Mujeres trans unidas para exigir la aprobación de la Ley de Identidad de Género

por La Antígona | Historias

Por Luz Mateo Cielo

Diversos colectivos demandan que el congresista Luis Valdez, Presidente de la Comisión de Constitución, cumpla con el compromiso que asumió con representantes de organizaciones trans de colocar en agenda el debate del Proyecto de Ley N° 790-2016, que busca reconocer la identidad de las personas trans en el Perú. El Estado peruano está en la obligación de garantizar los derechos de las mujeres y hombres trans, comenzando por el reconocimiento de su identidad.

De acuerdo a investigaciones de la Universidad Cayetano Heredia, las mujeres trans enfrentan inequidades extremas en el acceso a servicios y en el ejercicio de sus derechos. La población de mujeres trans en Lima asciende a un número de 22,500 personas. De todas ellas, el 89% no cuenta con un seguro de salud y el 50% ha debido abandonar sus estudios.  La Defensoría del Pueblo, ha señalado que existe la “necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú”. Está entidad autónoma, ha instado a las autoridades políticas a que se discuta y apruebe una ley de identidad de género. El fin de la misma es que hombres y mujeres trans puedan modificar el nombre y sexo que figura en su DNI. Esto se lograría a través de un único procedimiento administrativo.

En ese sentido, solicitan a las y los congresistas de la Comisión de Constitución y Reglamento agendar, sin mayor dilación, la votación del Proyecto de Ley N° 790-2016. Así mismo, rechazan la intención de algunos integrantes de retrasar la votación y de solicitar la opinión de representantes de iglesias y grupos fundamentalistas. Esta negación dado que se estaría quebrando el principio de laicidad y autonomía del Estado Peruano, vulnerando los derechos de mucha población entre ellas las mujeres trans.

Con la aprobación del Proyecto de Ley de Identidad de Género se podría iniciar el largo camino legal para la defensa y cumplimiento de los derechos humanos de las personas trans sin ningún tipo de discriminación, estigmatización y violencia. Ellos podrían desarrollarse plenamente en la sociedad a nivel personal, social, educativo y laboral.

Invitación a acción virtual 

A través de la campaña “Mujeres Trans en Resistencia Contra La Violencia”, las organizaciones Mujeres Trans Amigas por Siempre del Perú, TRANS – Organización por los Derechos Humanos de las personas Trans, Casa Zuleymi, Asociación Civil Ángel Azul, ODIS Trans – Ucayali, MOCIFU, Red Trans – Ucayali y Católicas por el Derecho a Decidir – Perú, desean visibilizar la violencia de género estructural que las atraviesa, el abandono del Estado y las experiencias solidarias que las sostienen.

Si deseas sumarte a esta iniciativa puedes unirte a la Acción Virtual de la campaña “Mujeres Trans en Resistencia Contra La Violencia”. Sólo tienes que dibujar en una hoja, pared o sobre tu cuerpo la bandera trans acompañada de una estadística sobre su situación en el Perú o el mundo. Súbela a tus redes con el hashtag #MujeresTransEnResistencia.

Contacto de prensa: Para entrevistas con voceras representantes de las campaña o solicitar mayor información comunícate al correo: colectiva.trenzar@gmail.com

Cine Amateur Peruano: al rescate del patrimonio que podría estar escondido en casa

por La Antígona | Historias

Por: Alessandra Vera

Antes de los celulares y las cámaras digitales, incontables recuerdos familiares y producciones de video se inmortalizaron en rollos de película. Si bien muchos de estos registros audiovisuales han quedado en el olvido o se han perdido, aún queda la esperanza de recuperarlos gracias a iniciativas como la del proyecto Cine Amateur Peruano. Conversamos con su fundadora, Lorena Escala Viganolo, para conocer la importancia de los videos familiares y otras obras no profesionales que fueron grabadas en película.

INICIANDO SU CAMINO

Durante sus últimos años en el colegio, Lorena Escala Vignolo ya sentía pasión por el cine. Cuando terminó de estudiar comunicación, continuó sus estudios enfocándose en la preservación fílmica y sus hallazgos de distintas películas en Perú fueron incentivándola a crear el proyecto Cine Amateur Peruano. 

