F.M.P.S tenía tan sólo tres años. Su vida la había pasado entre niños del mismo hogar infantil, con una madre sustituta y una familia disfuncional donde ambos padres alcohólicos nunca cuidaron a ninguno de sus 4 hijos. Su caso, ha causado conmoción en la ciudad imperial que inicia el 2025 con más casos graves de abuso, acoso y asesinatos a mujeres, mientras que las autoridades continúan excusando sus nulas acciones y niegan actos negligentes.
Con el rostro desencajado pero sin emitir palabra alguna, Mauro Palomino Solis (50) y Ruth Sandra Ayma (29), se mostraron ante los asistentes a su lectura de prisión preventiva por nueve meses ordenada por El Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria, subespecializado en Violencia SNEJ – Cusco. La magistrada Yohanna Beny Gallegos Paucar tomó esta decisión ante la gravedad del caso.
En otro lugar de la ciudad, a algunos cuantos minutos, la tía materna y otros familiares lloraban al enterrar a una inocente pequeña, que se despedía entre la música de trabajadores que acompañaron el desolador panorama.
El caso de esta niña de tres años ha conmovido al Cusco por la crueldad que lo caracteriza. Y es que nadie comprende cómo fue que los principales guardianes de su bienestar pueden ser, ahora, acusados de haberle provocado la fatal tortura que la llevó a la muerte. Sí, sus mismos padres están siendo juzgados ante la ley y la sociedad cusqueña por la tortura, abuso sexual y posterior asesinato de F.M.
Sin embargo, la responsabilidad no sólo estaría con ellos. En la lista de los posibles responsables también se hallan los trabajadores y directivos de entidades del Estado y Gobierno Regional, tal es el caso de la Aldea Infantil Juan Pablo II y su -ahora- ex directora Carmen Alicia Tello Torres.
La última semana la funcionaria presentó su renuncia tras conocerse la noticia a nivel local y nacional. A pesar de que muchos relacionaron su fin de funciones debido al acontecimiento, ella sustentó que su decisión databa de hace mucho tiempo. El Gobierno Regional, hasta la fecha seguiría investigando el caso.
Por su parte, el defensor del Pueblo en Cusco, Oscar Luque, indicó que se dispuso la suspensión del equipo de profesionales que estaban a cargo de la devolución de la menor a su familia. «El curso de la investigación va a determinar a los responsables”, expresó.
Infancias en peligro
F.M, como muchas y muchos niñas y niños, había nacido en el seno de una familia disfuncional. Ambos padres tenían problemas graves con el alcohol. Sus tres hermanos y ella, por ende, se habían criado en casas sustitutas, las mismas que son manejadas y supervisadas por el Gobierno Regional del Cusco. La mayor de las hijas (15) hace poco tiempo había sido devuelta a su hogar, a pesar de que sus padres no habían abandonado el hábito de alcoholizarse sin remedio. El hermano del medio (6) fue devuelto meses después y finalmente la menor F.M (3) regresó con sus irresponsables padres.
¿Por qué los hijos fueron devueltos a sus padres, si ellos no presentaban mejoras en su conducta, economía y bienestar? Es una pregunta que hasta ahora cuesta responder.
Cuando se interrogó a Carmen Tello por el hecho, ella expresó que el ingreso y salida de los niños del albergue se da por disposición de una resolución, y que son otras entidades las que determinan estos procesos. Según la directora, la Aldea Infantil Juan Pablo II, es un buen centro, pero al no estar bajo su jurisdicción, no tenían información sobre la situación de la menor tras su traslado.
La directora del albergue Juan Pablo II informó que la menor, que falleció tras presuntamente haber sido víctima de abuso por parte de su padre, vivió en el hogar desde los 3 meses hasta los 3 años. Fuente: CUSCO EN PORTADA
También informó que, según su conocimiento, los padres de los menores recibieron apoyo para superar problemas de alcoholismo antes de recuperar la custodia, aunque reconoce que podrían haber tenido recaídas. Además, señaló que recién tuvo conocimiento de la existencia de una cuarta hermana de solo ocho meses.
