Por Hilary Venegas
En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas sugirió crear un Día Universal del Niño, y en Perú se conmemora el tercer domingo de agosto para destacar la importancia de la protección, educación y desarrollo de la niñez. FOTO: ABC
El Día del Niñx es una ocasión para reflexionar sobre los derechos y la seguridad de los más pequeños en nuestras sociedades. En Perú y en la región de América Latina, la situación de los niños y niñas enfrenta desafíos significativos relacionados con la violencia, el abuso y la explotación.
En nuestro país, los niños y niñas están expuestos a altos niveles de violencia y abuso. Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (Enares) 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 68,9% de los niños de 9 a 11 años ha sufrido violencia psicológica y/o física en el hogar al menos una vez en su vida. Además, el estudio indica que el 66,2% de los menores en ese mismo rango de edad reportaron haber sido víctimas de violencia física o psicológica en el entorno escolar.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) reporta que cada año se registran miles de casos de abuso sexual infantil. Entre enero y septiembre de 2023, los Centros Emergencia Mujer (CEM) del Programa Nacional Aurora del MIMP atendieron 22,959 casos de violencia sexual a nivel nacional. De estos, 16,296 (71 %) correspondieron a violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y 15,081 casos afectaron específicamente a niñas y adolescentes mujeres.
En América Latina y el Caribe, la situación de violencia hacia niños, niñas y adolescentes es alarmantemente similar. Según un informe regional de UNICEF, esta violencia puede comenzar desde el primer año de vida. El informe señala que casi 2 de cada 3 niños y adolescentes, de entre 1 y 14 años, experimentan disciplina violenta en el hogar. Además, la ONG destaca que los niños tienen siete veces más probabilidades de morir por homicidio que las niñas, mientras que las niñas son particularmente vulnerables a la violencia sexual a partir de los 10 años.
La explotación infantil, que abarca tanto el trabajo infantil como la trata de niños, continúa siendo un problema serio. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (Enaho) del INEI, el 25.3% de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años trabajan. Además, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 160 millones de niños en todo el mundo se encuentran en situación de trabajo infantil.
La explotación infantil en la región es un problema cada vez más preocupante. Según la OIT, 8,2 millones de niños entre 5 y 17 años trabajan en América Latina y el Caribe. La mayoría son adolescentes varones, con un 33% de niñas. El trabajo infantil se distribuye tanto en áreas rurales como urbanas, y el 48,7% se concentra en el sector agrícola, y más del 50% realizan labores peligrosas que ponen en riesgo su salud, educación y bienestar.
La trata de niños con fines de explotación sexual y laboral impacta a miles de menores cada año. La pobreza extrema y la falta de acceso a la educación agravan esta situación. Según el Informe Mundial sobre Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en Sudamérica, el 11% de las víctimas de explotación sexual son niñas, mientras que los hombres constituyen el 57% de las víctimas identificadas por trata con fines de trabajo forzoso.
Para Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), es importante abordar el problema de la violencia, ya que es crucial eliminar la normalización de cualquier forma de maltrato físico o castigo humillante que algunos consideran como correctivo. «La violencia, tanto física como emocional, no debe ser vista como una herramienta educativa; existen métodos más apropiados para enseñar que un comportamiento es inadecuado», enfatiza.
La especialista señala que otro aspecto importante es reconocer cómo las relaciones tóxicas entre adultos también afectan a los niños y niñas, quienes deben ser considerados en estos contextos. Por lo que es esencial implementar modelos de diagnóstico temprano de violencia en las escuelas y desarrollar mecanismos de respuesta y protección. Chávez señala que un ejemplo de ello podría ser la identificación de un cuidador o cuidadora en cada familia que esté integrada en la comunidad educativa. Además, es fundamental ofrecer un acompañamiento integral a las familias que participan en programas sociales. “Las municipalidades deben promover campañas comunitarias y crear espacios seguros para actividades extracurriculares. También es importante fomentar espacios de encuentro para niños y niñas a través de actividades deportivas que incluyan un enfoque de buen trato y la erradicación de la violencia de género”, señala.
Asimismo señala que las comunidades juegan un papel crucial en la prevención de la violencia contra los niños. Al visibilizar el problema y generar incidencia, se logra una mayor conciencia y acción colectiva. Chavéz enfatiza que un aspecto clave es el trabajo comunitario en áreas como la educación sexual fuera de la escuela, donde se promueve un entendimiento adecuado de temas sensibles. Además, recalca que la investigación sobre violencia infantil, que es limitada y rara vez impulsada por el Estado, encuentra su principal motor en la sociedad civil y la academia, lo que subraya la importancia del compromiso comunitario en la generación de conocimiento y la búsqueda de soluciones efectivas.
El Módulo de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud cerró el año pasado con 166 nuevos casos de maltrato a niños y adolescentes en el Perú.
Fotografía: internat
Perú ha avanzado en la implementación de diversas leyes y políticas destinadas a proteger a los niños y adolescentes de la violencia y la explotación. Un paso significativo se dio en 2015 con la promulgación de la Ley N° 30403, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra menores, promoviendo así un entorno más seguro y respetuoso para su desarrollo. Asimismo, la Ley N° 28950, que tipifica y sanciona la trata de personas, refuerza la protección de los niños y adolescentes contra una de las formas más graves de explotación.
El gobierno peruano, en conjunto con organizaciones internacionales y ONGs, ha implementado programas específicos para proteger a los niños. Entre estos, el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA, liderado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), brinda apoyo a las víctimas de violencia. Además, el programa «Niños del Milenio – Evidencia longitudinal para políticas públicas» se enfoca en mejorar las condiciones de vida y educación de los niños en situación de pobreza, con el objetivo de generar un impacto positivo en su desarrollo y bienestar.
Las medidas de protección en la región de América Latina incluyen importantes iniciativas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha creado la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, encargada de monitorear y promover los derechos de los niños en la región. Además, numerosos países han implementado planes nacionales de acción destinados a combatir la violencia infantil, reforzando así su compromiso con la protección y el bienestar de la niñez. Organizaciones como Unicef y la OIT trabajan en colaboración con los gobiernos latinoamericanos para implementar programas de prevención y protección. Estas organizaciones también brindan asistencia técnica y financiamiento para fortalecer los sistemas de protección infantil.
El Día del Niño es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la protección y el bienestar de los niños. En Perú y en la región de América Latina, se han tomado medidas significativas para enfrentar la violencia, el abuso y la explotación infantil. Sin embargo, queda mucho por hacer. Es esencial continuar fortaleciendo las leyes, políticas y programas que garantizan los derechos y la seguridad de los niños, asegurando que cada niño crezca en un entorno seguro y protector. La colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil es crucial para alcanzar este objetivo.
