Cerca a las Elecciones Generales 2021 en Perú, nos preguntamos si los candidatos que se encuentran en los primeros lugares de las encuestas consideran, en sus planes de Gobierno, la participación de la mujer y de la población LGTBI+ en la sociedad, así como la atención a las problemáticas que las afectan. Esto fue lo que encontramos.
Este 11 de abril, llamamos a las mujeres y disidencias a votar informadas. Pensemos en nuestras luchas y derechos que contemplan nuestra libertad.
Más de 1600 ollas comunes buscan ahora el reconocimiento del Estado.
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Las ollas comunes registradas en Lima Metropolitana brindan más de 169 mil raciones diarias de alimento a quienes lo necesitan. Actualmente las ollas están subsistiendo y es gracias a sus lideresas. Más de 1600 ollas comunes buscan ahora el reconocimiento del Estado.
La crisis sanitaria trajo consigo una grave crisis económica en la población peruana y también una crisis alimentaria. Durante la primera cuarentena impuesta por el gobierno el año pasado, 958 mil peruanos no pudieron comprar una canasta mínima de alimentos según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).
Sin embargo, un acto de solidaridad surgió en medio de la crisis: las ollas comunes. Dispuestas a luchar por su gente, diversos vecinos – la mayoría mujeres – se organizaron para trabajar a diario en ollas comunes, brindando, sin costo alguno, una porción de alimento a quien lo necesitara.
Fortunata Palomino presidenta de la Red de Ollas Comunes FOTO: Anthony Niño de Guzmán.
Actualmente, las ollas comunes brindan 169 mil raciones diarias aproximadamente, según la Municipalidad de Lima Metropolitana. Sin embargo, “las ollas comunes se encuentran resistiendo por sus propios recursos porque no hay un presupuesto asignado para esto. El presupuesto que había pasado de Qalli Warma de 22 millones por 90 días ya terminó, entonces ya no tienen ingresos. Están sobreviviendo de las personas que donan”, explica Fortunata Palomino, Presidenta de la Red de Ollas Comunes a La Antígona.
Son 1644 ollas comunes registradas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, según indica Jessica Huamán, Regidora Metropolitana y Presidenta de la Comisión de Salud Pública y Desarrollo Social. Sin embargo, asegura que con el paso de los días se van creando más ollas que todavía no están registradas. La misma municipalidad tiene un mapa georeferencial donde se puede ver la ubicación de estas.
Pero con el resurgir de las ollas comunes para salvaguardar la alimentación de la población también se ha evidenciado el empoderamiento de las mujeres en estas organizaciones. Carolina Trivelli, ex Ministra de Desarrollo e Inclusión Social y especialista en temas de pobreza y políticas públicas comenta el contexto donde estas mujeres lideresas se desarrollan.
“Las ollas comunes son una versión espontánea temporal del modelo más tradicional del comedor popular o del vaso de leche que tiene un arraigo importante en la historia social peruana, pero sobre todo en la historia de la participación femenina como estos espacios no solamente de ayuda social-comunitaria frente a situaciones adversas, sino cómo estos espacios muy feminizados, originalmente asociados a los temas de comida y alimentación, pero también que ha servido como plataforma de acción social y política, formación de lideresas”, comenta.
Una organización con voz
La organización de las ollas comunes, explica Fortunata, consta de una presidenta y 6 integrantes. De las ollas actualmente activas, el 80% de estas lideresas son mujeres, indica. “Nosotros hemos formado una red y también trabajamos para integrarnos a la mesa de trabajo de seguridad alimentaria de Lima Metropolitana. Gracias a ellas hemos logrado rearticularnos con las ONG y también con la Presidenta del Congreso. Desde ahí buscamos la incidencia para el presupuesto de las ollas comunes. Así logramos el presupuesto de 22 millones de soles de Qalli Warma”, sostiene Fortunata Palomino.
«Junto a la Red de Ollas Comunes de Lima y la Mesa de Seguridad Alimentaria, nos reunimos con la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas, para articular iniciativas que garanticen apoyo a las ollas comunes en esta crisis económica y alimentaria que vivimos»
Y es que son, esta organización y su necesidad de ser reconocidas por las autoridades, los impulsos que hacen que las mujeres en las ollas comunes alcen la voz y busquen ser escuchadas. Son ellas quienes durante esta pandemia han logrado que se les asigne un presupuesto y siguen luchando para que el Proyecto de Ley 5764 sea aprobado por insistencia en el Congreso, aún cuando fue observado por el Ejecutivo y devuelto al Parlamento para su revisión. Es necesario su promulgación para que las ollas comunes sean reconocidas temporalmente por el Estado y tengan un presupuesto definitivo.
