Toda Colombia para, unida en contra del mal gobierno.
Un gobierno más peligroso que una pandemia hace que un pueblo digno se convoque masivamente para la protesta, carnavales en las calles en exigencia de derechos, puestos de policía convertidos en bibliotecas populares, pueblos, comunas y barrios en una gran fiesta de la resistencia popular en Colombia. Su respuesta, fuerza policial desmedida y un presidente que militariza al país. Ambas caras de un mismo territorio hacen parte del histórico paro de abril de 2021. Toda Colombia para, unida en contra del mal gobierno.
A pesar de los acuerdos para la terminación del conflicto y la guerra en Colombia firmados por el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP en 2016; el paramilitarismo y el narcotráfico le dan continuidad a la guerra en el país. El centro democrático (partido del expresidente Álvaro Uribe y del actual presidente Iván Duque) son los responsables de perpetuar la guerra y enfocar su poder hacia el control político y financiero del país. A febrero de 2021 se registran 252 firmantes de paz asesinados, desmovilizados de la guerrilla de las FARC. Cuatro años después de su firma el avance de la implementación no supera el 75% y los puntos sustanciales frente a la transformación de las condiciones estructurales del conflicto, como por ejemplo el punto de acceso, redistribución y tenencia de la tierra sigue siendo una deuda histórica en Colombia y la base de la profunda desigualdad en el país.
Esta desigualdad que se agudizó con la llegada de la pandemia, dejó al descubierto la inoperancia y la incapacidad estatal para pensar en el bienestar de las personas, las decisiones tardías frente a los cierres de aeropuertos y el establecimiento de controles estrictos en la entrada de extranjeros, dejaron en jaque al país. Aunque el país vive el tercer pico de la pandemia del covid-19, la nación entera se encuentra en una grandísima ola de violencia, pobreza y corrupción, donde el hambre es uno de los mayores problemas. La guerra baña de sangre nuestro territorio, en lo que lleva el año 2021 se reportan 57 líderes sociales asesinados, 20 de ellos indígenas en su mayoría del departamento del Cauca; 158 feminicidios en los primeros 3 meses del año, masacres en los territorios y violencia en las calles y campos.
Somos el país de las ejecuciones extrajudiciales. La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), en un informe sobre los asesinatos ilegales a civiles indefensos presentados por la fuerza pública como muertes en combate, determina que estas, ascienden a la cifra de: 6402 personas. Y los picos de asesinatos son los años 2007 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Una cifra cercana a la cantidad de víctimas de la dictadura de la Junta Militar comandada por Jorge Rafael Videla en Argentina, más del doble que las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. En Colombia la gente ya no se pregunta quién dio la orden, la gente sabe que Uribe dio la orden y ya no tiene miedo de decirlo porque Colombia perdió el miedo.
Foto: Medios Libres Cali
Desde la firma de los acuerdos de paz, el uribismo encarnado en el gobierno de Duque se propuso por todos los medios destruir la paz y al parecer, lo están logrando. Según INDEPAZ, solo en el 2020 y en lo corrido del 2021, van 124 masacres con más de 300 víctimas. Desde la firma del acuerdo de paz, han asesinado a más de 1000 líderes sociales en Colombia. Vivir en este país es una lucha constante contra las políticas de hambre de un gobierno que solo tiene la bota represiva del Estado como respuesta a las necesidades de su pueblo. No solo por los modelos económicos que promueven la miseria y la desigualdad, también por los modelos políticos genocidas que exterminan cualquier identidad colectiva ajena o contraria a tales modelos hegemónicos.
El covid-19 es el menor de los problemas
En medio del tercer pico de contagios que agudizó el número de víctimas en la ciudad de Cali por la pandemia del COVID-19, miles de personas acudieron a las calles convocándose al PARO NACIONAL 28A (28 de Abril). ¿Cuáles son las razones para que la gente supere el miedo al virus y ocupe las calles en resistencia frente al gobierno más sangriento de Latinoamérica?
El manejo corrupto y negligente del gobierno Duque a la crisis generada por covid-19 tiene al país en una curva de empobrecimiento que asciende exponencialmente aún cuando, según cifras del gobierno, durante el año 2020 se invirtieron 44.000 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y ayudas humanitarias en forma de transferencias económicas. Alrededor de esta gestión siguen habiendo dudas y miles de denuncias de corrupción en el manejo que se le ha dado a ésta política.
El manejo corrupto y negligente del gobierno Duque a la crisis generada por covid-19, tiene al país en una curva de empobrecimiento que asciende exponencialmente. Si bien, según cifras del gobierno, durante el año 2020 se invirtieron 44.000 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y ayudas humanitarias en forma de transferencias económicas. Alrededor de esta gestión siguen habiendo dudas y miles de denuncias de corrupción en el manejo que se le ha dado a ésta política.
Foto: The New York Times
Sumado a esto, se presenta la negativa del gobierno de Iván Duque a llevar a cabo el proyecto de Renta Básica, firmado por más de 4.000 personas, entre ellos por lo menos 50 parlamentarios, como alternativa económica para sostener los hogares que más lo necesitan. Esos que día a día deben salir a las calles a exponerse ante el virus para sobrevivir. Contrario a esto el salvavidas del gobierno se enfocó en la banca, asegurando la liquidez financiera de los bancos por transferencia directa de dinero que salía del Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), creado a raíz de la pandemia. Lo que algunos expertos aseguraban era que los bancos, solo por la operación de las transferencias de la medida conocida como «Ingreso Solidario», recaudarían por lo menos 24.000 millones de pesos entregados directamente del erario público. «Ingreso Solidario» que, dicho sea de paso, no recibieron a cabalidad las personas que lo necesitaban. Así, incluso durante la pandemia, en Colombia seguimos viendo cómo cada día, el pueblo es más pobre y el rico es más rico.
Esto no es nuevo. Desde hace décadas, la clase política conservadora y de derecha se presentan únicamente como los intermediarios entre el país y la economía global hegemónica. Así mismo, de manera sistemática y perpetua, sostienen su posición de intermediarios, exterminando pueblos, saqueando tierras y dominando a las mayorías populares desde la bota militar. Una dictadura solapada, con recursos y armas suficientes para mantener al país encadenado por varias décadas más. Este estallido social y popular no es espontáneo, más bien es la reacción a años y años de dominación e injusticia. Sin embargo el detonante más visible para las movilizaciones de abril en Colombia, es la propuesta del proyecto de ley mal llamado “Ley de Financiamiento Solidario”, que no es nada más que una reforma tributaria que condena y empobrece a las mayorías populares y ciudadanas.
