«Te matan, te secuestran, te violan»: víctimas de trata denuncian los peligros que corren en México

Por Albinson Linares para Telemundo

El 30 de julio es el día mundial contra la trata de personas. El Gobierno mexicano identificó 744 víctimas de trata en 2021, según datos oficiales. En los primeros tres meses de 2022 se reportaron 36 casos. Activistas aseguran que las cifras reales son mucho mayores.

Valeria Montes dice que salió de Tegucigalpa a principios de marzo para cumplir su sueño de trabajar en Estados Unidos y estudiar derecho. Su tía, que vive en Florida, le pagó 4,000 dólares a un coyote para que la cruzara hacia territorio estadounidense, pero después de un viaje terrestre que duró varias semanas, el hombre dejó a la joven de 15 años tirada en una calle del estado mexicano de Puebla.

Entre largas caminatas y azarosos trayectos en taxis, camiones y autobuses hacinados de migrantes, la joven había recorrido más de 1,700 kilómetros.

«Es muy arriesgado y peligroso porque no sabes si vas a llegar viva o sin una pierna o un brazo. A veces te matan, te secuestran, te violan. En ese camino hay de todo», afirma Montes desde un refugio de la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad (Anthus), una organización civil localizada en Puebla.

Durante su tránsito por territorio mexicano, Montes cayó en manos de una red de trata de personas que la aisló para que se prostituyera durante varias semanas de este año.

«Me pusieron como sexoservidora. Había varias personas que me controlaban mucho, los clientes incluso me llegaban a golpear. Fue muy horrible«, comenta con pánico, en conversación con Noticias Telemundo.

El caso de Montes, y el de otras personas que aceptaron compartir sus experiencias manteniendo el anonimato por temor a las represalias, forma parte del crecimiento sostenido que se registra en los delitos de trata en México.

Según la Organización de Naciones Unidas, todos los países del mundo registran casos de trata, y cada 30 de julio se celebra el día mundial contra la trata de personas para conmemorar a las víctimas que sufren este flagelo. En su último informe bianual, de 2020, la institución denunció que cerca de 50,000 personas fueron víctimas de trata en 148 países. 

«Se estima que al menos 25% de los casos son personas migrantes. Es altísimo, y hay víctimas que no están siendo detectadas», afirma Mario Cordero, titular del Área de Crimen Organizado y Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés). 

Esta oficina ha detectado que más del 60% de las víctimas de trata de personas, en los últimos 15 años, han sido mujeres y niñas. La mayoría han sido traficadas con fines de explotación sexual.

Hace unos días, el Departamento de Estado publicó su Reporte sobre trata de personas, julio de 2022 en el que se resalta que «el Gobierno de México no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la eliminación de la trata», aunque también reconoce que está implementando medidas importantes para alcanzar esa meta.

Organizaciones independientes como A21 han denunciado que México ocupa el tercer lugar mundial entre los países con las mayores tasas de delitos de trata de personas, solo superado por Tailandia y Camboya. Según datos oficiales, el Gobierno mexicano identificó 744 víctimas de trata en 2021, en comparación con las 673 registradas en 2020 y las 658 de 2019. Solo en los primeros tres meses de 2022, se reportaron 36 casos.

Sin embargo, las cifras varían dependiendo del periodo: de 2012 a 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos identificó a 5,245 víctimas de los delitos en materia de trata de personas, siendo el 85% niñas y mujeres y el 15% niños y hombres.

«La autoridad ya no está haciendo tantos operativos, sin eso yo no recibo víctimas. Pero el hecho de que yo no esté recibiendo tantas personas, no quiere decir que no haya víctimas (…) Es muy difícil saber qué tanto aumenta porque las usuarias que tenemos en el refugio son una minoría en comparación con las que son explotadas», explica Mariana Wenzel, directora y cofundadora de Anthus.

Diversos expertos y activistas han señalado que los números oficiales no reflejan la gravedad de estas prácticas delictivas porque la cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncian en el país, se ubica en un 93.3% y del diminuto porcentaje que sí se presenta ante las autoridades casi el 95% queda impune. 

Montes dice, con la voz quebrada, que nada la preparó para el infierno que vivió en Puebla, primero en un albergue oficial para personas migrantes del que tuvo que salir huyendo.

«Estuve medio mes retenida ahí, pero decidí irme porque no tenía acceso para hablar con mi familia (…) Me estaban amenazando de muerte, incluso a golpes y los oficiales me amenazaron con mi familia», explica con nerviosismo.