Quizá todo comenzó a fines de 2019. Momentos en los que Lorena regresaba brevemente a su tierra natal para visitar a Alberto García García, el primer fotógrafo de Pucallpa. El realizador le confió las películas que albergaban uno de sus mediometrajes para que las escaneara y restaurara. Lamentablemente García García falleció poco después sin ver el trabajo terminado. Sin embargo, queda de consuelo saber que sus memorias llegarán a muchas personas hoy y en el futuro gracias a iniciativas como las de Lorena.

Poco después, Efraín Bedoya -director y programador de MUTA (Festival Internacional de Apropiación Audiovisual– también le encargó a Lorena la digitalización de una parte de su colección de películas huérfanas. Esta era llamada “Cine Íntimo”. Las películas pasaron a formar parte de la tesis de Lorena. Fue así que surgió Cine Amateur Peruano, como una forma de integrar todas las iniciativas sobre material fílmico que ya existen en Perú, pero de manera disgregada. El objetivo del proyecto es recuperar este patrimonio y darle visibilidad, principalmente a través de un repositorio o catálogo digital accesible para todos.

Cine Amateur Peruano

El material fílmico con el que ha trabajado Lorena es diverso. Tal vez esa es una de las cosas que hacen que un proyecto como Cine Amateur Peruano sea tan interesante. Por un lado están las películas de aficionados, que suelen tener una intención; fueron hechas por una persona no profesional pero que es apasionada y quiere hacer una obra; en muchos casos cuentan con un inicio y un final; y posiblemente tuvieron un proceso de montaje. Las películas domésticas (hechas en casa), en cambio, suelen ser registros de eventos que las familias consideran importantes y que querrían mostrar a los demás, como un cumpleaños infantil; matrimonios; viajes;  o celebraciones religiosas como la primera comunión. Incluso pueden ser registros de la pareja o de objetos que hay en casa, entre otras cosas [conoce más sobre películas domésticas a través del Center for Home Movies].

Tanto las películas de aficionado como las películas domésticas muestran miradas únicas y distintas, y son registros históricos de nuestro pasado. Además, abordan dinámicas sociales, familiares e incluso urbanísticas, y una característica especial es que no han sido censuradas porque no fueron creadas para una audiencia masiva o con fines comerciales. Estos detalles explican por qué preservar estas obras es tan importante como la preservación de las obras cinematográficas profesionales.

Asimismo, otra peculiaridad de las películas domésticas que debe destacarse es su valor. Esto ya que puede crecer después de que la ciudadanía las vea. Es por ello que Lorena nos cuenta que las exhibiciones son tan necesarias. La autoría de estas películas suele ser desconocida a menos que la familia o algún conocido revele quién realizó los videos. Aún así, el público puede ayudar a identificarla y también reconocer los lugares, época y demás detalles que aparecen en pantalla. La participación de la audiencia nutre la información de estas obras. Es por ello que Cine Amateur Peruano también tiene como objetivo que la mayor cantidad posible de personas puedan verlas.

Atemporal

Gracias a “Atemporal – Festival Itinerante de Cine Latinoamericano”, 10 películas domésticas podrán verse en línea gratuitamente a través de Cineaparte. Estas, serán transmitidas entre el 18 y 25 de junio de 2021. Dichas obras forman parte de la sección “Perú analógico: diarios fílmicos”. Lorena fue quien estuvo a cargo de la programación. Se optó por mostrar diferentes momentos del país a lo largo del siglo XX.

Si quieres conocer más sobre este patrimonio, puedes escuchar el conversatorio “Cine doméstico: Patrimonio Cultural” vía Facebook (en el cual también participó Lorena). Asimismo, visitar el sitio web de Cine Amateur Peruano, especialmente si tienes alguna obra que quisieras digitalizar.

Venezuela: #YoTeCreoVZLA, el movimiento que rompe el largo silencio sobre los abusos sexuales

por La Antígona | Historias

Por Melissa Vida, Laura Vidal, Romina Navarro y Gabriela Mesones Rojo para Global Voices.

