Por Mya Sánchez y Zoila Antonio Benito
Tras persistir y convencer a sus papás de mandarla a Lima, Delia* lo había logrado. Era 1988 y con 18 años, ella había dejado su natal Chanchamayo, provincia en el centro del Perú. Buscaba estudiar Laboratorio en el instituto Daniel Alcides Carrión. Sabía que no era Derecho, la carrera que quería, ni tampoco una universidad, como le hubiese gustado, pero tenía más oportunidades que en su lugar de origen. Como ella, desde décadas, mujeres y parte de la población LGBTIQ+ peruanas migran de regiones a la capital, Lima.
Según el informe La Migración Interna en el Perú, 2012 – 2017 del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), la calidad de vida de los ciudadanos depende en gran medida de la región donde les haya tocado nacer y vivir. No es de extrañar que miles de ellos, opten por trasladarse a lugares con mejores indicadores socioeconómicos, como concluyen los redactores del documento del BCR.
María Salazar, secretaria de Organización en el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de la Región Lima (SINTTRAHOL), nos cuenta: “La mayoría de mujeres en el campo no estudiamos. Yo, por ejemplo, estudié mi secundaria en Lima con un hijo. Los colegios están muy alejados, no hay movilidad. Para salir del campo a la ciudad tenemos que tomar una mototaxi que cobra 15 o 20 soles”, relata. Por la concentración de la población económicamente activa y el acceso al empleo, migrar a Lima se vuelve una posibilidad.
“Las políticas nacionales no están construidas para dar igualdad de oportunidades a los ciudadanos que viven en diferentes regiones del país”, agrega al respecto Gustavo Minaya, secretario de Defensa de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).
Como Delia y María, son muchas las personas que llegan a Lima con el objetivo de estudiar y trabajar. Sin embargo, sus esfuerzos parecieran ser insuficientes. “Me escapé de casarme contra mi voluntad”, dice entre risas Sonia*. Para ella, la vida en la capital no fue fácil, pero su miedo a regresar a Apurímac y “terminar como su mamá”, relata, era más grande que cualquier otra cosa.
Sobrevivir en Lima le implicó dedicarse a distintas actividades relacionadas al trabajo en el hogar y la limpieza, enfrentándose incluso a tratos esclavizantes, como lavar ropa por más de 8 horas de pie. Logró estudiar y ejercer la carrera técnica de Enfermería, pero incluso luego de eso, Sonia volvió a realizar labores completamente ajenas a su rubro. Y es que, en la opinión de Minaya, lejos de un tema de esfuerzo, la explicación se encuentra en la escasa oferta laboral formal.
“Nuestro país no está adecuadamente construido para la cantidad de empleos que se necesitan. No hay investigación ni un sistema de producción que permita darle valor agregado a nuestros productos y eso genera que no haya empleos suficientes. Además, la migración ha incrementado las zonas poblacionales de las grandes ciudades y eso ha causado bastante informalidad en el empleo”, sentencia.
Las cifras lo evidencian. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la tasa de informalidad a nivel nacional entre julio del 2020 y junio de este año fue de 78,1%. Además, sólo en el área urbana, la formalidad disminuyó en 6,4% durante los últimos tres años. Al respecto, Minaya lamenta que las políticas aprobadas en el Acuerdo Nacional (2002) no hayan sido aplicadas.
Asimismo, el representante menciona a los regímenes de contratación laboral como obstáculos para la estabilidad en el puesto de trabajo, lo que dificulta que los ciudadanos aspiren a tener mejores condiciones de vida. Si esto afecta a todos los trabajadores de manera general, los migrantes tanto del extranjero como aquellos que viajan de regiones a Lima se ven aún más perjudicados por el nivel de precariedad en que muchos de ellos viven, sumado a la marginación y lo difícil que de por sí es empezar de cero lejos de sus hogares.
“Muchas veces los empleadores prefieren a personas que vienen de la sierra o de la selva porque probablemente se queden dentro de casa a trabajar y no tienen un hogar a dónde ir. Además cuando somos jóvenes somos más sumisos”, añade Salazar refiriéndose puntualmente a las trabajadoras del hogar. No obstante, la vulnerabilidad de sus derechos se extrapola también a otros rubros.
Mujeres y poblaciones LGBTIQ+: ¿leyes en vano?
Después de terminado sus estudios, Delia trabajó en una clínica pequeña, en el distrito limeño de Chorrillos. Al encontrarse preocupada por su salud, decidió hacer una consulta médica al dueño del establecimiento, pero él intentó tocarla sin su consentimiento. Al no encontrar respuesta cuando le contó de lo sucedido a la esposa y socia, decidió renunciar. “Pude haber denunciado, pero no se me ocurrió en ese momento. Pensé que yéndome estaba solucionado”, indica.
