Los asesinatos de Andrea Ruíz Costas y Keishla Rodríguez a manos de sus parejas han encendido, nuevamente, las alarmas en Puerto Rico. En el presente año ya se registra 21 feminicidios según el Observatorio de Equidad de Género de PR. Organizaciones de mujeres y la misma ciudadanía continúan presionando al Gobierno. Exigen que tome medidas más drásticas que detengan el Estado de Emergencia por Violencia de Género, en el que se encuentra la isla.
Sus nombres son Andrea Cristina Ruiz Costas y Keishla Marlen Rodríguez Ortiz.
La primera había recurrido a los tribunales en dos ocasiones para denunciar su caso de violencia doméstica. Sin embargo, las juezas encargadas no encontraron causa para arrestar al agresor y tampoco emitieron órdenes de protección. A raíz de esas inacciones, el cuerpo de Andrea (35), fue encontrado parcialmente calcinado a la orilla de una carretera el jueves 29 de abril de 2021. Su expareja, Miguel Ocasio Santiago, confesó el crimen y fue encarcelado. El comisionado de la Policía, coronel Antonio López, señaló que, según la confesión que hizo Ocasio Santiago, “aparentemente la joven no quería seguir la relación con él, y ese fue el detonante de todo”.
Ese mismo jueves, 29 de abril, se declaró desaparecida a Keishla y se activó por primera vez en la isla la llamada Alerta Rosa. La misma que es utilizada en casos de mujeres mayores de 18 años que se reportan desaparecidas o secuestradas. Al día siguiente, a primera hora, se dio a conocer que Keishla sostenía una relación con el reconocido boxeador puertorriqueño Félix Verdejo. Así mismo se difundió que estaba embarazada y que su familia lo acusaba públicamente de la desaparición. No es hasta el sábado primero de mayo, que el cuerpo de Keishla, es hallado a la orilla de la Laguna San José entre la ciudad capital de San Juan y el municipio de Carolina. Al otro día, Verdejo se entregó a las autoridades federales. Fue encarcelado y se dio a conocer oficialmente la fecha en que Keishla fue asesinada: el 29 de abril de 2021.
Todo esto sucede a menos de una semana de que en Puerto Rico, se cumplieran los primeros 100 días de la declaración de un Estado de Emergencia por Violencia de Género. Para organizaciones feministas, la isla vive en Estado de Emergencia desde el 2018. Ese mismo año, la Colectiva Feminista en Construcción le exigió al entonces gobernador Ricardo Rosselló que atendiera con urgencia el asunto. Durante ese 2018, en Puerto Rico, ocurrieron 63 feminicidios.
Foto: LatinSpot
“Por demasiado tiempo víctimas vulnerables han sufrido las consecuencias del machismo sistemático, la inequidad, el discrimen, la falta de educación, de orientación y sobre todo la falta de acción. Es mi deber y mi compromiso como gobernador establecer un PARE a la violencia de género. Ante estos fines es que he declarado un estado de emergencia”, sostuvo el gobernador mediante comunicado de prensa aquel 24 de enero de 2021.
A raíz de las muertes de Keishla y Andrea, comenzaron a surgir las interrogantes sobre lo que el gobierno ha estado haciendo -o dejado de hacer-desde que se implementó la emergencia y cuáles han sido las prioridades durante los pasados 100 días.
Las cinco organizaciones no gubernamentales que componen el Comité PARE, se expresaron enviando una carta al gobernador Pedro Pierluisi. En ella pedían una reunión de urgencia y detallaban varias peticiones. Entre estas estaba, mejorar el proceso de rendición de cuentas del comité, identificar el presupuesto necesario para que se diseñe y lance una campaña educativa y prevención de la violencia de género.
El gobernador, por su parte, respondió de forma positiva a la misiva. Consecuentemente, se llevó a cabo una reunión “muy productiva”, según declararon las organizaciones a través de Facebook. En esta, se plantearon algunos pasos a seguir por el comité. En los próximos días debería estar publicada una página web con información sobre los avances del comité. Así mismo, el comité anunciaría el presupuesto para trabajar contra la violencia de género. También lanzaría una campaña de educación, entre otros asuntos.
“Todos los días pensamos en las mujeres para las que trabajamos. Todos los días ellas son las protagonistas de este esfuerzo”, insistieron las organizaciones.
Mientras las conversaciones entre el gobierno y el Comité PARE se realizan, en el país continúan existiendo las dudas sobre qué trabajos se están realizando y por qué aún no se ven los efectos de la declaración de Estado de Emergencia.
Las manifestaciones como método para ejercer presión y exigir acción, no se hicieron esperar. Desde el domingo 2 de mayo, y el resto de esta semana, se realizaron protestas buscando justicia por las muertes de Andrea, Keishla y las demás mujeres que han sido asesinadas en Puerto Rico. Comenzaron en el puente Teodoro Moscoso. Luego, continuaron en la Fortaleza (residencia del gobernador). Siguieron en el Departamento de Justicia, Cuartel General de la Policía de Puerto Rico y otros pueblos fuera de la ciudad de San Juan.
“Esta semana se cumplieron los 100 días luego de haberse declarado el Estado de Emergencia contra la Violencia de Género en Puerto Rico. La declaración fue el resultado de una intensa y larga jornada de lucha durante los pasados dos años, liderados en gran medida por nuestra organización la Colectiva Feminista en Construcción. En la última semana los casos más recientes de violencia de género han estremecido al país. Se avivan traumas, terror y un gran dolor nos consume. Nos inunda la rabia y la frustración. Lanzamos una convocatoria para que otras mujeres se organizaran y llegaran a sus municipios a exigirle a los alcaldes y alcaldesas rendición de cuentas de cómo se está manejando la crisis de violencia de género a nivel local”. Así se expresó la Colectiva Feminista en Construccióna través de sus redes sociales.
Foto: Colectiva Feminista en Construcción PR
Las convocatorias han alcanzado el nivel de que en sobre 30 municipios de Puerto Rico se congregaron personas, en su mayoría mujeres, frente a las alcaldías. Es la primera vez que el archipiélago de Puerto Rico logra que diversos grupos se autoconvoquen y realicen algún tipo de manifestación simultánea en contra de la violencia de género.
“Las mujeres en Puerto Rico queremos ver acciones concretas y sobretodo queremos ver resultados. Este dolor, rabia y frustración que nos ha estremecido -no tan solo a las mujeres sino al país entero- quisimos canalizarlas en acción. También en movilización, en salidas colectivas que nos permitan encontrarnos. Queremos crear redes de apoyo, crear comunidad entre nosotras y, sobre todo, hacer el trabajo de fiscalización al gobierno. Eso ha sido lo que hemos estado gestando en esta última semana”, señaló Shariana Ferrer, integrante de la Colectiva Feminista en Construcción, sobre las diversas demostraciones en repudio a la violencia de género en la isla.
En lo que va de 2021, en Puerto Rico han ocurrido 21 feminicidios. Seis a manos de parejas o exparejas de la víctima, y un transfeminicidio según los datos del Observatorio de Equidad de Género.
Arte y diseño: La Antígona
Para el 2020, las mujeres asesinadas en el archipiélago fueron 60.
