Sadith Silvano

Sadith Silvano

melanies.soca@pucp.pe

La artista amazónica que con su cultura enfrenta al COVID-19

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La comunidad de Cantagallo, en el Rimac, también ha sido uno de los lugares afectados por el coronavirus. Pero la pandemia no los ha hecho desertar. Un ejemplo de ello es la artista Sadith Silvano, quien se infectó dos veces y tras recuperarse continúa con su emprendimiento: una colección de mascarillas con diseños que transmiten su identidad y cultura shipibo conibo.

“Me he contagiado por COVID-19, pero salí de esa enfermedad”, nos relata Sadith Silvano, una artista de la comunidad de Cantagallo, en el Rímac, y una de las mayores exponentes del arte shipibo conibo en el país. Ella recuerda cuando empezó a sentirse mal: no tenía fiebre, pero sí tos seca y dolor de garganta. Se recuperó, pero se juntó con sus familiares, con su hermana quien también tenía coronavirus, y se contagió nuevamente. Esa vez se le hinchó todo el cuerpo. Cuenta que logró recuperarse con plantas medicinales. La crisis por el avance de esta enfermedad afectó su arte. Sin embargo, encontró una salida para superar esta crisis: elaborar mascarillas con diseños milenarios y ancestrales inspirados en la cultura amazónica.

“Están inspirados en las plantas medicinales, la ayahuasca, que representa al hombre sabio”, señala la artista sobre sus mascarillas y los mensajes que transmiten. Sus diseños representan al mayacunu, kewé y kené, cuenta. Como ya no encontraba la oportunidad de vender su colección de ropa para damas y los gorros que hacía, empezó a crear estas mascarillas con “su cultura e identidad”.

La comunidad shipibo conibo en Cantagallo, así como otros lugares en el país, también fue golpeada por el coronavirus: se registraron tres fallecidos víctimas de COVID-19. Al principio Sadith estaba sola en este trabajo, pero ahora lo hace junto a veinte artesanas de Cantagallo y Pucallpa. Ellas han producido tres colecciones de 40 mascarillas cada una. Han logrado distribuir a Ayacucho, Tacna, Trujillo y también al extranjero. El dinero ganado lo envían a su comunidad de Paoyhan, en Ucayali. “El gobierno los ha olvidado”, nos dice enfática a través del teléfono. “Me siento feliz ayudándolos de esta manera, porque así Dios me bendice. Mi padre me ha inculcado a apoyar a los que necesitan”, agrega.

Los obstáculos antes del COVID-19

Sadith tiene 31 años y hace 20 llegó a Lima desde la comunidad de Paoyhan, en Ucayali. Su padre la trajo en busca de una mejor calidad de vida, educación y un mejor desarrollo personal. Pese a los años radicando en la capital, nunca perdió su identidad shipibo-conibo y se dedica a transmitir sus conocimientos ancestrales con orgullo.

“El arte es importante”, asegura. El pueblo shipibo conibo es reconocido por manifestar su cultura mediante el trabajo artístico. Sin embargo, no fue fácil alcanzar reconocimiento. “Existe mucha discriminación. Se reían de nosotros, me explotaron como artesana y me han robado”, recuerda.  Pero eso no la desanimó, más bien se fortaleció: en su mente estaba crecer y así fue.

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Sadith Silvano bordando una mascarilla. Fuente: Facebook.

Su trabajo es hecho a mano. Dedica tres días enteros en terminar un bordado y por eso no reproduce por docenas. Para ella, cada pieza es única y por ello requiere tiempo y dedicación. “Te hincas la mano, sangra, la vista se cansa, los ojos duelen al dormir, pero cuando es con amor y pasión, no importa. Nosotros seguimos. Por medio de ello concientizamos a los jóvenes para que no pierdan su cultura”, señala.

Tras ser explotada por revendedores, emprendió su propia colección de ropa:  vestidos, pantalones y gorros para damas. “He caído y me he levantado, con humildad sigo el camino que siempre buscaba, el del éxito, nadie me lo regaló”, dice.  Sus diseños vienen de su mente y del corazón. Están inspirados en sus conocimientos ancestrales. Su dedicación y pasión tuvo gran acogida y logró exportar su colección de ropa a países como EE. UU y Francia.

Con la llegada de la pandemia por el COVID-19, las mascarillas se han convertido en un elemento esencial para evitar el contagio y son usadas a nivel mundial. En base a las especificaciones técnicas del Ministerio de Salud, Sadith se basa para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario. Con un lapicero brillo, tijera, aguja e hilo de diferentes colores, comenzó a bordarlas para hacer algunas demostraciones en redes sociales. Recibió muchos mensajes de apoyo. 

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Gorros y mascarillas con diseños shipibo conibo. Fuente: Facebook.

“Esta enfermedad nos hace reflexionar como personas. A veces no estamos con la familia, ahora tenemos la oportunidad de estar más con ellos, conocernos y entendernos”, asegura. Ahora, después de más de 100 días, así como Sadith, en Cantagallo están regresando a sus actividades. En su caso, vivir a través del arte sin olvidar su cultura.

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No se paralizó: la violencia a la mujer en tiempos de cuarentena

No se paralizó: la violencia a la mujer en tiempos de cuarentena

Durante el periodo de aislamiento social obligatorio, doce mujeres fueron asesinadas y 557 se reportaron como desaparecidas.

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Las medidas de confinamiento para evitar la propagación del coronavirus trajeron una consecuencia indeseada: el aumento de la violencia hacia las mujeres.  Durante el periodo de aislamiento social obligatorio, doce mujeres fueron asesinadas y 557 se reportaron como desaparecidas. 

La noche del primero de mayo, Yadi Gabriela Fernández (22) cenaba junto a su conviviente, Richard Cárdenas (36), cuando se inició una discusión que se tornó violenta. Cárdenas atacó con un cuchillo a la madre de su hijo, hasta asesinarla. El asesino huyó de la escena del crimen, y pocas horas después su víctima fue encontrada por sus vecinos, en la provincia de La Concepción, en el Cusco. Al igual que Yadi otras once mujeres han sido víctimas de feminicidio durante el Estado de emergencia.

​En medio de la pandemia por el avance del COVID-19, el enemigo más latente ha seguido en casa. La cuarentena ha obligado a miles de mujeres a permanecer confinadas junto a su agresor y una de las consecuencias de este encierro ha sido el aumento de la violencia de género. Durante casi tres meses, el país ha quedado paralizado; sin embargo, la violencia no: doce mujeres fueron víctimas de feminicidios, existieron 25 tentativas, y más de 7066 hombres fueron detenidos por agresiones.

