Por: Melissa Vida en colaboración con Global Voices.
Foto: Proyecto Sirenas, por Pablo Tonatiuh Álvarez Reyes. Obtenidas de Facebook. [Intervención por La Antígona]
Al menos 10 mujeres mueren asesinadas al día en México. Los feminicidios continúan agravando la situación en el país.
En México, 10 mujeres son asesinadas al día. Organizaciones feministas y artistas denuncian este panorama violento que se da en casa como en la calle y la falta de respuesta política. Desde su gremio, el fotógrafo Pablo Tonatiuh Álvarez Reyes quiere dar una mirada metafórica a las matanzas de las mujeres. Su fin es despertar a algunos mexicanos del entumecimiento que sienten frente a las notas de prensa lastimosamente repetitivas en su morbo.
Álvarez Reyes escogió a la metáfora de la sirena en su proyecto fotográfico porque este ser mitológico “ha tenido un uso machista dentro de las representaciones pictóricas a lo largo de la historia del arte,” como me lo cuenta por email. “Se le relaciona con la tentación sexual, que los varones deben evitar para seguir con el camino recto, es decir, se le mira primero sólo en relación al hombre, sin considerar su propia moral o sus propias tentaciones”.
A eso quiso darle una resignificación simbólica, pues en esta serie “son las víctimas de un sistema que las vende, compra, encierra y mata al considerarlas seres inferiores, sujetos a la voluntad de otros».
Foto: Carne de sirena 1, Proyecto Sirenas, mostrada con permiso.
Aún cuando el Proyecto Sirenas es girado a una audiencia diversa, Álvarez Reyes añade que le “interesa dialogar con los hombres, ya que es vital que los varones tomemos un papel activo y crítico en la lucha contra toda la sistematización que perpetúa la violencia hacia las mujeres».
Las fotos de Álvarez Reyes, que son trece en total, cuentan con una serie de mujeres-pez en diferentes situaciones deshumanizantes. Muchas pueden ser duras al mirar pues resalta la vulnerabilidad de la mujer. Así mismo reflejan cómo, según la visión del artista, se le ve en la sociedad mexicana — como carne.
Las fotos tienen la particularidad de mostrar a las modelos semi-desnudas. Esto, impulsa a la pregunta de porqué mostrar a las mujeres de esta forma pues algunos podrían ver en esta decisión una visión propiamente masculina del asunto. Álvarez Reyes responde que quiso ser fiel a la imagen de la sirena. Un ser quién es mitad humana y mitad pez. Buscó evitar la vinculación con imágenes de sirenas romantizadas de la cultura pop y evidenciar que las personas violentadas son mujeres reales.
Foto: Sirena charal, Proyecto Sirenas, mostrada con permiso.
A la cuestión de por qué haber puesto a las sirenas en posiciones sugestivas, vulnerables o sangrientas, Álvarez Reyes contesta que lo sugestivo se empleó “para destacar que múltiples violencias son de carácter sexual”. Se pretende resaltar la indiferencia de la sociedad demostrando situaciones extremadamente violentas en las fotos.
Por ejemplo, en la fotoClase de Anatomía, “se estudia a la sirena muerta como si se tratara de una rana en el laboratorio de la escuela. Muestra un desinterés por dialogar con ella en vida, de frente y reconociendo su individualidad. Entre varias posibilidades, es la crítica a un sistema judicial y a una prensa que presenta a las mujeres muertas por feminicidio como números o estadísticas ofreciendo infructuosas ‘soluciones’ ante la problemática de violencia que no pretenden comprender el origen y las causas de la misma».
La mayoría de las participantes no son modelos. Son mujeres de diversos lugares, edades y oficios quienes empatizan con la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Foto: Trofeo, Proyecto Sirenas, mostrada con permiso.
Por el momento, la obra no se presentó en una exposición por las condiciones de confinamiento por el COVID-19. Su plan inicial era realizar una gira por escuelas de educación secundaria y preparatoria. Ahora piensa armar un libro con las trece fotos y el detrás de cámaras. Esto, con el fin de mostrar cómo ha sido el desarrollo del proyecto, junto con la información pertinente sobre feminicidios y violencia.
Lo que más desea el fotógrafo con esta obra se resume en una palabra: diálogo. Quiere incentivar “un diálogo que nos arranque de la indiferencia sería el mejor impacto; que la gente al ver las fotografías desee entablar una dialéctica frente a la obra. Queremos emocionar a los espectadores para que reflexionen sobre causas y orígenes de la violencia hacia las mujeres, y cómo diversas prácticas nocivas conllevan, en última instancia, hacia el feminicidio«.
Es un congreso inédito el que legislará los próximos cinco años en el Perú. Un parlamento con la mayor cantidad de mujeres en la historia, pero también uno de los más conservadores y fraccionados de los últimos veinte años. En plena crisis sanitaria, la ciudadanía tendrá que estar atenta para vigilar la igualdad de género y los derechos de las minorías.
El complejo año electoral que vivimos por la pandemia de la Covid-19 ya tiene una de las aristas casi concretas: el Congreso 2021. Luego de las elecciones del 11 de abril y los resultados de la ONPE al 100%, ya se conoce cómo estaría compuesto el Poder Legislativo para el próximo quinquenio.