El país espera que se haga justicia a las vidas de Andrea, Keishla y las demás mujeres asesinadas en Puerto Rico durante el 2021 y años anteriores. Igualmente, las organizaciones feministas esperan que #NiUnaMás tenga que ser asesinada para que las conversaciones de violencia de género acaparen atención. A un paso lento pero seguro, cada vez son más las personas que se unen a la lucha en contra de los feminicidios. Más se suman a manifestaciones y están dispuestas a aprender y desaprender para acabar con la violencia machista.
El fiscal Pablo Espinoza terminó de presentar más de 180 evidencias contra el expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de Salud por el delito de violaciones a los derechos humanos.
Después de 11 audiencias de sustentación de cargos, el fiscal Pablo Espinoza terminó de presentar más de 180 elementos de convicción (evidencias) contra el expresidente de la República Alberto Fujimori (1990-2000) y sus exministros de Salud por el delito de violaciones a los derechos humanos. Ahora el caso se encuentra en la etapa donde los acusados se defienden de la denuncia penal que los señala como autores mediatos de un programa masivo que esterilizó forzosamente alrededor de 300 mil mujeres. Cesar Nakazaki, abogado del expresidente, señala que no existen condiciones para calificar el delito imputado como crimen de lesa humanidad.
Foto: IDL
El pasado lunes 03 de mayo, comenzó la etapa de descargos por parte de la defensa legal de los acusados: Cesar Nakazaki, abogado de Fujimori Fujimori; Lidia Godoy, de Eduardo Yong; Humberto Abanto, de Costa Bauer; y Raúl Pariana, de Alejandro Aguinaga, implicado en el caso de Vacunagate. El primer ponente fue César Nakazaki, quien sostuvo que no existen condiciones para abrir un proceso penal. Afirma que la acción penal no cumple con 3 de sus 5 elementos: hecho aparentemente delictivo, justificable penalmente y no prescrito. Sobre lo último, señala que el delito que le atribuyen no es de lesa humanidad y que por lo tanto no es imprescriptible. “Un delito de lesa humanidad debe cometerse contra la población civil bajo un ataque generalizado o sistemático de una política”, dijo agregando que el Ministerio Público archivó una de tantas investigaciones porque faltaba evidencia para probar que se trató de una política así. Por su parte, Somos 2074 y Muchas Más, una campaña que reúne a las sobrevivientes de las del caso, expresó a través de su cuenta de Twitter su desacuerdo.
Existen pruebas de que existió un programa del @Minsa_Peru, para practicar esterilizaciones, que tuvo plazos, metas, cuotas y hasta incentivos, tal y como una cadena de mando y patrones de comisión de delitos. (2/3)
Publicado el 3 de mayo del 2021 por Somos 2074 y Muchas +
En China, ejemplificó Nakazaki, utilizan el método de la reducción obligatoria de natalidad por motivos sociales o económicos y que no constituye un delito de lesa humanidad o genocidio. Asimismo, criticó que no hay una sentencia del Tribunal Constitucional que indique qué sistema de incorporación del derecho penal internacional se debe utilizar para aplicar la imprescriptibilidad de los delitos a la legislación peruana. Según argumenta, el Código Penal no recoge a las esterilizaciones forzadas como delito imprescriptible, por lo que merece una modificación. Al cabo de casi 2 horas del segundo día de descargos, el juez Rafael Martínez determinó suspender la audiencia debido al malestar que presentaba el defensor de Fujimori producto del covid-19. La misma fue retomada el día lunes 10 de mayo durante la mañana. En esta sesión, Nakasaki sostuvo, nuevamente, ante el juez Martínez que los delitos cometidos por Fujimori ya habían prescrito por lo que pidió se declare improcedente la denuncia. Así mismo, aseguró que este caso ya había sido archivado en el año 2009 por la Fiscalía de la Nación al no encontrarse evidencias de que se trataba de un delito de lesa humanidad. Mientras tanto, familiares y víctimas de las esterilizaciones forzadas protestaban frente al Palacio de Justicia exigiendo que el caso no sea archivado.
Sobrevivientes de las esterilizaciones forzadas y activistas frente al Palacio de Justicia en marco de la campaña Somos 2074 y Muchas Más. Foto: Javier Maguiña.
Derechos lingüísticos
Al inicio del primer día de descargos, Nakazaki le pidió al juez Rafael Martínez no ser interrumpido en su exposición por el personal de intérpretes dispuesto por el Ministerio Público. En ese sentido, sugirió que la traducción se hiciera al término de la audiencia, a partir de la grabación obtenida. Según alegó, las pausas que se tomaban para la exposición en quechua afectaba la fluidez y el derecho a la defensa de los acusados. Sin embargo, el “Protocolo para la participación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas u originarias en procesos judiciales” del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial —que compartió María Ysabel Cedano, abogada de la parte agraviada, a través del chat de Google Meet—,señala que la interpretación del mensaje se realiza de manera consecutiva a su escucha.
Foto: Lugar de la Memoria LUM
“No puede ser que las víctimas se enteren de lo que estamos hablando en este momento recién al día siguiente. Eso desnaturaliza el derecho a la traducción porque no es un tema meramente técnico”, manifestó Cedano, quien además dijo que la interpretación consecutiva es el estándar mínimo que el Ministerio Público ha logrado garantizar pese a las deficiencias tecnológicas. Finalmente, el juez resolvió continuar con la dinámica utilizada en la sustentación de cargos del fiscal: tras 10 minutos de exposición, prosigue la traslación en quechua.
Cargos
Han sido casi dos semanas de argumentación fiscal ante el Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado de la CSNJPE para formalizar la denuncia sobre el caso de intervenciones quirúrgicas en contra de la voluntad de cientos de miles de mujeres durante el régimen fujimorista. En total son 1321 denunciantes que acusan a Alberto Fujimori, Eduardo Yong, Marino Costa y, al congresista electo de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga de atentar contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Junto a ellos también se encuentran imputados Ulises Aguilar, exdirector de Salud; Segundo Aliaga, exdirector de la subregión IV Cajamarca; y Magda Gonzales, ex coordinadora del Programa Materno Perinatal de la misma subregión.
Tras el fallo del Tribunal Constitucional en el 2020, ellos están obligados a continuar y responder ante el Poder Judicial por los mecanismos ilegales y sistemáticos que utilizaron durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) para reducir la pobreza a través de tasa de natalidad. El fiscal Pablo Espinoza argumenta que los hechos no fueron aislados, sino que se trató de una política nacional que sometió a mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas de zonas rurales y urbano populares de entre 19 y 27 años en situación de pobreza a ligaduras de trompas no consentidas ni informadas.
Dilataciones
El 11 de enero se llevó a cabo la primera audiencia pública, pero fue suspendida por no contar con intérpretes que garantizaran a las denunciantes quechua hablantes de diferentes regiones del país el derecho a entender todo el proceso penal. Casi 2 meses después, el 1 de marzo, se retomó el caso con profesionales del idioma quechua en sus variantes más representativas. No obstante, hubo nuevos intentos de volver a postergar la segunda audiencia. El representante legal Humberto Abanto —respaldado por Cesar Nakazaki— solicitaron al juez Rafael Martínez anular la audiencia por indefensión debido a que su cliente Costa Bauer no se encontraba presente porque tenía una operación quirúrgica programada en Chile. Sin embargo, el magistrado rechazó el requerimiento. Otro de los ausentes durante las audiencias fue Alberto Fujimori. Nakazaki dijo que su defendido no tiene la obligación legal de concurrir a este proceso ya que está protegido por el tratado de extradición Perú-Chile, el cual establece que solo puede ser sometido a los procesos penales que son objeto de dicha sentencia y sus dos ampliaturas. Además agregó que tenía problemas de salud. Cabe recordar que el caso ha tenido 2 investigaciones fiscales preliminares con 2575 denunciantes y ha sido archivado hasta en 4 ocasiones. La Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas Lima y Callao, Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas y activistas por los derechos de las mujeres vienen realizando una serie de manifestaciones públicas exigiendo al juez Rafael Martínez que resuelva abrir una investigación judicial cuando culminen las audiencias.
