Dejar a una víctima en el asfalto para salvarse a sí mismo tiene un nombre legal: omisión de socorro. A partir de la fuga que le costó la vida a la deportista Lizeth Marzano, analizamos cómo el privilegio, el encubrimiento familiar y la inacción del Estado operan bajo la misma lógica para abandonar a las víctimas de violencia.
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El asfalto y el pacto de indiferencia
¿Qué es lo primero que harías si ves a alguien gravemente herido? Desde pequeños nos enseñan que el auxilio es un instinto humano básico. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad en San Isidro nos demostraron, de la forma más dolorosa posible, que el privilegio a menudo anula la empatía.
En la pantalla vimos cómo Lizeth Marzano, campeona nacional de apnea y deportista de élite, quedaba tendida en el asfalto tras un violento impacto. Pero lo que verdaderamente hiela la sangre no es solo el choque, sino los segundos posteriores. Adrián Villar, el conductor de 21 años, no se bajó del auto. No tomó su celular para llamar a una ambulancia. Simplemente, aceleró y huyó.
Fuente: RPP
Horas después, la narrativa visual nos ofreció un contraste indignante. Mientras Lizeth luchaba por su vida (y eventualmente la perdía) en una camilla del hospital Casimiro Ulloa, Villar aparecía en un parque, ileso y rodeado de su círculo de protección. Acompañado de familiares y figuras cercanas —como la periodista Marisel Linares—, la reunión habría tenido como finalidad, según distintas versiones, coordinar una estrategia de defensa, más que abordar posibles mecanismos de reparación o asistencia a la víctima.
En términos jurídicos, no auxiliar a una persona que enfrenta un peligro inminente es una situación que la ley suele vincular con la figura de la omisión de socorro.
Más allá del tránsito: La radiografía de un sistema
A puertas de un nuevo 8 de marzo, es inevitable mirar este concepto y sentir que nos habla de algo mucho más grande. Esta omisión no es solo una infracción de tránsito; es una radiografía dolorosa de cómo opera nuestro sistema. ¿No es acaso este mismo abandono, esta misma huida y este mismo círculo de encubrimiento el que enfrentan a diario miles de mujeres víctimas de violencia en el Perú?
Para entender la gravedad de lo que vimos en San Isidro, tenemos que dejar de ver la omisión de socorro como una exclusividad del caos vehicular. En el Perú, esta desconexión absoluta con el dolor ajeno es la regla general cuando hablamos de violencia de género.
Hagamos el cruce. Según los reportes de la Defensoría del Pueblo y el reciente informe del INEI sobre feminicidios (2015-2024/2025), la violencia extrema contra nosotras sigue un patrón espeluznantemente similar al de un atropello y fuga. En un alto porcentaje de los casos de feminicidio registrados en el último año, el agresor huye y la justicia no actua. Y, al igual que el conductor de 21 años, el victimario busca refugiarse en su círculo más íntimo.
Y es aquí donde la herida social se hace más profunda: muchas veces, son las propias familias de los agresores quienes los esconden. Los encubren bajo el peligroso y repetido discurso de «es un buen muchacho, solo se equivocó», organizando estrategias legales para minimizar la pena, mientras la familia de la víctima tiene que organizar un funeral. El pacto de impunidad se activa antes que la empatía.
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Cuando el Estado también huye
Pero el abandono no es solo familiar; es, sobre todo, institucional. Una gran cantidad de mujeres asesinadas en los últimos años ya contaban con medidas de protección.
El Estado peruano, al igual que el conductor en aquella madrugada limeña, vio a la mujer tendida en el asfalto del riesgo, tuvo la oportunidad de frenar y ayudar, pero decidió voltear la mirada y seguir de largo.
Tras el impacto en San Isidro, la defensa señaló que el joven “se puso a derecho”. No obstante, el hecho de que su presentación ante la PNP ocurriera días después y en medio de una fuerte presión mediática ha llevado a que algunos cuestionen si se trató realmente de un acto espontáneo o fue mas bien un movimiento calculado.
