Esta selección de relatos reúne a las cuatro ganadoras del Primer Premio Nacional de Crónica Feminista y otras siete mujeres que obtuvieron menciones especiales. Ambos proyectos, el certamen y el libro, son impulsados por la revista feminista Muy Waso.
Diez crónicas feministas escritas por 11 jóvenes autoras han sido publicadas en el libro La Bolivia, una antología de crónica feminista. La colección reúne los textos ganadores del Primer Premio de Crónica Feminista, organizado por la revista Muy Waso en 2019.
Las maternidades, el acoso callejero, la violencia machista y patriarcal (en sus formas más obvias y también sutiles) son algunas de las problemáticas abordadas desde distintas voces, miradas, historias y cuerpos.
Este libro se encuentra disponible, para su distribución y envío, en todo el país.
La antología
La Revista Muy Waso, organizadora del Primer Premio de Crónica Feminista, consiguió publicar La Bolivia luego de dos años de crisis social, política y sanitaria. Sara Molina, una de las galardonadas con el segundo lugar en el Premio, comenta que las historias de La Bolivia “son contadas desde diferentes pieles, pasados, culturas. Las situaciones sociales y económicas también son diferentes, entonces esa es la riqueza y el valor que tiene este libro”.
Para la directora de la Revista Muy Waso, el proceso de la publicación del libro permitió conocer las voces y escrituras de “mujeres que no siempre están ligadas a la literatura o el periodismo, pero que tienen historias urgentes y necesarias con las que todas nos podemos identificar”.
Las ganadoras
Adriana Montenegro es la cronista que obtuvo el primer lugar del Premio de Crónica Feminista 2019 con el relato “(Auto)crónica de una luchona”. El trabajo a cuatro manos de Sara Molina y Rafaela Molina logró el segundo lugar con la crónica “Nacimos libres y nos esclavizaron”.
Daniela Rodríguez obtuvo el tercer lugar con el texto “El feminismo su diversidad y luchas en Tarija”. La antologíca La Bolivia incluye también los escritos de Karina Quiñones, Emma Rada, Fabiana Méndez, Eva Choque, Claudia Michel, Carla Alina Amurrio y Elena Peña. Todas ellas consiguieron menciones especiales.
El libro cuenta con el diseño y la diagramación de la Editorial El Cuervo. El cuidado editorial estuvo a cargo de la escritora Lourdes Reynaga.
Otros proyectos
Debido al contexto económico y social ocasionado por la pandemia, desde 2021 el Premio de Crónica Feminista se transformó en el Fondo de Apoyo a la Producción Periodística de Mujeres y Personas LGBTIQ+ de la Revista Muy Waso. Esta convocatoria se encuentra abierta de manera permanente y es autogestionada por el portal digital feminista Muy Waso.
La Bolivia es el segundo libro en tres años que publica la Revista Muy Waso. En 2019 realizó el lanzamiento de Libreras, una antología desde la Cárcel San Sebastián Mujeres. En esta publicación participaron 15 mujeres privadas de libertad, luego de cinco talleres literarios con reconocidas escritoras y escritores gestionados por la Revista Muy Waso.
El Primer Premio Nacional de Crónica Feminista de la Revista Muy Waso recibió el apoyo de “Micros para avanzar”, microfondos de impulso para colectivos, redes y organizaciones sociales. También recibió el impulso de recursos autogestionados por la Revista Muy Waso.
Tras persistir y convencer a sus papás de mandarla a Lima, Delia* lo había logrado. Era 1988 y con 18 años, ella había dejado su natal Chanchamayo, provincia en el centro del Perú. Buscaba estudiar Laboratorio en el instituto Daniel Alcides Carrión. Sabía que no era Derecho, la carrera que quería, ni tampoco una universidad, como le hubiese gustado, pero tenía más oportunidades de estudiar y trabajar que en su lugar de origen. Como ella, desde décadas, mujeres y parte de la población LGBTIQ+ peruanas migran de regiones a la capital, Lima.
