Por Zoila Antonio Benito
La posible contratación de una empresa privada para el servicio de limpieza desató una serie de protestas contra el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Magdalena Jorge, secretaria de la Mujer del Sindicato de Trabajadoras de Limpieza Pública de Lima (SITOBUR), es una de las principales dirigentes en pie de lucha para que las autoridades municipales respeten sus derechos laborales. Ella conversó con La Antígona sobre el peligro que tendrían más de 500 trabajadores de limpieza al quedarse sin empleo por esta licitación, en medio de la pandemia por la COVID-19.
Magdalena Jorge es una de las trabajadoras de limpieza que durante cuatro días seguidos protestaron en el Centro de Lima. Una convocatoria a licitación, hecha por la Municipalidad de Lima el 12 de marzo pasado, es el motivo de sus demandas, pues amenaza con dejar a cientos de obreros sin empleo en épocas de crisis por la COVID-19. Ella cuenta que no pierde la esperanza de ser oída y asegurar su puesto de trabajo.
Tras un día de protesta, Magdalena nos atendió a través de una conversación en Zoom, con el uniforme que a diario usa para limpiar las calles cercanas al Hospital Loayza. Ahí encuentra desde ropa hasta cartones botados por los pacientes con coronavirus que acuden a este nosocomio. Así como el personal de salud, ella y sus compañeras se encuentran en primera línea. Sin embargo, ella no desea ser reconocida como heroína. No cuando sus derechos se ven vulnerados. Inició la entrevista comentando la situación por la que atraviesan:
“Nuestra lucha ahora es ardua, principalmente en defensa del trabajo”, nos dice. En el 2015, SITOBUR inició una demanda a la Municipalidad de Lima y hace dos años la Corte Suprema dictó una sentencia en defensa de 296 trabajadores y trabajadoras. En esta se pidió que se incluyera en planilla a las obreras de limpieza pública. La misma resolución señaló que la limpieza pública no tenía que ser tercerizada. Sin embargo, según afirma Magdalena, el alcalde Jorge Muñoz no tomó la decisión judicial y en plena pandemia está llevando a cabo un concurso de licitación y recojo de residuos sólidos. “Es por eso que salimos a las calles buscando la protección de la continuidad laboral de 500 obreras de limpieza pública que no están beneficiadas”, asegura.
¿Por qué considera que no se está cumpliendo esta sentencia judicial en su totalidad?
Si ahora se está llevando a cabo la sentencia dictada el 2018, es por presión de nosotras. El 18 de junio, el alcalde Muñoz presentó al Poder Judicial un pedido de anulación de dicha sentencia y por presión él tuvo que empezar a reincorporar a los trabajadores. Se han demorado más de un año para cumplir este mandato judicial. Nosotros pensábamos que el actual alcalde era diferente a Luis Castañeda, con quien también tuvimos desencuentros, pero Muñoz ha sido peor. Él es abogado. Sabe que la tercerización de la limpieza pública está desnaturalizada y es ilegal. Durante la inauguración de un monumento, hace un tiempo, le pregunté por la situación de mis compañeras que no han sido beneficiadas con la sentencia, pero él me miró, se volteó y se metió al carro. En ningún momento se acercó para conversar un rato, como sí lo hace con otros vecinos a quienes les da la mano o una palmadita en la espalda; conmigo ni una mirada.
¿Qué ha ocurrido en las últimas protestas? El 29 de junio, la policía las reprimió echándoles agua desde un rochabús y lanzando bombas lacrimógenas. Han sido detenidas en total 46 trabajadoras, incluida usted.
Fue un maltrato físico y psicológico. No hemos pasado por esto nunca. Sabemos que hay un límite que te empuja a actuar de esta manera: no hemos sido escuchadas. Hemos buscado constantemente diálogo con Jorge Muñoz, Hicimos varios plantones y la policía lo sabía. ¡Qué coincidencia que el regidor [Jose Luis] Pacheco nos invite a una sesión de concejo a la que vino rápidamente la policía a detenernos! Ni siquiera habíamos empezado nuestro plantón. Estábamos llegando y nos hicieron una encerrada sin respetar la distancia social. Mis compañeros entraron en el carro a empujones. La persona responsable de los reclamos sigue sentado en la municipalidad de Lima, llevando a cabo el concurso incluso a espalda de sus regidores, pues no lo ha publicado. ¿Cómo estarán mis compañeras sabiendo que nuestro trabajo está en riesgo, pensando qué va a pasar cuando termine el contrato con la actual empresa? Nuestro riesgo es que somos tercerizados, la mayoría somos mujeres. Nosotras mantenemos nuestro hogar, muchas son padre y madre para sus niños. Hay madres solteras, viudas, abuelas que incluso apoyan a sus hijos. Es por esto que no importa si nos maltratan e incluso si nos echan agua, no permitiremos que nos arrebaten nuestros derechos.
