187 casos de violencia sexual por parte de miembros de una institución educativa escolar fueron registrados durante el 2020. A pesar de ser cifras dolorosas y atroces en sí mismas, presentan un subregistro preocupante en un año en el que la pandemia ha dificultado la seguridad y el acceso a la justicia.
Foto: SISEVE
Tiene dieciocho años y cursa la primaria en un colegio de Apurímac. Ella y su madre tienen discapacidad intelectual. En días de aislamiento social, el director de su colegio las visita en su hogar. Parece querer apoyarlas. No es verdad. Al director no le importa lo difícil que es ser una mujer con discapacidad en este país.
Primer caso. Violación sexual. Dirección Regional de Educación Apurímac, UGEL Chincheros.
⬟
Tiene dieciséis años, es gay y cursa la secundaria en un Centro Rural de Formación de Alternancia en San Martín. No tiene energía eléctrica en casa, así que acude a su institución educativa para cargar su celular; para conectarse al mundo. Se encuentra con el guardián, que se acerca a él. Y se acerca de nuevo. Y se acerca de nuevo. Al guardián no le importa lo difícil que es ser un adolescente gay en este país.
Segundo caso. Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos. Dirección Regional de Educación San Martín, UGEL Lamas.
⬟⬟
Son dos de ciento ochenta y siete casos registrados en el SíseVe, el Sistema Especializado en reporte de casos de Violencia Escolar a cargo del Ministerio de Educación. Ciento ochenta y siete casos de violencia sexual por parte de un miembro de una I.E. registrados durante el año de la pandemia. Aproximadamente el 82% de las víctimas de violencia sexual por parte de miembros de una I.E. serían niñas o adolescentes, según el informe 2013 – 2018 del SíseVe, el último macro-informe de acceso público a la fecha.https://www-laantigona-com.filesusr.com/html/22c1d3_3c886dfc85479984f86216ab4efaf578.html
Desde el 2013, el SíseVe registra casos de violencia escolar cometidos tanto entre escolares como por un miembro de una I.E., y los tres grandes tipos de violencia que registra son violencia psicológica, física y sexual. El total de casos en todas las categorías asciende a 769 durante el 2020; en este reportaje nos concentraremos en los mencionados 187 casos de violencia sexual por parte de un miembro de una I.E.
Los motivos de agresión que presenta el portal son desoladores; son repudiables. Nadie merece ser violentado por ser más callada que los demás, por ser un poco más tímida. Ni por ser un poco más pequeño, o un poco más alto que sus compañeros. Ni por usar lentes o tener acné; ni por ser la primera de la clase o por tener notas bajas. Tampoco por su lugar de origen o las costumbres de su familia y mucho menos por su identidad sexual o por tener alguna discapacidad. Ninguna razón es válida, y sin embargo ocurre a causa de aquellos que deberían de proteger la educación y guiar el crecimiento de los más jóvenes.
Menos aún un escolar debería de ser agredido por haber sido, previamente, víctima de violencia sexual u otro tipo de violencia; sin embargo, esto ocurrió por lo menos 4 veces en el 2020, según el registro del SíseVe.
Liz Meléndez, directora del CMFT. Foto: Prensa
Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, explica que este tipo de violencia en las escuelas es una dura vulneración de la agencia de niñas, niños y adolescentes: “¿A qué le decimos agencia? A la posibilidad para desarrollar tus capacidades, tus libertades, y para ejercer tus derechos. Es la posibilidad de desarrollar la vida que tú quieres”. Meléndez señala contundentemente que “la violencia sexual es un crimen terrible y tiene un impacto gravísimo. Va a afectar tu afectividad, tu autoestima, tu resiliencia. La niñez es una etapa en la que el manejo de los problemas y emociones no es el mismo que el que podría tener una persona adulta; no hay el mismo raciocinio de las situaciones. [La violencia] tiene una pegada muy grande en tu desarrollo psicoemocional y por eso es gravísima: puede definir completamente tu vida futura y la de tu entorno”.
Fuente: Siseve
¿Cuántos casos nos faltan?
Aún cuando 187 casos es una cifra horrible, presenta un subregistro preocupante. Durante el año 2019, el número de registros de violencia sexual por parte de miembros de una insitución educativa fue 1666. De 1666 a 187. Regiones como Moquegua o Madre de Dios no registran ningún caso durante el 2020. Sería esperanzador pensar que el número de casos ha disminuido radicalmente porque el Perú es un país menos machista, menos indolente de un año para el otro, pero lamentablemente no es el caso.
El miedo a denunciar que sienten las víctimas, esa sensación de vergüenza que las atraviesa —más aún siendo menores de edad—, converge con dificultades en el acceso a la justicia en nuestro país. Para comprender este subregistro, La Antígona se contactó con Freddy Sánchez, especialista legal de la Dirección de Gestión Escolar del Minedu, área a cargo del SíseVe. Él comienza explicando que “en nuestro país hay todavía una cultura del silencio. No todas las personas comunican a las autoridades los hechos de violencia sexual. Todavía hay espacios donde se oculta, donde se quiere negociar con los familiares de la víctima. Lo que facilita el SíseVe es una información de aquellos que se atreven a comunicar a una autoridad educativa estos presuntos incidentes de violencia sexual”. Sánchez reconoce que hay “muchos casos más que no llegan al SíseVe, ni siquiera llegan a la comisaría o Fiscalía”. Apunta también que hay casos que pueden llegar a la comisaría o Fiscalía, pero no necesariamente al registro del SíseVe.
Foto: Prensa
Meléndez anota que no necesariamente los casos son registrados, o las denuncias son hechas, la primera vez que ocurre algún tipo de agresión contra la víctima. Esta continuidad de la violencia, como la consigna el especialista, está estrechamente relacionada con la dificultad que sienten las niñas, niños y adolescentes para reportar una agresión. En relación a este punto, Meléndez recomienda revisar los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales, ENARES 2019. En ella se señala que solo el 48,9% de niñas y niños entre los 9 y 11 años que fueron víctimas de violencia buscaron ayuda —de los cuales el 97,4% la recibió—. En el caso de adolescentes de 12 a 17 años, esta cifra desciende a 44,4% —de los cuales el 97,0% recibió la ayuda que buscaban—.
Mientras que no se consiga generar una alerta, la niña, niño o adolescente podría ser nuevamente víctima de una agresión. Es posible observar esto en la base de datos accesible del SíseVe: en 84 de los 187 casos de violencia sexual por parte de miembros de una I.E. la agresión se dio más de una vez. En 26 de estos casos la agresión sexual se habría perpetrado seis o más veces, entre los que destacan seis casos consignados por violación sexual.
Otro documento que puede ayudar a explicar este subregistro es la Encuesta Nacional de Convivencia Escolar y Violencia en la Escuela realizada en el 2019. En ella, el 2% de los escolares de nivel secundaria consultados reconocían haber sufrido violencia sexual alguna vez por parte de sus profesores, y el 1% reconocía haberla sufrido en el último mes. En el nivel primaria no se consignan datos similares pues no se consultó sobre violencia sexual.