Con el pretexto de aliviar el déficit fiscal, que el mismo gobierno produjo meses antes por un hueco fiscal que quedó de los beneficios tributarios de la anterior reforma, al uribismo y al gobierno Duque, se les ocurrió la terrible idea de aumentar el costo de vida en uno de los países más desiguales del mundo. Es inconcebible que en plena crisis, el gobierno colombiano decida subir los impuestos a la comida (Canasta Básica Familiar) de las clases bajas y medias. No se le puede aumentar el precio a la comida cuando el pueblo tiene hambre. La indignación aumenta a raíz de que las medidas contempladas en la reforma tributaria perjudican al pueblo, pero recompensan y benefician a las grandes fortunas y monopolios del país.
Si la reforma tributaria nos arruina, el proyecto 010 reforma a la salud nos mata
Las decisiones importantes que determinan el rumbo del país -y por tanto el futuro de millones de personas- son tomadas únicamente por las élites políticas, militares y económicas. Legislan a favor de imperios bancarios y ganaderos. Legislan a favor de intereses norte americanos, europeos y asiáticos. Legislan a favor de salir impunes luego de robarse los recursos de todas y todos. Legislan para repetirse en el poder nacional y local. Una conducta que ilustra esto, es aprobar leyes y reformas nocivas para el pueblo cuando nadie los ve, a espaldas de la gente y sin debate público, como es el caso del proyecto de ley que hace ajustes y actualiza el sistema de salud colombiano, radicado el pasado 16 de marzo de 2021 y que por estos días aprobaron en el congreso, en horas de la madrugada, a escondidas mientras reprimían y asesinaban manifestantes que se alzaban en paro nacional contra la reforma tributaria.
Foto: Medios Libres Cali
Una reforma a la salud que a todas luces es peor que el mismo covid-19, es la privatización plena de la salud en Colombia. Ahora debemos pagar pólizas por patología o si no las EPS no atienden. Las personas que requieren atención desde EPS deben demostrar cuidado propio, si se comprueba lo contrario la EPS puede negarse a prestar el servicio y lo cobra. En lo más crudo de la pandemia, se acabarían los programas públicos de vacunación de los municipios, ahora las EPS tienen potestad de decidir cómo ofrecer los servicio y a quiénes.
Con esta reforma, las multinacionales y farmacéuticas transnacionales pueden imponer precios y reglas de mercado para la salud en Colombia. Se acabarían los regímenes especiales de salud, educación, industriales, fuerzas armadas, etc. Los hospitales deberán demostrar resultados, un postulado macabramente similar a los resultados que exigía el gobierno Uribe a militares y que llevó a la masacre de más de 10.000 jóvenes, raptados, asesinados y reportados como combatientes de las FARC- EP, las ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados Falsos Positivos. Sin importar cuál sea el paquete de reformas, leyes y decretos que venga del gobierno, todos son para someter a la gente. La ley 100 de 1993 ha matado a más de 1 millón de personas por falta de atención o atención negligente, más personas de las que ha cobrado el conflicto armado en Colombia.
5 días de movilización, protestas y paro nacional
Desde el principio de la pandemia en Colombia a los más pobres se les presentó la cruel dicotomía entre quedarse en casa para cuidarse del virus o salir a trabajar. A las pocas semanas de iniciada la pandemia, las casas de los barrios se llenaron de trapos rojos en sus ventanas, significaba que había hambre en esos hogares y eran por miles. Por eso, un año después de las primeras cuarentenas, cuando el gobierno propone una nefasta reforma tributaria, que golpearía a las clases bajas y medias. Ante este panorama no se dudó ni un instante en salir a las calles, en un momento terrible de crisis sanitaria por el covid-19. Ya no hay dicotomía, hay rabia y frustración. Hay necesidad de juntanza en las calles. Es tiempo de parar Colombia por la dignidad.
No hubo líderes que convocaran. Sólo existía una fecha propuesta por las centrales obreras y fue suficiente para que las familias, amigos, vecinos, el barrio y el pedazo, se auto convocaran por redes sociales hasta ser ríos de comunidades caminando hacia los puntos de resistencia, hacia las entradas de la ciudad. Una forma eficiente de hacer real un paro, nadie entra ni sale. Así fue el primer día: jornadas de gritos, arengas, cantos y baile en la calle. Así somos en Cali, ¡alegres y bravos!, ¡dignas y festivas!, ¡bailadores y beligerantes! Las personas regresaban caminando ya de noche a sus casas, cansadas pero con una sonrisa cómplice de haber logrado el objetivo. Los días siguientes se multiplicaron los puntos de bloqueo y aumentó el número las asistencias de la comunidad, el ejemplo de la lucha educa y vence el miedo a la represión.
Foto: Medios Libres Cali
El gobierno también tiene experiencia. Una de clase criminal y paramilitar. Comienza a detener, asesinar, desaparecer y violar a jóvenes que en los días de paro hacen curso acelerado de resistencia y lucha callejera. El 30 de abril, luego de tres días de paro, el terror estatal es la respuesta al pueblo en las calles. Ya el terror lo usó el gobierno como forma de paralizar a las comunidades en otros momentos. El 1 de mayo se desborda la asistencia y muchas ciudades se suman al paro, el pueblo se ha empoderado. La memoria genética de otras luchas duras, que padres y abuelas en otros tiempos han dado, le recordó el poder del pueblo que cuando se une, es el mayor poder transformador que hay. Entonces ¿para qué parar y protestar? Para comprobar una vez más que el pueblo manda y cambia la historia.
En este contexto de protesta social generalizada en más de 500 ciudades del país, focalizada en los principales centros urbanos del Suroccidente colombiano y más de 50 ciudades del mundo, la respuesta represora del Estado no se hizo esperar. Teniendo en cuenta las medidas restrictivas que aún se mantienen en algunas ciudades del país, se estableció un toque de queda que iniciaría el 28 de abril a las 8:00pm. como medida para frenar la continuidad de las jornadas de movilización que se planteaban desde la ciudadanía. Sin embargo, desde las 10:00am está medida ya había sido modificada por el nivel de descontento que se vivía en las calles. Aludiendo al cuidado y al llamado a no generar aglomeraciones se comenzó a presionar insistentemente a las personas con el toque de queda.
