Por Claudia Castro y Noelia Carrazana
El lunes 31 de enero, en varios departamentos de Bolivia, grupos de mujeres marcharon en protesta contra la corrupción judicial. Esta movilización se da luego del conocido caso de Richard Choque Flores de 32 años, un violador y feminicida serial, el cual ha evidenciado la corrupción del poder judicial y la complicidad del Estado.
La marcha fue convocada por la organización feminista “Mujeres Creando”, pero a la convocatoria se sumó la población en general, sobre todo víctimas de violencia, familiares de femicidios y mujeres aymaras.
Quya Reina, periodista aymara que estuvo cubriendo la marcha indica que: “he asistido a varias marchas del 8 de marzo, que es el día en que varias plataformas y organizaciones feministas salen a protestar contra la violencia machista y puedo afirmar que esta fue la más importante históricamente. Porque fue la primera marcha a nivel nacional en donde mujeres aymaras adultas han asistido autoconvocándose, dejando de lado sus labores cotidianas, pues varias a las que entrevistamos son comerciantes y ganan al día”.
“La característica a destacar de la marcha fue que se sumaron mujeres alteñas del sector gremial, madres, abuelas, jóvenes que no pertenecen a ninguna organización, fue una movilización grande, como no ocurría desde las movilizaciones del año 2020”, también recalcó Camila Azeñas, de la organización feminista Niñas Malcriadas.
El 24 de enero se conoció el caso de Choque Flores, quien fue detenido en su domicilio que se encuentra en la ciudad del Alto, acusado de violación y asesinato. Los uniformados revisaron su celular y encontraron indicios de que habría abusado de 77 personas. Entre ellas encontraron los cuerpos enterrados de Iris y Lucy, dos menores de edad desaparecidas en 2021. Este caso fue ampliamente difundido y develó los entramados de la corrupción e inoperancia de la justicia boliviana al momento de tratar las causas que atañen a la violencia de género. Choque Flores había sido detenido en 2013, y enviado a la cárcel de Chonchocoro acusado de violar y asesinar a Blanca Rubí Limachi de 20 años, por lo que fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, pero llamativamente en 2019 recuperó la libertad por un fallo del juez Rafael Alcón, quien recientemente también fue detenido por haber firmado tal decisión.
El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo en el canal Bolivia TV que el juez Alcón “liberó a Choque Flores porque había un certificado médico, según el cual corría peligro su vida por su diabetes. Pero no se sabe qué médico firmó el documento, porque el expediente se perdió misteriosamente”. Lima detalló que el magistrado, dio la libertad a Choque Flores en “solo tres días” luego de que recibiera la solicitud de libertad un 24 de diciembre de 2019.
Las movilizaciones se dieron en distintos lugares del país, como respuesta a la masiva indignación, estos dos casos se suman a los miles de casos que han quedado sin resolver. Los casos de violencia machista, feminicidios han aumentado desde que comenzó el COVID-19 y no han sido parte de la agenda desde el gobierno de Jeanine Añez ni de las actuales autoridades”, indicó Camila, integrante de Niñas Malcriadas.
Según las cifras difundidas por la fiscalía general del Estado, Bolivia registró 108 feminicidios y también se reportaron 46 infanticidios el año pasado. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa informó que los departamentos con mayor incidencia son La Paz con 43 casos; la oriental Santa Cruz con 17, seguido de la central Cochabamba con 15. Estos datos van acompañados de la masiva movilización de mujeres que demostró el hastío el día lunes.
La Marcha en la ciudad del Alto se inició en la casa del feminicida, donde durante días familiares de víctimas estuvieron pidiendo que sea demolido el inmueble con la esperanza de encontrar allí cadáveres de sus hijas desaparecidas. A esa continua movilización se acercaron los medios de comunicación y el viernes 27 de enero la activista Maria Galindo integrante de Mujeres Creando, se apersonó en el lugar y convocó a movilizarse, hecho que sucedió el día lunes. desde ese lugar a la marcha que finalmente se realizó el día lunes. Los registros de los medios bolivianos mostraban a mujeres llorando desconsoladamente mientras Maria realizaba la convocatoria en las puertas del domicilio del feminicida.
La movilización concluyó en el tribunal de justicia departamental de la ciudad de La Paz. “El domicilio fue objeto de intervención, ya que padres de familia han ingresado a la casa a buscar a sus víctimas y esto mostró la desesperación y empatía de la población”, destacó Camila Azañez. El 4 de febrero en otra propiedad de Choque Flores fue encontrado el cuerpo de un primo de éste, cuya denuncia por su muerte había sido realizada por sus padres en 2014, pero el ministerio público procedió a no dar a lugar a dicha denuncia.