Este supuesto modus operandi es exactamente el mismo guion que se despliega cuando un caso de violencia sexual o agresión física ocurre en los círculos de poder.
El pacto de privilegio y la maquinaria del desgaste
Se advierte que, cuando el agresor tiene estatus o redes de contacto, el proceso legal puede derivar en procedimientos largos y desgastantes, que terminan afectando especialmente a las víctimas.
Cuando el agresor tiene estatus o redes de contacto, el proceso legal deja de buscar la verdad para convertirse en una maquinaria de desgaste. En el Perú, esta práctica está documentada por la Defensoría del Pueblo como ‘acoso judicial‘: una táctica donde los agresores recurren al mal uso del sistema legal con el ‘único propósito de hostilizar’ a la denunciante, generándole ‘desgaste emocional, físico y económico al verse sumergidas en múltiples procesos judiciales’. Como menciona la abogada defensora de derechos humanos Josefina Miró Quesada, este tipo de dinámicas terminan por «consolidar el silencio, la impunidad y el control de los agresores«.
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Con frecuencia, mientras el presunto agresor se ve rodeado de apoyos y redes de respaldo, la exigencia de justicia queda en manos de quienes cargan con la pérdida.
Lo vemos hoy en el rostro cansado de Gino Marzano, hermano de Lizeth, quien tiene que peregrinar por los canales de televisión clamando por una verdad evidente. Esa misma desesperación es la que viven a diario las madres y familias de las víctimas de feminicidio, rogando en los exteriores de los juzgados para que los contactos del agresor no terminen borrando la memoria de las mujeres que nos faltan.
El asfalto que nos duele a todas
Lizeth Marzano no perdió la vida únicamente por el violento impacto de un vehículo. Murió por los minutos cruciales que le robaron y por el abandono.
Este 8 de marzo, esa imagen debe sacudirnos la conciencia. Porque a las mujeres en el Perú no solo las mata el primer golpe del agresor. Las mata la indiferencia de los testigos, las mata el pacto de silencio de la familia del atacante, y las remata un sistema de justicia indolente, diseñado para buscarle atenuantes al victimario.
La impunidad en nuestro país no es un accidente; es una construcción colectiva a base de omisiones. Este 8M, la exigencia es clara: no queremos más pactos de privilegio. Escribimos y gritamos para que ninguna mujer, nunca más, vuelva a ser dejada en el asfalto. Para que, de una vez por todas, el sistema deje de huir.
Lima, 27 de enero de 2026. A menos de tres meses de las elecciones generales en Perú, donde la ciudadanía elegirá autoridades para el periodo 2026–2031, Amnistía Internacional presenta la campaña “Mira Bien”, que busca colocar los derechos humanos en el centro del debate y que la ciudadanía pueda identificar propuestas a favor o en contra de estos valores.
“Mira Bien” se enmarca en nuestro compromiso por los derechos humanos, pues una sociedad que no los garantiza, impacta profunda y negativamente en la vida cotidiana de las personas, perpetuando ciclos de violencia, exclusión y desigualdad. En ese sentido, las autoridades que sean elegidas tienen una oportunidad única de comprometerse con la dignidad humana y construir el país que queremos con derechos para todas las personas. Un país en el que podamos salir a trabajar y regresar a casa a salvo, caminar por las calles sin miedo, alzar nuestras voces frente a las injusticias, sin represalias y temores, acceder a la salud, vivir en un ambiente sano y con dignidad.
No obstante, en los últimos años, Amnistía Internacional viene alertando sobre una tendencia hacia prácticas autoritarias y la consolidación de la impunidad en Perú, que menoscaba el disfrute de nuestros derechos, principalmente a la libertad de expresión, asociación y el acceso a la justicia. En este contexto, es esencial que la ciudadanía identifique y rechace propuestas que pueden reforzar estas tendencias y afectar negativamente nuestra cotidianeidad.