Fortunata, explica la importancia de lograr esto: “Es importante que se apruebe esa ley para que las ollas comunes sean reconocidas por los gobiernos locales. Estamos esperando un presupuesto asignado porque ahorita no hay. La ministra nos ha dicho que va a seguir apoyando con el presupuesto de Qalli Warma, pero no sabemos cuánto ni cómo”.
Han logrado tener incidencia política
Para la Regidora de Lima, Jessica Huamán, la planificación de estas mujeres ha sido fundamental. “La organización que ellas han tenido ha sido la fuerza para que puedan hacer mayor incidencia. Que hayan formado una red de ollas comunes en Lima Metropolitana ha hecho que tengan esa fortaleza para que sean escuchadas. Desde la mesa de seguridad alimentaria hemos recogido sus aportes desde antes que se formen como red, pero todo ha sumado: la organización social, trabajo en conjunto con asociaciones y la voluntad”, dice a La Antígona.
Las ollas comunes, a diferencia de los comedores populares o vaso de leche, no son reconocidas por el Estado y es por eso que no tienen ningún presupuesto asignado. Subsisten de la colaboración de vecinos y otras personas que ayudan de manera solidaria. Además, organizaciones como el Banco de Alimentos, Cáritas y la misma Municipalidad de Lima, colaboran con estas.
Carolina Trivelli, ex Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Fuente: Andina
Es justo en este trabajo de comunicación que las lideresas cumplen un papel fundamental ya que se convierten en personajes legítimos de incidencia política, indica Carolina Trivelli. Son ellas quienes hablan con las organizaciones y también con las autoridades locales para poder lograr lo necesario como el reconocimiento y la ayuda. Asimismo, son quienes generan una comunicación con los medios de comunicación para hacer un llamado a la población general y al gobierno central.
“Las señoras de las ollas comunes a través de la incidencia que han podido hacer es que han empezado a hacer contacto con autoridades locales. La incidencia que ellas han hecho se ha sumado con la voluntad política. Esa necesidad que veían ellas al inicio de la pandemia – de no encontrar respuesta a lo que ellas pedían o no encontrar a alguien que las pueda ayudar como puente para llegar a las autoridades -, hoy lo están encontrando en esta plataforma multi-actor”, explica Huamán quien trabaja de manera directa con las ollas.
Lideresas y cocineras: la dicotomía de los roles de género
Como explica Jessica Huamán, la figura de la mujer, no solo en el contexto de pandemia, siempre ha estado ligado a la seguridad alimentaria de la familia. Las mujeres han tenido ese rol protagónico dentro de este espacio y, en estos momentos, ha servido para generar cualquier iniciativa para garantizar la alimentación.
Pero es dentro de este rol de cuidado y alimentación donde muchas otras mujeres se ven encasilladas y pasan la mayor parte de su tiempo cuidando de sus familias sin tener así una oportunidad para desarrollarse profesionalmente y económicamente. Sin embargo, Carolina Trivelli explica que en la olla común sucede lo contrario: la olla común es un escenario de armonización de estas dos versiones para la mujer.
“Si bien comienzan a partir de reafirmar un rol de género ultra tradicional – la cocina, alimentos – se vuelve un movimiento de liderazgo femenino, de empoderamiento, de capacitación, de voz para mujeres incluso que están en la cocina. Creo que las ollas son la versión coyuntural de una tradición muy importante que ha puesto en valor el rol y potencial de las mujeres como actores sociales y comunitarios más allá de la sola cocina”, sostiene.
El reconocimiento
Proyecto Ley N° 5764. Fuente: Congreso de La República
Las ollas comunes esperan ahora que el Proyecto de Ley 5764 sea aprobado por insistencia en el Congreso de la República. De este modo se les daría de manera temporal un presupuesto asignado y así dejarían de depender de las colaboraciones. Esta responsabilidad recae sobre la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad cuyo Presidente es el parlamentario José Luis Ancalle Gutierrez.
El apoyo de la población es necesario, es por eso que si estás interesado en apoyar a alguna olla común registrada en la Municipalidad Metropolitana de Lima puedes ingresar al mapa georeferencial haciendo click aquí donde podrá ver el contacto y número de beneficiarios de cada olla común.
El aumento de la mortalidad materna en los hospitales públicos demuestra que sus derechos no han sido garantizados en pleno estado de emergencia.
El avance del coronavirus ha revelado que en el país es un privilegio que una madre y su bebé estén bien antes, durante y después del parto. El aumento de la mortalidad materna en los hospitales públicos demuestra que sus derechos no han sido garantizados en pleno estado de emergencia. La situación se complica cuando el factor clave y humano que transita por los pasillos -los y las obstetras- afronta también una crisis sanitaria.
