El precio de mi tranquilidad: el trabajo en mujeres y poblaciones LGBTIQ+ que migran de regiones a Lima – 2da parte

El precio de mi tranquilidad: el trabajo en mujeres y poblaciones LGBTIQ+ que migran de regiones a Lima – 2da parte

Por Mya Sánchez y Zoila Antonio Benito

Foto: UNFE

Tras persistir y convencer a sus papás de mandarla a Lima, Delia* lo había logrado. Era 1988 y con 18 años, ella había dejado su natal Chanchamayo, provincia en el centro del Perú. Buscaba estudiar Laboratorio en el instituto Daniel Alcides Carrión. Sabía que no era Derecho, la carrera que quería, ni tampoco una universidad, como le hubiese gustado, pero tenía más oportunidades de estudiar y trabajar que en su lugar de origen. Como ella, desde décadas, mujeres y parte de la población LGBTIQ+ peruanas migran de regiones a la capital, Lima.

Discriminación, lo que aún arrastramos

Cuando Delia trabajaba en el área administrativa del último empleo que tuvo, una de sus labores era la toma de muestras sanguíneas a domicilio en hogares de niveles socioeconómicos elevados, donde vivían los pacientes de su centro laboral. Llegó a la casa de un menor de edad y siguió el procedimiento habitual para la toma de sangre. Hubiese sido un día normal, pero, como respuesta, recibió insultos racistas que la hirieron.

El marco normativo al que los trabajadores pueden acogerse sigue aún siendo falible. No obstante, existen también barreras sociales a las que las mujeres y población LGTBIQ+ migrantes deben enfrentarse a la hora de trabajar. La discriminación étnico racial termina siendo una de las más latentes debido a que las causas que la motivan están directamente relacionadas a las características fenotípicas.

En Discriminación étnico-racial en el ámbito laboral: Diagnóstico situacional, el Ministerio de Cultura del Perú indica que la normativa constitucional al respecto es insuficiente, pues se refiere a la igualdad de oportunidades mas no de trato. Se debería abogar más bien por una igualdad de resultados a través de medidas afirmativas. En cuanto a la legislación laboral, normas como el Reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo o la Ley Contra Actos de Discriminación se esfuerzan por contemplar también factores como color, idioma u origen social y distintos procesos laborales como la oferta de empleo y el despido.

“La gente era bien injusta. Porque eres provinciana creen que puedes hacer todo, aguantas porque no sabes sentir dolor, hambre o cansancio. La justicia es más para los que tienen plata. El pobre nunca va a alcanzarla”, narra con pesar Sonia*, quien percibía cómo los actos déspotas de sus empleadores tenían el objetivo de hartarla para que renuncie. 

De hecho, en el referido documento, el MINCUL sostiene que otra de las manifestaciones más comunes de racismo es la discriminación acumulada, por la cual, por ejemplo, las mujeres provenientes de zonas rurales, con rasgos indígenas y lenguas maternas ajenas al español sufren de manera permanente de marginación.

“La mujer indígena trabaja duro: está laborando en la chacra, atiende a los hijos, se levanta más temprano y duerme más tarde. Trabaja mucho, pero no es reconocida. Mientras que los hombres trabajan ocho horas y tienen un salario”, indica Melania Canales Poma, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y lideresa indígena del pueblo quechua para el diario El País. Al igual que las amas de casa, las mujeres indígenas cumplen una labor que ha sido subestimada y, además, poco visibilizada.

Según la FAO, como productoras, las mujeres en zonas rurales se enfrentan a más obstáculos que los hombres a la hora de acceder a recursos y servicios productivos, tecnología, información de mercado y activos financieros. Foto: Supercampo

Asimismo, la discriminación linguística, se da sobre todo hacia los grupos de personas que viven en las zonas rurales. “Las dinámicas de poder legitiman la discriminación y el lenguaje reproduce (en sus usos, en sus prácticas) estas dinámicas”, rescata la linguista Virginia Zavala cuando fue consultada por el Washington Post. Estas dinámicas se vuelven más evidentes cuando hay jerarquías dentro de un espacio laboral. 