Este congreso tiene por primera vez la mayor cantidad de mujeres dada la ley de paridad y alternancia. El hemiciclo estará compuesto en un 40% por mujeres. Sin embargo, este congreso también es uno de los más fraccionados y socialmente conservador de las últimas décadas. Es así que mujeres, minorías, población LGTBI+, entre otros, tendrán que estar alertas a las leyes que se promulguen o a los proyectos que son rechazados.
Foto: Prensa
“En los últimos 20 años diría que es de los [congresos] más fragmentados porque tiene 11 bancadas y también creo que es uno de los congresos más conservadores. Es un congreso polarizado en visiones económicas, por ejemplo; pero con consenso a la parte social más conservadora”, explica en una entrevista a La Antígona la analista política María José Gallo.
El Congreso 2021
Son diez partidos políticos los que han llegado al parlamento en las elecciones de este año. La mayor agrupación política es la de Perú Libre que proyecta 37 escaños, sigue Fuerza Popular con 24. Ambos partidos se disputan la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 6 de junio.
Los partidos que también lograron pasar la valla electoral son Alianza para el Progreso, Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú – quien contó con el candidato más votado, el expresidente Martín Vizcarra -, Podemos Perú, Juntos por el Perú y el Partido Morado, en ese orden respectivo de número de congresistas.
Este nivel de fragmentación, tanto en el voto presidencial que se traduce en el congresal, es el reflejo de una altísima desafección ciudadana, mezclada con una pobre oferta electoral, explica Gallo. Además, menciona que según encuestas de opinión que hace IPSOS, se puede identificar que los peruanos mantienen un voto moderado. Así, menciona que esta elección congresal podría ser, parcialmente, un reflejo de la sociedad que todavía tiene altos niveles de tradicionalismo.
El congreso con más mujeres de la historia
Como se mencionó antes, este Congreso 2021 tendrá la mayor cantidad de mujeres. Sin embargo, esto no quita las preocupaciones en la lucha por la igualdad de género dadas la ideología de la mayoría de partidos políticos.
“A pesar de que este es el primer congreso con mayor composición de mujeres, nos tendremos que mantener vigilantes sobre la labor legislativa que las mismas pueden promover a favor del derecho y del género. Más allá de que las mismas sean de sexo femenino, hay un problema con el enfoque que tienen sus partidos con temas de igualdad de género. Creemos que en este momento hay varios pendientes que todavía falta trabajar a nivel legislativo y tendríamos que asegurar que las mismas lleven adelante esta agenda que nosotros hemos avanzado pero que todavía resulta insuficiente”, indica a La Antígona la Presidenta del actual Congreso, Mirtha Vásquez.
La analista Gallo también hace referencia a un gran contraste en este escenario. Entre las mujeres que llegaron al parlamento, está como una de las congresistas más votadas Susel Paredes (Partido Morado), abiertamente lesbiana y defensora de los derechos y la libertad de la mujer. Pero también se encuentra entre las más votadas María Jauregui (Renovación Popular) quien se encuentra totalmente al otro extremo. En declaraciones pasadas, Jauregui ha asegurado que: “El señor nos creó (a las mujeres) para ser ayudas idóneas de nuestro esposo”, entre otras varias frases denigrantes hacia la mujer.
A la izquierda: Susel Paredes, a la derecha: Milagros Martínez. Foto: La Antígona
“Ese es uno de los contrastes. En el Perú, si bien las mujeres y las minorías hemos ganado varios espacios, aún quedan varias cosas bastante importantes por solucionar que no necesariamente veo que haya agendas con mucho empuje”, indica Gallo.
Agendas que no avanzarían
Lo que este congreso podría poner en discusión son políticas de igualdad. Un país que las niega no podrá aspirar a un avance, explica la ex candidata al congreso y directora de Promsex, Susana Chávez. Son políticas que integran a las mujeres y reducen desigualdades – que evidentemente existen porque así se demuestra a diario -, agrega.
Las especialistas coinciden que este congreso podría generar dos tipos de problemas: estancarnos con legislaciones a favor de las mujeres y minorías o retroceder en lo ya avanzado. Uno de los temas que más preocupa es el retroceso en temas de violencia de género.
“Hemos pasado a reconocer que la violencia no es negociable, ni arreglable, ni que se puede resolver mediante un mecanismo de transacción. Estamos hablando de un cambio sustantivo donde hemos pasado de considerar a la violencia de un tema de honor de la familia a que la violencia afecte la dignidad, integridad y salud mental de la mujer. No me imagino que puedan derogar una ley, pero pueden reducir cualquier obligación frente a los feminicidios o que surja la explicación de que no es feminicidio si no asesinato”, explica Chávez.
Otro tema bastante importante y sensible, que se mira con mucho conservadurismo, es la despenalización del aborto. “Hay que mirar de cara a la realidad que estamos atravesando. En medio de la pandemia, el año pasado, hemos tenido el registro de 20 niñas menores de 10 años que han terminado siendo madres y eso es terrible. Eso nos debiera hacer reflexionar”, sostiene Mirtha Vásquez.
Actual Presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez. Foto: La República
La comunidad LGTBI+ también será una comunidad vulnerable frente a este congreso. Esta comunidad todavía lucha por diversos derechos – como el matrimonio igualitario -, pero con este congreso será mucho más difícil lograrlo.
Legislaciones que deben seguir trabajando
El presente Congreso ya ha avanzado una agenda legislativa para las mujeres y las minorías, explica Mirtha Vásquez. Sin embargo, se deben seguir trabajando para implementarlas o normarlas. Este nuevo congreso debería garantizarlo.