¿Si la responsabilidad no está en los trabajadores de la misma Aldea Infantil, quién debe hacer el seguimiento de estos casos? ¿Quién se preocupa y vela por el bienestar de las infancias que no cuentan con el amor que todo niño y niña debería tener a sus tres o seis años?
Gobierno Regional sin respuestas
El Gobernador Regional Werner Salcedo aún no ha comentado el caso; sin embargo, los últimos datos que se tuvieron sobre el trabajo colaborativo del GORE Cusco y la Sociedad Civil a cargo de la Aldea Infantil Juan Pablo II data de febrero de este año.
En redes sociales se informó a la población el buen avance que -parecería- darse en beneficio de los menores que ahí residen:
F.M no es el único caso reportado en las últimas semanas. Diversos diarios, principalmente el noticiero “Tendencia Semanal”, han reportado al menos tres casos de denuncias de alumnas y exalumnas de las dos universidades más representativas de la ciudad imperial: la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) y la Universidad Andina del Cusco (UAC). Las jóvenes, dieron sus valientes testimonios evidenciando posibles actos de hostigamiento sexual en plenas aulas universitarias y de parte de sus docentes.
Según los informes periodísticos emitidos son docentes universitarios que a pesar de tener títulos académicos, trayectorias y respaldo, alimentan del miedo y la sumisión. Las alumnas tienen una denuncia, pero también tienen miedo pues, a pesar de relatar sus abusos ante autoridades y la ley, consideran que poco o nada se ha hecho para avanzar con sus casos.
Un claro ejemplo de ello es que las mismas unidades educativas a cargo, como el rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (Unsaac), Eleazar Crucinta, no parecen apoyar a las denunciantes. En notas del diario Qosqo Times, se señaló que el directivo declaró que los más de 40 casos de acoso en investigación en la universidad nacional posiblemente se caerían pues los docentes ya no estarían en labor.
Así mismo, el diario resaltó dos de los casos hallados; uno de ellos data de una egresada de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Andina del Cusco, cuya denuncia es contra dos docentes por acoso y abuso de poder.
Según su testimonio, uno de ellos con iniciales J.C.C, habría aprovechado su situación académica para intentar manipularla cuando estaba a punto de egresar. Ella solicitó apoyo para subsanar el curso de Tesis 1 por lo que pidió apoyo al docente que la citó fuera de la universidad y le pidió que subiera a su vehículo para conversar.
“Una vez dentro, arrancó el auto y la llevó hasta la zona de Puente Angostura, donde comenzó a tutearla con comentarios indebidos. En el trayecto, le insinuó que, a cambio de mejorar sus notas, accediera a un “trato especial”, mencionándole que había un hotel cerca donde podía ir. Todo quedó grabado en audio, incluida la descarada propuesta: “No perdamos tiempo, quiero hacerte el amor”, relata la nota periodística.
Casos en aumento. Reportaje de QosqoTimes.
Su caso aún no ha avanzado. La rectora de la UAC, Yanira Bravo, tampoco ha parece querer pronunciarse al respecto. Mientras tanto, las denunciantes sólo reciben apoyo de sus compañeros y reclaman fuera de sus casas de estudios, esos lugares que alguna vez podrían considerar como “seguros”.
En Perú, el ciberacoso y la sextorsión se han convertido en problemas graves para la seguridad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes. El aumento del uso de redes sociales y dispositivos tecnológicos ha expuesto a los jóvenes a nuevas formas de abuso que afectan profundamente su salud emocional y psicológica. Estas problemáticas están creciendo de manera alarmante, con cifras que reflejan un aumento en la victimización de los adolescentes. Esto resalta la urgente necesidad de una respuesta efectiva desde la legislación y la educación para proteger a este grupo vulnerable.
