciones. Sin embargo, poco o nada se ha avanzado al respecto.
El reclamo emitido por FIP se debió a los crecientes casos de investigaciones que revelaron «la amplitud y el alcance del uso de programas de espionaje a periodistas» y que evidenciaban que este tipo de seguimientos son «una de las principales y más preocupantes amenazas para la libertad de prensa”.
Los casos más sonados de este tipo de agresión a la labor periodísticas fueron el caso de los periodistas presuntamente espiados por el Gobierno español, la vigilancia al periodista Thanasis Koukakis en 2021 o el seguimiento a más de 20 periodistas de El Salvador, cuyas comunicaciones fueron intervenidas con el programa Pegasus entre junio de 2020 y noviembre de 2021.
Caso Santivañez
En medio de lo acontecido recientemente, visto desde muchos sectores como un grave suceso que reflejaría un tipo de acoso y amenaza a la prensa, la Fiscalía de Perú registró el domicilio del ministro del Interior por un supuesto delito de abuso de poder, en relación con unos audios vinculados al cierre de la Diviac, una oficina de la Policía Nacional de apoyo a la lucha contra la corrupción.
Por su parte, el titular declaró que «la intención es encontrar artefactos electrónicos o de comunicación que puedan, de alguna u otra manera, relacionarse con el delito de abuso de autoridad».
Se espera que en las próximas horas, realice un viaje a Bruselas tras ser autorizado por la presidenta Dina Boluarte para participar en una importante reunión ministerial del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior y la Unión Europea (CLASI-UE).
Mientras tanto, se espera que su equipo de prensa pueda aclarar la situación acontecida en señal abierta y las consecuencias que traería una comprobación de espionaje o vigilancia al medio de comunicación señalado. Los periodistas de Cuarto Poder, ya han señalado no haber entregado ninguna información previa a ningún intermediario o personaje relacionado al gabinete o sector del títular.
Sin duda alguna, se aguardan más reacciones de parte del parlamento y Estado para garantizar la libertad de expresión y el derecho de las y los trabajadores de prensa del Perú de desempeñar su oficio libre de presiones y de hostigamientos.
Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la cifra y frecuencia de casos de feminicidios son equivalentes a una víctima cada dos días.
Foto: Valeria Delgado Zela (@valmardela)
Al compás de tambores, en un altar iluminado y adornado con bordados que llevan los nombres de cientos de mujeres víctimas de la más brutal expresión de violencia de género, decenas de personas se congregaron en el Parque Washington para participar en una vigilia en memoria de las víctimas de feminicidio en el Perú. Entre enero y noviembre de este año, se han registrado 120 casos de feminicidios en el país, según el recuento de casos reportados por el Movimiento Manuela Ramos. El último reporte del Programa Nacional AURORA del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) señala que la cifra de feminicidios equivale a casi una víctima cada dos días.
Desde 2018, el Movimiento Manuela Ramos organiza vigilias el primer martes de cada mes como parte de la campaña “Juntas sin Miedo”. Este 5 de noviembre, decenas de mujeres y transeúntes se reunieron para recordar que detrás de cada cifra hay una vida, sueños truncados y familias destrozadas por una tragedia que parece interminable. La ceremonia, liderada por la periodista Manuela Camacho, incluyó un espacio de micrófono abierto donde las asistentes compartieron testimonios y reflexiones, convirtiendo el dolor en un llamado colectivo por justicia y cambio.
“Este es un evento de historia, de demanda de justicia y también para romper el silencio sobre la normalización de la violencia contra las mujeres y, en su forma más extrema, el feminicidio. Hoy en día, cada mes tenemos que preguntarnos cuántas son las mujeres asesinadas, ya no nos preguntamos si siquiera hay. Son muchas las mujeres asesinadas a manos de personas en su entorno, de sus parejas, exparejas, convivientes o, incluso, hombres extraños”, señaló Rocío Gutiérrez Rodríguez, subdirectora del Movimiento Manuela Ramos, en conversación con La Antígona.
