Por Mya Sánchez y Zoila Antonio Benito
Alixe Sánchez tenía la vida que había planificado. Había seguido su pasión y estudiado periodismo, trabajaba en un canal de televisión en su natal Caracas y contaba con muchos años de experiencia en su carrera. Quería ser docente universitaria y soñaba con estudiar eventualmente un posgrado. A los 39 años parecía haber alcanzado una estabilidad digna de admirar. Pero en el 2018, se convirtió en una de las más de 5.9 millones de personas venezolanas que huyeron de la grave crisis humanitaria, de las que, actualmente y según Migraciones, más de un millón se encuentra en Perú.
Ella ya conocía este país. Además, el idioma era el mismo y la situación económica, mejor. Pasó siete días viajando por tierra rodeada de sus amigos. Sabía bien que ser una mujer transgénero la colocaba en una situación de vulnerabilidad particular. Llegar sana y salva parecía ser otra señal de buen augurio sobre su futuro aquí. Pero la realidad le explotó en la cara. Necesitaba trabajar para sobrevivir.
Qué difícil ser formal
“Migró mucha gente profesional. Para nosotros era muy beneficioso porque nos daba legalidad y la posibilidad de trabajar en la formalidad porque en Venezuela estamos acostumbrados a eso”, explica Nurys Morin, coordinadora de las áreas de Integración, Atención Psicoemocional y Vulnerabilidad en la ONG Veneactiva. Recordemos que Perú fue uno de los primeros países en la región en dar la bienvenida a los migrantes venezolanos al activar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP).
No obstante, con el paso del tiempo las exigencias empezaron a aumentar. Desde agosto del 2018, el pasaporte se convirtió en un requisito para ingresar al país. Posteriormente, desde junio del 2019, se añadió como condición la visa humanitaria, medida por la que los venezolanos se convirtieron en los únicos ciudadanos sudamericanos en necesitar visa para entrar a Perú.
Pero la realidad dista de lo legal. “La verdad es que se ha estado entrando por trochas, porque para acceder a una de esas modalidades el pasaporte tenía que estar vigente y eso es casi imposible en Venezuela”, indica Morin. Acertadamente, en octubre del 2020 el Estado peruano activó el Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), con el cual cualquier migrante, cuyo plazo de permanencia había vencido o que había ingresado de manera irregular hasta el 22 de ese mes, podía regularizar su situación migratoria.
Al cumplirse un año del PTP o durante la vigencia del CPP, los migrantes pueden optar por el cambio de calidad migratoria para obtener residencia y, por tanto, un carné de extranjería. Es así que solo existen tres vías para trabajar de manera formal en nuestro país: el carné de solicitante de refugio, el PTP o CPP, y el carné de extranjería. Sin embargo, el elevado costo de los trámites dificulta su realización. Por ejemplo, solo para conseguir el CPP se debe pagar S/ 47.30, y para tramitar el cambio de Calidad Migratoria, S/ 162.50.
Por si fuera poco, las resoluciones que suspendían el cobro de multas de parte de Migraciones durante el estado de emergencia fueron derogadas en agosto. “Cuando vencen los permisos temporales, la multa es de S/ 4.40 por día, pero cuando vence la residencia, asciende a S/ 44 diarios”, precisa Morin. “Díselo a alguien que gana 12 soles ocasionalmente”, protesta Alixe, quien después de mucho esfuerzo, tendrá su carné de extranjería en las manos pronto. “Lo que una persona cisgénero puede lograr en tres meses, yo lo he conseguido en casi tres años”, añade.
Consultamos sobre estas multas a Francisco Ríos, gerente general de la Superintendencia Nacional de Migraciones. “Si no hay para pagar, se puede solicitar calificación por vulnerabilidad. Toma 30 días una vez ingresada la solicitud. Se puede hacer a través de la agencia digital, pero debes tener paciencia porque hay sobrecarga de trabajo”, afirma.
Por su parte, Laura*, a diferencia de Alixe, no es una mujer trans y tampoco se fue de su país de origen por la crisis. Vino de Cartagena, Colombia en el 2019 por una oferta de trabajo que le hicieron a su ahora esposo. Pensó que aquí todo sería más fácil. Al ser su país parte del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la obtención del carné de extranjería le tomó solo un mes. Su siguiente meta era ejercer como psicóloga clínica aquí.