Como si estos ya no fueran problemas suficientes en sí mismos, la pandemia se posicionó como el factor fundamental para explicar el subregistro del 2020, naturalmente. “La situación excepcional definitivamente ha generado una serie de preocupaciones en los sistemas locales de protección. Hay temor o dificultades para comunicar estos hechos a las autoridades educativas por este distanciamiento”, explica Sánchez. Para combatir las limitaciones ante la falta de contacto físico, el SíseVe ha tenido que atravesar cambios. Sánchez precisa que “antes del 2020 existían algunos protocolos para atención presencial. Lo que hemos hecho es adecuar los protocolos de atención a distancia”.
Esto puede revisarse en los Protocolos aplicables a la modalidad a distancia —específicamente el Protocolo 05, para casos de violencia sexual por miembros de una I.E.—, dispuestos en julio del 2020 en la Resolución Ministerial N° 274-2020-MINEDU, página 32. “A través de una llamada telefónica, una madre de familia puede comunicar al director del colegio sobre un presunto hecho de acoso que de repente está ejerciendo un docente. Inmediatamente se recepciona esta información con una declaración jurada y el director canaliza esta información a una comisaría o Fiscalía”, apunta Sánchez.
Protocolo pg.32Protocolo pg. 33Protocolo para la atención de la violencia escolar, págs. 32 y 33
Un camino complejo
Si un estudiante o familia desea reportar una agresión ante el SíseVe a distancia, puede hacerlo directamente por su portal web, siseve.pe; su línea telefónica, al 0800-76888; su chat de WhatsApp, al 991410000; o su app para celulares, solo disponible en Google Play. Una segunda opción es comunicar la situación a las autoridades de su I.E. Serán ellas las responsables de hacer el registro del caso en el SíseVe y comunicarlo con las instancias necesarias.
Una vez iniciado el proceso, el SíseVe tiene un protocolo de acción marcado en lo que refiere al reporte y seguimiento de casos de violencia escolar, y cuenta con precisiones específicas para casos de violencia sexual. El proceso comprende cuatro fases: Acción, Derivación, Seguimiento y Cierre.
Siguiendo lo señalado en los protocolos, Freddy Sánchez confirma que los 187 casos registrados durante el 2020 deberían tener una denuncia penal análoga: “Todos los casos que son reportados en el SíseVe y que estén relacionados a hechos delictivos —en este caso, presuntos delitos contra la libertad sexual— son inmediatamente denunciados ante la comisaría o Fiscalía”, apunta.
A partir de ello, se procede con las acciones correspondientes. “Se cierra el caso cuando se ha garantizado la protección del estudiante, su continuidad educativa y se encuentra recibiendo soporte socioemocional especializado”, se precisa en el Protocolo 05 aplicable a la modalidad a distancia, página 33.
En este punto ocurre una particularidad que Freddy Sánchez explica con énfasis: “El SíseVe es un sistema de alerta, es como un aviso de que algo está ocurriendo en agravio de un estudiante. No es un servicio de investigación; quien investiga no es el director del colegio, sino la autoridad competente. Si se trata de un docente, hablamos de dos tipos de responsabilidad. Una penal, porque es un tema que investigará la Fiscalía, e independientemente la UGEL iniciará una investigación de carácter administrativo”.
Sánchez precisa, entonces, que “un caso se va a cerrar cuando ya se hayan ejecutado todos los pasos de carácter administrativo señalados en los protocolos. El hecho de que esté cerrado un caso administrativo no significa que esté cerrado en otra instancia, porque es otra ruta; si el caso va al Poder Judicial, es otra ruta. No hay que confundir el cierre del caso a nivel del SíseVe en la escuela con un proceso que va a otro servicio de derivación”.
Desde el SíseVe no se cuenta con información directa sobre cuántos casos registrados culminaron en una condena por delitos contra la libertad sexual, aclara el especialista. Añade que se está trabajando para que, desde el ámbito administrativo en el propio MINEDU, pueda existir una ruta más integrada en el seguimiento de casos; mejores canales de supervisión sobre los procesos. Para esto se apoyan en el Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes, SIMEX, ‘herramienta para el registro, seguimiento y/o monitoreo de las denuncias, así como de los procedimientos administrativos disciplinarios que siguen’.
Fachada del Ministerio de Educación. Foto: Archivo MINEDU
Según la normativa, un profesor investigado por violencia sexual debería ser separado cuanto antes de su cargo durante el tiempo que tome la investigación. Si recibe una sanción administrativa o una condena penal por delitos contra la libertad sexual, estará permanentemente inhabilitado de reingresar a la docencia pública. Adicionalmente, el SIMEX y el Sistema de Registro de Datos de Personal Docente y Administrativo de II.EE. Privadas sirven como soporte para constatar que educadores agresores tampoco continúen enseñando en el campo privado.
Pero esto es hablar de un proceso ideal. Lamentablemente, que una víctima tenga la fuerza para alertar, que se consigne un reporte, no significa que el proceso que le espera sea célere o, por lo menos, correcto. En el proceso de la justicia en casos de violencia sexual escolar, surge una nueva complejidad que se hace explícita, como ejemplos, en estos dos reportes de la Contraloría General de la República: el primero refiere a 177 denuncias que no fueron atendidas oportunamente en la región Amazonas entre el 2015 y 2018, y el segundo refiere a 55 denuncias que no fueron atendidas oportunamente en Loreto entre el 2016 y 2018.
En ambos reportes, las autoridades no tomaron medidas de protección frente a las denuncias recibidas, ni las derivaron según lo establecido. También se advirtió que no se registraron estas denuncias en el SIMEX, limitando la acción penal correspondiente. Hay una responsabilidad administrativa y penal para los miembros de cada UGEL que estén implicados. Sus acciones provocaron que docentes agresores continúen ejerciendo su labor, ya que no se había alcanzado ninguna investigación mayor y, por tanto, no se había dispuesto la necesaria separación preventiva de la I.E.
Si bien estos son solo apuntes, se consideró como un punto necesario de consignar para dar cuenta del largo trecho que nos falta recorrer hacia un digno acceso a la justicia; especialmente justicia para niñas, niños y adolescentes.
Treinta casos de violación sexual
¿Cómo podemos entender que existan treinta registros por violación sexual durante un año de aislamiento social y clases virtuales? A mediados del 2020 se hayan retomado clases presenciales en ciertas zonas rurales en las que la pandemia ha producido un menor impacto; una primera impresión asociaría estos casos con la reapertura de las escuelas. Para Freddy Sánchez la respuesta va más allá de eso. Presenta, por ejemplo, “un caso concreto: durante este periodo de educación a distancia, una estudiante va donde el profesor para que le revise las tareas, porque él vive en la misma comunidad. Entonces, lamentablemente, allí se ha produce la agresión sexual”.
Para comprender mejor el panorama de la presencialidad y no presencialidad, Sánchez explica un caso ocurrido en San Martín, Lamas; es el segundo caso consignado en el inicio de este reportaje. El escolar acudía a su institución educativa, un Centro Rural de Formación de Alternancia, para cargar su teléfono; no acudía necesariamente a clases presenciales. Es allí que fue hostigado por el personal de seguridad en la propia I.E. Este tipo de acompañamiento pedagógico y soporte en el espacio comunitario son claves en el progreso de la educación a distancia en zonas rurales, pero también representan potenciales situaciones de inseguridad.
