Por Brenda Villalba
Históricamente, el modelo heteronormativo de la sociedad, califica y legitimiza las relaciones personales. Esta idea apoyada por diversos factores, como la construcción religiosa de lo que es una familia tradicional, y la asignación de roles, además de la falta de diferenciación entre sexo y género, son unas de las principales características que ha dado lugar al irrespeto, intolerancia, la discriminación y las fobias hacia la comunidad LGBTIQ+ y las personas trans.
A pesar de que los Estados y los organismos internacionales han brindado bases para la formulación de reglamentos para la aceptación por medio de cambios políticos y que amparen las libertades y diversidades sexuales y de género, trabajando en la ruptura y el quiebre de prejuicios, estigmas, discriminación, aún siguen cayendo en perjuicios sociales y lo que deviene de estos.
Ser trans en el país andino
En Bolivia, uno de los sectores más violentados y discriminados son los grupos sociales que conforman la comunidad LGBTIQ+, principalmente a las personas transexuales y transgénero. Haciendo referencia al primer término, como: persona que adquiere las características físicas de las personas del sexo contrario mediante tratamiento hormonal o quirúrgico y el segundo son aquellas personas cuya identidad y expresión de género se diferencia de las que están típicamente asociadas con el sexo que les fue asignado que al nacer.
La representante de Otraf-Bolivia, Luna Humerez Aquino habla sobre la situación en Bolivia y lxs trans: “Los estigmas sociales son pues muy religiosos. Tenemos cimientos patriarcales y machistas muy fuertes. Es difícil la vida para las mujeres por el tema del género, por eso existen tantos feminicidios. Es peor cuando hablamos de mujeres trans, es el doble de difícil. Entonces lo que nosotras buscamos es la plenitud de derechos como cualquier otra mujer. Ya después de ahí comienza la otra lucha de igualdad, de igualdad de género, de igualdad de oportunidades, igualdad en todo sentido”.
Tras la aprobación y la implementación de la Ley 807, reconocida como la Ley de Identidad, se abría paso a las cientos de rectificaciones que la comunidad habrían sufrido históricamente en el país. Dando la posibilidad a implementar otras normativas que apoyen a la igualdad de derechos de las personas con diversidad sexual y de género. Sin embargo, luego de manifestaciones por parte de grupos conservadores y religiosos, apelando desde la moralidad social ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, se tuvo un retroceso en la ley. Los Tiempos remarcaba que esta decisión “tácitamente prohibió, entre otras aspiraciones, el matrimonio, las adopciones a las parejas trans, la paridad política y la confidencialidad de estado anterior.” Con esta ley hasta la fecha se permite solo el cambio identidad en la documentación.
Aun así, el resultado no logra ser el esperado. En 2019 a través del diario ‘Los Tiempos’ Suanny Alexia, transexual y doctora comentaba los límites de la Ley 807: “No cambié ni mi nombre en los documentos. Supuestamente con esta ley el Gobierno nos garantizaba que podíamos hacer el cambio en toda la documentación. Nos anunciaron que podríamos renovar desde el certificado de nacimiento hasta el título de bachiller y las cuentas bancarias. Pero cuando lo intenté, los abogados me dijeron que sólo iba a recibir unos papeles de respaldo, no los títulos”.
El 2021 se registraron 101 solicitudes para el cambio de género en los documentos. Según el diario ‘DW’, los requisitos que se contemplan en el Tribunal Supremo Electoral para realizar este tipo de trámites son: una carta de solicitud que mencione el nombre y el sexo original de la persona, y la nueva información para el cambio. Pero además “se debe presentar el resultado de un examen psicológico «que acredite que la persona conoce y asume voluntariamente las implicaciones de su decisión».
En relación a los crímenes de odio y los transfeminicidios. Según el diario ‘Los Tiempos’ y a través de una investigación de la Defensoría del Pueblo se contabilizaba en los años 2001 y 2017 se registraron 55 casos de crimen de odio contra personas trans, de las cuales 37 eran hacia mujeres trans. En 2018 se recibieron 29 denuncias por parte personas de la comunidad. Mientras que en 2021 la defensoría del pueblo recibió 36 denuncias.
Un monitoreo sobre las diversidades sexuales y de género en Bolivia, realizado por la Fundación Construir, indicaba en su portal web en 2021 que: “Según datos de la Organización de Travestis, Transgéneros y Transexuales femeninas de Bolivia (Otraf), un 51 por ciento de las denuncias de agresión son de personas trans.” Y que según el informe del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM) entre los años 2008 y 2020, 20 personas trans fueron asesinadas.
En 2019 en el diario ‘Los Tiempos’ Humerez, comentaba: “Ahí suman casos como asesinatos, desapariciones, apuñalamientos y golpizas. No matan a una persona por ser gay o por ser lesbiana, ni siquiera por ser hombre trans, pero sí la matan por ser mujer trans. La transfobia aumenta con esas marchas que realizan las plataformas e iglesias que abogan por la familia. Ellos llaman al odio a que las personas tengan homofobia y transfobia y que vengan a asesinarnos. Les pido que no lo hagan porque nosotros, como personas trans, no organizamos marchas contras sus iglesias ni agrupaciones, pero tenemos derechos reconocidos internacionalmente”.
