Por Noelia Carrazana y Claudia Castro
Comunidades Indígenas
«Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de Europa, y así construimos nuestra sociedad”, fue una frase del presidente Argentino Alberto Fernández que generó polémica el año pasado a nivel internacional. Fue tal el nivel de controversia que se generó, sobre todo en países como Argentina y México, que el mandatario debió pedir disculpas.
Esta forma de pensar del ciudadano argentino no es algo que solo haya sido un error en el discurso presidencial, sino que es una creencia que tiene gran parte de la sociedad. A fines del Siglo XIX hubo una reorganización de la sociedad y se aplicaron políticas de incentivo a la migración europea en paralelo a darle un valor importante a la escolarización de los ciudadanos. Desde este momento se comenzó a invisibilizar a la población indígena y afroargentina, ya que en su mayoría se percibe como descendiente de aquellos europeos.
Sin embargo, al recorrer el territorio argentino se puede observar que existe población indígena en las 23 provincias que componen este país.Un estudio de expertos de la Universidad de Buenos Aires determinó en 2005 que el 56% de los argentinos tienen en su ADN descendencia indígena.
En este contexto, las comunidades indígenas que aún conservan su lengua y costumbres ancestrales tienen muchas dificultades con este modelo de estado nacional que es presentado como población blanca. En la actualidad las comunidades que tienen mayores problemas son las que se encuentran en las provincias del Noroeste.
El norte argentino agrupa la mayor cantidad de hogares por debajo de la línea de pobreza según la medición del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI por sus siglas en inglés); además registran una alta tasa de mortalidad infantil y un alto índice de analfabetismo, según los datos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
El llamado Chaco Salteño cuenta con dos ríos donde se asentaba esta población, los ríos Pilcomayo y Bermejo, fueron desde siempre la fuente de vida para la región. Los pueblos indígenas que habitaban ancestralmente esta zona bebían y pescaban en esos ríos: wichís, chorotes, nivaklés, tobas (Qom), pilagás, guaraníes, chanés, tapietes tenían allí su fuente de alimentación.
Este paisaje y modo de vida comenzó a cambiar a fines de los 1990, momento en que va llegando la industria del monocultivo de la soja a todo el territorio argentino. Los desmontes se aceleraron para ampliar la frontera agrícola. Salta, según el informe presentado en 2020 por el exjefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero ante el Senado de la Nación, da cuenta que es la segunda provincia con mayor deforestación que alcanzó el 21% del total de hectáreas desmontadas entre 2007 y 2018.
RELEVAMIENTO TERRITORIAL EN PELIGRO
En relación a la propiedad de la tierra las comunidades indígenas viven en un total desamparo, si bien existe la ley 26.160 que fue sancionada en el año 2006 por el Congreso Nacional, la cual declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, no se hicieron avances significativos.
Esta ley establece la suspensión de desalojos o desocupación de las tierras por parte de la autoridad de aplicación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), mientras no exista el relevamiento técnico -jurídico -catastral de la situación dominial de dichas tierras. Sin embargo siguen existiendo desalojos violentos de comunidades indígenas.
La ley fue prorrogada en noviembre de 2021 por cuatro años más mediante un DNU firmado por el presidente Alberto Fernández. Pero a la fecha todavía falta que se trate y ratifique en la Cámara de Diputados.
Por este poco interés en discutir esta cuestión básica para la permanencia de la vida en comunidad de los pueblos indígenas, numerosas organizaciones de estas naciones ancestrales estuvieron hasta diciembre movilizándose a lo largo del país y con una carpa permanente en frente del Congreso de la Nación para reclamar su sanción.
En diciembre de 2021 durante una marcha frente al Congreso Nacional, la diputada Mónica Schlotthauer del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), quien recibió un petitorio para el tratamiento de la ley, explicó que “el gobierno, el bloque oficialista y la oposición tienen compromisos muy fuertes con la megaminería, latifundistas y ganaderos y buena parte de los conflictos territoriales son con las multinacionales. La propuesta que le hicimos a los diputados del bloque de Juan Grabois fue juntar los legisladores, entre todos seríamos 10, y pedir sesión especial que es lo que habilita el tratamiento. Hasta ahora no hemos tenido una respuesta”.
En este sentido, la diputada fue tajante al decir que “Hay un gran malestar de todas las comunidades porque antes de las elecciones les prometieron que iban a sesionar y hasta ahora no hubo sesión, solo salió el decreto que hasta ahora no sirve para parar el ataque a las comunidades”.
DEL MONTE AL AGRONEGOCIO
En el caso de las comunidades de la provincia de Salta el cambio de su hábitat natural generó que de ser cazadores-recolectores y artesanos de la madera con lo que se abastecen en el monte salteño, pasaron a vivir en parajes rodeados de campos de soja, lugar donde ya no pueden abastecer sus necesidades alimenticias y de trabajo en relación a las artesanías.
Esto lleva a que sobre los territorios de las comunidades haya cultivos, sin haber antes hecho un relevamiento de su totalidad. Este retraso en el relevamiento territorial ha generado que sigan existiendo desalojos de los pobladores de estas zonas, ya que los pedidos de autorización de desmontes y cultivos sobre sus territorios son constantes.
Antiguamente, esta zona era lugar de los ingenios azucareros y de cultivos cítricos, y los hombres de las comunidades podían trabajar como peones temporales. En la actualidad al reemplazarse estos sembradíos por monocultivos mecanizados, deja a las poblaciones también sin ese sustento.
Otra de las causas que generó la deforestación son las graves inundaciones que sufren en la época de lluvia, lo que provocó la disminución de la vida animal y la diversidad vegetal. Se calcula que desde 1988 hasta el 2009 se deforestaron aproximadamente 2,3 millones de hectáreas en la zona (WRM, 2009) según el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales.
En esta zona están asentadas más de 50 pequeñas comunidades indígenas, que desde hace años ven modificado su ambiente de vida, sin que el estado les provea una posibilidad de acceder a otros medios de vida. Entonces ¿hay un genocidio encubierto para estas personas?
En próximas notas contaremos porqué se suceden casi a diario los feminicidios y muertes de niños Wichi.