El color de piel también es un factor de discriminación que mujeres y poblaciones LGBTIQ+ afroperuanos enfrentan al escuchar apodos, chistes o comentarios racistas, inclusive, hipersexualizarlas, como le pasó a la promotora en derechos sexuales y reproductivos Milagros de la Cruz Yucra. “Cuando entré al último trabajo, todo mundo quería ver la forma de atraer mi atención. Me insinuaban que querían tener relaciones sexuales conmigo, porque nunca habían estado con una ‘negrita’. Esa situación fue la que rebasó todo lo que habían dicho”, expresa. El acoso u hostigamiento laboral pueden ser el doble que a una persona que no es afroperuana, debido a los estereotipos errados que la sociedad moldea. Esto también sucede con mujeres y poblaciones LGBTIQ+ que provienen de la selva.  

“Tienen un estereotipo sexualizante cada vez que migran y tienen que cargar con ello, aún cuando laboran en espacios formales. Trabajo con una abogada que es de Iquitos, es súper especializada, por lo que no debería haber comentarios sobre su sexualidad. Pero sí he escuchado cuando se referían a ella como ‘de sangre caliente’. Ella los tolera, porque está acostumbrada a vivir así y no puede estar enfrentándose a todos”, asegura Jessica Huertas, psicóloga social. Todo esto sucede pese a que, en el Perú, se cuenta con leyes contra la discriminación fuera y dentro del ámbito laboral (Nº 27270, N°28867, Nº 28983 y Nº 30709)

Por otro lado, también está el caso de las mujeres con discapacidad. En el marco del ciclo de conversatorios: Voces de Mujeres Capaces, Diómedes Nieto, especialista en Promoción Social Laboral para Personas con Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), explicó que del 2016 al 2020 la planilla electrónica del MTPE registró un promedio de 7 mil personas con discapacidad, sin embargo, 7 de cada 10 son varones y solo 3 son mujeres. 

En este mismo evento, Ester Crispín, especialista legal de la Defensoría del Pueblo, señaló que durante la emergencia sanitaria se reportaron casos de mujeres con discapacidad que trabajaban en el sector estatal y a quienes no se les renovó los contratos CAS. Esto se produce, pese a que, cuentan con una ley que las respalda (N° 29973).

Asimismo, de acuerdo con la normativa vigente, las personas con discapacidad deben representar por lo menos el 3% del promedio anual de trabajadores de las empresas con más de 50 trabajadores, y el 5% como mínimo en el sector público. No obstante, los requisitos de educación técnica o superior para ciertos empleos hacen que el 68% no sea contratado, así lo aseveró José Peralta Navarrete, representante del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – Conadis.

Mujeres y población LGBTIQ+: limitarse para no ser despedido

Cansarte hasta pedir tu renuncia. Eso le pasó a Flor, natural de Apurímac, cuando sus jefes se enteraron de que tenía una relación sentimental con una compañera de trabajo. “Te aburren para que te retires porque simplemente no te toleran. Prácticamente, te limitan. Era asistente de ventas. No andaba diciendo ‘esta es mi opción’”, indica. 

La discrinación hacia mujeres y personas LGBTIQ+ en Lima persiste. A veces, como pasó con Flor, los rumores hacen más daño, por más que una persona no comente su orientación sexual de forma libre. Con testimonios como el de ella, cobra sentido que el 24.3% de trabajadores LGBTIQ+ mantenga en reserva su orientación sexual e identidad de género por miedo a la discriminación o despido laboral, según reportó el Instituto de Estudios Sindicales.

Como lo que no se nombra no existe, la comunidad LGTBIQ+ está expuesta también a la desprotección de sus derechos. Leticia* llegó a Lima desde Arequipa para presentarse a diversos castings y así, lograr su sueño de ser reina de belleza. Ella, que tenía una carrera incompleta en educación y un título técnico como estilista, tuvo que recurrir al trabajo sexual para poder subsistir. “No creo que ninguna mujer se sienta cómoda ejerciéndolo. Una se acostumbra, que es diferente”, cuenta.

El orgullo es usado muchas veces como estrategia de marketing mas no viene acompañado de políticas de inclusión. Fuente: Getty Images

La ausencia de un DNI que la represente ha ocasionado que se enfrente a numerosos “te llamaremos” que no se hacían realidad. Hasta la fecha, cuenta, no ha sido empleada más que en campañas por el mes del orgullo o en donde se necesitaba precisamente a una mujer trans. “Hay empresas que en el mes del orgullo sacan sus banderas, pero es difícil verlo puesto en práctica”, comenta sobre el tema la abogada Pamela Navarro. Esto se puede observar en diversos estudios. La II Encuesta Nacional de Derechos Humanos refleja que el 37% de empleadores no contratarían a una persona trans. Asimismo, La discrminación hacia lgbti en el entorno laboral peruano: 2016-2020 menciona que las poblaciones trans son las más vulnerables a sufrir discriminación laboral, debido a la desventaja estructural y la violencia de Estado al no reconocerlas dentro del sistema. 

