El Salvador: los casos de Manuela y Sara y cómo la prohibición total del aborto atenta contra las más pobres

El Salvador: los casos de Manuela y Sara y cómo la prohibición total del aborto atenta contra las más pobres

Por: Albinson Linares y Eulimar Nuñez 
Noticias Telemundo
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Foto: El Mundo

La criminalización del aborto en este país centroamericano ha ocasionado que muchas mujeres de bajos recursos con emergencias obstétricas terminen en la cárcel. Esta semana se llevaron a cabo dos audiencias ante la Corte IDH por el caso de Manuela, quien falleció en 2010 en prisión, y este lunes se presentará ante un juez la demanda de Sara, que lleva nueve años presa y puede ser declarada.

Manuela ni siquiera pudo caminar hasta el hospital. Sus familiares tuvieron que envolverla en una hamaca y trasladarla como pudieron hasta el centro de salud ubicado a dos horas de su casa en una zona rural de las afueras de San Salvador. Estaba desmayada, la hemorragia le impedía moverse ese 27 de febrero de 2008. Momentos antes había sentido un fuerte dolor en la pelvis que la hizo correr a la letrina de su casa, donde sufrió una emergencia obstétrica y expulsó el feto que llevaba en su vientre. 

Un día después fue detenida, mientras se encontraba hospitalizada. El Estado salvadoreño fue demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de violar los derechos de Manuela, una mujer muy pobre que no sabía leer ni escribir. Esta semana, la Corte IDH realizó una audiencia para tratar su caso y las circunstancias de su arresto, que se produjo “rompiendo con el espíritu del carácter excepcional de la detención en flagrancia”.

Manuela es una salvadoreña que fue sentenciada a 30 años de prisión después de presentar una emergencia obstétrica y perder a su bebé. Fue señalada de abortar y la esposaron mientras seguía en el hospital. La acusaron de homicidio agravado. Esta semana en San Salvador se realizaron concentraciones a favor de que se haga justicia en su caso. – Foto: Marvin Recinos/AFP vía Getty Images

La historia de Sara es similar. También fue esposada a la cama de un hospital, después de que sufrió una emergencia obstétrica cuando se resbaló y se golpeó mientras lavaba ropa. Estaba sola en su casa y perdió mucha sangre antes de recibir ayuda.

Tras ser acusada de haberse practicado un aborto, la fiscalía se presentó, cambió los cargos para señalarla de homicidio agravado y condenarla a 30 años de prisión. Este lunes 15 de marzo se llevará a cabo una audiencia en la que el juez puede determinar si la nueva evidencia que se presente es suficiente para declararla inocente y dejarla en libertad.

El lunes 18 se celebró una audiencia para analizar el caso de Sara, las organizaciones feministas lo vieron como una oportunidad para condenar la criminalización del aborto y las emergencias obstétricas. Foto: Women’s Equality Center

“La historia de Manuela puede ser la de Sara si no hacemos algo para tratar de sacarla de la cárcel. Es un caso muy triste y conmovedor pero es la misma historia del resto de las mujeres que siguen detenidas en la cárcel. Lleva nueve años presa y la última vez que la vimos, no estaba en el mejor estado ni físico ni emocional ni de salud”, asegura la abogada de derechos humanos Paula Avila-Guillen, directora ejecutiva del Women’s Equality Center (WEC) en entrevista con Noticias Telemundo.

“Su caso tan triste nos demuestra por qué tenemos que seguir peleando por las mujeres que están en la cárcel y le puede servir de llamado a El Salvador para que haga lo correcto”. 

Los detalles del caso de Manuela y cómo se violaron sus derechos

Al llegar al centro médico, la doctora que atendió a Manuela en 2008 la interrogó de manera inclemente. Mientras Manuela literalmente se desangraba, la médica le preguntaba sobre su vida sexual e insistía en saber qué se había hecho. 

“Este tipo de interrogatorios tratan de buscar algo como criminal, ¿no? Porque su historia clínica está marcada por cuestiones de juzgamiento (…) como que no le creen lo que está diciendo”, dijo el doctor Guillermo Ortiz, médico ginecobstetra que trabajó en el peritaje de este caso, durante la audiencia celebrada el 10 de marzo ante la CIDH.

Tardaron tres horas antes de atenderla y de inmediato, el personal médico denunció que había abortado. En medio del delirio de su gravedad, Manuela estuvo esposada a una camilla durante siete días, los policías y el personal sanitario que la vigilaban la insultaban y la denigraban. Los médicos se concentraron tanto en su supuesto aborto que no vieron unas masas que tenía en el cuello y que más tarde, estando presa, resultaron en un diagnóstico de cáncer, linfoma de Hodgkin.

Manuela fue sentenciada a 30 años de prisión por homicidio agravado poco después de ser detenida. En El Salvador, que tiene algunas de las leyes más restrictivas del mundo en materia de aborto, las sentencias pueden llegar a los 50 años de prisión. Se calcula que entre los años 2000 y 2019, 181 mujeres sufrieron emergencias obstétricas y fueron criminalizadas por supuestos abortos o el cargo de homicidio agravado.