Es necesario consignar, como apunte, que la problemática de la violación sexual durante la emergencia sanitaria ha trascendido al ámbito de la justicia y revela también dificultades y deficiencias en el campo de la salud. Rossy Salazar, comisionada de la Adjuntía de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del pueblo, aborda este tema en la ponencia Estándares en derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en el marco de la COVID-19.
Foto: Defensoría del Pueblo
Salazar resalta las limitaciones en la promoción y atención a la recuperación de salud, por ejemplo, a partir de la distribución de kits para la atención de casos de violencia sexual. “En estos casos”, señala Salazar, “hay ciertos derechos que el sector Salud debía de brindar [como la entrega de los kits] que no necesariamente se estaban activando”. Según Salazar, algunos factores para entender la entrega tardía o la falta de entrega de estos kits pueden ser el desabastecimiento del centro de salud, el desconocimiento o falta de capacitación del personal o el hecho de que la víctima no haya llegado a ser atendida. En este año de emergencia por la pandemia, la problemática de la violencia sexual —y de la violencia sexual escolar que aquí abordamos— no puede contemplarse como un problema aislado; hoy más que nunca se agudiza fuertemente por el limitado acceso a la atención en salud.
La violencia en las pantallas
Si bien el conteo total de casos del 2020 ha disminuido frente al 2019, es importante notar cómo ha aumentado el porcentaje de registros de “Violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos”. Este es el subtipo de violencia bajo el que el SíseVe maneja todo tipo de violencia por parte de miembros de una I.E. que ocurra en línea.
La tendencia en el registro de casos de este subtipo de violencia durante los años anteriores, así como el registro en general, se mantenía en crecimiento. Era esperable que durante el 2020 el número de estos casos aumentara; algo que no ocurrió. En un año de Zooms, Meets y coordinaciones de clase por WhatsApp, el número de casos bajo este subtipo ha disminuido de 85 a 55 entre 2019 y 2020. Sin embargo, ante el subregistro, ahora representa más de la cuarta parte del total de casos; 55 de 187.
La Antígona se contactó con Hiperderecho, asociación civil peruana dedicada a investigar y promover el respeto de los derechos y libertades en entornos digitales, para entender mejor el panorama de la violencia sexual en línea. Para Lucía León, Coordinadora Legal de Hiperderecho, es extraño que se presente un subregistro en relación a este subtipo de violencia en particular. Sostiene esto no solo a partir de que los escolares se hayan encontrado más tiempo conectados durante un año de distanciamiento, “más expuestos a los medios virtuales”, sino también porque cada vez hay más difusión y conciencia sobre la violencia de género en línea.
Foto: Hiperderecho
Es un tema delicado. En un país como Perú, con una preocupante tolerancia por la violencia y la violencia de género —según la ENARES, página 25—, comprender que una interacción no deseada a través de las pantallas también es un delito supone una problemática sobre la que recién se comienza a conversar. Denisse Albornoz, Directora de Investigación en Hiperderecho, destaca que “el primer paso es hablar de esta violencia como una violencia real”. No se trata de pensar que Así es el internet, que esas cosas pasan en línea. “Si vives en una sociedad que justifica lo que te puede ocurrir, y que además castiga tu libertad o tus derechos, vas a tener miedo a que no te crean. Vas a tener miedo a sufrir represalias; por tu agresor, por tus pares o tu familia”, sostiene la investigadora.
Es doloroso que un espacio como el virtual, que es una extensión de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sea también un espacio de mucha impunidad. Liz Meléndez, Directora del CMP Flora Tristán, menciona que “así como en un momento estuvo —y aún está— relativizado el acoso sexual callejero, donde nos decían Exageradas, no aguantan nada, ahora ocurre lo mismo con la violencia sexual en línea. Si lo virtual se convierte en el principal medio de socialización, es también el principal medio en el que el abuso y las relaciones de poder también existen. El escenario se traslada: pasamos del face-to-face al Zoom”.
Resulta necesario notar aquí que la comunicación y representación de la violencia ocurrida es tan importante como la prevención y la atención debida que se promueve. En el SíseVe, como se ha mencionado, se utiliza la categoría Violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos para consignar los registros de violencia ejercida por parte de un adulto miembro de una institución educativa. Para referirse a la violencia sexual en línea entre escolares, el SíseVe propone el subtipo Acoso sexual a través de medios tecnológicos. Son categorías, a simple vista, similares; el problema es que al ser categorías tan amplias presentan una potencial confusión para quienes accedan al portal en busca de información, sostiene León. Si bien el SíseVe cuenta con observaciones y detalles de manejo interno, que permiten comprender lo ocurrido según cada caso registrado, estos subtipos consignados públicamente en la base de datos son limitantes. León no considera que “una víctima, una niña o adolescente, reciba mucha claridad acerca de cuál es el tipo de violencia que está experimentando, qué opciones tiene o cómo puede acercarse a sus padres a comentarles sobre lo que le ha ocurrido”.
Albornoz también resalta la necesidad de claridad al categorizar la violencia en portales como el SíseVe: “Si no lo ves, no lo puedes abordar; no lo puedes denunciar”. Sostiene que este tema “sí genera mucha inseguridad, sí retrasa la denuncia, porque tú no estás 100% segura de que lo que has vivido es considerado como violencia por las instituciones que te deberían de proteger. Si has vivido acoso sexual y chantaje sexual, que son conductas muy distintas, no tienes esa certeza de que te van a escuchar en base a lo que te ha pasado”.
Un punto en el que coinciden Albornoz, León y Edgar Huaranga, Director de Tecnologías de Hiperderecho, refiere a la importancia de que miembros de la Fiscalía y el Poder Judicial se especialicen cada vez más en cómo abordar casos de violencia sexual en línea. Huaranga explica que en los protocolos disponibles para estos casos “se habla de tecnología de tiempos en los que la nube no estaba tan empoderada”. Apunta, además, que “no hay un procedimiento estándar para la revisión de dispositivos” y cuentas cuando se intenta consignar pruebas en un caso de violencia. Revisar una conversación de chat de forma reiterada y en diferentes instancias de un proceso, por ejemplo, pueden generar revictimización e inseguridad; más aún si es que la víctima o, peor aún, el agresor han eliminado los mensajes. Paralelo a estas dificultades, la fugacidad de Zoom o los mensajes automáticamente eliminados de Instagram o Snapchat añaden constantemente nuevas variables a la problemática. “El mundo que existía en el momento en el que se redactaron estos informes [y protocolos] ya cambió, y probablemente cambie el siguiente año. Es complicado hacer un proceso sobre todo esto sin que la tecnología esté un paso adelante”.
Tres casos faltantes (y una explicación sobre la eliminación de registros)
Durante el periodo de trabajo de este reportaje, La Antígona observó algunas discordancias en las bases de datos de registro de casos. El primer archivo de registros consultado, descargado el 02 de febrero de la sección de Estadísticas de la web del SíseVe, reportaba 192 casos de violencia sexual por miembros de una I.E. durante el 2020. Cuando se descargó la base de datos nuevamente el 24 de febrero, esta misma cifra descendió a 189 —el número disponible cuando se comenzó a redactar este reportaje—.
