Por Albinson Linares – Telemundo
La escalada de la violencia desplegada por oficiales del Gobierno mexicano le ha dado la vuelta al mundo y ha sido condenada por la Organización de Naciones Unidas y defensores de los derechos humanos. «La gente está viviendo una violencia sistemática», dice un activista.
Madres y padres lloran con desconsuelo, tirados en el piso y rodeados de hombres armados que les gritan y empujan, mientras sus hijos los miran horrorizados. Menores de edad desmayados que son arrastrados hasta las camionetas de las autoridades. Oficiales de migración que patean a las personas migrantes, persiguiéndolas por matorrales y arbustos para detenerlas. Efectivos de la guardia nacional que embisten con sus escudos, cual falange, contra personas desarmadas que huyen despavoridas.
Durante los últimos días, estas escenas de gritos, sollozos y miedo fueron comunes en la frontera de México y Guatemala. La escalada de la violencia desplegada por oficiales del Gobierno mexicano le ha dado la vuelta al mundo y ha sido condenada por la Organización de Naciones Unidas y múltiples colectivos de defensa de las personas migrantes.
“Me empujaron y me caí. Me caí muchísimas veces y sentía mucho dolor en mi estómago”, decía Chadeline Compere, una migrante haitiana en una entrevista con Noticias Telemundo.
Desde el 28 de agosto, Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, ha sido el epicentro de la formación de cuatro caravanas con centenares de personas migrantes —en su mayoría haitianos, centroamericanos, cubanos y venezolanos— que avanzaron decenas de kilómetros, pero fueron disueltas con violentas acciones represivas por parte de las autoridades federales.
La caravana más reciente salió el sábado y fue disuelta en la madrugada del domingo cuando funcionarios de migración llegaron a una cancha de baloncesto en Huixtla, Chiapas, y detuvieron a decenas de personas.
“En Chiapas no hay forma de vivir porque nos tratan como animales. Nosotros no queremos cruzar la frontera sino salir de este lugar para buscar trabajo, no podemos ni comer”, explica Pierre, un migrante haitiano entrevistado por Arturo Viscarra, activista de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla, por su sigla en inglés).
De enero a agosto de este año, el Instituto Nacional de Migración mexicano ha registrado más de 147,000 personas indocumentadas, una cifra que triplica la afluencia del año pasado durante el mismo periodo (48,398, según datos oficiales). Otra tendencia preocupante es el aumento de menores de edad, acompañados y no acompañados, que ascendió a 34,427.
Además, las denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos se han incrementado de manera considerable.
“La gente está viviendo una violencia sistemática porque les pegan, los humillan y, a veces, los trasladan a Guatemala sin ni siquiera ser de ese país y con solicitudes de refugio en México. Por eso los migrantes dicen que Tapachula es una ciudad-cárcel donde no pueden trabajar porque no les dan papeles, pero tampoco hay empleos y no los dejan moverse por el estado, ni salir de ahí. Hay una política de contención de la migración”, comenta Viscarra, quien ha acompañado a las personas migrantes durante los incidentes de los últimos días.
Huixtla, Comaltitlán, Escuintla y Mapastepec son algunos de los municipios donde las caravanas sufrieron las agresiones más fuertes. Según activistas y defensores de los derechos humanos, el contingente que emprendió su marcha el sábado estaba conformado por unas 800 personas entre las que se encontraban más de 70 jóvenes, entre niños y adolescentes. Muchos lograron huir y se encuentran en los alrededores de Huixtla.
“Seguimos viendo al acoso y hostigamiento de las autoridades para que las personas reaccionen en legítima defensa, aunque ese grupo de personas se define como un movimiento por la libertad que solo busca salir de Tapachula para acceder a otras oportunidades”, asevera Yuriria Salvador, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
Salvador y otras activistas de las personas migrantes denuncian que han sufrido amenazas y acciones intimidatorias de las autoridades. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México condenó las agresiones que han sufrido migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos y anunció que investigará los sucesos acaecidos durante la disolución de las caravanas recientes.
“Los cuerpos militares no deberían estar involucrados en temas administrativos y, en México, la migración es un tema administrativo. También hay un problema de discriminación por etnia y por raza en las revisiones y detenciones migratorias (…) El Gobierno mexicano permite las detenciones arbitrarias a lo largo del país, por eso vemos estas situaciones inconcebibles”, advierte Gretchen Kuhner, del Instituto para las Mujeres en la Migración.
¿Qué pasa en Chiapas?
En las últimas semanas, la frontera sur de México ha sido el escenario de manifestaciones organizadas por personas migrantes, en especial de la comunidad haitiana, que durante semanas y meses han esperado por la resolución de sus solicitudes de refugio. Muchos han denunciado que viven en condiciones deplorables porque, entre otras cosas, no les permiten recibir dinero de sus familiares en el extranjero y, como aún no tienen permisos legales en México, tampoco pueden trabajar.
Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Chiapas ocupa el primer lugar del país en pobreza, con un 75.5% de su población que vive en esas condiciones, y en pobreza extrema con un 29%. No hay suficientes fuentes de empleo para los locales, por lo que las personas migrantes no suelen encontrar trabajo.
“La ley mexicana establece que las personas que solicitan la condición de refugiados tienen que permanecer en el estado donde hacen la petición que, en este caso, es Chiapas. Si se mueven a otra entidad eso se considera como un abandono del proceso. Pero, paradójicamente, es el estado más pobre en todos los indicadores y parámetros que tienes para medir la pobreza y el grado de desarrollo, lo que dificulta mucho la estadía de las personas”, explica Andrés Ramírez, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
En buena medida, el origen de los conflictos recientes en la frontera radica en el desbordamiento de las capacidades de la Comar que, desde enero, ha registrado 77,559 solicitudes, lo cual ya supera en un 10% el número total de las personas solicitantes de 2019 (70,423, según datos oficiales). En el caso de las personas haitianas, las solicitudes pasaron de 5,957, en 2020, a 18,843 en lo que va de año. Según Ramírez, eso “está colapsando” todo el sistema de asilo mexicano.
