Por Aylinn Siñas
La universidad es un espacio de aprendizaje. Es aquí, en estas casas de estudios que se forman quienes son el futuro de nuestra sociedad. Lxs estudiantes acceden a las aulas universitarias -actualmente virtuales-, buscando formación que respete su integridad física, psicológica y moral. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el ámbito educativo se torna intimidatorio, hostil o humillante para lxs universitarixs?
Desireé Huaranga, egresada de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, vivió una situación que es silenciada por muchas universidades hace un tiempo. Ella, ex miembro de Ni Una Menos – UNFV, vio afectado su rendimiento académico por el trato intimidante que recibió a fines del 2019 e inicios del 2020.
Un día, Desireé decidió comunicarse con un docente para despejar dudas sobre un trabajo mediante mensaje de texto y llamada. No obtuvo respuesta alguna. A la mañana siguiente recibió una llamada. “Era él, estaba gritando y dijo: Nunca más me vuelvas a llamar en tu vida. Me dijo que le había causado problemas con su pareja. Yo le pedí disculpas. Pero también le dije que nunca me había comunicado con nadie, que yo en ningún momento había hablado con una persona pues cuando llamé nadie respondió”. Aún así, el docente cortó la llamada. Desireé estaba asustada por tal comportamiento.
Ella decidió no ir a clases por unos días. “Yo no quise ir pues tenía miedo. Estaba asustada. Jamás, ningún profesor de la escuela me ha tratado de una manera tan fea”, afirma Desireé. Las situaciones incómodas continuaron cuando optó por asistir para exponer un trabajo grupal. El docente la calificó con veinte y propuso tomarse una fotografía con todos. “Yo, estaba incómoda con mi otra compañera, porque el salón ya estaba vacío. Todos se habían ido porque nosotros éramos los últimos en exponer. Cuando estábamos por tomarnos la foto, el sujeto nos dijo: Ya, pero que las chicas estén a mi lado pues. Yo dije que no y el sujeto se avergonzó”, recuerda Desireé.
Luego de este suceso, en febrero del 2020, ella decidió revisar sus chats no leídos en Facebook. Para su sorpresa, se topó con varios mensajes del docente mandando saludos por navidad y año nuevo. Asimismo, comentando reiteradas veces lo “bonita” que se veía en sus fotografías. Al encontrarse con este acto invasivo, se sintió acosada y tomó capturas de pantalla. Avisó a sus compañerxs del salón lo que ocurría y consultó si a alguna otra persona le estaba pasando lo mismo.
“Me habló una chica de base menor a la que le habían pasado la voz y me mostró chats. Eran del mismo usuario. El profesor les contestaba estados, las invitaba a salir, les decía que estaba triste porque no les hablaba y cosas así. Tras eso me habló una chica de mi base. Era el mismo modus operandi. Escribir mensajitos a través de redes sociales o pedirte que te quedes al final de la clase”, comenta ella.
Cuando las estudiantes se dan cuenta de esto, y enterándose que dicho docente iba a volver a postular para ser contratado en el Ciclo Regular 2020 de la UNFV, elaboran un compilado de testimonios con chats como medios probatorios. Lo enviaron al correo institucional del Decanato y los miembros del Consejo de Facultad. Sin embargo, la Secretaría de la Facultad respondió argumentando que estos debían ser enviados por la vía formal. Es decir, por mesa de partes, para que sea tomado en cuenta. La alumna jamás recibió una respuesta y, afortunadamente, el docente no llegó a postularse.
“Existe un reglamento en papeles, pero no se aplica. Si se hubiera aplicado no me hubieran dicho que haga mi denuncia por mesa de partes. Me habrían dicho que revisara el protocolo”, señala la alumna.
Efectivamente, según la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, la queja o denuncia debe ser enviada por la presunta víctima o un tercero ante el Comité de intervención frente al Hostigamiento Sexual. Así mismo, el actual Reglamento De Prevención e Intervención En Casos De Hostigamiento Sexual de la UNFV dicta que “cualquier autoridad que reciba alguna queja o denuncia presentada por hostigamiento, deberá derivarla directamente a la Defensoría Universitaria, de forma inmediata”.
La Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV), al igual que otras universidades públicas peruanas, presenta ciertas observaciones al tratar este tipo de casos. Adriana Buiza, miembro del Colectivo de Estudios Feministas y de Género de la UNFV considera que a esta casa de estudios le falta designar qué órgano es el que va a atender estos casos. Algo realmente necesario para asegurar la protección de sus alumnas.
“La Defensoría Universitaria no es la división académica más adecuada. Pensamos que se debería implementar una secretaría o comité en dónde los trabajadores reciban una formación y un monitoreo sobre sus capacidades para poder atender casos de hostigamiento sexual y acoso en espacios universitarios”, refiere. También añade que se debe sumar al protocolo la carta de derechos de la persona denunciante. Esto, ya que no asegura la privacidad ni la confidencialidad del denunciante. Asimismo, debería añadirse una hoja de ruta que dicte desde qué momento y de qué forma se le dará asistencia psicológica a la denunciante. Y también, la determinación de un sistema de sanciones diferenciado.
Según el Cuadro de Infracciones del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, el que una universidad no cuente con un reglamento interno -o contando con ellos- no lo activen para la prevención, atención y protección en casos de violencia, acoso u hostigamiento sexual en la comunidad universitaria, es una infracción muy grave relativa a la organización y funcionamiento de las universidades.
Otro tema preocupante es la prevención. Según el reglamento publicado en la página web de la universidad, la Defensoría Universitaria villarrealina debe establecer un programa de comunicación sobre el hostigamiento sexual. En este, se tendría que difundir por redes sociales, información relacionada y las posibles sanciones. Sin embargo, al buscar en la página de Facebook de la UNFV, la cantidad de publicaciones que tratan estos temas son mínimas. Y las pocas que existen no llegan a todxs los alumnxs. Valeria Vasquez, miembro activo de la Coordinadora Democrática UNFV, afirma que “la página oficial de la Villarreal tiene a varios villarrealinos excluidos del acceso a la información”. Y añade “No sé cuál es el criterio que toma para bloquear a esos alumnos. La información no se termina de distribuir para todos igual”.
Desireé, por su parte, comenta al respecto: “Esto (Comités de Intervención ante el Hostigamiento Sexual) debería replicarse en todas las universidades. Sé que San Marcos a través de la Secretaría de Género de la Federación Universitaria (FUSM), está tratando de hacer algo similar”.
No obstante, si bien la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es un referente universitario de muchas otras casas de estudios por sus avances académicos y de responsabilidad social, estos, se han logrado gracias a la organización y presión estudiantil.
“Tratamos de educarnos a nosotros mismos y hacer presión” señala Lucía Castro, secretaria de género de la FUSM. “La creación de espacios, el que se organice y se pueda realmente sacar algo bueno, es también chamba del movimiento estudiantil de mujeres”. Y agrega “porque si no hay presión de los estudiantes no se va a lograr nada”.
La estudiante señaló que a causa de la insistencia de lxs estudiantes, la nueva gestión de la UNMSM, con la primera rectora de la decana a la cabeza, Jeri Ramón Ruffner, se ha comprometido a gestionar el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Esto, bajo el reglamento de la universidad y la Ley N° 27942. “La anterior gestión ni siquiera quiso informarse sobre lo que hacíamos nosotrxs como movimiento feminista dentro de San Marcos”, indicó.
En junio del presente año, se logró la destitución de un docente de la Facultad de Medicina Veterinaria como medida sancionatoria frente a un caso de hostigamiento sexual en la UNMSM. Sin embargo, aquello, se logró por la presión de estudiantes organizadxs hacia la Defensoría Universitaria sanmarquina.
Amachay, un colectivo integrado por estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNMSM que brinda asesorías legales gratuitas a lxs estudiantes ante estos casos, fue el que llevó el seguimiento del caso. “Esta resolución que pasó en la Facultad de Veterinaria, se ha conseguido realmente gracias a Amachay. No es gracias a la participación de la universidad que vamos a cambiar. No. Fue la presión de este colectivo de estudiantes. No es un logro producto de la gestión de Cachay”, dijo Lucía.
