Por: Medios Libres Cali
@medioslibrescali
Toda Colombia para, unida en contra del mal gobierno.
Un gobierno más peligroso que una pandemia hace que un pueblo digno se convoque masivamente para la protesta, carnavales en las calles en exigencia de derechos, puestos de policía convertidos en bibliotecas populares, pueblos, comunas y barrios en una gran fiesta de la resistencia popular en Colombia. Su respuesta, fuerza policial desmedida y un presidente que militariza al país. Ambas caras de un mismo territorio hacen parte del histórico paro de abril de 2021. Toda Colombia para, unida en contra del mal gobierno.
A pesar de los acuerdos para la terminación del conflicto y la guerra en Colombia firmados por el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP en 2016; el paramilitarismo y el narcotráfico le dan continuidad a la guerra en el país. El centro democrático (partido del expresidente Álvaro Uribe y del actual presidente Iván Duque) son los responsables de perpetuar la guerra y enfocar su poder hacia el control político y financiero del país. A febrero de 2021 se registran 252 firmantes de paz asesinados, desmovilizados de la guerrilla de las FARC. Cuatro años después de su firma el avance de la implementación no supera el 75% y los puntos sustanciales frente a la transformación de las condiciones estructurales del conflicto, como por ejemplo el punto de acceso, redistribución y tenencia de la tierra sigue siendo una deuda histórica en Colombia y la base de la profunda desigualdad en el país.
Esta desigualdad que se agudizó con la llegada de la pandemia, dejó al descubierto la inoperancia y la incapacidad estatal para pensar en el bienestar de las personas, las decisiones tardías frente a los cierres de aeropuertos y el establecimiento de controles estrictos en la entrada de extranjeros, dejaron en jaque al país. Aunque el país vive el tercer pico de la pandemia del covid-19, la nación entera se encuentra en una grandísima ola de violencia, pobreza y corrupción, donde el hambre es uno de los mayores problemas. La guerra baña de sangre nuestro territorio, en lo que lleva el año 2021 se reportan 57 líderes sociales asesinados, 20 de ellos indígenas en su mayoría del departamento del Cauca; 158 feminicidios en los primeros 3 meses del año, masacres en los territorios y violencia en las calles y campos.
Somos el país de las ejecuciones extrajudiciales. La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), en un informe sobre los asesinatos ilegales a civiles indefensos presentados por la fuerza pública como muertes en combate, determina que estas, ascienden a la cifra de: 6402 personas. Y los picos de asesinatos son los años 2007 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Una cifra cercana a la cantidad de víctimas de la dictadura de la Junta Militar comandada por Jorge Rafael Videla en Argentina, más del doble que las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. En Colombia la gente ya no se pregunta quién dio la orden, la gente sabe que Uribe dio la orden y ya no tiene miedo de decirlo porque Colombia perdió el miedo.
Desde la firma de los acuerdos de paz, el uribismo encarnado en el gobierno de Duque se propuso por todos los medios destruir la paz y al parecer, lo están logrando. Según INDEPAZ, solo en el 2020 y en lo corrido del 2021, van 124 masacres con más de 300 víctimas. Desde la firma del acuerdo de paz, han asesinado a más de 1000 líderes sociales en Colombia. Vivir en este país es una lucha constante contra las políticas de hambre de un gobierno que solo tiene la bota represiva del Estado como respuesta a las necesidades de su pueblo. No solo por los modelos económicos que promueven la miseria y la desigualdad, también por los modelos políticos genocidas que exterminan cualquier identidad colectiva ajena o contraria a tales modelos hegemónicos.
El covid-19 es el menor de los problemas
En medio del tercer pico de contagios que agudizó el número de víctimas en la ciudad de Cali por la pandemia del COVID-19, miles de personas acudieron a las calles convocándose al PARO NACIONAL 28A (28 de Abril). ¿Cuáles son las razones para que la gente supere el miedo al virus y ocupe las calles en resistencia frente al gobierno más sangriento de Latinoamérica?