El aumento de la sextorsión en niños, niñas y adolescentes en Perú refleja un peligro creciente en el entorno digital, donde los menores se enfrentan a constantes amenazas de chantaje y acoso cibernético.Fotografía: Aldeas Infantiles SOS Perú
La sextorsión, un delito que combina el chantaje con la amenaza de difundir material íntimo, ha emergido como una preocupación alarmante en Perú, afectando principalmente a niños, niñas y adolescentes. Según la encuesta sobre “Percepciones y Experiencias Digitales en torno al: Ciberacoso, Grooming, Retos virales peligrosos y Sextorsión” realizada por Aldeas Infantiles SOS Perú, el 4% de los niños, niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años han sido víctimas de sextorsión, y el 9% ha sufrido grooming (acoso y abuso sexual en línea), lo que refleja la vulnerabilidad de este grupo ante los riesgos cibernéticos. Asimismo, el informe revela que el 54% de los adolescentes peruanos ha experimentado ciberacoso o ciberbullying.
Una encuesta realizada por eBIZ reveló que el 30% de los escolares en Perú han sido víctimas de ciberacoso. Este preocupante dato resalta la magnitud del problema, que afecta a una gran parte de la población juvenil, expuesta a diversas formas de violencia en línea. Aunque el entorno digital ofrece múltiples beneficios, también ha creado nuevas oportunidades para la explotación y el abuso de los más vulnerables. Este fenómeno se ha intensificado tras la pandemia, cuando el uso de redes sociales y plataformas digitales se disparó, dejando a muchos jóvenes más expuestos a los acosadores.
Asimismo, un estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), encargado por CHS Alternativo, indicó que los riesgos de explotación sexual en línea aumentaron considerablemente debido a la pandemia. El informe estimó que, en 2022, alrededor de 280 mil niños, niñas y adolescentes en Perú recibieron propuestas para mantener relaciones sexuales a través de Internet, mientras que otros 501 mil menores fueron solicitados a enviar fotografías de sus cuerpos. Además, más de 573 mil menores se encontraron en persona con personas que los habían contactado en redes sociales, sin ser sus amigos.
Frente a estos delitos, la legislación y la educación juegan un rol crucial para proteger a las víctimas y prevenir este tipo de situaciones. De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en el Resumen Estadístico de Alertas contra el Acoso Virtual 2024, el 85% de las personas que denunciaron estos incidentes fueron las víctimas, mientras que en el 49% de los casos reportados se confirmó la existencia de acoso.
Esta situación resalta la urgencia de adoptar medidas preventivas y educativas para proteger a los niños y adolescentes, brindándoles herramientas para identificar y enfrentar estos riesgos, y promoviendo una cultura digital más segura y responsable.
En respuesta a esta crisis, en Perú se promulgó la Ley N.º 30096, que tipifica el delito de sextorsión dentro de la legislación sobre delitos informáticos. Esta ley establece sanciones penales para quienes amenacen con difundir imágenes o videos íntimos con el propósito de obtener beneficios económicos o sexuales. Recientemente, se han realizado modificaciones a esta legislación para fortalecer la protección de las víctimas y facilitar la denuncia de estos delitos, incluida la viralización de contenido sexual sin consentimiento. Además, el Decreto Legislativo N.º 1625, publicado en agosto de 2024, introdujo reformas al Código Penal que aumentan las sanciones por la difusión no autorizada de imágenes y material audiovisual con contenido sexual, así como por el chantaje sexual asociado.
El Ministerio de Educación ha implementado plataformas como SíseVe para reportar casos de violencia escolar, incluyendo el ciberacoso. Sin embargo, los datos muestran que muchos casos son archivados sin una investigación adecuada. La necesidad de capacitación tanto para educadores como para padres es crítica para crear un ambiente seguro donde los jóvenes puedan navegar en línea sin temor.
Aunque la legislación es crucial para sancionar a los agresores, la educación desempeña un papel esencial en la prevención de estos delitos. Organizaciones como el Comité de Derechos Humanos de la Niña y el Adolescente (CDHNA) promueven la implementación de programas educativos que fomenten un uso responsable de la tecnología. Además, diversas organizaciones no gubernamentales están asumiendo un rol activo en la lucha contra el ciberacoso. Un ejemplo de ello es Aldeas Infantiles SOS, que ha lanzado campañas de sensibilización dirigidas tanto a niños como a padres, para informar sobre los riesgos del ciberespacio. Estas iniciativas tienen como objetivo empoderar a los jóvenes para que reconozcan y denuncien situaciones de acoso o sextorsión.