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Según el último reporte del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, de las doce víctimas de feminicidio, diez de estos casos se trataron de feminicidios íntimos. Esto quiere decir que los feminicidas fueron hombres cercanos a la víctima, parejas o exparejas con quienes compartían su entorno familiar: (4) convivientes, (3) ex conviviente, (1) enamorado, (1) ex enamorado, (1) pareja sentimental.

Además, durante el estado de emergencia, la Defensoría del Pueblo reportó 557 mujeres y niñas desaparecidas. Solo en mayo se produjeron 234 de estas desapariciones, un incremento del 30% respecto al mes de abril. Esto significa que cada tres horas una mujer desaparece en nuestro país. Del total, 355 son menores de edad. ¿Dónde están ellas?

Ante la imposibilidad de salir a las calles, la vía telefónica se convirtió en la alternativa más utilizada para clamar ayuda. La línea 100, creada por el Ministerio de la Mujer para denunciar agresiones, registró más de 28 mil llamadas, lo que significa un aumento del 39% respecto a periodos anteriores.

SI NO ES GRAVE, SIGUES EN CASA

Si antes del confinamiento ya era difícil para una mujer denunciar, el aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno ha reducido el acceso a los canales de apoyo. Las circunstancias actuales limitan aún más. Según la Organización de Naciones Unidas, menos del 10 % de víctimas de violencia doméstica acuden a la policía.

Otro de los impedimentos es que los mecanismos de las autoridades se limitan a tomar acciones eficaces únicamente frente a las agresiones graves, mientras que en los casos leves las víctimas permanecen expuestas a su agresor. Para la adjunta de los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, todos los casos de violencia deberían ser considerados como graves durante el Estado de Emergencia. 

“La línea 100 ha sido diseñada para atender casos graves de violencia. Hemos visto desde la Defensoría que esto no está funcionando porque por confinamiento todas las situaciones de violencia deberían ser consideradas de gravedad”, señaló Revollar.

Asimismo, indicó que las víctimas no pueden quedar expuestas a continuar siendo violentadas. “Si llaman a reportar un caso de violencia física leve en la línea 100, te piden que cuando pase la cuarentena te acerques a la comisaría a poner tu denuncia. Esto expone a la víctima a que conviva con su verdugo”, agregó.

Para los casos extremos, las mujeres violentadas son trasladadas a refugios temporales. Durante el aislamiento social, 58 víctimas han sido llevadas a estos hogares. Sin embargo, estas sedes son escasas y no se dan abasto para recibir a un gran número de personas, indicó la representante de la defensoría.

Ante las alarmantes cifras durante el confinamiento, el Gobierno emitió a finales de abril el decreto legislativo Nº 1470 que dispone que todos los casos de violencia contra la mujer deben ser reportados como urgentes y deben ser atendidos con inmediatez durante el periodo de emergencia sanitaria. El decreto simplifica el procedimiento para que las mujeres en riesgo cuenten con medidas de protección de forma oportuna en un plazo no mayor a 24 horas, prescindiendo de la realización de audiencias.

SEGUIMIENTO SOLO A CASOS URGENTES

En este contexto, la Fiscalía de la Nación dispuso la recepción de denuncias de violencia contra las mujeres y los integrantes de grupos familiares vía whatsapp y correo electrónico. A través de una resolución, señaló que los 34 distritos fiscales del Perú recibirán denuncias utilizando servicios tecnológicos, destinado a víctimas que permanecen confinadas sin alternativa a acercarse a una comisaría. Esta medida fue aprobada ante los casos de feminicidios reportados durante el aislamiento.

José Luis Huarhua, el fiscal provincial especializado en casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familia, detalló a La Antígona que, para realizar una denuncia, la víctima debe dejar sus datos a través de las vías virtuales. Si cuenta con evidencia, como fotografías de agresiones físicas, puede dejarlas como evidencia.

La fiscalía recepciona todo tipo de denuncias de violencia. Sin embargo, debido a la pandemia, la fiscalía solo da seguimiento a las que son graves y urgentes. En el caso de agresiones leves, los plazos legales han sido suspendidos, lo cual significa que no hay una tramitación regular del proceso, y la víctima debe retornar a casa junto a su agresor.

Huarhua sostiene que es necesario denunciar así sean casos leves, las denuncias son necesarias para dejar constancia de las agresiones, y si son reiterativas, aplicar medidas de protección para las víctimas y eventualmente pedir una prisión preventiva para reincidentes.

Según detalla el fiscal provincial, el perfil de las víctimas de feminicidios son mujeres de 25 a 35 años, en su mayoría amas de casa y que hay hijos de por medio. En la mayoría de los casos la dependencia económica es un factor clave para que las mujeres continúen sometidas frente a su agresor.

“¿Por qué mata este sujeto a la mujer? La explicación que brindan los psicólogos y especialistas con lo que trabajamos es que el machismo está interiorizado en la sociedad, tenemos arraigado el machismo, los estereotipos de género y el poder del hombre sobre la mujer… El sujeto se cree superior, piensa que la mujer es de su pertenencia “si tú no estás conmigo no eres de nadie. En la mayoría de los casos los celos son el móvil” agregó. 

VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA: LA OTRA PANDEMIA

El confinamiento por coronavirus no solo ha ocasionada una escalada de violencia a la mujer en Perú, sino que también a nivel del América Latina, un territorio donde antes de la pandemia ya 20 millones de niñas y mujeres ya eran víctimas de violencia física y sexual.

En México, el país que presenta los índices más críticos de violencia en la región, los feminicidios han cobrado más vidas que la pandemia por el coronavirus. Desde que se reportó el primer caso de COVID-19, el 28 de febrero, hasta el 13 de abril, 317 mujeres murieron en manos de su agresor, mientras que 100 fallecieron a causa del coronavirus, según la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del País. 

La especialista mexicana Ariana Lourdes Rodríguez Gonzáles, quien pertenece al Centro de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de México, explicó que los abusos durante la cuarentena se incrementan debido a que “el hombre al no tener espacios con quien comprobar su masculinidad, se desquita con las mujeres, por eso es que se incrementa el tema de la violencia contra la mujer y las niñas durante el confinamiento”. Además, precisó que cada mujer enfrenta de manera personal esta situación.

La escalada de violencia también se ha disparado en otros países latinoamericanos. En Argentina 18 mujeres fueron asesinadas en los primeros 20 días de su cuarentena y las líneas de ayuda aumentaron sus llamadas en un 67%. En el caso de Colombia, el panorama se repite: durante el confinamiento se han reportado 19 feminicidios y los llamados de auxilio a través de las líneas oficiales del gobierno se incrementaron casi al 130%. 

Ante la falta de protección a las víctimas y debido a la exposición que las mujeres tienen confinadas junto a su agresor, han surgido iniciativas para frenar la violencia. En España lanzaron el programa “Mascarilla 19”, el cual consiste en que las mujeres que se encuentren en una situación de riesgo puedan acercarse a la farmacia y solicitar una «Mascarilla 19». El personal de la farmacia realiza una llamada para alertar a los servicios de emergencia. 

