El continente americano es la región del mundo más afectada por la pandemia. Se registran 55 millones de casos y 1.3 millones de fallecimientos, hasta el 29 de marzo. La organización Amnistía Internacionalalerta sobre la mala gestión de la pandemia, los excesos de fuerza por parte de las fuerzas policiales y el aumento en las violaciones a derechos humanos.
No se trata de sólo un largo memorial de agravios e injusticias. El informe anual de Amnistía Internacional (AI) cumple con dos objetivos urgentes. Uno de ellos es que registra sumariamente las violaciones a los derechos humanos en el mundo. El segundo es que, incomoda a los poderosos. Aquellos que, de alguna manera, comparten la responsabilidad de esas situaciones.
El documento denuncia cómo las mujeres, las personas refugiadas y migrantes, el personal sanitario, los pueblos indígenas, las personas negras, la comunidad LGBTQ+ y otros grupos que han sido marginados históricamente sufren los peores efectos de la pandemia en las Américas. Y señala que muchos líderes políticos de la región han aprovechado las medidas sanitarias para “para intensificar sus ataques a los derechos humanos”.
Son 476 páginas que indignan, mueven a la reflexión y sirven de recordatorio sobre los peligros y excesos que reinan en la actualidad. Basta con leer el apartado de cada país, para constatar que la lucha por el respeto de los derechos humanos sigue más vigente que nunca.
Foto: Ariana Cubillos/AP Prensa
“Nos enfrentamos a un mundo sumido en el caos. A estas alturas de la pandemia, hasta los dirigentes más ilusos tendrían dificultades para negar que nuestros sistemas sociales, económicos y políticos se han desmoronado”, sintetiza Agnès Callamard, nueva secretaria general de Amnistía Internacional, en el informe.
La pandemia del COVID-19 ha trastocado todos los órdenes sociales, políticos, económicos y, por supuesto, sanitarios. Las Américas son la región más afectada con más de 55 millones de casos y 1.3 millones de fallecimientos (hasta el 29 de marzo). Es como si Colombia y Panamá enteras se hubiesen contagiado. Como si la mitad de la población de Chicago falleciera.
Los expertos de AI no dudan en señalar las responsabilidades de los gobiernos regionales en el desastroso manejo de la pandemia. La misma que desnuda la desigualdad sistémica y las políticas predadoras que han afectado el crecimiento económico.
Antes del surgimiento del COVID-19, las Américas ya era la región más desigual del mundo. Esta situación, solo ha empeorado. Esto, porque 22 millones de personas cayeron en niveles de pobreza. Así mismo, la cifra de habitantes que viven en situación de pobreza extrema aumentó en 8 millones.
“Descubrimos que las víctimas de la COVID, ya fuera en Gran Bretaña, en Francia, en Estados Unidos, en India, en Oriente Medio, en Brasil, esas víctimas estaban principalmente entre los grupos más desarraigados y vulnerables”, explicó Callamard en una entrevista reciente. “Como comunidad global, como comunidad nacional, reprobamos la prueba que suponía la COVID-19”.
Vacunas desiguales
Se suele alabar la rapidez con la que se lograron desarrollar las vacunas contra el nuevo coronavirus —muchos procesos técnicos que normalmente llevan años solo tomaron meses— gracias a un financiamiento masivo de la Unión Europea y países como Estados Unidos e Inglaterra, entre otros.
Foto: Dallas Morning News
Pero hubo un lado oscuro de esa notable saga científica. Fue la asociación de los gobiernos de esos países con las empresas farmacéuticas a las que les reservaron millones de dosis de sus vacunas. Como resultado muchos países pobres tendrán que esperar largos periodos de tiempo, quizá años, para recibir sus dosis. Una investigación de The New York Times estima que los países más pudientes han recibido cerca del 90% de los casi 400 millones de vacunas que se han administrado hasta ahora.
“No sólo lo compramos todo, además impedimos que otros puedan producirlas. ¿En nombre de qué? En nombre del beneficio y en nombre de la codicia”, dijo Callamard. Esto, sobre la decisión de la Unión Europea y Estados Unidos de bloquear una propuesta que busca flexibilizar las restricciones de propiedad intelectual sobre las patentes de los tratamientos y las vacunas contra el coronavirus.
Países como Estados Unidos, Brasil y México lideran las cifras absolutas de víctimas mortales a nivel mundial. El informe afirma que, en parte, eso se debe a que sus gobiernos —al igual que los de Nicaragua y Venezuela— difundieron mensajes contradictorios sobre las medidas sanitarias y los peligros del virus. Además “no implementaron políticas para proteger a las personas que corren más riesgo, o no garantizaron una transparencia plena”.
Foto: Share America
“El año 2020 es la historia de quienes tienen menos y dieron más, pero recibieron nada de sus gobiernos”, aseveró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un encuentro con los medios.
“El verdadero liderazgo para responder a la pandemia de COVID-19 no vino de los líderes políticos o de los líderes de las empresas. Surgió de las personas trabajadoras de la salud, de los científicos, de quienes mantienen los hospitales y las calles limpias, de las personas trabajadoras en el campo (…). También, de muchas personas sin recursos ni poder político”, comentó Guevara.
Mención aparte merece la desprotección del personal sanitario. El mismo que, sin el equipamiento mínimo de bioseguridad, atiende todos los días a los pacientes que contrajeron el virus. Al menos 10,558 trabajadores del personal sanitario han muerto por COVID-19.
A continuación, enumeramos algunos de los señalamientos del informe sobre la situación de los derechos humanos en los países más afectados por el COVID-19.
ESTADOS UNIDOS
-El documento señala la importancia de las manifestaciones masivas realizadas en el país contra el racismo institucional y la violencia policial. Así mismo, resalta que las autoridades “emplearon de forma habitual fuerza excesiva “contra manifestantes y defensores y defensoras de los derechos humanos”.
-También se registran los intentos del Gobierno de Donald Trump por limitar o menoscabar los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTQ+, entre otras minorías.