Discriminación, lo que aún arrastramos
Cuando Delia trabajaba en el área administrativa del último empleo que tuvo, una de sus labores era la toma de muestras sanguíneas a domicilio en hogares de niveles socioeconómicos elevados, donde vivían los pacientes de su centro laboral. Llegó a la casa de un menor de edad y siguió el procedimiento habitual para la toma de sangre. Hubiese sido un día normal, pero, como respuesta, recibió insultos racistas que la hirieron.
El marco normativo al que los trabajadores pueden acogerse sigue aún siendo falible. No obstante, existen también barreras sociales a las que las mujeres y población LGTBIQ+ migrantes deben enfrentarse a la hora de trabajar. La discriminación étnico racial termina siendo una de las más latentes debido a que las causas que la motivan están directamente relacionadas a las características fenotípicas.
En Discriminación étnico-racial en el ámbito laboral: Diagnóstico situacional, el Ministerio de Cultura del Perú indica que la normativa constitucional al respecto es insuficiente, pues se refiere a la igualdad de oportunidades mas no de trato. Se debería abogar más bien por una igualdad de resultados a través de medidas afirmativas. En cuanto a la legislación laboral, normas como el Reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo o la Ley Contra Actos de Discriminación se esfuerzan por contemplar también factores como color, idioma u origen social y distintos procesos laborales como la oferta de empleo y el despido.
“La gente era bien injusta. Porque eres provinciana creen que puedes hacer todo, aguantas porque no sabes sentir dolor, hambre o cansancio. La justicia es más para los que tienen plata. El pobre nunca va a alcanzarla”, narra con pesar Sonia*, quien percibía cómo los actos déspotas de sus empleadores tenían el objetivo de hartarla para que renuncie.
De hecho, en el referido documento, el MINCUL sostiene que otra de las manifestaciones más comunes de racismo es la discriminación acumulada, por la cual, por ejemplo, las mujeres provenientes de zonas rurales, con rasgos indígenas y lenguas maternas ajenas al español sufren de manera permanente de marginación.
“La mujer indígena trabaja duro: está laborando en la chacra, atiende a los hijos, se levanta más temprano y duerme más tarde. Trabaja mucho, pero no es reconocida. Mientras que los hombres trabajan ocho horas y tienen un salario”, indica Melania Canales Poma, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y lideresa indígena del pueblo quechua para el diario El País. Al igual que las amas de casa, las mujeres indígenas cumplen una labor que ha sido subestimada y, además, poco visibilizada.
Según la FAO, como productoras, las mujeres en zonas rurales se enfrentan a más obstáculos que los hombres a la hora de acceder a recursos y servicios productivos, tecnología, información de mercado y activos financieros. Foto: Supercampo
Asimismo, la discriminación linguística, se da sobre todo hacia los grupos de personas que viven en las zonas rurales. “Las dinámicas de poder legitiman la discriminación y el lenguaje reproduce (en sus usos, en sus prácticas) estas dinámicas”, rescata la linguista Virginia Zavala cuando fue consultada por el Washington Post. Estas dinámicas se vuelven más evidentes cuando hay jerarquías dentro de un espacio laboral.
El color de piel también es un factor de discriminación que mujeres y poblaciones LGBTIQ+ afroperuanos enfrentan al escuchar apodos, chistes o comentarios racistas, inclusive, hipersexualizarlas, como le pasó a la promotora en derechos sexuales y reproductivos Milagros de la Cruz Yucra. “Cuando entré al último trabajo, todo mundo quería ver la forma de atraer mi atención. Me insinuaban que querían tener relaciones sexuales conmigo, porque nunca habían estado con una ‘negrita’. Esa situación fue la que rebasó todo lo que habían dicho”, expresa. El acoso u hostigamiento laboral pueden ser el doble que a una persona que no es afroperuana, debido a los estereotipos errados que la sociedad moldea. Esto también sucede con mujeres y poblaciones LGBTIQ+ que provienen de la selva.