La organización ha identificado con preocupación que, ante graves problemas, como la inseguridad ciudadana, la violencia machista o la crisis ambiental, planes de gobierno plantean respuestas que pueden agudizar más estas problemáticas, como la militarización de la seguridad pública, el debilitamiento, e incluso la desaparición de instituciones esenciales para la defensa de los derechos de las mujeres o para la gobernanza ambiental.
En un país con alarmantes tasas de violencia machista, donde cada 46 minutos una niña o mujer es reportada como desaparecida, resulta preocupante que en algunos planes de gobierno el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se considere prescindible o fusionable, o que la mayoría de planes omita referencias directas a la educación sexual integral, clave para enfrentar la violencia contra niñas y mujeres, y evitar embarazos adolescentes y no deseados.
Foto: Amnistía Internacional
“Vemos propuestas que en lugar de plantear respuestas estructurales frente a la violencia machista o la inseguridad ciudadana, proponen principalmente políticas punitivas y no preventivas. También observamos con preocupación narrativas polarizantes y discursos que apelan al miedo o a la renuncia de derechos, cuando la sociedad que queremos se construye justamente con derechos garantizados. Es por eso que el rol activo y vigilante de la ciudadanía, que impulse un debate y un voto informado, es esencial para el presente y el futuro de nuestro país”, señaló Jennie Dador, directora de Amnistía Internacional Perú.
Como parte de esta campaña, nuestros grupos de activismo, presentes en 14 regiones del país, desplegarán diferentes acciones de difusión y educación, y pondremos a disposición una herramienta digital para contribuir a la vigilancia ciudadana buscando que se prioricen propuestas y discursos políticos compatibles con las obligaciones de los derechos humanos.
En la justicia penal y en el tribunal de la opinión pública, persiste una pregunta que a menudo eclipsa al delito: «¿Cuánto había bebido ella?«. Históricamente, el consumo de alcohol por parte de la víctima ha sido utilizado por las defensas legales para desgastar su credibilidad. Sin embargo, bajo los estándares internacionales de Derechos Humanos, la premisa es radicalmente opuesta: el estado de ebriedad no es una invitación, es una barrera absoluta para el consentimiento.
Cuando una mujer no puede hilar frases coherentes o recordar fragmentos de la noche, no hay zona gris. Jurídica y psicológicamente, quien se aprovecha de ese estado no tiene «sexo confuso», comete una violación.
La Anatomía del Consentimiento: La ciencia detrás del bloqueo
La psicología forense moderna y organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen que el consentimiento debe ser un acto afirmativo, consciente, revocable y libre. La ausencia de un «no» explícito no equivale a un «sí», especialmente bajo intoxicación.
Bloqueo Psicológico (Inmovilidad Tónica): Según estudios publicados en la revista científica Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica(Möller et al., 2017), ante una agresión sexual, hasta un 70% de las víctimas experimentan una «parálisis involuntaria» provocada por el sistema límbico ante el miedo extremo. Esto anula la capacidad de lucha, pero no implica aceptación.
Incapacidad Cognitiva y «Blackouts«: El Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA) de EE.UU. explica que durante una intoxicación severa pueden ocurrir «fragmentary blackouts«. La persona puede parecer despierta e incluso moverse, pero su cerebro ha dejado de grabar memorias y de procesar riesgos, anulando legalmente su capacidad de consentir (NIAAA, «Interrupted Memories»).
Fuente: Archivo Google
Jurisprudencia Global: El alcohol como agravante
Contrario a la creencia popular, el alcohol no atenúa la culpa del agresor; la agrava al demostrar que se aprovechó de la vulnerabilidad ajena.
Caso 1: La Manada (España, 2016)
Este caso redefinió la justicia española. Cinco hombres agredieron a una joven de 18 años en la Fiesta de Los San Fermines.
Tras determinado tiempo en el que se juzgó, se cuestionó y se revictimizó a la joven agraviada alegando, incluso, la manera en la que realizaba sus actividades diarias tras el hecho, el Tribunal Supremo de España (Sentencia 344/2019) determinó que fue violación y no abuso. La sentencia estableció jurisprudencia clave: «El silencio o la pasividad de la víctima [por el alcohol o el shock] no pueden interpretarse como consentimiento».