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Estado de Emergencia: el rastro de desaparición y violencia

Estado de Emergencia: el rastro de desaparición y violencia

Por: Alejandra Canchanya (Twitter: @arritale)
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Ilustración: Katherine Huaman Huerta (Instagram:@omnicromatica)

La violencia se mantuvo latente durante la emergencia sanitaria y poblaciones vulnerables se han visto en riesgo ante las políticas públicas

Asesinatos, llamadas de emergencia, desapariciones y nuevas víctimas. La violencia se mantuvo latente durante la emergencia sanitaria y poblaciones vulnerables se han visto en riesgo ante las políticas públicas de prevención por el coronavirus.

La pandemia no frenó los actos de violencia cometidos contra las mujeres. La inseguridad no solo se manifestó en las calles, sino también en casa. Con el fin de evitar la propagación de la COVID-19 se anularon canales presenciales de denuncia que atendían las 24 horas, y en su lugar, las llamadas de auxilio se intensificaron. Las medidas empleadas fueron insuficientes al no poder atender de forma rápida y directa los casos registrados y al no contemplar un enfoque interseccional que asegure la protección de mujeres, niñas y adolescentes en todas las regiones del país.

Antes del inicio de la cuarentena, en el mes de febrero, se recibieron 14693 denuncias de violencia contra la mujer. Estas fueron inscritas y formalizadas a través de los 396 Centros de Emergencia de la Mujer (CEM) que operan a lo largo del país. No obstante, el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM detuvo su funcionamiento y activó los Equipos Itinerantes de Urgencia (EUI), para atender a las víctimas de violencia durante el encierro.

El 16 de marzo fue el primer día de la cuarentena en el país. Desde esa fecha hasta fin de mes solo se reportaron 395 denuncias por los EUI. La disminución drástica en las cifras no se debió a la ausencia o disminución de violencia de género, sino a la limitada cobertura de atención a las víctimas y las barreras que dificultaron solicitar ayuda o auxilio desde el aislamiento. El personal de los EUI estuvo capacitado para actuar únicamente cuando los casos eran derivados por la Policía, el Poder Judicial, la Fiscalía o la Línea 100.

La Línea 100 es un canal de atención telefónico y gratuito que funciona las 24 horas del día, especializado en dar información, orientación, consejería y soporte emocional a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar o sexual. Ante la ausencia de los CEM se reforzó este servicio y 10 días después del inicio de la medida, se puso en marcha el Acompañamiento Psicológico Telefónico.

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Un mes después, se publicó el Decreto Legislativo N° 1470, el cual simplificó los pasos para la atención de casos de violencia contra las mujeres, que además reconoce la identidad de género y la orientación sexual como condiciones protegidas.

En marzo, la Línea 100 recibió 10679 comunicaciones hechas por mujeres, cifra mayor a las reportadas en enero y febrero. De esta cantidad, 5418 corresponden al periodo que va del 16 al 31 de marzo. En junio el número ascendió a 18880, siendo la violencia psicológica uno de los registros más alarmantes (más de 6500). En Perú, este tipo de agresión se practica desde la niñez y los mayores porcentajes se dan en las mujeres con educación secundaria, desmintiendo los supuestos que asegura que solo mujeres sin educación son violentadas, como lo ilustra la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2019.

Entre marzo y junio perdimos a 35 mujeres, adolescentes y niñas que fueron asesinadas por la violencia de género. A ellas se suman dos menores de edad que murieron a manos del mismo agresor de Alejandrina Huaraca (32 años, Ayacucho). Hermana e hija, sus muertes fueron tipificadas como homicidio calificado y no feminicidio; sin embargo fueron también víctimas del horror.

Como ellas, muchas sufrieron otros tipos de agresión antes de enfrentar la muerte y sus violentadores fueron en algunos casos parejas o exparejas. Pero, ¿qué pasa con los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio? El 10 de febrero el Estado publicó el Decreto de Urgencia Nº 005-2020, con el cual se establece una asistencia económica bimestral de S/. 600 ($165 USD, en promedio) para “contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio”. De acuerdo a Silvia Arispe, directora Ejecutiva del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA, hasta el 28 de septiembre (más de siete meses después de haber expedido el Decreto) se concedió la asistencia a 250 víctimas indirectas en 25 regiones del país.

Desaparecidas en pandemia

Otro problema urgente e invisibilizado son las desapariciones sin respuesta de mujeres, niñas y adolescentes. Hace 17 años, en 2003 según la Ley Nº 28022 se aprobó el reglamento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Una medida que no se puso al servicio de la ciudadanía hasta agosto de este año, que el Estado anunció finalmente su implementación en un lapso de 40 días útiles. Dos meses después del anuncio, el 15 de octubre el Gobierno implementó el sistema que permitirá una adecuada gestión de denuncias, investigación, búsqueda y acciones. A ello se le suma la reactivación de la Línea 114, creada para atender las denuncias de este tipo, pero la cual se encontraba sin funcionamiento hasta inicios de octubre; un Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia y la página web oficial.

Antes de ello, Perú no contaba con un sistema unificado, público y actualizado de los casos de desaparición que se reportan en el país. Debido a esta carencia la Defensoría del Pueblo construyó una base de datos a partir de las Notas de Alerta que emite la Policía Nacional. Sin embargo, este proceso también presenta dificultades.

Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría, señaló que los principales obstáculos son la multiplicidad de Notas de Alerta sobre la desaparición de una persona —al ser realizada por distintas personas—, la inadecuada consignación del nombre de la dependencia policial —lo que dificulta determinar a qué región pertenece el caso— y la carencia de fotografía de la víctima en la Nota de Alerta. “Entre otras dificultades también se perfilan la carencia de información de las circunstancias de la desaparición; ausencia de la región donde sucedió el hecho y sexo al que pertenece la persona desaparecida; la colocación de notas de alertas de niñas y adolescentes en la sección de personas adultas desaparecidas y viceversa”, añadió Revollar.

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Según los registros que lleva la Defensoría, entre enero y junio del lectivo 2020, desaparecieron un total de 2457 mujeres. De estas, desde el inicio de la cuarentena, se registraron 915 casos, de los cuales un 70% (606) son niñas y adolescentes. Esto equivale a un promedio de 10 denuncias por día. Aunque estas cifras son menores a las detalladas antes de la pandemia, la funcionaria de esta institución sostiene que conforme han ido disminuyendo progresivamente las medidas de restricción a la libertad, se ha evidenciado mayor número de casos de denuncias por desaparición de mujeres y niñas.