El manejo corrupto y negligente del gobierno Duque a la crisis generada por covid-19 tiene al país en una curva de empobrecimiento que asciende exponencialmente aún cuando, según cifras del gobierno, durante el año 2020 se invirtieron 44.000 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y ayudas humanitarias en forma de transferencias económicas. Alrededor de esta gestión siguen habiendo dudas y miles de denuncias de corrupción en el manejo que se le ha dado a ésta política.
El manejo corrupto y negligente del gobierno Duque a la crisis generada por covid-19, tiene al país en una curva de empobrecimiento que asciende exponencialmente. Si bien, según cifras del gobierno, durante el año 2020 se invirtieron 44.000 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y ayudas humanitarias en forma de transferencias económicas. Alrededor de esta gestión siguen habiendo dudas y miles de denuncias de corrupción en el manejo que se le ha dado a ésta política.
Sumado a esto, se presenta la negativa del gobierno de Iván Duque a llevar a cabo el proyecto de Renta Básica, firmado por más de 4.000 personas, entre ellos por lo menos 50 parlamentarios, como alternativa económica para sostener los hogares que más lo necesitan. Esos que día a día deben salir a las calles a exponerse ante el virus para sobrevivir. Contrario a esto el salvavidas del gobierno se enfocó en la banca, asegurando la liquidez financiera de los bancos por transferencia directa de dinero que salía del Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), creado a raíz de la pandemia. Lo que algunos expertos aseguraban era que los bancos, solo por la operación de las transferencias de la medida conocida como «Ingreso Solidario», recaudarían por lo menos 24.000 millones de pesos entregados directamente del erario público. «Ingreso Solidario» que, dicho sea de paso, no recibieron a cabalidad las personas que lo necesitaban. Así, incluso durante la pandemia, en Colombia seguimos viendo cómo cada día, el pueblo es más pobre y el rico es más rico.
Esto no es nuevo. Desde hace décadas, la clase política conservadora y de derecha se presentan únicamente como los intermediarios entre el país y la economía global hegemónica. Así mismo, de manera sistemática y perpetua, sostienen su posición de intermediarios, exterminando pueblos, saqueando tierras y dominando a las mayorías populares desde la bota militar. Una dictadura solapada, con recursos y armas suficientes para mantener al país encadenado por varias décadas más. Este estallido social y popular no es espontáneo, más bien es la reacción a años y años de dominación e injusticia. Sin embargo el detonante más visible para las movilizaciones de abril en Colombia, es la propuesta del proyecto de ley mal llamado “Ley de Financiamiento Solidario”, que no es nada más que una reforma tributaria que condena y empobrece a las mayorías populares y ciudadanas.
Con el pretexto de aliviar el déficit fiscal, que el mismo gobierno produjo meses antes por un hueco fiscal que quedó de los beneficios tributarios de la anterior reforma, al uribismo y al gobierno Duque, se les ocurrió la terrible idea de aumentar el costo de vida en uno de los países más desiguales del mundo. Es inconcebible que en plena crisis, el gobierno colombiano decida subir los impuestos a la comida (Canasta Básica Familiar) de las clases bajas y medias. No se le puede aumentar el precio a la comida cuando el pueblo tiene hambre. La indignación aumenta a raíz de que las medidas contempladas en la reforma tributaria perjudican al pueblo, pero recompensan y benefician a las grandes fortunas y monopolios del país.
