Por Johanna Gallegos @JohannaFGA
Dejar a una víctima en el asfalto para salvarse a sí mismo tiene un nombre legal: omisión de socorro. A partir de la fuga que le costó la vida a la deportista Lizeth Marzano, analizamos cómo el privilegio, el encubrimiento familiar y la inacción del Estado operan bajo la misma lógica para abandonar a las víctimas de violencia.
El asfalto y el pacto de indiferencia
¿Qué es lo primero que harías si ves a alguien gravemente herido? Desde pequeños nos enseñan que el auxilio es un instinto humano básico. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad en San Isidro nos demostraron, de la forma más dolorosa posible, que el privilegio a menudo anula la empatía.
En la pantalla vimos cómo Lizeth Marzano, campeona nacional de apnea y deportista de élite, quedaba tendida en el asfalto tras un violento impacto. Pero lo que verdaderamente hiela la sangre no es solo el choque, sino los segundos posteriores. Adrián Villar, el conductor de 21 años, no se bajó del auto. No tomó su celular para llamar a una ambulancia. Simplemente, aceleró y huyó.
Horas después, la narrativa visual nos ofreció un contraste indignante. Mientras Lizeth luchaba por su vida (y eventualmente la perdía) en una camilla del hospital Casimiro Ulloa, Villar aparecía en un parque, ileso y rodeado de su círculo de protección. Acompañado de familiares y figuras cercanas —como la periodista Marisel Linares—, la reunión habría tenido como finalidad, según distintas versiones, coordinar una estrategia de defensa, más que abordar posibles mecanismos de reparación o asistencia a la víctima.
En términos jurídicos, no auxiliar a una persona que enfrenta un peligro inminente es una situación que la ley suele vincular con la figura de la omisión de socorro.
Más allá del tránsito: La radiografía de un sistema
A puertas de un nuevo 8 de marzo, es inevitable mirar este concepto y sentir que nos habla de algo mucho más grande. Esta omisión no es solo una infracción de tránsito; es una radiografía dolorosa de cómo opera nuestro sistema. ¿No es acaso este mismo abandono, esta misma huida y este mismo círculo de encubrimiento el que enfrentan a diario miles de mujeres víctimas de violencia en el Perú?
Para entender la gravedad de lo que vimos en San Isidro, tenemos que dejar de ver la omisión de socorro como una exclusividad del caos vehicular. En el Perú, esta desconexión absoluta con el dolor ajeno es la regla general cuando hablamos de violencia de género.
Hagamos el cruce. Según los reportes de la Defensoría del Pueblo y el reciente informe del INEI sobre feminicidios (2015-2024/2025), la violencia extrema contra nosotras sigue un patrón espeluznantemente similar al de un atropello y fuga. En un alto porcentaje de los casos de feminicidio registrados en el último año, el agresor huye y la justicia no actua. Y, al igual que el conductor de 21 años, el victimario busca refugiarse en su círculo más íntimo.
Y es aquí donde la herida social se hace más profunda: muchas veces, son las propias familias de los agresores quienes los esconden. Los encubren bajo el peligroso y repetido discurso de «es un buen muchacho, solo se equivocó», organizando estrategias legales para minimizar la pena, mientras la familia de la víctima tiene que organizar un funeral. El pacto de impunidad se activa antes que la empatía.
Cuando el Estado también huye
Pero el abandono no es solo familiar; es, sobre todo, institucional. Una gran cantidad de mujeres asesinadas en los últimos años ya contaban con medidas de protección.
El Estado peruano, al igual que el conductor en aquella madrugada limeña, vio a la mujer tendida en el asfalto del riesgo, tuvo la oportunidad de frenar y ayudar, pero decidió voltear la mirada y seguir de largo.
Tras el impacto en San Isidro, la defensa señaló que el joven “se puso a derecho”. No obstante, el hecho de que su presentación ante la PNP ocurriera días después y en medio de una fuerte presión mediática ha llevado a que algunos cuestionen si se trató realmente de un acto espontáneo o fue mas bien un movimiento calculado.
Este supuesto modus operandi es exactamente el mismo guion que se despliega cuando un caso de violencia sexual o agresión física ocurre en los círculos de poder.
El pacto de privilegio y la maquinaria del desgaste
Se advierte que, cuando el agresor tiene estatus o redes de contacto, el proceso legal puede derivar en procedimientos largos y desgastantes, que terminan afectando especialmente a las víctimas.
Cuando el agresor tiene estatus o redes de contacto, el proceso legal deja de buscar la verdad para convertirse en una maquinaria de desgaste. En el Perú, esta práctica está documentada por la Defensoría del Pueblo como ‘acoso judicial‘: una táctica donde los agresores recurren al mal uso del sistema legal con el ‘único propósito de hostilizar’ a la denunciante, generándole ‘desgaste emocional, físico y económico al verse sumergidas en múltiples procesos judiciales’. Como menciona la abogada defensora de derechos humanos Josefina Miró Quesada, este tipo de dinámicas terminan por «consolidar el silencio, la impunidad y el control de los agresores«.
Con frecuencia, mientras el presunto agresor se ve rodeado de apoyos y redes de respaldo, la exigencia de justicia queda en manos de quienes cargan con la pérdida.
Lo vemos hoy en el rostro cansado de Gino Marzano, hermano de Lizeth, quien tiene que peregrinar por los canales de televisión clamando por una verdad evidente. Esa misma desesperación es la que viven a diario las madres y familias de las víctimas de feminicidio, rogando en los exteriores de los juzgados para que los contactos del agresor no terminen borrando la memoria de las mujeres que nos faltan.
El asfalto que nos duele a todas
Lizeth Marzano no perdió la vida únicamente por el violento impacto de un vehículo. Murió por los minutos cruciales que le robaron y por el abandono.
Este 8 de marzo, esa imagen debe sacudirnos la conciencia. Porque a las mujeres en el Perú no solo las mata el primer golpe del agresor. Las mata la indiferencia de los testigos, las mata el pacto de silencio de la familia del atacante, y las remata un sistema de justicia indolente, diseñado para buscarle atenuantes al victimario.
La impunidad en nuestro país no es un accidente; es una construcción colectiva a base de omisiones. Este 8M, la exigencia es clara: no queremos más pactos de privilegio. Escribimos y gritamos para que ninguna mujer, nunca más, vuelva a ser dejada en el asfalto. Para que, de una vez por todas, el sistema deje de huir.