Algunas de las reformas ya avanzadas son la Ley contra el acoso político – que requiere ahora un compromiso de implementación-; la ley de paridad y alternancia – que necesita normas complementarias para asegurarla-; fortalecimiento de la mujer rural – que necesita del ejecutivo para un seguimiento -; y, normas que garantizan a las mujeres víctimas de violencia sean favorecidas en el tema laboral.
Foto: El Peruano
El rol de la ciudadanía frente al trabajo del congreso
El Congreso 2021 ya es una realidad. A esto, se le suma que el partido político que llegue a la presidencia también será conservador en lo social. La ciudadanía tiene una responsabilidad sumamente grande para fiscalizar y exigir que las reformas no sean derogadas y los nuevos derechos entren en vigencia.
Muchas veces, agendas como los derechos civiles quedan en segundo plano en situaciones de crisis como la que vivimos: sanitaria y económica. Sin embargo, esto definitivamente no debería ser así, explica María José Gallo. La ciudadanía y organizaciones se va a tener que articular durante el próximo quinquenio para poder mirar todo de manera integral y poder así luchar para tener una sociedad más justa a pesar de los partidos políticos que legislen en el Congreso.
Los asesinatos de Andrea Ruíz Costas y Keishla Rodríguez a manos de sus parejas han encendido, nuevamente, las alarmas en Puerto Rico. En el presente año ya se registra 21 feminicidios según el Observatorio de Equidad de Género de PR. Organizaciones de mujeres y la misma ciudadanía continúan presionando al Gobierno. Exigen que tome medidas más drásticas que detengan el Estado de Emergencia por Violencia de Género, en el que se encuentra la isla.
Sus nombres son Andrea Cristina Ruiz Costas y Keishla Marlen Rodríguez Ortiz.
La primera había recurrido a los tribunales en dos ocasiones para denunciar su caso de violencia doméstica. Sin embargo, las juezas encargadas no encontraron causa para arrestar al agresor y tampoco emitieron órdenes de protección. A raíz de esas inacciones, el cuerpo de Andrea (35), fue encontrado parcialmente calcinado a la orilla de una carretera el jueves 29 de abril de 2021. Su expareja, Miguel Ocasio Santiago, confesó el crimen y fue encarcelado. El comisionado de la Policía, coronel Antonio López, señaló que, según la confesión que hizo Ocasio Santiago, “aparentemente la joven no quería seguir la relación con él, y ese fue el detonante de todo”.
Ese mismo jueves, 29 de abril, se declaró desaparecida a Keishla y se activó por primera vez en la isla la llamada Alerta Rosa. La misma que es utilizada en casos de mujeres mayores de 18 años que se reportan desaparecidas o secuestradas. Al día siguiente, a primera hora, se dio a conocer que Keishla sostenía una relación con el reconocido boxeador puertorriqueño Félix Verdejo. Así mismo se difundió que estaba embarazada y que su familia lo acusaba públicamente de la desaparición. No es hasta el sábado primero de mayo, que el cuerpo de Keishla, es hallado a la orilla de la Laguna San José entre la ciudad capital de San Juan y el municipio de Carolina. Al otro día, Verdejo se entregó a las autoridades federales. Fue encarcelado y se dio a conocer oficialmente la fecha en que Keishla fue asesinada: el 29 de abril de 2021.
Todo esto sucede a menos de una semana de que en Puerto Rico, se cumplieran los primeros 100 días de la declaración de un Estado de Emergencia por Violencia de Género. Para organizaciones feministas, la isla vive en Estado de Emergencia desde el 2018. Ese mismo año, la Colectiva Feminista en Construcción le exigió al entonces gobernador Ricardo Rosselló que atendiera con urgencia el asunto. Durante ese 2018, en Puerto Rico, ocurrieron 63 feminicidios.
Foto: LatinSpot
“Por demasiado tiempo víctimas vulnerables han sufrido las consecuencias del machismo sistemático, la inequidad, el discrimen, la falta de educación, de orientación y sobre todo la falta de acción. Es mi deber y mi compromiso como gobernador establecer un PARE a la violencia de género. Ante estos fines es que he declarado un estado de emergencia”, sostuvo el gobernador mediante comunicado de prensa aquel 24 de enero de 2021.
A raíz de las muertes de Keishla y Andrea, comenzaron a surgir las interrogantes sobre lo que el gobierno ha estado haciendo -o dejado de hacer-desde que se implementó la emergencia y cuáles han sido las prioridades durante los pasados 100 días.
Las cinco organizaciones no gubernamentales que componen el Comité PARE, se expresaron enviando una carta al gobernador Pedro Pierluisi. En ella pedían una reunión de urgencia y detallaban varias peticiones. Entre estas estaba, mejorar el proceso de rendición de cuentas del comité, identificar el presupuesto necesario para que se diseñe y lance una campaña educativa y prevención de la violencia de género.
El gobernador, por su parte, respondió de forma positiva a la misiva. Consecuentemente, se llevó a cabo una reunión “muy productiva”, según declararon las organizaciones a través de Facebook. En esta, se plantearon algunos pasos a seguir por el comité. En los próximos días debería estar publicada una página web con información sobre los avances del comité. Así mismo, el comité anunciaría el presupuesto para trabajar contra la violencia de género. También lanzaría una campaña de educación, entre otros asuntos.