Foto: Al Jazzera
-Además se señala la tendencia del Gobierno estadounidense a aprovechar las medidas y regulaciones. Esto, para controlar la pandemia con el fin de someter a las personas migrantes y solicitantes de asilo a diversos abusos. Como en el caso de las 8,000 personas que contrajeron el virus porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se negó a permitir que siguieran sus procesos legales en libertad.
Los expertos de AI denuncian que las autoridades detuvieron y expulsaron a “más de 330.000 migrantes y solicitantes de asilo entre marzo y noviembre [de 2020], incluidos más de 13.000 niños y niñas migrantes no acompañados”, sin tomar en consideración sus necesidades de protección especial y los riesgos que corren de sufrir “persecución, muerte, tortura u otros malos tratos” al ser retornados a sus países.
MÉXICO
-El informe recuerda la etapa previa al surgimiento de los brotes de COVID-19. Tiempos en el que el Gobierno mexicano impuso recortes del gasto público. Acción que, entre otras cosas, provocó la disolución de múltiples fideicomisos públicos como los que se enfocaban en el cambio climático. Así mismo, los se orientaban a “la protección de defensores de los derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos”.
Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador estigmatizó en diversas oportunidades a los medios de comunicación y personas defensoras de los derechos humanos. Según datos de organizaciones de la sociedad civil, 24 personas defensoras fueron asesinadas.
Foto: El Tiempo de Monclova
-En 2020 se denunciaron 3,752 asesinatos de mujeres, de los cuales 969 fueron investigados como feminicidios. El reporte consigna el incremento de las llamadas al número de emergencia 911 para denunciar situaciones violentas contra las mujeres que se ubicó en 260,067. Además, siguen vigentes un total de 21 alertas de violencia de género en 18 entidades federativas.
El año pasado se convocaron manifestaciones masivas contra los feminicidios. También, contra las diversas formas de abusos contra la mujer que, en varias ocasiones, desencadenaron episodios de represión por parte de las fuerzas de seguridad. Estos emplearon “fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, robo de teléfonos móviles, y ataques físicos, psicológicos y sexuales”.
-Las autoridades migratorias detuvieron a 87,260 personas migrantes, entre ellas más de 11,000 menores de edad, y deportaron a 53,891 personas. Un juez federal ordenó que las personas recluidas “por razones de inmigración” debían ser liberadas por la crisis sanitaria. Sin embargo, las autoridades no cumplieron con esa sentencia lo cual privó a los migrantes de su derecho a la libertad y la salud.
Foto: Foreign Affairs Latinoamérica
-Los investigadores de AL resaltan que el Gobierno actual ha incorporado más miembros de las Fuerzas Armadas a las estrategias de seguridad pública que las dos administraciones previas. Esas medidas se han tomado sin tener normativas que garanticen que el comportamiento de los efectivos militares cumple con las leyes internacionales.
-El personal sanitario del país expresó en repetidas oportunidades su preocupación por la carencia de equipos de protección para realizar sus labores diarias. Se estima que en 2020 fallecieron al menos 2,397 profesionales de la salud.
BRASIL
-El documento resalta que, a pesar de que la gestión de la emergencia sanitaria fue difícil en todo el mundo, el brote empeoró en Brasil. Esto, “por las continuas tensiones entre las autoridades estatales y federales. También por la carencia de un plan de acción claro fundamentado en la mejor información científica disponible y la falta de transparencia”.
Foto: OpenDemocracy
-Solo en el primer semestre de 2020, 1,861 mujeres fueron asesinadas y otras 648 fueron víctimas de feminicidios en 12 estados, además, en el mismo periodo se registraron más de 119,546 casos de violencia de género en el ámbito familiar “que ocasionaron lesiones físicas a mujeres, lo que equivalía a un promedio de 664 casos diarios”.
-También se resalta el incremento de la minería ilegal, los incendios forestales y la expansión de las tierras destinadas a las actividades agroindustriales. Estas consideradas como “una amenaza para los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales”. La destrucción de territorios selváticos aumentó un 9.5% entre agosto de 2019 y julio de 2020, en comparación con 2019. En ese periodo se devastaron más de 11,000 kilómetros cuadrados de selva.
-Según los especialistas de AI, entre enero y junio, los cuerpos policiales estuvieron involucrados en operativos que provocaron la muerte de unas 3,181 personas en el país. Esta cifra, promedia 17 fallecimientos diarios y un 7.1% más en comparación con 2019. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, el 79.1% de las personas que murieron en acciones de la policía eran negras. Así mismo, el 74.3% era menor de 30 años.
El término k-pop ya no es ajeno en el Perú a pesar de estar a más de 16 mil km del país donde se originó este género musical. Poco a poco el k-pop ha ganado popularidad gracias a las redes sociales. No es sorpresa que los clubs de fans o fandoms sean cada vez más numerosos y con un gran poder de convocatoria para manifestarse social y políticamente.
A mediados del año pasado, durante las protestas del movimiento Black Lives Matter tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos, medios alrededor del mundo informaban de la donación de 1 millón de dólares por parte de la banda de kpop BTS. Bastó un poco más de 24 horas para que las armys, seguidoras de la banda, recolectarán otro millón de dólares el cual donaron a la misma causa.
El activismo en el k-pop también ha tenido impacto en Latinoamérica. En Perú, las kpopers detuvieron un intento de desprestigiar las marchas contra Manuel Merino en Twitter a través del #TerrorismoNuncaMás. Se organizaron para llenar de spam dicho hashtag y evitar que difamaran a quienes estaban yendo a protestar. Asimismo, en el aspecto social, los fandoms de k-pop organizan diversas actividades de proyección social para conmemorar los cumpleaños de sus idols o los aniversarios de sus grupos favoritos.
