Por Ángela Valvidia
La iniciativa fue presentada en el 2016, y cinco años luego, debatida en la Comisión de la Mujer sin resultados, en la Comisión de CIDH se ha resaltado la importancia de reconocer la identidad de las personas por parte del Estado. Esta iniciativa lleva más de 7 años encarpetada.
– A Rodrigo lo obligaban a decir en alto su nombre legal, le lanzaban todos los documentos que presentaba, lo cuestionaron una y otra vez por verse, por atreverse a verse, como hombre teniendo un nombre de mujer.
El pasado 23 de marzo, en el Tribunal Arcoíris (espacio en el que se visibilizan las violaciones de derechos que enfrentan las personas LGTBIQ+ y desde donde se exige justicia) Sebastián Marallano recordó el doloroso momento que vivió junto a su esposo Rodrigo Ventosilla, en el aeropuerto de Bali, Indonesia, a donde habían viajado por su luna de miel el 6 de agosto del 2022. Los problemas empezaron cuando la Policía del país asiático vio diferencias entre la identidad de género de Rodrigo y los datos de su DNI, según sus abogados y familiares. Luego fue detenido por supuesta posesión de drogas (cannabis). Y en menos de una semana después fue declarado muerto en un centro médico.
Sebastián, quien también denunció haber sido víctima de violencia por parte de la Policía de Indonesia, ha señalado que existe la preocupación de que el caso quede impune y sin que el Estado peruano reconozca la negligencia que habría cometido el cónsul Julio Tenorio, quien no prestó auxilio de manera inmediata y viajó a Bali recién el 12 de agosto, el día siguiente de la muerte de Rodrigo. El próximo 17 de abril habrá un plantón delante del Ministerio de Relaciones Exteriores para levantar voces en busca de justicia por la muerte de Rodrigo.
Pero el abandono del Estado hacia las personas transexuales se evidencia de diferentes maneras. Por ejemplo, en el Congreso de la República está olvidado el proyecto de ley sobre Identidad de Género (N° 790), que se presentó en el 2016. En marzo del 2021, la Comisión de la Mujer aprobó el dictamen; sin embargo, aún continúa detenido en la Comisión de Constitución a donde también lo mandaron en una ruta sin fin.
Al respecto, Marisa Glave, una de las autoras de la iniciativa, manifestó que la propuesta no tendría por qué ir a esta última comisión, sino a la de Justicia porque no se requieren de cambios constitucionales y se trata más bien de Derechos Humanos. ‘‘La Constitución habla claramente del derecho de las personas a su identidad, no habla de mujeres u hombres biológicamente ni hace una diferenciación alrededor de las personas trans”, declaró al diario La República.
Actualmente, si una persona trans desea variar su nombre o el sexo en su DNI, debe realizar procesos judiciales que resultan costosos, pueden tomar muchos años y no tener respuestas favorables. E incluso si hay sentencias judiciales positivas, la procuraduría del Reniec suele apelar las decisiones del juez, por lo que el trámite demora aún más, como cuenta la periodista trans y coordinadora del Observatorio DDHH LGBT de Perú, Gianna Camacho. El camino más adecuado y respetuoso de los Derechos Humanos de las minorías sexuales sería la aprobación de este proyecto de ley. De esta manera, el trámite sería solo administrativo; es decir, bastaría con ir al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y solicitar los cambios correspondientes sin necesidad de alguna constancia médica o legal.
Miluska Luzquiños, defensora de Derechos Humanos e Identidad de Género, resalta la importancia de contar con una ley de este tipo: ‘‘El trasfondo no es el nombre, es el contexto de violencia y de exclusión que viven las personas trans por ser trans, que, si bien inicia en el no reconocimiento del nombre adquirido socialmente, termina en una serie de situaciones desgastadoras de exclusión laboral, educativa, económica, social. Hay que verlo más allá’’.
Sumado a ello, una ley de identidad de género también significaría disminuir los índices de violencia que viven las personas trans, precisa Luzquiños. Agrega que desde inicios hasta este año se han registrado al menos 17 casos de transfeminicidios, según data recolectada por las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, pese a la discriminación constante, exclusión de derechos básicos y violencia existente, el PL no cuenta con el apoyo suficiente para ser debatido en la Comisión de Constitución y, eventualmente, en el Pleno del Congreso de la República.
La Defensoría del Pueblo ha recomendado al Congreso y al Gobierno aprobar la ley en varias ocasiones, alegando la necesidad de contar con esta para permitir a las personas trans acceder a los servicios que ofrece el Estado, a través del reconocimiento de su identidad en sus documentos y así evitar actos discriminatorios que pueden presentarse en las instituciones públicas. En el 2016, la Defenosoria del Pueblo publicó el Informe Defensorial N° 175. Derechos humanos de las personas LGTBI: Necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculante para países como el Perú que pertenecen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha expresado mediante la opinión consultiva OC-24/17 que el reconocimiento de la identidad de género por parte del Estado “resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas transgénero”.
Lamentablemente, el caso de Rodrigo, quien perdió la vida en Bali sin que hasta la fecha se tengan detalles de lo que ocurrió no ha servido para generar conciencia y tomar acciones reales respecto de la importancia de tener una Ley de Identidad de Género. El Perú sigue siendo uno de los países que menos derechos LGTBIQ+ otorga en la región, estamos entre los más atrasados. Por ejemplo, países vecinos como Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay ya tienen leyes que permiten acceder al derecho de la identidad. En ese sentido, urge que la iniciativa sea debatida en el Perú.