“Todos los días pensamos en las mujeres para las que trabajamos. Todos los días ellas son las protagonistas de este esfuerzo”, insistieron las organizaciones.
Mientras las conversaciones entre el gobierno y el Comité PARE se realizan, en el país continúan existiendo las dudas sobre qué trabajos se están realizando y por qué aún no se ven los efectos de la declaración de Estado de Emergencia.
Las manifestaciones como método para ejercer presión y exigir acción, no se hicieron esperar. Desde el domingo 2 de mayo, y el resto de esta semana, se realizaron protestas buscando justicia por las muertes de Andrea, Keishla y las demás mujeres que han sido asesinadas en Puerto Rico. Comenzaron en el puente Teodoro Moscoso. Luego, continuaron en la Fortaleza (residencia del gobernador). Siguieron en el Departamento de Justicia, Cuartel General de la Policía de Puerto Rico y otros pueblos fuera de la ciudad de San Juan.
“Esta semana se cumplieron los 100 días luego de haberse declarado el Estado de Emergencia contra la Violencia de Género en Puerto Rico. La declaración fue el resultado de una intensa y larga jornada de lucha durante los pasados dos años, liderados en gran medida por nuestra organización la Colectiva Feminista en Construcción. En la última semana los casos más recientes de violencia de género han estremecido al país. Se avivan traumas, terror y un gran dolor nos consume. Nos inunda la rabia y la frustración. Lanzamos una convocatoria para que otras mujeres se organizaran y llegaran a sus municipios a exigirle a los alcaldes y alcaldesas rendición de cuentas de cómo se está manejando la crisis de violencia de género a nivel local”. Así se expresó la Colectiva Feminista en Construccióna través de sus redes sociales.
Foto: Colectiva Feminista en Construcción PR
Las convocatorias han alcanzado el nivel de que en sobre 30 municipios de Puerto Rico se congregaron personas, en su mayoría mujeres, frente a las alcaldías. Es la primera vez que el archipiélago de Puerto Rico logra que diversos grupos se autoconvoquen y realicen algún tipo de manifestación simultánea en contra de la violencia de género.
“Las mujeres en Puerto Rico queremos ver acciones concretas y sobretodo queremos ver resultados. Este dolor, rabia y frustración que nos ha estremecido -no tan solo a las mujeres sino al país entero- quisimos canalizarlas en acción. También en movilización, en salidas colectivas que nos permitan encontrarnos. Queremos crear redes de apoyo, crear comunidad entre nosotras y, sobre todo, hacer el trabajo de fiscalización al gobierno. Eso ha sido lo que hemos estado gestando en esta última semana”, señaló Shariana Ferrer, integrante de la Colectiva Feminista en Construcción, sobre las diversas demostraciones en repudio a la violencia de género en la isla.
En lo que va de 2021, en Puerto Rico han ocurrido 21 feminicidios. Seis a manos de parejas o exparejas de la víctima, y un transfeminicidio según los datos del Observatorio de Equidad de Género.
Arte y diseño: La Antígona
Para el 2020, las mujeres asesinadas en el archipiélago fueron 60.
El país espera que se haga justicia a las vidas de Andrea, Keishla y las demás mujeres asesinadas en Puerto Rico durante el 2021 y años anteriores. Igualmente, las organizaciones feministas esperan que #NiUnaMás tenga que ser asesinada para que las conversaciones de violencia de género acaparen atención. A un paso lento pero seguro, cada vez son más las personas que se unen a la lucha en contra de los feminicidios. Más se suman a manifestaciones y están dispuestas a aprender y desaprender para acabar con la violencia machista.
El fiscal Pablo Espinoza terminó de presentar más de 180 evidencias contra el expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de Salud por el delito de violaciones a los derechos humanos.
Después de 11 audiencias de sustentación de cargos, el fiscal Pablo Espinoza terminó de presentar más de 180 elementos de convicción (evidencias) contra el expresidente de la República Alberto Fujimori (1990-2000) y sus exministros de Salud por el delito de violaciones a los derechos humanos. Ahora el caso se encuentra en la etapa donde los acusados se defienden de la denuncia penal que los señala como autores mediatos de un programa masivo que esterilizó forzosamente alrededor de 300 mil mujeres. Cesar Nakazaki, abogado del expresidente, señala que no existen condiciones para calificar el delito imputado como crimen de lesa humanidad.
Foto: IDL
El pasado lunes 03 de mayo, comenzó la etapa de descargos por parte de la defensa legal de los acusados: Cesar Nakazaki, abogado de Fujimori Fujimori; Lidia Godoy, de Eduardo Yong; Humberto Abanto, de Costa Bauer; y Raúl Pariana, de Alejandro Aguinaga, implicado en el caso de Vacunagate. El primer ponente fue César Nakazaki, quien sostuvo que no existen condiciones para abrir un proceso penal. Afirma que la acción penal no cumple con 3 de sus 5 elementos: hecho aparentemente delictivo, justificable penalmente y no prescrito. Sobre lo último, señala que el delito que le atribuyen no es de lesa humanidad y que por lo tanto no es imprescriptible. “Un delito de lesa humanidad debe cometerse contra la población civil bajo un ataque generalizado o sistemático de una política”, dijo agregando que el Ministerio Público archivó una de tantas investigaciones porque faltaba evidencia para probar que se trató de una política así. Por su parte, Somos 2074 y Muchas Más, una campaña que reúne a las sobrevivientes de las del caso, expresó a través de su cuenta de Twitter su desacuerdo.