La Decana de América sí cumple con brindar charlas informativas, talleres de prevención e incluso con la medida de protección de brindar asistencia psicológica a la denunciante. Sin embargo, el problema surge cuando se remite una denuncia, ya que el tiempo de espera de recepción e investigación del caso suele ser largo y termina haciendo que la persona denunciante se sienta olvidada. “Si seguimos haciendo este proceso tan largo y difícil para las víctimas, ellas no van a querer denunciar. En vez de ver el proceso como justicia, lo van a ver como un espacio de dolor y esa no es la idea”, manifiesta Lucía.
Liliana Gadea Linares fundadora de la colectiva jurídica Amachay, sostiene que el actual reglamento de San Marcos estipula que el proceso de denuncia debería durar como máximo 45 días calendario. Aún así, en el caso de Medicina Veterinaria ellas acompañaron el proceso por más de 3 meses. Estuvieron desde el ingreso de la denuncia -en marzo-; hasta la resolución del caso -a fines de junio-.
“Hemos visto que hay una gran deficiencia por parte de la atención de la universidad a este tipo de casos”, dijo Liliana. No obstante, reconoce que este es uno de los primeros casos que se ha resuelto en primera instancia. Asimismo, espera que se procesen con la misma, o mayor, celeridad las otras denuncias de violencia de género. Además, añadió que el Reglamento de la UNMSM, así como el de otras universidades, debe incorporar medidas específicas para las estudiantes menores de edad. Esto, ya que un sector de las ingresantes suelen tener 15 o 16 años. Recomendó que los órganos que investiguen y resuelvan estas denuncias “deben ser órganos técnicos, deben contar con conocimiento del enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad”.
Otra problemática fuerte son las relaciones de poder que se tornan visibles al realizar una denuncia de este tipo. Suele ocurrir que el presunto culpable, aprovechando la posición jerárquica que posee, trata de persuadir o convencer al denunciante de detener el proceso investigativo que quiere iniciar. “Pasa bastante eso. Te pueden denunciar. Hay distintas relaciones de poder que se pueden ver realmente y sí, incluso pasa que los docentes. Llegan a amenazarnos”, señala Lucía.
La Defensoría del Pueblo afirma este punto, comentando que “El poder del docente en la comunidad universitaria e incluso fuera de ella es visiblemente fuerte. Por ejemplo, el temor de algunas estudiantes a realizar denuncias por hostigamiento sexual está relacionado directamente con el prestigio de la autoridad o docente o las relaciones amicales que pudiera tener al interior de la universidad.” Además, la institución añadió que las víctimas suelen pensar en los obstáculos que pueden tener al momento de culminar sus estudios o incluso después, al desarrollarse profesionalmente, por revelar los hechos de violencia vividos.
Asimismo, también recomendó que las universidades públicas, junto con sus Comités de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, asuman un rol más activo y que puedan iniciar con procedimientos de oficio tras tomar conocimientos de los hechos. No condicionalmente cuando exista una queja o denuncia. Adicionalmente a ello, recomendó procurar que los medios de denuncia virtual deban garantizar la pronta atención de las víctimas.
Nunca olvidemos que todas las instituciones educativas, básicas, técnicas y superiores; tienen la obligación de garantizar espacios seguros para sus estudiantes, espacios libres de discriminación en el que puedan desarrollar al máximo sus capacidades y se respete el derecho a la educación. Además, es necesario entender que la violencia de género existe y amenaza la integridad de la persona. Solo así, la detección y trabajo de cambio de actitudes violentas con el otro será posible.
Sin embargo, no debemos dejar este proceso de introspección y cambio como tarea única del individuo. Tengamos presente que el rol que cumplen las instituciones que gestionan comunidades, en este caso las universidades, es crucial. Por ello, no debemos pasar por alto que la lucha contra la violencia de género también es objetivo de estas instituciones. Debemos exigir que su trabajo preventivo y sancionador se dé cabalmente. Todxs debemos ser miembros activos en la creación de espacios seguros para nuestrxs compañerxs.
Si deseas revisar la actualización de la Ley N° 27942, revisa este link
La Antígona intentó comunicarse con las autoridades relacionadas al caso de la compañera Desireé, sin embargo hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.
