Por Albinson Linares y Maricruz Gutiérrez para Telemundo
Diversas organizaciones alertan por el incremento de las consultas y las personas que reciben desde Estados Unidos, luego de la anulación del fallo Roe v. Wade. “Es un mundo diferente y creemos que la demanda puede seguir creciendo”, dice una activista.
A primera vista solo parece la pequeña azotea de una casa ubicada en Monterrey, Nuevo León, a dos horas de la frontera con Estados Unidos. Es un espacio pequeño, con cocina y baño, llamado La abortería y se ha convertido en un reducto de esperanza para decenas de mujeres y personas gestantes, tanto de México como de Estados Unidos, que han decidido interrumpir su embarazo con el uso de medicamentos.
«Hay que hablar del aborto como una decisión responsable. El aborto es una decisión amorosa y segura, además es un procedimiento médico sencillo», explica en una entrevista con Noticias Telemundo Vanessa Jiménez Rubalcava, una de las fundadoras de este espacio en el que se apoya a las personas que necesitan un espacio seguro para poder realizar el proceso de aborto inducido con medicamentos.
La abortería cuenta con 17 personas que mensualmente asesoran y acompañan los procesos de aborto inducido con medicamentos de unas 500 mujeres, además forma parte de la red Necesito Abortar México, un proyecto creado hace seis años para apoyar a las personas que necesitan orientación sobre este tema.
«Se trata de brindar como todas las herramientas emocionales, físicas, económicas para que las mujeres vivan un aborto de manera digna», explica Ileana Sandoval, una mujer que se ha sometido a dos procedimientos con el acompañamiento de esta red y que ahora forma parte del proyecto.
Este espacio de asesoría es el primer lugar público en México que se ha creado para estos fines y, paradójicamente, está ubicado en Nuevo León, un estado donde el aborto todavía es un delito pese a que la Suprema Corte de México declaró que es inconstitucional criminalizar a quienes se someten a ese procedimiento.
«Nosotras seguimos los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y por la Secretaría de Salud de México. Usamos mifepristona y misoprostol como lo especifican ambas instituciones tanto en los casos que ya van por la semana 12 o 14, y después de ese periodo, para que sea seguro. Acompañamos esos procesos, tanto presencialmente acá en La abortería, como a través de llamadas y mensajes de texto o WhatsApp», afirma Sandra Cardona, miembro de la red.
Cardona y Jiménez coinciden en que, desde antes de la revocación de Roe v. Wade, comenzaron a detectar un aumento de la afluencia de personas que las contactaban desde Estados Unidos. La reciente decisión de la Corte Suprema desencadenó que, en cuestión de horas, 13 estados prohibieran o limitaran inmediatamente el acceso al aborto mientras se espera que otros lo hagan en las próximas semanas.
«Antes solo hablaba como con dos o tres personas de Estados Unidos al año, pero desde marzo nos escriben al menos siete o diez por semana. Es un mundo diferente y creemos que la demanda puede seguir creciendo», asevera Jiménez Rubalcava.
Mujeres activistas a favor del aborto realizaron una protesta frente a la embajada de Estados Unidos, en Ciudad de México, el 29 de junio de 2022.Sáshenka Gutiérrez / EFE
Profem, una organización médica especializada en la Interrupción Legal del Embarazo en México, dice que el 25% de su clientela proviene de Estados Unidos. En Monterrey, las personas que viajan desde Estados Unidos adquieren los medicamentos que tienen un costo que va desde los 20 hasta los 150 dólares, pero en La abortería pueden ser gratuitos.
Las activistas mexicanas afirman que casi todas las personas que buscan ayuda usan medios como las redes sociales para contactarlas y, en muchos casos, tienen más de seis semanas de embarazo. Además, es frecuente que les expresen el miedo que sienten por lo que les pueda pasar legalmente al regresar a sus casas en Estados Unidos.
«Intentamos que cada una viva el aborto de la manera más digna posible. Recuerdo el caso de una chica de Texas que su médico la quería mandar a otro estado que estaba como a diez horas de camino, pero ella prefirió viajar a Monterrey que son solo dos horas y media, además tenía familia acá. Vino con su mamá, estuvimos platicando y resolviendo todas esas dudas y todo salió muy bien. De hecho, cuando regresa a Texas, me dice: ‘Y ahora cómo le digo a mi ginecólogo, porque él sabía que yo estaba embarazada. Tengo mucho miedo’. Y le pedí que dijera la verdad, que se hizo el aborto a las cinco semanas que es lo legal en Texas y así fue. Pero sí son nuevas situaciones difíciles», asevera Jiménez Rubalcava.