Existen pruebas de que existió un programa del @Minsa_Peru, para practicar esterilizaciones, que tuvo plazos, metas, cuotas y hasta incentivos, tal y como una cadena de mando y patrones de comisión de delitos. (2/3)
Publicado el 3 de mayo del 2021 por Somos 2074 y Muchas +
En China, ejemplificó Nakazaki, utilizan el método de la reducción obligatoria de natalidad por motivos sociales o económicos y que no constituye un delito de lesa humanidad o genocidio. Asimismo, criticó que no hay una sentencia del Tribunal Constitucional que indique qué sistema de incorporación del derecho penal internacional se debe utilizar para aplicar la imprescriptibilidad de los delitos a la legislación peruana. Según argumenta, el Código Penal no recoge a las esterilizaciones forzadas como delito imprescriptible, por lo que merece una modificación. Al cabo de casi 2 horas del segundo día de descargos, el juez Rafael Martínez determinó suspender la audiencia debido al malestar que presentaba el defensor de Fujimori producto del covid-19. La misma fue retomada el día lunes 10 de mayo durante la mañana. En esta sesión, Nakasaki sostuvo, nuevamente, ante el juez Martínez que los delitos cometidos por Fujimori ya habían prescrito por lo que pidió se declare improcedente la denuncia. Así mismo, aseguró que este caso ya había sido archivado en el año 2009 por la Fiscalía de la Nación al no encontrarse evidencias de que se trataba de un delito de lesa humanidad. Mientras tanto, familiares y víctimas de las esterilizaciones forzadas protestaban frente al Palacio de Justicia exigiendo que el caso no sea archivado.
Sobrevivientes de las esterilizaciones forzadas y activistas frente al Palacio de Justicia en marco de la campaña Somos 2074 y Muchas Más. Foto: Javier Maguiña.
Derechos lingüísticos
Al inicio del primer día de descargos, Nakazaki le pidió al juez Rafael Martínez no ser interrumpido en su exposición por el personal de intérpretes dispuesto por el Ministerio Público. En ese sentido, sugirió que la traducción se hiciera al término de la audiencia, a partir de la grabación obtenida. Según alegó, las pausas que se tomaban para la exposición en quechua afectaba la fluidez y el derecho a la defensa de los acusados. Sin embargo, el “Protocolo para la participación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas u originarias en procesos judiciales” del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial —que compartió María Ysabel Cedano, abogada de la parte agraviada, a través del chat de Google Meet—,señala que la interpretación del mensaje se realiza de manera consecutiva a su escucha.
Foto: Lugar de la Memoria LUM
“No puede ser que las víctimas se enteren de lo que estamos hablando en este momento recién al día siguiente. Eso desnaturaliza el derecho a la traducción porque no es un tema meramente técnico”, manifestó Cedano, quien además dijo que la interpretación consecutiva es el estándar mínimo que el Ministerio Público ha logrado garantizar pese a las deficiencias tecnológicas. Finalmente, el juez resolvió continuar con la dinámica utilizada en la sustentación de cargos del fiscal: tras 10 minutos de exposición, prosigue la traslación en quechua.
Cargos
Han sido casi dos semanas de argumentación fiscal ante el Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado de la CSNJPE para formalizar la denuncia sobre el caso de intervenciones quirúrgicas en contra de la voluntad de cientos de miles de mujeres durante el régimen fujimorista. En total son 1321 denunciantes que acusan a Alberto Fujimori, Eduardo Yong, Marino Costa y, al congresista electo de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga de atentar contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Junto a ellos también se encuentran imputados Ulises Aguilar, exdirector de Salud; Segundo Aliaga, exdirector de la subregión IV Cajamarca; y Magda Gonzales, ex coordinadora del Programa Materno Perinatal de la misma subregión.
Tras el fallo del Tribunal Constitucional en el 2020, ellos están obligados a continuar y responder ante el Poder Judicial por los mecanismos ilegales y sistemáticos que utilizaron durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) para reducir la pobreza a través de tasa de natalidad. El fiscal Pablo Espinoza argumenta que los hechos no fueron aislados, sino que se trató de una política nacional que sometió a mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas de zonas rurales y urbano populares de entre 19 y 27 años en situación de pobreza a ligaduras de trompas no consentidas ni informadas.
Dilataciones
El 11 de enero se llevó a cabo la primera audiencia pública, pero fue suspendida por no contar con intérpretes que garantizaran a las denunciantes quechua hablantes de diferentes regiones del país el derecho a entender todo el proceso penal. Casi 2 meses después, el 1 de marzo, se retomó el caso con profesionales del idioma quechua en sus variantes más representativas. No obstante, hubo nuevos intentos de volver a postergar la segunda audiencia. El representante legal Humberto Abanto —respaldado por Cesar Nakazaki— solicitaron al juez Rafael Martínez anular la audiencia por indefensión debido a que su cliente Costa Bauer no se encontraba presente porque tenía una operación quirúrgica programada en Chile. Sin embargo, el magistrado rechazó el requerimiento. Otro de los ausentes durante las audiencias fue Alberto Fujimori. Nakazaki dijo que su defendido no tiene la obligación legal de concurrir a este proceso ya que está protegido por el tratado de extradición Perú-Chile, el cual establece que solo puede ser sometido a los procesos penales que son objeto de dicha sentencia y sus dos ampliaturas. Además agregó que tenía problemas de salud. Cabe recordar que el caso ha tenido 2 investigaciones fiscales preliminares con 2575 denunciantes y ha sido archivado hasta en 4 ocasiones. La Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas Lima y Callao, Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas y activistas por los derechos de las mujeres vienen realizando una serie de manifestaciones públicas exigiendo al juez Rafael Martínez que resuelva abrir una investigación judicial cuando culminen las audiencias.