Los procesos de eliminación de registros no son inusuales en el SíseVe. Esos 189 casos descendieron a 187 mientras se terminaba de escribir este reportaje; la cifra con la que se trabajó hasta el momento de publicación. Cuando es consultado sobre la situación, Freddy Sánchez explica que esto ocurre de acuerdo a los lineamientos de la R.V.M. 289-2020-MINEDU, bajo requisitos especiales. De todas formas, por transparencia y para una mejor comprensión del proceso de trabajo del SíseVe, consideramos necesario consignar a continuación las razones de la eliminación de los primeros tres casos que advertimos.
Sánchez comenta que una razón usual para eliminar reportes es cuando un caso de violencia sexual no corresponde al campo educativo. Esto ocurrió, por ejemplo, en dos de estos tres casos eliminados:
Reporte UGEL Moyobamba, Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos: El reporte es de violencia intrafamiliar, y no escolar. El presunto agresor es la ex pareja de la promotora de la I.E. privada. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Familia de Moyobamba.
Reporte UGEL 05 SJL, Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos: El reporte es de violencia intrafamiliar, y no escolar. El presunto agresor es el padrastro de la menor estudiante. El caso fue denunciado por la directora de la I.E. a la Comisaría e informado al CEM.
Estas situaciones no dejan de ser deleznables pero, como escapan al campo educativo en sí mismo, los registros son eliminados del SíseVe. De todas formas, añade Sánchez, se procura un seguimiento a este tipo de casos.
El tercer registro eliminado ocurrió en una I.E. de la UGEL Luya, DRE Amazonas, pero en el momento de registrarlo fue consignado como parte de la UGEL Utcubamba. Sánchez indica que se advirtió la información errada y se generó un nuevo reporte el 04/01/2021.
El 2021 que ya comienza
En este reportaje se trabajó a partir de los 189 registros que el SíseVe presenta del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, con el objetivo de mantener un orden en los datos. Sin embargo, durante estos meses de vacaciones ha ocurrido un ligero aumento en el registro; remanentes del primer año de educación a distancia. A la fecha de publicación son 13 registros nuevos entre enero y febrero del 2021, entre los que se encuentra el mencionado caso de violación sexual en Luya.
Foto: Minedu
Es probable que el subregistro observado en el 2020 siga siendo una problemática durante el 2021. Es necesaria, fundamentalmente, la acción eficaz, accesible y segura de las autoridades ante estos casos, así como la concientización al personal de una I.E. en torno a la violencia sexual y seguridad en las aulas. En esta línea, los miembros de Hiperderecho comentaron un detalle, una singularidad que habían notado: entre las múltiples dudas y consultas que recibieron como asociación durante el 2020, más de una correspondía a educadores. Les interesaba —y preocupaba— cómo garantizar espacios seguros en la educación a distancia, así como guías y protocolos de atención ante violencia por medios tecnológicos. Posibilidades de educación y conciencia como estas deben de multiplicarse.
De la misma forma, es necesaria la promoción y permanente mejora de portales de información y alerta como el SíseVe —para evitar que más casos de violencia escolar pasen desapercibidos— así como el fomento de la educación sexual y el enfoque de género en la educación. Estos son pilares para convertir al aula y escuela en espacios de confianza; para brindar a las niñas, niños y adolescentes herramientas para prevenir la violencia y ejercer su agencia: la plena libertad de sus derechos y sexualidades. Pero, sobre todo, una educación sexual integral nos permitirá entender de una vez por todas que no se puede permitir ningún tipo de violencia contra otra persona; menos aún si esta proviene de un educador. Derrotar este machismo que persiste en nuestras escuelas, incluso en la distancia, es un objetivo que requiere compromiso. Paso a paso, clase a clase, a ese fantasma le diremos adiós.
Si tienes algo por reportar, por favor comunica tu caso a la Línea telefónica abierta 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, o a través de www.mimp.gob.pe/chat100. También puedes registrar tu caso en el SíseVe. Puedes hacerlo a través de su portal web, siseve.pe; su línea telefónica, al 0800-76888; su chat de WhatsApp, al 991410000; o su app para celulares, solo disponible en Google Play
Por favor, consulta y conserva estos recursos adicionales en torno a los temas abordados en el reportaje:
3. La ENARES 2019, Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales [que contiene información importante sobre violencia hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres]
Más de 1600 ollas comunes buscan ahora el reconocimiento del Estado.
Si quieres escuchar esta historia en la voz de la autora, haz click aquí.
Las ollas comunes registradas en Lima Metropolitana brindan más de 169 mil raciones diarias de alimento a quienes lo necesitan. Actualmente las ollas están subsistiendo y es gracias a sus lideresas. Más de 1600 ollas comunes buscan ahora el reconocimiento del Estado.
La crisis sanitaria trajo consigo una grave crisis económica en la población peruana y también una crisis alimentaria. Durante la primera cuarentena impuesta por el gobierno el año pasado, 958 mil peruanos no pudieron comprar una canasta mínima de alimentos según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).
Sin embargo, un acto de solidaridad surgió en medio de la crisis: las ollas comunes. Dispuestas a luchar por su gente, diversos vecinos – la mayoría mujeres – se organizaron para trabajar a diario en ollas comunes, brindando, sin costo alguno, una porción de alimento a quien lo necesitara.
Fortunata Palomino presidenta de la Red de Ollas Comunes FOTO: Anthony Niño de Guzmán.
Actualmente, las ollas comunes brindan 169 mil raciones diarias aproximadamente, según la Municipalidad de Lima Metropolitana. Sin embargo, “las ollas comunes se encuentran resistiendo por sus propios recursos porque no hay un presupuesto asignado para esto. El presupuesto que había pasado de Qalli Warma de 22 millones por 90 días ya terminó, entonces ya no tienen ingresos. Están sobreviviendo de las personas que donan”, explica Fortunata Palomino, Presidenta de la Red de Ollas Comunes a La Antígona.
Son 1644 ollas comunes registradas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, según indica Jessica Huamán, Regidora Metropolitana y Presidenta de la Comisión de Salud Pública y Desarrollo Social. Sin embargo, asegura que con el paso de los días se van creando más ollas que todavía no están registradas. La misma municipalidad tiene un mapa georeferencial donde se puede ver la ubicación de estas.
Pero con el resurgir de las ollas comunes para salvaguardar la alimentación de la población también se ha evidenciado el empoderamiento de las mujeres en estas organizaciones. Carolina Trivelli, ex Ministra de Desarrollo e Inclusión Social y especialista en temas de pobreza y políticas públicas comenta el contexto donde estas mujeres lideresas se desarrollan.
“Las ollas comunes son una versión espontánea temporal del modelo más tradicional del comedor popular o del vaso de leche que tiene un arraigo importante en la historia social peruana, pero sobre todo en la historia de la participación femenina como estos espacios no solamente de ayuda social-comunitaria frente a situaciones adversas, sino cómo estos espacios muy feminizados, originalmente asociados a los temas de comida y alimentación, pero también que ha servido como plataforma de acción social y política, formación de lideresas”, comenta.