Foto: Prensa
Pero, ¿los k-popers hacen ciberactivismo? Miguel Sánchez, periodista y docente de la Universidad Católica, destaca características propias del ciberactivismo en los k-popers como la organización en fandoms, los objetivos comunes y el uso del espacio público. Si bien no es posible generalizar las intenciones de todo un grupo, su gusto musical no las excluye de estar al tanto de la situación nacional. “No creo que sea gratuito que las urgencias políticas de nuestro país las y los impacten y tengan que manifestarse de distintas maneras”, sostiene.
Por otro lado, la psicóloga social y fan del k-pop, Sandra Rivas, indica que la predisposición de las k-popers a manifestarse en el ciberespacio está en la experiencia para hacer que sus grupos sean tendencia utilizando los algoritmos de las redes sociales. Estas habilidades son replicadas cuando se trata un tema de interés político o social.
Según Rivas, los fandoms de kpop tienen dos características importantes que los diferencias de otros fan clubs de música occidental: la construcción de la identidad como colectivo y el mercado de la industria del kpop.
Rivas describe a este colectivo con una identidad hermética en donde cada fandom tiene un nombre y un color que los distingue. A esto agrega la relación que existe entre la figura del idol y las fans. “Se sienten tan vinculadas con los artistas que ya no pueden desligarse de ellos. El conocer cómo esa persona ha luchado cada día de su vida para ser capaz de cantar y bailar perfectamente en un escenario. Las empresas de entretenimiento coreano lo remarcan tan bien que la gente llega a empatizar con ellos”, explica.
Foto: K-Pop Random Dance Perú
Por otro lado, la especialista destaca el merchandising y marketing del k-pop, en donde cada producto o disco del artista genera afinidad con el fan. “Realmente Corea del Sur tiene un buen modelo para mercantilizar esta industria”, afirma.
En honor a mi idol
Es claro que los fandoms de k-pop no son ajenos a las problemáticas de nuestra sociedad. Semanas atrás se esparcía en los medios nacionales la noticia de la donación de 3 mil soles a la Asociación de la Bienaventuranza del padre Omar Sánchez. Su fin era la construcción de una planta de oxígeno. El protagonista de este hecho fue ARMY, uno de los fandoms de k-pop más numerosos, y que cuenta con diversas sedes alrededor del Perú.
Fabiana Tequenquea, miembro del staff de BTS Chiclayo, entró al fandom en el 2015. En ese momento, el popular grupo surcoreano BTS no era tan conocido a nivel mundial. En ese entonces eran un equipo reducido y no contaban con los medios económicos para realizar labor social. Fabiana recuerda que recién en 2016, con la llegada de nuevos miembros al fandom, pudieron realizar sus primeras obras sociales. Estas, consistían en chocolatadas navideñas. Repartían chocolate, panetón y juguetes a las personas de la calle. Conforme BTS se hacía más conocido en Chiclayo, más miembros se iban sumando al fan club. Fue así como las actividades de labor social fueron aumentando.
Pero sin duda, hubo una donación que supero todas las demás. Fue considerada como la donación más grande a nivel nacional por parte de las armys. La recaudación de 3 mil soles se realizó para la creación de una planta de oxígeno en Lima. Esto, para conmemorar el cumpleaños de J-Hope, integrante de BTS. Si bien este acto, organizado por el grupo BTS Perú Projects, armys peruanas de distintas sedes colaboraron con la colecta. “Fue un gran orgullo porque los fan clubs de kpop a veces son dejados de lado e insultados por este gusto. Y fue un honor que el esfuerzo sea reconocido de una manera positiva a nivel nacional”, recuerda Fabiana.
Foto: Facebook BTS Perú Sede Chiclayo
Para ella, el mensaje que difunden los chicos de BTS en su música es una inspiración para mejorar, apoyar a los demás y vivir en un mundo mejor. “Como ellos mismo dijeron: Todos somos iguales, todos merecemos apoyo y respeto”, cita.
Si bien las armys han causado mayor repercusión en los medios, no son las únicas que hacen proyectos de labor social. Gracias a las redes y a la internacionalización del kpop, cada vez hay más fandoms peruanos que se forman y organizan mucho antes del debut de la banda. Esto les permite comenzar temprano con la labor social. Lo que ocurrió con ENHYPEN, un grupo de kpop que surgió de un reality de competencia llamado I-LAND. Debutaron en noviembre del 2020, y antes de su estreno ya tenían un fandom en Perú.
Para Keyla y Hienka, miembros del staff de ENHYPEN PERÚ, desde un inicio tenían en claro que querían hacer trabajo social. “Tenemos miembros que trabajan en ONG’s entonces siempre lo teníamos en cuenta para las actividades que queríamos realizar en los cumpleaños de los chicos”, menciona Keyla.
Una de las actividades que más recuerdan fue la chocolatada navideña que hicieron junto con la ONG. “Cambiando Vidas Perú” el año pasado. “Pedimos donaciones, tanto monetarias como de víveres. Lo que hicimos fue comprar juguetes para 100 niños y como también hubo donaciones de víveres hicimos una cestita y eso se sorteó entre los que estaban ahí. Fue super divertido”, recuerda Keyla.
Foto: Facebook ENHYPEN Perú
Aunque la pandemia no ha permitido que el fandom de ENHYPEN se reúna presencialmente con los otros miembros, gracias a las redes sociales, se mantienen en contacto y están más al pendiente de las actividades de sus idols. La visión futura para ENHYPEN Perú es seguir apoyando causas sociales y apoyarse en las redes para conseguir mayor apoyo. “Un fandom a nivel de kpop no solamente se centra en ello, sino también podemos apoyar en nuestra sociedad con el hecho de que tenemos algo en común”, expresa Hienka.
Cabe destacar que el activismo y labor social de parte de las kpopers no es algo nuevo. Fandoms con mayor antigüedad ya realizaban pequeñas actividades para ayudar a la comunidad. Fiorella Mucha, parte del staff de SONES Perú (fandom del grupo femenino Girls Generation), cuenta que desde el 2011 vienen realizando proyectos de ayuda social. En un inicio se interesaron por la causa animal colaborando con albergues para perros, ya que como Fiorella indica, “SONE Perú se caracteriza por el amor hacia los animales”.
