Por Jesús Maza
Cada segundo domingo de mayo se conmemora a las madres; aquellas que nos dan la vida y que siempre procuran nuestro bienestar. Pero ¿qué pasa con aquellas y aquellos que perdieron a esta figura familiar a causa de un feminicidio?
El pasado viernes 12 de mayo en Perú, un grupo de madres, tías, hermanas, abuelas y demás familiares salieron a exigir justicia para las víctimas de feminicidio. Ellas, con valentía, pidieron al Gobierno peruano celeridad en los casos y mejores garantías de vida para las mujeres.
“No tengo nada qué festejar”, expresó con impotencia Rosario Aybar Servelion, madre de la socióloga Solsiret Rodíguez, quien desapareció en agosto de 2016 y cuyos restos fueron encontrados en febrero de 2020.
Familias Unidas por Justicia es el nombre del colectivo dirigido por Sandy Evangelista Loa, joven de 25 años quien en 2006 sufrió la lamentable pérdida de su hermana mayor Nelva y que hoy lucha para apoyar a los deudos de las mujeres asesinadas en busca de justicia y, como si fuera un sueño utópico, frenar a la violencia contra la mujer desde todos los medios posibles para que ninguna familia tenga que pasar por esto.
“Entrando a 2019, nos dimos cuenta de que el Estado no te hace caso cuando estás sola, tiene que ser muy mediático para que te hagan caso. Entonces, decidimos unirnos. Primero éramos cinco familiares, nos juntamos y vinimos al Ministerio de la Mujer. No nos quisieron atender, pero fuimos el primer grupo que nació en el año 2019, donde hubo el índice más alto de feminicidios con 168 casos”, expresó la joven dirigente y activista.
En todo este trayecto, Sandy ha escuchado historia tras historia, cada una más desgarradora que otra y, la mayoría, con el mismo desenlace: nada.
“En el proceso judicial, no hay tiempo para descansar en la familia y el Ministerio de la Mujer no funciona si no estamos detrás. No funciona como entidad ni constitución si es que los propios familiares no están detrás denunciando y exigiendo”, manifestó Sandy.
A pesar del desamparo por parte de las autoridades, Familias Unidas por Justicia sigue de pie y, haciendo honor a su nombre, se aferra a sus ideales y se mantiene en pie de lucha. No sabemos cuándo pueden faltar nuestra madre, hermana e hija. Aunque no lo aceptemos, esa es la cruel realidad en la que vivimos.
Actualmente, según las cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en lo que va del 2023, se han registrado 58 feminicidios y, en el primer trimestre del año, la Defensoría del Pueblo y la PNP reportaron 671, 884 y 889 denuncias por desaparición de mujeres correspondientes a enero, febrero y marzo, respectivamente.
Más de medio centenar de familias se suma al mar de cifras de aquellas que no pasaron un Día de la Madre como se suele representar. Las lágrimas de alegría para ellas son de impotencia. Noches intranquilas imaginando que las que faltan aún siguen en cuerpo y alma. Habitaciones vacías con un falso olor a perfume que las transporta a épocas donde no quisieran salir.
¿Quiénes son estas familias? A continuación, conoceremos algunos de estos testimonios.
Sandy Evangelista Loa
Le arrebataron la vida a Nelva (Evangelista Loa) un 27 de febrero de 2006. Quien le arrebató la vida salvajemente fue Nicolás Giovanni Vásquez Velarde que era su pareja, en ese entonces.
«Nelva conoció a Giovanni cuando ella tenía 15 años y tuvo una relación de 10 años, porque ella tenía la misma edad que yo tengo ahora cuando la asesinaron.
Desde un inicio, ella sufría violencia desde todos los ámbitos y ella era consciente de que lo sufría, ya que lo denunció en tres oportunidades, porque él intentó matarla. No fue una violencia silenciosa. Fue un intento de feminicidio, que actualmente ya está tipificado así.