Una mujer con 41 semanas de gestación fue llevada por su esposo al centro de salud Santa Julia en Piura, donde se realizaba todos los meses sus controles prenatales, en mayo pasado. Ella, además de estar embarazada, se había infectado de COVID-19. No la quisieron atender y la derivaron al Hospital Reátegui de EsSalud. Las horas avanzaban y ella tenía que hacer labor de parto, pero no había camillas ni doctores disponibles. Las vidas de esta madre y del bebé estaban en alto riesgo, incrementándose minuto a minuto.
Hospital Reátegui. Fuente: Cutivalú Radio, Piura
La mujer volvió al día siguiente, pero la situación seguía complicándose. Tuvo que esperar cinco horas más para ser trasladada al nosocomio Santa Rosa, también en la misma región, donde finalmente fue atendida tras la intervención de la Defensoría del Pueblo. En total, esperó más de dos días para su parto. Sin embargo, la muerte materna en los hospitales del Estado es un tema que no puede esperar. “Es un gran problema social, porque la mujer es el núcleo de la familia. Sin ella, se desintegraría”, señaló la decana del Colegio Nacional de Obstetras, Margarita Pérez.
La cifra de muerte materna se ha incrementado en los últimos meses durante la pandemia por el COVID-19, según la información reportada por el Despacho Viceministerial de Salud Pública. Hasta el 20 de junio pasado, La Antígona confirmó que se han registrado un total de 193 casos de madres gestantes muertas, 23 más que, hasta la misma fecha, se reportaron en el 2019. Nueve de las víctimas mortales tuvieron pruebas positivas de COVID-19.
Número de muertes maternas por semana epidemiológica. Se demuestra el aumento exponencial en 2020 en comparación a años anteriores. Fuente: Ministerio de Salud. Elaboración propia
Un informe presentado por la Defensoría del Pueblo en mayo alertó también que la normativa de salud impulsada por el Estado para manejar la pandemia a nivel nacional falló en no considerar a las madres gestantes y a los recién nacidos.
La normativa y los protocolos específicamente para gestantes durante la pandemia fueron publicados el 23 de abril, casi mes y medio después desde que se declaró el estado de emergencia por el avance del COVID-19. “Las medidas han sido muy tardías,” señaló Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer en la Defensoría del Pueblo.
Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer en Defensoría del Pueblo
Revollar indicó que dicha norma es “cuestionable”, debido a que establece que solo se le tome la prueba rápida a aquellas embarazadas que presentan síntomas de coronavirus. “Es un error porque todas deberían pasar por el triaje y la prueba para definir si van a un servicio COVID o un servicio normal. Aunque sean sintomáticas podrían contagiar a otras embarazadas, y al mismo personal asistencial”, remarcó a La Antígona.
«En esa misma línea se pronunció Margarita Pérez, decana del Colegio de Obstetras, quien afirmó que le preocupa haber atendido, hasta fines de junio, a 2300 gestantes positivas para COVID-19, así como no llevar una atención adecuada con las infectadas y las que no portan la enfermedad. “El haber interrumpido un control prenatal no permite haber identificado las complicaciones que pueden darse en un embarazo y/o parto, y derivarlas con tiempo para evitar una muerte materna”, advirtió.»
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió, en marzo de este año , cómo debe ser la experiencia de un parto seguro en medio de la pandemia. En sus lineamientos se estipula las mujeres deberán ser tratadas con respeto y dignidad; que se apliquen estrategias adecuadas para aliviar su dolor; que puedan elegir la postura del parto; que les permitan estar acompañadas; y que haya una comunicación clara del personal del servicio de maternidad. Si se sospecha o se ha podido confirmar que la embarazada está infectada de COVID-19, la OMS indica que el personal de salud debería tomar todas las precauciones.
Este último punto es vital al momento en que una mujer da a luz, debido a que si la paciente tiene infección de COVID-19, el riesgo de contagio de las personas que la atienden es alto. “Todo el personal está expuesto al contagio, y necesita tener equipo de protección personal. Es por ello que también empezó a incrementar el número de contagiados entre los obstetras”, subraya Pérez. Esto, por lo tanto, no garantiza que el personal de salud también pueda infectar a gestantes sanas.