El Español – Ilustración digital
Caso 2: Robinho (Italia, Condena firme 2022)
El exfutbolista fue condenado a 9 años por violación grupal en Milán.
La Corte Suprema de Casación de Italia validó las escuchas telefónicas donde el jugador admitía que la víctima «estaba completamente borracha». La justicia italiana argumentó, basándose en el Convenio de Estambul, que embriagar a la víctima para anular su resistencia es una forma de violencia coercitiva, eliminando cualquier debate sobre la credibilidad de la mujer.
El Marco Legal en el Perú
El análisis jurídico en nuestro país se sustenta en el Código Penal Peruano, que sanciona el aprovechamiento de la inestabilidad de la víctima.
Los Artículos 171 y 172 del Código Penal penalizan la violación de persona en «estado de inconsciencia» o en «incapacidad de dar su libre consentimiento» (incluyendo intoxicación por drogas o alcohol).
Asimismo, el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116 dictado por la Corte Suprema del Perú establece que en delitos sexuales, la declaración de la víctima es prueba fundamental si cumple con ciertos requisitos, y que la falta de lesiones físicas (resistencia) no descarta la violación, especialmente si la víctima estaba disminuida en sus facultades.
CASO EN FOCO: La denuncia contra jugadores de Alianza Lima
Este marco teórico es vital para analizar la denuncia de una joven argentina contra jugadores de Alianza Lima por hechos ocurridos en un hotel de Uruguay. La defensa legal de uno de los jugadores ha brindado argumentos públicos que, al ser contrastados con la ciencia y la ley, se revelan como mitos de la «cultura de la violación».
Aquí analizamos algunos de sus argumentos y damos una respuesta.
1. El mito de la «Movilidad» vs. Capacidad Cognitiva
El abogado Juan Peña, defensor de uno de los jugadores señalados, ha sugerido que, como la víctima «pudo regresar en Buquebus» a Argentina y caminar por el hotel, no estaba inconsciente ni incapacitada.
Esta afirmación sería científicamente inexacta. Según la Asociación Americana de Psicología (APA) y expertos en toxicología forense, una persona bajo efectos del alcohol o sustancias puede realizar funciones motoras automáticas (caminar, subir a un transporte) mientras su juicio crítico y memoria están desconectados. Así, también lo señala Andrea Álvarez Tapia, especialista en género y políticas públicas (entrevistada para La República / LR+ sobre este caso): «El hecho de que una persona pueda caminar no significa que tenga la capacidad cognitiva para consentir una relación sexual. La sumisión química o el estado de ebriedad anulan la voluntad, independientemente de la motricidad».
2. El mito del «Suministro» (Ella compró el alcohol)
Asimismo, se cuestiona la condición de víctima argumentando que ella «fue quien compró las botellas de vino».
Ante este argumento, vale recordar que el consentimiento es específico y revocable. Según los estándares del Protocolo de la ONU para la investigación de la violencia sexual, las acciones previas (beber voluntariamente, bailar, ir a un hotel) no implican un «contrato abierto» para el sexo posterior. El mismo Código Penal Uruguayo (Art. 272) y la doctrina internacional sostienen que si en el momento del acto sexual la persona pierde la capacidad de entender o querer (por el alcohol que bebió antes), quien acceda carnalmente a ella comete delito. Haber comprado el vino no es dar permiso para ser abusada horas después.
3. El agravante de la «Manada»
Es un hecho que, actualmente, se investiga la participación de dos o más jugadores en la habitación del hotel. Y es por ello que vale resaltar que, expertos legales advierten sobre la ‘intimidación ambiental’: un escenario donde la superioridad numérica anula la resistencia sin necesidad de golpes. La sola presencia de varios hombres frente a una mujer sola y afectada por sustancias constituye un escenario de coacción que, según la jurisprudencia sentada por el caso español de La Manada, hace innecesaria la violencia física explícita para que se considere agresión sexual.