En Venezuela, el movimiento #MeToo vuelve a la luz con más vigor en 2021. Una nueva ola de denuncias dio origen al movimiento “YoTeCreoVzla” y a múltiples expresiones de apoyo con las etiquetas #YoSiTeCreoVzla y #YoTeCreoVzla, donde las voces de sobrevivientes de acoso, abuso y estupro se siguen multiplicando en las redes. Muchas venezolanas coinciden en que hubo denuncias anteriores. Aún así no se les daba mucha importancia. Hasta hoy, que se llegó a un despertar abrupto.

Las primeras denuncias

La fuerza de esta ola tuvo impulso el 20 de abril de 2021 a partir de la creación de la cuenta de Instagram @AlejandroSojoEstupro. se recopilaron las denuncias de abuso sexual perpetradas por el músico Alejandro Sojo. Él, ya había sido denunciado por acoso en 2018 a través de un hilo de Twitter de la cuenta “Libertad”. Tras esos hechos, abrumada por la avalancha de mensajes de burla, descrédito y de odio, Libertad decidió borrar el hilo.

Según Cinco8, Sojo publicó un comunicado y cerró su cuenta de Instagram el 24 de abril, y más denuncias empezaron a llover sobre el gremio artístico venezolano: Aparecieron testimonios contra integrantes de otras bandas, entre ellas, Okills, Le Cinemá y Tomates Fritos. Inmediatamente, las denuncias de la escena del rock venezolano se ampliaron al ámbito cultural completo, donde involucraban a escritores, periodistas, artistas visuales y otros.

Caso Mckey

El 28 de abril hubo una explosión cuando “Pía” denunció a un escritor venezolano relativamente conocido, Willy McKey. Esto, debido a haber cometido estupro entre 2015 y 2016, cuando ella tenía 16 años y él, 36. Consecuentemente, el movimiento estalló con nuevas denuncias de abuso, acoso, grooming y violación. McKey armó publicaciones en Instagram reconociendo lo que hizo, con textos que parecían defender los derechos de la mujer, lo que atrajo críticas a muchas de sus seguidoras. Más tarde, la comunicadora venezolana Veronica Ruiz del Vizo -especialista en redes sociales y mercadeo digital- hizo un hilo de Twitter. De hecho, en él explicaba por qué la publicación de McKey era problemática.

Esa misma tarde, cuando ya tenía una orden de captura internacional tras las acusaciones por abuso sexual, McKey se suicidió en Buenos Aires. En las redes pidieron centrar la narrativa en la vida de las sobrevivientes y no en la del victimario. 

Posible politización 

Mientras tanto, algunas venezolanas temen por la posible politización de las denuncias a fines políticos. Por ejemplo, el Ministerio Público venezolano abrió expedientes sobre periodistas. El caso más relevante es la investigación contra Víctor Amaya y César Batiz, director del medio independiente El Pitazo, mencionados por una cuenta anónima que, hasta la fecha, no atrajo más denuncias directas y fundamentadas. Por otro lado, en un comunicado firmado por periodistas del medio, rechazan las acusaciones contra Batiz. Es a raíz de estos dos casos que se pide que el gobierno no instrumentalice la lucha para perseguir a la disidencia.

Reacciones en línea: El ojo puesto en Venezuela

La activista feminista Luisa Kislinger llama la atención sobre el hecho de que el #MeToo aún no hubiese llegado a Venezuela, hasta ahora:

El periodista Oscar Medina responde a las críticas que afirman que denunciar en el sistema judicial de Venezuela es mejor que hacer denuncias públicas en las redes explicando que el estado venezolano no tiene la capacidad ni la voluntad política de ayudar en la búsqueda de justicia. Si bien hubo una reforma importante de la ley contra la violencia de género, el no haberla implementado refleja la falta de voluntad institucional para ejercerla:

La escritora Oriette D’Angelo comenta sobre la falta de atención mediática que han tenido las denuncias en el pasado:

De igual forma, las denuncias contra profesores llenaron las redes estos días. Un claro ejemplo fue e tweet de Valeria Maza sobre un profesor de la Universidad Santa María (USM), de Caracas:

En relación con el suicidio de McKey, muchas internautas enfatizaron que las víctimas de McKey no eran responsables de su acto. Sin embargo, otras como la periodista Mariel Lozada, piden de centrar la narrativa sobre las víctimas: 

La abogada Beatriz Borges resalta que el machismo es un problema de la sociedad:

Es más, en las redes también expresaron preocupación por los bloqueos intermitentes de la etiqueta #YoSiTeCreo en Facebook:

La periodista y contribuidora de Global Voices, Gabriela Mesones Rojo, como muchas, empatiza con las mujeres que denunciaron públicamente a los que las atormentaron, y comparte un directorio de servicios de asistencia psicológica y legal para las víctimas de violencia de género en Venezuela:

Hay líneas de atención a las víctimas de violencia de género. Visita este directorio de servicios de ayuda para víctimas en Venezuela, líneas en América latina, Asia y Europa, y un plan de seguridad en caso de violencia en el hogar. Asimismo, se puede obtener ayuda en las líneas confidenciales de apoyo a los suicidas y a las personas en crisis emocional. Visita Befrienders.org para encontrar una línea de ayuda para la prevención del suicidio en tu país.

“Aquel 29 de abril”: Dos feminicidios avivan las alarmas en Puerto Rico por violencia de género

por La Antígona | Historias

Por: María Cristina Muñoz

Los asesinatos de Andrea Ruíz Costas y Keishla Rodríguez a manos de sus parejas han encendido, nuevamente, las alarmas en Puerto Rico. En el presente año ya se registra 21 feminicidios según el Observatorio de Equidad de Género de PR. Organizaciones de mujeres y la misma ciudadanía continúan presionando al Gobierno. Exigen que tome medidas más drásticas que detengan el Estado de Emergencia por Violencia de Género, en el que se encuentra la isla.

Sus nombres son Andrea Cristina Ruiz Costas y Keishla Marlen Rodríguez Ortiz.

La primera había recurrido a los tribunales en dos ocasiones para denunciar su caso de violencia doméstica. Sin embargo, las juezas encargadas no encontraron causa para arrestar al agresor y tampoco emitieron órdenes de protección. A raíz de esas inacciones, el cuerpo de Andrea (35), fue encontrado parcialmente calcinado a la orilla de una carretera el jueves 29 de abril de 2021. Su expareja, Miguel Ocasio Santiago, confesó el crimen y fue encarcelado. El comisionado de la Policía, coronel Antonio López, señaló que, según la confesión que hizo Ocasio Santiago, “aparentemente la joven no quería seguir la relación con él, y ese fue el detonante de todo”. 

Ese mismo jueves, 29 de abril, se declaró desaparecida a Keishla y se activó por primera vez en la isla la llamada Alerta Rosa. La misma que es utilizada en casos de mujeres mayores de 18 años que se reportan desaparecidas o secuestradas. Al día siguiente, a primera hora, se dio a conocer que Keishla sostenía una relación con el reconocido boxeador puertorriqueño Félix Verdejo. Así mismo se difundió que estaba embarazada y que su familia lo acusaba públicamente de la desaparición. No es hasta el sábado primero de mayo, que el cuerpo de Keishla, es hallado a la orilla de la Laguna San José entre la ciudad capital de San Juan y el municipio de Carolina. Al otro día, Verdejo se entregó a las autoridades federales. Fue encarcelado y se dio a conocer oficialmente la fecha en que Keishla fue asesinada: el 29 de abril de 2021. 

Todo esto sucede a menos de una semana de que en Puerto Rico, se cumplieran los primeros 100 días de la declaración de un Estado de Emergencia por Violencia de Género. Para organizaciones feministas, la isla vive en Estado de Emergencia desde el 2018. Ese mismo año, la Colectiva Feminista en Construcción le exigió al entonces gobernador Ricardo Rosselló que atendiera con urgencia el asunto. Durante ese 2018, en Puerto Rico, ocurrieron 63 feminicidios.