Si la reforma tributaria nos arruina, el proyecto 010 reforma a la salud nos mata
Las decisiones importantes que determinan el rumbo del país -y por tanto el futuro de millones de personas- son tomadas únicamente por las élites políticas, militares y económicas. Legislan a favor de imperios bancarios y ganaderos. Legislan a favor de intereses norte americanos, europeos y asiáticos. Legislan a favor de salir impunes luego de robarse los recursos de todas y todos. Legislan para repetirse en el poder nacional y local. Una conducta que ilustra esto, es aprobar leyes y reformas nocivas para el pueblo cuando nadie los ve, a espaldas de la gente y sin debate público, como es el caso del proyecto de ley que hace ajustes y actualiza el sistema de salud colombiano, radicado el pasado 16 de marzo de 2021 y que por estos días aprobaron en el congreso, en horas de la madrugada, a escondidas mientras reprimían y asesinaban manifestantes que se alzaban en paro nacional contra la reforma tributaria.
Una reforma a la salud que a todas luces es peor que el mismo covid-19, es la privatización plena de la salud en Colombia. Ahora debemos pagar pólizas por patología o si no las EPS no atienden. Las personas que requieren atención desde EPS deben demostrar cuidado propio, si se comprueba lo contrario la EPS puede negarse a prestar el servicio y lo cobra. En lo más crudo de la pandemia, se acabarían los programas públicos de vacunación de los municipios, ahora las EPS tienen potestad de decidir cómo ofrecer los servicio y a quiénes.
Con esta reforma, las multinacionales y farmacéuticas transnacionales pueden imponer precios y reglas de mercado para la salud en Colombia. Se acabarían los regímenes especiales de salud, educación, industriales, fuerzas armadas, etc. Los hospitales deberán demostrar resultados, un postulado macabramente similar a los resultados que exigía el gobierno Uribe a militares y que llevó a la masacre de más de 10.000 jóvenes, raptados, asesinados y reportados como combatientes de las FARC- EP, las ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados Falsos Positivos. Sin importar cuál sea el paquete de reformas, leyes y decretos que venga del gobierno, todos son para someter a la gente. La ley 100 de 1993 ha matado a más de 1 millón de personas por falta de atención o atención negligente, más personas de las que ha cobrado el conflicto armado en Colombia.
5 días de movilización, protestas y paro nacional
Desde el principio de la pandemia en Colombia a los más pobres se les presentó la cruel dicotomía entre quedarse en casa para cuidarse del virus o salir a trabajar. A las pocas semanas de iniciada la pandemia, las casas de los barrios se llenaron de trapos rojos en sus ventanas, significaba que había hambre en esos hogares y eran por miles. Por eso, un año después de las primeras cuarentenas, cuando el gobierno propone una nefasta reforma tributaria, que golpearía a las clases bajas y medias. Ante este panorama no se dudó ni un instante en salir a las calles, en un momento terrible de crisis sanitaria por el covid-19. Ya no hay dicotomía, hay rabia y frustración. Hay necesidad de juntanza en las calles. Es tiempo de parar Colombia por la dignidad.
No hubo líderes que convocaran. Sólo existía una fecha propuesta por las centrales obreras y fue suficiente para que las familias, amigos, vecinos, el barrio y el pedazo, se auto convocaran por redes sociales hasta ser ríos de comunidades caminando hacia los puntos de resistencia, hacia las entradas de la ciudad. Una forma eficiente de hacer real un paro, nadie entra ni sale. Así fue el primer día: jornadas de gritos, arengas, cantos y baile en la calle. Así somos en Cali, ¡alegres y bravos!, ¡dignas y festivas!, ¡bailadores y beligerantes! Las personas regresaban caminando ya de noche a sus casas, cansadas pero con una sonrisa cómplice de haber logrado el objetivo. Los días siguientes se multiplicaron los puntos de bloqueo y aumentó el número las asistencias de la comunidad, el ejemplo de la lucha educa y vence el miedo a la represión.