Testimonio de Victoria Vigo de Piura
Sin cifras oficiales
El Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos registró hasta el 2018, más de 7 mil casos.
El propio Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar señala que se esterilizó a 272,028 mujeres y 22,004 varones.
Un Informe del Congreso del 2002 estima que fueron 314,605 mujeres y 24,563 varones.
La criminalización del aborto en este país centroamericano ha ocasionado que muchas mujeres de bajos recursos con emergencias obstétricas terminen en la cárcel. Esta semana se llevaron a cabo dos audiencias ante la Corte IDH por el caso de Manuela, quien falleció en 2010 en prisión, y este lunes se presentará ante un juez la demanda de Sara, que lleva nueve años presa y puede ser declarada.
Manuela ni siquiera pudo caminar hasta el hospital. Sus familiares tuvieron que envolverla en una hamaca y trasladarla como pudieron hasta el centro de salud ubicado a dos horas de su casa en una zona rural de las afueras de San Salvador. Estaba desmayada, la hemorragia le impedía moverse ese 27 de febrero de 2008. Momentos antes había sentido un fuerte dolor en la pelvis que la hizo correr a la letrina de su casa, donde sufrió una emergencia obstétrica y expulsó el feto que llevaba en su vientre.
Un día después fue detenida, mientras se encontraba hospitalizada. El Estado salvadoreño fue demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de violar los derechos de Manuela, una mujer muy pobre que no sabía leer ni escribir. Esta semana, la Corte IDH realizó una audiencia para tratar su caso y las circunstancias de su arresto, que se produjo «rompiendo con el espíritu del carácter excepcional de la detención en flagrancia».
Manuela es una salvadoreña que fue sentenciada a 30 años de prisión después de presentar una emergencia obstétrica y perder a su bebé. Fue señalada de abortar y la esposaron mientras seguía en el hospital. La acusaron de homicidio agravado. Esta semana en San Salvador se realizaron concentraciones a favor de que se haga justicia en su caso. – Foto: Marvin Recinos/AFP vía Getty Images
La historia de Sara es similar. También fue esposada a la cama de un hospital, después de que sufrió una emergencia obstétrica cuando se resbaló y se golpeó mientras lavaba ropa. Estaba sola en su casa y perdió mucha sangre antes de recibir ayuda.
Tras ser acusada de haberse practicado un aborto, la fiscalía se presentó, cambió los cargos para señalarla de homicidio agravado y condenarla a 30 años de prisión. Este lunes 15 de marzo se llevará a cabo una audiencia en la que el juez puede determinar si la nueva evidencia que se presente es suficiente para declararla inocente y dejarla en libertad.
El lunes 18 se celebró una audiencia para analizar el caso de Sara, las organizaciones feministas lo vieron como una oportunidad para condenar la criminalización del aborto y las emergencias obstétricas. Foto: Women’s Equality Center
«La historia de Manuela puede ser la de Sara si no hacemos algo para tratar de sacarla de la cárcel. Es un caso muy triste y conmovedor pero es la misma historia del resto de las mujeres que siguen detenidas en la cárcel. Lleva nueve años presa y la última vez que la vimos, no estaba en el mejor estado ni físico ni emocional ni de salud», asegura la abogada de derechos humanos Paula Avila-Guillen, directora ejecutiva del Women’s Equality Center (WEC) en entrevista con Noticias Telemundo.
«Su caso tan triste nos demuestra por qué tenemos que seguir peleando por las mujeres que están en la cárcel y le puede servir de llamado a El Salvador para que haga lo correcto».
Los detalles del caso de Manuela y cómo se violaron sus derechos
Al llegar al centro médico, la doctora que atendió a Manuela en 2008 la interrogó de manera inclemente. Mientras Manuela literalmente se desangraba, la médica le preguntaba sobre su vida sexual e insistía en saber qué se había hecho.
«Este tipo de interrogatorios tratan de buscar algo como criminal, ¿no? Porque su historia clínica está marcada por cuestiones de juzgamiento (…) como que no le creen lo que está diciendo», dijo el doctor Guillermo Ortiz, médico ginecobstetra que trabajó en el peritaje de este caso, durante la audiencia celebrada el 10 de marzo ante la CIDH.
Tardaron tres horas antes de atenderla y de inmediato, el personal médico denunció que había abortado. En medio del delirio de su gravedad, Manuela estuvo esposada a una camilla durante siete días, los policías y el personal sanitario que la vigilaban la insultaban y la denigraban. Los médicos se concentraron tanto en su supuesto aborto que no vieron unas masas que tenía en el cuello y que más tarde, estando presa, resultaron en un diagnóstico de cáncer, linfoma de Hodgkin.
Manuela fue sentenciada a 30 años de prisión por homicidio agravado poco después de ser detenida. En El Salvador, que tiene algunas de las leyes más restrictivas del mundo en materia de aborto, las sentencias pueden llegar a los 50 años de prisión. Se calcula que entre los años 2000 y 2019, 181 mujeres sufrieron emergencias obstétricas y fueron criminalizadas por supuestos abortos o el cargo de homicidio agravado.
