Por Nicole Martin para Revista Colibri y La Antígona
Este año, dos países de América Latina dieron dos pasos muy importante en materia de acceso a la salud de mujeres y personas con capacidad de gestar. Por un lado, en Ecuador se declaró inconstitucional la penalización del aborto producto de una violación. Asimismo, en República Dominicana, se avanzó en la aprobación de un nuevo Código Penal que despenaliza el aborto cuando la vida de la madre corre peligro. ¿Estos avances pueden impulsar cambios en toda la región?
En la región del Caribe Insular, el avance responde a la lucha del campamento que organizaciones de mujeres y personas LGBT+ plantaron hace un mes en la sede del Gobierno, en la capital de República Dominicana, Santo Domingo. El campamento de la dignidad o de la resistencia fue pintado con los emblemáticos pañuelos verdes. Nació como un reclamo al presidente Luis Abinader, electo en julio del año pasado. Se pedía que cumpla una de sus promesas de campaña. La esperada reforma del código penal que incluya la despenalización del aborto bajo las tres famosas causales. Violación, peligro para la vida de la madre o riesgo para la vida del feto.
El reclamo popular se enfoca en la despenalización por tres causales mencionadas. Sin embargo, el 28 de abril se aprobó en la Cámara de Diputados el nuevo Código Penal de República Dominicana, por primera vez, un artículo que permite la interrupción del embarazo en el caso de que la vida de la madre corra peligro. Aún así, deja afuera las causales de violación o riesgo de vida del feto.
Las organizaciones feministas están furiosas por esto. Ellas exigen que se cumpla la promesa de campaña del Presidente y que se despenalicen no una, sino las tres causales. Esto representa un paralelismo con el protocolo argentino de interrupción legal del embarazo, actualizado en 2019. A pesar que no es igual al aborto legal libre, sí es un avance importante. Esto, dado que esta reforma del código penal permite que, si hay voluntad feminista en el país, que se entienda el riesgo a la vida bajo el concepto de salud de la OMS,. El cual tiene un carácter integral. No es sólo el riesgo físico de la vida, sino también psicológico, emocional y económico.
Durante su campaña presidencial en 2019, el Presidente Abinader planteó que su postura era a favor de las tres causales. Esto, representó para el movimiento feminista una promesa de campaña. De hecho, a finales del año pasado en una entrevista con El País declaraba que «Aunque estoy en desacuerdo, como lo está la mayoría de la población del mundo, con el aborto libre, sí pienso que tiene que haber causales que permitan la interrupción del embarazo».
Sin embargo, probablemente relacionado con el poder de las iglesias y los grupos fundamentalistas que no son una excepción en República Dominicana, Abinader se desligó de la responsabilidad política de su cargo y se amparó en un posible referéndum popular para el debate de una ley específica de despenalización. Esto postergaría la medida mucho después de la actual reforma del Código Penal. Sin embargo, los derechos humanos no deberían ser objeto de un referéndum, porque según las múltiples evidencias que plantean organismos internacionales, debe ser el Estado el que cumpla el rol de defender los derechos humanos.
Lo mismo pasó en Ecuador, ya que el actual Presidente, Guillermo Lasso, también ha mencionado la posibilidad de someter el debate de referénfum popular. Sin embargo, el 28 de abril la Corte Constitucional de Ecuador falló a favor de un reclamo que realizaron organizaciones feministas en 2020 para declarar que penalizar el aborto de un embarazo producto de una violación es inconstitucional. Antes de esta medida, sólo estaba despenalizado en dos causales: si la vida de la mujer está en peligro o si es el resultado de la violación de una mujer con una discapacidad intelectual. Sin embargo, hay información que de que aún en los casos despenalizados, existen muchas dificultades para realizar un aborto en los servicios sanitarios públicos.
Cristina Cachaguay, Presidenta de Mujeres Por El Cambio, una de las organizaciones ecuatorianas demandantes, convocó a mantenerse en las calles aún después del anuncio de ayer. «Es un momento histórico en el país. La lucha de cada de las compas hoy ha dado fruto. Ahora la Corte Constitucional ha dado luz verde para la despenalización del aborto. Debemos mantenernos vigilantes para que la resolución sea llevada a la Asamblea Nacional. No podemos abandonar las calles porque este es el primer paso, debemos caminar hacia la legalización del aborto en todas las condiciones».