“Como dicen, no podemos ejercer ciudadanía. En mi caso, el poder haber cambiado la partida de nacimiento y el DNI, me ha abierto muchas puertas, no solamente en el ámbito de la salud, sino también en el aspecto laboral, al trabajar en la Universidad de San Marcos y en otras convocatorias, que no podía hacer porque están destinadas a mujeres y no a mujeres trans. Ese es el gran avance”, indicó Dania Calderón en un evento organizado por el Poder Judicial Peruano. Esto se da luego de que ella fuese la primera mujer trans en conseguir el cambio de sexo en su DNI sin requerir reasignación genital.

“Si pudiera regresar el tiempo atrás, elegiría seguir trabajando”, señala Delia, ahora con dos hijos, quienes aún dependen económicamente de su exesposo. Como ella, el 90% de las entrevistadas para este reportaje dejó su trabajo para dedicarse a labores del hogar y cuidado. 

* Delia, Sonia y Leticia son nombres ficticios para proteger la identidad de las personas 

Para leer la primera parte, click aquí.

Este contenido es parte de una cobertura colaborativa entre cinco medios —Distintas Latitudes (México), Morras explican cosas (México), La Antígona (Perú), La Andariega (Ecuador) y Revista Colibrí (Argentina)— de la Coalición LATAM, una iniciativa para impulsar el crecimiento de nuevos medios fundados por jóvenes periodistas. Este reportaje fue posible gracias al Fondo de Respuesta Rápida de Chicas Poderosas e Internews.

Más desigualdad, abusos de derechos humanos y menos vacunas

Más desigualdad, abusos de derechos humanos y menos vacunas

EL LEGADO DE LA PANDEMIA EN AMÉRICA

Por: Albinson Linares
Foto: AS México. Intervenida por La Antígona.
Noticias Telemundo 

Foto: Prensa

El continente americano es la región del mundo más afectada por la pandemia. Se registran 55 millones de casos y 1.3 millones de fallecimientos, hasta el 29 de marzo. La organización Amnistía Internacional alerta sobre la mala gestión de la pandemia, los excesos de fuerza por parte de las fuerzas policiales y el aumento en las violaciones a derechos humanos.

No se trata de sólo un largo memorial de agravios e injusticias. El informe anual de Amnistía Internacional (AI) cumple con dos objetivos urgentes. Uno de ellos es que registra sumariamente las violaciones a los derechos humanos en el mundo. El segundo es que, incomoda a los poderosos. Aquellos que, de alguna manera, comparten la responsabilidad de esas situaciones.

El documento denuncia cómo las mujeres, las personas refugiadas y migrantes, el personal sanitario, los pueblos indígenas, las personas negras, la comunidad LGBTQ+ y otros grupos que han sido marginados históricamente sufren los peores efectos de la pandemia en las Américas. Y señala que muchos líderes políticos de la región han aprovechado las medidas sanitarias para “para intensificar sus ataques a los derechos humanos”.

Son 476 páginas que indignan, mueven a la reflexión y sirven de recordatorio sobre los peligros y excesos que reinan en la actualidad. Basta con leer el apartado de cada país, para constatar que la lucha por el respeto de los derechos humanos sigue más vigente que nunca.

Foto: Ariana Cubillos/AP Prensa

“Nos enfrentamos a un mundo sumido en el caos. A estas alturas de la pandemia, hasta los dirigentes más ilusos tendrían dificultades para negar que nuestros sistemas sociales, económicos y políticos se han desmoronado”, sintetiza Agnès Callamard, nueva secretaria general de Amnistía Internacional, en el informe.

La pandemia del COVID-19 ha trastocado todos los órdenes sociales, políticos, económicos y, por supuesto, sanitarios. Las Américas son la región más afectada con más de 55 millones de casos y 1.3 millones de fallecimientos (hasta el 29 de marzo). Es como si Colombia y Panamá enteras se hubiesen contagiado. Como si la mitad de la población de Chicago falleciera.

