Por Brenda Villalba

Imagen referencial. (Foto: RRSS)

Hilando las palabras, con la voz entrecortada y la respiración rápida, Marta buscaba otra bocanada de aire. Recuerdo tras recuerdo de hace años se avecinaban en su mente para poder traer al presente situaciones a las que muchas mujeres se enfrentan día a día. Las palabras se tambaleaban mientras recordaba el evento traumático por el que pasó. Marta es una joven que recurrió dos veces a la interrupción de su embarazo de manera clandestina. Ella, junto a otras tres mujeres, ofrecen sus testimonios y son el vivo reflejo del peso físico y psicológico que conlleva la ilegalidad y penalización del aborto. El dolor aún se siente, pero la carga emocional es un factor poco atendido. 

En un país donde se penaliza el aborto, no resulta fácil asistir a establecimientos médicos y aún peor tener la confianza para tejer una red de apoyo. Este procedimiento puede dejarles complicaciones y repercusiones de salud por el resto de su vida. Pero otras cientos de mujeres mueren y muchas otras tienen que lidiar con el trauma de por vida.

En Bolivia el aborto clandestino es la tercera causa de muerte materna, y tiene uno de los índices más altos de la región, con un 13% el cual se traduce aproximadamente a 160 muertes por cada 10 000 nacidos vivos, según IPAS en 2020. Sin embargo, no se cuenta con datos oficiales.  

Marta, Lucia, Andrea, Jimena y Cinthya (psicóloga clínica), son nombres cambiados debido a la penalización del aborto, pero sus historias son reales. Fueron entrevistadas para este reportaje y su testimonio nos acerca a su realidad y a la de cientos de mujeres que deciden no maternar.

Dimensionando la situación actual del aborto, en Bolivia se puede acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por ciertas causales.

Considerando la ampliación de las excepciones en 2017, una mujer puede acceder a la ILE por: reproducción asistida sin el consentimiento, la inviabilidad del feto, violación, estupro, incesto, para salvar la vida de la mujer y si la embarazada es niña o adolescente. Estas razones se encuentran inscritas en el Código Penal boliviano en el artículo 153, donde se sanciona de uno a tres años de cárcel a toda mujer que no cumple con estas causales.

Sin embargo, en la práctica realmente no se llegan a concretar varios de estos procedimientos y se han visto obstaculizados. Los principales factores que intervienen son: la injerencia de terceros como la iglesia católica; la falta de conocimiento de la ley, los prejuicios, la estigmatización de las niñas y adolescentes, y la negligencia de los proveedores. Según datos de IPAS, entre 2014 y 2019 se contabilizaron 13 000 embarazos infantiles -Que se traducen como vejámenes contra su humanidad, según La Convención de Belém do Pará-, de los cuales se realizaron solo 513 ILE en el país, mientras en el mismo lapso se registraron 54 002 abortos incompletos, actualmente conocidos como hemorragias. Pero también se enfrentan a un sistema precario. En un informe del 2020, la Defensoría del Pueblo mencionaba que no se contaba con infraestructura, medicamentos, equipamiento para realizar la ILE.

En este marco, son varias las organizaciones internacionales que han apoyado la legalización del aborto. La CAT en sus observaciones finales mencionaba que el personal médico se niega a suministrar atención a las mujeres embarazadas y que la legislación actual restringe estrictamente la interrupción voluntaria, causando daños y hasta la muerte. El comité de la CEDAW señala que las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como la penalización del aborto, la denegación o la postergación del aborto seguro y/o atención postaborto, y la continuación forzada del embarazo son “formas de violencia por razón de género que, según circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante”. 

La penalización del aborto presenta un panorama desolador, por la desprotección del Estado y el difícil acceso a atención médica, psicológica y legal. Las mujeres se ven obligadas a asistir a lugares precarios, insalubres y exponiéndose a diferentes riesgos para interrumpir la gestación. En 2016 se estimó que aproximadamente se realizaron 59 646 abortos durante toda la gestión, lo que equivaldría a 163 abortos clandestinos por día, según IPAS. Además, son muchas las mujeres que optan por la intervención sin un profesional a través de medicamentos, como el Misoprostol y la Mifepristona.