“Por demasiado tiempo víctimas vulnerables han sufrido las consecuencias del machismo sistemático, la inequidad, el discrimen, la falta de educación, de orientación y sobre todo la falta de acción. Es mi deber y mi compromiso como gobernador establecer un PARE a la violencia de género. Ante estos fines es que he declarado un estado de emergencia”, sostuvo el gobernador mediante comunicado de prensa aquel 24 de enero de 2021.

A raíz de las muertes de Keishla y Andrea, comenzaron a surgir las interrogantes sobre lo que el gobierno ha estado haciendo -o dejado de hacer-desde que se implementó la emergencia y cuáles han sido las prioridades durante los pasados 100 días.

Las cinco organizaciones no gubernamentales que componen el Comité PARE, se expresaron enviando una carta al gobernador Pedro Pierluisi. En ella pedían una reunión de urgencia y detallaban varias peticiones. Entre estas estaba, mejorar el proceso de rendición de cuentas del comité,  identificar el presupuesto necesario para que se diseñe y lance una campaña educativa y prevención de la violencia de género.

El gobernador, por su parte, respondió de forma positiva a la misiva. Consecuentemente, se llevó a cabo una reunión “muy productiva”, según declararon las organizaciones a través de Facebook. En esta, se plantearon algunos pasos a seguir por el comité. En los próximos días debería estar publicada una página web con información sobre los avances del comité. Así mismo, el comité anunciaría el presupuesto para trabajar contra la violencia de género. También lanzaría una campaña de educación, entre otros asuntos.

“Todos los días pensamos en las mujeres para las que trabajamos. Todos los días ellas son las protagonistas de este esfuerzo”, insistieron las organizaciones.

Mientras las conversaciones entre el gobierno y el Comité PARE se realizan, en el país continúan existiendo las dudas sobre qué trabajos se están realizando y por qué aún no se ven los efectos de la declaración de Estado de Emergencia.

Las manifestaciones como método para ejercer presión y exigir acción, no se hicieron esperar. Desde el domingo 2 de mayo, y el resto de esta semana, se realizaron protestas buscando justicia por las muertes de Andrea, Keishla y las demás mujeres que han sido asesinadas en Puerto Rico. Comenzaron en el puente Teodoro Moscoso. Luego, continuaron en la Fortaleza (residencia del gobernador). Siguieron en el Departamento de Justicia, Cuartel General de la Policía de Puerto Rico y otros pueblos fuera de la ciudad de San Juan.  

“Esta semana se cumplieron los 100 días luego de haberse declarado el Estado de Emergencia contra la Violencia de Género en Puerto Rico. La declaración fue el resultado de una intensa y larga jornada de lucha durante los pasados dos años, liderados en gran medida por nuestra organización la Colectiva Feminista en Construcción. En la última semana los casos más recientes de violencia de género han estremecido al país. Se avivan traumas, terror y un gran dolor nos consume. Nos inunda la rabia y la frustración. Lanzamos una convocatoria para que otras mujeres se organizaran y llegaran a sus municipios a exigirle a los alcaldes y alcaldesas rendición de cuentas de cómo se está manejando la crisis de violencia de género a nivel local”. Así se expresó la Colectiva Feminista en Construcción a través de sus redes sociales.

Las convocatorias han alcanzado el nivel de que en sobre 30 municipios de Puerto Rico se congregaron personas, en su mayoría mujeres, frente a las alcaldías. Es la primera vez que el archipiélago de Puerto Rico logra que diversos grupos se autoconvoquen y realicen algún tipo de manifestación simultánea en contra de la violencia de género.

“Las mujeres en Puerto Rico queremos ver acciones concretas y sobretodo queremos ver resultados. Este dolor, rabia y frustración que nos ha estremecido -no tan solo a las mujeres sino al país entero- quisimos canalizarlas en acción. También en movilización, en salidas colectivas que nos permitan encontrarnos. Queremos crear redes de apoyo, crear comunidad entre nosotras y, sobre todo, hacer el trabajo de fiscalización al gobierno. Eso ha sido lo que hemos estado gestando en esta última semana”, señaló Shariana Ferrer, integrante de la Colectiva Feminista en Construcción, sobre las diversas demostraciones en repudio a la violencia de género en la isla. 