Manuela nunca pudo recuperarse. En prisión adelgazó 13 kilos y no recibió a tiempo la quimioterapia que necesitaba para tratar su cáncer. El 30 de abril de 2010 falleció.

“No se sabe si es por el linfoma o no que ella pierde el embarazo, pero pudo estar relacionado. A Manuela le niegan el tratamiento médico y muere en la cárcel dejando dos hijos huérfanos. Su caso llegó a la Corte Interamericana porque no hubo justicia en El Salvador. No se reconoce que murió dentro de una cárcel sin recibir la atención médica que ella necesitaba”, explica Avila-Guillen a Noticias Telemundo.

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El caso de Manuela se ha convertido en un símbolo de la desigualdad y las adversidades que deben enfrentar las mujeres en países como El Salvador. Decenas de activistas acudieron a la audiencia de su caso esta semana ante la CIDH; otros se conectaron por videoconferencia. Foto: AFP via Getty Images

La larga búsqueda de justicia

“No logro entender en qué momento pasa de ser una emergencia médica, como es el caso de Manuela, a un crimen. No lo logro conectar. ¿Cómo se puede establecer un vínculo de criminalidad en una mujer que se encontraba muy, muy enferma en el momento del parto e incluso se desmaya?”, dijo Ortiz, consternado, en una de las videoconferencias de esta semana frente a varios jueces de la CIDH.

Los familiares de Manuela, cuyo nombre verdadero no se ha divulgado para respetar su privacidad, siguen buscando justicia trece años después. 

“Vemos que Manuela solo cuenta como ente reproductor, todo lo demás no es importante. Agentes del servicio penitenciario veían que tenía dolores y al pasar decían ‘está penando por lo que hizo’. Es una suerte de castigo moral (…) Además, la pena de 30 años es totalmente desproporcionada”, señaló Laura Clérico, doctora en Derecho, que también estuvo a cargo del peritaje del caso.

“Su caso alcanza el grado de tortura dado que es intencional, motivado por su género, procura la finalidad de perpetuar el estigma y refleja el máximo grado de severidad”, dijo durante la audiencia la parte demandante. “Fue condenada a 30 años y su versión jamás fue oída. Determinaron que era homicida porque consideraron que el feto había nacido vivo con base en una técnica no idónea para esa conclusión. El Estado no garantizó que se le brindara el diagnóstico y tratamiento”.

La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y el Centro de Derechos Reproductivos son las organizaciones que formularon la demanda que intenta que el Estado salvadoreño reconozca los abusos y las violaciones a los derechos humanos perpetrados contra Manuela y su familia. Las dos audiencias de la semana pasada fueron el punto culminante de un proceso largo y tortuoso que se inició en 2012 cuando la Corte IDH comenzó una investigación del caso, luego de que los familiares de Manuela agotaron las instancias nacionales.

En 2019, la comisión realizó un informe que enumeraba los múltiples abusos que se cometieron en el caso. Desde detención ilegal pasando por violaciones a derechos fundamentales como la presunción de inocencia, protección judicial y la salud, entre otros.

Manuela era una mujer cabeza de familia, en situación de pobreza, enferma de cáncer y luego privada de su libertad– fue sometida a discriminación y desprotección en razón de tres estereotipos de género, según lo explicó Carmen Martínez López, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, durante la audiencia sobre el caso.

Organizaciones feministas se manifestaron en Sal Salvador durante la celebración de las audiencias del caso de Manuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 10 de marzo de 2021. Foto: Getty Images / Getty Images

Manuela era una mujer cabeza de familia, en situación de pobreza, enferma de cáncer y luego privada de su libertad– fue sometida a discriminación y desprotección en razón de tres estereotipos de género, según lo explicó Carmen Martínez López, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, durante la audiencia sobre el caso.

1- Un estereotipo según el cual una mujer que tiene relaciones fuera del matrimonio es una inmoral, por lo que no merece un respeto a su integridad.

2- La creencia falsa según la cual la mujer siempre tiene la función máxima de sacrificarse en nombre de la reproducción, y que aún frente a la muerte debe privar un instinto materno. En este caso pese a perder gran cantidad de sangre, padecer de un cáncer y preeclampsia, Manuela no solo debía sobreponerse sino entender perfectamente qué le ocurría: la supremacía del instinto de madre.

3- Una mujer pobre no tiene agencia sobre lo que decida: no tiene valor su palabra. Se presume que su opinión es ignorante y su actitud es primitiva frente a la salud reproductiva.

La penalización absoluta: una forma de discriminación y violencia

“Esperamos que la corte destaque que el contexto de la penalización absoluta del aborto constituye una forma de discriminación, de violencia de género, que tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que facilita la criminalización o judicialización de los procesos reproductivos, incluyendo las emergencias obstétricas”, señaló Martínez López, del Centro de Derechos Reproductivos, en una entrevista con Noticias Telemundo.

Martínez López es optimista al respecto y cree que la corte debe aprovechar esta oportunidad para señalar la responsabilidad internacional de El Salvador. Esto sentaría un valioso precedente en la jurisprudencia de toda la región, pues las decisiones de la corte pasan a formar parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, reconocido por al menos 25 países.