«Me estaba desangrando»

El 29 de marzo, la joven salió del albergue y mientras deambulaba por las calles de Puebla, sin saber qué hacer porque no recibió ninguna orientación por parte de las autoridades, fue interceptada por unos hombres que estaban en una camioneta y le ofrecieron trabajo como mesera. Montes abordó el vehículo que la llevó hasta San Francisco Totimehuacan, una localidad ubicada a unos 10 kilómetros al sur de la ciudad.

«Allá una proxeneta me dijo que si quería preparar bebidas alcohólicas y lavar los vasos en el bar. Pero era otra cosa y tuve que tener relaciones sexuales con muchos, muchos clientes», explica con tristeza.

Montes dice que logró salir porque un hombre se encaprichó en que quería acostarse con ella en un hotel y los tratantes tuvieron que llevarla hasta allá.

«Pero no entré, salí corriendo. Iba drogada porque sentía mucho dolor y estaba sangrando mucho, donde me sentaba dejaba sangre. Me llevaron a un hospital y estuve entre la vida y la muerte, porque me estaba desangrando por dentro», dice horrorizada.

El informe estadounidense también señala que el Estado “fracasó” al momento de asignar recursos para un fondo de asistencia y reparación a las víctimas de trata, además recalca que los servicios generales de atención a las víctimas fueron inadecuados.

“El Gobierno no mejoró los esfuerzos para detectar indicadores de trata entre poblaciones vulnerables y remitir a las posibles víctimas a los proveedores de servicios (refugios o albergues). Las prácticas de reclutamiento forzado continuaron siendo generalizadas, pero el Gobierno no tomó medidas para responsabilizar a los reclutadores”, afirman los investigadores.

Además, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador aprobó una reforma fiscal que limita los donativos que las personas físicas les otorgan a las organizaciones de la sociedad civil. Activistas y voceros han dicho que esa medida pone en riesgo la subsistencia de más de 5,000 proyectos civiles.

«En el tema estatal no hemos recibido apoyo y eso que hay una ley general que le exige al Gobierno que si no tiene refugios debe apoyar a la sociedad civil que los tenga», dice Wenzel y explica que, por los procesos burocráticos, este año su refugio duró siete meses sin unos recursos que recibe a través de un programa gubernamental.

Según cifras oficiales citadas en el informe del Departamento de Estado, solo tres organizaciones no gubernamentales que operan refugios para las víctimas de trata presentaron solicitudes de financiamiento y recibieron fondos de un programa gubernamental.

«A todas las organizaciones que hacíamos un trabajo serio y constante, nos retiraron todos los apoyos y ahorita estamos funcionando con lo mínimo. Hacemos muchos esfuerzos para dar conferencias, cursos y talleres para recabar fondos», asevera Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por su sigla en inglés). 

Los investigadores estadounidenses señalan que quienes se dedican al tráfico y la trata de personas explotan a víctimas, tanto nacionales como extranjeras, en México; pero también explotan a personas mexicanas en países del extranjero.

En 2021, los funcionarios consulares mexicanos identificaron y asistieron a 1,352 ciudadanos mexicanos que se encontraban en situación de vulnerabilidad o víctimas de delitos como la trata de personas en otros países; 86 fueron víctimas de trabajos forzados.

En comparación, las autoridades de países extranjeros identificaron y asistieron a 313 víctimas mexicanas de trata de personas en los primeros seis meses de 2020.

«Ninguna mujer debería pasar por lo que yo pasé. Ninguna niña ni adolescente. Espero que las personas que hacen eso de prostituir, de vendernos, se den cuenta del gran error que están cometiendo porque son padres, son hijos, y nacieron de una mujer (…) en mi caso cierro los ojos para dormir y ya veo que tengo un cliente encima«, dice Montes, entre sollozos.

Impunidad del 99%

Entre otras cosas, el reporte del Departamento de Estado afirma que, en 2021, no se incrementó el enjuiciamiento y condena para los traficantes en México, además no se identificaron más víctimas. Las organizaciones no gubernamentales informaron que las autoridades, en todos los niveles, carecían del conocimiento necesario sobre las leyes de trata y no lograron identificar y derivar de manera efectiva a las posibles víctimas, algo que influye en las bajas cifras registradas de manera oficial.

