Por Hilary Venegas

En Perú, el ciberacoso y la sextorsión se han convertido en problemas graves para la seguridad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes. El aumento del uso de redes sociales y dispositivos tecnológicos ha expuesto a los jóvenes a nuevas formas de abuso que afectan profundamente su salud emocional y psicológica. Estas problemáticas están creciendo de manera alarmante, con cifras que reflejan un aumento en la victimización de los adolescentes. Esto resalta la urgente necesidad de una respuesta efectiva desde la legislación y la educación para proteger a este grupo vulnerable.

El aumento de la sextorsión en niños, niñas y adolescentes en Perú refleja un peligro creciente en el entorno digital, donde los menores se enfrentan a constantes amenazas de chantaje y acoso cibernético.Fotografía: Aldeas Infantiles SOS Perú

La sextorsión, un delito que combina el chantaje con la amenaza de difundir material íntimo, ha emergido como una preocupación alarmante en Perú, afectando principalmente a niños, niñas y adolescentes. Según la encuesta sobre “Percepciones y Experiencias Digitales en torno al: Ciberacoso, Grooming, Retos virales peligrosos y Sextorsión realizada por Aldeas Infantiles SOS Perú, el 4% de los niños, niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años han sido víctimas de sextorsión, y el 9% ha sufrido grooming (acoso y abuso sexual en línea), lo que refleja la vulnerabilidad de este grupo ante los riesgos cibernéticos. Asimismo, el informe revela que el  54% de los adolescentes peruanos ha experimentado ciberacoso o ciberbullying.

Una encuesta realizada por eBIZ reveló que el 30% de los escolares en Perú han sido víctimas de ciberacoso. Este preocupante dato resalta la magnitud del problema, que afecta a una gran parte de la población juvenil, expuesta a diversas formas de violencia en línea. Aunque el entorno digital ofrece múltiples beneficios, también ha creado nuevas oportunidades para la explotación y el abuso de los más vulnerables. Este fenómeno se ha intensificado tras la pandemia, cuando el uso de redes sociales y plataformas digitales se disparó, dejando a muchos jóvenes más expuestos a los acosadores.

Asimismo, un estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), encargado por CHS Alternativo, indicó que los riesgos de explotación sexual en línea aumentaron considerablemente debido a la pandemia. El informe estimó que, en 2022, alrededor de 280 mil niños, niñas y adolescentes en Perú recibieron propuestas para mantener relaciones sexuales a través de Internet, mientras que otros 501 mil menores fueron solicitados a enviar fotografías de sus cuerpos. Además, más de 573 mil menores se encontraron en persona con personas que los habían contactado en redes sociales, sin ser sus amigos.

Frente a estos delitos, la legislación y la educación juegan un rol crucial para proteger a las víctimas y prevenir este tipo de situaciones. De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en el Resumen Estadístico de Alertas contra el Acoso Virtual 2024, el 85% de las personas que denunciaron estos incidentes fueron las víctimas, mientras que en el 49% de los casos reportados se confirmó la existencia de acoso.

Esta situación resalta la urgencia de adoptar medidas preventivas y educativas para proteger a los niños y adolescentes, brindándoles herramientas para identificar y enfrentar estos riesgos, y promoviendo una cultura digital más segura y responsable. 

En respuesta a esta crisis, en Perú se promulgó la Ley N.º 30096, que tipifica el delito de sextorsión dentro de la legislación sobre delitos informáticos. Esta ley establece sanciones penales para quienes amenacen con difundir imágenes o videos íntimos con el propósito de obtener beneficios económicos o sexuales. Recientemente, se han realizado modificaciones a esta legislación para fortalecer la protección de las víctimas y facilitar la denuncia de estos delitos, incluida la viralización de contenido sexual sin consentimiento. Además, el Decreto Legislativo N.º 1625, publicado en agosto de 2024, introdujo reformas al Código Penal que aumentan las sanciones por la difusión no autorizada de imágenes y material audiovisual con contenido sexual, así como por el chantaje sexual asociado.

El Ministerio de Educación ha implementado plataformas como SíseVe para reportar casos de violencia escolar, incluyendo el ciberacoso. Sin embargo, los datos muestran que muchos casos son archivados sin una investigación adecuada. La necesidad de capacitación tanto para educadores como para padres es crítica para crear un ambiente seguro donde los jóvenes puedan navegar en línea sin temor.

Aunque la legislación es crucial para sancionar a los agresores, la educación desempeña un papel esencial en la prevención de estos delitos. Organizaciones como el Comité de Derechos Humanos de la Niña y el Adolescente (CDHNA) promueven la implementación de programas educativos que fomenten un uso responsable de la tecnología. Además, diversas organizaciones no gubernamentales están asumiendo un rol activo en la lucha contra el ciberacoso. Un ejemplo de ello es Aldeas Infantiles SOS, que ha lanzado campañas de sensibilización dirigidas tanto a niños como a padres, para informar sobre los riesgos del ciberespacio. Estas iniciativas tienen como objetivo empoderar a los jóvenes para que reconozcan y denuncien situaciones de acoso o sextorsión.

El ciberacoso y la sextorsión representan amenazas reales para los adolescentes peruanos, pero con una legislación firme y una educación integral, se puede enfrentar este problema. Es fundamental que tanto las autoridades como la sociedad trabajen juntas para crear un entorno virtual más seguro para los jóvenes. La prevención, la legislación y la concienciación son elementos clave para combatir estos delitos que afectan la vida de miles de adolescentes en el país. Además, es esencial que los padres y tutores se involucren en la vida digital de los adolescentes, brindándoles orientación sobre cómo proteger su privacidad en línea e identificar señales de acoso o sextorsión.