Por Karina Rodríguez
Las recientes cifras indican que al menos el 46,39 de los acosadores forman parte del personal educativo. Fotografía: Vice.
“Recuerdas que yo te violé en el primer momento y lo volvería a hacer otra vez. No les tengo miedo a tu hermano, ni a tus hermanas. Si quieren, denúncienme. No les tengo miedo”, fueron las palabras que la víctima de Neil Oliver Taish Petsa, narró según un documento fiscal compartido por Perú 21. El mencionado docente fue denunciado por acoso sexual contra sus propias alumnas del colegio Chapiza, ubicado en la provincia de Condorcanqui, en la región de Amazonas.
En todo el país, desde septiembre de 2013 hasta mayo de 2024, se registraron 8,467 casos de abuso sexual contra estudiantes, cometidos por miembros del personal de instituciones educativas. Cifras espeluznantes que nos llevan a cuestionar lo que se está haciendo desde los diversos poderes del Estado para evitar que más víctimas deban convivir con sus agresores.
En el año 2023, la parlamentaria Marleny Portero (Acción Popular) fue la encargada de presentar un proyecto de ley N° 5762/2023-CR, que busca que las diversas instituciones educativas puedan prepararse ante eventuales casos de violencia sexual, además de otorgar atención tanto a niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de abuso.
En el Perú se propuso una ley que buscaba que los colegios implementen mecanismos para enfrentar casos de violencia sexual sin embargo no fue aprobada. Fotografía: Diario El Cordillerano.
El proyecto en mención, comprende 11 artículos, los cuales buscan establecer el fortalecimiento de las capacidades en los docentes y personal, aportar herramientas a los estudiantes para que se les pueda facilitar su protección, defensa, y detección, con el objetivo de evitar más casos de violencia sexual.
Además, busca la creación de buzones físicos y electrónicos que faciliten a los escolares colocar sus denuncias anónimas para que posteriormente sean identificadas por las autoridades y otros entes de gran relevancia. La idea es brindar herramientas y facilidades para que nadie calle un caso que atente contra su integridad.
Del mismo modo, establece un protocolo para la atención de las víctimas que asegure una atención integral, proteja su identidad, haga el seguimiento adecuado y asigne una responsabilidad a las distintas autoridades y organismos del Estado, con el fin de emitir una sanción y, sobre todo, garantizar el bienestar del agraviado.
“Nuestro principal interés es la protección del menor, pero también que estos casos no queden impunes y que los responsables se refugien en los vacíos legales para salvar su culpabilidad. Necesitamos escuelas seguras para nuestros niños, niñas y adolescentes”, se lee en el Portal del Congreso de la República.
Por su parte, el Ejecutivo presentó en el 2023 un proyecto de ley destinado a evitar la prescripción de los procesos administrativos en casos de abuso sexual, sin embargo,la propuesta no sería prioridad de los parlamentarios pues no ha sido debatida en el Congreso, lo que evidencia la poca preocupación que tienen por ayudar a un grupo que forma parte de las personas más vulnerables.
En la región La Libertad, por ejemplo, según el más reciente reporte del diario Correo con datos del portal SiseVe del Ministerio de Educación, en los primeros 7 meses del año de 2023 se registraron 373 denuncias por distintos tipos de agresiones, de estos 173 fueron físicos, 114 psicológicos y 56 de tipo sexual. Si bien es cierto de estos 226 fueron realizados por los mismos estudiantes, 147 lamentablemente fueron cometidos por el mismo personal que trabaja en los centros educativos.
Ahora, en lo que va del 2024 las cifras han ido en aumento. Se han reportado 179 denuncias por violencia física, 158 ataques psicológicos y 79 ultrajes sexuales (tocamientos, actos de connotación sexual o libidinosos, hostigamiento, violación, acoso, violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos y acoso sexual a través de medios tecnológicos). Esto nos hace notar que el peligro, cómo inicialmente se creía,no solo está en las calles, sino también en las mismas escuelas.
“Él la ha llamado para que vaya a su cuarto a sacar chalecos, de ahí la hecho pasar y ha cerrado la puerta. La ha abrazado, besado y ahí la ha tenido. También le ha invitado a una gaseosa según dice ella, pero luego ha venido de sueño”, fue parte del relato de un padre de familia, del caserío Buena Vista, distrito Chugay, en la provincia de Sánchez Carrión, difundido por el medio digital Noticias Huamachuco. En el clip denunciaba al docente Eber Olaya de presuntamente haber abusado de su hija de 13 años. El desconcierto y la preocupación lo motivaron a recurrir a la prensa de su localidad en busca de ayuda.
Otro problema que agrava está situación, es la carencia de secretarios técnicos de procedimientos administrativos en los colegios. Ya que muchos casos quedan impunes y los agresores siguen siendo un peligro para otros estudiantes. Ante ello, la presidenta de la Comisión de Educación de La Libertad y consejera por la provincia de Pacasmayo, Olanda Torres, ha iniciado concretado una alianza con el programa Aurora para hacerle frente este problema.
“Las coordinaciones que se vienen realizando entre programa Aurora y Ugel Pacasmayo, es para que se realicen capacitaciones preventivas en las instituciones educativas, además de incentivar a que puedan denunciar este tipo de conductas y conocer también cuál es el flujo regular. Por ejemplo, ante quién se interpone la denuncia, que asistencia tiene, que derechos tienen, ante quien se denuncia. Eso más que todo, para fortalecer a cada escuela educativa”, comentó brevemente para La Antígona.
Esta iniciativa debería replicarse en más provincias y regiones del país. Pues según se conoció, planean involucrar a la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque cada una de estas instituciones gestiona sus propias estadísticas de casos y sigue sus propios protocolos. Mientras tarden en presentarse más iniciativas de apoyo hacia los niños, niñas y adolescentes, ellos tendrán menos oportunidades de denunciar el mal accionar no solo de sus propios docentes, sino también de otros integrantes del plantel educativo que seguirán haciendo de las suyas ante la sombra de la indiferencia de las autoridades.