«Lamentablemente el tema no está en la agenda pública de este gobierno. Deberíamos tener el plan nacional para prevenir sancionar y erradicar la trata de personas, que es de 2019, pero no lo tenemos. En los estados tenemos niveles muy altos de impunidad que llegan al 99% de las víctimas y posibles víctimas, pero no se les busca, no hay acciones reales de prevención», explica Ulloa, de la CATWLAC. 

Diversas investigaciones señalan que los grupos más susceptibles de verse involucrados en esquemas de trata en México son las personas indígenas, las personas con discapacidades, miembros de la comunidad LGBTQ+, trabajadores del sector informal, jóvenes de territorios controlados por pandillas y los solicitantes de asilo y las personas migrantes.

En los últimos años, México ha experimentado un flujo migratorio hacia Estados Unidos con cifras récord, las autoridades estadounidenses detectaron a más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, además, más de 58,000 personas solicitaron refugio en México durante la primera mitad de 2022, una situación que no tiene precedentes en el país.

“Yo no sabía que una se tenía que desnudar y mucho menos tener sexo con los hombres. Yo me imaginaba que era un restaurante normal, donde uno sirve comida y había un show”, explica Julia María, una mujer suramericana que durante cuatro años fue forzada a prostituirse en un local de Ciudad de México.

Julia fue captada desde su país con una falsa oferta laboral, que aceptó debido a que su madre estaba muy enferma. Pero cuando llegó a México, se vio inmersa en una pesadilla de explotación sexual que le dejó múltiples secuelas físicas y psicológicas. A diario tenía que producir la mayor cantidad de ‘boletos’, un eufemismo usado por los tratantes para referirse al acto de tener sexo y por lo que cobraban 200 pesos por cliente (unos 9.8 dólares).

«En varias ocasiones me enfermé porque no fumo cigarro y me daba mucha tos porque todo mundo fumaba. Una vez se me llegó a tapar el pulmón izquierdo (…) Una es extranjera, y sola, así que se sufre mucho maltrato y discriminación», explica Julia, quien está inmersa en un proceso legal, desde hace varios años y con la ayuda de la CATWLAC, pero aún no ha sido resuelto por las autoridades.

La situación de los migrantes irregulares en México es precaria, en la mayoría de los casos actuales. Por esa razón, las autoridades crearon recientemente un grupo de trabajo, específicamente dedicado a la trata y tráfico de personas en contextos de movilidad.

«No solo nos interesa entrarle a los diagnósticos, sino a mejorar el registro y en algún momento tener algún protocolo de atención porque muchísimas de las personas que son traficadas en otro momento pueden ser tratadas, a partir del uso de la coacción de revelar su estatus migratorio irregular», explica Miguel Aguilar, director del Centro de Estudios Migratorios en la Secretaría de Gobernación. 

Según cálculos del centro, en 2019, el tráfico de personas, es decir su traslado irregular entre fronteras, dejó una ganancia de 615 millones de dólares. Y, en muchos casos, las personas migrantes que contratan los servicios de coyotes pueden caer en redes de explotación que forman parte de los negocios de los grupos del crimen organizado en México.

Diversas organizaciones confirman que carteles como Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y el del Noreste operan en el sureste del país, donde hay una gran población indígena y se aprovechan de los usos y costumbres ancestrales para llevarse a las jóvenes indígenas, mediante sumas de dinero o coacción.

«Eso pasa con las muchachitas desde los 8 hasta los 17 años y luego las vamos a encontrar en la frontera norte siendo explotadas sexualmente en la prostitución», advierte Ulloa.

Desde 2016, el centro dirigido por Aguilar ha registrado un total de 5,144 personas extranjeras en situación migratoria irregular que declararon ser víctimas de delitos. De ese universo solo nueve personas, un 5%, denunciaron haber sido víctimas de trata.

«Para nosotros es muy importante generar la cultura de la denuncia (…) Trabajamos muchísimo con esta parte de la auto percepción porque las personas no se asumen como víctimas, aunque lo sean», explica Aguilar, en referencia a las bajas cifras de denuncias entre las personas migrantes.

«Trabajan más de 12 o 14 horas»

El reporte del Departamento de Estado advierte sobre la explotación laboral en México y afirma que el Gobierno no asignó suficientes fondos, ni personal, a la Secretaría del Trabajo para hacer cumplir las leyes laborales.

Además, los inspectores tenían un mandato limitado para supervisar las condiciones de trabajo en las empresas y fincas informales, que empleaban a más de la mitad de los trabajadores mexicanos.