Con la decisión que anula Roe v. Wade muchas clínicas ubicadas cerca de la frontera con México, esperan un aumento dramático de pacientes. En septiembre, una ley de Texas prohibió los abortos después de la sexta semana de embarazo. Antes eran permitidos hasta la semana 20.
«Sobre todo vienen de East Texas de las grandes ciudades. Llegan 100 pacientes más cada mes, 250 cada mes», explica el doctor Franz Therad, director de Women’s Reproductive Clinic en Nuevo México, en una entrevista con Noticias Telemundo. Este centro médico es una de las pocas clínicas de abortos que aún quedan a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.
Las leyes restrictivas que han sido aprobadas en estados como Texas, Oklahoma o Idaho, entre otros, han hecho que la demanda de servicios reproductivos en lugares como Colorado se haya incrementado notablemente.
«Estamos dedicados a proteger el bienestar de quienes necesitan servicios de salud. Hemos visto un aumento bastante grande de las personas que vienen de otros estados buscando acceso al aborto, hoy en día el 50% de las personas que se someten a estos tratamientos en Colorado viene de afuera del estado», dijo Julie Gonzales, senadora estatal de esa entidad.
«Nos preocupa bastante lo que sucede en EE.UU.»
La reciente decisión del máximo tribunal estadounidense, que anuló el derecho constitucional al aborto después de casi medio siglo, ubica a Estados Unidos como uno de los países donde las restricciones de ese procedimiento médico se incrementan de manera activa.
«El caso de Estados Unidos es un ejemplo de que los derechos de las mujeres nunca pueden darse por sentado, ni siquiera en el norte global. Son derechos que permanentemente hay que estar defendiendo y hay que hacer acciones permanentes para evitar cualquier tipo de retrocesos», afirma Cristina Rosero, asesora legal sénior del Centro de Derechos Reproductivos.
En todo el mundo las mujeres deben sortear una serie de leyes, normas legales y procedimientos sanitarios que no son uniformes, sino que varían de acuerdo a cada país, cada sistema de justicia o los lineamientos de las autoridades de salud.
Durante los últimos 25 años, la tendencia global ha sido hacia la liberación de las leyes de aborto y recientemente grandes países de América Latina han dado pasos muy importantes en esa dirección como son los casos de las tres naciones con más población: Argentina, México y Colombia.
A pesar de esto, esa región sigue siendo una de las que poseen mayores restricciones al aborto en el mundo. Países de Centroamérica como Honduras, El Salvador y Nicaragua penalizan totalmente el aborto, lo que tiene graves consecuencias debido a las violaciones continuas a los derechos de las mujeres y personas gestantes obligándolas a recurrir a procedimientos inseguros y peligrosos, además de criminalizar a las que sufren emergencias obstétricas.
«Lamentablemente, por no tener asistencia médica inmediata, perdí a mi bebé. Además casi me muero y luego fui a parar a la cárcel. Ese es el sufrimiento que nos toca a las mujeres, nosotras somos las que pagamos las consecuencias de estas leyes tan injustas», asevera Teodora del Carmen Vásquez, activista salvadoreña que duró casi 11 años en prisión luego de sufrir la pérdida de su hijo.
Aunque los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres han logrado la liberación de 65 mujeres que estaban detenidas en El Salvador, aún quedan cuatro en prisión, y la condena más reciente sucedió hace mes y medio.
«Nos preocupa bastante lo que sucede en Estados Unidos porque es un mal ejemplo, no nos gusta que lo que pasa aquí se replique en otros países. Eso nos perjudica porque, independientemente del país que sea, las mujeres tendríamos que ser libres de las decisiones que queremos tomar para ser madres o no», asevera Vásquez.
Luego están países donde el aborto está permitido cuando se pone en riesgo la vida de la persona gestante, como es el caso de Chile, y en otras naciones se incluye esta causal y muchas otras como son los casos de violaciones, incesto o inviabilidad del feto pero varían dependiendo de las legislaciones nacionales. En esta categoría entran países como Costa Rica, Ecuador, Perú, y Bolivia, entre otros.
«Tenemos una oleada interesante en varios de los países más representativos que se están dirigiendo hacia una despenalización cada vez más amplia del aborto y a comprender la importancia de que este asunto no se regule únicamente mediante los tipos penales, sino que también contemple la protección de este servicio de salud a través de normas con perspectiva de derechos humanos o desde unas normas sanitarias», explica Rosero.