El ciberacoso y la sextorsión representan amenazas reales para los adolescentes peruanos, pero con una legislación firme y una educación integral, se puede enfrentar este problema. Es fundamental que tanto las autoridades como la sociedad trabajen juntas para crear un entorno virtual más seguro para los jóvenes. La prevención, la legislación y la concienciación son elementos clave para combatir estos delitos que afectan la vida de miles de adolescentes en el país. Además, es esencial que los padres y tutores se involucren en la vida digital de los adolescentes, brindándoles orientación sobre cómo proteger su privacidad en línea e identificar señales de acoso o sextorsión.
Lima, 8 de marzo de 2025 – Miles de mujeres en sus diversidades y disidencias tomaron las calles de Lima el pasado sábado 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en una manifestación que, más allá de un acto simbólico, fue un grito contundente por la justicia, la igualdad y el reconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres en el Perú.
La marcha, que inició en la Plaza San Martín y se extendió por el centro histórico de la ciudad, se caracterizó por su diversidad y la masiva participación de colectivos feministas, organizaciones sociales y ciudadanas de diferentes distritos de la capital. Con pancartas, consignas y cánticos en defensa de sus derechos, las manifestantes expresaron su rechazo hacia la violencia de género que persiste en Perú.
“¡Ni una menos, vivas nos queremos!”, fue una de las tantas consignas que resonaron a lo largo del recorrido. La convocatoria reunió a mujeres de todas las edades, identidades de género y sectores, quienes denunciaron la violencia sistemática que enfrentan diariamente, no solo en el ámbito doméstico, sino también en el espacio laboral, académico y en la vía pública.
Uno de los principales reclamos fueron los crecientes feminicidios en el país. Según datos oficiales, entre el 1 de enero y el 6 de marzo, se han registrado 54 mujeres asesinadas de forma violenta en el 2025, una cifra alarmante que evidencia la incapacidad del sistema de justicia para garantizar la seguridad de las mujeres. Durante la protesta se exigió un abordaje integral de la problemática, mayores recursos para la prevención y sanción de estos crímenes.
La desaparición forzada de mujeres también fue una de las temáticas centrales, ya que, en muchos casos, las desapariciones de mujeres no reciben la atención adecuada por parte de las autoridades, lo que aumenta el riesgo y la impunidad.
Además de la lucha contra la violencia, las manifestantes demandaron igualdad de condiciones laborales, el reconocimiento de las trabajadoras del hogar, el acceso a la educación y la salud sin discriminación.
En la movilización también se dejó en claro que la lucha por los derechos de las mujeres no es solo una cuestión de ellas, sino de toda la sociedad. Como se replicó en las voces de muchas de las participantes: “Hoy, más que nunca, nos unimos porque sabemos que, si no estamos todas, no estamos completas”.
La marcha de este 8 de marzo se sumó a la larga lista de movilizaciones globales en el Día Internacional de la Mujer, un recordatorio de que la lucha por la igualdad y la eliminación de la violencia de género sigue siendo una tarea pendiente en todos los rincones del mundo. En Perú, como en otros países, la marcha fue una muestra palpable de la resistencia y la esperanza de que algún día las mujeres puedan caminar libremente sin miedo a la violencia.
Con tan sólo dos meses del año transcurridos, el Consejo de Prensa Peruana reporta restricciones y amenazas a la prensa. Mediante un informe se alerta sobre el aumento de hostigamientos judiciales, agresiones y restricciones a los periodistas en distintas ciudades y regiones del Perú.
Las amenazas y amedrentamientos para con la prensa no cesan. Dicha situación se acentúa más tras lo acontecido en televisión nacional el último domingo 02 de marzo.