“Tienen un estereotipo sexualizante cada vez que migran y tienen que cargar con ello, aún cuando laboran en espacios formales. Trabajo con una abogada que es de Iquitos, es súper especializada, por lo que no debería haber comentarios sobre su sexualidad. Pero sí he escuchado cuando se referían a ella como ‘de sangre caliente’. Ella los tolera, porque está acostumbrada a vivir así y no puede estar enfrentándose a todos”, asegura Jessica Huertas, psicóloga social. Todo esto sucede pese a que, en el Perú, se cuenta con leyes contra la discriminación fuera y dentro del ámbito laboral (Nº 27270, N°28867, Nº 28983 y Nº 30709)
Por otro lado, también está el caso de las mujeres con discapacidad. En el marco del ciclo de conversatorios: Voces de Mujeres Capaces, Diómedes Nieto, especialista en Promoción Social Laboral para Personas con Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), explicó que del 2016 al 2020 la planilla electrónica del MTPE registró un promedio de 7 mil personas con discapacidad, sin embargo, 7 de cada 10 son varones y solo 3 son mujeres.
En este mismo evento, Ester Crispín, especialista legal de la Defensoría del Pueblo, señaló que durante la emergencia sanitaria se reportaron casos de mujeres con discapacidad que trabajaban en el sector estatal y a quienes no se les renovó los contratos CAS. Esto se produce, pese a que, cuentan con una ley que las respalda (N° 29973).
Asimismo, de acuerdo con la normativa vigente, las personas con discapacidad deben representar por lo menos el 3% del promedio anual de trabajadores de las empresas con más de 50 trabajadores, y el 5% como mínimo en el sector público. No obstante, los requisitos de educación técnica o superior para ciertos empleos hacen que el 68% no sea contratado, así lo aseveró José Peralta Navarrete, representante del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – Conadis.
Mujeres y población LGBTIQ+: limitarse para no ser despedido
Cansarte hasta pedir tu renuncia. Eso le pasó a Flor, natural de Apurímac, cuando sus jefes se enteraron de que tenía una relación sentimental con una compañera de trabajo. “Te aburren para que te retires porque simplemente no te toleran. Prácticamente, te limitan. Era asistente de ventas. No andaba diciendo ‘esta es mi opción’”, indica.
La discrinación hacia mujeres y personas LGBTIQ+ en Lima persiste. A veces, como pasó con Flor, los rumores hacen más daño, por más que una persona no comente su orientación sexual de forma libre. Con testimonios como el de ella, cobra sentido que el 24.3% de trabajadores LGBTIQ+ mantenga en reserva su orientación sexual e identidad de género por miedo a la discriminación o despido laboral, según reportó el Instituto de Estudios Sindicales.
Como lo que no se nombra no existe, la comunidad LGTBIQ+ está expuesta también a la desprotección de sus derechos. Leticia* llegó a Lima desde Arequipa para presentarse a diversos castings y así, lograr su sueño de ser reina de belleza. Ella, que tenía una carrera incompleta en educación y un título técnico como estilista, tuvo que recurrir al trabajo sexual para poder subsistir. “No creo que ninguna mujer se sienta cómoda ejerciéndolo. Una se acostumbra, que es diferente”, cuenta.
El orgullo es usado muchas veces como estrategia de marketing mas no viene acompañado de políticas de inclusión. Fuente: Getty Images
La ausencia de un DNI que la represente ha ocasionado que se enfrente a numerosos “te llamaremos” que no se hacían realidad. Hasta la fecha, cuenta, no ha sido empleada más que en campañas por el mes del orgullo o en donde se necesitaba precisamente a una mujer trans. “Hay empresas que en el mes del orgullo sacan sus banderas, pero es difícil verlo puesto en práctica”, comenta sobre el tema la abogada Pamela Navarro. Esto se puede observar en diversos estudios. La II Encuesta Nacional de Derechos Humanos refleja que el 37% de empleadores no contratarían a una persona trans. Asimismo, La discrminación hacia lgbti en el entorno laboral peruano: 2016-2020 menciona que las poblaciones trans son las más vulnerables a sufrir discriminación laboral, debido a la desventaja estructural y la violencia de Estado al no reconocerlas dentro del sistema.
“Como dicen, no podemos ejercer ciudadanía. En mi caso, el poder haber cambiado la partida de nacimiento y el DNI, me ha abierto muchas puertas, no solamente en el ámbito de la salud, sino también en el aspecto laboral, al trabajar en la Universidad de San Marcos y en otras convocatorias, que no podía hacer porque están destinadas a mujeres y no a mujeres trans. Ese es el gran avance”, indicó Dania Calderón en un evento organizado por el Poder Judicial Peruano. Esto se da luego de que ella fuese la primera mujer trans en conseguir el cambio de sexo en su DNI sin requerir reasignación genital.