Esa marea verde, como se le conoce a los movimientos en defensa del derecho al aborto por el color de los pañuelos y las banderas que enarbolan en sus manifestaciones, ha ocasionado una serie de importantes cambios legales en algunos de los países más influyentes de la región.
En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de México decidió por unanimidad que penalizar el aborto era inconstitucional. Desde entonces, cinco estados más se han movilizado para legalizar los abortos. Meses después, la Corte Constitucional de Colombia dictaminó que el aborto ya no era un delito.
Ambos fallos siguieron a la legalización del aborto por parte del Congreso de Argentina en 2020, lo que significa que tres de los cuatro países más poblados de América Latina han aceptado el derecho al aborto en los últimos años.
Sandra Cardona, una de las fundadoras de ‘La abortería’ en Monterrey.Noticias Telemundo
«Para poder lograr los avances de Colombia y México, sin duda, la movilización ha sido un punto clave. Al menos se ha detenido un poco la criminalización de las mujeres, la persecución por este tema y se ha empezado a hablar más allá del estigma, pero queda un largo trecho por trabajar», afirma Rosero, la experta legal del Centro de Derechos Reproductivos.
Activistas como Laura Salomé Canteros ven los procesos de despenalización o legalización del aborto como parte de la reivindicación universal de los derechos humanos, un movimiento que en países como Argentina está muy ligado a la caída de la dictadura y el advenimiento de la democracia.
«Nosotras trabajamos muchísimo desde una mirada popular, fomentamos esto que llamamos la despenalización social para cambiar primero a la sociedad. La verdad que el derecho al aborto es la soberanía sobre el cuerpo, sobre las decisiones y sobre la vida, por eso logramos manifestaciones con centenares de miles de personas de todas las edades», afirma Canteros.
En Argentina, la ley 27,610 legalizó en 2020 el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo estableciendo que todas las personas con capacidad de gestar tienen derecho a acceder al aborto hasta la semana 14. Sin embargo, las mujeres cuyos casos entran en las causales de «riesgo para la salud o vida de la mujer o violencia sexual» pueden abortar sin límite de tiempo.
«Lo de Estados Unidos es un retroceso bárbaro, sinceramente. Pero también es una oportunidad para organizarse y luchar de forma interseccional, porque para eso están las vías judiciales, legislativas y ejecutivas. Ahí hay un llamado de atención para el Partido Demócrata en las próximas elecciones», asevera Canteros.
«Ninguna se debe quedar atrás»
A pesar de los cambios recientes, no todos en México apoyan el derecho al aborto. Siendo un país con una población mayoritariamente católica —un 77.7% profesa esa religión, según el censo de 2020— existen diversas organizaciones que condenan el acceso a este procedimiento.
«Cuando la mujer decide abortar está atentando contra una vida. Nosotros proponemos políticas de prevención, educación y anticonceptivos incluso (…) Nosotros buscábamos que se promoviera la objeción de conciencia para que los médicos se pudieran abstener, pero no está vigente. Este turismo proabortivo viene en cascada, viene masivo y no hay restricciones», afirma Juan Manuel Alvarado, miembro de la asociación civil Familias Fuertes Unidas por México.
Activistas como Sandra Cardona están acostumbradas a escuchar las críticas y los reclamos de los sectores más conservadores de la sociedad mexicana. De hecho, en muchos casos formaron parte de esa tendencia antes de dedicarse por entero a la defensa de los derechos de las mujeres.
«Yo también fui de esas personas cerradas porque, cuando era adolescente, levantaba firmas para que se criminalizara a las mujeres por abortar. Primero que nada los comprendo, pero lo que les digo es que esa decisión es de cada mujer, de cada persona con capacidad de gestar. Nosotros no tenemos por qué decidir sobre los cuerpos de otras mujeres«, explica Cardona.
Una red de personas voluntarias, con miembros en México y Estados Unidos, se apresta para asesorar y atender las dudas de quienes desean practicarse un aborto, según los cálculos de estas organizaciones ya han atendido a unas 1,700 personas en lo que va de año.
Han establecido alianzas transfronterizas y bancos de medicamentos en diversas regiones estadounidenses para atender la gran demanda de información y fármacos que ha generado la decisión de la Corte Suprema.
«Aquí estamos nosotras, no están solas. Ninguna se debe quedar atrás y no deben existir mujeres sin derechos que es lo que están queriendo hacer en Estados Unidos. No hay mujeres de segunda, no es posible que en México ya tengamos estos avances y allá vayan para atrás», afirma Cardona.
La periodista Morgan Radford colaboró en este reportaje.