Estas medidas de restricción fueron la excusa perfecta por parte de las autoridades policiales para generar redadas masivas de detenciones ilegales amparados en los decretos de las autoridades municipales, incurriendo además, en graves acciones de abuso de autoridad y cometiendo violaciones a los derechos humanos (asesinatos, exceso de la fuerza, amenazas, procedimientos irregulares en las detenciones, destrucción de los bienes de las manifestantes, ataques directos a la integridad de las personas, abuso sexual, entre otros). Según información de la organización Temblores, a su plataforma de denuncia de abuso policial «GRITA», se han reportado hasta las 11:00pm. Del 1 de mayo, 940 denuncias de violencia policial, 92 víctimas de violencia física por parte de la policía, 21 víctimas de asesinato de la policía, 4 víctimas de violencia sexual y 12 víctimas de disparos a los ojos.
Cali: La Capital de la Resistencia
La ciudad de Cali se ha volcado a la protesta organizada en el ejercicio espontáneo que permite el encuentro, los puntos han sido tomados con bella creatividad, el alimento siempre al centro con ollas comunitarias diversas y deliciosas, primeras y varias líneas de cuidado y contención de jóvenes en resistencia, se rebautizaron muchas zonas de la ciudad: La Loma de la Cruz ahora es la Loma de la Dignidad, el Paso del Comercio ahora es el Paso del Aguante, el Puente de los Mil Días es ahora el Puente de las Mil Luchas y la Portada al Mar es la Portada a la Libertad.
Sin embargo, la represión ha sido el pan de cada día. Haciendo eco a la frase de «siempre recordaré cuando con rabia tiré una piedra y el gobierno represor respondió con metralla», se han vivido días intensos de resistencia en -por lo menos- 7 puntos de bloqueo permanente a lo largo y ancho de la ciudad. El pueblo caleño atendió con contundencia y de manera masiva desde el primer día de movilizaciones. En la mayoría de los puntos, ante la provocación de la fuerza pública, se dieron confrontaciones entre las manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Sin embargo, la alcaldía de Jorge Iván Ospina le encomendó la tarea de asistir a las movilizaciones también al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional.
Presentamos aquí un reporte consolidado de Derechos Humanos por día que algunas organizaciones defensoras han visibilizado:
#28A 28 de abril, 2021
8 heridos de gravedad y otros 50 leves por impactos de gases lacrimógenos y aturdidoras lanzadas por el ESMAD
Un miembro de la policía dispara por la espalda al menor de 17 años Marcelo Agredo Inchimad, en el barrio Mariano Ramos de Cali. Llega al Clínica Valle del Lili con muerte cerebral y posteriormente fallece.
Es asesinado el menor de 13 años Jaison García, ingresa sin signos vitales al Hospital Carlos Holmes Trujillo del barrio República Israel.
6 personas fueron conducidas a estaciones de policía y dejados en libertad con aplicación de Comparendo por toque de queda, decretado por el alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina.
En numerosos videos de denuncia ciudadana se evidencia el uso indebido de armas no letales y el uso directo de armas de fuego en contra de las manifestantes.
#29A 29 de abril, 2021
Es asesinado por agentes de la policía el joven de 23 años Miguel Ángel Pinto, en el punto de concentración denominado «Puerto Resistencia».
106 manifestantes son detenidos y trasladados a estaciones de policía, se reportan por lo menos 31 denuncias de desaparición. En las estaciones fueron golpeados, torturados y despojados de sus pertenencias y materiales audiovisuales.
Es agredido un manifestante en un ojo por un impacto de un gas lacrimógeno en la calle 5ta.
Se denuncia la desaparición del menor de edad de 16 años Michel David Lora, de nacionalidad venezolana, quien luego de ser detenido con su madre fue llevado a un hogar de paso. Cuando la mamá se dirige al lugar su le indican que su hijo no se encuentra allí.
Se denuncia la desaparición del menor de edad de 16 años Michel David Lora, de nacionalidad venezolana, quien luego de ser detenido con su madre fue llevado a un hogar de paso. Cuando la mamá se dirige al lugar su le indican que su hijo no se encuentra allí.
#30A 30 de abril, 2021
En medio de las protestas son asesinados Edwin Villa Escobar (comerciante), Einer Alexander Lasso Chará (hombre pensionado) en el barrio el Diamante. Jovita Osorio en el Paso del Comercio (docente de primera infancia) y otras tres personas sin identificar del sector del barrio El Poblado, al oriente de la ciudad de Cali. Los hechos se encuentras registrados en video.
En el barrio Julio Rincón, cerca al punto de concentración de Calipso, es impactada con arma de fuego en su pierna izquierda Angely Vivas Restrepo. Mientras que en el barrio Las Américas resultan heridas dos mujeres y un hombre. Esto sin contar otras 105 personas afectadas por distintos métodos de agresión usados por miembros de la fuerza pública.
Son detenidos dos integrantes de la red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuente identificados como Daniela Caicedo y José Cuello. Los hechos se dieron en el punto de concentración de Sameco. Allí les hurtan los objetos que los identifican como parte de la organización.
94 personas conducidas a estaciones de policía en diferentes puntos de concentración de la ciudad. Muchos de ellos y ellas fueron golpeadas y torturadas al interior de dichas estaciones por miembros de la fuerza pública.
Se denuncia la desaparición de: José Miguel Oband, Diego Alejandro Bolaños y Jhon Haner Muñoz Bolaños.
#1M 1 de mayo, 2021
Sobre la jornada no hay un reporte de derechos humanos consolidado aún. Pese a la masiva asistencia de manifestantes que cubrían gran parte de los puntos de concentración del centro de la ciudad. Se reportaron ataques indiscriminados a los puntos de concentración de Paso del Aguante, Calipso, y Puerto Resistencia. La fuerza pública aprovechó la llegada de la noche para atacar los puntos más vulnerables de la jornada del 1 de mayo, se reportaron por toda la ciudad denuncias de civiles armados disparando en los barrios colidantes a los puntos de concentración. En la noche del 1 de mayo es declarado el estado de «Asistencia Militar». Esta vez para legalizar la militarización de las ciudades donde se mantiene la movilización y la resistencia civil en contra de su Reforma Tributaria.
Las herramientas del enemigo: Política de guerra para la protesta social
Encontrar en fuentes oficiales, como las de la presidencia de la república y el Ministerio de Defensa, información sobre los gastos militares ha sido todo un reto, pues parece que quisiera ocultarse la verdad sobre los gastos gubernamentales en material de guerra. Es porque Colombia gasta actualmente un valor cercano a 40 Billones de pesos colombianos en el Ministerio de Defensa (10.300 millones de dólares). Históricamente el presupuesto de la nación para este rubro siempre ha sido alto, ya que desde hace varias décadas continúa y se acentúa el conflicto interno, que pese a algunos esfuerzos para lograr diálogos de paz, al día de hoy se ha diversificado, territorializado y agudizado en muchas partes del país. El porcentaje equivalente del presupuesto de defensa frente al total en el gasto publico en Colombia ronda el 11%, un porcentaje bastante alto para un país con una economía debilitada. Con este valor se ubica el país en el puesto 25 en el ranking mundial del porcentaje del gasto publico en defensa, lejos de otros países como Francia que gasta el 3.3% España 2.9% o Brasil con 3.86%.