Testimonio de Victoria Vigo de Piura
Sin cifras oficiales
El Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos registró hasta el 2018, más de 7 mil casos.
El propio Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar señala que se esterilizó a 272,028 mujeres y 22,004 varones.
Un Informe del Congreso del 2002 estima que fueron 314,605 mujeres y 24,563 varones.
La criminalización del aborto en este país centroamericano ha ocasionado que muchas mujeres de bajos recursos con emergencias obstétricas terminen en la cárcel. Esta semana se llevaron a cabo dos audiencias ante la Corte IDH por el caso de Manuela, quien falleció en 2010 en prisión, y este lunes se presentará ante un juez la demanda de Sara, que lleva nueve años presa y puede ser declarada.
Manuela ni siquiera pudo caminar hasta el hospital. Sus familiares tuvieron que envolverla en una hamaca y trasladarla como pudieron hasta el centro de salud ubicado a dos horas de su casa en una zona rural de las afueras de San Salvador. Estaba desmayada, la hemorragia le impedía moverse ese 27 de febrero de 2008. Momentos antes había sentido un fuerte dolor en la pelvis que la hizo correr a la letrina de su casa, donde sufrió una emergencia obstétrica y expulsó el feto que llevaba en su vientre.
Un día después fue detenida, mientras se encontraba hospitalizada. El Estado salvadoreño fue demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de violar los derechos de Manuela, una mujer muy pobre que no sabía leer ni escribir. Esta semana, la Corte IDH realizó una audiencia para tratar su caso y las circunstancias de su arresto, que se produjo «rompiendo con el espíritu del carácter excepcional de la detención en flagrancia».
Manuela es una salvadoreña que fue sentenciada a 30 años de prisión después de presentar una emergencia obstétrica y perder a su bebé. Fue señalada de abortar y la esposaron mientras seguía en el hospital. La acusaron de homicidio agravado. Esta semana en San Salvador se realizaron concentraciones a favor de que se haga justicia en su caso. – Foto: Marvin Recinos/AFP vía Getty Images
La historia de Sara es similar. También fue esposada a la cama de un hospital, después de que sufrió una emergencia obstétrica cuando se resbaló y se golpeó mientras lavaba ropa. Estaba sola en su casa y perdió mucha sangre antes de recibir ayuda.
Tras ser acusada de haberse practicado un aborto, la fiscalía se presentó, cambió los cargos para señalarla de homicidio agravado y condenarla a 30 años de prisión. Este lunes 15 de marzo se llevará a cabo una audiencia en la que el juez puede determinar si la nueva evidencia que se presente es suficiente para declararla inocente y dejarla en libertad.
El lunes 18 se celebró una audiencia para analizar el caso de Sara, las organizaciones feministas lo vieron como una oportunidad para condenar la criminalización del aborto y las emergencias obstétricas. Foto: Women’s Equality Center
«La historia de Manuela puede ser la de Sara si no hacemos algo para tratar de sacarla de la cárcel. Es un caso muy triste y conmovedor pero es la misma historia del resto de las mujeres que siguen detenidas en la cárcel. Lleva nueve años presa y la última vez que la vimos, no estaba en el mejor estado ni físico ni emocional ni de salud», asegura la abogada de derechos humanos Paula Avila-Guillen, directora ejecutiva del Women’s Equality Center (WEC) en entrevista con Noticias Telemundo.
«Su caso tan triste nos demuestra por qué tenemos que seguir peleando por las mujeres que están en la cárcel y le puede servir de llamado a El Salvador para que haga lo correcto».
Los detalles del caso de Manuela y cómo se violaron sus derechos
Al llegar al centro médico, la doctora que atendió a Manuela en 2008 la interrogó de manera inclemente. Mientras Manuela literalmente se desangraba, la médica le preguntaba sobre su vida sexual e insistía en saber qué se había hecho.
«Este tipo de interrogatorios tratan de buscar algo como criminal, ¿no? Porque su historia clínica está marcada por cuestiones de juzgamiento (…) como que no le creen lo que está diciendo», dijo el doctor Guillermo Ortiz, médico ginecobstetra que trabajó en el peritaje de este caso, durante la audiencia celebrada el 10 de marzo ante la CIDH.
Tardaron tres horas antes de atenderla y de inmediato, el personal médico denunció que había abortado. En medio del delirio de su gravedad, Manuela estuvo esposada a una camilla durante siete días, los policías y el personal sanitario que la vigilaban la insultaban y la denigraban. Los médicos se concentraron tanto en su supuesto aborto que no vieron unas masas que tenía en el cuello y que más tarde, estando presa, resultaron en un diagnóstico de cáncer, linfoma de Hodgkin.
Manuela fue sentenciada a 30 años de prisión por homicidio agravado poco después de ser detenida. En El Salvador, que tiene algunas de las leyes más restrictivas del mundo en materia de aborto, las sentencias pueden llegar a los 50 años de prisión. Se calcula que entre los años 2000 y 2019, 181 mujeres sufrieron emergencias obstétricas y fueron criminalizadas por supuestos abortos o el cargo de homicidio agravado.
Manuela nunca pudo recuperarse. En prisión adelgazó 13 kilos y no recibió a tiempo la quimioterapia que necesitaba para tratar su cáncer. El 30 de abril de 2010 falleció.
«No se sabe si es por el linfoma o no que ella pierde el embarazo, pero pudo estar relacionado. A Manuela le niegan el tratamiento médico y muere en la cárcel dejando dos hijos huérfanos. Su caso llegó a la Corte Interamericana porque no hubo justicia en El Salvador. No se reconoce que murió dentro de una cárcel sin recibir la atención médica que ella necesitaba», explica Avila-Guillen a Noticias Telemundo.
El caso de Manuela se ha convertido en un símbolo de la desigualdad y las adversidades que deben enfrentar las mujeres en países como El Salvador. Decenas de activistas acudieron a la audiencia de su caso esta semana ante la CIDH; otros se conectaron por videoconferencia. Foto: AFP via Getty Images
La larga búsqueda de justicia
«No logro entender en qué momento pasa de ser una emergencia médica, como es el caso de Manuela, a un crimen. No lo logro conectar. ¿Cómo se puede establecer un vínculo de criminalidad en una mujer que se encontraba muy, muy enferma en el momento del parto e incluso se desmaya?», dijo Ortiz, consternado, en una de las videoconferencias de esta semana frente a varios jueces de la CIDH.
Los familiares de Manuela, cuyo nombre verdadero no se ha divulgado para respetar su privacidad, siguen buscando justicia trece años después.
«Vemos que Manuela solo cuenta como ente reproductor, todo lo demás no es importante. Agentes del servicio penitenciario veían que tenía dolores y al pasar decían ‘está penando por lo que hizo’. Es una suerte de castigo moral (…) Además, la pena de 30 años es totalmente desproporcionada», señaló Laura Clérico, doctora en Derecho, que también estuvo a cargo del peritaje del caso.