Para comprender porque esta movilización tuvo tanta adhesión, la periodista alteña Quya Reina explica que: “muchas mujeres expresaron que ya han pasado por denuncias en las cuales el procedimiento ha durado y sigue durando años y que no se resuelven debido a jueces, fiscales e incluso abogados corruptos. Algunas tías, en aymara, solicitaban al estado que se encierren a los violadores y feminicidas, y que nunca más vuelva a salir, es decir, que las instancias correspondientes puedan someter a los culpables a la cadena perpetua”.
“Otra de las observaciones que hicieron las mujeres aymaras, es que la justicia no considera la situación económica de las mujeres pobres. Puedes llegar a obtener justicia, pero esto sólo si les pagas coimas a las autoridades y funcionarios. Cuando en realidad es su obligación hacer ese trabajo. No hay justicia para los pobres, fueron algunas de las frases que escuchamos. Y es evidente que, en El Alto, en donde mucha gente se debe prestar dinero del banco y debe trabajar al día, la falta de ingresos es un obstáculo
para acceder a la justicia” aclaró Quya Reina. “Poder escuchar a estas mujeres ha sido realmente emotivo,porque la constante lucha contra el racismo colonial y contra los gobiernos racistas de turno que se han percibido en marchas y protestas como la del 2003
o la del 2019 protagonizadas por El Alto, se han transformado, desde sus mujeres, en denuncias contra el machismo que las aymaras vivimos día a día en una ciudad que cada vez crece más”, expresó la periodista alteña.
Movilizaciones en el resto del país
«Todas estamos convocadas por esta violencia. En Santa Cruz aún hay una tibieza y somos uno de los principales departamentos con este tipo de casos, y aún no hay esa conciencia de toda la sociedad. Pero hubo reacción de las mujeres, cuando nos dirigimos desde el palacio de justicia hasta la fiscalía nos aplaudían, gritaban desde el bus o daban bocinazos. El apoyo está”, cuenta Denilson Montaño Segovia, integrante de la colectiva Niñas Malcriadas de Santa Cruz de la Sierra.
Desde la colectiva Mujeres de Fuego de Cochabamba su directora Fátima Terrazas explica que “la rabia e indignación es porque muchos delitos quedan impunes. Que se de la importancia a este tema, que el gobierno se de cuenta como se está manejando esta corrupción, el riesgo que se pone a lasociedad al quedar libres las personas que han cometido estos delitos. Necesitamos ser escuchadas por el gobierno y por la sociedad”.
“Hemos tenido el apoyo de muchas madres, muchos varones que se dan cuenta que el sistema judicial no está funcionando, tenemos que hacer conocer a la sociedad. Bolivia es el segundo país con más violencia, no podemos llevarlo como un trofeo. Necesitamos hacer saber ¿cómo está el órgano de justicia? ¿qué está pasando con el tribunal de justicia? ¿qué está pasando con nuestros jueces y fiscales? La falta de ayuda a las víctimas de abuso sexual, a los padres y madres” explica la activista Terrazas, del colectivo Mujeres de Fuego Cochabamba.
Desde el 24 de enero, cuando se hizo público el caso de Choque Flores, María Galindo de la organización Mujeres Creando puso su cuerpo y voz a través de Radio Deseo para visibilizar, presionar al estado e interpelar a la
sociedad boliviana para que reaccione ante tantos casos de retardación por parte de la justicia, prisión domiciliaria de violadores y asesinos que no cumplen con la sentencia de los 30 años de cárcel como indica la ley.
Radio Deseo también es transmitida por Facebook y en estas semanas se convirtió en un espacio que recibe denuncias de familiares. “Más de 120 casos en cuatro días hemos recibido”, indicó Galindo al vocero presidencial Jorge Richter en una reunión que era transmitida en vivo en su red social.
¿Cuántas comisiones y leyes más necesita el estado boliviano para dejar atrás el machismo?
“Ante la preocupante situación y conducta de jueces, y operadores de justicia, instruimos la creación de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio en el que los sentenciados fueron liberados.
La misma deberá presentar resultados en un plazo máximo de 120 días”, publicó en su cuenta de twitter el presidente Arce, un día después de la movilización de mujeres.
El gobierno boliviano había declarado que este sería el “año de la revolución cultural de la despatriarcalización”. Con el objetivo de luchar contra las violencias hacia las mujeres, la sociedad espera que se concrete esa retórica del Movimiento al Socialismo (MAS), luego de las manifestaciones y la nueva Comisión anunciada.