A más obstetras seguras, menos mortalidad materna
“Mi mamá seguía atendiendo casos especiales [de gestantes, partos y puérperas], casos excepcionales que no podía decir ‘no los voy a atender’ porque los médicos hacen un juramento: bajo la circunstancia que sea, ellos van a velar por la vida del paciente”, relató Vanesa Vidal a La Antígona sobre la labor de su madre, la obstetra Rosa Quiroz. Ella fue la primera obstetra víctima del COVID-19 en el país. Rosa trabajaba en Centro Obstétrico Santa Rosa en Los Olivos. La pandemia no detuvo su labor. En una de las consultas que atendió de emergencia, una paciente gestante la contagió.
Vanessa recuerda que llevó a su mamá al Hospital Sergio Bernales, en Comas, pero no las quisieron recibir. “Los mismos doctores les decían a los pacientes que los iban a atender si es que ellos los veían moribundos. Les avisaban que no habían camas, que vayan buscando otros hospitales. Yo entiendo a los médicos, por una parte es su desesperación, pero también no deben perder ese lado humano”, enfatizó. Rosa Quiroz falleció el 27 de abril. Su caso marcó un punto importante en la lucha de los y las obstetras que dieron su vida por atender a las madres.
El caso de Rosa demuestra que las instalaciones de los hospitales se han convertido en un campo de batalla durante esta pandemia. Para una gestante, ir al nosocomio se vuelve recurrente, debido a los controles y exámenes requeridos antes de dar a luz. Si esto no se realiza, “las expone a situaciones de riesgo que pueden afectar sus derechos a la vida y a la salud, aumentando el riesgo de incrementar los índices de mortalidad materna”, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, ¿cómo acudir si los y las obstetras que las atenderán podrían tener COVID-19?
Obstetra con recién nacido. Foto: Essalud
Cifras de obstetras positivos y fallecidos por COVID-19 a nivel nacional. Elaboración propia
“A la fecha [fines de junio] tenemos 814 obstetras con diagnóstico de COVID-19 positivo y 10 fallecidos”, precisó Pérez. A esta baja de personal, se suma que aproximadamente el 40% de los obstetras del país están con licencia por ser mayores de 65 años. Además, la Decana indicó que no hay contratos para reponer esta cantidad de obstetras que ha disminuido.
Margarita Pérez, Decana del Colegio de Obstetras
Esta falta de personal se complica cuando la cantidad de gestantes con COVID-19 que reciben es alarmante. “De cada dos gestantes, una es ‘COVID positiva’ dentro del hospital”, explicó el director del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, Dr. Carlos Santillán para La Antígona. En este nosocomio del Ministerio de Salud (Minsa), uno de los principales centros maternos ubicado en Cercado de Lima, tuvieron que conseguir personal adicional para la atención. Hasta la fecha, precisó el médico, se han tratado unos 200 casos de madres diagnosticadas con el virus.
Con la experiencia que han adquirido en los últimos meses por esta alta cantidad de casos, los doctores del Hospital San Bartolomé buscan apoyar a sus colegas en otros centros de salud. “Nuestros ginecólogos capacitan a la gente de otros hospitales, porque los pacientes se contagian y los profesionales también. Debemos prevenir esto”, manifestó Santillán.
Asimismo, a pesar de seguir los protocolos dictados por el Minsa, el director del hospital reconoció la dificultad de conseguir equipos de protección para el equipo de obstetricia y para las áreas del establecimiento en general. “Mentiríamos todos los directores [de los hospitales] si es que no dijéramos que en algún momento hemos tenido dificultades para conseguir el material. Ha sido difícil porque los proveedores no tenían”, reveló.
Hospital Nacional Docente Madre- Niño San Bartolomé.Foto: El Comercio
Situación de obstetras peruanos durante la pandemia. Fuente: Colegio de Obstetras. Elaboración propia
Los materiales para atender a las gestantes son también clave para evitar las muertes maternas. En abril, el diario La Industria reportó el caso de una gestante que falleció en el Hospital Belén de Trujillo por falta de equipo y personal. “La entrega del respirador N° 95 y mandilón continúa siendo para 7 días, aún cuando atienden a todas las gestantes, partos y puérperas referidas de la región, sumándose a ello la carencia de personal técnico de enfermería en los diferentes turnos, a pesar de los requerimientos efectuados con antelación a la emergencia nacional, lo que agrava las condiciones de exposición al riesgo de las gestantes y obstetras”, se lee en un documento enviado por el Colegio Regional de Obstetras II de La Libertad a las autoridades regionales.
A través de la oficina de prensa, La Antígona buscó los descargos del Minsa para conocer la postura sobre las carencias que aqueja a los obstetras, madres de familia así como del aumento de muerte materna durante la cuarentena. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.