Muchas personas haitianas han dicho que están recibiendo citas para las entrevistas de sus casos con fecha de enero del próximo año, lo que incrementa su angustia y, de alguna manera, ha impulsado la conformación de las caravanas.
“La verdad es que ellos no son refugiados porque provienen todos de Brasil y Chile adonde llegaron después del terremoto del año 2010. Ahora vienen para acá por el deterioro económico de esos países, pero no entran en la definición de refugiados. Calculamos que podríamos tardar hasta tres años para procesar todos los casos de los haitianos y, sin embargo, solo le daríamos protección complementaria a un 20% de esas solicitudes”, asevera el titular de la Comar.
Ramírez cree que el Estado mexicano debe generar alternativas migratorias para las personas de Haití que ya son la segunda comunidad más grande de solicitantes de asilo, solo superados por los hondureños. El funcionario resalta la necesidad de que los haitianos puedan trabajar y acceder a servicios básicos porque “necesitan ser protegidos” debido a la grave crisis política y humanitaria que atraviesa su país luego del magnicidio del presidente Jovenel Moïse y el terremoto de magnitud 7.2 que ocasionó el fallecimiento de más de 2,200 personas en agosto.
Las autoridades migratorias han propuesto crear un campamento humanitario en Chiapas con el fin de atender a las personas haitianas pero varias organizaciones de defensa han dicho que eso no resolverá el problema del intenso flujo migratorio en la zona, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados advirtió que es un tema complejo que debe ser analizado.
“La orden de Biden”
Marie, una mujer haitiana, lloraba desconsolada agarrando a su hijo de dos años mientras se quejaba de los maltratos sufridos por las autoridades de México.
“Yo no soy guatemalteca pero, en la plaza de Tapachula, los de inmigración nos agarraron y terminamos en Guatemala. Nos deportan, pero saben muy bien que no somos de allá, ¿por qué los militares nos hacen eso? Ellos nos dicen que esa es la orden de Biden, pero es mentira”, decía entre sollozos, durante una entrevista con el equipo de Chirla en la población guatemalteca de El Carmen, pocas horas después de haber sido expulsada de México la semana pasada.
Como Marie, decenas de miles de personas migrantes han sido devueltas a Guatemala. Muchos han sido trasladados en avión desde Estados Unidos, luego de cruzar la frontera de manera ilegal y, según confirmó Dana Graber Ladek, jefa de la misión mexicana de la Organización Internacional para las Migraciones en una entrevista con The Associated Press, México también está trasladando vía aérea a las personas extranjeras que las autoridades estadounidenses retornan a los estados del norte del país.
Durante el año fiscal actual, Estados Unidos ha procesado más de 846,000 expulsiones en la frontera sur bajo el llamado Título 42, al considerar que la llegada de migrantes es un riesgo para la expansión del virus del COVID.
El más reciente informe de Human Rights First, una organización de defensa de los derechos humanos con sede en Washington, ha registrado en lo que va de año unos 6,356 ataques violentos —que incluyen violaciones sexuales, secuestros, extorsiones, trata de personas y otras agresiones— contra migrantes que fueron deportados a México o personas a las que se les impidió solicitar asilo en la frontera por el Título 42.
En la Casa del Migrante Belén, en El Ceibo, Guatemala, diariamente reciben 150 personas o más que han sido sometidas a las expulsiones ejecutadas por las autoridades estadounidenses, pero se calcula que más de 400 personas son retornadas cada día hacia esa población.
El sacerdote Matteo Luison, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, dice que ha tenido que ver toda la tristeza y la injusticia de las políticas migratorias lo cual es “uno de los peores lados de la humanidad”. Pero, lo que más le preocupa, son las condiciones sanitarias de los traslados de las personas migrantes.
“Cuando los deportan no respetan las medidas de seguridad, la distancia, los cubrebocas, es como si las vidas de esas personas no valieran lo mismo. No las están respetando. No puede ser que en un bus donde caben 48 personas y que, por la pandemia, solo deberían ocupar la mitad de los asientos, han llegado a meter hasta 90”, dice con desaliento y asegura que más del 50% de las personas deportadas son mujeres y niños.
Muchos de los deportados son solicitantes de asilo en México y, sin embargo, los expulsan a Guatemala donde no conocen a nadie y muchas veces los traslados se hacen tarde en la noche. Según Alejandra Macías, directora de Assylum Access México, las autoridades mexicanas no informan a las personas de sus derechos durante el proceso de asilo o refugio.
“Los sueltan en la frontera sin decirles nada, y los exponen a muchos peligros. Es un doble discurso porque el Gobierno mexicano acaba de recibir personas afganas que están huyendo de un conflicto armado y eso está muy bien, pero no puede ser que al mismo tiempo expulsen a centenares de personas que también necesitan protección”, afirma Macías.
A pesar de las negociaciones entre los gobiernos, las deportaciones masivas, los abusos de las autoridades, la pandemia de COVID-19 y los peligros del crimen organizado, muchos migrantes que siguen en Chiapas no pierden la esperanza de lograr un futuro mejor.
“Este camino es muy duro, pero todo tiene un propósito de Dios. Si él permitió que estuviéramos acá arriba es porque vamos hacia adelante”, dijo Ariel, un migrante hondureño, la semana pasada.