Tanto Marta, Lucia, Andrea y Jimena comentan que intervinieron sus embarazos por medio de pastillas, la mayoría siendo misoprostol. La fuente de acceso o información sobre el medicamento es variada; sin embargo, todas han sufrido complicaciones de salud. Fueron atendidas de urgencia para el legrado, llegando a casi perder la vida, pasando además por experiencias traumáticas, que las marcan hasta hoy.

Jimena, recuerda cómo se sentía y qué paso después de ingerir la pastilla: “Estaba asustada, confundida y sola. Además, que el proceso no prosperó y tuvieron que hacerme un legrado. Todo el proceso fue traumático».

Abraham Escalera, bioquímico farmacéutico entrevistado para este reportaje, indica: “Casi todos son misoprostol, simplemente vienen con diferentes nombres comerciales mitox o citotec. El medicamento induce a espasmos y contracciones en la parte del útero por lo cual se desaloja el feto. No se utiliza para un aborto, se utiliza para las úlceras gástricas; pero como efecto secundario produce esto. Lo que causa es: diarrea, dolor de cabeza, escalofríos, temblores muy fuertes. En el peor de los casos, si la persona no es tolerante al medicamento se pueden producir desgarros en toda la parte del útero. Muchas veces no suele salir exitoso por lo que solamente sale el feto sin la bolsa o quedan restos para lo cual hay que hacer una limpieza. Cualquiera diría que el público meta siempre van a ser jovencitas, pero no es cierto normalmente se ve y es muy a menudo que personas mayores lo usen por el hecho de que tienen 3-4 hijos y prácticamente no pueden mantenerlos».

Sobre esto, Marta relata su experiencia: “He usado un protocolo que está verificado por la OMS, ya con más información, pero de todas formas igual he tenido complicaciones, y lamentablemente se ha necrosado todo dentro de mi útero y me han practicado un legrado porque tenía el endometrio de casi 5 cm de grosor. La ginecóloga que me ha practicado el legrado, no sé si se ha dado cuenta que me había practicado un aborto y ha sido a propósito lo que ha hecho o realmente ha sido negligencia médica y me ha dejado sin endometrio, entonces las paredes de mi útero se han pegado y me ha dado el síndrome de asherman, hasta ahora no menstruo bien y no puedo tener hijos”.

¿Qué conlleva un aborto ilegal?

El aborto ya sea inducido como espontaneo presenta hemorragias y posteriores complicaciones en la salud de la mujer, por cada 1000 cesáreas que se atienden, existen 173 casos de mujeres con hemorragias por aborto, según una investigación de la Universidad Mayor, Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca.

El que asistan a lugares inseguros, ilegales e insalubres, las expone a infecciones, perforaciones de útero, shock séptico, inflamación del peritoneo y otras condiciones que arriesgan su vida, y al mismo tiempo no reciben la atención necesaria en establecimientos de salud, o algunas deciden no asistir por la penalización de la práctica. Según un estudio, de cada 100 mujeres que tienen complicaciones por un aborto mal practicado, tan solo 66 llegan a los servicios públicos de salud para recibir atención.

Recuperando el testimonio de Marta, ella señala y recuerda cuando pasó por esta situación: “He sangrado demasiado al punto de desmayarme. La persona que me estaba acompañando era muy violento, no había un acompañamiento sincero, ni honesto, ni cordial, ha sido muy violento. Me he tenido que levantar de la mancha de sangre del piso y bueno, él estaba más ocupado en limpiar el charco de sangre de su casa que en levantarme a mí del charco. Ha sido una experiencia realmente traumática».

Sin embargo, las mujeres no solo se ven expuestas a las complicaciones de salud, sino también sufren de violencia/agresiones físicas, sexuales y psicológicas. Ello junto con la interferencia en la privacidad, y la confidencialidad de las mujeres. Esto provoca que muchas no acudan a recibir asesoramientos o tratamientos.

En 2018, se hizo conocido el caso de una adolescente de 15 años que decidió adquirir medicamentos para abortar en una farmacia. Ahí, el farmacéutico le ofreció realizarle la práctica, pero la llevó a su casa y abusó sexualmente de ella. Días después, ante los dolores y el sangrado excesivo, decidió acudir a otro servidor de salud, donde resultó nuevamente violada.