Muy pocas de las víctimas de transfeminicidios, han recibido justicia por el sistema. Solo hasta 2019 se tenía un solo caso que entraba dentro de las características de transfobia. Fue un Transfeminicidios al que el sistema de justicia categorizó como un feminicidio. Este representa el único caso que tuvo una sentencia condenatoria, en el que daban 30 años de cárcel a Alex Villca, asesino de Dayana Kenia Zarate; dicho caso se remonta a 2016.
En 2021, Alberto Moscoso, el director ejecutivo de la Asociación Civil de Desarrollo y Promoción Cultural (Adesproc) Libertad LGBT indicaba mediante el portal de Fundación Construir que: “el Estado no tiene disgregado por identidad u orientación los casos de agresión y hay un subregistro que no está siendo evidenciado.”
El seguimiento y los procesos de justicia, no otorgan protección, ni siquiera la disminución de actos de odio, hostilidad e intolerancia contra las personas pertenecientes a la comunicación LGBTIQ+, mas propiamente dicho personas trans. No existen leyes concretas, ni la tipificación específica que ayuden a combatir la intolerancia y velar por el respeto, protección y la igualdad en relación a este grupo social. Las personas de diversidades sexuales y de género, no se sienten protegidas, de hecho encuentran muchos abusos, agresiones y violencia por parte de aparatos del Estado. En 2019 la Defensoría del Pueblo, a través de su web mencionaba que: “identifica falencias en la obligación por parte del Estado en el cumplimiento del derecho al acceso a la justicia y en la persecución penal en casos cuyo móvil fue el odio, la discriminación e intolerancia.”. En este sentido la mayoría de los casos denunciados quedan impunes.
Una investigación por parte de: Fundación CONSTRUIR, Comisión Andina de Juristas (CAJ), Centro sobre Derecho y Sociedad (CIDES), Instituto Latinoamericano para una sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) y la Universidad de Chile, en 2015, recopilando y rescatando datos elaborados por EMCVDD TLGB en 2011, indicaba que la población trans era la que sufría en mayor porcentaje agresiones, tanto físicas como verbales, representaban el 11, 5% en las categorías de violencia, golpiza, humillación, amenaza e insultos. Dentro de un análisis más general, se determinó que al menos 73% de la población LGBTIQ+ entrevistada, habían sufrido agresiones.
Mientras las cifras cuantitativas alertaban sobre el mal trato de los funcionarios (principalmente policías) del Estado, convirtiéndose en el principal agresor de los grupos LGBTIQ+. Mostrando que un 80% habían sido agredidos verbalmente, físicamente, y psicológicamente por un policía. Lo que después se traduciría a una falta de confianza a este personaje estatal; por lo cual 74% de las personas que sufrieron estos abusos no realizaron denuncias, por la falta de confianza de este grupo social hacia las instituciones de justicia. En este sentido dentro de la investigación 50% creía que el mayor violador de los derechos humanos era la policía. Los datos también indicaban que los detenían sin justificación, hecho que normalmente ocurría mientras iban caminando por la calle, constituyen el 40%.
Al mismo tiempo consideraban que el acceso a la justicia era malo, y que el 93% era discriminadx por parte de la administración de justicia boliviana. Estos datos develaban la preocupante situación de los grupos LGBTIQ+, sobre todo de la población Trans, que constantemente ha sufrido vejámenes. Actualmente aún se puede mencionar la falta de compromiso, sensibilización y consciencia que colaboren a la lucha contra la discriminación, hostilidad y el velar por la igualdad, la justicia y el respeto.
Humerez, indica los obstáculos a atravesar en el contexto actual en relación a la justicia: “La justicia sabemos que está totalmente sucia, maleada y sabemos que no hay justicia para la gente que no tiene plata, no solamente para la población. En general, sin embargo, como la justicia es tan corrupta en nuestro país y se ha visto casos muy feos y fuertes de jueces, de fiscales, etc. Imagínate para la población trans se triplica porque son temas que no les interesan a los jueces y a los. Entonces la justicia todavía para la población trans es casi nula. Asesinan a una compañera, tarda años y no llegamos a una sentencia. Mira estamos en el 2022 y una sola ha llegado a sentencia por un crimen de odio de una mujer trans”
En 2021 una pequeña luz de esperanza, representaría la aprobación por el SERECI el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Lo que dio paso a repensar y plantear la posibilidad para permitir este tipo de uniones en el país y gozar de todos los derechos e igualdad.
“Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de inclusión y tolerancia, la situación de las personas homosexuales continúa siendo difícil en cuanto al acceso al trabajo, vivienda, servicios de salud y educación”, indicó Laura Álvarez, integrante de Otraf mediante el portal SWI.