Los expertos de AI no dudan en señalar las responsabilidades de los gobiernos regionales en el desastroso manejo de la pandemia. La misma que desnuda la desigualdad sistémica y las políticas predadoras que han afectado el crecimiento económico.

[Madre de Dios en Emergencia: ““No comprendemos tanta insensibilidad por parte del Gobierno”]

Antes del surgimiento del COVID-19, las Américas ya era la región más desigual del mundo. Esta situación, solo ha empeorado. Esto, porque 22 millones de personas cayeron en niveles de pobreza. Así mismo, la cifra de habitantes que viven en situación de pobreza extrema aumentó en 8 millones.

“Descubrimos que las víctimas de la COVID, ya fuera en Gran Bretaña, en Francia, en Estados Unidos, en India, en Oriente Medio, en Brasil, esas víctimas estaban principalmente entre los grupos más desarraigados y vulnerables”, explicó Callamard en una entrevista reciente. “Como comunidad global, como comunidad nacional, reprobamos la prueba que suponía la COVID-19”.

Vacunas desiguales

Se suele alabar la rapidez con la que se lograron desarrollar las vacunas contra el nuevo coronavirus —muchos procesos técnicos que normalmente llevan años solo tomaron meses— gracias a un financiamiento masivo de la Unión Europea y países como Estados Unidos e Inglaterra, entre otros.

Foto: Dallas Morning News 

Pero hubo un lado oscuro de esa notable saga científica. Fue la asociación de los gobiernos de esos países con las empresas farmacéuticas a las que les reservaron millones de dosis de sus vacunas. Como resultado muchos países pobres tendrán que esperar largos periodos de tiempo, quizá años, para recibir sus dosis. Una investigación de The New York Times estima que los países más pudientes han recibido cerca del 90% de los casi 400 millones de vacunas que se han administrado hasta ahora.

“No sólo lo compramos todo, además impedimos que otros puedan producirlas. ¿En nombre de qué? En nombre del beneficio y en nombre de la codicia”, dijo Callamard. Esto, sobre la decisión de la Unión Europea y Estados Unidos de bloquear una propuesta que busca flexibilizar las restricciones de propiedad intelectual sobre las patentes de los tratamientos y las vacunas contra el coronavirus.

Países como Estados Unidos, Brasil y México lideran las cifras absolutas de víctimas mortales a nivel mundial. El informe afirma que, en parte, eso se debe a que sus gobiernos —al igual que los de Nicaragua y Venezuela— difundieron mensajes contradictorios sobre las medidas sanitarias y los peligros del virus. Además “no implementaron políticas para proteger a las personas que corren más riesgo, o no garantizaron una transparencia plena”.

Foto: Share America 

“El año 2020 es la historia de quienes tienen menos y dieron más, pero recibieron nada de sus gobiernos”, aseveró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un encuentro con los medios.

“El verdadero liderazgo para responder a la pandemia de COVID-19 no vino de los líderes políticos o de los líderes de las empresas. Surgió de las personas trabajadoras de la salud, de los científicos, de quienes mantienen los hospitales y las calles limpias, de las personas trabajadoras en el campo (…). También, de muchas personas sin recursos ni poder político”, comentó Guevara.

Mención aparte merece la desprotección del personal sanitario. El mismo que, sin el equipamiento mínimo de bioseguridad, atiende todos los días a los pacientes que contrajeron el virus. Al menos 10,558 trabajadores del personal sanitario han muerto por COVID-19.

A continuación, enumeramos algunos de los señalamientos del informe sobre la situación de los derechos humanos en los países más afectados por el COVID-19.

ESTADOS UNIDOS 

-El documento señala la importancia de las manifestaciones masivas realizadas en el país contra el racismo institucional y la violencia policial. Así mismo, resalta que las autoridades “emplearon de forma habitual fuerza excesiva “contra manifestantes y defensores y defensoras de los derechos humanos”.

-También se registran los intentos del Gobierno de Donald Trump por limitar o menoscabar los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTQ+, entre otras minorías.

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Foto: Al Jazzera

-Además se señala la tendencia del Gobierno estadounidense a aprovechar las medidas y regulaciones. Esto, para controlar la pandemia con el fin de someter a las personas migrantes y solicitantes de asilo a diversos abusos. Como en el caso de las 8,000 personas que contrajeron el virus porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se negó a permitir que siguieran sus procesos legales en libertad.