La relación entre feminicidios, violencia y desaparición es conjunta. Parte de las víctimas han sido atendidas antes por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). De los 96 casos de feminicidios reportados entre enero y septiembre, 17 tenían denuncias previas de desaparición.

Silvia Arispe, del Programa AURORA, indicó que si bien este tema no constituye un hecho de violencia en la Ley 30364, que establece la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, no se puede negar que hay una vinculación entre ambos aspectos. Para Eliana Revollar la desaparición de una mujer tiene que ver con una cuestión de violencia de género. De acuerdo a ONU Mujeres, las desapariciones de mujeres a menudo están vinculadas con otras formas de violencia de género como la trata, la violencia sexual o el feminicidio.

El Ministerio de la Mujer viene trabajando protocolos de acción conjunta con la Policía para generar alertas sobre mujeres desaparecidas que han sido atendidas anteriormente por el MIMP y sus canales. El viernes 28 de febrero de 2020, el Gobierno publicó el Decreto Supremo N° 002-2020-IN, con el que se aprueba el “Protocolo Interinstitucional de Atención de casos de Desaparición de Personas en Situación de Vulnerabilidad y Otros Casos de Desaparición”. Este protocolo establece el procedimiento de acción inmediata que las autoridades deben adoptar ante una denuncia en esta materia. Antes se tenía que esperar el transcurso de 24 horas desde la desaparición para comenzar con las diligencias correspondientes.

La pandemia expuso una de las desigualdades más fuertes de la sociedad peruana: quedarse en casa es sinónimo de refugio para algunos y un infierno para otras. A lo largo de los años, las cifras han reflejado que el agresor, en muchas ocasiones, es un familiar o alguien cercano a la víctima. Las medidas de confinamiento no evalúan los diversos tipos de violencia perpetrados desde el hogar y el riesgo que supone vivir con el agresor sin la posibilidad de salir a pedir ayuda por temor a la covid-19 y a las débiles acciones de la Justicia. El virus no es el único enemigo invisible.

“Violentadas en cuarentena”, publicada en Distintas Latitudes, es una investigación colaborativa regional realizada en 19 países de América Latina y el Caribe sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la covid-19. Esta investigación fue apoyada por el Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas de la International Women’s Media Foundation.

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Las agentes penitenciarias y su propia batalla en primera línea

Las agentes penitenciarias y su propia batalla en primera línea

johanna.gallegos@pucp.pe
Mujeres frente al COVID-19 en la cárcel

Ellas buscan cumplir su labor en esta otra primera línea contra el coronavirus, pero piden más apoyo del Estado. Conoce la asombrosa labor de las agentes INPE.

Son mujeres. Algunas son madres y custodian el penal de reclusas más grande que tiene Lima: el establecimiento penitenciario de Chorrillos, donde ya se ha registrado la primera muerte por coronavirus. En esta emergencia sanitaria por el COVID-19, las trabajadores del INPE están expuestas y ponen en riesgo sus vidas mientras el temor de ser contagiadas invade esta cárcel que alberga a más de 850 internas. Ellas buscan cumplir su labor en esta otra primera línea contra el coronavirus, pero piden más apoyo del Estado. 

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El cambio de estación está logrando que el cielo de Lima vuelva a ser gris y que el frío se empiece a sentir. Hay un lugar en el que ese frío se siente aún más: el Establecimiento Penitenciario Mujeres Chorrillos, la cárcel de reclusas más grande de Lima. Este lugar no es ajeno a la emergencia sanitaria. El pasado 12 de mayo murió la primera interna por infección de COVID-19. En pleno avance de la pandemia, las agentes femeninas del Instituto Penitenciario del Perú (INPE), al igual que sus colegas hombres, no han detenido su labor y custodian a diario a las 859 reas que cumplen condenas, en su mayoría, por delitos relacionados al tráfico ilícito de drogas (TID) o robo agravado, según las estadísticas del Ministerio de Justicia. María, a quien llamaremos así en esta nota, es una de las 45 agentes que cuidan en esa prisión.

Desde hace veinte años, María se despierta de madrugada para ir a la cárcel: se alista, se pone su uniforme y con las botas ya puestas, atiende a su pequeño de 8 años con habilidades especiales. Junto a su esposo, quien también es agente penitenciario, tienen que dejarlo solo por más de cinco horas mientras retornan a casa. Su labor como agentes de seguridad del INPE, nos cuenta ella, le impide pasar más tiempo con su niño. “Es bastante complicado. Cuando mi esposo está de descanso se queda cuidando a mi hijo. Pero igual, así se quede él, cuando vuelvo del trabajo igual siempre hay que limpiar, cocinar y, bueno, todo el trabajo de casa”, dice.

María confiesa que la rutina diaria en el penal la consume. Su voz por el teléfono revela su nerviosismo cuando nos comenta que siendo parte del área de seguridad tiene un horario de “24 x 48”. Esto quiere decir que tienen un día de descanso por dos de turno. A pesar de su cansancio diario intenta mantenerse fuerte por su niño.

SIN PROTECCIÓN

En el penal de mujeres Chorrillos trabajan alrededor de 65 agentes INPE que pertenecen a la división de seguridad. De ese total, aproximadamente 45 son agentes femeninas como María, cuya función principal es controlar y velar por el orden de todo el reclusorio. Ellas tienen contacto directo con las internas. Sin embargo, el número de personal se ha reducido, según informó Gerson Villar, quien era presidente del INPE y presentó su renuncia el pasado 6 de mayo.

Elvia Córdova, técnica de segundo grado, tiene 13 años como agente de seguridad del INPE. Actualmente es jefa de seguridad del penal de Chorrillos.  La llegada del virus impactó a todos, nos asegura. Un notorio cambio se vio, primero, en el número de personal de seguridad y administrativo que hoy labora. Agentes mayores de 60 años o con enfermedades crónicas se están quedando en sus casas. Esta reducción ocasionó cambios de horarios para las guardias de seguridad que sí están en actividad como es el caso de María. “De 27 personas que eran por grupo, en personal femenino, ahora cuento con 20 en cada grupo”, señala Elvia. 

En abril, se identificó al primer infectado de COVID-19 dentro de un establecimiento penitenciario: un agente que laboraba en el área externa, fuera de los pabellones y patios de la cárcel. Este fue aislado en su domicilio por 14 días siguiendo el protocolo de seguridad del Ministerio de la Salud (Minsa). Hasta el cierre de este informe, hay un total de 12 agentes del INPE fallecidos por coronavirus. Todos ellos adquirieron la enfermedad en cumplimiento de sus funciones en esta otra primera línea.