No obstante, también han realizado eventos y colectas para apoyar otro tipo de campañas. Su proyecto más actual fue la donación de 20 packs de higiene personal y mantas para el hospital Dos de Mayo. “Nos dimos cuenta que el personal médico que atiende a pacientes COVID, en una guardia de 12 horas tienen que bañarse entre 3 a 5 veces. Y lo que usan mucho son shampoo, pasta dental y cepillo”, cuenta Mucha. Pese a que temían correr el riesgo de contagiarse al salir a comprar, decidieron organizarse y tomar las precauciones necesarias para gestionar la compra y entrega de los productos. Hicieron un presupuesto para saber a qué meta debían llegar, difundieron el proyecto en redes sociales y pronto lograron llegar al monto. “El personal de emergencia se sorprendió al ver que chicos que no los conocían iban a dar este granito de arena”, rememora Fiorella.
SONE Perú, así como otros fandoms de k-pop, también estuvieron al tanto de la situación que atravesaba el país durante la crisis política. Si bien no tomaron una posición política, sí decidieron expresar su sentir y apoyar a la gente que salió a marchar. “Lo que hicimos fue unirnos a través de mensajes. Sentíamos que podíamos tener un espacio de difusión, publicamos la lista de desaparecidos, nos pusimos de luto y vimos que otros fandoms también lo hicieron. Cambiamos nuestra foto de perfil, algo que muestre que, como fans nos sentimos afectados porque no somos ajenos a lo que estábamos pasando”, recuerda.
Evolución de la ola coreana
No hay duda de que el k-pop y la cultura coreana está tomando más relevancia en este lado del mundo. El Hallyu o la ola coreana es un término que hace referencia a la expansión de la cultura de Corea del Sur al resto del mundo. Esta expansión se dio en la década de los 90 cuando se empezaron a distribuir producciones del Corea del Sur al extranjero. Novelas, programas de entretenimiento, música, danzas… el entretenimiento coreano se popularizó rápidamente.
Foto: INDVSTRVS
En Latinoamérica el crecimiento se dio se forma paulatina. Poco a poco se formaban los primeros fandoms de kpop, aunque estos carecían de visibilidad. “Antes era raro encontrar por la calle a alguien que sepa de kpop. Te miraban rarísimo, hasta a algunos les daba vergüenza decir que era fan de kpop. Y con la masificación se volvió cada vez más normal”, menciona Fiorella Mucha.
Cuando el éxito de PSY “Gagnam Style” se viralizó en YouTube, el pop coreano ganó un impulso de popularidad y muchas empresas de entretenimiento vieron la posibilidad de ampliarse al mercado internacional. “El crecimiento del kpop viene desde Corea del Sur, ellos están interesados en salir del país, si bien tienen una postura bien nacionalista hay muchos grupos qué buscan la internacionalización. Los ejemplos más claros son Black Pink, BTS, Stray Kids,” indica Sandra Rivas.
Actualmente, el fenómeno del k-pop tiene un gran impacto en las plataformas digitales. El artículo de Fernando Vega, Manager para América Latina en Comscore Social, indica que “el k-pop es una tendencia fuertísima entre los jóvenes de Perú” pese a que los medios de comunicación centran su atención en cubrir noticias de música más clásica. Según Vega, en 2020, los k-popers peruanos instalaron hasta 15 trending topics sobre kpop en 30 días en la red social Twitter. “La mención a BTS introduce a la banda de K-pop que es furor en la región. BTS concentra el 85% de menciones de Latinoamérica y hasta el 93% en Perú”, indica en el informe.
Ya sea por convicción propia o por seguir al colectivo, los fans del k-pop están generando un impacto positivo dentro y fuera de las redes sociales a través de la ayuda social y la resistencia política.
Y la mañana comenzó teniendo oscuros fragmentos de luz en el alba…
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«Las cosas como so»
Cosas Mías
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187 casos de violencia sexual por parte de miembros de una institución educativa escolar fueron registrados durante el 2020. A pesar de ser cifras dolorosas y atroces en sí mismas, presentan un subregistro preocupante en un año en el que la pandemia ha dificultado la seguridad y el acceso a la justicia.
Foto: SISEVE
Tiene dieciocho años y cursa la primaria en un colegio de Apurímac. Ella y su madre tienen discapacidad intelectual. En días de aislamiento social, el director de su colegio las visita en su hogar. Parece querer apoyarlas. No es verdad. Al director no le importa lo difícil que es ser una mujer con discapacidad en este país.
Primer caso. Violación sexual. Dirección Regional de Educación Apurímac, UGEL Chincheros.
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Tiene dieciséis años, es gay y cursa la secundaria en un Centro Rural de Formación de Alternancia en San Martín. No tiene energía eléctrica en casa, así que acude a su institución educativa para cargar su celular; para conectarse al mundo. Se encuentra con el guardián, que se acerca a él. Y se acerca de nuevo. Y se acerca de nuevo. Al guardián no le importa lo difícil que es ser un adolescente gay en este país.
Segundo caso. Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos. Dirección Regional de Educación San Martín, UGEL Lamas.
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Son dos de ciento ochenta y siete casos registrados en el SíseVe, el Sistema Especializado en reporte de casos de Violencia Escolar a cargo del Ministerio de Educación. Ciento ochenta y siete casos de violencia sexual por parte de un miembro de una I.E. registrados durante el año de la pandemia. Aproximadamente el 82% de las víctimas de violencia sexual por parte de miembros de una I.E. serían niñas o adolescentes, según el informe 2013 – 2018 del SíseVe, el último macro-informe de acceso público a la fecha.https://www-laantigona-com.filesusr.com/html/22c1d3_3c886dfc85479984f86216ab4efaf578.html
Desde el 2013, el SíseVe registra casos de violencia escolar cometidos tanto entre escolares como por un miembro de una I.E., y los tres grandes tipos de violencia que registra son violencia psicológica, física y sexual. El total de casos en todas las categorías asciende a 769 durante el 2020; en este reportaje nos concentraremos en los mencionados 187 casos de violencia sexual por parte de un miembro de una I.E.