El gobierno también tiene experiencia. Una de clase criminal y paramilitar. Comienza a detener, asesinar, desaparecer y violar a jóvenes que en los días de paro hacen curso acelerado de resistencia y lucha callejera. El 30 de abril, luego de tres días de paro, el terror estatal es la respuesta al pueblo en las calles. Ya el terror lo usó el gobierno como forma de paralizar a las comunidades en otros momentos. El 1 de mayo se desborda la asistencia y muchas ciudades se suman al paro, el pueblo se ha empoderado. La memoria genética de otras luchas duras, que padres y abuelas en otros tiempos han dado, le recordó el poder del pueblo que cuando se une, es el mayor poder transformador que hay. Entonces ¿para qué parar y protestar? Para comprobar una vez más que el pueblo manda y cambia la historia.
En este contexto de protesta social generalizada en más de 500 ciudades del país, focalizada en los principales centros urbanos del Suroccidente colombiano y más de 50 ciudades del mundo, la respuesta represora del Estado no se hizo esperar. Teniendo en cuenta las medidas restrictivas que aún se mantienen en algunas ciudades del país, se estableció un toque de queda que iniciaría el 28 de abril a las 8:00pm. como medida para frenar la continuidad de las jornadas de movilización que se planteaban desde la ciudadanía. Sin embargo, desde las 10:00am está medida ya había sido modificada por el nivel de descontento que se vivía en las calles. Aludiendo al cuidado y al llamado a no generar aglomeraciones se comenzó a presionar insistentemente a las personas con el toque de queda.
Estas medidas de restricción fueron la excusa perfecta por parte de las autoridades policiales para generar redadas masivas de detenciones ilegales amparados en los decretos de las autoridades municipales, incurriendo además, en graves acciones de abuso de autoridad y cometiendo violaciones a los derechos humanos (asesinatos, exceso de la fuerza, amenazas, procedimientos irregulares en las detenciones, destrucción de los bienes de las manifestantes, ataques directos a la integridad de las personas, abuso sexual, entre otros). Según información de la organización Temblores, a su plataforma de denuncia de abuso policial «GRITA», se han reportado hasta las 11:00pm. Del 1 de mayo, 940 denuncias de violencia policial, 92 víctimas de violencia física por parte de la policía, 21 víctimas de asesinato de la policía, 4 víctimas de violencia sexual y 12 víctimas de disparos a los ojos.
Cali: La Capital de la Resistencia
La ciudad de Cali se ha volcado a la protesta organizada en el ejercicio espontáneo que permite el encuentro, los puntos han sido tomados con bella creatividad, el alimento siempre al centro con ollas comunitarias diversas y deliciosas, primeras y varias líneas de cuidado y contención de jóvenes en resistencia, se rebautizaron muchas zonas de la ciudad: La Loma de la Cruz ahora es la Loma de la Dignidad, el Paso del Comercio ahora es el Paso del Aguante, el Puente de los Mil Días es ahora el Puente de las Mil Luchas y la Portada al Mar es la Portada a la Libertad.
Sin embargo, la represión ha sido el pan de cada día. Haciendo eco a la frase de «siempre recordaré cuando con rabia tiré una piedra y el gobierno represor respondió con metralla», se han vivido días intensos de resistencia en -por lo menos- 7 puntos de bloqueo permanente a lo largo y ancho de la ciudad. El pueblo caleño atendió con contundencia y de manera masiva desde el primer día de movilizaciones. En la mayoría de los puntos, ante la provocación de la fuerza pública, se dieron confrontaciones entre las manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Sin embargo, la alcaldía de Jorge Iván Ospina le encomendó la tarea de asistir a las movilizaciones también al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional.
Presentamos aquí un reporte consolidado de Derechos Humanos por día que algunas organizaciones defensoras han visibilizado:
#28A 28 de abril, 2021
- 8 heridos de gravedad y otros 50 leves por impactos de gases lacrimógenos y aturdidoras lanzadas por el ESMAD
- Un miembro de la policía dispara por la espalda al menor de 17 años Marcelo Agredo Inchimad, en el barrio Mariano Ramos de Cali. Llega al Clínica Valle del Lili con muerte cerebral y posteriormente fallece.