Para validar títulos obtenidos en Colombia, los ciudadanos de estados que tienen tratados suscritos al respecto con el Perú deben presentar su documento de identidad y su diploma original con la apostilla de La Haya, en caso de que su país sea parte de dicho convenio. Para los migrantes venezolanos, por ejemplo, obtener la apostilla para distintos documentos en su país de origen ha sido particularmente difícil debido a la dictadura. “Estamos cercenados de identidad para poder acreditar nuestros papeles”, expresa Morin.
Por ello, gracias al gobierno interino de Juan Guaidó, se activó en Perú la Embajada de Guaidó y con ella algunos mecanismos gratuitos para facilitar la legalización de títulos. No obstante, en la actualidad, la atención consular se encuentra suspendida luego de que Perú reestableciera relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro.
Para Laura*, por su nacionalidad, no fue tan difícil hacerlo. Sin embargo, las actitudes del personal de una universidad peruana a la que asistió la llevaron al llanto. “Hasta el día de hoy yo no soy psicóloga aquí”, lamenta ella. Asimismo, conseguir trabajo es enfrentarse a actitudes machistas de parte del personal en las entrevistas. “Me dijeron ‘¿Usted tiene esposo?’, y les dije ‘Sí, soy casada’. Luego me preguntaron ‘¿Y su esposo la deja trabajar?’. Me quedé asombrada”, menciona. Además, su carrera, como muchas otras, necesita de una habilitación a cargo de los colegios profesionales que, relata Morin, son costosos y colocan diversas trabas.
Todo esto, sumado a los S/ 325.10 que son necesarios para revalidar los títulos profesionales, coloca a los migrantes entre la espada y la pared. Por tal motivo, muchos de ellos optan por realizar labores ajenas a su profesión y al margen de lo legal. De hecho, de acuerdo con la Encuesta Población Migrante y Refugiada Venezolana en Perú realizada por la organización Equilibrium CenDe en septiembre, el 89% de venezolanos en Perú no ha convalidado sus títulos profesionales y el 79% no trabaja en algo relacionado a su profesión.
Aún cuando sí lo consiguen, las leyes peruanas dificultan la formalidad de la fuerza laboral migrante. Así, el Decreto Supremo Nº 014-92-TR establece que las empresas pueden contar con un máximo de 20% de trabajadores extranjeros. Además ellos no podrán percibir remuneraciones que superen el 30% del monto total pagado. En aquellas cifras no se incluye a los ciudadanos con cuyos países existe un convenio de reciprocidad laboral, como el Mercosur. Ese no es el caso de los venezolanos, pese a que resultan ser los principales migrantes en territorio peruano actualmente.
En la opinión de la abogada laboralista Ana Roque, la normativa del 20% no es coherente al contexto peruano actual. “La norma de contratación de extranjeros es del año 90. No está actualizada, sigue pensando que en nuestro país la cantidad de extranjeros es mínima, que sólo vienen para ciertas cosas y no considera que estamos en un ambiente de globalización donde ya entran personas de todos los países y una cantidad de migrantes enorme”, explica.
Si para un migrante es difícil trabajar legalmente y enviar remesas a su país de manera formal, la situación se agrava cuando entran a tallar factores de género. Dominic Orduz, hombre trans venezolano que llegó a Perú en 2018, aprovechó la carta de trabajo que obtuvo al iniciar su solicitud de refugio para conseguir empleo. El documento consignaba su nombre social. “Nunca pude firmar un contrato, porque al momento de hacerlo sí iba a revelar mi identidad y ya no me iban a contratar, entonces preferí trabajar sin beneficios”, cuenta.
Dominic no es el único que percibe estos tratos. Alixe, durante dos años y medio, ha pasado madrugadas enteras en mercados cargando cajas y limpiando locales, en pleno frío y bañada en tierra. A cambio, obtenía lo que llama “propinitas”, que no superan los 15 soles o a veces promesas de pagos que nunca llegaban.
Al no acceder a derechos laborales básicos, estas poblaciones quedan mucho más expuestas a situaciones de explotación e injusticia. “Las personas que han notado mi necesidad me han puesto en jornadas más largas que las del común. Si la remuneración a los migrantes ya es mínima, a mí me pagan por debajo de eso”, manifiesta Alixe. Para ella, la supervivencia no era una opción, era la regla.
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Este contenido es parte de una cobertura colaborativa entre cinco medios —Distintas Latitudes (México), Morras explican cosas (México), La Antígona (Perú), La Andariega (Ecuador) y Revista Colibrí (Argentina)— de la Coalición LATAM, una iniciativa para impulsar el crecimiento de nuevos medios fundados por jóvenes periodistas. Este reportaje fue posible gracias al Fondo de Respuesta Rápida de Chicas Poderosas e Internews.