El 24 de abril, el Minsa y el Colegio Nacional de Obstetras firmaron un acta donde se reconoce la importancia del trabajo de los obstetras. El Ministro de Salud, Víctor Zamora se comprometió a ofrecer el equipo de protección personal necesario, incluir el pago del bono por trabajo, no haber contratos por terceros, que se les incluya en los comités de expertos y técnicos y a dar los equipos de monitoreo para gestantes positivas al COVID-19. “Esto no se ha cumplido. A la fecha [fines de junio] no hemos tenido comunicación con el ministerio. Todavía no hay una respuesta a lo que estábamos pidiendo”, remarcó Pérez.
Acta_pag2
Acta_pag1
Acta de reunión entre el Colegio de Obstetras del Perú y el Ministerio de Salud
El colapso del sistema de salud en el país ha hecho que las muertes por el COVID-19 sean inevitables, entre ellos los casos de las gestantes. Sin embargo, es un derecho exigir una atención de calidad para evitar que siga en aumento la mortalidad materna, que no son solo cifras: son vidas. En un país donde ser mujer es un riesgo, esta situación debe ser atendida como prioridad.
En el mundo digital, la violencia sexual parece estar normalizada. Foto: Parenthood
El aislamiento social obligatorio decretado por el COVID – 19 ha causado un incremento en las horas dedicadas a las redes sociales para tener información y comunicación con lo que ocurre fuera de casa. Pero también se ha convertido en un escenario ideal para que se desate la violencia sexual a través del internet. Las denuncias de personajes públicos y figuras de la televisión han reavivado la polémica respecto a qué se puede llamar acoso. En el mundo digital, la violencia sexual parece estar normalizada.
El 30 de marzo del 2009, se estrenó en horario estelar “Al fondo hay sitio”, una serie de televisión que narraba la historia de una familia ayacuchana y su nueva vida junto a sus adinerados vecinos. El rating estuvo a su favor: tuvieron un circo propio, giras nacionales y en el extranjero. El éxito duró ocho años.
Uno de los personajes más queridos fue el de Grace Gonzales, interpretado por la actriz Mayra Couto, con un carácter inocente y tierno. Su amor platónico era Nicolás De las Casas, que recayó en el actor Andrés Wiese, su vecino rico y galán con quien tendría una relación sentimental y hasta una hija. Así se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión peruana. Cuatro años han pasado desde que Couto dejó de grabar con Wiese. Hace una semana muchos los recordaron pero no por la serie, sino porque ella lo denunció por acoso mostrando unos mensajes través de su cuenta de Instagram.
La actriz expuso una conversación en la que recrimina al actor por hostigarla durante el tiempo que compartieron el set de grabación. Esta publicación sucedió tras otra denuncia contra el actor: una menor de edad mostró en el programa de espectáculos de la periodista Magaly Medina un chat de Instagram con imágenes con contenido sexual explícito que él le había enviado. La adolescente de 17 años, con videos y fotos de Wiese desnudo, aseguró haber sido acosada sexualmente.
Chat de Mayra Couto a Andrés Wiese por mensajería directa en Instagram
A partir de esta noticia, los análisis en redes sociales, fotos, videos, memes y miles de comentarios aparecieron en decenas de páginas en Facebook, que junto a Whatsapp es una de las páginas más visitadas por los peruanos, según un último estudio de We Are Social, una de las agencias creativas más grandes de América y especializada en plataformas digitales. Fue también Trending Topic Topic en Twitter. Hubo comentarios a favor y en contra de la menor de edad y de Mayra; otros usuarios publicaron pruebas e imágenes de la joven para intentar descalificarla y poner en duda su denuncia.
¿Los usuarios de las redes sociales, entre ellos jóvenes y adolescentes, están normalizando la violencia sexual hacia las mujeres en este espacio virtual? ¿La violencia sexual puede manifestarse en este lugar? Estos son, hoy en día, espacios para que los usuarios se sientan identificados con otros, se formen grupos o se compartan opiniones. Pero los casos como la menor de edad que denunció al actor y el de la actriz no han estado libres de ataques violentos, burlas o censuras en redes sociales. La inmediatez, la falta de información, la disponibilidad, y el anonimato que ofrecen medios como Facebook o Instagram, estarían incrementando este tipo de violencia.
Para la periodista y abogada especialista en derecho penal Josefina Miró Quesada, la violencia sexual y sus manifestaciones sí están reguladas en el Perú. En el 2018, se modificaron los artículos 183-B del Código Penal sobre Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales; 176 – C sobre chantaje sexual; 153 – B sobre explotación sexual y el más resaltante: el 154 – B sobre la difusión de materiales audiovisuales con contenido sexuales. “Hay una normativa que se modificó recientemente para tratar de reforzar la protección y evitar las agresiones de este tipo por el uso de las tecnologías”, precisó.