Manuela nunca pudo recuperarse. En prisión adelgazó 13 kilos y no recibió a tiempo la quimioterapia que necesitaba para tratar su cáncer. El 30 de abril de 2010 falleció.
«No se sabe si es por el linfoma o no que ella pierde el embarazo, pero pudo estar relacionado. A Manuela le niegan el tratamiento médico y muere en la cárcel dejando dos hijos huérfanos. Su caso llegó a la Corte Interamericana porque no hubo justicia en El Salvador. No se reconoce que murió dentro de una cárcel sin recibir la atención médica que ella necesitaba», explica Avila-Guillen a Noticias Telemundo.
El caso de Manuela se ha convertido en un símbolo de la desigualdad y las adversidades que deben enfrentar las mujeres en países como El Salvador. Decenas de activistas acudieron a la audiencia de su caso esta semana ante la CIDH; otros se conectaron por videoconferencia. Foto: AFP via Getty Images
La larga búsqueda de justicia
«No logro entender en qué momento pasa de ser una emergencia médica, como es el caso de Manuela, a un crimen. No lo logro conectar. ¿Cómo se puede establecer un vínculo de criminalidad en una mujer que se encontraba muy, muy enferma en el momento del parto e incluso se desmaya?», dijo Ortiz, consternado, en una de las videoconferencias de esta semana frente a varios jueces de la CIDH.
Los familiares de Manuela, cuyo nombre verdadero no se ha divulgado para respetar su privacidad, siguen buscando justicia trece años después.
«Vemos que Manuela solo cuenta como ente reproductor, todo lo demás no es importante. Agentes del servicio penitenciario veían que tenía dolores y al pasar decían ‘está penando por lo que hizo’. Es una suerte de castigo moral (…) Además, la pena de 30 años es totalmente desproporcionada», señaló Laura Clérico, doctora en Derecho, que también estuvo a cargo del peritaje del caso.
«Su caso alcanza el grado de tortura dado que es intencional, motivado por su género, procura la finalidad de perpetuar el estigma y refleja el máximo grado de severidad», dijo durante la audiencia la parte demandante. «Fue condenada a 30 años y su versión jamás fue oída. Determinaron que era homicida porque consideraron que el feto había nacido vivo con base en una técnica no idónea para esa conclusión. El Estado no garantizó que se le brindara el diagnóstico y tratamiento».
La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y el Centro de Derechos Reproductivos son las organizaciones que formularon la demanda que intenta que el Estado salvadoreño reconozca los abusos y las violaciones a los derechos humanos perpetrados contra Manuela y su familia. Las dos audiencias de la semana pasada fueron el punto culminante de un proceso largo y tortuoso que se inició en 2012 cuando la Corte IDH comenzó una investigación del caso, luego de que los familiares de Manuela agotaron las instancias nacionales.
En 2019, la comisión realizó un informe que enumeraba los múltiples abusos que se cometieron en el caso. Desde detención ilegal pasando por violaciones a derechos fundamentales como la presunción de inocencia, protección judicial y la salud, entre otros.
Manuela era una mujer cabeza de familia, en situación de pobreza, enferma de cáncer y luego privada de su libertad– fue sometida a discriminación y desprotección en razón de tres estereotipos de género, según lo explicó Carmen Martínez López, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, durante la audiencia sobre el caso.
Organizaciones feministas se manifestaron en Sal Salvador durante la celebración de las audiencias del caso de Manuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 10 de marzo de 2021. Foto: Getty Images / Getty Images
Manuela era una mujer cabeza de familia, en situación de pobreza, enferma de cáncer y luego privada de su libertad– fue sometida a discriminación y desprotección en razón de tres estereotipos de género, según lo explicó Carmen Martínez López, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, durante la audiencia sobre el caso.
1- Un estereotipo según el cual una mujer que tiene relaciones fuera del matrimonio es una inmoral, por lo que no merece un respeto a su integridad.
2- La creencia falsa según la cual la mujer siempre tiene la función máxima de sacrificarse en nombre de la reproducción, y que aún frente a la muerte debe privar un instinto materno. En este caso pese a perder gran cantidad de sangre, padecer de un cáncer y preeclampsia, Manuela no solo debía sobreponerse sino entender perfectamente qué le ocurría: la supremacía del instinto de madre.
3- Una mujer pobre no tiene agencia sobre lo que decida: no tiene valor su palabra. Se presume que su opinión es ignorante y su actitud es primitiva frente a la salud reproductiva.
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) March 11, 2021
La penalización absoluta: una forma de discriminación y violencia
«Esperamos que la corte destaque que el contexto de la penalización absoluta del aborto constituye una forma de discriminación, de violencia de género, que tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que facilita la criminalización o judicialización de los procesos reproductivos, incluyendo las emergencias obstétricas», señaló Martínez López, del Centro de Derechos Reproductivos, en una entrevista con Noticias Telemundo.
— Centro de Derechos Reproductivos (@ReproRightsLAC) March 10, 2021
Martínez López es optimista al respecto y cree que la corte debe aprovechar esta oportunidad para señalar la responsabilidad internacional de El Salvador. Esto sentaría un valioso precedente en la jurisprudencia de toda la región, pues las decisiones de la corte pasan a formar parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, reconocido por al menos 25 países.