Los motivos de agresión que presenta el portal son desoladores; son repudiables. Nadie merece ser violentado por ser más callada que los demás, por ser un poco más tímida. Ni por ser un poco más pequeño, o un poco más alto que sus compañeros. Ni por usar lentes o tener acné; ni por ser la primera de la clase o por tener notas bajas. Tampoco por su lugar de origen o las costumbres de su familia y mucho menos por su identidad sexual o por tener alguna discapacidad. Ninguna razón es válida, y sin embargo ocurre a causa de aquellos que deberían de proteger la educación y guiar el crecimiento de los más jóvenes.
Menos aún un escolar debería de ser agredido por haber sido, previamente, víctima de violencia sexual u otro tipo de violencia; sin embargo, esto ocurrió por lo menos 4 veces en el 2020, según el registro del SíseVe.
Liz Meléndez, directora del CMFT. Foto: Prensa
Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, explica que este tipo de violencia en las escuelas es una dura vulneración de la agencia de niñas, niños y adolescentes: “¿A qué le decimos agencia? A la posibilidad para desarrollar tus capacidades, tus libertades, y para ejercer tus derechos. Es la posibilidad de desarrollar la vida que tú quieres”. Meléndez señala contundentemente que “la violencia sexual es un crimen terrible y tiene un impacto gravísimo. Va a afectar tu afectividad, tu autoestima, tu resiliencia. La niñez es una etapa en la que el manejo de los problemas y emociones no es el mismo que el que podría tener una persona adulta; no hay el mismo raciocinio de las situaciones. [La violencia] tiene una pegada muy grande en tu desarrollo psicoemocional y por eso es gravísima: puede definir completamente tu vida futura y la de tu entorno”.
Fuente: Siseve
¿Cuántos casos nos faltan?
Aún cuando 187 casos es una cifra horrible, presenta un subregistro preocupante. Durante el año 2019, el número de registros de violencia sexual por parte de miembros de una insitución educativa fue 1666. De 1666 a 187. Regiones como Moquegua o Madre de Dios no registran ningún caso durante el 2020. Sería esperanzador pensar que el número de casos ha disminuido radicalmente porque el Perú es un país menos machista, menos indolente de un año para el otro, pero lamentablemente no es el caso.
El miedo a denunciar que sienten las víctimas, esa sensación de vergüenza que las atraviesa —más aún siendo menores de edad—, converge con dificultades en el acceso a la justicia en nuestro país. Para comprender este subregistro, La Antígona se contactó con Freddy Sánchez, especialista legal de la Dirección de Gestión Escolar del Minedu, área a cargo del SíseVe. Él comienza explicando que “en nuestro país hay todavía una cultura del silencio. No todas las personas comunican a las autoridades los hechos de violencia sexual. Todavía hay espacios donde se oculta, donde se quiere negociar con los familiares de la víctima. Lo que facilita el SíseVe es una información de aquellos que se atreven a comunicar a una autoridad educativa estos presuntos incidentes de violencia sexual”. Sánchez reconoce que hay “muchos casos más que no llegan al SíseVe, ni siquiera llegan a la comisaría o Fiscalía”. Apunta también que hay casos que pueden llegar a la comisaría o Fiscalía, pero no necesariamente al registro del SíseVe.
Foto: Prensa
Meléndez anota que no necesariamente los casos son registrados, o las denuncias son hechas, la primera vez que ocurre algún tipo de agresión contra la víctima. Esta continuidad de la violencia, como la consigna el especialista, está estrechamente relacionada con la dificultad que sienten las niñas, niños y adolescentes para reportar una agresión. En relación a este punto, Meléndez recomienda revisar los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales, ENARES 2019. En ella se señala que solo el 48,9% de niñas y niños entre los 9 y 11 años que fueron víctimas de violencia buscaron ayuda —de los cuales el 97,4% la recibió—. En el caso de adolescentes de 12 a 17 años, esta cifra desciende a 44,4% —de los cuales el 97,0% recibió la ayuda que buscaban—.
Mientras que no se consiga generar una alerta, la niña, niño o adolescente podría ser nuevamente víctima de una agresión. Es posible observar esto en la base de datos accesible del SíseVe: en 84 de los 187 casos de violencia sexual por parte de miembros de una I.E. la agresión se dio más de una vez. En 26 de estos casos la agresión sexual se habría perpetrado seis o más veces, entre los que destacan seis casos consignados por violación sexual.
Otro documento que puede ayudar a explicar este subregistro es la Encuesta Nacional de Convivencia Escolar y Violencia en la Escuela realizada en el 2019. En ella, el 2% de los escolares de nivel secundaria consultados reconocían haber sufrido violencia sexual alguna vez por parte de sus profesores, y el 1% reconocía haberla sufrido en el último mes. En el nivel primaria no se consignan datos similares pues no se consultó sobre violencia sexual.
Como si estos ya no fueran problemas suficientes en sí mismos, la pandemia se posicionó como el factor fundamental para explicar el subregistro del 2020, naturalmente. “La situación excepcional definitivamente ha generado una serie de preocupaciones en los sistemas locales de protección. Hay temor o dificultades para comunicar estos hechos a las autoridades educativas por este distanciamiento”, explica Sánchez. Para combatir las limitaciones ante la falta de contacto físico, el SíseVe ha tenido que atravesar cambios. Sánchez precisa que “antes del 2020 existían algunos protocolos para atención presencial. Lo que hemos hecho es adecuar los protocolos de atención a distancia”.
Esto puede revisarse en los Protocolos aplicables a la modalidad a distancia —específicamente el Protocolo 05, para casos de violencia sexual por miembros de una I.E.—, dispuestos en julio del 2020 en la Resolución Ministerial N° 274-2020-MINEDU, página 32. “A través de una llamada telefónica, una madre de familia puede comunicar al director del colegio sobre un presunto hecho de acoso que de repente está ejerciendo un docente. Inmediatamente se recepciona esta información con una declaración jurada y el director canaliza esta información a una comisaría o Fiscalía”, apunta Sánchez.
