Por Hilary Venegas
Una presunta falta de actuación frente a una denuncia de violencia sexual en una institución educativa volvió a encender las alarmas sobre un problema que, lejos de ser aislado, refleja una preocupación constante en el país: ¿están realmente protegidos los niños, niñas y adolescentes dentro de los espacios que deberían garantizar su seguridad?
El caso, que actualmente es materia de investigación por las autoridades competentes, ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de actuación en los centros educativos. Sin embargo, el debate trasciende a una sola institución. También obliga a mirar cómo responde la sociedad cuando un menor rompe el silencio y decide contar que ha sido víctima de una situación de violencia.
La violencia sexual contra menores de edad no solo ocurre por la acción de un agresor. También encuentra espacio cuando los adultos no identifican señales de alerta, cuando existen dudas para actuar, cuando el miedo supera la obligación de proteger o cuando las respuestas llegan demasiado tarde.
El reto de escuchar
Hablar de violencia sexual con niños y adolescentes continúa siendo un tema incómodo para muchas familias. En numerosos hogares prevalece la idea de que conversar sobre el cuidado del cuerpo o establecer límites puede ser inapropiado para determinadas edades. Sin embargo, especialistas advierten que la prevención comienza precisamente con el diálogo.
Para la psicóloga clínica Natalia Peña, la prevención empieza mucho antes de que exista una situación de peligro. «Muchos padres creen que hablar de estos temas es adelantarse a una etapa, cuando en realidad lo que hacemos es enseñar autocuidado y fortalecer la confianza para que el niño pueda pedir ayuda si algo lo incomoda», señala.
Más allá de una conversación aislada, la prevención implica construir relaciones de confianza. Cuando un niño siente que será escuchado sin ser juzgado, aumenta la posibilidad de que revele una situación de riesgo antes de que el daño continúe.
No obstante, revelar un episodio de violencia sexual suele ser un proceso complejo. El miedo, la culpa, la vergüenza o incluso la manipulación ejercida por el agresor pueden hacer que la víctima tarde semanas, meses o incluso años en contar lo ocurrido.
En ese sentido, Peña explica que «cuando un niño decide contar una situación de violencia sexual, generalmente lo hace después de haber enfrentado mucho miedo y confusión. Por eso, la primera respuesta del adulto es fundamental: debe escuchar sin interrumpir, creer en su relato y transmitirle que hizo lo correcto al hablar».
La primera reacción de un adulto puede marcar la diferencia. Una respuesta empática fortalece la confianza de la víctima; por el contrario, una reacción de incredulidad o reproche puede provocar que el menor vuelva a guardar silencio.
«Un error frecuente es comenzar a interrogar al niño o pedirle detalles de inmediato. En ese momento, lo más importante no es investigar, sino contener emocionalmente a la víctima y hacerle saber que no tiene la culpa», enfatiza la especialista.
Cuando actuar tarde también tiene consecuencias
La protección de niños, niñas y adolescentes no termina cuando una denuncia sale a la luz. La rapidez con la que actúan las instituciones resulta determinante para garantizar la seguridad de la víctima y preservar el desarrollo de las investigaciones.
En el Perú, los centros educativos tienen obligaciones específicas frente a cualquier presunto caso de violencia contra menores de edad. La activación inmediata de los protocolos y la comunicación con las autoridades competentes forman parte de las medidas previstas para proteger a los estudiantes.
Para el abogado Aaron Traveli, «cuando una institución educativa toma conocimiento de un presunto hecho de violencia sexual, su obligación principal es priorizar la protección del menor. No le corresponde determinar si la denuncia es verdadera o falsa; esa es una función de las autoridades competentes. Lo que sí debe hacer es activar de inmediato los protocolos establecidos, comunicar el caso a las autoridades correspondientes y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la víctima».
Cuando la respuesta institucional se retrasa, las consecuencias pueden ir más allá de un procedimiento administrativo. Una actuación tardía puede comprometer la protección del menor, dificultar la obtención de pruebas y debilitar la confianza de las familias en las instituciones encargadas de garantizar un entorno seguro.
En ese sentido, Traveli advierte que «una actuación tardía puede tener consecuencias importantes. En primer lugar, puede dejar expuesta a la víctima a nuevos riesgos. Además, el paso del tiempo puede dificultar la obtención de elementos útiles para la investigación. Dependiendo de las circunstancias del caso, también podrían generarse responsabilidades administrativas, civiles o penales, las cuales serán determinadas por las autoridades competentes».
Un problema que interpela a toda la sociedad
Aunque cada caso posee características particulares y debe ser investigado respetando el debido proceso, especialistas coinciden en que la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes no puede entenderse únicamente desde la responsabilidad individual. También revela las fortalezas o debilidades de una sociedad para prevenir, detectar y responder ante este tipo de situaciones.
La escuela representa uno de los principales espacios de socialización para la infancia. Pero la protección no depende únicamente de docentes o directivos. También involucra a madres, padres, cuidadores, autoridades y a una comunidad que debe aprender a reconocer que el bienestar de la niñez es una responsabilidad compartida.
Cada vez que un niño decide hablar, deposita su confianza en un adulto. La verdadera pregunta es si ese adulto, esa institución y esa sociedad están preparados para responder.
Porque proteger a la infancia no empieza cuando ocurre una denuncia. Empieza mucho antes: cuando se educa sin tabúes, cuando se escucha sin prejuicios y cuando se entiende que el silencio nunca puede estar por encima del derecho de un niño a vivir seguro.