Foto: Valeria Delgado Zela (@valmardela)
VIOLENCIA NECESITA RESPUESTA DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD
Cada día, más de 340 mujeres denuncian agresiones físicas, psicológicas o sexuales, según datos del Programa Aurora del MIMP, lo que confirma la urgencia de esta crisis latente. “Cuando el país no respeta o cuando el Estado peruano no reconoce los derechos humanos, las mujeres pagamos la cuenta porque de esa manera aumentan los entornos violentos en donde hay impunidad, corrupción y violencia delincuencial. Dentro de estos contextos, se incrementa también la violencia hacia las mujeres y sus muertes”, expresó
El machismo arraigado en la sociedad y la desprotección de las autoridades son solo algunos de los agravantes de este problema. Para muchas mujeres, la violencia no solo es una amenaza constante, sino una realidad que enfrentan en sus propios hogares y, con frecuencia, a manos de personas cercanas como parejas o exparejas. En ese sentido, las limitaciones de recursos, la falta de protocolos efectivos y la escasa capacitación de la Policía o funcionarios para abordar estos casos contribuyen a una sensación de total de desprotección.
“Las mujeres necesitamos hacernos de valor para denunciar la violencia, pero también necesitamos soporte, necesitamos apoyo. Necesitamos sentir que en nuestro entorno no nos juzgan. Esta campaña también quiere decirle a las mujeres que aquí estamos y también estamos luchando, acompañando a las mujeres que se atreven a denunciar y que se atreven a romper el silencio”, expresa.
Pero el mensaje de fondo es la necesidad de dejar de normalizar la violencia. Como lo señaló Susana Galdos, fundadora del Movimiento Manuela Ramos, en la sección de micrófono abierto durante la vigilia: “Callar ante la violencia es tomar parte y proteger al agresor. No es suficiente contar con comisarías o presentar una denuncia; necesitamos acompañar, alzar la voz y protestar ante la mínima muestra de violencia, incluso en casa”.
El MIMP ha implementado el Programa Aurora y otros servicios de apoyo para víctimas de violencia de género. Sin embargo, los altos índices de feminicidio y violencia muestran que estas medidas siguen siendo insuficientes. Áreas clave como el apoyo psicológico y legal para víctimas, y la capacitación de la Policía y Fiscalía presentan grandes desafíos para el Estado peruano, a pesar de que hace más de 10 años se reconoce legalmente el concepto de feminicidio (con la Ley N° 29819 en 2011 y luego Ley N° 30068, que estableció el feminicidio como un delito autónomo en 2013).
“A las autoridades, les diría que estamos hartas de que nos envíen flores y conmemoraciones cuando ya es demasiado tarde. Las mujeres venimos exigiendo hace mucho tiempo justicia y no solamente para las que ya no están aquí. También exigimos protección para esas que una y otra vez denuncian, denunciamos, que nuestras vidas corren peligro”, afirmó la periodista Manuela Camacho para La Antígona. “A las mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, les digo que aquí estamos, que les creemos, que no están solas y que en nosotras, en la fuerza de otras mujeres, siempre pueden encontrar un lugar seguro y un abrazo”, finalizó.
Foto: Valeria Delgado Zela (@valmardela)
Víctimas identificadas hasta la fecha, de las 120 (y contando):
Las recientes cifras indican que al menos el 46,39 de los acosadores forman parte del personal educativo. Fotografía: Vice.
“Recuerdas que yo te violé en el primer momento y lo volvería a hacer otra vez. No les tengo miedo a tu hermano, ni a tus hermanas. Si quieren, denúncienme. No les tengo miedo”, fueron las palabras que la víctima de Neil Oliver Taish Petsa, narró según un documento fiscal compartido por Perú 21. El mencionado docente fue denunciado por acoso sexual contra sus propias alumnas del colegio Chapiza, ubicado en la provincia de Condorcanqui, en la región de Amazonas.
En todo el país, desde septiembre de 2013 hasta mayo de 2024, se registraron 8,467 casos de abuso sexual contra estudiantes, cometidos por miembros del personal de instituciones educativas. Cifras espeluznantes que nos llevan a cuestionar lo que se está haciendo desde los diversos poderes del Estado para evitar que más víctimas deban convivir con sus agresores.
En el año 2023, la parlamentaria Marleny Portero (Acción Popular) fue la encargada de presentar un proyecto de ley N° 5762/2023-CR, que busca que las diversas instituciones educativas puedan prepararse ante eventuales casos de violencia sexual, además de otorgar atención tanto a niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de abuso.
En el Perú se propuso una ley que buscaba que los colegios implementen mecanismos para enfrentar casos de violencia sexual sin embargo no fue aprobada. Fotografía: Diario El Cordillerano.
El proyecto en mención, comprende 11 artículos, los cuales buscan establecer el fortalecimiento de las capacidades en los docentes y personal, aportar herramientas a los estudiantes para que se les pueda facilitar su protección, defensa, y detección, con el objetivo de evitar más casos de violencia sexual.