El tener que acudir, como última instancia, a estos establecimientos clandestinos e ilegales, supone un peso emocional considerable, relacionado directamente por la criminalización de la interrupción del embarazo y las condiciones en las que se practica. El Estado boliviano, junto con los servidores de la salud, no consideran el apoyo psicológico y la salud mental como elemento importante en la intervención de los embarazos, según una investigación de Arévalo y De la Gálvez,

Por el contrario, Cinthya, psicóloga clínica que acompaña a mujeres que deciden intervenir sus embarazos, menciona la importancia del acompañamiento psicológico para resolver miedos e inseguridades antes, durante y después de la intervención. “Son experiencias muy dolorosas y muy traumáticas por el efecto en sus cuerpos. Es bien importante hacerle saber que no es su culpa, eso esencialmente para así evitar, por ejemplo, que los estigmas a los que vayan a estar sujetas después no sean igual de agresivos ni aversivos”, señaló para este reportaje.   

Aborto y salud mental: ¿Existe un síndrome postaborto?

Generalmente se tiende a creer en la relación directa de la interrupción del embarazo con sintomatología depresiva y ansiosa, a lo cual denominan como el «Síndrome postaborto».  Sin embargo, numerosos estudios, como el de la Dr. Luciana Ramos Lira, investigadora adscrita a la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en México, mencionan que esas afirmaciones son erróneas y que los estudios que las confirman tienen errores metodológicos.

Cinthya, confirma: “El síndrome post aborto no existe no hay evidencia que respalde esa información, pero lo que sí existe es una tendencia a estigmatizar a las mujeres que abortan”.

El estudio muestra que no existe relación directa entre la interrupción del embarazo y afectaciones emocionales como la depresión. Pero sí un vínculo entre los aspectos psisociales, el estigma social o religioso sobre el aborto o la falta de una red de apoyo. Estos son factores que acompañan a la práctica que determinarán los aspectos emocionales. En una investigación del Colectivo Rebeldía, el sentimiento más recurrente entre las mujeres era el miedo, en su mayoría profundamente ligado al castigo divino o a las consecuencias punitivas.

Sobre los trastornos mentales que experimentó, Jimena dice: «Antes y después me sentía devastada, duró varios meses. Entré en un estado depresivo y de ansiedad por mucho tiempo. La percepción ‘moral’ de la gente, la desaprobación por tu decisión. Llegaron a decirme (mientras estaba casi muriendo de dolor) que podrían denunciarme y deberían hacerlo».

Entonces, lo que se debe tomar en cuenta es la relación de la mujer con su entorno y las condiciones sociales y psicológicas a las que se ve expuesta.

Aborto y salud mental en Bolivia

La Sentencia Constitucional 206/2014 permite acceder a la ILE a través de una denuncia formal y el consentimiento informado. El resultado tendría que salir antes de las 24 horas para iniciar con el procedimiento del aborto, y posteriormente tendrían que recibir asistencia y apoyo psicológico. Sin embargo, tanto el procedimiento como el apoyo psicológico presentan obstáculos a la hora de ejecutarse. 

En 2017 se registró el caso de una adolescente de 14 años, quien asistió con una hemorragia al Hospital San Juan de Dios en Chuquisaca, donde finalmente interrumpieron el embarazo. La adolescente sufrió daño psicológico severo, luego de que la enfermera la amenazara: “Te voy a denunciar y vas a ir presa por haberte provocado un aborto”, comentaban al medio Mutante.

Según datos de PPFA, expertos encuentran una relación entre el estigma social y los proveedores de salud. «En Nicaragua, el 64% de niñas entre 9 y 14 años encuestadas dijeron sentirse juzgadas y estigmatizadas por el personal de salud que las atendió”, mencionan.

En la misma nota, se recopilan los testimonios de dos niñas más, quienes fueron atendidas en el mismo hospital. Una de ellas comenta que luego de contarle a la trabajadora social y a la psicóloga que la violaron, no le mencionaron la ILE como opción. La psicóloga procedió a enseñarle como amamantar, para luego decirle que se ponga un chip luego de que nazca el bebé. Los testimonios retratados muestran la poca preparación de los proveedores de salud y apoyo psicológico.