Fuente: IUS, acoso en redes sociales
Al ser consultada sobre el caso de Wiese, quien es investigado por la fiscalía por presunto acoso sexual a una menor, Miró Quesada consideró que sí configuraría ese delito y que es una “invasión no solicitada de un tercero” al espacio de intimidad sexual. Resaltó, además, la importancia de que haya un hostigamiento frecuente. “Debe ser una conducta que implique el acto de seguir, asediar o establecer contacto con una persona con la finalidad de realizar actos de connotación sexual sin su consentimiento”, agregó.
Sin embargo, el acoso sexual es solo la punta del iceberg del tipo de violencia hacia la mujer que existe, sobre todo, en el mundo virtual. Por ejemplo, Couto continúa siendo punto de ataque de grupos de usuarios que se autodenominan o tienen la misma línea del llamado “Beba Army” – nombre inspirado en un jugador del videojuego ‘Dota 2’- quienes actúan agrediendo, hostigando y burlándose de la posición de la actriz y de otros personajes televisivos como Magaly Medina y el ex conductor Rodrigo González, quienes comentaron y difundieron las denuncias.
Grupos de usuarios que se autodenominan o tienen la misma línea del llamado “Beba Army” quienes actúan en oposición a la actriz y a personajes televisivos que la apoyan
Grupos de usuarios que se autodenominan o tienen la misma línea del llamado “Beba Army” quienes actúan en oposición a la actriz y a personajes televisivos que la apoyan
Lo ocurrido con este tipo de colectivo virtual es también un delito de acoso, según Miró Quesada. “Esto es una réplica de lo que sucede en el mundo no virtual. En este espacio tienen cierta impunidad a esos actos justamente porque están cubiertos bajo el disfraz del anonimato”, aseguró. El no poseer una identidad refuerza las agresiones, las vuelve más violentas y más colectivas, señala la especialista en derecho penal.
Un ambiente a su favor
A inicios de junio, la ex candidata a Miss Perú Lucero Sánchez denunció, a través de noticieros locales, la filtración de un video íntimo que grabó con su pareja mientras tenían relaciones sexuales. Al día siguiente de su aparición, su nombre y la palabra “video” se posicionaba como una de las búsquedas más realizadas en Google en el país. En una entrevista la modelo dijo que sufría de ataques de ansiedad por los comentarios y los mensajes que desconocidos le enviaban a su celular. Páginas en Facebook le tomaron capturas al video íntimo en mención. Lo convirtieron en meme.
Una situación similar ocurrió con la cantante Mayra Goñi, quien tuvo una transmisión en vivo por Instagram en la que interactuaba con sus fans. Mientras ella hablaba con sus seguidores, en la que los invitaba a hablar desde sus casas, un usuario le mostró sus genitales. La reacción de Goñi fue de total sorpresa y molestia: su rostro reveló el shock por este tipo de acoso sexual. Desde aquella oportunidad, confesó que siente mucho temor de que dicha situación se vuelva a repetir y que estaba muy afectada por lo ocurrido. Este episodio también generó una ola de memes y muchos optaron por reproducir el video en sus redes sociales, burlándose de la artista. La fiscalía ha iniciado una investigación por este hecho por el presunto delito de acoso sexual a quienes resulten responsables.
“Saber que estás haciendo que se rían pero hiriendo a alguien, es tan moralmente despreciable como atacar de forma abierta. Está buscando que le digan ‘qué hábil eres’, y Facebook y los medios sociales en general se prestan mucho para esto”, sostuvo Eduardo Villanueva, investigador de la PUCP especializado en redes sociales.
Por su parte, el psicólogo social Víctor Ochoa señaló que esta violencia puede tener consecuencias en el mundo real. “Estas personas que tienen estas cuentas, pueden usarlas para ejercer una revictimización a una persona que está denunciando un hecho de acoso o violencia. Como sociedad es un mensaje preocupante”, remarcó.
Meses antes de esta denuncia, Mayra Couto también fue criticada en redes sociales por la manera en la que se expresaba. En su cuenta de Instagram, la actriz detalló los rasgos de su nuevo personaje en el corto llamado “La munda es nuestra”. La palabra “munda” generó críticas. Y este post no fue olvidado por algunos usuarios quienes tras la denuncia de acoso sexual a Andrés Wiese, utilizaron esta noticia para defender al actor.