En lo que va de 2021, en Puerto Rico han ocurrido 21 feminicidios. Seis a manos de parejas o exparejas de la víctima, y un transfeminicidio según los datos del Observatorio de Equidad de Género. 

Para el 2020, las mujeres asesinadas en el archipiélago fueron 60. 

El país espera que se haga justicia a las vidas de Andrea, Keishla y las demás mujeres asesinadas en Puerto Rico durante el 2021 y años anteriores. Igualmente, las organizaciones feministas esperan que #NiUnaMás tenga que ser asesinada para que las conversaciones de violencia de género acaparen atención. A un paso lento pero seguro, cada vez son más las personas que se unen a la lucha en contra de los feminicidios. Más se suman a manifestaciones y están dispuestas a aprender y desaprender para acabar con la violencia machista. 

Esterilizaciones forzadas: Los primeros descargos de Alberto Fujimori

por La Antígona | Historias

Por: Luz Mateo Cielo

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El fiscal Pablo Espinoza terminó de presentar más de 180 evidencias contra el expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de Salud por el delito de violaciones a los derechos humanos.

Después de 11 audiencias de sustentación de cargos, el fiscal Pablo Espinoza terminó de presentar más de 180 elementos de convicción (evidencias) contra el expresidente de la República Alberto Fujimori (1990-2000) y sus exministros de Salud por el delito de violaciones a los derechos humanos. Ahora el caso se encuentra en la etapa donde los acusados se defienden de la denuncia penal que los señala como autores mediatos de un programa masivo que esterilizó forzosamente alrededor de 300 mil mujeres. Cesar Nakazaki, abogado del expresidente, señala que no existen condiciones para calificar el delito imputado como crimen de lesa humanidad.

El pasado lunes 03 de mayo, comenzó la etapa de descargos por parte de la defensa legal de los acusados: Cesar Nakazaki, abogado de Fujimori Fujimori; Lidia Godoy, de Eduardo Yong; Humberto Abanto, de Costa Bauer; y Raúl Pariana, de Alejandro Aguinaga, implicado en el caso de Vacunagate.
El primer ponente fue César Nakazaki, quien sostuvo que no existen condiciones para abrir un proceso penal. Afirma que la acción penal no cumple con 3 de sus 5 elementos: hecho aparentemente delictivo, justificable penalmente y no prescrito. 
Sobre lo último, señala que el delito que le atribuyen no es de lesa humanidad y que por lo tanto no es imprescriptible. “Un delito de lesa humanidad debe cometerse contra la población civil bajo un ataque generalizado o sistemático de una política”, dijo agregando que el Ministerio Público archivó una de tantas investigaciones porque faltaba evidencia para probar que se trató de una política así. Por su parte, Somos 2074 y Muchas Más, una campaña que reúne a las sobrevivientes de las del caso, expresó a través de su cuenta de Twitter su desacuerdo.

En China, ejemplificó Nakazaki, utilizan el método de la reducción obligatoria de natalidad por motivos sociales o económicos y que no constituye un delito de lesa humanidad o genocidio. Asimismo, criticó que no hay una sentencia del Tribunal Constitucional que indique qué sistema de incorporación del derecho penal internacional se debe utilizar para aplicar la imprescriptibilidad de los delitos a la legislación peruana. Según argumenta, el Código Penal no recoge a las esterilizaciones forzadas como delito imprescriptible, por lo que merece una modificación.
Al cabo de casi 2 horas del segundo día de descargos, el juez Rafael Martínez determinó suspender la audiencia debido al malestar que presentaba el defensor de Fujimori producto del covid-19. La misma fue retomada el día lunes 10 de mayo durante la mañana.
En esta sesión, Nakasaki sostuvo, nuevamente, ante el juez Martínez que los delitos cometidos por Fujimori ya habían prescrito por lo que pidió se declare improcedente la denuncia. Así mismo, aseguró que este caso ya había sido archivado en el año 2009 por la Fiscalía de la Nación al no encontrarse evidencias de que se trataba de un delito de lesa humanidad. Mientras tanto, familiares y víctimas de las esterilizaciones forzadas protestaban frente al Palacio de Justicia exigiendo que el caso no sea archivado.