Al interior de la institución de la policía nacional, esta inscrito el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) fuerza creada en 1999 para contener las movilizaciones que se realizaran en el país, era una fuerza especial transitoria que sin embargo lleva más de 20 años y durante los diferentes gobiernos de turno se ha ido fortaleciendo y que al día de hoy cuenta con 3.876 integrantes y un presupuesto anual de 490.000 millones de pesos (131 millones de dólares). Este mismo escuadrón, a lo largo de su accionar, ha asesinado por lo menos una veintena de personas civiles, en ejercicios de abuso de autoridad y policial, que ellos han llamado “excesos de la fuerza”.
Foto: Medios Libres Cali
Actualmente debido a un gobierno completamente ajeno al pueblo y previendo el fuerte descontento popular por las medidas que se han tomado históricamente, el gobierno Uribe-Duque ha fortalecido las fuerzas de represión, destinando millonarias sumas para esta causa. Desde tiempo atrás el gobierno se ha preparado para una respuesta represiva a un inminente estallido social, ya que en en marzo del año 2020 se compraron 5 tanquetas (vehículos blindados) por un valor de 8.000 millones de pesos (2,1 millones de dólares) para fortalecer esta fuerza de represión así como la compra por valor de 9.515 millones de pesos (2.5 millones de dólares) en municiones y diferentes armamentos para el ESMAD, en medio de una fuerte crisis social y económica ocasionada por la pandemia del covid-19. Para el 2021 se ha incrementado el presupuesto en casi 1000 millones de pesos. El gobierno evidentemente perpetúa la represión y le da a la protesta social un tratamiento de guerra.
Sin embargo, ni el ESMAD ni la policía han logrado reprimir y contener el estallido social que se ha declarado en Paro Nacional. Es por eso que el Presidente de la República Iván Duque -en diversos medios- el día 1 de mayo de 2021, tomó la decisión de instalar en las ciudades que lo requieran «Asistencia Militar” una medida que está reglamentada en el código nacional de policía, en la cual se establece el uso de las fuerzas militares en el control del orden y la asistencia de situaciones de desastre. La presencia de dichas fuerzas en las calles incurre en una reducción de derechos como se establece en un estado de sitio. Hay que tener en cuenta que en la práctica, la presencia militar en las calles genera mayores posibilidades de accionar bélico en las manifestaciones ya que el estado trata la situación desde una perspectiva militar que históricamente, tiene un fuerte accionar violento e impune contra la población civil.
Las calles llenas
La gente Colombia se fue juntado en cada esquina. Todas las ciudades pararon. Los barrios tomaron las calles en rechazo a la reforma tributaria bajo la consigna «si no nos unimos nos hundimos». Colombia es ahora un río de gente, pueblo con pueblo se juntó, se prendió una gran fogata de unidad en honor a los muertos que pone el pueblo, porque nos duelen bien adentro pero su muerte no puede ser en vano. Las voces del país entero se hicieron oír y múltiples marchas han salido regando la voz de la resistencia. Colombia ha perdido el miedo y ya no tiene nada más que perder, así que A PARAR PARA AVANZAR.
Si quieres escuchar esta historia en la voz de la autora, haz click aquí.
La comunidad de Cantagallo, en el Rimac, también ha sido uno de los lugares afectados por el coronavirus. Pero la pandemia no los ha hecho desertar. Un ejemplo de ello es la artista Sadith Silvano, quien se infectó dos veces y tras recuperarse continúa con su emprendimiento: una colección de mascarillas con diseños que transmiten su identidad y cultura shipibo conibo.
“Me he contagiado por COVID-19, pero salí de esa enfermedad”, nos relata Sadith Silvano, una artista de la comunidad de Cantagallo, en el Rímac, y una de las mayores exponentes del arte shipibo conibo en el país. Ella recuerda cuando empezó a sentirse mal: no tenía fiebre, pero sí tos seca y dolor de garganta. Se recuperó, pero se juntó con sus familiares, con su hermana quien también tenía coronavirus, y se contagió nuevamente. Esa vez se le hinchó todo el cuerpo. Cuenta que logró recuperarse con plantas medicinales. La crisis por el avance de esta enfermedad afectó su arte. Sin embargo, encontró una salida para superar esta crisis: elaborar mascarillas con diseños milenarios y ancestrales inspirados en la cultura amazónica.
“Están inspirados en las plantas medicinales, la ayahuasca, que representa al hombre sabio”, señala la artista sobre sus mascarillas y los mensajes que transmiten. Sus diseños representan al mayacunu, kewé y kené, cuenta. Como ya no encontraba la oportunidad de vender su colección de ropa para damas y los gorros que hacía, empezó a crear estas mascarillas con “su cultura e identidad”.
La comunidad shipibo conibo en Cantagallo, así como otros lugares en el país, también fue golpeada por el coronavirus: se registraron tres fallecidos víctimas de COVID-19. Al principio Sadith estaba sola en este trabajo, pero ahora lo hace junto a veinte artesanas de Cantagallo y Pucallpa. Ellas han producido tres colecciones de 40 mascarillas cada una. Han logrado distribuir a Ayacucho, Tacna, Trujillo y también al extranjero. El dinero ganado lo envían a su comunidad de Paoyhan, en Ucayali. “El gobierno los ha olvidado”, nos dice enfática a través del teléfono. “Me siento feliz ayudándolos de esta manera, porque así Dios me bendice. Mi padre me ha inculcado a apoyar a los que necesitan”, agrega.
Los obstáculos antes del COVID-19
Sadith tiene 31 años y hace 20 llegó a Lima desde la comunidad de Paoyhan, en Ucayali. Su padre la trajo en busca de una mejor calidad de vida, educación y un mejor desarrollo personal. Pese a los años radicando en la capital, nunca perdió su identidad shipibo-conibo y se dedica a transmitir sus conocimientos ancestrales con orgullo.
“El arte es importante”, asegura. El pueblo shipibo conibo es reconocido por manifestar su cultura mediante el trabajo artístico. Sin embargo, no fue fácil alcanzar reconocimiento. “Existe mucha discriminación. Se reían de nosotros, me explotaron como artesana y me han robado”, recuerda. Pero eso no la desanimó, más bien se fortaleció: en su mente estaba crecer y así fue.