- Es asesinado el menor de 13 años Jaison García, ingresa sin signos vitales al Hospital Carlos Holmes Trujillo del barrio República Israel.
- 6 personas fueron conducidas a estaciones de policía y dejados en libertad con aplicación de Comparendo por toque de queda, decretado por el alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina.
- En numerosos videos de denuncia ciudadana se evidencia el uso indebido de armas no letales y el uso directo de armas de fuego en contra de las manifestantes.
#29A 29 de abril, 2021
- Es asesinado por agentes de la policía el joven de 23 años Miguel Ángel Pinto, en el punto de concentración denominado «Puerto Resistencia».
- 106 manifestantes son detenidos y trasladados a estaciones de policía, se reportan por lo menos 31 denuncias de desaparición. En las estaciones fueron golpeados, torturados y despojados de sus pertenencias y materiales audiovisuales.
- Es agredido un manifestante en un ojo por un impacto de un gas lacrimógeno en la calle 5ta.
- Se denuncia la desaparición del menor de edad de 16 años Michel David Lora, de nacionalidad venezolana, quien luego de ser detenido con su madre fue llevado a un hogar de paso. Cuando la mamá se dirige al lugar su le indican que su hijo no se encuentra allí.
- Se denuncia la desaparición del menor de edad de 16 años Michel David Lora, de nacionalidad venezolana, quien luego de ser detenido con su madre fue llevado a un hogar de paso. Cuando la mamá se dirige al lugar su le indican que su hijo no se encuentra allí.
#30A 30 de abril, 2021
- En medio de las protestas son asesinados Edwin Villa Escobar (comerciante), Einer Alexander Lasso Chará (hombre pensionado) en el barrio el Diamante. Jovita Osorio en el Paso del Comercio (docente de primera infancia) y otras tres personas sin identificar del sector del barrio El Poblado, al oriente de la ciudad de Cali. Los hechos se encuentras registrados en video.
- En el barrio Julio Rincón, cerca al punto de concentración de Calipso, es impactada con arma de fuego en su pierna izquierda Angely Vivas Restrepo. Mientras que en el barrio Las Américas resultan heridas dos mujeres y un hombre. Esto sin contar otras 105 personas afectadas por distintos métodos de agresión usados por miembros de la fuerza pública.
- Son detenidos dos integrantes de la red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuente identificados como Daniela Caicedo y José Cuello. Los hechos se dieron en el punto de concentración de Sameco. Allí les hurtan los objetos que los identifican como parte de la organización.
- 94 personas conducidas a estaciones de policía en diferentes puntos de concentración de la ciudad. Muchos de ellos y ellas fueron golpeadas y torturadas al interior de dichas estaciones por miembros de la fuerza pública.
- Se denuncia la desaparición de: José Miguel Oband, Diego Alejandro Bolaños y Jhon Haner Muñoz Bolaños.
#1M 1 de mayo, 2021
Sobre la jornada no hay un reporte de derechos humanos consolidado aún. Pese a la masiva asistencia de manifestantes que cubrían gran parte de los puntos de concentración del centro de la ciudad. Se reportaron ataques indiscriminados a los puntos de concentración de Paso del Aguante, Calipso, y Puerto Resistencia. La fuerza pública aprovechó la llegada de la noche para atacar los puntos más vulnerables de la jornada del 1 de mayo, se reportaron por toda la ciudad denuncias de civiles armados disparando en los barrios colidantes a los puntos de concentración. En la noche del 1 de mayo es declarado el estado de «Asistencia Militar». Esta vez para legalizar la militarización de las ciudades donde se mantiene la movilización y la resistencia civil en contra de su Reforma Tributaria.