En abril, se identificó al primer infectado de COVID-19 dentro de un establecimiento penitenciario: un agente que laboraba en el área externa, fuera de los pabellones y patios de la cárcel. Este fue aislado en su domicilio por 14 días siguiendo el protocolo de seguridad del Ministerio de la Salud (Minsa). Hasta el cierre de este informe, hay un total de 12 agentes del INPE fallecidos por coronavirus. Todos ellos adquirieron la enfermedad en cumplimiento de sus funciones en esta otra primera línea.

Desde que se conoció el primer caso, el temor dentro de las prisiones, como en Chorrillos, incrementó. El miedo era compartido: lo sentían las reclusas y lo sentían sus custodias, como María. ¿La razón? El personal activo -las y los agentes- no tenían los implementos de bioseguridad necesarios y recomendados por el Minsa. Es decir, no contaban con mascarillas NK-95, guantes quirúrgicos ni alcohol en gel. El único material de protección que habían recibido era de material desechable como mascarillas simples.

https://www.datawrapper.de/_/CNQQ1/

Fuente: MINJUS

Fuente: INPE

PRESUPUESTO PARA SALVAR VIDAS EN EL INPE

El pasado 29 de abril, la Contraloría General de la República señaló en un informe que el INPE solo gastó un 10,81% de los S/. 10’000.000.00. El documento del órgano de control advirtió una posible deficiencia en el sistema de prevención si es que no se ejecuta rápidamente el monto. Habían pasado 37 días desde que se transfirió el presupuesto. Casi una cuarentena.

Hasta la fecha y a pesar de que el expresidente del INPE, Gerson Villar, señaló a la prensa antes de renunciar que estaban trabajando para ejecutar todo el presupuesto asignado, aún no se ha evidenciado cifras de gasto que vayan más allá del 20%, es decir, solo 10% más de las publicadas por la contraloría, según el portal de Transparencia Económica del MEF, consultado por La Antígona el último 11 de mayo. Desde el INPE, a pesar de la consulta a través de la Oficina de Prensa, no se han pronunciado al respecto.https://infogram.com/untitled-report-1hke60rx1me165r?live

https://infogram.com/untitled-report-1hke60rx1me165r
Fuente: Consulta Amable COVID 19 – MEF

Fuente: Consulta Amable COVID 19 – MEF

Este retraso en la ejecución del presupuesto ha ocasionado que las mismas agentes, como María y sus compañeras, busquen alternativas para protegerse. Ellas están elaborando sus propias mascarillas y mandiles. Empresarios aliados están colaborando con donación de telas y materiales. “Nosotras somos los únicos que estamos allí, dando la cara, porque el personal igual se queja. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como miembros o directivo de ese penal. Lo único que podemos hacer es pedir aliados”, nos dice Elvia, la jefa de seguridad,  con un tono que mezcla  su decepción y desesperanza. Parece asumir que la situación no cambiará para con ellas. 

SOLAS Y EN PRIMERA LÍNEA

El miedo ante posibles contagios no es el único temor que ronda el penal de Mujeres Chorrillos. Según datos contabilizados por el Ministerio de Justicia (Minjus), se han producido un total de 16 motines en el país durante los 50 días que llevamos del aislamiento social obligatorio para frenar la pandemia del COVID-19. Ninguno tuvo lugar en un penal de mujeres, hasta ahora. Sebastián Villagómez, abogado de la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Minjus, explica que esto se debe a las diferencias y características propias de internos varones e internas mujeres. Es decir, es por un tema de género. “Ellas no tienen ese componente violento que sí presentan los varones”, nos señala. A fines de abril, en el penal Miguel Castro Castro de hombres murieron 9 internos tras el motín por reclamar atención y protección por el avance del coronavirus.

Fuente: Rodrigo Abd

Pero María dice que un posible motín en el EP Chorrillos no sería irreal. Cuenta que, ante la desprotección por parte del Estado y las condiciones de los penales, las internas han tomado posturas rebeldes. El orden y disciplina es cada vez más difícil de conseguir. “Las chicas están bastante preocupadas. Están inquietas por ya hay chicas que están con el COVID y eso las tiene asustadas y molestadas”, nos dice. Ella y sus compañeras tratan de calmarlas, pero sienten que a diario tienen que estar preparadas para cualquier revuelta.

Intranquilidad y preocupación es el sentimiento que comparten las internas y las agentes. Cuando se decretó el estado de emergencia sanitaria por el avance del COVID-19, parte del parte del personal administrativo que incluye a psicólogos, abogados y asistentes sociales dejó de acudir al penal e hizo trabajo remoto. Las agentes de seguridad del INPE, como María y Elvia, fueron las únicas que permanecieron dentro del establecimiento y lo siguen haciendo. Al no tener apoyo de las otras áreas, ellas sienten todo el peso sobre su labor de custodiar un penal de 859 mujeres, donde no son pocos los casos de internas, madres y gestantes que reciben tratamiento psicológico.

Solo son 15 agentes para controlar y atender a todas. “Hay internas violentas, otras tienen problemas de depresión, pero la situación, ahora con el miedo de contagiarse, se han puesto más rebeldes. Muchas veces no hacen caso, ya cuesta ponerles en orden”, se queja una de las agentes entrevistadas. La cárcel, reconoce, es un lugar donde hay todo tipo de historias.

Según datos del Minjus brindados por Villagómez a La Antígona, la mayoría de penales están hacinados porque presentan una capacidad máxima de 39 mil unidades de albergue para los casi 906.870 internos entre varones y mujeres. La abogada especialista en temas de mujeres privadas de la libertad para el Programa de Asuntos Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo (PAPP), Keysi Gallegos, coincide sobre la existencia de un estado de hacinamiento en las prisiones en nuestro país y afirma que esta condición exige un mayor trabajo de custodia por parte de los trabajadores del INPE.

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Elaboración de La Antígona

Actualmente, las agentes penitenciarias trabajan dos días seguidos y descansan cuatro días. Gallegos, sin embargo, señala que las condiciones en las que trabajan, duermen y se alimentan dentro del penal de Chorrillos no son las mejores. “No hay que olvidar que las agentes son tan servidoras públicas como el que trabaja en el Ministerio de Economía, etc. Las condiciones en las que ellas se desarrollan no son aptas”, precisó la abogada. Asegura que si antes les costaba, ahora con el avance del coronavirus dentro de las cárceles todo es más complicado. Es más duro. Aunque, ellas mismas son conscientes de su labor. “Para eso me han preparado”, le han respondido muchas. Pero que también les gustaría que el Estado las reconozca como están haciendo con otras profesionales.

Al ser consultado sobre la ausencia de otros profesionales en las cárceles como el personal administrativo o los psicólogos, Villagómez respondió que ahora sí están asistiendo y que su presencia es esencial en los penales. “Es un error que se ha subsanado, aunque sí se ha dado preferencia al trabajo virtual”, reconoció. Antes de presentar su renuncia, el expresidente del INPE Gerson Villar, declaró al diario Gestión que se habían contratado a 100 médicos, 100 enfermeras y 150 agentes de seguridad para reducir la carga laboral de las actuales trabajadoras y asegurar la atención de necesidades de las internas.

