Por Leticia Alvarez
En un contexto crítico a nivel social y político que vive el Perú, es indispensable resaltar la importancia de tener justicia social en un gobierno convertido en dictadura.
El pasado 20 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Justicia Social en medio de una convulsionada crisis sociopolítica en el país y, con ello, nuevamente se reitera la importancia de preservar tanto el desarrollo como la justicia social para mantener la paz y seguridad de las naciones, así como también es indispensable un crecimiento económico de base amplia y sostenido en un contexto de desarrollo sostenible, según la Asamblea de las Naciones Unidas.
Pero, ¿qué se entiende por justicia social? De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es aquel “principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro de una nación”, por lo que su propósito más importante es alcanzar un reparto equitativo de los bienes sociales para asegurar la dignidad de todas las personas. Por esta razón, conforma uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y es parte de la Agenda 2030, con la finalidad de lograr un desarrollo basado en objetivos comunes con metas integradas.
Sin embargo, estos objetivos y propósitos no se aplican en la práctica al Perú, por lo que, en consecuencia, el panorama no es nada alentador. Esto debido a que un requisito esencial para que se cumpla lo planificado en la Agenda 2030 es lograr la igualdad, es decir, cuando en un estado todos sus ciudadanos sin distinción alcanzan en la práctica la realización de sus derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), lo cual no sucede en nuestro país.
De acuerdo a una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el 2021 sobre la pobreza monetaria, esta registró un 25,9% a nivel nacional, teniendo en cuenta los últimos periodos vividos por la pandemia del COVID-19 y la actual crisis social que atraviesa el país debido a la inestabilidad política que se arrastra desde el 2016.
Esto es aún más desalentador en las zonas rurales,que han sido el escenario principal de manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte, el cual se duplica y supera con creces el promedio nacional en un 39%. Asimismo, es importante precisar que, en las regiones del sur del país como Ayacucho, Huancavelica y Puno, las cifras de pobreza oscilan entre 36,7% y 40,6%, lo cual implica que en estos departamentos, los gastos de los peruanos son insuficientes para cubrir las necesidades básicas como alimentación, vestimenta, salud, educación, etc.
De esta manera, todos estos datos son alarmantes y demuestran el prolongado abandono del Estado a las necesidades y pedidos de las regiones durante siglos, los cuales ahora son las principales consignas de las protestas iniciadas hace 2 meses y que lamentablemente, han causado la muerte de más de 60 personas que sólo marchaban por causas justas y legítimas.