Además, busca la creación de buzones físicos y electrónicos que faciliten a los escolares colocar sus denuncias anónimas para que posteriormente sean identificadas por las autoridades y otros entes de gran relevancia. La idea es brindar herramientas y facilidades para que nadie calle un caso que atente contra su integridad.
Del mismo modo, establece un protocolo para la atención de las víctimas que asegure una atención integral, proteja su identidad, haga el seguimiento adecuado y asigne una responsabilidad a las distintas autoridades y organismos del Estado, con el fin de emitir una sanción y, sobre todo, garantizar el bienestar del agraviado.
“Nuestro principal interés es la protección del menor, pero también que estos casos no queden impunes y que los responsables se refugien en los vacíos legales para salvar su culpabilidad. Necesitamos escuelas seguras para nuestros niños, niñas y adolescentes”, se lee en el Portal del Congreso de la República.
Por su parte, el Ejecutivo presentó en el 2023 un proyecto de ley destinado a evitar la prescripción de los procesos administrativos en casos de abuso sexual, sin embargo,la propuesta no sería prioridad de los parlamentarios pues no ha sido debatida en el Congreso, lo que evidencia la poca preocupación que tienen por ayudar a un grupo que forma parte de las personas más vulnerables.
En la región La Libertad, por ejemplo, según el más reciente reporte del diario Correo con datos del portal SiseVe del Ministerio de Educación, en los primeros 7 meses del año de 2023 se registraron 373 denuncias por distintos tipos de agresiones, de estos 173 fueron físicos, 114 psicológicos y 56 de tipo sexual. Si bien es cierto de estos 226 fueron realizados por los mismos estudiantes, 147 lamentablemente fueron cometidos por el mismo personal que trabaja en los centros educativos.
Ahora, en lo que va del 2024 las cifras han ido en aumento. Se han reportado 179 denuncias por violencia física, 158 ataques psicológicos y 79 ultrajes sexuales (tocamientos, actos de connotación sexual o libidinosos, hostigamiento, violación, acoso, violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos y acoso sexual a través de medios tecnológicos). Esto nos hace notar que el peligro, cómo inicialmente se creía,no solo está en las calles, sino también en las mismas escuelas.
“Él la ha llamado para que vaya a su cuarto a sacar chalecos, de ahí la hecho pasar y ha cerrado la puerta. La ha abrazado, besado y ahí la ha tenido. También le ha invitado a una gaseosa según dice ella, pero luego ha venido de sueño”, fue parte del relato de un padre de familia, del caserío Buena Vista, distrito Chugay, en la provincia de Sánchez Carrión, difundido por el medio digital Noticias Huamachuco. En el clip denunciaba al docente Eber Olaya de presuntamente haber abusado de su hija de 13 años. El desconcierto y la preocupación lo motivaron a recurrir a la prensa de su localidad en busca de ayuda.
Otro problema que agrava está situación, es la carencia de secretarios técnicos de procedimientos administrativos en los colegios. Ya que muchos casos quedan impunes y los agresores siguen siendo un peligro para otros estudiantes. Ante ello, la presidenta de la Comisión de Educación de La Libertad y consejera por la provincia de Pacasmayo, Olanda Torres, ha iniciado concretado una alianza con el programa Aurora para hacerle frente este problema.
“Las coordinaciones que se vienen realizando entre programa Aurora y Ugel Pacasmayo, es para que se realicen capacitaciones preventivas en las instituciones educativas, además de incentivar a que puedan denunciar este tipo de conductas y conocer también cuál es el flujo regular. Por ejemplo, ante quién se interpone la denuncia, que asistencia tiene, que derechos tienen, ante quien se denuncia. Eso más que todo, para fortalecer a cada escuela educativa”, comentó brevemente para La Antígona.
Esta iniciativa debería replicarse en más provincias y regiones del país. Pues según se conoció, planean involucrar a la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque cada una de estas instituciones gestiona sus propias estadísticas de casos y sigue sus propios protocolos. Mientras tarden en presentarse más iniciativas de apoyo hacia los niños, niñas y adolescentes, ellos tendrán menos oportunidades de denunciar el mal accionar no solo de sus propios docentes, sino también de otros integrantes del plantel educativo que seguirán haciendo de las suyas ante la sombra de la indiferencia de las autoridades.