“Si pudiera regresar el tiempo atrás, elegiría seguir trabajando”, señala Delia, ahora con dos hijos, quienes aún dependen económicamente de su exesposo. Como ella, el 90% de las entrevistadas para este reportaje dejó su trabajo para dedicarse a labores del hogar y cuidado.
La calidad de vida de los ciudadanos depende en gran medida de la región donde les haya tocado nacer y vivir. No es de extrañar que miles de ellos opten por trasladarse a lugares con mejores indicadores socioeconómicos, como es el caso de Delia. Diseño e ilustración: Adriana Velázquez, Mya Sánchez y Zoila Antonio
* Delia, Sonia y Leticia son nombres ficticios para proteger la identidad de las personas
El trabajo de las mujeres que son amas de casa no solo no es retribuido económicamente, sino que es subestimado. Según la Universidad Continental, en Perú, 4 millones 160 mil desarrollan dos funciones: amas de casa y trabajan fuera del hogar. Foto: El Búho
Tras persistir y convencer a sus papás de mandarla a Lima, Delia* lo había logrado. Era 1988 y con 18 años, ella había dejado su natal Chanchamayo, provincia en el centro del Perú. Buscaba estudiar Laboratorio en el instituto Daniel Alcides Carrión. Sabía que no era Derecho, la carrera que quería, ni tampoco una universidad, como le hubiese gustado, pero tenía más oportunidades que en su lugar de origen. Como ella, desde décadas, mujeres y parte de la población LGBTIQ+ peruanas migran de regiones a la capital, Lima.
Según el informeLa Migración Interna en el Perú, 2012 – 2017del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), la calidad de vida de los ciudadanos depende en gran medida de la región donde les haya tocado nacer y vivir. No es de extrañar que miles de ellos, opten por trasladarse a lugares con mejores indicadores socioeconómicos, como concluyen los redactores del documento del BCR.
María Salazar, secretaria de Organización en el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de la Región Lima (SINTTRAHOL), nos cuenta: “La mayoría de mujeres en el campo no estudiamos. Yo, por ejemplo, estudié mi secundaria en Lima con un hijo. Los colegios están muy alejados, no hay movilidad. Para salir del campo a la ciudad tenemos que tomar una mototaxi que cobra 15 o 20 soles”, relata. Por la concentración de la población económicamente activa y el acceso al empleo, migrar a Lima se vuelve una posibilidad.
“Las políticas nacionales no están construidas para dar igualdad de oportunidades a los ciudadanos que viven en diferentes regiones del país”, agrega al respecto Gustavo Minaya, secretario de Defensa de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).
Como Delia y María, son muchas las personas que llegan a Lima con el objetivo de estudiar y trabajar. Sin embargo, sus esfuerzos parecieran ser insuficientes. “Me escapé de casarme contra mi voluntad”, dice entre risas Sonia*. Para ella, la vida en la capital no fue fácil, pero su miedo a regresar a Apurímac y “terminar como su mamá”, relata, era más grande que cualquier otra cosa.
Sobrevivir en Lima le implicó dedicarse a distintas actividades relacionadas al trabajo en el hogar y la limpieza, enfrentándose incluso a tratos esclavizantes, como lavar ropa por más de 8 horas de pie. Logró estudiar y ejercer la carrera técnica de Enfermería, pero incluso luego de eso, Sonia volvió a realizar labores completamente ajenas a su rubro. Y es que, en la opinión de Minaya, lejos de un tema de esfuerzo, la explicación se encuentra en la escasa oferta laboral formal.
Entre enero del 2020 y enero del 2021, la participación laboral de las mujeres bajó 8%, mientras que de los hombres cayó apenas 2,7% (INEI, 2021) Foto: Punto por Punto
“Nuestro país no está adecuadamente construido para la cantidad de empleos que se necesitan. No hay investigación ni un sistema de producción que permita darle valor agregado a nuestros productos y eso genera que no haya empleos suficientes. Además, la migración ha incrementado las zonas poblacionales de las grandes ciudades y eso ha causado bastante informalidad en el empleo”, sentencia.
