Por Josselyn López
No es novedad que Honduras sea un país que no satisface las necesidades de salud de la población, principalmente la salud sexual y reproductiva, pero para las mujeres y niñas esto es aún más complicado. Si bien este 8 de marzo se conmemoró con la firma del acuerdo ejecutivo para el uso y la comercialización libre de la PAE, seguimos en lucha para que se ejecute. Tras dos meses de ese hecho histórico, no hay un servicio integral de salud para las mujeres hondureñas y tampoco tienen acceso a la PAE en centro de salud públicos.
Según la ONU, Honduras ocupa el segundo lugar en embarazos de adolescentes. En el año 2022, el Ministerio Público del país recibió 3,932 denuncias de violencia sexual, lo que se traduce a un promedio de 10 mujeres violentadas sexualmente por día: un 19% más que en el año 2021. De esta cifra, el 64% corresponde a denuncias de menores de edad. Cada año que pasa las cifras aumentan.
Un embarazo forzado es una tortura; pero lamentablemente, en el país, a las niñas, jóvenes y mujeres se les obliga a maternar al no poder tener control sobre sus cuerpos. Parte del origen de ello es la necesidad insatisfecha de acceso a la Educación Sexual Integral y a la Anticoncepción, y también a la violencia machista y misógina por la que atraviesa el cuerpo de las mujeres.
En pleno 2023, en Honduras seguimos luchando por que se reconozca la autonomía corporal de las mujeres. Según el imaginario de la población, el cuerpo de las mujeres es territorio de conquista.
El gobierno tiene la obligación de garantizar un país donde las mujeres nos sintamos seguras y libres para tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, y también un país libre de violencia machista. El hecho que todavía no se pueda acceder a métodos anticonceptivos nos deja en una posición de desigualdad. A eso le podemos incluir la edad, la etnia, la educación y el nivel socioeconómico; de modo que, si poseemos menor nivel económico, tenemos menor acceso a servicios de salud pública.
Además, las defensoras de los derechos humanos seguimos en la lucha constante por desligar el gobierno de la religión. Según la Constitución, Honduras es un país laico, pero la religión sigue influenciando decisiones que únicamente debería competer al Estado. Ahí nace la concepción de que el fin único de las mujeres es la reproducción; por lo tanto, las leyes, los decretos y los acuerdos no favorecen a las mujeres. En un contexto como ese, no se puede asegurar los servicios de salud sexual reproductiva esenciales.
A pesar de todas las exigencias realizadas, el gobierno de Honduras sigue sin garantizar el acceso de servicios de salud pública a las poblaciones femeninas. Rosa Gonzáles de la Fundación Llaves, en un reportaje de la IWF (International Women’s Foundation), menciona que constantemente escucha que “las mujeres hondureñas no se cuidan” cuando en este país ni siquiera hay condones femeninos. La única opción para prevenir un embarazo es el uso de condones masculinos, los cuales están bajo la potestad de los hombres. Esto se traduce en violencia y embarazos no deseados.
El camino de la erradicación de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres es largo, pero paso a paso lo lograremos.