Usuarios usando la palabra ‘Munda’ como justificación a burlas hacia Mayra Couto a raíz de la denuncia a Andrés Wiese
Usuarios usando la palabra ‘Munda’ como justificación a burlas hacia Mayra Couto a raíz de la denuncia a Andrés Wiese
Los memes, comentarios, videos, imágenes relacionados a la denuncia presentada ahora por Couto, para el psicólogo Ochoa. “siguen siendo un acto de acoso, porque ves que estas personas están tomando estas prácticas para sustentar el acoso cibernético que se está ejerciendo”.
La misma condición que tienen las plataformas como Facebook e Instagram, como están concebidas y diseñadas, no disminuye la probabilidad de encontrarse con contenido que no deseamos ver. “La responsabilidad de que estas cosas ocurran tiene que ver mucho con cómo se han gestionado los medios. Pueden bloquear, pero no lo hacen porque hay una intención comercial de hacerlo lo más atractivo posible”, agregó Villanueva sobre las filtraciones de material íntimo (o derivados) por redes sociales.
¿Leyes para las redes sociales?
Los movimientos propios de la danza clásica que realizaba el joven bailarín Brian Gómez en una transmisión en vivo en Instagram en la que enseñaba una clase de ballet para hombres, generaron que los usuarios lo ataquen la semana pasada. Comentarios satíricos, homofóbicos y hasta descalificativos sobre su sexualidad lograron que termine con la clase para evitar más caos: más violencia. De inmediato, el Ballet Municipal de Lima se pronunció y lamentó dichas agresiones.
Usuarios con diferentes apodos agreden a bailarín Brian Gómez . En la última captura, un ‘llamado a la acción’ para ‘atacar’ en grupos como ‘Beba Army’
Usuarios con diferentes apodos agreden a bailarín Brian Gómez . En la última captura, un ‘llamado a la acción’ para ‘atacar’ en grupos como ‘Beba Army’
Este caso retrata un nuevo delito de acoso homofóbico y una manifestación más de la violencia sexual en las redes. Los comentarios emitidos por usuarios no podrían ser tomados como una forma de libertad de opinión, aclara Josefina Miró Quesada. “Si es una opinión que lesiona al otro ya no es parte de mi derecho de legítima expresión y entra al ámbito de lo delictivo”, indicó. A este problema se le suma el factor del anonimato que te da las redes sociales. (AU)
Según un estudio hecho el 2018 por la Asociación Civil Hiperderecho, el tipo de contenido que recibe mayor cantidad de violencia vía internet son los temas que giran alrededor de cuestiones de género como la libre expresión de opiniones políticas y sociales (33%), la agenda movimientos sociales o activismo feminista (32%) y las fotos personales de mujeres y personas LGBTIQ+ (22%). Con esto “se busca castigar la expresión de ideales, intereses y contenido que defienden la igualdad de género”, remarcó dicha institución.
Además, el Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres, espacio digital propio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registró 1603 casos de acoso virtual en el 2019: el 73% de los delitos son manifestados a través de Facebook y el 46% mediante WhatsApp. Estos dos son los medios más usados en lo que va del 2020 en pleno estado de emergencia por el avance del COVID-19. Ante estas situaciones, Facebook ha tomado algunas medidas para prevenir este tipo de violencia. Una opción inmediata es reportar una cuenta o publicación cuyo contenido vulnere o victimice a cierto sector de la población. En el caso del acoso sexual, Facebok se encuentra implementando programas como el llamado “Nunca sin tu consentimiento”.
Sin embargo, ¿esto será suficiente? Para Villanueva no lo es. El especialista sostiene que estas empresas “no han tenido un papel fundamental” para frenar las situaciones como las que hemos mostrado en este reportaje, por lo que considera más efectivas si las denuncias pasan de un plano virtual a lo social. “En una sociedad como la peruana no sancionamos a esas personas. Los medios tienen mucho que ver, porque lo ponen como algo controversial, donde no califican a la persona abiertamente. Si no tenemos sanción social, las sanciones formales no van a ser tan efectivas”, resaltó. (AU)
Miró Quesada coincide con Villanueva y resalta que es vital denunciar tales abusos; y rescata que este acto debe darse por el medio de denuncia donde la víctima o víctimas crean que sea más efectivo. Como abogada reconoce que la justicia, en casos de género, tarda en llegar y que el archivo “puede quedarse a mitad del camino”.
La investigación a Andrés Wiese por enviar vídeos íntimos a una menor y por el presunto delito de acoso sexual está a cargo de la Cuarta Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima. Sin embargo, en redes sociales, el nombre de la joven y sus cuentas han sido expuestos. Couto prefirió crearse cuentas alternativas a las que tenía por la censura y ataques que recibía. Pidió a sus compañeros de Al fondo hay sitio no hablar más del tema.