MÁS MEDIDAS PARA EL INPE

El pasado 22 de abril, tras el incremento del número de infectados de COVID -19 en los penales, el presidente Martín Vizcarra aprobó el Decreto Supremo 004-2020, que brinda lineamientos para la evaluación de casos de internos que podrían tener gracias presidenciales debido a la crisis sanitaria. Es decir, que se tramitarán indultos dada la coyuntura de crisis mundial por la pandemia del coronavirus.

Fuente: Ministerio de Justicia

La Comisión de Gracias Presidenciales del Minjus recomendará, según explicó Villagómez, dar este beneficio penitenciario a quienes sean madres y permanezcan con sus niños o niñas en la cárcel, a quienes se encuentren en estado de gestación o madres que tengan condenas próximas a vencer. También a personas mayores de 60 por encontrarse como grupos vulnerables al contagio. siempre y cuando no se tengan delitos graves o reincidentes. “Se debe valor la participación de las internas en el tratamiento y su conducta (…) En los 68 penales la administración penitenciaria va detectar de oficio los posibles casos”, dijo el funcionario.

La Defensoría del Pueblo está supervisando este decreto supremo. Gallegos indicó que la medida es viable. Sin embargo, algo desconfiada, reconoce que el proceso será de arduo trabajo pues se necesita revisar cada caso a detalle. Aun así, se espera que contribuya a la reducción del hacinamiento y, por consecuencia, también favorezca al personal penitenciario cuyos esfuerzos por mantener el control parecen estar al límite. “Va generar que se pueda desconcentrar y facilitar la albora la agente penitenciaria”, sostuvo.

El último 26 de abril, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda y las autoridades del INPE, recibieron un lote de 110 mil mascarillas comunitarias lavables y adquirieron 13.000 pruebas rápidas para ser aplicadas a todo el personal. Hasta el cierre de este informe, el proceso de entrega de estos implementos en los 68 penales del país continuaba con lentidud, así como la toma de muestras para diagnosticar infectados de COVID-19. 

Sin embargo, el último 19 de mayo durante una entrevista en RPP, el ministro aseguró que se hallan ejecutando estrategias que prioricen el aseo y desinfección de las 68 cárceles peruanas. También, confirmó la existencia de anillos de salubridad que consisten en la medida de temperatura, desinfección de calzado y de manos a quien ingrese a los recintos. Por último, señaló que ya se había finalizado la entrega de mascarillas en todos los penales recalcando que este proceso era verificado por la Oficina de Asuntos Internos del INPE. 

Fuentes: Prensa

Las cartas están puestas sobre la mesa para asegurar la protección de las agentes como Elvia, María y el resto del personal penitenciario, quienes por su labor -así como otros profesionales en primera línea- también están con temor de sumarse a las cifras de infectados de coronavirus en el Perú. 

© 2021 La Antígona

Profesoras a distancia: El reto de educar en zonas rurales

Profesoras a distancia: El reto de educar en zonas rurales

b.baccalini@pucp.pe

La educación a distancia ha evidenciado las desigualdades ya existentes en el país. La Antígona recogió las historias de tres profesoras en Ancash, Cajamarca y Junín.

Maestras y maestros de todo el Perú se vieron obligados a cambiar los salones de clases por pantallas digitales tras la cancelación de clases por el avance del COVID-19. La educación a distancia ha evidenciado las desigualdades ya existentes en el país y se ha convertido en un nuevo reto para alumnos y profesores, sobre todo para quienes permanecen en zonas remotas sin acceso a internet, ni tecnologías. La Antígona recogió las historias de tres profesoras que enseñan de manera remota en Ancash, Cajamarca y Junín.

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Sonia, de quinto grado de primaria, debe caminar alrededor de 20 minutos a campo abierto en la zona minera de La Zanja, a cuatro horas de Cajamarca, hasta obtener señal suficiente para recibir clases vía telefónica. Ella estudiaba en una pequeña escuela pública de solo 16 estudiantes. Sin embargo, sus clases fueron canceladas debido a la pandemia del COVID-19.

Su padre, con mucho esfuerzo, se vio obligado a adquirir un teléfono con Whatsapp para que ella pueda seguir con las clases remotas durante el confinamiento. En su casa no disponen de una computadora para las sesiones virtuales, ni mucho menos de internet. El celular es el único medio por el cual la menor puede seguir con sus sesiones escolares.

Camila Vásquez, de 24 años, es la profesora de Sonia. Todos los días se comunica con ella desde Lima y le envía las clases por teléfono. La crisis sanitaria por el avance del COVID-19 la ha obligado a cambiar las aulas por las pantallas digitales, algo que nunca pensó cuando decidió convertirse en maestra. Este nuevo reto la ha obligado también a modificar sus dinámicas de enseñanza y a que la tecnología se convierta en una aliada para seguir instruyendo a sus alumnos.

“Son emociones muy cambiantes…Han habido momentos en los que uno dice: “esto es muy difícil, saben qué, voy a dejarles solamente hacer los libros”…Piensas en tantos obstáculos que te hacen pensar en mejor continuar, pero también pasan cositas en el camino que te hacen despertar, que te hacen ver que para ellos esto es importante, como el que yo converse con sus papás, que me cuenten todo lo que les gustaría ver, todo lo que esperan de los logros de sus hijos” indicó la docente.

Escolares dirigiéndose a sus hogares luego de sus clases. FUENTE: Facebook.

Millones de niños sin acceso a internet

La suspensión de clases por el avance del coronavirus ha representado un gran desafío para el sector de la educación. Millones de niños en todo el Perú se han visto afectados por la cancelación de clases: más de 1.7 millones de escolares no tienen acceso a internet, según el Ministerio de Educación. Sin embargo, el aprendizaje no puede detenerse y los maestros y maestras han ideado nuevas alternativas.

Mayra Echevarría atraviesa una situación similar a la de Camila. Ella es profesora de cerca de 150 alumnos de una escuela de la provincia de Yauli, en la región Junín. Cada lunes, Mayra se graba dando clases frente a una pizarra y envía los videos a los padres de sus alumnos a través del Whatsapp. En su casa, en Huancayo, adaptaron una habitación como un salón de clases para que ella pueda realizar las sesiones.

“Definitivamente todo ha cambiado y nuestra forma de trabajar también, y todo esto por nuestros estudiantes, que realizan enormes esfuerzos por adaptarse. Lo más difícil de esta situación es no poder verlos, no poder enseñar en las aulas teniéndolos tan cerca para brindarles retroalimentación al instante, teniendo que pedir a los padres de familia que hagan la labor del docente en casa, que sean ellos los intermediarios para que los niños puedan comprender mejor y más claro alguna idea que no comprendieron tras las pantallas”. agregó Mayra.