“Los Estados deben prevenir la persecución penal de mujeres que sufren emergencias obstétricas y trabajar en la reparación del daño a las que han sido detenidas, y condenadas arbitrariamente por sufrir ese tipo de complicaciones”, asevera la experta.

“En el caso de Manuela, se escucharon los testimonios de los expertos y lo que los demandantes le están pidiendo a la corte es que condene al Estado de El Salvador por violaciones de derechos humanos en contra de Manuela, y que cumpla medidas individuales para reparar a las víctimas y también de no repetición: qué puede hacer el Estado para evitar que más situaciones como éstas sigan sucediendo”. 

Más historias similares y emblemáticas

Otro de esos casos es el de Teodora del Carmen Vásquez, una mujer salvadoreña que sufrió una muerte fetal en el último mes de su embarazo y también fue condenada a 30 años de cárcel. Su historia se volvió emblemática.

A diferencia de Manuela, Vásquez logró ser liberada en 2018 luego de pasar casi 11 años en prisión y ahora dedica su vida a la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres y su reinserción social después de pasar por los centros penitenciarios.

“No nos dan trabajo por los antecedentes penales, es muy difícil. Además, hay complicaciones de salud y problemas psicológicos porque muchas veces los familiares piensan que cuando uno sale de la cárcel se acabaron todos los problemas, pero realmente en ese momento empiezan otras cosas importantes”, explicó Vásquez en una entrevista con Noticias Telemundo.

A sus 37 años, ella asegura que se siente “renacida”. Ahora estudia una licenciatura en Comunicación y publicidad y se ha convertido en una exitosa activista de Mujeres Libres de El Salvador, una organización que aboga por la liberación de todas las salvadoreñas condenadas por la criminalización del aborto. Con orgullo dice que ya han logrado la libertad de 44 mujeres; todavía quedan 20 en el sistema penitenciario.

Durante su larga estadía en prisión, Vásquez conoció a Manuela. “Como toda mujer que llega a una cárcel, ella tenía la ilusión de salir libre. Siempre demostró amor y cariño para sus hijos. Lamentablemente se murió, pero se ha convertido en un símbolo para nosotras”, señaló.

El 7 de marzo pasado, más de 5,000 mujeres salieron a protestar antes del Día Internacional de la Mujer en San Salvador. Según las estadísticas de organizaciones no gubernamentales y medios noticiosos durante 2020 se registraron al menos 130 feminicidios y 541 mujeres están desaparecidas. Se calcula que cada 18 horas desaparece una mujer en el país.

“Mi sueño es que a través de la lucha que estamos haciendo logremos tener un cambio de legislación y que se logre que ya no penalicen a las mujeres por los abortos. Estamos seguras de que hemos sembrado una semilla y, aunque ahora no se vea, en otro momento las generaciones futuras lo van a cosechar. Y para mí, pues eso es lo más importante”, dijo Vásquez.

El caso de Sara: ¿qué se va a discutir?

“Si el Estado salvadoreño no hace nada en el caso de Sara, tememos que le pase lo mismo que a Manuela. Su familia nunca fue la misma. Esta es una ley que destruye familias, ella lo único que quiere es volver a estar con sus papás”, agrega Avila-Guillen, quien la conoció en la cárcel. “Ella estaba muy emocionada de ser mamá. Ella todavía está sufriendo el duelo de su pérdida”.

Estaba previsto que el 15 de marzo se celebrara una audiencia en el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, una ciudad de la región central de El Salvador, para determinar si un conjunto de nuevas pruebas eran suficientes para probar su inocencia y lograr que fuese liberada. Pero la audiencia se pospuso y los grupos de derechos humanos han exigido, sin éxito, que se anuncie la nueva fecha.

“Espero que el juez tenga la objetividad para ver la evidencia y entienda que un accidente no puede condenar a una niña a 30 años de cárcel, no puede destruir a una familia entera. Espero que vea este caso desde la luz de la justicia y no de sus prejuicios personales”, sostiene Avila-Guillen.

“La única forma de evitar que la historia de Manuela se repita es que se ponga en libertad a todas las mujeres. Los comités de Naciones Unidas han determinado que se trata de detenciones arbitrarias, sabemos que existe un patrón sistemático, que no se tengan que morir en las cárceles para lograr justicia, ya existe el precedente de Manuela y la única forma de evitarlo es poniéndolas en libertad y que dejen de criminalizar a las mujeres por emergencias obstétricas”, asevera Avila-Guillen.

“Nayib Bukele no tiene excusas para que El Salvador avance. El 1 de mayo el presidente tendrá la mayoría calificada en el Congreso, entonces si la voluntad de su partido es proteger la vida y la salud de las mujeres, tiene todas las herramientas en sus manos para permitir que al menos sea permitido (el aborto) en algunas excepciones en El Salvador y que se deje de criminalizar a las mujeres que sufren emergencias obstétricas. A diferencia de otros momentos y contextos, aquí sólo depende de él. Él tiene la coordinación política de su partido”, concluye la activista.

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