Durante una entrevista con la presentadora Sol Carreño, el ministro del Interior, Juan Jóse Santiváñez, admitió haber tenido acceso a un reportaje de Cuarto Poder antes de ser emitido al aire. En el mismo, y según la transcripción que enseñó desde su celular, se revelaba que dos testigos protegidos denunciaban que el titular pedía presuntos sobornos para resolver casos judiciales de manera ilegal.
Tras ser confrontado por Carreño en varias ocasiones de la entrevista, Santiváñez, indicó que su directora de Comunicaciones le había enviado el informe periodístico; sin embargo, fue desmentido por ella misma en vivo al indicar que no lo había compartido el texto. Así mismo, se excusó en no revelar más detalles por privacidad de fuentes periodísticas.
¿Vigilancia desde el Estado?
La calidad de la libertad de prensa ha ido mermando en los últimos años por diversas agresiones, abusos y ambiguas acciones de las que han sido víctimas periodistas durante investigaciones a hechos delincuenciales y de corrupción por parte del Gobierno.
Según el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) a través del informe sobre Libertad de Expresión en el Perú existe un fuerte incremento de agresiones a medios de comunicación y periodistas. Entre ellas la vigilancia y hostigamiento , restricciones a la cobertura gubernamental y proyectos de ley. Todas estas acciones amenazarían la independencia de la prensa.
En el año 2022, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) instó a Gobiernos y a organismos internacionales a elaborar normas que prohíban claramente el espionaje a periodistas y reconocer la inviolabilidad de sus comunicaciones. Sin embargo, poco o nada se ha avanzado al respecto.
El reclamo emitido por FIP se debió a los crecientes casos de investigaciones que revelaron «la amplitud y el alcance del uso de programas de espionaje a periodistas» y que evidenciaban que este tipo de seguimientos son «una de las principales y más preocupantes amenazas para la libertad de prensa”.
Los casos más sonados de este tipo de agresión a la labor periodísticas fueron el caso de los periodistas presuntamente espiados por el Gobierno español, la vigilancia al periodista Thanasis Koukakis en 2021 o el seguimiento a más de 20 periodistas de El Salvador, cuyas comunicaciones fueron intervenidas con el programa Pegasus entre junio de 2020 y noviembre de 2021.
Caso Santivañez
En medio de lo acontecido recientemente, visto desde muchos sectores como un grave suceso que reflejaría un tipo de acoso y amenaza a la prensa, la Fiscalía de Perú registró el domicilio del ministro del Interior por un supuesto delito de abuso de poder, en relación con unos audios vinculados al cierre de la Diviac, una oficina de la Policía Nacional de apoyo a la lucha contra la corrupción.
Por su parte, el titular declaró que «la intención es encontrar artefactos electrónicos o de comunicación que puedan, de alguna u otra manera, relacionarse con el delito de abuso de autoridad».
Se espera que en las próximas horas, realice un viaje a Bruselas tras ser autorizado por la presidenta Dina Boluarte para participar en una importante reunión ministerial del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior y la Unión Europea (CLASI-UE).
Mientras tanto, se espera que su equipo de prensa pueda aclarar la situación acontecida en señal abierta y las consecuencias que traería una comprobación de espionaje o vigilancia al medio de comunicación señalado. Los periodistas de Cuarto Poder, ya han señalado no haber entregado ninguna información previa a ningún intermediario o personaje relacionado al gabinete o sector del títular.
Sin duda alguna, se aguardan más reacciones de parte del parlamento y Estado para garantizar la libertad de expresión y el derecho de las y los trabajadores de prensa del Perú de desempeñar su oficio libre de presiones y de hostigamientos.
¿Alguna vez has hecho comentarios como “por qué ella sigue en esa relación tan abusiva”, “si fuera yo no lo permitiría…”, “por qué no denuncia”, “por qué no se va”, etc.?
Las relaciones abusivas son complicadas de “entender” para aquellas personas que solo somos espectadoras y no participantes. Primero tenemos que comprender el ciclo de la violencia
¿Qué es esto? Te explico:
El ciclo de la violencia es, según la Asociación Psicológica Americana, el marco conceptual para entender la persistencia de las relaciones de maltrato.