«Su caso alcanza el grado de tortura dado que es intencional, motivado por su género, procura la finalidad de perpetuar el estigma y refleja el máximo grado de severidad», dijo durante la audiencia la parte demandante. «Fue condenada a 30 años y su versión jamás fue oída. Determinaron que era homicida porque consideraron que el feto había nacido vivo con base en una técnica no idónea para esa conclusión. El Estado no garantizó que se le brindara el diagnóstico y tratamiento».
La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y el Centro de Derechos Reproductivos son las organizaciones que formularon la demanda que intenta que el Estado salvadoreño reconozca los abusos y las violaciones a los derechos humanos perpetrados contra Manuela y su familia. Las dos audiencias de la semana pasada fueron el punto culminante de un proceso largo y tortuoso que se inició en 2012 cuando la Corte IDH comenzó una investigación del caso, luego de que los familiares de Manuela agotaron las instancias nacionales.
En 2019, la comisión realizó un informe que enumeraba los múltiples abusos que se cometieron en el caso. Desde detención ilegal pasando por violaciones a derechos fundamentales como la presunción de inocencia, protección judicial y la salud, entre otros.
Manuela era una mujer cabeza de familia, en situación de pobreza, enferma de cáncer y luego privada de su libertad– fue sometida a discriminación y desprotección en razón de tres estereotipos de género, según lo explicó Carmen Martínez López, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, durante la audiencia sobre el caso.
Organizaciones feministas se manifestaron en Sal Salvador durante la celebración de las audiencias del caso de Manuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 10 de marzo de 2021. Foto: Getty Images / Getty Images
Manuela era una mujer cabeza de familia, en situación de pobreza, enferma de cáncer y luego privada de su libertad– fue sometida a discriminación y desprotección en razón de tres estereotipos de género, según lo explicó Carmen Martínez López, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, durante la audiencia sobre el caso.
1- Un estereotipo según el cual una mujer que tiene relaciones fuera del matrimonio es una inmoral, por lo que no merece un respeto a su integridad.
2- La creencia falsa según la cual la mujer siempre tiene la función máxima de sacrificarse en nombre de la reproducción, y que aún frente a la muerte debe privar un instinto materno. En este caso pese a perder gran cantidad de sangre, padecer de un cáncer y preeclampsia, Manuela no solo debía sobreponerse sino entender perfectamente qué le ocurría: la supremacía del instinto de madre.
3- Una mujer pobre no tiene agencia sobre lo que decida: no tiene valor su palabra. Se presume que su opinión es ignorante y su actitud es primitiva frente a la salud reproductiva.
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) March 11, 2021
La penalización absoluta: una forma de discriminación y violencia
«Esperamos que la corte destaque que el contexto de la penalización absoluta del aborto constituye una forma de discriminación, de violencia de género, que tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que facilita la criminalización o judicialización de los procesos reproductivos, incluyendo las emergencias obstétricas», señaló Martínez López, del Centro de Derechos Reproductivos, en una entrevista con Noticias Telemundo.
— Centro de Derechos Reproductivos (@ReproRightsLAC) March 10, 2021
Martínez López es optimista al respecto y cree que la corte debe aprovechar esta oportunidad para señalar la responsabilidad internacional de El Salvador. Esto sentaría un valioso precedente en la jurisprudencia de toda la región, pues las decisiones de la corte pasan a formar parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, reconocido por al menos 25 países.
«Los Estados deben prevenir la persecución penal de mujeres que sufren emergencias obstétricas y trabajar en la reparación del daño a las que han sido detenidas, y condenadas arbitrariamente por sufrir ese tipo de complicaciones», asevera la experta.
«En el caso de Manuela, se escucharon los testimonios de los expertos y lo que los demandantes le están pidiendo a la corte es que condene al Estado de El Salvador por violaciones de derechos humanos en contra de Manuela, y que cumpla medidas individuales para reparar a las víctimas y también de no repetición: qué puede hacer el Estado para evitar que más situaciones como éstas sigan sucediendo».
Más historias similares y emblemáticas
Otro de esos casos es el de Teodora del Carmen Vásquez, una mujer salvadoreña que sufrió una muerte fetal en el último mes de su embarazo y también fue condenada a 30 años de cárcel. Su historia se volvió emblemática.
A diferencia de Manuela, Vásquez logró ser liberada en 2018 luego de pasar casi 11 años en prisión y ahora dedica su vida a la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres y su reinserción social después de pasar por los centros penitenciarios.
En la protesta de hoy en San Salvador hubo tristeza e indignación, pero también alegría: Teodora del Carmen Vásquez hoy está libre tras cumplir 10 años y siete meses de la injusta condena de 30 años que le fue impuesta por la justicia salvadoreña #DiaInternacionalDeLaMujerpic.twitter.com/H6kWp5YWAm
«No nos dan trabajo por los antecedentes penales, es muy difícil. Además, hay complicaciones de salud y problemas psicológicos porque muchas veces los familiares piensan que cuando uno sale de la cárcel se acabaron todos los problemas, pero realmente en ese momento empiezan otras cosas importantes», explicó Vásquez en una entrevista con Noticias Telemundo.
A sus 37 años, ella asegura que se siente «renacida». Ahora estudia una licenciatura en Comunicación y publicidad y se ha convertido en una exitosa activista de Mujeres Libres de El Salvador, una organización que aboga por la liberación de todas las salvadoreñas condenadas por la criminalización del aborto. Con orgullo dice que ya han logrado la libertad de 44 mujeres; todavía quedan 20 en el sistema penitenciario.
Durante su larga estadía en prisión, Vásquez conoció a Manuela. «Como toda mujer que llega a una cárcel, ella tenía la ilusión de salir libre. Siempre demostró amor y cariño para sus hijos. Lamentablemente se murió, pero se ha convertido en un símbolo para nosotras», señaló.
El 7 de marzo pasado, más de 5,000 mujeres salieron a protestar antes del Día Internacional de la Mujer en San Salvador. Según las estadísticas de organizaciones no gubernamentales y medios noticiosos durante 2020 se registraron al menos 130 feminicidios y 541 mujeres están desaparecidas. Se calcula que cada 18 horas desaparece una mujer en el país.
«Mi sueño es que a través de la lucha que estamos haciendo logremos tener un cambio de legislación y que se logre que ya no penalicen a las mujeres por los abortos. Estamos seguras de que hemos sembrado una semilla y, aunque ahora no se vea, en otro momento las generaciones futuras lo van a cosechar. Y para mí, pues eso es lo más importante», dijo Vásquez.
El caso de Sara: ¿qué se va a discutir?
«Si el Estado salvadoreño no hace nada en el caso de Sara, tememos que le pase lo mismo que a Manuela. Su familia nunca fue la misma. Esta es una ley que destruye familias, ella lo único que quiere es volver a estar con sus papás», agrega Avila-Guillen, quien la conoció en la cárcel. «Ella estaba muy emocionada de ser mamá. Ella todavía está sufriendo el duelo de su pérdida».
Estaba previsto que el 15 de marzo se celebrara una audiencia en el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, una ciudad de la región central de El Salvador, para determinar si un conjunto de nuevas pruebas eran suficientes para probar su inocencia y lograr que fuese liberada. Pero la audiencia se pospuso y los grupos de derechos humanos han exigido, sin éxito, que se anuncie la nueva fecha.