Una organización con voz
La organización de las ollas comunes, explica Fortunata, consta de una presidenta y 6 integrantes. De las ollas actualmente activas, el 80% de estas lideresas son mujeres, indica. “Nosotros hemos formado una red y también trabajamos para integrarnos a la mesa de trabajo de seguridad alimentaria de Lima Metropolitana. Gracias a ellas hemos logrado rearticularnos con las ONG y también con la Presidenta del Congreso. Desde ahí buscamos la incidencia para el presupuesto de las ollas comunes. Así logramos el presupuesto de 22 millones de soles de Qalli Warma”, sostiene Fortunata Palomino.
«Junto a la Red de Ollas Comunes de Lima y la Mesa de Seguridad Alimentaria, nos reunimos con la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas, para articular iniciativas que garanticen apoyo a las ollas comunes en esta crisis económica y alimentaria que vivimos»
Y es que son, esta organización y su necesidad de ser reconocidas por las autoridades, los impulsos que hacen que las mujeres en las ollas comunes alcen la voz y busquen ser escuchadas. Son ellas quienes durante esta pandemia han logrado que se les asigne un presupuesto y siguen luchando para que el Proyecto de Ley 5764 sea aprobado por insistencia en el Congreso, aún cuando fue observado por el Ejecutivo y devuelto al Parlamento para su revisión. Es necesario su promulgación para que las ollas comunes sean reconocidas temporalmente por el Estado y tengan un presupuesto definitivo.
Fortunata, explica la importancia de lograr esto: “Es importante que se apruebe esa ley para que las ollas comunes sean reconocidas por los gobiernos locales. Estamos esperando un presupuesto asignado porque ahorita no hay. La ministra nos ha dicho que va a seguir apoyando con el presupuesto de Qalli Warma, pero no sabemos cuánto ni cómo”.
Han logrado tener incidencia política
Para la Regidora de Lima, Jessica Huamán, la planificación de estas mujeres ha sido fundamental. “La organización que ellas han tenido ha sido la fuerza para que puedan hacer mayor incidencia. Que hayan formado una red de ollas comunes en Lima Metropolitana ha hecho que tengan esa fortaleza para que sean escuchadas. Desde la mesa de seguridad alimentaria hemos recogido sus aportes desde antes que se formen como red, pero todo ha sumado: la organización social, trabajo en conjunto con asociaciones y la voluntad”, dice a La Antígona.
Las ollas comunes, a diferencia de los comedores populares o vaso de leche, no son reconocidas por el Estado y es por eso que no tienen ningún presupuesto asignado. Subsisten de la colaboración de vecinos y otras personas que ayudan de manera solidaria. Además, organizaciones como el Banco de Alimentos, Cáritas y la misma Municipalidad de Lima, colaboran con estas.
Carolina Trivelli, ex Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Fuente: Andina
Es justo en este trabajo de comunicación que las lideresas cumplen un papel fundamental ya que se convierten en personajes legítimos de incidencia política, indica Carolina Trivelli. Son ellas quienes hablan con las organizaciones y también con las autoridades locales para poder lograr lo necesario como el reconocimiento y la ayuda. Asimismo, son quienes generan una comunicación con los medios de comunicación para hacer un llamado a la población general y al gobierno central.
“Las señoras de las ollas comunes a través de la incidencia que han podido hacer es que han empezado a hacer contacto con autoridades locales. La incidencia que ellas han hecho se ha sumado con la voluntad política. Esa necesidad que veían ellas al inicio de la pandemia – de no encontrar respuesta a lo que ellas pedían o no encontrar a alguien que las pueda ayudar como puente para llegar a las autoridades -, hoy lo están encontrando en esta plataforma multi-actor”, explica Huamán quien trabaja de manera directa con las ollas.
Lideresas y cocineras: la dicotomía de los roles de género
Como explica Jessica Huamán, la figura de la mujer, no solo en el contexto de pandemia, siempre ha estado ligado a la seguridad alimentaria de la familia. Las mujeres han tenido ese rol protagónico dentro de este espacio y, en estos momentos, ha servido para generar cualquier iniciativa para garantizar la alimentación.
Pero es dentro de este rol de cuidado y alimentación donde muchas otras mujeres se ven encasilladas y pasan la mayor parte de su tiempo cuidando de sus familias sin tener así una oportunidad para desarrollarse profesionalmente y económicamente. Sin embargo, Carolina Trivelli explica que en la olla común sucede lo contrario: la olla común es un escenario de armonización de estas dos versiones para la mujer.
“Si bien comienzan a partir de reafirmar un rol de género ultra tradicional – la cocina, alimentos – se vuelve un movimiento de liderazgo femenino, de empoderamiento, de capacitación, de voz para mujeres incluso que están en la cocina. Creo que las ollas son la versión coyuntural de una tradición muy importante que ha puesto en valor el rol y potencial de las mujeres como actores sociales y comunitarios más allá de la sola cocina”, sostiene.
El reconocimiento
Proyecto Ley N° 5764. Fuente: Congreso de La República
Las ollas comunes esperan ahora que el Proyecto de Ley 5764 sea aprobado por insistencia en el Congreso de la República. De este modo se les daría de manera temporal un presupuesto asignado y así dejarían de depender de las colaboraciones. Esta responsabilidad recae sobre la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad cuyo Presidente es el parlamentario José Luis Ancalle Gutierrez.
El apoyo de la población es necesario, es por eso que si estás interesado en apoyar a alguna olla común registrada en la Municipalidad Metropolitana de Lima puedes ingresar al mapa georeferencial haciendo click aquí donde podrá ver el contacto y número de beneficiarios de cada olla común.
El aumento de la mortalidad materna en los hospitales públicos demuestra que sus derechos no han sido garantizados en pleno estado de emergencia.
El avance del coronavirus ha revelado que en el país es un privilegio que una madre y su bebé estén bien antes, durante y después del parto. El aumento de la mortalidad materna en los hospitales públicos demuestra que sus derechos no han sido garantizados en pleno estado de emergencia. La situación se complica cuando el factor clave y humano que transita por los pasillos -los y las obstetras- afronta también una crisis sanitaria.
Una mujer con 41 semanas de gestación fue llevada por su esposo al centro de salud Santa Julia en Piura, donde se realizaba todos los meses sus controles prenatales, en mayo pasado. Ella, además de estar embarazada, se había infectado de COVID-19. No la quisieron atender y la derivaron al Hospital Reátegui de EsSalud. Las horas avanzaban y ella tenía que hacer labor de parto, pero no había camillas ni doctores disponibles. Las vidas de esta madre y del bebé estaban en alto riesgo, incrementándose minuto a minuto.
Hospital Reátegui. Fuente: Cutivalú Radio, Piura
La mujer volvió al día siguiente, pero la situación seguía complicándose. Tuvo que esperar cinco horas más para ser trasladada al nosocomio Santa Rosa, también en la misma región, donde finalmente fue atendida tras la intervención de la Defensoría del Pueblo. En total, esperó más de dos días para su parto. Sin embargo, la muerte materna en los hospitales del Estado es un tema que no puede esperar. “Es un gran problema social, porque la mujer es el núcleo de la familia. Sin ella, se desintegraría”, señaló la decana del Colegio Nacional de Obstetras, Margarita Pérez.