Psicólogos y sesgos

La relación entre el estrés, la ansiedad, depresión y otras afecciones mentales y emocionales están directamente ligadas a la violencia de género, la falta de red de apoyos, los estigmas sociales en relación al aborto, el juzgamiento, prejuicios, el maltrato y, por supuesto, la criminalización de la práctica.

Marta, en su testimonio, explica el peso emocional de la penalización del aborto: “Si es en un lugar donde es ilegal el aborto, probablemente termines traumado de por vida. Porque los métodos para cortar son los peores, son muy peligrosos, ni siquiera sabemos si las pastillas que estamos comprando están vencidas o si son las que tenemos que tomar o estarán mezcladas con algo más o estarán estiradas. Entonces, muchas mujeres mueren y eso es una realidad que seguramente países donde el aborto es legal no tienen que pensar en eso».

Cinthya resalta que el aborto clandestino influye en altos niveles de ansiedad y estrés y generando un evento traumático. Esto por los espacios de inseguridad, maltratos y saber que puedes morir o tener complicaciones por el resto de su vida. Pero esta también es una experiencia por la que se ven obligadas a atravesar mayormente en solitario, resultado de constructos sociales, ideas y lo moralmente preestablecido alrededor del tema. Esto genera sentimientos de miedo, confusión, desamparo y, sobre todo, culpa.

“Lo más difícil para las mujeres que se encuentran en esta situación es sentirte sola. Sentir que no estás tomando la decisión correcta. Sentir que nadie te dice ‘Oye, no te preocupes todo va a estar bien, estoy aquí contigo’. A mí me ha faltado esa persona que me diga que no era mi culpa que todo iba a estar bien», dice Andrea.

Por su parte, Lucia, concluye: «Fue una situación decisiva en mi vida, me sentía culpable, confundida, asustada, incluso enojada conmigo misma».

Cuando se enfrentan a este tipo de caso, especialmente los que se dan en situaciones de ilegalidad y clandestinidad, los psicólogos deben saber cómo abordarlos, para no incurrir en terapias fallidas que lleven a consecuencias graves y generen un malestar crónico. “Tienen que manejarlo con mucha delicadeza porque normalmente llegan a consulta personas con un discurso de culpa y son culpas que se generan normalmente por el espacio que habitan o por las personas que frecuentan más que por ellas mismas. Las veces que sucede que es por ellas mismas tiene que ver con el sistema de valores con el que ha crecido y con el que sostiene su familia”, precisa Cynthia. También añade que, para tratar estos casos, deben tomar en cuenta datos que contextualizan la vivencia de la persona.

Pero las mujeres que se han animado a hablar con los psicólogos sobre la decisión que han tomado, han experimentado juzgamiento y críticas, por la existencia de un sesgo a la hora de la sesión terapéutica

“Yo he ido a dos psicólogos. Al primero he ido específicamente por el aborto, he ido ambas sesiones. En la primera no he podido hablar mucho porque no me sentía cómoda, en la segunda sesión he intentado abortar el tema de aborto porque realmente necesitaba. No me generó mucha confianza, me miraba con desaprobación y tampoco decía nada”, comenta Jimena. Andrea comentó que pasó por algo similar.

“Lastimosamente, no pude acceder a tratamiento psicológico, tenía miedo de contarle ese momento a quien entonces era mi terapeuta ya que no sabía sus posturas y tenía miedo de ser juzgada”, recuerda Lucia, con tristeza.

Finalmente, Cinthya comenta que, al asistir a estos espacios, los profesionales deben ser éticos y no juzgar las acciones de la persona. «Lo que se está haciendo ahí es otro trabajo, es orientación muchas veces, otras veces se solicita contención, también hay casos en los que se trabaja con duelo, o, por ejemplo, resolución de conflictos. No hay una idea que se contrapone a otra y ayudarle a la persona a resolver estas culpas o estos duelos son parte de nuestro trabajo», menciona.

Agrega que existen muchos psicólogos que no son psicoterapeutas, lo que trae consecuencias graves. Afirma que es esencial incorporar la perspectiva de género en las terapias realizadas, que pueda permitir un análisis puntual de lo que la mujer está viviendo, y poder aplicar mecanismos que ayuden a mejorar la salud mental de la paciente. Pues la salud física debe ir siempre ligada a la mental.