Mientras tanto, en República Dominicana aún no existe el derecho a abortar para las mujeres que fueron violadas. Su código penal -que rige desde 1884- considera penas de hasta dos años de cárcel para las mujeres que aborten. En las imágenes que se ven del campamento, las personas utilizan símbolos de otros países de la región, como Argentina. Por ejemplo, el uso de los barbijos verdes o carteles con consignas como “saquen sus rosarios de nuestros ovarios” o “mi cuerpo es mío, yo decido”. Y como olvidar la propuesta como el «Jueves verde» en el que todas las activistas deciden vestirse de verde como un símbolo de lucha.
Las manifestantes frente al Palacio Nacional entienden que hay una oportunidad en la Reforma del Código Penal que no se puede dejar pasar. Ellas exigen que les congresistas voten a favor de la despenalización del aborto en las tres causales. También se entiende que esta idea de la ley especial es un engaño. Esto, ya se habla de una ley que vendría más adelante, mientras se aprueba el Código Penal. El mismo que continúa sancionando la interrupción del embarazo en caso de violación o de riesgo de vida del feto.
República Dominicana ratificó la prohibición total del aborto en dos instancias anteriores: en 2010 entró en vigor una nueva Constitución cuyo artículo 37 proclama la inviolabilidad del derecho a la vida “desde la concepción hasta la muerte”. Y en 2014, lograron aprobar en la Cámara de Diputados una reforma del Código Penal que integraba la despenalización del aborto en las tres causales, pero en diciembre de 2015 el Tribunal Constitucional lo rechazó mediante una sentencia, osea que volvieron al Código Penal de 1884.
En esa época se mencionó mucho el caso de Rosaura Almonte. Ella fue conocida por los medios de comunicación como “Esperancita”. Murió el 2012 por no recibir la quimioterapia que podría haberle salvado la vida frente a la leucemia que sufría. Rosaura estaba embarazada de siete semanas y el tratamiento que necesitaba habría afectado al feto. Los médicos retrasaron el tratamiento por la prohibición del aborto en el Código Penal. Es decir, la dejaron morir porque estaba embarazada de menos de dos meses. Gracias al Código Penal pre-aprobado por Diputados, esto no podría volver a ocurrir. Es un paso importante, pero no suficiente para el reclamo feminista que exige que ya no se penalicen las otras dos causales.
República Dominicana es uno de los únicos países de la región que mantiene una prohibición total del aborto junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam. En 2018 un informe llamado “‘Es tu decisión, es tu vida’: La criminalización total del aborto en la República Dominicana” de Human Rights Watch evidenció que la prohibición total del aborto genera complicaciones de salud a raíz de abortos inseguros. Asimismo, que puede derivar en muertes y en el maltrato y desatención de mujeres y niñas. El estudio determina que la prohibición no impide que haya abortos, sin que hace que sean clandestinos y menos seguros.
Según datos de mortalidad materna del Ministerio de Salud Pública, un 8% de las muertes maternas en el país son provocadas por complicaciones. Es importante tener en cuenta que el temor a enfrentar acciones penales o ser objeto de abusos por parte de profesionales de la salud hace que muchas personas posterguen la atención médica. Asimismo, muchas de ellas no acudan a un centro médico tras complicaciones por abortos clandestinos o espontáneos.
Asimismo, el país tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina y el Caribe, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esto debido a la inadecuada educación en sexualidad del país y la necesidad no cubierta de anticoncepción. Los datos de salud pública muestran que el 20,5% de las niñas y mujeres jóvenes de 15 a 19 años quedan embarazadas en la adolescencia. La mayoría de estos embarazos no son planeados ni deseados. Algunas escuelas ofrecen talleres o instrucción sobre educación sexual, pero no existe un enfoque obligatorio y consistente.
República Dominicana es el país de las hermanas Mirabal o las Mariposas, defensoras de los derechos humanos quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En conmemoración a ellas se designó el 25 de Noviembre como el Día Internacional de la NO Violencia Contra la Mujer. Sin embargo, en el país aún no se cumple esta consigna. Según la encuesta demográfica y de salud realizada por el gobierno en 2013 (ENDESA-2013), el 35 % de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años, que alguna vez estuvieron casadas o en pareja, han sufrido algún tipo de violencia doméstica. incluida violencia física, emocional o sexual por parte de una pareja íntima.
