Por Jessica Valdés Flores
En el marco internacional por el día del ahorro energético, es imprescindible hablar sobre el acceso a la justicia social y el derecho a un medio ambiente sano. Las defensoras del territorio y comunidades indígenas luchan por el acceso a la justicia ambiental en sus territorios.
El día mundial del ahorro energético fue celebrado por primera vez en el año 2012 durante el Foro Energético Mundial (World Energy Forum) en Dubái. Sus principales objetivos mencionan promover el acceso universal a la energía de forma fiable e impulsar tecnologías sostenibles para el año 2030. Sin embargo, es importante destacar las siguientes preguntas: ¿Energía para qué? ¿Energía para quién? ¿Energía cómo?
En Latinoamérica y en diferentes latitudes alrededor del mundo, las comunidades indígenas y rurales resisten ante la crisis climática que nos atraviesa, y es a través de la defensa del territorio, propuestas alternativas para el consumo energético y la resignificación de las redes comunitarias que es posible construir otros mundos posibles.
Ilustración del documental La Energía de los Pueblos, producida por La Sandía Digital
Según la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), para el 2019 la energía que se consume en mayor proporción proviene del petróleo y sus derivados en un 59%, mientras que la demanda de energía ha aumentado durante la pandemia, treinta millones de habitantes en Latinoamérica no tienen acceso a energía eléctrica (Cooperativa Onergia).
Compartimos el siguiente gráfico recuperado de la Guía Onergia para la Soberanía Energética donde se muestran las fuentes de energía que se consumen en México, teniendo como principales a los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) como los principales suministros.
Oferta interna – bruta por fuente. 1990 – 2017
Fuente: CONUEE con información del SIE de la SENER
*Incluye las energías geotérmica, eólica y solar.
Mientras las regiones en México sufren del desplazamiento y contaminación de agua, aire y suelo en sus territorios debido a la construcción de megaproyectos que velan por intereses privados, las comunidades indígenas han optado por la organización comunitaria para hacerle frente a las nuevas transiciones energéticas que se impulsan desde las políticas públicas y acuerdos internacionales que dejan de lado el acceso a la justicia ambiental.
Sierra norte de puebla
En las comunidades de los pueblos totonacos, nahuas y mestizos en la Sierra Norte de Puebla, se impulsan proyectos para la soberanía energética de forma sustentable. Con capacitación y apoyo de la Cooperativa Onergia, han realizado proyectos comunitarios para gestionar y suministrar la energía de fuente fotovoltaica.
Cuando hablamos de ahorro y eficiencia energética, implica preguntarnos desde dónde y quiénes producen la energía, si existe un adecuado acceso a la información y datos abiertos del impacto ambiental que genera la industria energética, y lo más importante, cuestionar si el derecho a la vida, la protección a los recursos naturales y el acceso a la justicia ambiental son pilares dentro de las agendas de transición energética dentro de lo local y alrededor del mundo.
Ilustración Guía Onergia sobre Soberanía Energética
Fuente: Cooperativa Onergia
Investigar, construir y compartir alternativas sustentables para el consumo energético que nos guíe hacia una soberanía energética sustentable es imprescindible para el cuidado de la tierra. Además, es importante hacerlo mientras cuidamos e impulsamos la participación social de las comunidades para una repartición equitativa de los recursos energéticos donde los productores como consumidores de energía inciden en sus localidades.
Defensoras del territorio
En América Latina y el Caribe, las mujeres que defienden los territorios y protegen los recursos naturales de los megaproyectos que impulsan empresas trasnacionales, son referentes en la lucha social para el acceso a un medio ambiente saludable.
Tal es la historia de Ná Lupita, Mujer de las nubes. Ella es originaria de Unión Hidalgo, comunidad indígena zapoteca en México donde se autonombran “Binni’zaa” que en zapoteco significa “personas que provienen de las nubes”. Frente al detrimento del territorio a causa de la construcción del parque eólico promovido por Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), Ná Lupita comenzó a prepararse y estudiar los marcos normativos internacionales, derechos y responsabilidades de los pueblos y comunidades indígenas, así como derechos humanos universales para llevar el caso a los tribunales.