Las tres denuncias relatan el horror. En la primera, Giovanni la obligó a cavar un hueco, mientras le decía que ahí la iba a enterrar viva. La segunda fue porque la agarró a pedradas queriendo romperle la cabeza. La tercera sucedió cuando la asfixió y la dejó casi muerta. Ella, en su inconsciencia, logró escuchar que Giovanni dijo: “¿Dónde está el cuchillo? Para matarte”. Ella revivió, prácticamente, y fue hacia las autoridades para denunciarlo, pero, tal como ahora, no hicieron nada.
No siguieron el caso, no lo detuvieron jamás, tuvo la complicidad de la familia del asesino siempre, pero no hicieron nada.
Nelva escapó a Ayacucho durante tres meses y regresó por mí, por mis hermanos y por mi mamá. Cuando ella llegó a Lima, Giovanni comenzó a acosarla, volvió a golpearla e intentó ingresar a la casa.
Ella tenía planeado fugarse a Chile en una quincena de marzo de 2006. No sé qué pasó, se enteró el asesino y, faltando quince días para que ella escape, fue asesinada y no por simplemente celos, como sugiere la sentencia.
A ella le quemó, la golpeó, y la agredió salvajemente. Fue quemada con agua hirviendo y, aún así, la necropsia reveló que Nelva seguía viva cuando la enterró y que prácticamente murió por asfixia y desangramiento.
Giovanni fugó por diez años y cuando fue capturado en Colombia, ya se encontraba varios años en la lista de los más buscados con la recompensa más alta de 30.000 soles.
Lo capturaron y extraditaron a Lima por ser un caso mediático. Y justo por ello, el Ministerio Público cambió la tipicidad de ‘homicidio simple’ a ‘parricidio’, porque, a pesar de que en 2016 ya se reconocía al feminicidio como delito, no actúan con la ley vigente, sino con anterioridad y el máximo delito en 2006 era el parricidio.
Lo sentenciaron a 28 años y él apeló con un recurso de nulidad a la Corte Suprema. Con este proceso, le reducen la condena a 20 años porque los jueces alegaron que sufrió celotipia y que por eso la mató.
No tomaron en cuenta las tres denuncias que existían, las mismas que eran la clara prueba de que no había celos ahí y que ya era algo planeado, premeditado.
Nosotros como familia y yo como hermana intentamos hacer algo, pero lamentablemente los únicos que pueden apelar en las instancias son los asesinos, la familia no. Solamente somos actores civiles que no podemos defender a nuestras víctimas, solamente los asesinos, justamente porque están vivos tienen ese derecho.
Katherine Flores Mendoza
«Mi hermana Estefanny Flores Mendoza tenía 20 años cuando fue asesinada.
El hecho ocurrió un 13 de abril de 2019 en su propia casa a manos de su expareja José Luis Falcón Gutiérrez, de 30 años. Él la estranguló y ocultó el cuerpo.
Nosotros, previamente, hicimos una denuncia de tentativa de feminicidio, porque más o menos el 24 de marzo ella llegó a mi casa llorando y le dijo a mi papá que este la había estrangulado. Dijo: “Me ha ahorcado”.
Eso le contó a mi papá y a nosotros. Luego de hablar con ella, llamé a la línea 100.
Katherine declara también que cuando acudieron a sentar la denuncia en la Comisaría Sol de Oro, el policía a cargo del área de Familia Mauro Catalino Narvae le gritó y la juzgó, sin importarle la gravedad del asunto y que ella sufría de dependencia emocional.
Este hombre la ahorcó, le golpeó el hombro y mi hermana se desmayó; cuando despertó vio que él estaba revisando su celular y le dijo: “Te voy a matar”. La amenazó de muerte y luego cumplió con esa fatal sentencia de forma macabra».
“Maté a mi pareja. El cadáver está en una bolsa debajo de mi cama”. Esa fue su confesión tres días después. Escena tan macabra que, hasta la fecha, perturba y llena de impotencia a la familia de Estefanny.