Protocolo pg.32Protocolo pg. 33Protocolo para la atención de la violencia escolar, págs. 32 y 33
Un camino complejo
Si un estudiante o familia desea reportar una agresión ante el SíseVe a distancia, puede hacerlo directamente por su portal web, siseve.pe; su línea telefónica, al 0800-76888; su chat de WhatsApp, al 991410000; o su app para celulares, solo disponible en Google Play. Una segunda opción es comunicar la situación a las autoridades de su I.E. Serán ellas las responsables de hacer el registro del caso en el SíseVe y comunicarlo con las instancias necesarias.
Una vez iniciado el proceso, el SíseVe tiene un protocolo de acción marcado en lo que refiere al reporte y seguimiento de casos de violencia escolar, y cuenta con precisiones específicas para casos de violencia sexual. El proceso comprende cuatro fases: Acción, Derivación, Seguimiento y Cierre.
Siguiendo lo señalado en los protocolos, Freddy Sánchez confirma que los 187 casos registrados durante el 2020 deberían tener una denuncia penal análoga: “Todos los casos que son reportados en el SíseVe y que estén relacionados a hechos delictivos —en este caso, presuntos delitos contra la libertad sexual— son inmediatamente denunciados ante la comisaría o Fiscalía”, apunta.
A partir de ello, se procede con las acciones correspondientes. “Se cierra el caso cuando se ha garantizado la protección del estudiante, su continuidad educativa y se encuentra recibiendo soporte socioemocional especializado”, se precisa en el Protocolo 05 aplicable a la modalidad a distancia, página 33.
En este punto ocurre una particularidad que Freddy Sánchez explica con énfasis: “El SíseVe es un sistema de alerta, es como un aviso de que algo está ocurriendo en agravio de un estudiante. No es un servicio de investigación; quien investiga no es el director del colegio, sino la autoridad competente. Si se trata de un docente, hablamos de dos tipos de responsabilidad. Una penal, porque es un tema que investigará la Fiscalía, e independientemente la UGEL iniciará una investigación de carácter administrativo”.
Sánchez precisa, entonces, que “un caso se va a cerrar cuando ya se hayan ejecutado todos los pasos de carácter administrativo señalados en los protocolos. El hecho de que esté cerrado un caso administrativo no significa que esté cerrado en otra instancia, porque es otra ruta; si el caso va al Poder Judicial, es otra ruta. No hay que confundir el cierre del caso a nivel del SíseVe en la escuela con un proceso que va a otro servicio de derivación”.
Desde el SíseVe no se cuenta con información directa sobre cuántos casos registrados culminaron en una condena por delitos contra la libertad sexual, aclara el especialista. Añade que se está trabajando para que, desde el ámbito administrativo en el propio MINEDU, pueda existir una ruta más integrada en el seguimiento de casos; mejores canales de supervisión sobre los procesos. Para esto se apoyan en el Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes, SIMEX, ‘herramienta para el registro, seguimiento y/o monitoreo de las denuncias, así como de los procedimientos administrativos disciplinarios que siguen’.
Fachada del Ministerio de Educación. Foto: Archivo MINEDU
Según la normativa, un profesor investigado por violencia sexual debería ser separado cuanto antes de su cargo durante el tiempo que tome la investigación. Si recibe una sanción administrativa o una condena penal por delitos contra la libertad sexual, estará permanentemente inhabilitado de reingresar a la docencia pública. Adicionalmente, el SIMEX y el Sistema de Registro de Datos de Personal Docente y Administrativo de II.EE. Privadas sirven como soporte para constatar que educadores agresores tampoco continúen enseñando en el campo privado.
Pero esto es hablar de un proceso ideal. Lamentablemente, que una víctima tenga la fuerza para alertar, que se consigne un reporte, no significa que el proceso que le espera sea célere o, por lo menos, correcto. En el proceso de la justicia en casos de violencia sexual escolar, surge una nueva complejidad que se hace explícita, como ejemplos, en estos dos reportes de la Contraloría General de la República: el primero refiere a 177 denuncias que no fueron atendidas oportunamente en la región Amazonas entre el 2015 y 2018, y el segundo refiere a 55 denuncias que no fueron atendidas oportunamente en Loreto entre el 2016 y 2018.
En ambos reportes, las autoridades no tomaron medidas de protección frente a las denuncias recibidas, ni las derivaron según lo establecido. También se advirtió que no se registraron estas denuncias en el SIMEX, limitando la acción penal correspondiente. Hay una responsabilidad administrativa y penal para los miembros de cada UGEL que estén implicados. Sus acciones provocaron que docentes agresores continúen ejerciendo su labor, ya que no se había alcanzado ninguna investigación mayor y, por tanto, no se había dispuesto la necesaria separación preventiva de la I.E.
Si bien estos son solo apuntes, se consideró como un punto necesario de consignar para dar cuenta del largo trecho que nos falta recorrer hacia un digno acceso a la justicia; especialmente justicia para niñas, niños y adolescentes.
Treinta casos de violación sexual
¿Cómo podemos entender que existan treinta registros por violación sexual durante un año de aislamiento social y clases virtuales? A mediados del 2020 se hayan retomado clases presenciales en ciertas zonas rurales en las que la pandemia ha producido un menor impacto; una primera impresión asociaría estos casos con la reapertura de las escuelas. Para Freddy Sánchez la respuesta va más allá de eso. Presenta, por ejemplo, “un caso concreto: durante este periodo de educación a distancia, una estudiante va donde el profesor para que le revise las tareas, porque él vive en la misma comunidad. Entonces, lamentablemente, allí se ha produce la agresión sexual”.