Las cifras lo evidencian. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la tasa de informalidad a nivel nacional entre julio del 2020 y junio de este año fue de 78,1%. Además, sólo en el área urbana, la formalidad disminuyó en 6,4% durante los últimos tres años. Al respecto, Minaya lamenta que las políticas aprobadas en el Acuerdo Nacional (2002) no hayan sido aplicadas.
Asimismo, el representante menciona a los regímenes de contratación laboral como obstáculos para la estabilidad en el puesto de trabajo, lo que dificulta que los ciudadanos aspiren a tener mejores condiciones de vida. Si esto afecta a todos los trabajadores de manera general, los migrantes tanto del extranjero como aquellos que viajan de regiones a Lima se ven aún más perjudicados por el nivel de precariedad en que muchos de ellos viven, sumado a la marginación y lo difícil que de por sí es empezar de cero lejos de sus hogares.
“Muchas veces los empleadores prefieren a personas que vienen de la sierra o de la selva porque probablemente se queden dentro de casa a trabajar y no tienen un hogar a dónde ir. Además cuando somos jóvenes somos más sumisos”, añade Salazar refiriéndose puntualmente a las trabajadoras del hogar. No obstante, la vulnerabilidad de sus derechos se extrapola también a otros rubros.
Mujeres y poblaciones LGBTIQ+: ¿leyes en vano?
Después de terminado sus estudios, Delia trabajó en una clínica pequeña, en el distrito limeño de Chorrillos. Al encontrarse preocupada por su salud, decidió hacer una consulta médica al dueño del establecimiento, pero él intentó tocarla sin su consentimiento. Al no encontrar respuesta cuando le contó de lo sucedido a la esposa y socia, decidió renunciar. “Pude haber denunciado, pero no se me ocurrió en ese momento. Pensé que yéndome estaba solucionado”, indica.
Pese a que el delito de tocamientos se contempla en el artículo 176 del código penal y tengamos la ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en el Perú, por desconocimiento, shock o miedo, dichos actos no se llegan a denunciar. En otras ocasiones sí, como fue el caso de Flor, natural de Apurímac y perteneciente a la población LGBTIQ+. Sin embargo, en un sistema patriarcal, las mujeres y poblaciones LGBTIQ+ no solemos obtener justicia.
“Recuerdo que el administrador me decía ‘tranquila, no te preocupes, no va a pasar nada’, pero él no hacía nada. La persona me seguía en cada movimiento que hacía, me tomaba fotos, me grababa videos. Sabía con quién hablaba, dónde estoy o a qué hora salía”, asegura. Pese a que ella denunció estos actos en una empresa de alcance nacional, la sanción no fue la esperada. “Cuando una de las chicas sufrió de tocamientos indebidos por esta misma persona, recién lo cambian. No lo retiraron, sólo lo pasaron de un departamento a otro”, comenta.
“El sistema, si presentas pocas pruebas, te llama exagerada. Y hay trabajos precarios informales que además incrementan el acoso sexual, como en el caso de las camareras”, afirma la psicóloga social Jessica Huertas. “Los clientes hombres suelen decir ‘Qué guapa estás’. Ellas reconocen el capital sexual para poner ganar propinas, pero no se dan cuenta que lo que están viviendo es acoso sexual”, indica. La formalidad y mucho menos la informalidad, no son garantía de un espacio seguro.
Esta incomodidad laboral también se manifiesta en el caso de la maternidad. Avalada en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, Pamela Navarro, abogada laboralista, recalca que no están permitidas las preguntas sobre este tema en una entrevista de trabajo. “Por desconocimiento o por miedo a quedar fuera del proceso de selección tenemos que enfrentarnos a ese tipo de cosas. De manera equivocada se piensa que la mujer, en la medida que tiene la posibilidad de ser madre, resulta un poco rentable para las empresas”, asegura.
Si una mujer realiza una actividad en el trabajo que pone en riesgo su salud y la de su estado de gestación, puede solicitar no hacerlo mediante la Ley N° 28048. Foto: Andina
Si se encuentra embarazada, inclusive, se encuentra amparada por la Ley Nº 30367 y por el Decreto Supremo 006-2016-TR, donde se define su protección en casos de riesgo en la gestación, el descanso pre y post natal, subsidio por maternidad y ante el despido arbitrario.