La cifra de muerte materna se ha incrementado en los últimos meses durante la pandemia por el COVID-19, según la información reportada por el Despacho Viceministerial de Salud Pública. Hasta el 20 de junio pasado, La Antígona confirmó que se han registrado un total de 193 casos de madres gestantes muertas, 23 más que, hasta la misma fecha, se reportaron en el 2019. Nueve de las víctimas mortales tuvieron pruebas positivas de COVID-19.
Número de muertes maternas por semana epidemiológica. Se demuestra el aumento exponencial en 2020 en comparación a años anteriores. Fuente: Ministerio de Salud. Elaboración propia
Un informe presentado por la Defensoría del Pueblo en mayo alertó también que la normativa de salud impulsada por el Estado para manejar la pandemia a nivel nacional falló en no considerar a las madres gestantes y a los recién nacidos.
La normativa y los protocolos específicamente para gestantes durante la pandemia fueron publicados el 23 de abril, casi mes y medio después desde que se declaró el estado de emergencia por el avance del COVID-19. “Las medidas han sido muy tardías,” señaló Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer en la Defensoría del Pueblo.
Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer en Defensoría del Pueblo
Revollar indicó que dicha norma es “cuestionable”, debido a que establece que solo se le tome la prueba rápida a aquellas embarazadas que presentan síntomas de coronavirus. “Es un error porque todas deberían pasar por el triaje y la prueba para definir si van a un servicio COVID o un servicio normal. Aunque sean sintomáticas podrían contagiar a otras embarazadas, y al mismo personal asistencial”, remarcó a La Antígona.
«En esa misma línea se pronunció Margarita Pérez, decana del Colegio de Obstetras, quien afirmó que le preocupa haber atendido, hasta fines de junio, a 2300 gestantes positivas para COVID-19, así como no llevar una atención adecuada con las infectadas y las que no portan la enfermedad. “El haber interrumpido un control prenatal no permite haber identificado las complicaciones que pueden darse en un embarazo y/o parto, y derivarlas con tiempo para evitar una muerte materna”, advirtió.»
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió, en marzo de este año , cómo debe ser la experiencia de un parto seguro en medio de la pandemia. En sus lineamientos se estipula las mujeres deberán ser tratadas con respeto y dignidad; que se apliquen estrategias adecuadas para aliviar su dolor; que puedan elegir la postura del parto; que les permitan estar acompañadas; y que haya una comunicación clara del personal del servicio de maternidad. Si se sospecha o se ha podido confirmar que la embarazada está infectada de COVID-19, la OMS indica que el personal de salud debería tomar todas las precauciones.
Este último punto es vital al momento en que una mujer da a luz, debido a que si la paciente tiene infección de COVID-19, el riesgo de contagio de las personas que la atienden es alto. “Todo el personal está expuesto al contagio, y necesita tener equipo de protección personal. Es por ello que también empezó a incrementar el número de contagiados entre los obstetras”, subraya Pérez. Esto, por lo tanto, no garantiza que el personal de salud también pueda infectar a gestantes sanas.
A más obstetras seguras, menos mortalidad materna
“Mi mamá seguía atendiendo casos especiales [de gestantes, partos y puérperas], casos excepcionales que no podía decir ‘no los voy a atender’ porque los médicos hacen un juramento: bajo la circunstancia que sea, ellos van a velar por la vida del paciente”, relató Vanesa Vidal a La Antígona sobre la labor de su madre, la obstetra Rosa Quiroz. Ella fue la primera obstetra víctima del COVID-19 en el país. Rosa trabajaba en Centro Obstétrico Santa Rosa en Los Olivos. La pandemia no detuvo su labor. En una de las consultas que atendió de emergencia, una paciente gestante la contagió.
Vanessa recuerda que llevó a su mamá al Hospital Sergio Bernales, en Comas, pero no las quisieron recibir. “Los mismos doctores les decían a los pacientes que los iban a atender si es que ellos los veían moribundos. Les avisaban que no habían camas, que vayan buscando otros hospitales. Yo entiendo a los médicos, por una parte es su desesperación, pero también no deben perder ese lado humano”, enfatizó. Rosa Quiroz falleció el 27 de abril. Su caso marcó un punto importante en la lucha de los y las obstetras que dieron su vida por atender a las madres.
El caso de Rosa demuestra que las instalaciones de los hospitales se han convertido en un campo de batalla durante esta pandemia. Para una gestante, ir al nosocomio se vuelve recurrente, debido a los controles y exámenes requeridos antes de dar a luz. Si esto no se realiza, “las expone a situaciones de riesgo que pueden afectar sus derechos a la vida y a la salud, aumentando el riesgo de incrementar los índices de mortalidad materna”, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, ¿cómo acudir si los y las obstetras que las atenderán podrían tener COVID-19?
Obstetra con recién nacido. Foto: Essalud
Cifras de obstetras positivos y fallecidos por COVID-19 a nivel nacional. Elaboración propia
“A la fecha [fines de junio] tenemos 814 obstetras con diagnóstico de COVID-19 positivo y 10 fallecidos”, precisó Pérez. A esta baja de personal, se suma que aproximadamente el 40% de los obstetras del país están con licencia por ser mayores de 65 años. Además, la Decana indicó que no hay contratos para reponer esta cantidad de obstetras que ha disminuido.
Margarita Pérez, Decana del Colegio de Obstetras
Esta falta de personal se complica cuando la cantidad de gestantes con COVID-19 que reciben es alarmante. “De cada dos gestantes, una es ‘COVID positiva’ dentro del hospital”, explicó el director del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, Dr. Carlos Santillán para La Antígona. En este nosocomio del Ministerio de Salud (Minsa), uno de los principales centros maternos ubicado en Cercado de Lima, tuvieron que conseguir personal adicional para la atención. Hasta la fecha, precisó el médico, se han tratado unos 200 casos de madres diagnosticadas con el virus.
Con la experiencia que han adquirido en los últimos meses por esta alta cantidad de casos, los doctores del Hospital San Bartolomé buscan apoyar a sus colegas en otros centros de salud. “Nuestros ginecólogos capacitan a la gente de otros hospitales, porque los pacientes se contagian y los profesionales también. Debemos prevenir esto”, manifestó Santillán.
Asimismo, a pesar de seguir los protocolos dictados por el Minsa, el director del hospital reconoció la dificultad de conseguir equipos de protección para el equipo de obstetricia y para las áreas del establecimiento en general. “Mentiríamos todos los directores [de los hospitales] si es que no dijéramos que en algún momento hemos tenido dificultades para conseguir el material. Ha sido difícil porque los proveedores no tenían”, reveló.
Hospital Nacional Docente Madre- Niño San Bartolomé.Foto: El Comercio
Situación de obstetras peruanos durante la pandemia. Fuente: Colegio de Obstetras. Elaboración propia
Los materiales para atender a las gestantes son también clave para evitar las muertes maternas. En abril, el diario La Industria reportó el caso de una gestante que falleció en el Hospital Belén de Trujillo por falta de equipo y personal. “La entrega del respirador N° 95 y mandilón continúa siendo para 7 días, aún cuando atienden a todas las gestantes, partos y puérperas referidas de la región, sumándose a ello la carencia de personal técnico de enfermería en los diferentes turnos, a pesar de los requerimientos efectuados con antelación a la emergencia nacional, lo que agrava las condiciones de exposición al riesgo de las gestantes y obstetras”, se lee en un documento enviado por el Colegio Regional de Obstetras II de La Libertad a las autoridades regionales.
