Por Mya Sánchez y Zoila Antonio Benito
Tras persistir y convencer a sus papás de mandarla a Lima, Delia* lo había logrado. Era 1988 y con 18 años, ella había dejado su natal Chanchamayo, provincia en el centro del Perú. Buscaba estudiar Laboratorio en el instituto Daniel Alcides Carrión. Sabía que no era Derecho, la carrera que quería, ni tampoco una universidad, como le hubiese gustado, pero tenía más oportunidades de estudiar y trabajar que en su lugar de origen. Como ella, desde décadas, mujeres y parte de la población LGBTIQ+ peruanas migran de regiones a la capital, Lima.
Discriminación, lo que aún arrastramos
Cuando Delia trabajaba en el área administrativa del último empleo que tuvo, una de sus labores era la toma de muestras sanguíneas a domicilio en hogares de niveles socioeconómicos elevados, donde vivían los pacientes de su centro laboral. Llegó a la casa de un menor de edad y siguió el procedimiento habitual para la toma de sangre. Hubiese sido un día normal, pero, como respuesta, recibió insultos racistas que la hirieron.
El marco normativo al que los trabajadores pueden acogerse sigue aún siendo falible. No obstante, existen también barreras sociales a las que las mujeres y población LGTBIQ+ migrantes deben enfrentarse a la hora de trabajar. La discriminación étnico racial termina siendo una de las más latentes debido a que las causas que la motivan están directamente relacionadas a las características fenotípicas.
En Discriminación étnico-racial en el ámbito laboral: Diagnóstico situacional, el Ministerio de Cultura del Perú indica que la normativa constitucional al respecto es insuficiente, pues se refiere a la igualdad de oportunidades mas no de trato. Se debería abogar más bien por una igualdad de resultados a través de medidas afirmativas. En cuanto a la legislación laboral, normas como el Reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo o la Ley Contra Actos de Discriminación se esfuerzan por contemplar también factores como color, idioma u origen social y distintos procesos laborales como la oferta de empleo y el despido.
“La gente era bien injusta. Porque eres provinciana creen que puedes hacer todo, aguantas porque no sabes sentir dolor, hambre o cansancio. La justicia es más para los que tienen plata. El pobre nunca va a alcanzarla”, narra con pesar Sonia*, quien percibía cómo los actos déspotas de sus empleadores tenían el objetivo de hartarla para que renuncie.
De hecho, en el referido documento, el MINCUL sostiene que otra de las manifestaciones más comunes de racismo es la discriminación acumulada, por la cual, por ejemplo, las mujeres provenientes de zonas rurales, con rasgos indígenas y lenguas maternas ajenas al español sufren de manera permanente de marginación.
“La mujer indígena trabaja duro: está laborando en la chacra, atiende a los hijos, se levanta más temprano y duerme más tarde. Trabaja mucho, pero no es reconocida. Mientras que los hombres trabajan ocho horas y tienen un salario”, indica Melania Canales Poma, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y lideresa indígena del pueblo quechua para el diario El País. Al igual que las amas de casa, las mujeres indígenas cumplen una labor que ha sido subestimada y, además, poco visibilizada.
Asimismo, la discriminación linguística, se da sobre todo hacia los grupos de personas que viven en las zonas rurales. “Las dinámicas de poder legitiman la discriminación y el lenguaje reproduce (en sus usos, en sus prácticas) estas dinámicas”, rescata la linguista Virginia Zavala cuando fue consultada por el Washington Post. Estas dinámicas se vuelven más evidentes cuando hay jerarquías dentro de un espacio laboral.
El color de piel también es un factor de discriminación que mujeres y poblaciones LGBTIQ+ afroperuanos enfrentan al escuchar apodos, chistes o comentarios racistas, inclusive, hipersexualizarlas, como le pasó a la promotora en derechos sexuales y reproductivos Milagros de la Cruz Yucra. “Cuando entré al último trabajo, todo mundo quería ver la forma de atraer mi atención. Me insinuaban que querían tener relaciones sexuales conmigo, porque nunca habían estado con una ‘negrita’. Esa situación fue la que rebasó todo lo que habían dicho”, expresa. El acoso u hostigamiento laboral pueden ser el doble que a una persona que no es afroperuana, debido a los estereotipos errados que la sociedad moldea. Esto también sucede con mujeres y poblaciones LGBTIQ+ que provienen de la selva.
“Tienen un estereotipo sexualizante cada vez que migran y tienen que cargar con ello, aún cuando laboran en espacios formales. Trabajo con una abogada que es de Iquitos, es súper especializada, por lo que no debería haber comentarios sobre su sexualidad. Pero sí he escuchado cuando se referían a ella como ‘de sangre caliente’. Ella los tolera, porque está acostumbrada a vivir así y no puede estar enfrentándose a todos”, asegura Jessica Huertas, psicóloga social. Todo esto sucede pese a que, en el Perú, se cuenta con leyes contra la discriminación fuera y dentro del ámbito laboral (Nº 27270, N°28867, Nº 28983 y Nº 30709)
Por otro lado, también está el caso de las mujeres con discapacidad. En el marco del ciclo de conversatorios: Voces de Mujeres Capaces, Diómedes Nieto, especialista en Promoción Social Laboral para Personas con Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), explicó que del 2016 al 2020 la planilla electrónica del MTPE registró un promedio de 7 mil personas con discapacidad, sin embargo, 7 de cada 10 son varones y solo 3 son mujeres.