México es uno de los países más participativos en los acuerdos internacionales, pero son notables los casos sociales donde existen carencias para su implementación. Tanto la violación a los derechos humanos como a los acuerdos internacionales dejan en claro que el beneficio no suele ser a las comunidades regionales.
Ilustración de Ná Lupita, Mujer de las nubes
Fuente: Portal de Defensoras del Territorio
Por su parte, la historia de Alejandra Jiménez, Flor de asfalto, mujer originaria de Veracruz, ha dedicado parte de su vida al activismo e incidencia comunitaria para hacerle frente al “Fracking” en México. Dentro de la región del Totonacapan ha participado activamente para hacerle frente a las industrias del petróleo que han dañado a las comunidades de la costa del Golfo de México y quienes también han violentado los instrumentos legales en materia ambiental.
¿Qué es el Fracking?
Se trata de una práctica donde existen fracturas hidráulicas para la extracción de gas natural y petróleo de forma no convencional. Estos recursos no renovables se encuentran atrapados en los poros de las formaciones rocosas del subsuelo a una profundidad entre mil y cinco mil metros. La técnica perfora el subsuelo a kilómetros por debajo del mar con una inyección que contiene una mezcla de sustancias químicas, agua y arena a elevada presión para forzar la salida del petróleo.
Esta práctica ha dejado en México un impacto ambiental y de salud alarmante, pues ha contaminado las fuentes de agua, las personas sufren efectos negativos en su salud, ha promovido la emisión de gases que contribuyen al calentamiento global y deteriorado la flora y fauna de las localidades.
Alejandra ejerce una voz crítica y poderosa para denunciar los efectos que ha traído el fracking en las localidades de Veracruz y en otras entidades mexicanas. Desde el Tribunal Permanente de los Pueblos, ha sido una referente internacional por la defensa de los derechos humanos y acceso a la justicia ambiental. Ha utilizado sus conocimientos para brindarles a las comunidades locales mejores condiciones de salud, participando activamente en iniciativas políticas para hacerle frente a la prohibición de estas técnicas industriales insalubres y aniquiladoras del territorio. En entrevista para Planeteando, ella se autodenomina como “Flor de Asfalto”, ya que ella nació y creció en la ciudad, pero sus quehaceres y afinidades se han encontrado en el campo.
Ilustración de Alejandra Jiménez, Flor del Asfalto
Fuente: Portal de Defensoras del Territorio
De los recientes acuerdos internacionales, el Acuerdo de Escazú, celebrado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica (y que entró en vigor el pasado 22 de abril de 2021), es uno de los fundamentales para comenzar la transición energética con justicia social. Porque reconoce a los defensores del medio ambiente como personas en situación de vulnerabilidad garantizando su protección integral y la promoción de las personas quienes luchan por la tierra y el territorio. Hasta ahora, es el único instrumento internacional que busca implementar el derecho de acceso a la información ambiental, acceso a la participación ciudadana en asuntos ambientales y acceso a la justicia ambiental.
Mujer, agua y energía no son mercancía. Marcha durante el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo 2020, Puebla de Zaragoza, Puebla, México
Fuente: Guía soberanía energética, Fundación Rosa Luxemburgo
El ahorro energético va de la mano de la transición energética sustentable, y esta, a su vez necesita de propuestas científicas, tecnológicas y económicas sostenibles y sustentables con perspectiva social, comunitaria y de género. Requieren de herramientas que protejan a las comunidades indígenas, les activistas ambientales, defensores de la tierra, y las organizaciones no gubernamentales.
Mientras que la responsabilidad es compartida desde diferentes sectores y trincheras, necesitamos con urgencia propuestas comunitarias para que el la eficiencia y ahorro energético se construya desde la soberanía energética de los pueblos, comunidades y ciudades.
La educación ambiental y memoria política necesita reivindicar el cómo producimos y consumimos energía mientras garantizamos el acceso a un ambiente saludable y a la justicia ambiental.