Haydee Suárez Herrera
«Soy madre de Patricia Villafuerte Suárez, mi hija era activista feminista y cantuteña. Tenía 24 años. El 7 de septiembre del 2019, ella murió dentro de una patrulla policial de un disparo por la espalda, en la nuca, bala que salió de una AKM, un fusil de asalto. Eso acabó con la existencia de mi Patricia.
Hoy estamos a la espera de la denuncia fiscal a estos policías, ya que, hasta el día de hoy, han trabajado con total impunidad. No tuvieron sanción alguna, solo fueron reubicados en otras comisarías.
El policía Julio César Marquina Sulca es uno de ellos. Él, desde antes de la muerte de Patricia, tenía una denuncia por tráfico ilícito de drogas. El segundo policía es Luis Alberto Sandoval Hoyos y también tiene una denuncia por violencia familiar y hurto agravado.
Yo culpo directamente al que en esa época fue ministro del Interior, porque él no cumplió con su trabajo y no limpió esta institución. Si él hubiera retirado a estos policías, mi hija no estaría muerta. Se hubiera podido evitar».
A raíz de este lamentable suceso, Haydee buscó ayuda y logró dar con Familias Unidas por Justicia, a las cuales agradece por su constante apoyo.
«Ellas son mi familia de lucha. Somos tantas y vamos en aumento. Es terrible lo que está ocurriendo.
He tenido algunas caídas, pero siempre he estado en lucha. Yo soy una madre en resistencia. Lucho por justicia para mi hija Patricia Villafuerte Suárez, ella no se suicidó, ella murió por consecuencia de una negligencia policial.
A mi hija la mataron y yo quiero justicia y verdad para mi Patricia».
Carlos Muñoz Cordero
«Soy padre de Joshuany Muñoz Bravo, ella tenía 23 años, trabajaba en una empresa y vivía sola en un cuarto alquilado. A mi hija la mataron dentro de su cuarto el 10 de diciembre de 2019.
Al inicio, confié en el Ministerio de la Mujer, porque pensé que era el lugar donde iba a ver la justicia sobre mi hija, pero lamentablemente vi que no tenía mucho apoyo. Entonces, busqué a un particular.
Hicieron todas las investigaciones. Primero, en la Fiscalía de la avenida España y encontraron a un primer sospechoso, un menor de edad (Rodrigo Araujo), por las letras que se habían escrito en un espejo (“No te metas con el veneco”). La grafotecnia coincidía con la letra del menor.
El caso fue derivado a la Fiscalía de Familia, por ser menor de edad, pero no lo citaron. Citaron a la hermana que no tenía nada que ver en el caso, a la mamá de un sujeto del gimnasio que tampoco tenían nada que ver.
Finalmente, la Fiscalía de Familia, archivó provisionalmente el proceso de mi hija. Y yo me entero, no por mi abogado, cuando ya había vencido el plazo para presentar un recurso. Entonces, derivaron el caso a la Fiscalía de Villa María.
Ellos, al ver que había un sospechoso por la prueba de grafotecnia, se sorprendieron de que la Fiscalía de Familia no hubiera hecho nada.
Luego de esto, y derivado a un poder más alto, se decidió que la Fiscalía de Villa María investigue a los adultos y que la Fiscalía de Familia de Chorrillos investigue al menor.
El pasado 27 de abril me citaron para ampliar mi declaración en Villa María. Hoy, llamando a la Fiscalía de Familia de Chorrillos, me doy con la sorpresa que no se ha avanzado con el caso.
Yo lo que quiero es justicia para mi hija, porque a ella la han matado. Ella estaba descansando en su cuarto. Han entrado, no sé cómo. En los videos (de seguridad) sale cómo él entra y sale. Además de la prueba de grafotecnia. No porque sea menor de edad él pudo entrar, matar a mi hija y listo. Ella no merecía morir de esa forma en que la mataron».