Los expertos de AI denuncian que las autoridades detuvieron y expulsaron a “más de 330.000 migrantes y solicitantes de asilo entre marzo y noviembre [de 2020], incluidos más de 13.000 niños y niñas migrantes no acompañados”, sin tomar en consideración sus necesidades de protección especial y los riesgos que corren de sufrir “persecución, muerte, tortura u otros malos tratos” al ser retornados a sus países.

MÉXICO

-El informe recuerda la etapa previa al surgimiento de los brotes de COVID-19. Tiempos en el que el Gobierno mexicano impuso recortes del gasto público. Acción que, entre otras cosas, provocó la disolución de múltiples fideicomisos públicos como los que se enfocaban en el cambio climático. Así mismo, los se orientaban a “la protección de defensores de los derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos”.

Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador estigmatizó en diversas oportunidades a los medios de comunicación y personas defensoras de los derechos humanos. Según datos de organizaciones de la sociedad civil, 24 personas defensoras fueron asesinadas.

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Foto: El Tiempo de Monclova

-En 2020 se denunciaron 3,752 asesinatos de mujeres, de los cuales 969 fueron investigados como feminicidios. El reporte consigna el incremento de las llamadas al número de emergencia 911 para denunciar situaciones violentas contra las mujeres que se ubicó en 260,067. Además, siguen vigentes un total de 21 alertas de violencia de género en 18 entidades federativas.

El año pasado se convocaron manifestaciones masivas contra los feminicidios. También, contra las diversas formas de abusos contra la mujer que, en varias ocasiones, desencadenaron episodios de represión por parte de las fuerzas de seguridad. Estos emplearon “fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, robo de teléfonos móviles, y ataques físicos, psicológicos y sexuales”.

-Las autoridades migratorias detuvieron a 87,260 personas migrantes, entre ellas más de 11,000 menores de edad, y deportaron a 53,891 personas. Un juez federal ordenó que las personas recluidas “por razones de inmigración” debían ser liberadas por la crisis sanitaria. Sin embargo, las autoridades no cumplieron con esa sentencia lo cual privó a los migrantes de su derecho a la libertad y la salud.

Foto: Foreign Affairs Latinoamérica

-Los investigadores de AL resaltan que el Gobierno actual ha incorporado más miembros de las Fuerzas Armadas a las estrategias de seguridad pública que las dos administraciones previas. Esas medidas se han tomado sin tener normativas que garanticen que el comportamiento de los efectivos militares cumple con las leyes internacionales.

-El personal sanitario del país expresó en repetidas oportunidades su preocupación por la carencia de equipos de protección para realizar sus labores diarias. Se estima que en 2020 fallecieron al menos 2,397 profesionales de la salud.

BRASIL

-El documento resalta que, a pesar de que la gestión de la emergencia sanitaria fue difícil en todo el mundo, el brote empeoró en Brasil. Esto, “por las continuas tensiones entre las autoridades estatales y federales. También por la carencia de un plan de acción claro fundamentado en la mejor información científica disponible y la falta de transparencia”.

Foto: OpenDemocracy

-Solo en el primer semestre de 2020, 1,861 mujeres fueron asesinadas y otras 648 fueron víctimas de feminicidios en 12 estados, además, en el mismo periodo se registraron más de 119,546 casos de violencia de género en el ámbito familiar “que ocasionaron lesiones físicas a mujeres, lo que equivalía a un promedio de 664 casos diarios”.

-También se resalta el incremento de la minería ilegal, los incendios forestales y la expansión de las tierras destinadas a las actividades agroindustriales. Estas consideradas como “una amenaza para los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales”. La destrucción de territorios selváticos aumentó un 9.5% entre agosto de 2019 y julio de 2020, en comparación con 2019. En ese periodo se devastaron más de 11,000 kilómetros cuadrados de selva.

-Según los especialistas de AI, entre enero y junio, los cuerpos policiales estuvieron involucrados en operativos que provocaron la muerte de unas 3,181 personas en el país. Esta cifra, promedia 17 fallecimientos diarios y un 7.1% más en comparación con 2019. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, el 79.1% de las personas que murieron en acciones de la policía eran negras. Así mismo, el 74.3% era menor de 30 años.

Con información de APThe New York Times y la OMS.

Para reportar casos de violaciones a los derechos humanos puede escribir a albinson.linares@nbcuni.com

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