¿Conoce de casos de otras trabajadoras de limpieza a nivel nacional y distrital cuyas garantías laborales se ven afectadas? ¿Cuáles?
La situación de los trabajadores a nivel nacional es para observar. Son la última rueda del coche ya que no tienen herramientas ni AFPs. No les pagan puntualmente siendo este, un servicio esencial pues si no limpiamos las calles, aparecen cerros de basura. La limpieza pública debe estar en primer lugar para todas las municipalidades porque es necesaria para proteger la salud pública y nuestro medio ambiente. En Villa el Salvador, ni siquiera tienen un contrato CAS, no cuentan con seguros que los protejan. Hace poco una compañera falleció en este distrito atropellada. Ni siquiera estaba contratada por la municipalidad de V.E.S. e incluso trabajaba con materiales viejos. Lo mismo pasa en el Callao, San Juan de Lurigancho, Breña, y otros distritos.
¿Cuáles son los riesgos que afrontan al salir a las calles en plena pandemia? ¿Cuál es la situación de sus compañeras con el COVID-19?
Llamarnos héroes no significa que vamos a trabajar como podamos. Arriesgamos nuestra salud. ¿Cuántas han fallecido atropelladas o sufrido accidentes, cortes y ahora más con esta pandemia? En la calle encontramos diversos objetos de riesgo como guantes o mascarillas usadas. Todo lo que tocamos puede estar infectado con el virus. Al contorno del Hospital Loayza, donde yo realizo la limpieza, los familiares que llevan por emergencia a sus pacientes COVID-19 dejan tiradas sus ropas, frazadas, cartones con los que han hecho la cola esperando para que les atiendan. Tenemos que recogerlo, afrontando ese miedo a contagiarse por la necesidad, pero esto no significa que pueden hacer lo que quieran con nosotras. Más del 40% de las compañeras de trabajo han salido positivo al COVID-19 y han podido superarlo, y son tres a las que hemos perdido. Sin embargo, aceptamos este trabajo con todos los riesgos, quizás también por vocación. El brindar este servicio a mi sociedad me llena de orgullo y también a mi familia porque somos conscientes que los obreros de limpieza pública somos muy importantes para la ciudad. Por eso hemos asumido nuestro trabajo durante toda esta pandemia incluso sufriendo la falta de movilidad los domingos cuando no había transporte No es justo que eso se eche al tacho todo nuestro esfuerzo y que no valoren el trabajo que realizamos.
Magdalena se conmueve al concentrarse y recordar aquello que les dice cara a cara a sus compañeras. Ellas se acercan a preguntarle sobre la situación que hoy las enfrenta con el alcalde. “Les digo que no se preocupen, que si seguimos unidas luchando, vamos a lograrlo. Más de 5 años luchando por eso (la demanda ganada). Mis compañeras ya no tienen miedo a nada. No les importa el rochabús, los gases lacrimógenos. Vamos a defender el derecho al trabajo con uñas y dientes, con la fuerza de mujer que nosotras tenemos y que estamos demostrando. Nadie nos ha regalado nada. Sigamos adelante en la defensa del derecho humano al trabajo porque no somos objetos descartables”, afirma con indignación.
La noche de este 14 de julio, la Comisión de Trabajo del Congreso de la República convocó al Alcalde de Lima Jorge Muñoz para que de sus descargos sobre la presunta violación a los derechos humanos de más de 500 obreras de limpieza publica que serían despedidas de sus puestos al no haber sido tomadas en cuenta en la licitación de limpieza publica, siendo esta un desacato al mandato judicial. Se espera la presencia del burgomaestre.
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