«Espero que el juez tenga la objetividad para ver la evidencia y entienda que un accidente no puede condenar a una niña a 30 años de cárcel, no puede destruir a una familia entera. Espero que vea este caso desde la luz de la justicia y no de sus prejuicios personales», sostiene Avila-Guillen.
«La única forma de evitar que la historia de Manuela se repita es que se ponga en libertad a todas las mujeres. Los comités de Naciones Unidas han determinado que se trata de detenciones arbitrarias, sabemos que existe un patrón sistemático, que no se tengan que morir en las cárceles para lograr justicia, ya existe el precedente de Manuela y la única forma de evitarlo es poniéndolas en libertad y que dejen de criminalizar a las mujeres por emergencias obstétricas», asevera Avila-Guillen.
«Nayib Bukele no tiene excusas para que El Salvador avance. El 1 de mayo el presidente tendrá la mayoría calificada en el Congreso, entonces si la voluntad de su partido es proteger la vida y la salud de las mujeres, tiene todas las herramientas en sus manos para permitir que al menos sea permitido (el aborto) en algunas excepciones en El Salvador y que se deje de criminalizar a las mujeres que sufren emergencias obstétricas. A diferencia de otros momentos y contextos, aquí sólo depende de él. Él tiene la coordinación política de su partido», concluye la activista.
Toda Colombia para, unida en contra del mal gobierno.
Un gobierno más peligroso que una pandemia hace que un pueblo digno se convoque masivamente para la protesta, carnavales en las calles en exigencia de derechos, puestos de policía convertidos en bibliotecas populares, pueblos, comunas y barrios en una gran fiesta de la resistencia popular en Colombia. Su respuesta, fuerza policial desmedida y un presidente que militariza al país. Ambas caras de un mismo territorio hacen parte del histórico paro de abril de 2021. Toda Colombia para, unida en contra del mal gobierno.
A pesar de los acuerdos para la terminación del conflicto y la guerra en Colombia firmados por el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP en 2016; el paramilitarismo y el narcotráfico le dan continuidad a la guerra en el país. El centro democrático (partido del expresidente Álvaro Uribe y del actual presidente Iván Duque) son los responsables de perpetuar la guerra y enfocar su poder hacia el control político y financiero del país. A febrero de 2021 se registran 252 firmantes de paz asesinados, desmovilizados de la guerrilla de las FARC. Cuatro años después de su firma el avance de la implementación no supera el 75% y los puntos sustanciales frente a la transformación de las condiciones estructurales del conflicto, como por ejemplo el punto de acceso, redistribución y tenencia de la tierra sigue siendo una deuda histórica en Colombia y la base de la profunda desigualdad en el país.
Esta desigualdad que se agudizó con la llegada de la pandemia, dejó al descubierto la inoperancia y la incapacidad estatal para pensar en el bienestar de las personas, las decisiones tardías frente a los cierres de aeropuertos y el establecimiento de controles estrictos en la entrada de extranjeros, dejaron en jaque al país. Aunque el país vive el tercer pico de la pandemia del covid-19, la nación entera se encuentra en una grandísima ola de violencia, pobreza y corrupción, donde el hambre es uno de los mayores problemas. La guerra baña de sangre nuestro territorio, en lo que lleva el año 2021 se reportan 57 líderes sociales asesinados, 20 de ellos indígenas en su mayoría del departamento del Cauca; 158 feminicidios en los primeros 3 meses del año, masacres en los territorios y violencia en las calles y campos.
Somos el país de las ejecuciones extrajudiciales. La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), en un informe sobre los asesinatos ilegales a civiles indefensos presentados por la fuerza pública como muertes en combate, determina que estas, ascienden a la cifra de: 6402 personas. Y los picos de asesinatos son los años 2007 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Una cifra cercana a la cantidad de víctimas de la dictadura de la Junta Militar comandada por Jorge Rafael Videla en Argentina, más del doble que las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. En Colombia la gente ya no se pregunta quién dio la orden, la gente sabe que Uribe dio la orden y ya no tiene miedo de decirlo porque Colombia perdió el miedo.
Foto: Medios Libres Cali
Desde la firma de los acuerdos de paz, el uribismo encarnado en el gobierno de Duque se propuso por todos los medios destruir la paz y al parecer, lo están logrando. Según INDEPAZ, solo en el 2020 y en lo corrido del 2021, van 124 masacres con más de 300 víctimas. Desde la firma del acuerdo de paz, han asesinado a más de 1000 líderes sociales en Colombia. Vivir en este país es una lucha constante contra las políticas de hambre de un gobierno que solo tiene la bota represiva del Estado como respuesta a las necesidades de su pueblo. No solo por los modelos económicos que promueven la miseria y la desigualdad, también por los modelos políticos genocidas que exterminan cualquier identidad colectiva ajena o contraria a tales modelos hegemónicos.
El covid-19 es el menor de los problemas
En medio del tercer pico de contagios que agudizó el número de víctimas en la ciudad de Cali por la pandemia del COVID-19, miles de personas acudieron a las calles convocándose al PARO NACIONAL 28A (28 de Abril). ¿Cuáles son las razones para que la gente supere el miedo al virus y ocupe las calles en resistencia frente al gobierno más sangriento de Latinoamérica?
El manejo corrupto y negligente del gobierno Duque a la crisis generada por covid-19 tiene al país en una curva de empobrecimiento que asciende exponencialmente aún cuando, según cifras del gobierno, durante el año 2020 se invirtieron 44.000 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y ayudas humanitarias en forma de transferencias económicas. Alrededor de esta gestión siguen habiendo dudas y miles de denuncias de corrupción en el manejo que se le ha dado a ésta política.
El manejo corrupto y negligente del gobierno Duque a la crisis generada por covid-19, tiene al país en una curva de empobrecimiento que asciende exponencialmente. Si bien, según cifras del gobierno, durante el año 2020 se invirtieron 44.000 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y ayudas humanitarias en forma de transferencias económicas. Alrededor de esta gestión siguen habiendo dudas y miles de denuncias de corrupción en el manejo que se le ha dado a ésta política.
Foto: The New York Times
Sumado a esto, se presenta la negativa del gobierno de Iván Duque a llevar a cabo el proyecto de Renta Básica, firmado por más de 4.000 personas, entre ellos por lo menos 50 parlamentarios, como alternativa económica para sostener los hogares que más lo necesitan. Esos que día a día deben salir a las calles a exponerse ante el virus para sobrevivir. Contrario a esto el salvavidas del gobierno se enfocó en la banca, asegurando la liquidez financiera de los bancos por transferencia directa de dinero que salía del Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), creado a raíz de la pandemia. Lo que algunos expertos aseguraban era que los bancos, solo por la operación de las transferencias de la medida conocida como «Ingreso Solidario», recaudarían por lo menos 24.000 millones de pesos entregados directamente del erario público. «Ingreso Solidario» que, dicho sea de paso, no recibieron a cabalidad las personas que lo necesitaban. Así, incluso durante la pandemia, en Colombia seguimos viendo cómo cada día, el pueblo es más pobre y el rico es más rico.