Sadith Silvano bordando una mascarilla. Fuente: Facebook.
Su trabajo es hecho a mano. Dedica tres días enteros en terminar un bordado y por eso no reproduce por docenas. Para ella, cada pieza es única y por ello requiere tiempo y dedicación. “Te hincas la mano, sangra, la vista se cansa, los ojos duelen al dormir, pero cuando es con amor y pasión, no importa. Nosotros seguimos. Por medio de ello concientizamos a los jóvenes para que no pierdan su cultura”, señala.
Tras ser explotada por revendedores, emprendió su propia colección de ropa: vestidos, pantalones y gorros para damas. “He caído y me he levantado, con humildad sigo el camino que siempre buscaba, el del éxito, nadie me lo regaló”, dice. Sus diseños vienen de su mente y del corazón. Están inspirados en sus conocimientos ancestrales. Su dedicación y pasión tuvo gran acogida y logró exportar su colección de ropa a países como EE. UU y Francia.
Con la llegada de la pandemia por el COVID-19, las mascarillas se han convertido en un elemento esencial para evitar el contagio y son usadas a nivel mundial. En base a las especificaciones técnicas del Ministerio de Salud, Sadith se basa para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario. Con un lapicero brillo, tijera, aguja e hilo de diferentes colores, comenzó a bordarlas para hacer algunas demostraciones en redes sociales. Recibió muchos mensajes de apoyo.
Gorros y mascarillas con diseños shipibo conibo. Fuente: Facebook.
“Esta enfermedad nos hace reflexionar como personas. A veces no estamos con la familia, ahora tenemos la oportunidad de estar más con ellos, conocernos y entendernos”, asegura. Ahora, después de más de 100 días, así como Sadith, en Cantagallo están regresando a sus actividades. En su caso, vivir a través del arte sin olvidar su cultura.
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Serly Figueroa Mormontoy es una abogada y política cusqueña con experiencia en gestión pública. Actualmente es una de las lideresas de opinión comprometida en la lucha por la participación de la mujer en el ámbito público y político en nuestro país. Es ex presidenta de la Asociación de Regidoras y Mujeres Autoridades de la Región Cusco y miembro de la Red Nacional de Mujeres Autoridades (RENAMA). En esta entrevista detalla a La Antígona los motivos por los que las mujeres en política se unen para pedir que el Congreso, tras aprobar la ley de paridad y alternancia de género, anulen el voto preferencial.
El pasado 25 de junio, el pleno del Congreso aprobó la norma que dicta medidas de paridad y alternancia de género en las listas parlamentarias. Es decir: 50% de mujeres y de hombres ubicados de manera intercalada. Este criterio aprobado será aplicado a partir de las próximas elecciones de 2021. Sin embargo, debido a las distintas opiniones de los legisladores respecto a la modificación del voto preferencial, no se logró su anulación. La abogada cusqueña y asesora política opina.
¿Actualmente la participación política de las mujeres ha sido poco valorada o hasta reprimida?
Desde que logramos el derecho al voto continúa una desventaja en la participación política de las mujeres. Esto se agudiza cada vez más porque somos un país machista. Incluso hoy que estamos en un contexto en el que se habla de paridad, existen comentarios machistas. Es decir, aún existe ese sesgo marcado y fuerte.
¿Diría que hay una cúpula de poder que no permite la entrada de mujeres? ¿Cuál es el temor?
No lo llamaría una cúpula, sino un sentimiento que está guardado en algunos políticos. Desde mi experiencia he visto cómo al armar listas distritales, municipales y regionales no se toma en consideración a las mujeres pues se piensa que no tendrán popularidad y por ende no aportarían a la campaña. Esto es triste porque aun cuando consideran integrar a un buen cuadro femenino o una lideresa, se la coloca en la última ubicación.
¿Conoce de algún caso en el que se evidencia esta situación?
Sé de uno; el de una compañera regidora provincial de Cusco, quien tuvo una postulación curiosa pues fue inscrita por su esposo, sin saber nada del partido ni la lista. Cuando ganó no estaba preparada para ejercer su cargo y tuvo que prepararse en la Escuela de Formación Política de Mujeres Autoridades que nosotras tenemos en la Asociación de Regidoras. Hoy es otra mujer: empoderada y candidata en su provincia. Este caso evidencia que no es cierto que las mujeres no estén interesadas en política. Lo que hace falta es formación y enseñarles cómo es este mundo.
Y también aplicar estas medidas que han sido aprobadas: la paridad y la alternancia.
Son esenciales ya que son acciones afirmativas necesarias en un país como el nuestro. Uno de los argumentos de quienes están en contra de estas medidas es que son innecesarias pues todos somos iguales ante la ley. Es cierto, así lo manda la Constitución, pero el problema es que parece que este punto se obvia al armar las listas electorales, por ejemplo. Este es un país en el que se mira a las mujeres solo para rellenar cuotas, para completar y aparentar que se cumple con todos los requisitos.
Entonces ¿no estarían cumpliendo con promover la participación de las mujeres?
No, y ya han existido procesos electorales en los que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de oficio ha ido tachando a todas aquellas listas que no cumplían con las cuotas. Por eso algunas listas fueron incluyendo mujeres en sus grupos pero por un tema de temor a ser retirados y por hacer slogan de campaña. No es que estén promoviendo la participación de la mujer. Es así que ahora, con la aprobación de esta norma, a la fuerza van a tener que cumplir esa acción afirmativa para que se nos tome en cuenta de igual a igual en la vida política.
¿A qué se debe que algunos políticos como el ex congresista de Acción Popular Edmundo del Águila, afirmen que estas medidas van en contra de la meritocracia?
Entiendo que para él y para muchas personas, las mujeres tenemos que ganarnos el derecho de ser cabeza de lista o de ir en una ubicación preferencial, pero en Perú esto es difícil. A pesar de que muchas mujeres sí se lo han ganado, no han sido consideradas en sus partidos porque quienes arman listas no las priorizan. Fruto de eso es que se dan casos de compañeras que no quieren volver. Hay deserción de las mujeres en la vida política y es un punto en el que hay que trabajar.
¿Por qué se pide que las medidas de paridad y alternancia se apliquen juntas?
Te pongo el ejemplo de que exista una lista que pueda estar conformada por cinco candidatos a regidores y un alcalde, y que postulen tres varones y tres mujeres. Es fácil deducir que los dos primeros puestos serían para varones, y los tres siguientes serían mujeres. Si esa lista pierde sólo entraría el varón. Ahí se aplica la alternancia porque si el candidato a alcalde es varón, la teniente alcaldesa va ser mujer. Y así los puestos van a ir intercalados. Entonces, si esa lista gana entrarían cuatro regidores de la mayoría y habrá un mayor número de mujeres. Si la lista pierde, también se va tener a una mujer dentro. Por esto es necesario la paridad y la alternancia.