Pese a que el delito de tocamientos se contempla en el artículo 176 del código penal y tengamos la ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en el Perú, por desconocimiento, shock o miedo, dichos actos no se llegan a denunciar. En otras ocasiones sí, como fue el caso de Flor, natural de Apurímac y perteneciente a la población LGBTIQ+. Sin embargo, en un sistema patriarcal, las mujeres y poblaciones LGBTIQ+ no solemos obtener justicia.
“Recuerdo que el administrador me decía ‘tranquila, no te preocupes, no va a pasar nada’, pero él no hacía nada. La persona me seguía en cada movimiento que hacía, me tomaba fotos, me grababa videos. Sabía con quién hablaba, dónde estoy o a qué hora salía”, asegura. Pese a que ella denunció estos actos en una empresa de alcance nacional, la sanción no fue la esperada. “Cuando una de las chicas sufrió de tocamientos indebidos por esta misma persona, recién lo cambian. No lo retiraron, sólo lo pasaron de un departamento a otro”, comenta.
“El sistema, si presentas pocas pruebas, te llama exagerada. Y hay trabajos precarios informales que además incrementan el acoso sexual, como en el caso de las camareras”, afirma la psicóloga social Jessica Huertas. “Los clientes hombres suelen decir ‘Qué guapa estás’. Ellas reconocen el capital sexual para poner ganar propinas, pero no se dan cuenta que lo que están viviendo es acoso sexual”, indica. La formalidad y mucho menos la informalidad, no son garantía de un espacio seguro.
Esta incomodidad laboral también se manifiesta en el caso de la maternidad. Avalada en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, Pamela Navarro, abogada laboralista, recalca que no están permitidas las preguntas sobre este tema en una entrevista de trabajo. “Por desconocimiento o por miedo a quedar fuera del proceso de selección tenemos que enfrentarnos a ese tipo de cosas. De manera equivocada se piensa que la mujer, en la medida que tiene la posibilidad de ser madre, resulta un poco rentable para las empresas”, asegura.
Si se encuentra embarazada, inclusive, se encuentra amparada por la Ley Nº 30367 y por el Decreto Supremo 006-2016-TR, donde se define su protección en casos de riesgo en la gestación, el descanso pre y post natal, subsidio por maternidad y ante el despido arbitrario.
Asimismo, Perú cuenta con una ley, N°29896, donde se establece la obligación de implementar lactarios en las instituciones del sector público y privado que cuenten con más de 20 o más mujeres que se encuentren en edad fértil. “Deberías poder alinear tu vida laboral con la familiar para tener estabilidad emocional. Para lograrlo, necesitas balancear espacios. Este sistema de cuidados debe incluir el garantizar derechos laborales que implican una guardería, un lactario, horarios adecuados para poder trabajar”, enfatiza Huertas. No obstante, estas dinámicas han cambiado en pandemia, debido a la opción de virtualidad o teletrabajo. Este puede jugar a favor o en contra, ya que tiende a sumar a la carga de servicios de cuidado que las mujeres brindan.
El teletrabajo, que permite a algunas personas seguir laborando durante la crisis, es un arma de doble filo para las mujeres porque tiende a aumentar la carga de servicios de cuidado que ellas ofrecen. Según el estudio del BID La participación laboral de las mujeres en el Perú: 10 mensajes clave y 6 recomendaciones de política (2021), casi el 60% de las mujeres encuestadas afirmaron ser las únicas responsables de la educación de sus hijos en el hogar durante la pandemia, en comparación con el 14% de los hombres.
No obstante, el teletrabajo también ha abierto otras posibilidades a mujeres y poblaciones LGBTIQ+. Hay una “migración de regreso” que se da de la capital a las regiones. “Sirve para buscar soluciones más flexibles que se acomoden a lo que los trabajadores demandan. En nuestro caso, nos abrió el mercado de talento al acceder a personas que probablemente no podrían trabajar con nosotros. Gracias a la virtualidad ahora lo pueden hacer”, comenta la gerenta Jurgita Sarkovaite.
Este reportaje tiene segunda parte, click aquí para leerlo.
*Delia y Sonia son nombres ficticios para proteger la identidad de las personas.
Este contenido es parte de una cobertura colaborativa entre cinco medios —Distintas Latitudes (México), Morras explican cosas (México), La Antígona (Perú), La Andariega (Ecuador) y Revista Colibrí (Argentina)— de la Coalición LATAM, una iniciativa para impulsar el crecimiento de nuevos medios fundados por jóvenes periodistas. Este reportaje fue posible gracias al Fondo de Respuesta Rápida de Chicas Poderosas e Internews.