Esto no es nuevo. Desde hace décadas, la clase política conservadora y de derecha se presentan únicamente como los intermediarios entre el país y la economía global hegemónica. Así mismo, de manera sistemática y perpetua, sostienen su posición de intermediarios, exterminando pueblos, saqueando tierras y dominando a las mayorías populares desde la bota militar. Una dictadura solapada, con recursos y armas suficientes para mantener al país encadenado por varias décadas más. Este estallido social y popular no es espontáneo, más bien es la reacción a años y años de dominación e injusticia. Sin embargo el detonante más visible para las movilizaciones de abril en Colombia, es la propuesta del proyecto de ley mal llamado “Ley de Financiamiento Solidario”, que no es nada más que una reforma tributaria que condena y empobrece a las mayorías populares y ciudadanas.
Con el pretexto de aliviar el déficit fiscal, que el mismo gobierno produjo meses antes por un hueco fiscal que quedó de los beneficios tributarios de la anterior reforma, al uribismo y al gobierno Duque, se les ocurrió la terrible idea de aumentar el costo de vida en uno de los países más desiguales del mundo. Es inconcebible que en plena crisis, el gobierno colombiano decida subir los impuestos a la comida (Canasta Básica Familiar) de las clases bajas y medias. No se le puede aumentar el precio a la comida cuando el pueblo tiene hambre. La indignación aumenta a raíz de que las medidas contempladas en la reforma tributaria perjudican al pueblo, pero recompensan y benefician a las grandes fortunas y monopolios del país.
Si la reforma tributaria nos arruina, el proyecto 010 reforma a la salud nos mata
Las decisiones importantes que determinan el rumbo del país -y por tanto el futuro de millones de personas- son tomadas únicamente por las élites políticas, militares y económicas. Legislan a favor de imperios bancarios y ganaderos. Legislan a favor de intereses norte americanos, europeos y asiáticos. Legislan a favor de salir impunes luego de robarse los recursos de todas y todos. Legislan para repetirse en el poder nacional y local. Una conducta que ilustra esto, es aprobar leyes y reformas nocivas para el pueblo cuando nadie los ve, a espaldas de la gente y sin debate público, como es el caso del proyecto de ley que hace ajustes y actualiza el sistema de salud colombiano, radicado el pasado 16 de marzo de 2021 y que por estos días aprobaron en el congreso, en horas de la madrugada, a escondidas mientras reprimían y asesinaban manifestantes que se alzaban en paro nacional contra la reforma tributaria.
Foto: Medios Libres Cali
Una reforma a la salud que a todas luces es peor que el mismo covid-19, es la privatización plena de la salud en Colombia. Ahora debemos pagar pólizas por patología o si no las EPS no atienden. Las personas que requieren atención desde EPS deben demostrar cuidado propio, si se comprueba lo contrario la EPS puede negarse a prestar el servicio y lo cobra. En lo más crudo de la pandemia, se acabarían los programas públicos de vacunación de los municipios, ahora las EPS tienen potestad de decidir cómo ofrecer los servicio y a quiénes.
Con esta reforma, las multinacionales y farmacéuticas transnacionales pueden imponer precios y reglas de mercado para la salud en Colombia. Se acabarían los regímenes especiales de salud, educación, industriales, fuerzas armadas, etc. Los hospitales deberán demostrar resultados, un postulado macabramente similar a los resultados que exigía el gobierno Uribe a militares y que llevó a la masacre de más de 10.000 jóvenes, raptados, asesinados y reportados como combatientes de las FARC- EP, las ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados Falsos Positivos. Sin importar cuál sea el paquete de reformas, leyes y decretos que venga del gobierno, todos son para someter a la gente. La ley 100 de 1993 ha matado a más de 1 millón de personas por falta de atención o atención negligente, más personas de las que ha cobrado el conflicto armado en Colombia.
5 días de movilización, protestas y paro nacional
Desde el principio de la pandemia en Colombia a los más pobres se les presentó la cruel dicotomía entre quedarse en casa para cuidarse del virus o salir a trabajar. A las pocas semanas de iniciada la pandemia, las casas de los barrios se llenaron de trapos rojos en sus ventanas, significaba que había hambre en esos hogares y eran por miles. Por eso, un año después de las primeras cuarentenas, cuando el gobierno propone una nefasta reforma tributaria, que golpearía a las clases bajas y medias. Ante este panorama no se dudó ni un instante en salir a las calles, en un momento terrible de crisis sanitaria por el covid-19. Ya no hay dicotomía, hay rabia y frustración. Hay necesidad de juntanza en las calles. Es tiempo de parar Colombia por la dignidad.
No hubo líderes que convocaran. Sólo existía una fecha propuesta por las centrales obreras y fue suficiente para que las familias, amigos, vecinos, el barrio y el pedazo, se auto convocaran por redes sociales hasta ser ríos de comunidades caminando hacia los puntos de resistencia, hacia las entradas de la ciudad. Una forma eficiente de hacer real un paro, nadie entra ni sale. Así fue el primer día: jornadas de gritos, arengas, cantos y baile en la calle. Así somos en Cali, ¡alegres y bravos!, ¡dignas y festivas!, ¡bailadores y beligerantes! Las personas regresaban caminando ya de noche a sus casas, cansadas pero con una sonrisa cómplice de haber logrado el objetivo. Los días siguientes se multiplicaron los puntos de bloqueo y aumentó el número las asistencias de la comunidad, el ejemplo de la lucha educa y vence el miedo a la represión.
Foto: Medios Libres Cali
El gobierno también tiene experiencia. Una de clase criminal y paramilitar. Comienza a detener, asesinar, desaparecer y violar a jóvenes que en los días de paro hacen curso acelerado de resistencia y lucha callejera. El 30 de abril, luego de tres días de paro, el terror estatal es la respuesta al pueblo en las calles. Ya el terror lo usó el gobierno como forma de paralizar a las comunidades en otros momentos. El 1 de mayo se desborda la asistencia y muchas ciudades se suman al paro, el pueblo se ha empoderado. La memoria genética de otras luchas duras, que padres y abuelas en otros tiempos han dado, le recordó el poder del pueblo que cuando se une, es el mayor poder transformador que hay. Entonces ¿para qué parar y protestar? Para comprobar una vez más que el pueblo manda y cambia la historia.
En este contexto de protesta social generalizada en más de 500 ciudades del país, focalizada en los principales centros urbanos del Suroccidente colombiano y más de 50 ciudades del mundo, la respuesta represora del Estado no se hizo esperar. Teniendo en cuenta las medidas restrictivas que aún se mantienen en algunas ciudades del país, se estableció un toque de queda que iniciaría el 28 de abril a las 8:00pm. como medida para frenar la continuidad de las jornadas de movilización que se planteaban desde la ciudadanía. Sin embargo, desde las 10:00am está medida ya había sido modificada por el nivel de descontento que se vivía en las calles. Aludiendo al cuidado y al llamado a no generar aglomeraciones se comenzó a presionar insistentemente a las personas con el toque de queda.
Estas medidas de restricción fueron la excusa perfecta por parte de las autoridades policiales para generar redadas masivas de detenciones ilegales amparados en los decretos de las autoridades municipales, incurriendo además, en graves acciones de abuso de autoridad y cometiendo violaciones a los derechos humanos (asesinatos, exceso de la fuerza, amenazas, procedimientos irregulares en las detenciones, destrucción de los bienes de las manifestantes, ataques directos a la integridad de las personas, abuso sexual, entre otros). Según información de la organización Temblores, a su plataforma de denuncia de abuso policial «GRITA», se han reportado hasta las 11:00pm. Del 1 de mayo, 940 denuncias de violencia policial, 92 víctimas de violencia física por parte de la policía, 21 víctimas de asesinato de la policía, 4 víctimas de violencia sexual y 12 víctimas de disparos a los ojos.
