Por Johanna Gallegos
Con tan sólo dos meses del año transcurridos, el Consejo de Prensa Peruana reporta restricciones y amenazas a la prensa. Mediante un informe se alerta sobre el aumento de hostigamientos judiciales, agresiones y restricciones a los periodistas en distintas ciudades y regiones del Perú.
Las amenazas y amedrentamientos para con la prensa no cesan. Dicha situación se acentúa más tras lo acontecido en televisión nacional el último domingo 02 de marzo.
Durante una entrevista con la presentadora Sol Carreño, el ministro del Interior, Juan Jóse Santiváñez, admitió haber tenido acceso a un reportaje de Cuarto Poder antes de ser emitido al aire. En el mismo, y según la transcripción que enseñó desde su celular, se revelaba que dos testigos protegidos denunciaban que el titular pedía presuntos sobornos para resolver casos judiciales de manera ilegal.
Tras ser confrontado por Carreño en varias ocasiones de la entrevista, Santiváñez, indicó que su directora de Comunicaciones le había enviado el informe periodístico; sin embargo, fue desmentido por ella misma en vivo al indicar que no lo había compartido el texto. Así mismo, se excusó en no revelar más detalles por privacidad de fuentes periodísticas.
¿Vigilancia desde el Estado?
La calidad de la libertad de prensa ha ido mermando en los últimos años por diversas agresiones, abusos y ambiguas acciones de las que han sido víctimas periodistas durante investigaciones a hechos delincuenciales y de corrupción por parte del Gobierno.
Según el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) a través del informe sobre Libertad de Expresión en el Perú existe un fuerte incremento de agresiones a medios de comunicación y periodistas. Entre ellas la vigilancia y hostigamiento , restricciones a la cobertura gubernamental y proyectos de ley. Todas estas acciones amenazarían la independencia de la prensa.
En el año 2022, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) instó a Gobiernos y a organismos internacionales a elaborar normas que prohíban claramente el espionaje a periodistas y reconocer la inviolabilidad de sus comunicaciones. Sin embargo, poco o nada se ha avanzado al respecto.
El reclamo emitido por FIP se debió a los crecientes casos de investigaciones que revelaron «la amplitud y el alcance del uso de programas de espionaje a periodistas» y que evidenciaban que este tipo de seguimientos son «una de las principales y más preocupantes amenazas para la libertad de prensa”.
Los casos más sonados de este tipo de agresión a la labor periodísticas fueron el caso de los periodistas presuntamente espiados por el Gobierno español, la vigilancia al periodista Thanasis Koukakis en 2021 o el seguimiento a más de 20 periodistas de El Salvador, cuyas comunicaciones fueron intervenidas con el programa Pegasus entre junio de 2020 y noviembre de 2021.
Caso Santivañez
En medio de lo acontecido recientemente, visto desde muchos sectores como un grave suceso que reflejaría un tipo de acoso y amenaza a la prensa, la Fiscalía de Perú registró el domicilio del ministro del Interior por un supuesto delito de abuso de poder, en relación con unos audios vinculados al cierre de la Diviac, una oficina de la Policía Nacional de apoyo a la lucha contra la corrupción.
Por su parte, el titular declaró que «la intención es encontrar artefactos electrónicos o de comunicación que puedan, de alguna u otra manera, relacionarse con el delito de abuso de autoridad».
Se espera que en las próximas horas, realice un viaje a Bruselas tras ser autorizado por la presidenta Dina Boluarte para participar en una importante reunión ministerial del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior y la Unión Europea (CLASI-UE).
Mientras tanto, se espera que su equipo de prensa pueda aclarar la situación acontecida en señal abierta y las consecuencias que traería una comprobación de espionaje o vigilancia al medio de comunicación señalado. Los periodistas de Cuarto Poder, ya han señalado no haber entregado ninguna información previa a ningún intermediario o personaje relacionado al gabinete o sector del títular.
Sin duda alguna, se aguardan más reacciones de parte del parlamento y Estado para garantizar la libertad de expresión y el derecho de las y los trabajadores de prensa del Perú de desempeñar su oficio libre de presiones y de hostigamientos.