¿Por qué es importante eliminar el voto preferencial?
Es importante eliminar el voto preferencial porque desde que se ha instaurado en 1985, ha motivado a que se fortalezcan propuestas individuales pero no de partidos políticos como grupo. Por comentarios de los ex candidatos, se sabe que hay quienes obtienen los primeros números en las listas al Congreso porque aportan más dinero y detrás de ello hay financistas. Lo peor es que, una vez que los candidatos ganan, deben cumplir con conceder favores y beneficios a esos proveedores.
Entonces ese es un motivo por el cual piden una reforma total.
Sí. Una reforma política tiene que considerar que los partidos y sus miembros tengan que fortalecerse en su propuesta. A nivel nacional, todo partido debería comunicar sus propuestas como grupo, no propuestas personales.
Y ¿el voto preferencial promueve estas diferencias?
El voto preferencial genera que entre candidatos haya deslealtades e inequidades. Quién tiene más dinero, tiene más acceso a medios de comunicación, a vehículos y seguidores para hacer campaña. Pero quién no, no puede hacer campañas ostentosas y nunca será congresista. Y en ese contexto ¿cómo una mujer podría entrar a la política con tantas limitaciones y desigualdades? Es difícil. La eliminación del voto preferencial va promover una mayor participación de las mujeres en la vida política.
Aplicar estas normativas significa hacer un verdadero cambio para tener una sociedad que visibilice a las mujeres.
Sí, pero debe haber normas que complementen a estas medidas. Por ejemplo, todos los partidos políticos deberían tener escuelas de formación y tener una vida orgánica. Es decir, que el candidato o candidata que postule tenga ciertos años de militancia; eso es importantísimo porque eso garantiza que el partido se fortalezca.
¿Son factibles las propuestas que apuestan por elevar a 50% la participación de mujeres a partir del 2021?
Sí, pues la paridad y la alternancia más la eliminación del voto preferencial aplicado en este 2021 permitiría que lleguemos a una mayor participación política. Elevará este 28% de participación en el que nos quedamos desde siempre. El punto a considerar es el tiempo. Los partidos tienen pocos meses para trabajar en la formación de sus mejores cuadros integrados por varones y mujeres para que haya visibilización. Es importante trabajar en este tema.
¿Qué otra medida complementaria debería proponerse y posteriormente aprobarse?
Debe ir de la mano con una medida más, la que frene el acoso político. Desde la Red Nacional de Mujeres Autoridades, por medio de un estudio de la ONG Flora Tristán identificamos 187 casos de acoso político en el periodo 2010- 2011. Con esta cifra presentamos una propuesta legislativa que llegó al pleno. Cuando estuvo en la agenda del día, la retiraron y nunca más [la volvieron a poner] hasta estos años se ha vuelto a hablar de ella. Actualmente se ha puesto el ojo en este tema porque el JNE ha visto que es una limitación para la participación de mujeres.
¿Ya se presentó alguna nueva propuesta que evite se siga dando situaciones de acoso político?
Sí, ahora el proyecto contra el acoso ya ha sido aprobado por la Comisión de Constitución y debería entrar al pleno. Asimismo sabemos que la Comisión de Mujer y Familia ya está por emitir su dictamen. Solo necesitamos que ya pueda debatirse en el Congreso y ojalá pueda ser aprobada.
¿Cuándo podremos conocer si se aprueba o no la eliminación del voto preferencial? ¿Cree que sigan habiendo retrasos?
Esos retrasos nos llaman la atención pues el debate debió darse el jueves 30, ya que el día martes ingresó al Congreso una propuesta multipartidaria de varios partidos que decían que con el debate de paridad y alternancia, lo más conveniente era debatir las nuevas medidas. Nos parece extraño que no haya sido considerado en la agenda de hoy, seis de julio. Esperamos que la próxima semana ya podamos tener ese debate.
La violencia se mantuvo latente durante la emergencia sanitaria y poblaciones vulnerables se han visto en riesgo ante las políticas públicas
Asesinatos, llamadas de emergencia, desapariciones y nuevas víctimas. La violencia se mantuvo latente durante la emergencia sanitaria y poblaciones vulnerables se han visto en riesgo ante las políticas públicas de prevención por el coronavirus.
La pandemia no frenó los actos de violencia cometidos contra las mujeres. La inseguridad no solo se manifestó en las calles, sino también en casa. Con el fin de evitar la propagación de la COVID-19 se anularon canales presenciales de denuncia que atendían las 24 horas, y en su lugar, las llamadas de auxilio se intensificaron. Las medidas empleadas fueron insuficientes al no poder atender de forma rápida y directa los casos registrados y al no contemplar un enfoque interseccional que asegure la protección de mujeres, niñas y adolescentes en todas las regiones del país.
Antes del inicio de la cuarentena, en el mes de febrero, se recibieron 14693 denuncias de violencia contra la mujer. Estas fueron inscritas y formalizadas a través de los 396 Centros de Emergencia de la Mujer (CEM) que operan a lo largo del país. No obstante, el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM detuvo su funcionamiento y activó los Equipos Itinerantes de Urgencia (EUI), para atender a las víctimas de violencia durante el encierro.
El 16 de marzo fue el primer día de la cuarentena en el país. Desde esa fecha hasta fin de mes solo se reportaron 395 denuncias por los EUI. La disminución drástica en las cifras no se debió a la ausencia o disminución de violencia de género, sino a la limitada cobertura de atención a las víctimas y las barreras que dificultaron solicitar ayuda o auxilio desde el aislamiento. El personal de los EUI estuvo capacitado para actuar únicamente cuando los casos eran derivados por la Policía, el Poder Judicial, la Fiscalía o la Línea 100.
La Línea 100 es un canal de atención telefónico y gratuito que funciona las 24 horas del día, especializado en dar información, orientación, consejería y soporte emocional a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar o sexual. Ante la ausencia de los CEM se reforzó este servicio y 10 días después del inicio de la medida, se puso en marcha el Acompañamiento Psicológico Telefónico.
Un mes después, se publicó el Decreto Legislativo N° 1470, el cual simplificó los pasos para la atención de casos de violencia contra las mujeres, que además reconoce la identidad de género y la orientación sexual como condiciones protegidas.