Cali: La Capital de la Resistencia
La ciudad de Cali se ha volcado a la protesta organizada en el ejercicio espontáneo que permite el encuentro, los puntos han sido tomados con bella creatividad, el alimento siempre al centro con ollas comunitarias diversas y deliciosas, primeras y varias líneas de cuidado y contención de jóvenes en resistencia, se rebautizaron muchas zonas de la ciudad: La Loma de la Cruz ahora es la Loma de la Dignidad, el Paso del Comercio ahora es el Paso del Aguante, el Puente de los Mil Días es ahora el Puente de las Mil Luchas y la Portada al Mar es la Portada a la Libertad.
Sin embargo, la represión ha sido el pan de cada día. Haciendo eco a la frase de «siempre recordaré cuando con rabia tiré una piedra y el gobierno represor respondió con metralla», se han vivido días intensos de resistencia en -por lo menos- 7 puntos de bloqueo permanente a lo largo y ancho de la ciudad. El pueblo caleño atendió con contundencia y de manera masiva desde el primer día de movilizaciones. En la mayoría de los puntos, ante la provocación de la fuerza pública, se dieron confrontaciones entre las manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Sin embargo, la alcaldía de Jorge Iván Ospina le encomendó la tarea de asistir a las movilizaciones también al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional.
Presentamos aquí un reporte consolidado de Derechos Humanos por día que algunas organizaciones defensoras han visibilizado:
#28A 28 de abril, 2021
8 heridos de gravedad y otros 50 leves por impactos de gases lacrimógenos y aturdidoras lanzadas por el ESMAD
Un miembro de la policía dispara por la espalda al menor de 17 años Marcelo Agredo Inchimad, en el barrio Mariano Ramos de Cali. Llega al Clínica Valle del Lili con muerte cerebral y posteriormente fallece.
Es asesinado el menor de 13 años Jaison García, ingresa sin signos vitales al Hospital Carlos Holmes Trujillo del barrio República Israel.
6 personas fueron conducidas a estaciones de policía y dejados en libertad con aplicación de Comparendo por toque de queda, decretado por el alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina.
En numerosos videos de denuncia ciudadana se evidencia el uso indebido de armas no letales y el uso directo de armas de fuego en contra de las manifestantes.
#29A 29 de abril, 2021
Es asesinado por agentes de la policía el joven de 23 años Miguel Ángel Pinto, en el punto de concentración denominado «Puerto Resistencia».
106 manifestantes son detenidos y trasladados a estaciones de policía, se reportan por lo menos 31 denuncias de desaparición. En las estaciones fueron golpeados, torturados y despojados de sus pertenencias y materiales audiovisuales.
Es agredido un manifestante en un ojo por un impacto de un gas lacrimógeno en la calle 5ta.
Se denuncia la desaparición del menor de edad de 16 años Michel David Lora, de nacionalidad venezolana, quien luego de ser detenido con su madre fue llevado a un hogar de paso. Cuando la mamá se dirige al lugar su le indican que su hijo no se encuentra allí.
Se denuncia la desaparición del menor de edad de 16 años Michel David Lora, de nacionalidad venezolana, quien luego de ser detenido con su madre fue llevado a un hogar de paso. Cuando la mamá se dirige al lugar su le indican que su hijo no se encuentra allí.
#30A 30 de abril, 2021
En medio de las protestas son asesinados Edwin Villa Escobar (comerciante), Einer Alexander Lasso Chará (hombre pensionado) en el barrio el Diamante. Jovita Osorio en el Paso del Comercio (docente de primera infancia) y otras tres personas sin identificar del sector del barrio El Poblado, al oriente de la ciudad de Cali. Los hechos se encuentras registrados en video.
En el barrio Julio Rincón, cerca al punto de concentración de Calipso, es impactada con arma de fuego en su pierna izquierda Angely Vivas Restrepo. Mientras que en el barrio Las Américas resultan heridas dos mujeres y un hombre. Esto sin contar otras 105 personas afectadas por distintos métodos de agresión usados por miembros de la fuerza pública.
Son detenidos dos integrantes de la red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuente identificados como Daniela Caicedo y José Cuello. Los hechos se dieron en el punto de concentración de Sameco. Allí les hurtan los objetos que los identifican como parte de la organización.
94 personas conducidas a estaciones de policía en diferentes puntos de concentración de la ciudad. Muchos de ellos y ellas fueron golpeadas y torturadas al interior de dichas estaciones por miembros de la fuerza pública.
Se denuncia la desaparición de: José Miguel Oband, Diego Alejandro Bolaños y Jhon Haner Muñoz Bolaños.
#1M 1 de mayo, 2021
Sobre la jornada no hay un reporte de derechos humanos consolidado aún. Pese a la masiva asistencia de manifestantes que cubrían gran parte de los puntos de concentración del centro de la ciudad. Se reportaron ataques indiscriminados a los puntos de concentración de Paso del Aguante, Calipso, y Puerto Resistencia. La fuerza pública aprovechó la llegada de la noche para atacar los puntos más vulnerables de la jornada del 1 de mayo, se reportaron por toda la ciudad denuncias de civiles armados disparando en los barrios colidantes a los puntos de concentración. En la noche del 1 de mayo es declarado el estado de «Asistencia Militar». Esta vez para legalizar la militarización de las ciudades donde se mantiene la movilización y la resistencia civil en contra de su Reforma Tributaria.
Las herramientas del enemigo: Política de guerra para la protesta social
Encontrar en fuentes oficiales, como las de la presidencia de la república y el Ministerio de Defensa, información sobre los gastos militares ha sido todo un reto, pues parece que quisiera ocultarse la verdad sobre los gastos gubernamentales en material de guerra. Es porque Colombia gasta actualmente un valor cercano a 40 Billones de pesos colombianos en el Ministerio de Defensa (10.300 millones de dólares). Históricamente el presupuesto de la nación para este rubro siempre ha sido alto, ya que desde hace varias décadas continúa y se acentúa el conflicto interno, que pese a algunos esfuerzos para lograr diálogos de paz, al día de hoy se ha diversificado, territorializado y agudizado en muchas partes del país. El porcentaje equivalente del presupuesto de defensa frente al total en el gasto publico en Colombia ronda el 11%, un porcentaje bastante alto para un país con una economía debilitada. Con este valor se ubica el país en el puesto 25 en el ranking mundial del porcentaje del gasto publico en defensa, lejos de otros países como Francia que gasta el 3.3% España 2.9% o Brasil con 3.86%.
Al interior de la institución de la policía nacional, esta inscrito el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) fuerza creada en 1999 para contener las movilizaciones que se realizaran en el país, era una fuerza especial transitoria que sin embargo lleva más de 20 años y durante los diferentes gobiernos de turno se ha ido fortaleciendo y que al día de hoy cuenta con 3.876 integrantes y un presupuesto anual de 490.000 millones de pesos (131 millones de dólares). Este mismo escuadrón, a lo largo de su accionar, ha asesinado por lo menos una veintena de personas civiles, en ejercicios de abuso de autoridad y policial, que ellos han llamado “excesos de la fuerza”.