En este mismo evento, Ester Crispín, especialista legal de la Defensoría del Pueblo, señaló que durante la emergencia sanitaria se reportaron casos de mujeres con discapacidad que trabajaban en el sector estatal y a quienes no se les renovó los contratos CAS. Esto se produce, pese a que, cuentan con una ley que las respalda (N° 29973).
Asimismo, de acuerdo con la normativa vigente, las personas con discapacidad deben representar por lo menos el 3% del promedio anual de trabajadores de las empresas con más de 50 trabajadores, y el 5% como mínimo en el sector público. No obstante, los requisitos de educación técnica o superior para ciertos empleos hacen que el 68% no sea contratado, así lo aseveró José Peralta Navarrete, representante del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – Conadis.
Mujeres y población LGBTIQ+: limitarse para no ser despedido
Cansarte hasta pedir tu renuncia. Eso le pasó a Flor, natural de Apurímac, cuando sus jefes se enteraron de que tenía una relación sentimental con una compañera de trabajo. “Te aburren para que te retires porque simplemente no te toleran. Prácticamente, te limitan. Era asistente de ventas. No andaba diciendo ‘esta es mi opción’”, indica.
La discrinación hacia mujeres y personas LGBTIQ+ en Lima persiste. A veces, como pasó con Flor, los rumores hacen más daño, por más que una persona no comente su orientación sexual de forma libre. Con testimonios como el de ella, cobra sentido que el 24.3% de trabajadores LGBTIQ+ mantenga en reserva su orientación sexual e identidad de género por miedo a la discriminación o despido laboral, según reportó el Instituto de Estudios Sindicales.
Como lo que no se nombra no existe, la comunidad LGTBIQ+ está expuesta también a la desprotección de sus derechos. Leticia* llegó a Lima desde Arequipa para presentarse a diversos castings y así, lograr su sueño de ser reina de belleza. Ella, que tenía una carrera incompleta en educación y un título técnico como estilista, tuvo que recurrir al trabajo sexual para poder subsistir. “No creo que ninguna mujer se sienta cómoda ejerciéndolo. Una se acostumbra, que es diferente”, cuenta.
La ausencia de un DNI que la represente ha ocasionado que se enfrente a numerosos “te llamaremos” que no se hacían realidad. Hasta la fecha, cuenta, no ha sido empleada más que en campañas por el mes del orgullo o en donde se necesitaba precisamente a una mujer trans. “Hay empresas que en el mes del orgullo sacan sus banderas, pero es difícil verlo puesto en práctica”, comenta sobre el tema la abogada Pamela Navarro. Esto se puede observar en diversos estudios. La II Encuesta Nacional de Derechos Humanos refleja que el 37% de empleadores no contratarían a una persona trans. Asimismo, La discrminación hacia lgbti en el entorno laboral peruano: 2016-2020 menciona que las poblaciones trans son las más vulnerables a sufrir discriminación laboral, debido a la desventaja estructural y la violencia de Estado al no reconocerlas dentro del sistema.
“Como dicen, no podemos ejercer ciudadanía. En mi caso, el poder haber cambiado la partida de nacimiento y el DNI, me ha abierto muchas puertas, no solamente en el ámbito de la salud, sino también en el aspecto laboral, al trabajar en la Universidad de San Marcos y en otras convocatorias, que no podía hacer porque están destinadas a mujeres y no a mujeres trans. Ese es el gran avance”, indicó Dania Calderón en un evento organizado por el Poder Judicial Peruano. Esto se da luego de que ella fuese la primera mujer trans en conseguir el cambio de sexo en su DNI sin requerir reasignación genital.
“Si pudiera regresar el tiempo atrás, elegiría seguir trabajando”, señala Delia, ahora con dos hijos, quienes aún dependen económicamente de su exesposo. Como ella, el 90% de las entrevistadas para este reportaje dejó su trabajo para dedicarse a labores del hogar y cuidado.
* Delia, Sonia y Leticia son nombres ficticios para proteger la identidad de las personas
Para leer la primera parte, click aquí.
Este contenido es parte de una cobertura colaborativa entre cinco medios —Distintas Latitudes (México), Morras explican cosas (México), La Antígona (Perú), La Andariega (Ecuador) y Revista Colibrí (Argentina)— de la Coalición LATAM, una iniciativa para impulsar el crecimiento de nuevos medios fundados por jóvenes periodistas. Este reportaje fue posible gracias al Fondo de Respuesta Rápida de Chicas Poderosas e Internews.