La investigación fiscal (ya sea en Uruguay, Argentina o Perú) no dependerá de si la joven compró el vino o caminó hacia el barco, sino de si tenía la libertad psicológica para decir «sí». Y la ciencia nos dice que, en los estados de intoxicación descritos, esa libertad no existe.
Infografía: La Antígona
La justicia ante el espejo: Rompiendo el pacto de silencio
Al final del día, cuestionar la credibilidad de una mujer por lo que bebió, vistió o dónde amaneció, no es una estrategia legal legítima, es un mecanismo de sometimiento social que busca mantener la impunidad. Casos como el de La Manada en España, Robinho en Italia y la actual investigación contra los jugadores de Alianza Lima, nos obligan a enfrentar una verdad incómoda: el alcohol nunca ha sido el causante de una violación; el causante es siempre el agresor.
Mientras la sociedad y los tribunales sigan poniendo la lupa sobre la conducta de la víctima en lugar de juzgar la falta de consentimiento del agresor, la justicia seguirá teniendo una deuda pendiente. El mensaje debe ser claro y unánime: el único «sí» válido es el que se pronuncia sobria, libre y sin miedo; todo lo demás, es violencia.
Hoy, 25 de noviembre, La Antígona alza su voz con toda la fuerza y urgencia que demanda el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este día no es un acto simbólico ni una simple fecha en el calendario: es un llamado a la acción, a la memoria y a la resistencia colectiva.
La violencia contra las mujeres no es circunstancial, ni aleatoria. Cada golpe, cada amenaza, cada agresión, cada silenciamiento tiene raíces profundas: están en los cimientos de una cultura patriarcal que normaliza el dominio, que subestima el dolor de las mujeres y que tolera que la desigualdad sea violenta. En este sentido, no basta con denunciar los casos individuales: la conmemoración del 25N debe servir para interpelar las estructuras, para exigir transformaciones reales.
La violencia no es algo lejano o extraordinario: muchas mujeres la viven a diario, muchas la callan por miedo o vergüenza. Pero ese silencio también es parte del problema. Cuando la normalizamos, cuando nos acostumbramos a sus sonidos, dejamos de ver su gravedad, y ahí reside su poder destructor.
Como medio periodístico, como espacio de sororidad y de denuncia, La Antígona tiene una responsabilidad aún más grande: no solo informar, sino movilizar. No basta con relatar estadísticas —aunque estas sean dolorosamente altas—, sino también crear puentes para la acción: que cada lectora y lector entienda que esto no es algo que compete solo a las víctimas, sino a toda la sociedad.
¿Qué acciones proponemos hoy?
Visibilización consciente Que no solo hablemos de “casos”, sino que pongamos en el centro a las personas: a las mujeres que han sufrido violencia, a sus historias, sus miedos, sus resistencias. Que usemos nuestro periodismo para elevar esas voces e insistir en que no son noticia de un día: son vidas que deben importarnos siempre.
Educación y prevención estructural Hay que cuestionar las creencias, los roles, los estereotipos. El cambio empieza desde la casa, desde el colegio, desde las redes. No es suficiente con sancionar a los agresores si no transformamos las mentalidades que legitiman la violencia. Como medio, podemos promover alianzas con organizaciones feministas, programas educativos y campañas que eduquen sobre el consentimiento, la sororidad y el respeto.
Apoyo activo a supervivientes No basta con informar: es necesario conectar a las mujeres con recursos reales. Acompañar con directorios de centros de atención, líneas de ayuda, redes comunitarias. Informar sobre los procesos legales, pero también sobre la sanación emocional y colectiva.
Presión institucional Exigir políticas públicas serias, financiamiento para refugios, capacitación para autoridades, protocolos efectivos para denuncias, y medidas para proteger a las mujeres antes, durante y después de la violencia. Sin presión social, muchas de estas demandas se difuminan.