Para comprender mejor el panorama de la presencialidad y no presencialidad, Sánchez explica un caso ocurrido en San Martín, Lamas; es el segundo caso consignado en el inicio de este reportaje. El escolar acudía a su institución educativa, un Centro Rural de Formación de Alternancia, para cargar su teléfono; no acudía necesariamente a clases presenciales. Es allí que fue hostigado por el personal de seguridad en la propia I.E. Este tipo de acompañamiento pedagógico y soporte en el espacio comunitario son claves en el progreso de la educación a distancia en zonas rurales, pero también representan potenciales situaciones de inseguridad.
Es necesario consignar, como apunte, que la problemática de la violación sexual durante la emergencia sanitaria ha trascendido al ámbito de la justicia y revela también dificultades y deficiencias en el campo de la salud. Rossy Salazar, comisionada de la Adjuntía de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del pueblo, aborda este tema en la ponencia Estándares en derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en el marco de la COVID-19.
Foto: Defensoría del Pueblo
Salazar resalta las limitaciones en la promoción y atención a la recuperación de salud, por ejemplo, a partir de la distribución de kits para la atención de casos de violencia sexual. “En estos casos”, señala Salazar, “hay ciertos derechos que el sector Salud debía de brindar [como la entrega de los kits] que no necesariamente se estaban activando”. Según Salazar, algunos factores para entender la entrega tardía o la falta de entrega de estos kits pueden ser el desabastecimiento del centro de salud, el desconocimiento o falta de capacitación del personal o el hecho de que la víctima no haya llegado a ser atendida. En este año de emergencia por la pandemia, la problemática de la violencia sexual —y de la violencia sexual escolar que aquí abordamos— no puede contemplarse como un problema aislado; hoy más que nunca se agudiza fuertemente por el limitado acceso a la atención en salud.
La violencia en las pantallas
Si bien el conteo total de casos del 2020 ha disminuido frente al 2019, es importante notar cómo ha aumentado el porcentaje de registros de “Violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos”. Este es el subtipo de violencia bajo el que el SíseVe maneja todo tipo de violencia por parte de miembros de una I.E. que ocurra en línea.
La tendencia en el registro de casos de este subtipo de violencia durante los años anteriores, así como el registro en general, se mantenía en crecimiento. Era esperable que durante el 2020 el número de estos casos aumentara; algo que no ocurrió. En un año de Zooms, Meets y coordinaciones de clase por WhatsApp, el número de casos bajo este subtipo ha disminuido de 85 a 55 entre 2019 y 2020. Sin embargo, ante el subregistro, ahora representa más de la cuarta parte del total de casos; 55 de 187.
La Antígona se contactó con Hiperderecho, asociación civil peruana dedicada a investigar y promover el respeto de los derechos y libertades en entornos digitales, para entender mejor el panorama de la violencia sexual en línea. Para Lucía León, Coordinadora Legal de Hiperderecho, es extraño que se presente un subregistro en relación a este subtipo de violencia en particular. Sostiene esto no solo a partir de que los escolares se hayan encontrado más tiempo conectados durante un año de distanciamiento, “más expuestos a los medios virtuales”, sino también porque cada vez hay más difusión y conciencia sobre la violencia de género en línea.
Foto: Hiperderecho
Es un tema delicado. En un país como Perú, con una preocupante tolerancia por la violencia y la violencia de género —según la ENARES, página 25—, comprender que una interacción no deseada a través de las pantallas también es un delito supone una problemática sobre la que recién se comienza a conversar. Denisse Albornoz, Directora de Investigación en Hiperderecho, destaca que “el primer paso es hablar de esta violencia como una violencia real”. No se trata de pensar que Así es el internet, que esas cosas pasan en línea. “Si vives en una sociedad que justifica lo que te puede ocurrir, y que además castiga tu libertad o tus derechos, vas a tener miedo a que no te crean. Vas a tener miedo a sufrir represalias; por tu agresor, por tus pares o tu familia”, sostiene la investigadora.
Es doloroso que un espacio como el virtual, que es una extensión de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sea también un espacio de mucha impunidad. Liz Meléndez, Directora del CMP Flora Tristán, menciona que “así como en un momento estuvo —y aún está— relativizado el acoso sexual callejero, donde nos decían Exageradas, no aguantan nada, ahora ocurre lo mismo con la violencia sexual en línea. Si lo virtual se convierte en el principal medio de socialización, es también el principal medio en el que el abuso y las relaciones de poder también existen. El escenario se traslada: pasamos del face-to-face al Zoom”.
Resulta necesario notar aquí que la comunicación y representación de la violencia ocurrida es tan importante como la prevención y la atención debida que se promueve. En el SíseVe, como se ha mencionado, se utiliza la categoría Violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos para consignar los registros de violencia ejercida por parte de un adulto miembro de una institución educativa. Para referirse a la violencia sexual en línea entre escolares, el SíseVe propone el subtipo Acoso sexual a través de medios tecnológicos. Son categorías, a simple vista, similares; el problema es que al ser categorías tan amplias presentan una potencial confusión para quienes accedan al portal en busca de información, sostiene León. Si bien el SíseVe cuenta con observaciones y detalles de manejo interno, que permiten comprender lo ocurrido según cada caso registrado, estos subtipos consignados públicamente en la base de datos son limitantes. León no considera que “una víctima, una niña o adolescente, reciba mucha claridad acerca de cuál es el tipo de violencia que está experimentando, qué opciones tiene o cómo puede acercarse a sus padres a comentarles sobre lo que le ha ocurrido”.
Albornoz también resalta la necesidad de claridad al categorizar la violencia en portales como el SíseVe: “Si no lo ves, no lo puedes abordar; no lo puedes denunciar”. Sostiene que este tema “sí genera mucha inseguridad, sí retrasa la denuncia, porque tú no estás 100% segura de que lo que has vivido es considerado como violencia por las instituciones que te deberían de proteger. Si has vivido acoso sexual y chantaje sexual, que son conductas muy distintas, no tienes esa certeza de que te van a escuchar en base a lo que te ha pasado”.