Las herramientas del enemigo: Política de guerra para la protesta social
Encontrar en fuentes oficiales, como las de la presidencia de la república y el Ministerio de Defensa, información sobre los gastos militares ha sido todo un reto, pues parece que quisiera ocultarse la verdad sobre los gastos gubernamentales en material de guerra. Es porque Colombia gasta actualmente un valor cercano a 40 Billones de pesos colombianos en el Ministerio de Defensa (10.300 millones de dólares). Históricamente el presupuesto de la nación para este rubro siempre ha sido alto, ya que desde hace varias décadas continúa y se acentúa el conflicto interno, que pese a algunos esfuerzos para lograr diálogos de paz, al día de hoy se ha diversificado, territorializado y agudizado en muchas partes del país. El porcentaje equivalente del presupuesto de defensa frente al total en el gasto publico en Colombia ronda el 11%, un porcentaje bastante alto para un país con una economía debilitada. Con este valor se ubica el país en el puesto 25 en el ranking mundial del porcentaje del gasto publico en defensa, lejos de otros países como Francia que gasta el 3.3% España 2.9% o Brasil con 3.86%.
Al interior de la institución de la policía nacional, esta inscrito el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) fuerza creada en 1999 para contener las movilizaciones que se realizaran en el país, era una fuerza especial transitoria que sin embargo lleva más de 20 años y durante los diferentes gobiernos de turno se ha ido fortaleciendo y que al día de hoy cuenta con 3.876 integrantes y un presupuesto anual de 490.000 millones de pesos (131 millones de dólares). Este mismo escuadrón, a lo largo de su accionar, ha asesinado por lo menos una veintena de personas civiles, en ejercicios de abuso de autoridad y policial, que ellos han llamado “excesos de la fuerza”.
Actualmente debido a un gobierno completamente ajeno al pueblo y previendo el fuerte descontento popular por las medidas que se han tomado históricamente, el gobierno Uribe-Duque ha fortalecido las fuerzas de represión, destinando millonarias sumas para esta causa. Desde tiempo atrás el gobierno se ha preparado para una respuesta represiva a un inminente estallido social, ya que en en marzo del año 2020 se compraron 5 tanquetas (vehículos blindados) por un valor de 8.000 millones de pesos (2,1 millones de dólares) para fortalecer esta fuerza de represión así como la compra por valor de 9.515 millones de pesos (2.5 millones de dólares) en municiones y diferentes armamentos para el ESMAD, en medio de una fuerte crisis social y económica ocasionada por la pandemia del covid-19. Para el 2021 se ha incrementado el presupuesto en casi 1000 millones de pesos. El gobierno evidentemente perpetúa la represión y le da a la protesta social un tratamiento de guerra.
Sin embargo, ni el ESMAD ni la policía han logrado reprimir y contener el estallido social que se ha declarado en Paro Nacional. Es por eso que el Presidente de la República Iván Duque -en diversos medios- el día 1 de mayo de 2021, tomó la decisión de instalar en las ciudades que lo requieran «Asistencia Militar” una medida que está reglamentada en el código nacional de policía, en la cual se establece el uso de las fuerzas militares en el control del orden y la asistencia de situaciones de desastre. La presencia de dichas fuerzas en las calles incurre en una reducción de derechos como se establece en un estado de sitio. Hay que tener en cuenta que en la práctica, la presencia militar en las calles genera mayores posibilidades de accionar bélico en las manifestaciones ya que el estado trata la situación desde una perspectiva militar que históricamente, tiene un fuerte accionar violento e impune contra la población civil.
Las calles llenas
La gente Colombia se fue juntado en cada esquina. Todas las ciudades pararon. Los barrios tomaron las calles en rechazo a la reforma tributaria bajo la consigna «si no nos unimos nos hundimos». Colombia es ahora un río de gente, pueblo con pueblo se juntó, se prendió una gran fogata de unidad en honor a los muertos que pone el pueblo, porque nos duelen bien adentro pero su muerte no puede ser en vano. Las voces del país entero se hicieron oír y múltiples marchas han salido regando la voz de la resistencia. Colombia ha perdido el miedo y ya no tiene nada más que perder, así que A PARAR PARA AVANZAR.
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