Llega un 8M “más”. Sin embargo, no todos son iguales. La situación social, económica y política de nuestro país y Latinoamérica cambia. Hace sólo horas, mexicanas al grito de guerra hicieron justicia poética contra un gobierno que les daba la espalda en forma de muro. En Perú, aún seguimos buscando justicia. No sólo por las que viven en Lima, sino por todas y, sobre todo, por aquellas que fueron vulneradas en regiones durante esta pandemia, a las que los medios de comunicación convencionales no suelen dar voz.
Desde La Antígona hacemos un llamado, un rugido al periodismo y un mea culpa. El llamado va para nuestras instituciones gubernamentales, donde se agradece el reconocimiento brindado para las mujeres a través de la historia.
Sin embargo, el Bicentenario no podría ser llamado así sin nuestra participación, sin lo importante que es valorar la presencia de nuestras heroínas a través de la historia, sin olvidar lo importante que están siendo las mujeres que pertenecen a los comités barriales anti COVID-19, las miembras de las ollas comunes, las mujeres que tienen que salir a trabajar informalmente para poder comer en el día, en medio de un virus que no distingue condición socioeconómica ni religiones, para aquellas que son cabezas de familias numerosas, que se enfrentan a concesiones mineras o que se encuentran en la selva y la sierra defendiendo la naturaleza ante la minería, tráfico de drogas o tala ilegal.
A las mujeres transgénero, cuyos derechos se han visto vulnerados aún más en esta situación de emergencia, para que la cultura y respeto hacia las mujeres afrolatinas, indígenas y venezolanas no se vea mellado, para aquellas que ahora se encuentran luchando en los tribunales…a todas. Gracias por resistir. Que esta mención no sea para romantizar su sacrificio, sino para iniciar un llamado urgente a la acción de las autoridades y que sean capaces de comprender nuestras diferentes luchas.
Esta acción se une con el rugido hacia el periodismo: somos mediadoras, no el centro de la noticia o conversación. No utilicemos el feminismo para ‘llevar agua a nuestro molino’ y ser populares. Somos comunicadoras, no creadoras de escándalos. No utilicemos nuestras aptitudes para generar clickbaits ni informar con morbo. Somos capaces y reconocemos la capacidad de las colegas. No utilicemos el periodismo para quedar bien con gente feminista que sabemos que son influyentes, borrando el trabajo de colegas. Somos transmisoras de mensajes y podemos cuestionar el error de otras mujeres. No utilicemos el feminismo que pregonamos como el único modo de ser feministas ni imponerlo sobre las demás. Somos sociables. No nos cerremos en nuestro círculo de conocidos ni tampoco les cerremos las puertas a los nuevos colegas.
Sepamos reaccionar ante estos espacios. Que la hipocresía, el ego colosal ni el egoísmo nos gane, porque terminariamos siendo un hombre blanco, heterosexual y cisgénero, aspecto que en la lucha se quiere derrocar de los puestos de poder.
Asimismo, identifiquemos y apoyemos a las colegas que se encuentran afrontando situaciones complicadas desde la sala de redacción. Actualmente, las amenazas de un político hacia dos colegas lo evidencian. Detengámonos un momento para crear una caja de resonancia y que estas amenazas no sólo cesen para Graciela y Lucía, sino que permitan cuestionar los procedimientos de los medios ante situaciones que nos ponen en riesgo. No nos olvidemos tampoco de nuestras colegas transgénero, que pasan por el rechazo al buscar trabajo. Con ello, impiden la representación de toda una comunidad. Si a ellas las callan, tendrán el empoderamiento de seguir haciéndolo. No lo permitamos.
Aquí radica nuestro mea culpa. Como La Antígona, somos conscientes de que el tiempo resulta apremiante si sacamos adelante un medio digital cuando el horario de periodistas nos consume. Lamentablemente, no podemos estar presentes siempre. No obstante, entendemos y abogamos por aquello que nos parece justo, ponemos sobre la mesa situaciones que como mujeres nos afectan y no nos callamos si algo nos parece injusto dentro de la sociedad y de nuestro ambiente de trabajo. Prometemos sí, seguir brindándoles periodismo de calidad a su servicio, de continuar fortaleciéndonos profesionalmente y de brindar las mismas oportunidades a todos y todas que deseen colaborar con nosotras.
Que este 8M podamos reflexionar sobre lo bueno y lo malo de ser mujer, pero, sobre todo, de lo que podemos cambiar partiendo, inclusive, desde nuestros mismos hogares.
