Por: Luz Mateo Cielo

Esterilizaciones Forzadas

El fiscal Pablo Espinoza terminó de presentar más de 180 evidencias contra el expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de Salud por el delito de violaciones a los derechos humanos.

Después de 11 audiencias de sustentación de cargos, el fiscal Pablo Espinoza terminó de presentar más de 180 elementos de convicción (evidencias) contra el expresidente de la República Alberto Fujimori (1990-2000) y sus exministros de Salud por el delito de violaciones a los derechos humanos. Ahora el caso se encuentra en la etapa donde los acusados se defienden de la denuncia penal que los señala como autores mediatos de un programa masivo que esterilizó forzosamente alrededor de 300 mil mujeres. Cesar Nakazaki, abogado del expresidente, señala que no existen condiciones para calificar el delito imputado como crimen de lesa humanidad.

Foto: IDL

El pasado lunes 03 de mayo, comenzó la etapa de descargos por parte de la defensa legal de los acusados: Cesar Nakazaki, abogado de Fujimori Fujimori; Lidia Godoy, de Eduardo Yong; Humberto Abanto, de Costa Bauer; y Raúl Pariana, de Alejandro Aguinaga, implicado en el caso de Vacunagate.
El primer ponente fue César Nakazaki, quien sostuvo que no existen condiciones para abrir un proceso penal. Afirma que la acción penal no cumple con 3 de sus 5 elementos: hecho aparentemente delictivo, justificable penalmente y no prescrito. 
Sobre lo último, señala que el delito que le atribuyen no es de lesa humanidad y que por lo tanto no es imprescriptible. “Un delito de lesa humanidad debe cometerse contra la población civil bajo un ataque generalizado o sistemático de una política”, dijo agregando que el Ministerio Público archivó una de tantas investigaciones porque faltaba evidencia para probar que se trató de una política así. Por su parte, Somos 2074 y Muchas Más, una campaña que reúne a las sobrevivientes de las del caso, expresó a través de su cuenta de Twitter su desacuerdo.

Publicado el 3 de mayo del 2021 por Somos 2074 y Muchas +

En China, ejemplificó Nakazaki, utilizan el método de la reducción obligatoria de natalidad por motivos sociales o económicos y que no constituye un delito de lesa humanidad o genocidio. Asimismo, criticó que no hay una sentencia del Tribunal Constitucional que indique qué sistema de incorporación del derecho penal internacional se debe utilizar para aplicar la imprescriptibilidad de los delitos a la legislación peruana. Según argumenta, el Código Penal no recoge a las esterilizaciones forzadas como delito imprescriptible, por lo que merece una modificación.
Al cabo de casi 2 horas del segundo día de descargos, el juez Rafael Martínez determinó suspender la audiencia debido al malestar que presentaba el defensor de Fujimori producto del covid-19. La misma fue retomada el día lunes 10 de mayo durante la mañana.
En esta sesión, Nakasaki sostuvo, nuevamente, ante el juez Martínez que los delitos cometidos por Fujimori ya habían prescrito por lo que pidió se declare improcedente la denuncia. Así mismo, aseguró que este caso ya había sido archivado en el año 2009 por la Fiscalía de la Nación al no encontrarse evidencias de que se trataba de un delito de lesa humanidad. Mientras tanto, familiares y víctimas de las esterilizaciones forzadas protestaban frente al Palacio de Justicia exigiendo que el caso no sea archivado.

Sobrevivientes de las esterilizaciones forzadas y activistas frente al Palacio de Justicia en marco de la campaña Somos 2074 y Muchas Más. Foto: Javier Maguiña.

Derechos lingüísticos  

Al inicio del primer día de descargos, Nakazaki le pidió al juez Rafael Martínez no ser interrumpido en su exposición por el personal de intérpretes dispuesto por el Ministerio Público. En ese sentido, sugirió que la traducción se hiciera al término de la audiencia, a partir de la grabación obtenida. Según alegó, las pausas que se tomaban para la exposición en quechua afectaba la fluidez y el derecho a la defensa de los acusados. Sin embargo, el “Protocolo para la participación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas u originarias en procesos judiciales” del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial —que compartió María Ysabel Cedano, abogada de la parte agraviada, a través del chat de Google Meet—,señala que la interpretación del mensaje se realiza de manera consecutiva a su escucha. 