En marzo, la Línea 100 recibió 10679 comunicaciones hechas por mujeres, cifra mayor a las reportadas en enero y febrero. De esta cantidad, 5418 corresponden al periodo que va del 16 al 31 de marzo. En junio el número ascendió a 18880, siendo la violencia psicológica uno de los registros más alarmantes (más de 6500). En Perú, este tipo de agresión se practica desde la niñez y los mayores porcentajes se dan en las mujeres con educación secundaria, desmintiendo los supuestos que asegura que solo mujeres sin educación son violentadas, como lo ilustra la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2019.
Entre marzo y junio perdimos a 35 mujeres, adolescentes y niñas que fueron asesinadas por la violencia de género. A ellas se suman dos menores de edad que murieron a manos del mismo agresor de Alejandrina Huaraca (32 años, Ayacucho). Hermana e hija, sus muertes fueron tipificadas como homicidio calificado y no feminicidio; sin embargo fueron también víctimas del horror.
Como ellas, muchas sufrieron otros tipos de agresión antes de enfrentar la muerte y sus violentadores fueron en algunos casos parejas o exparejas. Pero, ¿qué pasa con los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio? El 10 de febrero el Estado publicó el Decreto de Urgencia Nº 005-2020, con el cual se establece una asistencia económica bimestral de S/. 600 ($165 USD, en promedio) para “contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio”. De acuerdo a Silvia Arispe, directora Ejecutiva del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA, hasta el 28 de septiembre (más de siete meses después de haber expedido el Decreto) se concedió la asistencia a 250 víctimas indirectas en 25 regiones del país.
Desaparecidas en pandemia
Otro problema urgente e invisibilizado son las desapariciones sin respuesta de mujeres, niñas y adolescentes. Hace 17 años, en 2003 según la Ley Nº 28022 se aprobó el reglamento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Una medida que no se puso al servicio de la ciudadanía hasta agosto de este año, que el Estado anunció finalmente su implementación en un lapso de 40 días útiles. Dos meses después del anuncio, el 15 de octubre el Gobierno implementó el sistema que permitirá una adecuada gestión de denuncias, investigación, búsqueda y acciones. A ello se le suma la reactivación de la Línea 114, creada para atender las denuncias de este tipo, pero la cual se encontraba sin funcionamiento hasta inicios de octubre; un Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia y la página web oficial.
Antes de ello, Perú no contaba con un sistema unificado, público y actualizado de los casos de desaparición que se reportan en el país. Debido a esta carencia la Defensoría del Pueblo construyó una base de datos a partir de las Notas de Alerta que emite la Policía Nacional. Sin embargo, este proceso también presenta dificultades.
Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría, señaló que los principales obstáculos son la multiplicidad de Notas de Alerta sobre la desaparición de una persona —al ser realizada por distintas personas—, la inadecuada consignación del nombre de la dependencia policial —lo que dificulta determinar a qué región pertenece el caso— y la carencia de fotografía de la víctima en la Nota de Alerta. “Entre otras dificultades también se perfilan la carencia de información de las circunstancias de la desaparición; ausencia de la región donde sucedió el hecho y sexo al que pertenece la persona desaparecida; la colocación de notas de alertas de niñas y adolescentes en la sección de personas adultas desaparecidas y viceversa”, añadió Revollar.
Según los registros que lleva la Defensoría, entre enero y junio del lectivo 2020, desaparecieron un total de 2457 mujeres. De estas, desde el inicio de la cuarentena, se registraron 915 casos, de los cuales un 70% (606) son niñas y adolescentes. Esto equivale a un promedio de 10 denuncias por día. Aunque estas cifras son menores a las detalladas antes de la pandemia, la funcionaria de esta institución sostiene que conforme han ido disminuyendo progresivamente las medidas de restricción a la libertad, se ha evidenciado mayor número de casos de denuncias por desaparición de mujeres y niñas.
La relación entre feminicidios, violencia y desaparición es conjunta. Parte de las víctimas han sido atendidas antes por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). De los 96 casos de feminicidios reportados entre enero y septiembre, 17 tenían denuncias previas de desaparición.
Silvia Arispe, del Programa AURORA, indicó que si bien este tema no constituye un hecho de violencia en la Ley 30364, que establece la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, no se puede negar que hay una vinculación entre ambos aspectos. Para Eliana Revollar la desaparición de una mujer tiene que ver con una cuestión de violencia de género. De acuerdo a ONU Mujeres, las desapariciones de mujeres a menudo están vinculadas con otras formas de violencia de género como la trata, la violencia sexual o el feminicidio.
El Ministerio de la Mujer viene trabajando protocolos de acción conjunta con la Policía para generar alertas sobre mujeres desaparecidas que han sido atendidas anteriormente por el MIMP y sus canales. El viernes 28 de febrero de 2020, el Gobierno publicó el Decreto Supremo N° 002-2020-IN, con el que se aprueba el “Protocolo Interinstitucional de Atención de casos de Desaparición de Personas en Situación de Vulnerabilidad y Otros Casos de Desaparición”. Este protocolo establece el procedimiento de acción inmediata que las autoridades deben adoptar ante una denuncia en esta materia. Antes se tenía que esperar el transcurso de 24 horas desde la desaparición para comenzar con las diligencias correspondientes.
La pandemia expuso una de las desigualdades más fuertes de la sociedad peruana: quedarse en casa es sinónimo de refugio para algunos y un infierno para otras. A lo largo de los años, las cifras han reflejado que el agresor, en muchas ocasiones, es un familiar o alguien cercano a la víctima. Las medidas de confinamiento no evalúan los diversos tipos de violencia perpetrados desde el hogar y el riesgo que supone vivir con el agresor sin la posibilidad de salir a pedir ayuda por temor a la covid-19 y a las débiles acciones de la Justicia. El virus no es el único enemigo invisible.
* «Violentadas en cuarentena”, publicada en Distintas Latitudes, es una investigación colaborativa regional realizada en 19 países de América Latina y el Caribe sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la covid-19. Esta investigación fue apoyada por el Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas de la International Women’s Media Foundation.
El registro fotográfico y audiovisual se han convertido en herramientas ideales para crear una memoria ciudadana colectiva desde diversos enfoques.
Registrar para no olvidar. La crisis social, económica y política que sufre nuestro país han generado movilizaciones jamás vistas antes convocando a todos los grupos sociales. Ante estos nuevos panoramas, el registro fotográfico y audiovisual se han convertido en las herramientas ideales para crear una memoria ciudadana colectiva desde diversas visiones y enfoques.
