Por: Alejandra Canchanya (Twitter: @arritale)
La violencia se mantuvo latente durante la emergencia sanitaria y poblaciones vulnerables se han visto en riesgo ante las políticas públicas
Asesinatos, llamadas de emergencia, desapariciones y nuevas víctimas. La violencia se mantuvo latente durante la emergencia sanitaria y poblaciones vulnerables se han visto en riesgo ante las políticas públicas de prevención por el coronavirus.
La pandemia no frenó los actos de violencia cometidos contra las mujeres. La inseguridad no solo se manifestó en las calles, sino también en casa. Con el fin de evitar la propagación de la COVID-19 se anularon canales presenciales de denuncia que atendían las 24 horas, y en su lugar, las llamadas de auxilio se intensificaron. Las medidas empleadas fueron insuficientes al no poder atender de forma rápida y directa los casos registrados y al no contemplar un enfoque interseccional que asegure la protección de mujeres, niñas y adolescentes en todas las regiones del país.
Antes del inicio de la cuarentena, en el mes de febrero, se recibieron 14693 denuncias de violencia contra la mujer. Estas fueron inscritas y formalizadas a través de los 396 Centros de Emergencia de la Mujer (CEM) que operan a lo largo del país. No obstante, el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM detuvo su funcionamiento y activó los Equipos Itinerantes de Urgencia (EUI), para atender a las víctimas de violencia durante el encierro.
El 16 de marzo fue el primer día de la cuarentena en el país. Desde esa fecha hasta fin de mes solo se reportaron 395 denuncias por los EUI. La disminución drástica en las cifras no se debió a la ausencia o disminución de violencia de género, sino a la limitada cobertura de atención a las víctimas y las barreras que dificultaron solicitar ayuda o auxilio desde el aislamiento. El personal de los EUI estuvo capacitado para actuar únicamente cuando los casos eran derivados por la Policía, el Poder Judicial, la Fiscalía o la Línea 100.
La Línea 100 es un canal de atención telefónico y gratuito que funciona las 24 horas del día, especializado en dar información, orientación, consejería y soporte emocional a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar o sexual. Ante la ausencia de los CEM se reforzó este servicio y 10 días después del inicio de la medida, se puso en marcha el Acompañamiento Psicológico Telefónico.
Un mes después, se publicó el Decreto Legislativo N° 1470, el cual simplificó los pasos para la atención de casos de violencia contra las mujeres, que además reconoce la identidad de género y la orientación sexual como condiciones protegidas.
En marzo, la Línea 100 recibió 10679 comunicaciones hechas por mujeres, cifra mayor a las reportadas en enero y febrero. De esta cantidad, 5418 corresponden al periodo que va del 16 al 31 de marzo. En junio el número ascendió a 18880, siendo la violencia psicológica uno de los registros más alarmantes (más de 6500). En Perú, este tipo de agresión se practica desde la niñez y los mayores porcentajes se dan en las mujeres con educación secundaria, desmintiendo los supuestos que asegura que solo mujeres sin educación son violentadas, como lo ilustra la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2019.
Entre marzo y junio perdimos a 35 mujeres, adolescentes y niñas que fueron asesinadas por la violencia de género. A ellas se suman dos menores de edad que murieron a manos del mismo agresor de Alejandrina Huaraca (32 años, Ayacucho). Hermana e hija, sus muertes fueron tipificadas como homicidio calificado y no feminicidio; sin embargo fueron también víctimas del horror.
Como ellas, muchas sufrieron otros tipos de agresión antes de enfrentar la muerte y sus violentadores fueron en algunos casos parejas o exparejas. Pero, ¿qué pasa con los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio? El 10 de febrero el Estado publicó el Decreto de Urgencia Nº 005-2020, con el cual se establece una asistencia económica bimestral de S/. 600 ($165 USD, en promedio) para “contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio”. De acuerdo a Silvia Arispe, directora Ejecutiva del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA, hasta el 28 de septiembre (más de siete meses después de haber expedido el Decreto) se concedió la asistencia a 250 víctimas indirectas en 25 regiones del país.