Foto: Medios Libres Cali
Actualmente debido a un gobierno completamente ajeno al pueblo y previendo el fuerte descontento popular por las medidas que se han tomado históricamente, el gobierno Uribe-Duque ha fortalecido las fuerzas de represión, destinando millonarias sumas para esta causa. Desde tiempo atrás el gobierno se ha preparado para una respuesta represiva a un inminente estallido social, ya que en en marzo del año 2020 se compraron 5 tanquetas (vehículos blindados) por un valor de 8.000 millones de pesos (2,1 millones de dólares) para fortalecer esta fuerza de represión así como la compra por valor de 9.515 millones de pesos (2.5 millones de dólares) en municiones y diferentes armamentos para el ESMAD, en medio de una fuerte crisis social y económica ocasionada por la pandemia del covid-19. Para el 2021 se ha incrementado el presupuesto en casi 1000 millones de pesos. El gobierno evidentemente perpetúa la represión y le da a la protesta social un tratamiento de guerra.
Sin embargo, ni el ESMAD ni la policía han logrado reprimir y contener el estallido social que se ha declarado en Paro Nacional. Es por eso que el Presidente de la República Iván Duque -en diversos medios- el día 1 de mayo de 2021, tomó la decisión de instalar en las ciudades que lo requieran «Asistencia Militar” una medida que está reglamentada en el código nacional de policía, en la cual se establece el uso de las fuerzas militares en el control del orden y la asistencia de situaciones de desastre. La presencia de dichas fuerzas en las calles incurre en una reducción de derechos como se establece en un estado de sitio. Hay que tener en cuenta que en la práctica, la presencia militar en las calles genera mayores posibilidades de accionar bélico en las manifestaciones ya que el estado trata la situación desde una perspectiva militar que históricamente, tiene un fuerte accionar violento e impune contra la población civil.
Las calles llenas
La gente Colombia se fue juntado en cada esquina. Todas las ciudades pararon. Los barrios tomaron las calles en rechazo a la reforma tributaria bajo la consigna «si no nos unimos nos hundimos». Colombia es ahora un río de gente, pueblo con pueblo se juntó, se prendió una gran fogata de unidad en honor a los muertos que pone el pueblo, porque nos duelen bien adentro pero su muerte no puede ser en vano. Las voces del país entero se hicieron oír y múltiples marchas han salido regando la voz de la resistencia. Colombia ha perdido el miedo y ya no tiene nada más que perder, así que A PARAR PARA AVANZAR.
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La comunidad de Cantagallo, en el Rimac, también ha sido uno de los lugares afectados por el coronavirus. Pero la pandemia no los ha hecho desertar. Un ejemplo de ello es la artista Sadith Silvano, quien se infectó dos veces y tras recuperarse continúa con su emprendimiento: una colección de mascarillas con diseños que transmiten su identidad y cultura shipibo conibo.
“Me he contagiado por COVID-19, pero salí de esa enfermedad”, nos relata Sadith Silvano, una artista de la comunidad de Cantagallo, en el Rímac, y una de las mayores exponentes del arte shipibo conibo en el país. Ella recuerda cuando empezó a sentirse mal: no tenía fiebre, pero sí tos seca y dolor de garganta. Se recuperó, pero se juntó con sus familiares, con su hermana quien también tenía coronavirus, y se contagió nuevamente. Esa vez se le hinchó todo el cuerpo. Cuenta que logró recuperarse con plantas medicinales. La crisis por el avance de esta enfermedad afectó su arte. Sin embargo, encontró una salida para superar esta crisis: elaborar mascarillas con diseños milenarios y ancestrales inspirados en la cultura amazónica.
“Están inspirados en las plantas medicinales, la ayahuasca, que representa al hombre sabio”, señala la artista sobre sus mascarillas y los mensajes que transmiten. Sus diseños representan al mayacunu, kewé y kené, cuenta. Como ya no encontraba la oportunidad de vender su colección de ropa para damas y los gorros que hacía, empezó a crear estas mascarillas con “su cultura e identidad”.
La comunidad shipibo conibo en Cantagallo, así como otros lugares en el país, también fue golpeada por el coronavirus: se registraron tres fallecidos víctimas de COVID-19. Al principio Sadith estaba sola en este trabajo, pero ahora lo hace junto a veinte artesanas de Cantagallo y Pucallpa. Ellas han producido tres colecciones de 40 mascarillas cada una. Han logrado distribuir a Ayacucho, Tacna, Trujillo y también al extranjero. El dinero ganado lo envían a su comunidad de Paoyhan, en Ucayali. “El gobierno los ha olvidado”, nos dice enfática a través del teléfono. “Me siento feliz ayudándolos de esta manera, porque así Dios me bendice. Mi padre me ha inculcado a apoyar a los que necesitan”, agrega.
Los obstáculos antes del COVID-19
Sadith tiene 31 años y hace 20 llegó a Lima desde la comunidad de Paoyhan, en Ucayali. Su padre la trajo en busca de una mejor calidad de vida, educación y un mejor desarrollo personal. Pese a los años radicando en la capital, nunca perdió su identidad shipibo-conibo y se dedica a transmitir sus conocimientos ancestrales con orgullo.
“El arte es importante”, asegura. El pueblo shipibo conibo es reconocido por manifestar su cultura mediante el trabajo artístico. Sin embargo, no fue fácil alcanzar reconocimiento. “Existe mucha discriminación. Se reían de nosotros, me explotaron como artesana y me han robado”, recuerda. Pero eso no la desanimó, más bien se fortaleció: en su mente estaba crecer y así fue.
Sadith Silvano bordando una mascarilla. Fuente: Facebook.
Su trabajo es hecho a mano. Dedica tres días enteros en terminar un bordado y por eso no reproduce por docenas. Para ella, cada pieza es única y por ello requiere tiempo y dedicación. “Te hincas la mano, sangra, la vista se cansa, los ojos duelen al dormir, pero cuando es con amor y pasión, no importa. Nosotros seguimos. Por medio de ello concientizamos a los jóvenes para que no pierdan su cultura”, señala.
Tras ser explotada por revendedores, emprendió su propia colección de ropa: vestidos, pantalones y gorros para damas. “He caído y me he levantado, con humildad sigo el camino que siempre buscaba, el del éxito, nadie me lo regaló”, dice. Sus diseños vienen de su mente y del corazón. Están inspirados en sus conocimientos ancestrales. Su dedicación y pasión tuvo gran acogida y logró exportar su colección de ropa a países como EE. UU y Francia.
Con la llegada de la pandemia por el COVID-19, las mascarillas se han convertido en un elemento esencial para evitar el contagio y son usadas a nivel mundial. En base a las especificaciones técnicas del Ministerio de Salud, Sadith se basa para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario. Con un lapicero brillo, tijera, aguja e hilo de diferentes colores, comenzó a bordarlas para hacer algunas demostraciones en redes sociales. Recibió muchos mensajes de apoyo.
Gorros y mascarillas con diseños shipibo conibo. Fuente: Facebook.
“Esta enfermedad nos hace reflexionar como personas. A veces no estamos con la familia, ahora tenemos la oportunidad de estar más con ellos, conocernos y entendernos”, asegura. Ahora, después de más de 100 días, así como Sadith, en Cantagallo están regresando a sus actividades. En su caso, vivir a través del arte sin olvidar su cultura.