Asimismo, Perú cuenta con una ley, N°29896, donde se establece la obligación de implementar lactarios en las instituciones del sector público y privado que cuenten con más de 20 o más mujeres que se encuentren en edad fértil. “Deberías poder alinear tu vida laboral con la familiar para tener estabilidad emocional. Para lograrlo, necesitas balancear espacios. Este sistema de cuidados debe incluir el garantizar derechos laborales que implican una guardería, un lactario, horarios adecuados para poder trabajar”, enfatiza Huertas. No obstante, estas dinámicas han cambiado en pandemia, debido a la opción de virtualidad o teletrabajo. Este puede jugar a favor o en contra, ya que tiende a sumar a la carga de servicios de cuidado que las mujeres brindan.
El teletrabajo, que permite a algunas personas seguir laborando durante la crisis, es un arma de doble filo para las mujeres porque tiende a aumentar la carga de servicios de cuidado que ellas ofrecen. Según el estudio del BID La participación laboral de las mujeres en el Perú: 10 mensajes clave y 6 recomendaciones de política (2021), casi el 60% de las mujeres encuestadas afirmaron ser las únicas responsables de la educación de sus hijos en el hogar durante la pandemia, en comparación con el 14% de los hombres.
No obstante, el teletrabajo también ha abierto otras posibilidades a mujeres y poblaciones LGBTIQ+. Hay una “migración de regreso” que se da de la capital a las regiones. “Sirve para buscar soluciones más flexibles que se acomoden a lo que los trabajadores demandan. En nuestro caso, nos abrió el mercado de talento al acceder a personas que probablemente no podrían trabajar con nosotros. Gracias a la virtualidad ahora lo pueden hacer”, comenta la gerenta Jurgita Sarkovaite.
Este reportaje tiene segunda parte, click aquí para leerlo.
*Delia y Sonia son nombres ficticios para proteger la identidad de las personas.
El continente americano es la región del mundo más afectada por la pandemia. Se registran 55 millones de casos y 1.3 millones de fallecimientos, hasta el 29 de marzo. La organización Amnistía Internacionalalerta sobre la mala gestión de la pandemia, los excesos de fuerza por parte de las fuerzas policiales y el aumento en las violaciones a derechos humanos.
No se trata de sólo un largo memorial de agravios e injusticias. El informe anual de Amnistía Internacional (AI) cumple con dos objetivos urgentes. Uno de ellos es que registra sumariamente las violaciones a los derechos humanos en el mundo. El segundo es que, incomoda a los poderosos. Aquellos que, de alguna manera, comparten la responsabilidad de esas situaciones.
El documento denuncia cómo las mujeres, las personas refugiadas y migrantes, el personal sanitario, los pueblos indígenas, las personas negras, la comunidad LGBTQ+ y otros grupos que han sido marginados históricamente sufren los peores efectos de la pandemia en las Américas. Y señala que muchos líderes políticos de la región han aprovechado las medidas sanitarias para “para intensificar sus ataques a los derechos humanos”.
Son 476 páginas que indignan, mueven a la reflexión y sirven de recordatorio sobre los peligros y excesos que reinan en la actualidad. Basta con leer el apartado de cada país, para constatar que la lucha por el respeto de los derechos humanos sigue más vigente que nunca.
Foto: Ariana Cubillos/AP Prensa
“Nos enfrentamos a un mundo sumido en el caos. A estas alturas de la pandemia, hasta los dirigentes más ilusos tendrían dificultades para negar que nuestros sistemas sociales, económicos y políticos se han desmoronado”, sintetiza Agnès Callamard, nueva secretaria general de Amnistía Internacional, en el informe.
La pandemia del COVID-19 ha trastocado todos los órdenes sociales, políticos, económicos y, por supuesto, sanitarios. Las Américas son la región más afectada con más de 55 millones de casos y 1.3 millones de fallecimientos (hasta el 29 de marzo). Es como si Colombia y Panamá enteras se hubiesen contagiado. Como si la mitad de la población de Chicago falleciera.