Desaparecidas en pandemia
Otro problema urgente e invisibilizado son las desapariciones sin respuesta de mujeres, niñas y adolescentes. Hace 17 años, en 2003 según la Ley Nº 28022 se aprobó el reglamento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Una medida que no se puso al servicio de la ciudadanía hasta agosto de este año, que el Estado anunció finalmente su implementación en un lapso de 40 días útiles. Dos meses después del anuncio, el 15 de octubre el Gobierno implementó el sistema que permitirá una adecuada gestión de denuncias, investigación, búsqueda y acciones. A ello se le suma la reactivación de la Línea 114, creada para atender las denuncias de este tipo, pero la cual se encontraba sin funcionamiento hasta inicios de octubre; un Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia y la página web oficial.
Antes de ello, Perú no contaba con un sistema unificado, público y actualizado de los casos de desaparición que se reportan en el país. Debido a esta carencia la Defensoría del Pueblo construyó una base de datos a partir de las Notas de Alerta que emite la Policía Nacional. Sin embargo, este proceso también presenta dificultades.
Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría, señaló que los principales obstáculos son la multiplicidad de Notas de Alerta sobre la desaparición de una persona —al ser realizada por distintas personas—, la inadecuada consignación del nombre de la dependencia policial —lo que dificulta determinar a qué región pertenece el caso— y la carencia de fotografía de la víctima en la Nota de Alerta. “Entre otras dificultades también se perfilan la carencia de información de las circunstancias de la desaparición; ausencia de la región donde sucedió el hecho y sexo al que pertenece la persona desaparecida; la colocación de notas de alertas de niñas y adolescentes en la sección de personas adultas desaparecidas y viceversa”, añadió Revollar.
Según los registros que lleva la Defensoría, entre enero y junio del lectivo 2020, desaparecieron un total de 2457 mujeres. De estas, desde el inicio de la cuarentena, se registraron 915 casos, de los cuales un 70% (606) son niñas y adolescentes. Esto equivale a un promedio de 10 denuncias por día. Aunque estas cifras son menores a las detalladas antes de la pandemia, la funcionaria de esta institución sostiene que conforme han ido disminuyendo progresivamente las medidas de restricción a la libertad, se ha evidenciado mayor número de casos de denuncias por desaparición de mujeres y niñas.
La relación entre feminicidios, violencia y desaparición es conjunta. Parte de las víctimas han sido atendidas antes por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). De los 96 casos de feminicidios reportados entre enero y septiembre, 17 tenían denuncias previas de desaparición.
Silvia Arispe, del Programa AURORA, indicó que si bien este tema no constituye un hecho de violencia en la Ley 30364, que establece la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, no se puede negar que hay una vinculación entre ambos aspectos. Para Eliana Revollar la desaparición de una mujer tiene que ver con una cuestión de violencia de género. De acuerdo a ONU Mujeres, las desapariciones de mujeres a menudo están vinculadas con otras formas de violencia de género como la trata, la violencia sexual o el feminicidio.
El Ministerio de la Mujer viene trabajando protocolos de acción conjunta con la Policía para generar alertas sobre mujeres desaparecidas que han sido atendidas anteriormente por el MIMP y sus canales. El viernes 28 de febrero de 2020, el Gobierno publicó el Decreto Supremo N° 002-2020-IN, con el que se aprueba el “Protocolo Interinstitucional de Atención de casos de Desaparición de Personas en Situación de Vulnerabilidad y Otros Casos de Desaparición”. Este protocolo establece el procedimiento de acción inmediata que las autoridades deben adoptar ante una denuncia en esta materia. Antes se tenía que esperar el transcurso de 24 horas desde la desaparición para comenzar con las diligencias correspondientes.
La pandemia expuso una de las desigualdades más fuertes de la sociedad peruana: quedarse en casa es sinónimo de refugio para algunos y un infierno para otras. A lo largo de los años, las cifras han reflejado que el agresor, en muchas ocasiones, es un familiar o alguien cercano a la víctima. Las medidas de confinamiento no evalúan los diversos tipos de violencia perpetrados desde el hogar y el riesgo que supone vivir con el agresor sin la posibilidad de salir a pedir ayuda por temor a la covid-19 y a las débiles acciones de la Justicia. El virus no es el único enemigo invisible.
* «Violentadas en cuarentena”, publicada en Distintas Latitudes, es una investigación colaborativa regional realizada en 19 países de América Latina y el Caribe sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la covid-19. Esta investigación fue apoyada por el Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas de la International Women’s Media Foundation.
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