Esta semana La violencia de género está en la agenda de los medios y la clase política boliviana, a tal punto, que un día después de la movilización el presidente Luis Arce creó la conformación de una Comisión que ha propuesto Mujeres Creando y que no quede sin efecto. Además, la organización pretende convocar a otras organizaciones feministas o que trabajen con mujeres en todo el país.
La violencia de género está en la agenda de los medios y la clase política boliviana, a tal punto, que un día después de la movilización el presidente Luis Arce anunció la conformación de esta comisión.
La organización Mujeres Creando a traves de Radio Deseo y de la cara más visible su organización: la feminista boliviana Maria Galindo quienes convocaron a la gran movilización del lunes 31 de enero. Además pidieron la creación de una Comisión, donde ellas, así como otras organizaciones que trabajan a lo largo del país con las distintas problemáticas que atañe a la violencia de género pudiesen trabajar en conjunto.
Maria Galindo se reunió con el Ministro de Gobierno Eduardo del Castillo para exigirle una Comisión de Excepción frente a la corrupción policial. Luego se reunió con el vocero de gobierno para entregarle una carta dirigida al presidente Luis Arce, pero finalmente se dio a conocer el viernes 5 de febrero quienes formarán parte de la Comisión Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio y no estan incluidas personas o entidades feministas de la sociedad civil.
Esta era la esperanza de varias plataformas de mujeres que trabajan en las distintas ciudades bolivianas, “como colectivo nosotras ya estamos mandando cartas y
haciendo saber que queremos participar. Nosotras ya estamos llamando a las Víctimas de Mujeres de Fuego. La comisión tiene que escuchar todos estos casos, porque si no solo se arma para tranquilizar a la sociedad, se tiene que trabajar con colectivos en ese comité”, indicó Fátima Flores
Al día de hoy en Bolivia hay dos comisiones: la que creó el gobierno y la que promueve el grupo Mujeres Creando, quienes comenzaron una campaña de “Accion en legitima defensa de las vidas y las libertades de las mujeres bolivianas”, y han dado a conocer un telefono donde se puede hacer llegar sus denuncias en casos de violación o feminicidio y que el culpable haya sido liberado por la justicia. Además el 7 de febrero hicieron saber sus nueve objeciones contra la Comisión recientemente creada por el gobierno boliviano.
Quizás todo este pedido de las organizaciones que trabajan para visibilizar los derechos de las mujeres en Bolivia tenga que ver con que el año pasado ya hubo una comisión mixta en el Parlamento boliviano, integrada por legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. En diciembre presentó un informe detallado de una investigación sobre las causas del retraso judicial en casos de femicidios y establecieron la falta de personal, presupuesto y coordinación como algunas de las razones principales.
El informe establece que entre 2013, año en el que entra en vigencia la ley 348 que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, al 2021 se han registrado al menos 997 femicidios con registros anuales como los de 2017 y 2019 en los que estos crímenes fueron los más altos con 155 y 147, respectivamente.
Es así que el año 2019 Bolivia contó con el título de ser la nación donde más mujeres son asesinadas en Sudamérica. Esto según un reporte de la Comisión Económica para América Latina de la ONU (Cepal). Durante 2020 el gobierno estuvo bajo el mando de Jeanine Añez, quien tuvo un régimen fascista y racista, sobre todo a sectores indígenas, por lo cual se hace difícil saber las cifras reales de ataques a mujeres durante este año.
Cabe resaltar que Bolivia cuenta con una Constitución Plurinacional con perspectiva de género y con leyes tales como: Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacía las Mujeres, Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional y Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias que incorpora en el código penal el delito del femicidio con una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto.
Para comprender por qué la ciudad de La Paz y el Alto llevan la delantera en hechos de esta naturaleza, Reina indica: “¿cómo se puede entender que muchas mujeres jóvenes del campo caigan hasta el día de hoy en manos de violadores o de gente que las prostituye? La migración de mujeres del campo es un asunto de mayor importancia. Es obvio que hay una necesidad de adolescentes y jóvenes de trabajar y generar ingresos y eso las lleva a buscar trabajos que pueden llevarlas a la muerte. ¿Quién las protege? Esta es una de todas las realidades que viven muchas mujeres, que vivimos muchas mujeres, más allá de la delincuencia, que es otro problema no resuelto y que provoca indiferencia”.
La ciudad del Alto, es una zona que recibe constantemente migración del campo, algo que se repite casi en todas las ciudades bolivianas, ya que es usual que los jóvenes se trasladen a realizar sus estudios de secundaria o para trabajar y ayudar a la economía familiar.