Está dividido en tres fases o etapas:
1. Luna de Miel: Esta etapa puede durar meses y es la que normalmente se presenta al inicio de una relación con una persona abusiva, es caracterizada porque el abusador da un trato con cariño, por los detalles, se muestra sensible, reflexivo, vulnerable, etc.
Las relaciones abusivas nunca inician con abuso, este es de manera gradual, cuando se comienza a conocer a una persona que nos gusta o nos atrae suceden dos hechos muy importantes: el primero es que tendemos a comportarnos o modificar nuestro comportamiento en las primeras citas o reuniones y es porque estamos inundados de emociones, y muchas veces nuestra capacidad de razonar y reflexionar se ve afectada. También buscamos generar interés en el otro. El abusador no se muestra como abusador.
Lo segundo es que la oxitocina se segrega cuando nos enamoramos, esta hormona está catalogada como la hormona del amor y la compasión, y es cuando sentimos mayor bienestar, empatía y apego. Entonces somos más tolerables con nuestros vínculos, más comprensibles.
En la mayoría de las veces tenemos más tolerancia hacia ciertos tipos de comportamientos con las personas que compartimos un vínculo o apego afectivo, contrario con aquellas personas con las que no compartimos ninguno.
2. Fase de acumulación de tensión: Esta etapa también puede durar meses y se caracteriza por la irritabilidad y enojo del abusador, crece el estrés y disminuye la comunicación en la relación, ocurren incidentes “menores” de violencia. Cabe mencionar que no hay un incidente menor cuando de violencia se trata.
Inician los abusos verbales, la violencia verbal y psicológica, las cuales en la mayoría de veces pasa desapercibida, esto puede deberse a muchos factores, principalmente a una cultura que ha normalizado este tipo de violencia.
3. Fase de la violencia o de crisis: Como su nombre lo dice, en esta etapa la violencia física y/o sexual está presente, lo que puede resultar en lesiones graves o incluso la muerte, usualmente perdura entre 24 y 72 horas.
Luego de esta última fase, vuelve a comenzar la fase de “luna de miel”, donde se muestra arrepentimiento por parte del agresor, súplica de perdón, promesas, etc.
Cada fase puede tener una durabilidad distinta, puede disminuir o aumentar y es repetitiva. La víctima tiende a ver estos episodios como hechos aislados, además, a nivel cognitivo tiene una imagen diferente del agresor y sumado a esto el apego creado.
También, es muy común que los abusadores reviertan su responsabilidad hacia las víctimas, utilizando la manipulación y la intimidación, es decir que niega que el abuso haya existido y revierte los papeles, tergiversando, manipulando o mintiendo para exponer a la víctima como culpable, atacando su credibilidad y presentándose a sí mismo como la misma víctima.
Este escenario es un claro ejemplo de la táctica conocida con el acrónimo de DARVO, que proviene del inglés “deny, attack and reverse victim and offender” es decir: “negar, atacar e invertir víctima y agresor”. Este comportamiento del agresor hace dudar a la víctima de su propia experiencia, tildándola de sensible, exagerada y haciéndola sentir culpable, lo que refuerza la dinámica de control del abusador hacía la víctima.
Este ciclo de violencia está vivo en América Latina y el Caribe, donde, cada día, al menos 11 mujeres son víctimas de feminicidio, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esta violencia se filtra no solo en los hogares, sino también en la forma en que las instituciones públicas responden, en el tratamiento sensacionalista de los medios y en la idealización romántica de relaciones tóxicas en el cine.
Es un círculo vicioso, siempre mutante, que se esconde en las sombras de nuestra sociedad sin llegar a erradicarse. Reflexionar sobre esta realidad es el primer paso hacia la transformación.
Así que la próxima vez que cuestiones por qué una mujer sigue involucrada de una relación abusiva, medita sobre el ciclo de la violencia y piensa que todo parece más fácil cuando lo vemos desde el exterior.