Responsabilidad digital La violencia no solo existe en espacios físicos; está también en internet. Según reportes recientes, muchas mujeres enfrentan acoso, amenazas y hostigamiento en redes. Como medio digital, debemos ser parte de la solución: denunciar la violencia digital, visibilizarla, educar sobre ella y promover plataformas más seguras.
Un llamado final
Este 25N, La Antígonainvita a sus lectoras y lectores a no quedarse en la conmoción ni en la empatía temporal. Les llamamos a comprometerse: a hablar, apoyar, movilizarse, exigir. Si algo debe quedar claro hoy es que la justicia no llega sola. No basta con que nos conmovamos ante un video o una noticia: necesitamos que esa conmoción se convierta en trasformación.
Que el silencio se rompa. Que las voces se multipliquen. Que la violencia no tenga más espacio. Que la dignidad de las mujeres sea una prioridad innegociable. Solo así honramos a quienes han sido víctimas, y trabajamos por un futuro donde ninguna mujer tenga que temer, callar o desaparecer.
En La Antígona, nos quedamos del lado de la sororidad, del lado de la verdadera justicia.
Un acuerdo internacional celebra la liberación de casi 2000 rehenes, mientras sobre el terreno se impone el exilio forzado y se relatan historias de tortura, dificultando el camino hacia la paz.
En el marco de un alto el fuego firmado ayer, 13 de octubre de 2025, Israel y Hamas liberaron a los últimos 20 rehenes israelíes vivos a cambio de 1960 rehenes palestinos, en una operación supervisada por la Cruz Roja. Este canje, que eleva el total de palestinos liberados a aproximadamente 2000, fue la piedra angular de una cumbre internacional por la paz en Egipto, copresidida por los presidentes Abdel Fattah al-Sissi y Donald Trump y en presencia de más de 20 líderes mundiales y el secretario general de la ONU. Sin embargo, la declaración resultante omitió cualquier mención al derecho a un Estado palestino. Ni el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ni representantes de Hamas estuvieron presentes.
Mientras los líderes celebraban, la realidad en el terreno palestino era distinta. Por un lado, cientos de palestinos fueron liberados en Cisjordania, donde sus testimonios comenzaron a revelar el horror de torturas y condiciones inhumanas en prisiones israelíes. Por otro, una decisión de última hora de Israel alteró la suerte de más de 154 presos, que fueron exiliados a Egipto en lugar de ser devueltos a sus familias, convirtiendo la esperanza de centenares de personas en una decepción desgarradora y revelando que para muchos la libertad llegaba lejos de su tierra, en un destierro sin garantías.
La frágil tregua se ve amenazada apenas un día después del canje. El ejército israelí ha asesinado al menos a cinco palestinos en Gaza, bajo el pretexto de que se acercaron a sus posiciones y “cruzado la línea amarilla”. Simultáneamente, el gobierno de Netanyahu ha implementado represalias colectivas, posponiendo la apertura del crucial cruce de Rafah y limitando la ayuda humanitaria a 300 camiones diarios, la mitad de lo acordado.
Estas medidas, justificadas por la demora en la devolución de cadáveres de rehenes, chocan con la advertencia de la Cruz Roja: localizar los cuerpos, muchos bajo escombros de bombardeos israelíes, requiere semanas. Esta disputa evidencia cómo el castigo colectivo se impone a las necesidades de una población al borde de la inanición.
En definitiva, la constante violación de los acuerdos por parte de Israel —con exilios forzados, bombardeos continuados y el estrangulamiento de la ayuda humanitaria— revela a un participante en el que es imposible confiar. Estos actos socavan cualquier esfuerzo de paz, perpetúan la injusticia contra el pueblo palestino y condenan a la región a un ciclo de inestabilidad recurrente. El camino hacia una solución duradera se ve así minado, demostrando que sin el cumplimiento de los compromisos y el fin de la impunidad, cualquier tregua será solo un frágil interludio entre una guerra y la siguiente.