A través de la oficina de prensa, La Antígona buscó los descargos del Minsa para conocer la postura sobre las carencias que aqueja a los obstetras, madres de familia así como del aumento de muerte materna durante la cuarentena. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.
El 24 de abril, el Minsa y el Colegio Nacional de Obstetras firmaron un acta donde se reconoce la importancia del trabajo de los obstetras. El Ministro de Salud, Víctor Zamora se comprometió a ofrecer el equipo de protección personal necesario, incluir el pago del bono por trabajo, no haber contratos por terceros, que se les incluya en los comités de expertos y técnicos y a dar los equipos de monitoreo para gestantes positivas al COVID-19. “Esto no se ha cumplido. A la fecha [fines de junio] no hemos tenido comunicación con el ministerio. Todavía no hay una respuesta a lo que estábamos pidiendo”, remarcó Pérez.
Acta_pag2
Acta_pag1
Acta de reunión entre el Colegio de Obstetras del Perú y el Ministerio de Salud
El colapso del sistema de salud en el país ha hecho que las muertes por el COVID-19 sean inevitables, entre ellos los casos de las gestantes. Sin embargo, es un derecho exigir una atención de calidad para evitar que siga en aumento la mortalidad materna, que no son solo cifras: son vidas. En un país donde ser mujer es un riesgo, esta situación debe ser atendida como prioridad.
En el mundo digital, la violencia sexual parece estar normalizada. Foto: Parenthood
El aislamiento social obligatorio decretado por el COVID – 19 ha causado un incremento en las horas dedicadas a las redes sociales para tener información y comunicación con lo que ocurre fuera de casa. Pero también se ha convertido en un escenario ideal para que se desate la violencia sexual a través del internet. Las denuncias de personajes públicos y figuras de la televisión han reavivado la polémica respecto a qué se puede llamar acoso. En el mundo digital, la violencia sexual parece estar normalizada.
El 30 de marzo del 2009, se estrenó en horario estelar “Al fondo hay sitio”, una serie de televisión que narraba la historia de una familia ayacuchana y su nueva vida junto a sus adinerados vecinos. El rating estuvo a su favor: tuvieron un circo propio, giras nacionales y en el extranjero. El éxito duró ocho años.
Uno de los personajes más queridos fue el de Grace Gonzales, interpretado por la actriz Mayra Couto, con un carácter inocente y tierno. Su amor platónico era Nicolás De las Casas, que recayó en el actor Andrés Wiese, su vecino rico y galán con quien tendría una relación sentimental y hasta una hija. Así se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión peruana. Cuatro años han pasado desde que Couto dejó de grabar con Wiese. Hace una semana muchos los recordaron pero no por la serie, sino porque ella lo denunció por acoso mostrando unos mensajes través de su cuenta de Instagram.
La actriz expuso una conversación en la que recrimina al actor por hostigarla durante el tiempo que compartieron el set de grabación. Esta publicación sucedió tras otra denuncia contra el actor: una menor de edad mostró en el programa de espectáculos de la periodista Magaly Medina un chat de Instagram con imágenes con contenido sexual explícito que él le había enviado. La adolescente de 17 años, con videos y fotos de Wiese desnudo, aseguró haber sido acosada sexualmente.
Chat de Mayra Couto a Andrés Wiese por mensajería directa en Instagram
A partir de esta noticia, los análisis en redes sociales, fotos, videos, memes y miles de comentarios aparecieron en decenas de páginas en Facebook, que junto a Whatsapp es una de las páginas más visitadas por los peruanos, según un último estudio de We Are Social, una de las agencias creativas más grandes de América y especializada en plataformas digitales. Fue también Trending Topic Topic en Twitter. Hubo comentarios a favor y en contra de la menor de edad y de Mayra; otros usuarios publicaron pruebas e imágenes de la joven para intentar descalificarla y poner en duda su denuncia.
¿Los usuarios de las redes sociales, entre ellos jóvenes y adolescentes, están normalizando la violencia sexual hacia las mujeres en este espacio virtual? ¿La violencia sexual puede manifestarse en este lugar? Estos son, hoy en día, espacios para que los usuarios se sientan identificados con otros, se formen grupos o se compartan opiniones. Pero los casos como la menor de edad que denunció al actor y el de la actriz no han estado libres de ataques violentos, burlas o censuras en redes sociales. La inmediatez, la falta de información, la disponibilidad, y el anonimato que ofrecen medios como Facebook o Instagram, estarían incrementando este tipo de violencia.
Para la periodista y abogada especialista en derecho penal Josefina Miró Quesada, la violencia sexual y sus manifestaciones sí están reguladas en el Perú. En el 2018, se modificaron los artículos 183-B del Código Penal sobre Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales; 176 – C sobre chantaje sexual; 153 – B sobre explotación sexual y el más resaltante: el 154 – B sobre la difusión de materiales audiovisuales con contenido sexuales. “Hay una normativa que se modificó recientemente para tratar de reforzar la protección y evitar las agresiones de este tipo por el uso de las tecnologías”, precisó.
Fuente: IUS, acoso en redes sociales
Al ser consultada sobre el caso de Wiese, quien es investigado por la fiscalía por presunto acoso sexual a una menor, Miró Quesada consideró que sí configuraría ese delito y que es una “invasión no solicitada de un tercero” al espacio de intimidad sexual. Resaltó, además, la importancia de que haya un hostigamiento frecuente. “Debe ser una conducta que implique el acto de seguir, asediar o establecer contacto con una persona con la finalidad de realizar actos de connotación sexual sin su consentimiento”, agregó.
Sin embargo, el acoso sexual es solo la punta del iceberg del tipo de violencia hacia la mujer que existe, sobre todo, en el mundo virtual. Por ejemplo, Couto continúa siendo punto de ataque de grupos de usuarios que se autodenominan o tienen la misma línea del llamado “Beba Army” – nombre inspirado en un jugador del videojuego ‘Dota 2’- quienes actúan agrediendo, hostigando y burlándose de la posición de la actriz y de otros personajes televisivos como Magaly Medina y el ex conductor Rodrigo González, quienes comentaron y difundieron las denuncias.
Grupos de usuarios que se autodenominan o tienen la misma línea del llamado “Beba Army” quienes actúan en oposición a la actriz y a personajes televisivos que la apoyan
Grupos de usuarios que se autodenominan o tienen la misma línea del llamado “Beba Army” quienes actúan en oposición a la actriz y a personajes televisivos que la apoyan
Lo ocurrido con este tipo de colectivo virtual es también un delito de acoso, según Miró Quesada. “Esto es una réplica de lo que sucede en el mundo no virtual. En este espacio tienen cierta impunidad a esos actos justamente porque están cubiertos bajo el disfraz del anonimato”, aseguró. El no poseer una identidad refuerza las agresiones, las vuelve más violentas y más colectivas, señala la especialista en derecho penal.