Durante noviembre de 2020, Perú cayó en una crisis política luego de que el congreso vacara al entonces presidente Martín Vizcarra. Manuel Merino asumió el cargo por tan solo 6 días, pues una ola de protestas a lo largo del país impulsaron su renuncia al poder. Estas marchas marcaron un precedente gracias a particularidades como la multitudinaria asistencia pese a la pandemia, o el hecho de que los principales asistentes fueron jóvenes entre 18 y 24 años, en su mayoría mujeres según cifras del IEP.
Una vez que Francisco Sagasti asumió el poder para liderar un gobierno de transición hasta las no muy lejanas elecciones presidenciales de abril de 2021, diversas iniciativas surgieron para que los eventos de esa semana de protestas no fueran olvidados. Partiendo de la fotografía, se llevó a cabo una exposición en el LUM y se abrió una convocatoria nacional para participar en la publicación “11/20”, que fue editada por KWY Ediciones bajo la dirección del fotógrafo Musuk Nolte. No obstante, el equipo del Centro Cultural La Revoltosa sintió que aún faltaba contar esta historia desde la perspectiva de mujeres y disidencias, y es así como surgió su propia convocatoria, que resultaría en la publicación digital “Archiva NOV20”.
Foto: AP Photo/Rodrigo Abd
“Archiva NOV20” es una mezcla de fotos, audios, ilustraciones y textos recibidos por La Revoltosa entre diciembre de 2020 y enero de 2021. Fabiola Reyna, Ale Sotelo, Marel Coral y Vanessa Valencia fueron quienes le dieron vida a este centro cultural digital peruano en 2020, y también fueron quienes diseñaron y gestionaron la publicación.
Para este centro cultural era importante crear algo que no fuera “solo un archivo como tal, sino un archivo -o una archiva, en todo caso, o un contra archivo- que tenga en cuenta nuestras propias vivencias y miradas desde nuestra identidad”, como “mujeres, como cabras, como trans, como compas” señaló Ale Sotelo -coordinadora de artes visuales de La Revoltosa- durante lapresentación transmitida vía Facebook.
“La historia oficial, los discursos sobre la construcción del estado-nación, incluso sobre la protesta, masculinizan… masculinizan y blanquean mucho el relato sobre cómo se han construido nuestros territorios. De cómo se han disputado las luchas, las protestas; básicamente todo” agregó.
El objetivo era crear un archivo que recopilara las voces que no siempre tienen dónde expresarse, fomentando la representación y generando una memoria crítica y colectiva que honrara lo sucedido. “La historia es circular y siempre está abierta y es convulsa; y siempre podemos seguir aprendiendo de este tipo de acontecimientos», siguió Sotelo. Y es que documentos como este siempre nos permitirán revisar la historia desde nuevas lecturas e ideas a medida que pase el tiempo; “Archiva NOV20” no impone una conclusión definitiva sino que pretende ser un punto de inicio para recordar y reflexionar críticamente sobre lo vivido en noviembre.
En las 41 páginas digitales de la publicación encontramos una narrativa que comienza con una parte dedicada a la organización colectiva en las calles; sigue con una segunda parte que muestra la represión policial; una tercera parte que muestra las respuestas, resiliencia y soporte colectivo que surgió a partir de esa represión; y una cuarta parte que recabe la memoria de los acontecimientos. Interesantemente, algunas de estas páginas cuentan con códigos QR para que quien las lea también pueda escuchar cómo sonaban las marchas, potenciando la experiencia a través del sonido.
Foto: ARCHIVA NOV20
Vanessa Valencia, integrante de la mesa directiva del Centro de Producciones Radiofónicas (CPR) y del Grupo de Investigación Sonora (GRISPerú), explicó que el sonido es una parte fundamental de la memoria porque este muestra particularidades específicas de lo que sucede: “Las marchas, cómo se dieron en 2017, 2018; del 8M, del orgullo; las que tuvimos también con el aspecto político; son muy distintas […] encontramos sonidos muy distintos y característicos quizá […] Por ejemplo este sonar entre la olla y el cucharón, como un sonar entre metal y melancolía, ahí que iba entre las calles, los famosos que le llegaron a llamar cacerolazos”. Cabe resaltar que Valencia también comentó que la experiencia de registro fue compleja debido a la represión policial que existe en las marchas en Perú: “Muchas veces hemos tenido que estar yendo acompañadas porque no nos podemos sentir seguras registrando solas”.
El rol de las mujeres y disidencias en las marchas fue clave por diversas razones, y Fabiola Reyna -directora de La Revoltosa- explicó que esto quería rescatarse a través de “Archiva NOV20”: “Justamente que hayan quizás mas hombres «cis» detrás de la generación de este archivo hacía que los personajes que se ven dentro de esos archivos sean hombres «cis» ¿no? Y en esta marcha hubo mucha organización desde colectivos feministas, que estuvieron en primera línea, cuidándose además”.
Reyna también recalcó que la sororidad fue un aspecto relevante de las protestas: “Algo que sucedió mucho en esta marcha por ejemplo en los chats de colectivas y todo esto, apenas por ejemplo alguien perdía de vista a otra persona -sobre todo si era una persona trans- era como la desesperación porque sabemos qué es lo que pasa ¿no? Creo que estamos mucho más alertas, ahí corremos mucho más peligro, lo que nos puede pasar es bastante más grave ¿no? Incluso a una chica que la detuvieron porque imprimió afiches me parece, la agredieron sexualmente, la desnudaron y no la quería dejar ir ¿no? Y son digamos esos contrastes con otros peligros de hombres cis ¿no? que también bueno, también digamos, la policía es abusiva con todas las personas ¿no?, pero es también en otro sentido digamos, son… digamos, lo que nos puede pasar es un poco distinto ¿no? Es eso, es cuidarnos, es preocuparnos, es organizarnos, es estar cada 5 minutos compartiendo nuestra ubicación, es llorar también”.
Foto: ARCHIVA NOV20
Si bien la presentación de “Archiva NOV20” permitió discutir distintos temas, uno de los que más resaltó fue la importancia de considerar y registrar las emociones como parte de la experiencia de mujeres y disidencias en eventos como el de noviembre.
“Una vez leí la siguiente frase: ‘la historia de las disidencias sexuales necesita de un archivo radical de las emociones, con el fin de documentar la intimidad, la sexualidad, el amor, el activismo y las luchas sociales. Todas las áreas de la experiencia de la disidencia que son difíciles de documentar a través de los materiales de un archivo tradicional’. Creo que por ahí también van las reflexiones tanto del registro y de cómo vamos construyendo nuestras memorias”, agregó Marel Coral -coordinadora de cine y audiovisual de La Revoltosa- para finalizar la presentación. Mira la publicación haciendo click aquí.
