Por Trini Recio y Dolores J. Rubiales

Una de cada cinco mujeres con discapacidad señalan haber sufrido de algún tipo de violencia por parte de sus parejas. Ellas viven sometidas por una sociedad que las mira con pena e indiferencia, lo que les dificulta aún más reconocer y denunciar estos abusos.

“Diversidad funcional” es el término alternativo que han comenzado a utilizar las personas con discapacidad. Su objetivo es evitar ser tratadas de una forma condescendiente o peyorativa. En el caso de las mujeres, su imagen e identidad son borrosas y distorsionadas. La sociedad, regida por los rígidos cánones estéticos del patriarcado, por el capacitismo y la discafobia, las invisibiliza. Estas mujeres sufren doble discriminación: por ser mujeres y por su diversidad funcional.

Ante esta realidad, los casos de violencia de género en los que las víctimas son  mujeres con diversidad funcional pocas veces tienen presencia en los medios de comunicación. El raro número de casos que trascienden son objeto de repulsa desde  las organizaciones feministas hegemónicas o por las grandes organizaciones  de los llamados “legítimos representantes” de las personas con diversidad funcional. 

En España, hasta hace poco tiempo ni siquiera  existían datos estadísticos sobre el tema,  y en la actualidad  son insuficientes. También se debe señalar que las cifras tan solo reflejan una pequeña parte de la realidad, dada la cantidad de casos que no se denuncian.

Una de cada cinco mujeres con discapacidad ha sufrido violencia física o sexual por parte de alguna pareja a lo largo de su vida; es decir, un total del 20% frente al 13% de las mujeres sin diversidad funcional reconocida. En tanto, la cifra de mujeres con diversidad funcional que ha sufrido este tipo de abusos por parte de un miembro con el que guarda algún tipo de relación sentimental alcanza el 10,3%, frente a  un 6,2% de las mujeres sin diversidad funcional reconocida.

Según un informe del Parlamento Europeo, las parejas o exparejas son mayoritariamente las figuras agresoras de las mujeres sin diversidad funcional, pero en el caso de las mujeres con diversidad funcional, ellas están expuestas a la violencia por parte del entorno más allá de la pareja, ya sea un familiar cercano, amistades, profesionales de referencia, compañeros de las residencias, entre otros. Estas violencias suelen producirse en el hogar familiar, en el colegio, en el centro ocupacional, etc.    

En España,  cada día se registran casos en los que las mujeres sufren violencia de género, y bastantes también llegan a los noticiarios y periódicos; sin embargo, rara vez salen a la luz pública cuando una mujer con diversidad funcional es la víctima.

Las barreras en las denuncias

La violencia de género afecta  a todas las mujeres de una forma u otra. Sin embargo, a estas mujeres les resulta más difícil  reconocer el maltrato. Esto, ya que dichos abusos se crean dentro de su propio entorno familiar o habitacional. Incluso en las instancias policiales y judiciales. La falta de conocimiento, de recursos  y formación, o falta de interés suma a este silencio. 

También se debe apuntar que estas mujeres, por el hecho de tener una diversidad funcional, están -en muchos casos- condenadas a una infancia infinita. En muchos casos, durante este proceso de vida, su voz es silenciada y un familiar o su pareja, son quienes hablan por ellas. Cuando  sufren algún tipo de  violencia de género y se plantean denunciar, su único y mayor obstáculo no es solamente llegar a la comisaría, sino que es poder entenderse en ellas mismas, ya que va a denunciar a su agresor, de quien, en muchos casos,  depende. 

Así, esta mujer con diversidad se da cuenta que no hay protocolos adaptados. Tampoco, existen recursos suficientes para atenderlas con rigor y eficacia. Por ejemplo, es notoria la inexistencia de intérpretes de lengua de signos, casas de acogida que no contemplan la accesibilidad universal, etc.—. También, que las y los diferentes profesionales que tienen que atender a estas mujeres estén formados y sensibilizados. Desde el agente que cursa la denuncia, pasando por los profesionales de la sanidad, abogados y terminando con el juez o la jueza. Todos ellos deberían estar capacitados para apoyar en situaciones de violencia.

Parece ser, que no se toma en  cuenta la existencia de estos casos. Es por ello que no existen suficientes recursos ni herramientas para que ellas puedan ser atendidas adecuadamente. Es cuestión de justicia y equidad. De derechos humanos. Todas las vidas humanas tienen el mismo valor y merecen ser vividas sin discriminación ni violencia.

Glosario

  • Diversidad funcional es un término alternativo al de discapacidad. Ha comenzado a utilizarse por iniciativa de las propias personas afectadas, y pretende sustituir a otros cuya semántica puede considerarse peyorativa, tales como “discapacidad” o “minusvalía”. Se trata de un cambio hacia una terminología no negativa sobre la diversidad funcional. El termino fue propuesto en el Foro de Vida Independiente llevado a cabo en 2005.
  • Capacitismo es una forma de discriminación o prejuicio social contra las personas con diversidad funcional.
  • Discafobia hace referencia a la aversión (fobia, del griego antiguo Φόϐος, fobos, ‘pánico’) obsesiva contra personas con discapacidad o en situación de dependencia, lo que conduce a adoptar o consentir conductas de rechazo, discriminación e invisibilización de las personas con otras capacidades o en situación de dependencia.

la antígona

Periodismo en Femenino

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