Un ambiente a su favor
A inicios de junio, la ex candidata a Miss Perú Lucero Sánchez denunció, a través de noticieros locales, la filtración de un video íntimo que grabó con su pareja mientras tenían relaciones sexuales. Al día siguiente de su aparición, su nombre y la palabra “video” se posicionaba como una de las búsquedas más realizadas en Google en el país. En una entrevista la modelo dijo que sufría de ataques de ansiedad por los comentarios y los mensajes que desconocidos le enviaban a su celular. Páginas en Facebook le tomaron capturas al video íntimo en mención. Lo convirtieron en meme.
Una situación similar ocurrió con la cantante Mayra Goñi, quien tuvo una transmisión en vivo por Instagram en la que interactuaba con sus fans. Mientras ella hablaba con sus seguidores, en la que los invitaba a hablar desde sus casas, un usuario le mostró sus genitales. La reacción de Goñi fue de total sorpresa y molestia: su rostro reveló el shock por este tipo de acoso sexual. Desde aquella oportunidad, confesó que siente mucho temor de que dicha situación se vuelva a repetir y que estaba muy afectada por lo ocurrido. Este episodio también generó una ola de memes y muchos optaron por reproducir el video en sus redes sociales, burlándose de la artista. La fiscalía ha iniciado una investigación por este hecho por el presunto delito de acoso sexual a quienes resulten responsables.
“Saber que estás haciendo que se rían pero hiriendo a alguien, es tan moralmente despreciable como atacar de forma abierta. Está buscando que le digan ‘qué hábil eres’, y Facebook y los medios sociales en general se prestan mucho para esto”, sostuvo Eduardo Villanueva, investigador de la PUCP especializado en redes sociales.
Por su parte, el psicólogo social Víctor Ochoa señaló que esta violencia puede tener consecuencias en el mundo real. “Estas personas que tienen estas cuentas, pueden usarlas para ejercer una revictimización a una persona que está denunciando un hecho de acoso o violencia. Como sociedad es un mensaje preocupante”, remarcó.
Meses antes de esta denuncia, Mayra Couto también fue criticada en redes sociales por la manera en la que se expresaba. En su cuenta de Instagram, la actriz detalló los rasgos de su nuevo personaje en el corto llamado “La munda es nuestra”. La palabra “munda” generó críticas. Y este post no fue olvidado por algunos usuarios quienes tras la denuncia de acoso sexual a Andrés Wiese, utilizaron esta noticia para defender al actor.
Usuarios usando la palabra ‘Munda’ como justificación a burlas hacia Mayra Couto a raíz de la denuncia a Andrés Wiese
Usuarios usando la palabra ‘Munda’ como justificación a burlas hacia Mayra Couto a raíz de la denuncia a Andrés Wiese
Los memes, comentarios, videos, imágenes relacionados a la denuncia presentada ahora por Couto, para el psicólogo Ochoa. “siguen siendo un acto de acoso, porque ves que estas personas están tomando estas prácticas para sustentar el acoso cibernético que se está ejerciendo”.
La misma condición que tienen las plataformas como Facebook e Instagram, como están concebidas y diseñadas, no disminuye la probabilidad de encontrarse con contenido que no deseamos ver. “La responsabilidad de que estas cosas ocurran tiene que ver mucho con cómo se han gestionado los medios. Pueden bloquear, pero no lo hacen porque hay una intención comercial de hacerlo lo más atractivo posible”, agregó Villanueva sobre las filtraciones de material íntimo (o derivados) por redes sociales.
¿Leyes para las redes sociales?
Los movimientos propios de la danza clásica que realizaba el joven bailarín Brian Gómez en una transmisión en vivo en Instagram en la que enseñaba una clase de ballet para hombres, generaron que los usuarios lo ataquen la semana pasada. Comentarios satíricos, homofóbicos y hasta descalificativos sobre su sexualidad lograron que termine con la clase para evitar más caos: más violencia. De inmediato, el Ballet Municipal de Lima se pronunció y lamentó dichas agresiones.
Usuarios con diferentes apodos agreden a bailarín Brian Gómez . En la última captura, un ‘llamado a la acción’ para ‘atacar’ en grupos como ‘Beba Army’
Usuarios con diferentes apodos agreden a bailarín Brian Gómez . En la última captura, un ‘llamado a la acción’ para ‘atacar’ en grupos como ‘Beba Army’
Este caso retrata un nuevo delito de acoso homofóbico y una manifestación más de la violencia sexual en las redes. Los comentarios emitidos por usuarios no podrían ser tomados como una forma de libertad de opinión, aclara Josefina Miró Quesada. “Si es una opinión que lesiona al otro ya no es parte de mi derecho de legítima expresión y entra al ámbito de lo delictivo”, indicó. A este problema se le suma el factor del anonimato que te da las redes sociales. (AU)
Según un estudio hecho el 2018 por la Asociación Civil Hiperderecho, el tipo de contenido que recibe mayor cantidad de violencia vía internet son los temas que giran alrededor de cuestiones de género como la libre expresión de opiniones políticas y sociales (33%), la agenda movimientos sociales o activismo feminista (32%) y las fotos personales de mujeres y personas LGBTIQ+ (22%). Con esto “se busca castigar la expresión de ideales, intereses y contenido que defienden la igualdad de género”, remarcó dicha institución.
Además, el Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres, espacio digital propio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registró 1603 casos de acoso virtual en el 2019: el 73% de los delitos son manifestados a través de Facebook y el 46% mediante WhatsApp. Estos dos son los medios más usados en lo que va del 2020 en pleno estado de emergencia por el avance del COVID-19. Ante estas situaciones, Facebook ha tomado algunas medidas para prevenir este tipo de violencia. Una opción inmediata es reportar una cuenta o publicación cuyo contenido vulnere o victimice a cierto sector de la población. En el caso del acoso sexual, Facebok se encuentra implementando programas como el llamado “Nunca sin tu consentimiento”.
Sin embargo, ¿esto será suficiente? Para Villanueva no lo es. El especialista sostiene que estas empresas “no han tenido un papel fundamental” para frenar las situaciones como las que hemos mostrado en este reportaje, por lo que considera más efectivas si las denuncias pasan de un plano virtual a lo social. “En una sociedad como la peruana no sancionamos a esas personas. Los medios tienen mucho que ver, porque lo ponen como algo controversial, donde no califican a la persona abiertamente. Si no tenemos sanción social, las sanciones formales no van a ser tan efectivas”, resaltó. (AU)
Miró Quesada coincide con Villanueva y resalta que es vital denunciar tales abusos; y rescata que este acto debe darse por el medio de denuncia donde la víctima o víctimas crean que sea más efectivo. Como abogada reconoce que la justicia, en casos de género, tarda en llegar y que el archivo “puede quedarse a mitad del camino”.
La investigación a Andrés Wiese por enviar vídeos íntimos a una menor y por el presunto delito de acoso sexual está a cargo de la Cuarta Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima. Sin embargo, en redes sociales, el nombre de la joven y sus cuentas han sido expuestos. Couto prefirió crearse cuentas alternativas a las que tenía por la censura y ataques que recibía. Pidió a sus compañeros de Al fondo hay sitio no hablar más del tema.