Los expertos de AI no dudan en señalar las responsabilidades de los gobiernos regionales en el desastroso manejo de la pandemia. La misma que desnuda la desigualdad sistémica y las políticas predadoras que han afectado el crecimiento económico.
Antes del surgimiento del COVID-19, las Américas ya era la región más desigual del mundo. Esta situación, solo ha empeorado. Esto, porque 22 millones de personas cayeron en niveles de pobreza. Así mismo, la cifra de habitantes que viven en situación de pobreza extrema aumentó en 8 millones.
“Descubrimos que las víctimas de la COVID, ya fuera en Gran Bretaña, en Francia, en Estados Unidos, en India, en Oriente Medio, en Brasil, esas víctimas estaban principalmente entre los grupos más desarraigados y vulnerables”, explicó Callamard en una entrevista reciente. “Como comunidad global, como comunidad nacional, reprobamos la prueba que suponía la COVID-19”.
Vacunas desiguales
Se suele alabar la rapidez con la que se lograron desarrollar las vacunas contra el nuevo coronavirus —muchos procesos técnicos que normalmente llevan años solo tomaron meses— gracias a un financiamiento masivo de la Unión Europea y países como Estados Unidos e Inglaterra, entre otros.
Foto: Dallas Morning News
Pero hubo un lado oscuro de esa notable saga científica. Fue la asociación de los gobiernos de esos países con las empresas farmacéuticas a las que les reservaron millones de dosis de sus vacunas. Como resultado muchos países pobres tendrán que esperar largos periodos de tiempo, quizá años, para recibir sus dosis. Una investigación de The New York Times estima que los países más pudientes han recibido cerca del 90% de los casi 400 millones de vacunas que se han administrado hasta ahora.
“No sólo lo compramos todo, además impedimos que otros puedan producirlas. ¿En nombre de qué? En nombre del beneficio y en nombre de la codicia”, dijo Callamard. Esto, sobre la decisión de la Unión Europea y Estados Unidos de bloquear una propuesta que busca flexibilizar las restricciones de propiedad intelectual sobre las patentes de los tratamientos y las vacunas contra el coronavirus.
Países como Estados Unidos, Brasil y México lideran las cifras absolutas de víctimas mortales a nivel mundial. El informe afirma que, en parte, eso se debe a que sus gobiernos —al igual que los de Nicaragua y Venezuela— difundieron mensajes contradictorios sobre las medidas sanitarias y los peligros del virus. Además “no implementaron políticas para proteger a las personas que corren más riesgo, o no garantizaron una transparencia plena”.
Foto: Share America
“El año 2020 es la historia de quienes tienen menos y dieron más, pero recibieron nada de sus gobiernos”, aseveró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un encuentro con los medios.
“El verdadero liderazgo para responder a la pandemia de COVID-19 no vino de los líderes políticos o de los líderes de las empresas. Surgió de las personas trabajadoras de la salud, de los científicos, de quienes mantienen los hospitales y las calles limpias, de las personas trabajadoras en el campo (…). También, de muchas personas sin recursos ni poder político”, comentó Guevara.
Mención aparte merece la desprotección del personal sanitario. El mismo que, sin el equipamiento mínimo de bioseguridad, atiende todos los días a los pacientes que contrajeron el virus. Al menos 10,558 trabajadores del personal sanitario han muerto por COVID-19.
A continuación, enumeramos algunos de los señalamientos del informe sobre la situación de los derechos humanos en los países más afectados por el COVID-19.
ESTADOS UNIDOS
-El documento señala la importancia de las manifestaciones masivas realizadas en el país contra el racismo institucional y la violencia policial. Así mismo, resalta que las autoridades “emplearon de forma habitual fuerza excesiva “contra manifestantes y defensores y defensoras de los derechos humanos”.
-También se registran los intentos del Gobierno de Donald Trump por limitar o menoscabar los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTQ+, entre otras minorías.
Foto: Al Jazzera
-Además se señala la tendencia del Gobierno estadounidense a aprovechar las medidas y regulaciones. Esto, para controlar la pandemia con el fin de someter a las personas migrantes y solicitantes de asilo a diversos abusos. Como en el caso de las 8,000 personas que contrajeron el virus porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se negó a permitir que siguieran sus procesos legales en libertad.