Sin embargo, no todos sus alumnos cuentan con acceso a tecnología y con el 10% solo se comunica por llamadas esporádicamente, debido a que los padres deben caminar largas horas para tener señal telefónica. Liliana Muñoz, vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad Cayetano Heredia conversó con La Antígona y explicó que la crisis sanitaria ha evidenciado cada vez más las brechas y desigualdades ya preexistentes en el país.

“Esta pandemia lo que ha hecho es evidenciar cada vez más las grandes desigualdades. Si bien es cierto que para la educación a distancia no solo se hace uso de la tecnología, sino que también se incorpora la radio y la televisión, nosotros vemos todos los días a niños que suben hacia los cerros a poder captar algún tipo de señal, en provincias, en las zonas rurales. En la Selva, en la Sierra, algunos alcaldes y autoridades del gobierno regional dicen que no hay ni siquiera señal para que capte el televisor”, indicó la especialista en educación.

Muñoz destacó las iniciativas propias de los maestros -como Camilia y Mayra- para combatir estas brechas educativas; sin embargo, recalcó que el Estado es quien debería ver las formas de solucionar e implementar estrategias ante esta situación.

“Nuestro país es tan diverso geográficamente que hay todo tipo de desigualdades económicas, sociales y educativas. Lo que hay que cuidar es que las brechas no se ahonden más. Es un año difícil…probablemente hay niños que no van a lograr los aprendizajes previstos este año, entonces tendrán que implementarse algún tipo de estrategia para que los niños puedan recuperar clases”, agregó.

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Escolares  en formación.  FUENTE: Facebook.

Las brechas culturales

​Alexandra Vasallo es profesora de una escuela pública de educación intercultural bilingüe en una pequeña comunidad quechua hablante, cercana al distrito de Chavín de Huantar en Ancash, llamada Nuevo Progreso. La mayoría de los padres de sus estudiantes se dedican principalmente a la ganadería y la agricultura: ellos crían a sus propios animales y cosechan productos para subsistir.

Alexandra es profesora de once alumnos de quinto de primaria. Ella residía en Nuevo Progreso dando clases presenciales. Tras la suspensión de clases, regresó a Lima en un bus humanitario y actualmente se enfrenta al reto de dar clases de manera remota. Si bien el Estado ofrece el programa educativo Aprendo en Casa, no todos sus estudiantes cuentan con televisor o radio en casa y no tienen cómo recurrir a esta enseñanza. 

Los alumnos de Alexandra, además de afrontar limitaciones por acceso a tecnologías, se enfrentan a marcadas brechas culturales, en particular por el idioma. La lengua materna de estos niños es el quechua y es difícil para ellos seguir con el contenido de Aprendo en casa en castellano. Según detalla la docente a La Antígona, los menores tenían problemas porque los mensajes transmitidos se hacían muy rápido para su nivel de castellano y estaba descontextualizado con su realidad.

Además, sus alumnos cumplen labores en las chacras pastoreando animales y no podían seguir con los horarios establecidos a través de las radios. Alexandra ha optado por comunicarse por separado con cada uno de ellos por línea telefónica,  de acuerdo a los tiempos de los estudiantes. Algunos tienen que pedir prestados celulares a tíos o primos. Esporádicamente se conectan hasta cuatro alumnos en una sola llamada y programan exposiciones en conjunto.

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Maestras y maestros del colegio Nuevo Progreso Chavin FUENTE: Facebook.

“De hecho pasar de lo presencial a la educación a distancia ha sido todo un reto. Si bien existen propuestas por parte del Estado, en el caso de mis estudiantes, en específico, no existe una fórmula de cómo llevar la educación a distancia porque son chicos y chicas que muchos de ellos no tienen acceso a la programación del Estado. Tengo dos estudiantes que solamente tienen línea telefónica, es el único recurso que tienen. Y que incluso en el caso de uno de ellos, el celular es de su tía” explicó Alexandra.

En conversación con La Antígona, Ángela Bravo, directora de educación secundaria del Ministerio de Educación y máster en políticas educativas, consideró que los retos del Perú en cuanto educación están muy vinculados al tema de la inequidad. La especialista indicó que la plataforma más completa de Aprendo en Casa es la web. Sin embargo, es a la que menos acceso tienen alumnos, debido a que menos del 40% de niños tienen internet en sus hogares.

“Si bien el programa de aprendizaje se pensó diseñado para que pueda llegar a todos los estudiantes, sigue teniendo un reto de cobertura importante y todavía no se ha logrado implementar la radio en todas lenguas originarias”, sostuvo Bravo.

Hasta el momento se desconoce la fecha de cuándo los escolares regresarán a las aulas debido a la coyuntura. Mientras tanto docentes y alumnos tendrán que adaptarse a esta nueva normalidad que ha traído a flote las brechas ya existentes en nuestra sociedad. 

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Mujeres gestantes: la odisea de dar a luz en estado de emergencia

Mujeres gestantes: la odisea de dar a luz en estado de emergencia

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Desde que empezó el aislamiento social obligatorio por el avance del coronavirus, la situación de las gestantes ha cambiado. La historia de dos mujeres que dieron a luz a sus hijos en plena cuarentena revela que hay un alto riesgo de contagio del COVID-19 y que existe escasez de equipos médicos que ponen en peligro tanto a las madres como al personal de salud.

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Geraldine (26) nunca pensó que se complicaría su gestación en la semana 28 y en el día 31 del aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno debido al avance del COVID-19. Esa tarde tuvo una señal de alerta: un flujo vaginal extraño que hizo que vaya de emergencia al Hospital Dos de Mayo. La obstetra le dijo que era una “simple infección urinaria”, una situación rutinaria en todas las embarazadas, pero nada preocupante.

​La semana siguiente, el flujo ya le venía con sangre. La desesperación por no tener un seguro de salud y la falta de dinero la llevaron al Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Al ingresar por emergencia, le sacaron la prueba del COVID-19 que resultó negativa. Sin embargo, este centro de salud no contaba con respirador artificial, incubadora ni un espacio en la unidad de cuidados intensivos (UCI): eran pocas las posibilidades de que el bebé sobreviviera.

A pesar de estas dificultades, el bebé nació con buen estado de salud. Los procesos de documentación para el traslado del pequeño Stephano a un nosocomio que cuente con todos los equipos correspondientes, como una incubadora, tomó casi 4 días. Lo ocurrido con Geraldine es uno de los muchos casos de madres gestantes que han tenido un parto complicado en medio de la pandemia por el coronavirus.