Sobre la trata con fines de explotación laboral, las organizaciones independientes han denunciado que, en la mayoría de los casos, se trata de personas indígenas que son captadas desde el sur de México, sobre todo en estados como Chiapas y Oaxaca, con trabajos que supuestamente son muy atractivos y los suben a las camionetas que van al norte del país donde está el sector agrícola más importante.

«Son personas que no hablan español, o lo hablan muy poco, y no tienen documentos, pero viven una situación de pobreza extrema y su única oportunidad es trabajar en un campo más de 14 horas. Viven ahí, duermen ahí y les dan de comer ahí», explica Cordero, de la UNODC. 

Este 30 de julio, la ONU lanza una campaña con videos para identificar la trata, además como muchas de las víctimas son transportadas en avión, se generó una alianza con una aerolínea para incluir trípticos en los vuelos con el fin de que los pasajeros tengan toda la información necesaria para denunciar esas prácticas.

«Está orientada a los mitos y realidades respecto a la asistencia a las víctimas, de por sí es súper complejo identificar el delito. Además muchas personas no se reconocen como víctimas, entonces durante el proceso de asistencia es complicado compartir la información», asevera Cordero.

La ONU asesora a diversas organizaciones para detectar y prevenir los casos de trata laboral. Es el caso de Mujeres en Defensa de la Mujer, una asociación de San Quintín, una región de Baja California que es un importante centro agrícola ubicado cerca de la frontera con Estados Unidos.

«A los trabajadores se los llevan engañados. Ni siquiera tienen donde llegar y, a veces, tampoco hay trabajo. Los dejan abandonados a su suerte en el valle», afirma Margarita Cruz, directora de esa organización.

Cruz explica que mucha gente migra desde estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca con la esperanza de trabajar en los campos agrícolas de frutos rojos como las frambuesas, fresas y arándanos que son manejados por empresas internacionales que, en ocasiones, les extienden las cartas para acceder a la visa H2A y trabajar en Estados Unidos.

«Trabajan más de 12 o 14 horas con la esperanza de que les den la visa, y no se quejan. Pero muchas veces hay grandes consecuencias, porque se enferman y no tienen prestaciones (…) Ellos tienen mucha ilusión pero es un trabajo forzado, y luego de que se enferman ya no los contratan más», asevera Cruz.

Pese a los sueños de tener un futuro mejor en Estados Unidos, los datos arrojan una realidad muy cruda. Project Polaris, una organización estadounidense que previene y combate la trata de personas, maneja una línea nacional gratuita para recibir denuncias de este delito.

Entre 2018 y 2020, han recibido más de 15,000 llamadas de personas denunciando ser víctimas de trata laboral. La mayoría son hombres y provienen de México.

El tema laboral también es un reto para las personas sobrevivientes de trata que, en muchas ocasiones, pierden varios años de sus vidas en esquemas de explotación que les impiden desarrollarse desde el punto de vista profesional.

«Estoy de acuerdo en que hay que sacar a estas personas de las calles. Pero, más allá de limpiar nuestras conciencias, ¿dónde vamos a meterlas? Hay que reinsertarlas al mercado laboral, más allá de los programas sociales. Además, muchas no califican para esas ayudas. El tema es que sean libres e independientes», asevera Mitzi Cuadra, directora de prevención en Anthus.

Flor, una mexicana de 33 años, intenta reconstruir su vida en el refugio de Anthus que está en Puebla. Luego de vivir durante ocho años con su proxeneta, que es el padre de sus dos hijos, juntó el valor para denunciarlo y ahora quiere buscar una vida mejor. Se ríe cuando cuenta con emoción que ya sacó su primaria, y ahora quiere estudiar la secundaria.

«Él me engañó para enamorarme, pero luego comenzaron los golpes y me obligaba a trabajar en las calles, teniendo sexo con hombres, para mantenerlo. Era un infierno. Pero ya no tengo tanto miedo, estudiar te quita la rabia y uno es mejor persona», dice con esperanza.

Si usted, o alguien que usted conoce, es víctima de trata en México puede llamar al 911, o al 089 que es una línea gratuita de denuncias anónimas. En Estados Unidos puede llamar al 1-888-373-7888 que es la la Línea Nacional Contra la Trata de Personas. En Perú la Línea 100 está disponible para escucharte de lunes a domingo (incluido feriados) las 24 horas del día, puedes llamar desde un teléfono fijo, público o celular.