Los expertos de AI denuncian que las autoridades detuvieron y expulsaron a “más de 330.000 migrantes y solicitantes de asilo entre marzo y noviembre [de 2020], incluidos más de 13.000 niños y niñas migrantes no acompañados”, sin tomar en consideración sus necesidades de protección especial y los riesgos que corren de sufrir “persecución, muerte, tortura u otros malos tratos” al ser retornados a sus países.
MÉXICO
-El informe recuerda la etapa previa al surgimiento de los brotes de COVID-19. Tiempos en el que el Gobierno mexicano impuso recortes del gasto público. Acción que, entre otras cosas, provocó la disolución de múltiples fideicomisos públicos como los que se enfocaban en el cambio climático. Así mismo, los se orientaban a “la protección de defensores de los derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos”.
Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador estigmatizó en diversas oportunidades a los medios de comunicación y personas defensoras de los derechos humanos. Según datos de organizaciones de la sociedad civil, 24 personas defensoras fueron asesinadas.
Foto: El Tiempo de Monclova
-En 2020 se denunciaron 3,752 asesinatos de mujeres, de los cuales 969 fueron investigados como feminicidios. El reporte consigna el incremento de las llamadas al número de emergencia 911 para denunciar situaciones violentas contra las mujeres que se ubicó en 260,067. Además, siguen vigentes un total de 21 alertas de violencia de género en 18 entidades federativas.
El año pasado se convocaron manifestaciones masivas contra los feminicidios. También, contra las diversas formas de abusos contra la mujer que, en varias ocasiones, desencadenaron episodios de represión por parte de las fuerzas de seguridad. Estos emplearon “fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, robo de teléfonos móviles, y ataques físicos, psicológicos y sexuales”.
-Las autoridades migratorias detuvieron a 87,260 personas migrantes, entre ellas más de 11,000 menores de edad, y deportaron a 53,891 personas. Un juez federal ordenó que las personas recluidas “por razones de inmigración” debían ser liberadas por la crisis sanitaria. Sin embargo, las autoridades no cumplieron con esa sentencia lo cual privó a los migrantes de su derecho a la libertad y la salud.
Foto: Foreign Affairs Latinoamérica
-Los investigadores de AL resaltan que el Gobierno actual ha incorporado más miembros de las Fuerzas Armadas a las estrategias de seguridad pública que las dos administraciones previas. Esas medidas se han tomado sin tener normativas que garanticen que el comportamiento de los efectivos militares cumple con las leyes internacionales.
-El personal sanitario del país expresó en repetidas oportunidades su preocupación por la carencia de equipos de protección para realizar sus labores diarias. Se estima que en 2020 fallecieron al menos 2,397 profesionales de la salud.
BRASIL
-El documento resalta que, a pesar de que la gestión de la emergencia sanitaria fue difícil en todo el mundo, el brote empeoró en Brasil. Esto, “por las continuas tensiones entre las autoridades estatales y federales. También por la carencia de un plan de acción claro fundamentado en la mejor información científica disponible y la falta de transparencia”.
Foto: OpenDemocracy
-Solo en el primer semestre de 2020, 1,861 mujeres fueron asesinadas y otras 648 fueron víctimas de feminicidios en 12 estados, además, en el mismo periodo se registraron más de 119,546 casos de violencia de género en el ámbito familiar “que ocasionaron lesiones físicas a mujeres, lo que equivalía a un promedio de 664 casos diarios”.
-También se resalta el incremento de la minería ilegal, los incendios forestales y la expansión de las tierras destinadas a las actividades agroindustriales. Estas consideradas como “una amenaza para los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales”. La destrucción de territorios selváticos aumentó un 9.5% entre agosto de 2019 y julio de 2020, en comparación con 2019. En ese periodo se devastaron más de 11,000 kilómetros cuadrados de selva.
-Según los especialistas de AI, entre enero y junio, los cuerpos policiales estuvieron involucrados en operativos que provocaron la muerte de unas 3,181 personas en el país. Esta cifra, promedia 17 fallecimientos diarios y un 7.1% más en comparación con 2019. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, el 79.1% de las personas que murieron en acciones de la policía eran negras. Así mismo, el 74.3% era menor de 30 años.