Un punto en el que coinciden Albornoz, León y Edgar Huaranga, Director de Tecnologías de Hiperderecho, refiere a la importancia de que miembros de la Fiscalía y el Poder Judicial se especialicen cada vez más en cómo abordar casos de violencia sexual en línea. Huaranga explica que en los protocolos disponibles para estos casos “se habla de tecnología de tiempos en los que la nube no estaba tan empoderada”. Apunta, además, que “no hay un procedimiento estándar para la revisión de dispositivos” y cuentas cuando se intenta consignar pruebas en un caso de violencia. Revisar una conversación de chat de forma reiterada y en diferentes instancias de un proceso, por ejemplo, pueden generar revictimización e inseguridad; más aún si es que la víctima o, peor aún, el agresor han eliminado los mensajes. Paralelo a estas dificultades, la fugacidad de Zoom o los mensajes automáticamente eliminados de Instagram o Snapchat añaden constantemente nuevas variables a la problemática. “El mundo que existía en el momento en el que se redactaron estos informes [y protocolos] ya cambió, y probablemente cambie el siguiente año. Es complicado hacer un proceso sobre todo esto sin que la tecnología esté un paso adelante”.
Tres casos faltantes (y una explicación sobre la eliminación de registros)
Durante el periodo de trabajo de este reportaje, La Antígona observó algunas discordancias en las bases de datos de registro de casos. El primer archivo de registros consultado, descargado el 02 de febrero de la sección de Estadísticas de la web del SíseVe, reportaba 192 casos de violencia sexual por miembros de una I.E. durante el 2020. Cuando se descargó la base de datos nuevamente el 24 de febrero, esta misma cifra descendió a 189 —el número disponible cuando se comenzó a redactar este reportaje—.
Los procesos de eliminación de registros no son inusuales en el SíseVe. Esos 189 casos descendieron a 187 mientras se terminaba de escribir este reportaje; la cifra con la que se trabajó hasta el momento de publicación. Cuando es consultado sobre la situación, Freddy Sánchez explica que esto ocurre de acuerdo a los lineamientos de la R.V.M. 289-2020-MINEDU, bajo requisitos especiales. De todas formas, por transparencia y para una mejor comprensión del proceso de trabajo del SíseVe, consideramos necesario consignar a continuación las razones de la eliminación de los primeros tres casos que advertimos.
Sánchez comenta que una razón usual para eliminar reportes es cuando un caso de violencia sexual no corresponde al campo educativo. Esto ocurrió, por ejemplo, en dos de estos tres casos eliminados:
Reporte UGEL Moyobamba, Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos: El reporte es de violencia intrafamiliar, y no escolar. El presunto agresor es la ex pareja de la promotora de la I.E. privada. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Familia de Moyobamba.
Reporte UGEL 05 SJL, Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos: El reporte es de violencia intrafamiliar, y no escolar. El presunto agresor es el padrastro de la menor estudiante. El caso fue denunciado por la directora de la I.E. a la Comisaría e informado al CEM.
Estas situaciones no dejan de ser deleznables pero, como escapan al campo educativo en sí mismo, los registros son eliminados del SíseVe. De todas formas, añade Sánchez, se procura un seguimiento a este tipo de casos.
El tercer registro eliminado ocurrió en una I.E. de la UGEL Luya, DRE Amazonas, pero en el momento de registrarlo fue consignado como parte de la UGEL Utcubamba. Sánchez indica que se advirtió la información errada y se generó un nuevo reporte el 04/01/2021.
El 2021 que ya comienza
En este reportaje se trabajó a partir de los 189 registros que el SíseVe presenta del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, con el objetivo de mantener un orden en los datos. Sin embargo, durante estos meses de vacaciones ha ocurrido un ligero aumento en el registro; remanentes del primer año de educación a distancia. A la fecha de publicación son 13 registros nuevos entre enero y febrero del 2021, entre los que se encuentra el mencionado caso de violación sexual en Luya.
Foto: Minedu
Es probable que el subregistro observado en el 2020 siga siendo una problemática durante el 2021. Es necesaria, fundamentalmente, la acción eficaz, accesible y segura de las autoridades ante estos casos, así como la concientización al personal de una I.E. en torno a la violencia sexual y seguridad en las aulas. En esta línea, los miembros de Hiperderecho comentaron un detalle, una singularidad que habían notado: entre las múltiples dudas y consultas que recibieron como asociación durante el 2020, más de una correspondía a educadores. Les interesaba —y preocupaba— cómo garantizar espacios seguros en la educación a distancia, así como guías y protocolos de atención ante violencia por medios tecnológicos. Posibilidades de educación y conciencia como estas deben de multiplicarse.
De la misma forma, es necesaria la promoción y permanente mejora de portales de información y alerta como el SíseVe —para evitar que más casos de violencia escolar pasen desapercibidos— así como el fomento de la educación sexual y el enfoque de género en la educación. Estos son pilares para convertir al aula y escuela en espacios de confianza; para brindar a las niñas, niños y adolescentes herramientas para prevenir la violencia y ejercer su agencia: la plena libertad de sus derechos y sexualidades. Pero, sobre todo, una educación sexual integral nos permitirá entender de una vez por todas que no se puede permitir ningún tipo de violencia contra otra persona; menos aún si esta proviene de un educador. Derrotar este machismo que persiste en nuestras escuelas, incluso en la distancia, es un objetivo que requiere compromiso. Paso a paso, clase a clase, a ese fantasma le diremos adiós.
Si tienes algo por reportar, por favor comunica tu caso a la Línea telefónica abierta 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, o a través de www.mimp.gob.pe/chat100. También puedes registrar tu caso en el SíseVe. Puedes hacerlo a través de su portal web, siseve.pe; su línea telefónica, al 0800-76888; su chat de WhatsApp, al 991410000; o su app para celulares, solo disponible en Google Play
Por favor, consulta y conserva estos recursos adicionales en torno a los temas abordados en el reportaje:
3. La ENARES 2019, Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales [que contiene información importante sobre violencia hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres]