Foto: Lugar de la Memoria LUM

“No puede ser que las víctimas se enteren de lo que estamos hablando en este momento recién al día siguiente. Eso desnaturaliza el derecho a la traducción porque no es un tema meramente técnico”, manifestó Cedano, quien además dijo que la interpretación consecutiva es el estándar mínimo que el Ministerio Público ha logrado garantizar pese a las deficiencias tecnológicas. Finalmente, el juez resolvió continuar con la dinámica utilizada en la sustentación de cargos del fiscal: tras 10 minutos de exposición, prosigue la traslación en quechua.

Cargos 

Han sido casi dos semanas de argumentación fiscal ante el Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado de la CSNJPE para formalizar la denuncia sobre el caso de intervenciones quirúrgicas en contra de la voluntad de cientos de miles de mujeres durante el régimen fujimorista. En total son 1321 denunciantes que acusan a Alberto Fujimori, Eduardo Yong, Marino Costa y, al congresista electo de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga de atentar contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Junto a ellos también se encuentran imputados Ulises Aguilar, exdirector de Salud; Segundo Aliaga, exdirector de la subregión IV Cajamarca; y Magda Gonzales, ex coordinadora del Programa Materno Perinatal de la misma subregión. 


Tras el fallo del Tribunal Constitucional en el 2020, ellos están obligados a continuar y responder ante el Poder Judicial por los mecanismos ilegales y sistemáticos que utilizaron durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) para reducir la pobreza a través de tasa de natalidad. El fiscal Pablo Espinoza argumenta que los hechos no fueron aislados, sino que se trató de una política nacional que sometió a mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas de zonas rurales y urbano populares de entre 19 y 27 años en situación de pobreza a ligaduras de trompas no consentidas ni informadas.

Dilataciones

El 11 de enero se llevó a cabo la primera audiencia pública, pero fue suspendida por no contar con intérpretes que garantizaran a las denunciantes quechua hablantes de diferentes regiones del país el derecho a entender todo el proceso penal. Casi 2 meses después, el 1 de marzo, se retomó el caso con profesionales del idioma quechua en sus variantes más representativas.
No obstante, hubo nuevos intentos de volver a postergar la segunda audiencia. El representante legal Humberto Abanto —respaldado por Cesar Nakazaki— solicitaron al juez Rafael Martínez anular la audiencia por indefensión debido a que su cliente Costa Bauer no se encontraba presente porque tenía una operación quirúrgica programada en Chile. Sin embargo, el magistrado rechazó el requerimiento.
Otro de los ausentes durante las audiencias fue Alberto Fujimori. Nakazaki dijo que su defendido no tiene la obligación legal de concurrir a este proceso ya que está protegido por el tratado de extradición Perú-Chile, el cual establece que solo puede ser sometido a los procesos penales que son objeto de dicha sentencia y sus dos ampliaturas. Además agregó que tenía problemas de salud.
Cabe recordar que el caso ha tenido 2 investigaciones fiscales preliminares con 2575 denunciantes y ha sido archivado hasta en 4 ocasiones. La Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas Lima y Callao, Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas y activistas por los derechos de las mujeres vienen realizando una serie de manifestaciones públicas exigiendo al juez Rafael Martínez que resuelva abrir una investigación judicial cuando culminen las audiencias.

Testimonio de Victoria Vigo de Piura

Sin cifras oficiales

  1. El Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos registró hasta el 2018, más de 7 mil casos. 
  2. El propio Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar señala que se esterilizó a 272,028 mujeres y 22,004 varones.
  3. Un Informe del Congreso del 2002 estima que fueron 314,605 mujeres y 24,563 varones. 

la antígona

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