«Los Estados deben prevenir la persecución penal de mujeres que sufren emergencias obstétricas y trabajar en la reparación del daño a las que han sido detenidas, y condenadas arbitrariamente por sufrir ese tipo de complicaciones», asevera la experta.
«En el caso de Manuela, se escucharon los testimonios de los expertos y lo que los demandantes le están pidiendo a la corte es que condene al Estado de El Salvador por violaciones de derechos humanos en contra de Manuela, y que cumpla medidas individuales para reparar a las víctimas y también de no repetición: qué puede hacer el Estado para evitar que más situaciones como éstas sigan sucediendo».
Más historias similares y emblemáticas
Otro de esos casos es el de Teodora del Carmen Vásquez, una mujer salvadoreña que sufrió una muerte fetal en el último mes de su embarazo y también fue condenada a 30 años de cárcel. Su historia se volvió emblemática.
A diferencia de Manuela, Vásquez logró ser liberada en 2018 luego de pasar casi 11 años en prisión y ahora dedica su vida a la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres y su reinserción social después de pasar por los centros penitenciarios.
En la protesta de hoy en San Salvador hubo tristeza e indignación, pero también alegría: Teodora del Carmen Vásquez hoy está libre tras cumplir 10 años y siete meses de la injusta condena de 30 años que le fue impuesta por la justicia salvadoreña #DiaInternacionalDeLaMujerpic.twitter.com/H6kWp5YWAm
«No nos dan trabajo por los antecedentes penales, es muy difícil. Además, hay complicaciones de salud y problemas psicológicos porque muchas veces los familiares piensan que cuando uno sale de la cárcel se acabaron todos los problemas, pero realmente en ese momento empiezan otras cosas importantes», explicó Vásquez en una entrevista con Noticias Telemundo.
A sus 37 años, ella asegura que se siente «renacida». Ahora estudia una licenciatura en Comunicación y publicidad y se ha convertido en una exitosa activista de Mujeres Libres de El Salvador, una organización que aboga por la liberación de todas las salvadoreñas condenadas por la criminalización del aborto. Con orgullo dice que ya han logrado la libertad de 44 mujeres; todavía quedan 20 en el sistema penitenciario.
Durante su larga estadía en prisión, Vásquez conoció a Manuela. «Como toda mujer que llega a una cárcel, ella tenía la ilusión de salir libre. Siempre demostró amor y cariño para sus hijos. Lamentablemente se murió, pero se ha convertido en un símbolo para nosotras», señaló.
El 7 de marzo pasado, más de 5,000 mujeres salieron a protestar antes del Día Internacional de la Mujer en San Salvador. Según las estadísticas de organizaciones no gubernamentales y medios noticiosos durante 2020 se registraron al menos 130 feminicidios y 541 mujeres están desaparecidas. Se calcula que cada 18 horas desaparece una mujer en el país.
«Mi sueño es que a través de la lucha que estamos haciendo logremos tener un cambio de legislación y que se logre que ya no penalicen a las mujeres por los abortos. Estamos seguras de que hemos sembrado una semilla y, aunque ahora no se vea, en otro momento las generaciones futuras lo van a cosechar. Y para mí, pues eso es lo más importante», dijo Vásquez.
El caso de Sara: ¿qué se va a discutir?
«Si el Estado salvadoreño no hace nada en el caso de Sara, tememos que le pase lo mismo que a Manuela. Su familia nunca fue la misma. Esta es una ley que destruye familias, ella lo único que quiere es volver a estar con sus papás», agrega Avila-Guillen, quien la conoció en la cárcel. «Ella estaba muy emocionada de ser mamá. Ella todavía está sufriendo el duelo de su pérdida».
Estaba previsto que el 15 de marzo se celebrara una audiencia en el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, una ciudad de la región central de El Salvador, para determinar si un conjunto de nuevas pruebas eran suficientes para probar su inocencia y lograr que fuese liberada. Pero la audiencia se pospuso y los grupos de derechos humanos han exigido, sin éxito, que se anuncie la nueva fecha.
«Espero que el juez tenga la objetividad para ver la evidencia y entienda que un accidente no puede condenar a una niña a 30 años de cárcel, no puede destruir a una familia entera. Espero que vea este caso desde la luz de la justicia y no de sus prejuicios personales», sostiene Avila-Guillen.
«La única forma de evitar que la historia de Manuela se repita es que se ponga en libertad a todas las mujeres. Los comités de Naciones Unidas han determinado que se trata de detenciones arbitrarias, sabemos que existe un patrón sistemático, que no se tengan que morir en las cárceles para lograr justicia, ya existe el precedente de Manuela y la única forma de evitarlo es poniéndolas en libertad y que dejen de criminalizar a las mujeres por emergencias obstétricas», asevera Avila-Guillen.
«Nayib Bukele no tiene excusas para que El Salvador avance. El 1 de mayo el presidente tendrá la mayoría calificada en el Congreso, entonces si la voluntad de su partido es proteger la vida y la salud de las mujeres, tiene todas las herramientas en sus manos para permitir que al menos sea permitido (el aborto) en algunas excepciones en El Salvador y que se deje de criminalizar a las mujeres que sufren emergencias obstétricas. A diferencia de otros momentos y contextos, aquí sólo depende de él. Él tiene la coordinación política de su partido», concluye la activista.