La situación de los médicos que atienden a las gestantes tampoco es privilegiada. La ginecoobstetra Yanara Mohtar, quién trabaja en una clínica particular, relató para La Antígona que, en algunas ocasiones, los uniformes de protección son comprados con sus propios medios.

De acuerdo al testimonio de Geraldine contado a La Antígona, algunos médicos o residentes no cumplieron con el uso correcto de protección cuando la atendieron. Esto conlleva a que las madres gestantes desconfíen de la atención de los especialistas de salud y teman ser contagiadas. “Los doctores tenían la voluntad de atender, pero algunos estaban sin mascarillas,  sin lentes, no contaban con todos los implementos necesarios, eso me causaba mucha desconfianza”, dijo.

Antes y después del parto

Lo sucedido con Geraldine no es el único caso que evidencia el riesgo en los partos en esta pandemia.  Cinthya (36), madre de dos hijos, dio a luz al tercero la noche del pasado 7 de mayo en el Hospital Luis Negreiros Vega de Essalud ubicado en el Callao. Cuando fue a emergencias tuvo que pasar antes por el área de triaje, donde las mujeres gestantes tienen una revisión previa. Ella asegura que en ese lugar se atendían a las madres con o sin COVID-19. “Era un proceso muy largo pues se acumulaban muchos pacientes”, narró.

El tercer embarazo de Cinthya, cuenta vía telefónica, fue una experiencia “desagradable”. Asegura que fue maltratada cuando se encontraba en la sala de espera para ser atendida.  “Yo estaba quejándome de dolor, pasó una obstetra y me palmeó la pierna y me dijo: cállate estamos en tiempos de COVID”, yo le dije que tiene “¿Qué ver el tiempo de COVID?, yo siento dolor”, recuerda sobre ese momento.

A pesar del peligro que significa este virus, muchas pacientes no son conscientes de sus consecuencias y no cumplen con la protección necesaria cuando asisten a sus consultas prenatales o el día del alumbramiento. La doctora Mohtar relata que hay gestantes que no aceptan el uso correcto de guantes y mascarillas. “En su mayoría, las madres no usan guantes y las que usan tocan ciertas cosas del consultorio que entorpece el procedimiento de atención, no respetan nuestro espacio”, manifestó.

Geraldine también indica que, cuando aún estaba internada en el Hospital San Bartolomé tras dar a luz, se presentó una madre infectada de coronavirus y que eso generó que no atiendan al resto. “El personal médico no estaba preparado y se olvidaban de atender a las otras mamás. La señora estaba en el mismo piso que yo, eso nos asustaba. La estructura del hospital no es la adecuada y no está equipada para este tipo de situación”, asegura.

El aislamiento social obligatorio suspendió las consultas externas y canceló los controles prenatales. Estos son vitales para poder conocer cuáles son las posibles formas de contagio de COVID-19 desde la madre al bebé y sus consecuencias. Una de ellas es por medio de la transmisión vertical; otra es por medio de la lactancia, según la obstetra Rosmery Dávalos del Hospital María Auxiliadora.

La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología sostiene que si los bebés recién nacidos tienen resultados positivos a infección de COVID-19, no desarrollan riesgos; sus madres sí. Ello debido a que el cuadro clínico que presentarían sería el mismo que el de las gestantes con preeclampsia: es decir, una tendencia a subidas de presión arterial lo que podría conllevar a un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar.

Esta afectación, según el diccionario de médicos de la Clínica Universidad de Navarra de Madrid, es un proceso caracterizado por la coagulación de la sangre en el interior de las venas o trombosis, causando el desplazamiento y fijación en el pulmón de la totalidad o de un fragmento del coágulo o embolia. Las personas que son más propensas a padecerlo son las mujeres embarazadas.

Las madres y obstetras entrevistadas para este reportaje aseguraron que los hospitales del Perú no están preparados para una situación de emergencia como es el parto de un bebé prematuro en medio de una pandemia. “No hay personal suficiente y adecuado, no hay implementos”. manifestó Geraldine.

Cien gestantes contagiadas en el San Bartolomé

El doctor Carlos Santillán, director médico del hospital San Bartolomé, al ser entrevistado por La Antígona, confirmó que el 54% de las gestantes dieron positivo para el COVID-19,  pero que se encuentran siendo atendidas por el personal de salud.

El contagio de COVID- 19 en mujeres gestantes es cada vez mayor. En abril el hospital San Bartolomé detectó a 11 mujeres gestantes que dieron positivas por coronavirus; en mayo aumentaron a 70 y en junio han sido casi 100, así lo reveló Santillán. A pesar que cuentan con  69 obstetras y 5 nuevas contrataciones para que mejore la atención para las madres que están aisladas por el coronavirus, no son suficientes.

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En caso estas presentan complicaciones, serán derivadas a la unidad de cuidados intensivos. Pero esto se complica cuando solo cuenta con 4 camas habilitadas y algunas máquinas de reposición para la atención adecuada. “El MINSA después de dos años nos está reposicionando los equipos, pero eso fue antes de la pandemia”, enfatizó Santillán con respecto al apoyo estatal que vienen recibiendo y que esperan se continúe. 

Alertan que en el Rebagliati no hay equipos ni puntos de oxígeno suficientes

Una situación parecida ocurriría en Essalud. La contraloría advirtió en una visita de control, realizada entre el 28 y el 29 de junio al servicio de emergencia de Gineco Obstetricia del Hospital Edgardo Rebagliati que este no dispone de equipos médicos ni instrumental suficientes para la atención.

Según el reporte del órgano de control, este servicio del hospital donde se atienden las gestantes en plena pandemia “no cuenta con herramientas básicas de control y sanidad” como son un monitor fetal o una incubadora de transporte. Además, alerta que el grupo electrógeno se encuentra inoperativo por falta de combustible, lo que afecta la continuidad del proceso de atención de partos.

La contraloría precisa también que tras casi cinco meses de declarado el Estado de Emergencia por el avance del COVID-19, cuando se realizó la visita aún no se había realizado pruebas rápidas para el personal que labora en el servicio de emergencia de gineco obstetricia. Este retraso, afirman, generaría riesgos de propagación de virus entre trabajadores y pacientes.

Asimismo, indicaron que el número de los puntos de oxígeno “es inferior” a las camas instaladas en la sala de observación. “No cuenta con los puntos de toma de oxígeno suficientes para la atención de las gestantes, lo que podría afectar la oportunida administración de este elemento cuando dichas pacientes lo requieran”, indican.

Todos estos puntos afectan significativamente la calidad y garantía que se requiere para el cuidado de una mujer gestante y de los recién nacidos. La situación que alerta la contraloría podría perjudicar la continuidad del proceso de atención a las mujeres gestantes del Servicio de Emergencia de Gineco Obstetricia, la que no ha dejado de ser tan necesaria en tiempos de pandemia.

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