Derechos lingüísticos  

Al inicio del primer día de descargos, Nakazaki le pidió al juez Rafael Martínez no ser interrumpido en su exposición por el personal de intérpretes dispuesto por el Ministerio Público. En ese sentido, sugirió que la traducción se hiciera al término de la audiencia, a partir de la grabación obtenida. Según alegó, las pausas que se tomaban para la exposición en quechua afectaba la fluidez y el derecho a la defensa de los acusados. Sin embargo, el “Protocolo para la participación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas u originarias en procesos judiciales” del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial —que compartió María Ysabel Cedano, abogada de la parte agraviada, a través del chat de Google Meet—,señala que la interpretación del mensaje se realiza de manera consecutiva a su escucha. 

“No puede ser que las víctimas se enteren de lo que estamos hablando en este momento recién al día siguiente. Eso desnaturaliza el derecho a la traducción porque no es un tema meramente técnico”, manifestó Cedano, quien además dijo que la interpretación consecutiva es el estándar mínimo que el Ministerio Público ha logrado garantizar pese a las deficiencias tecnológicas. Finalmente, el juez resolvió continuar con la dinámica utilizada en la sustentación de cargos del fiscal: tras 10 minutos de exposición, prosigue la traslación en quechua.

Cargos 

Han sido casi dos semanas de argumentación fiscal ante el Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado de la CSNJPE para formalizar la denuncia sobre el caso de intervenciones quirúrgicas en contra de la voluntad de cientos de miles de mujeres durante el régimen fujimorista. En total son 1321 denunciantes que acusan a Alberto Fujimori, Eduardo Yong, Marino Costa y, al congresista electo de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga de atentar contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Junto a ellos también se encuentran imputados Ulises Aguilar, exdirector de Salud; Segundo Aliaga, exdirector de la subregión IV Cajamarca; y Magda Gonzales, ex coordinadora del Programa Materno Perinatal de la misma subregión. 

Tras el fallo del Tribunal Constitucional en el 2020, ellos están obligados a continuar y responder ante el Poder Judicial por los mecanismos ilegales y sistemáticos que utilizaron durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) para reducir la pobreza a través de tasa de natalidad. El fiscal Pablo Espinoza argumenta que los hechos no fueron aislados, sino que se trató de una política nacional que sometió a mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas de zonas rurales y urbano populares de entre 19 y 27 años en situación de pobreza a ligaduras de trompas no consentidas ni informadas.

Dilataciones

El 11 de enero se llevó a cabo la primera audiencia pública, pero fue suspendida por no contar con intérpretes que garantizaran a las denunciantes quechua hablantes de diferentes regiones del país el derecho a entender todo el proceso penal. Casi 2 meses después, el 1 de marzo, se retomó el caso con profesionales del idioma quechua en sus variantes más representativas.
No obstante, hubo nuevos intentos de volver a postergar la segunda audiencia. El representante legal Humberto Abanto —respaldado por Cesar Nakazaki— solicitaron al juez Rafael Martínez anular la audiencia por indefensión debido a que su cliente Costa Bauer no se encontraba presente porque tenía una operación quirúrgica programada en Chile. Sin embargo, el magistrado rechazó el requerimiento.
Otro de los ausentes durante las audiencias fue Alberto Fujimori. Nakazaki dijo que su defendido no tiene la obligación legal de concurrir a este proceso ya que está protegido por el tratado de extradición Perú-Chile, el cual establece que solo puede ser sometido a los procesos penales que son objeto de dicha sentencia y sus dos ampliaturas. Además agregó que tenía problemas de salud.
Cabe recordar que el caso ha tenido 2 investigaciones fiscales preliminares con 2575 denunciantes y ha sido archivado hasta en 4 ocasiones. La Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas Lima y Callao, Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas y activistas por los derechos de las mujeres vienen realizando una serie de manifestaciones públicas exigiendo al juez Rafael Martínez que resuelva abrir una investigación judicial cuando culminen las audiencias.

Sin cifras oficiales

1. El Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos registró hasta el 2018, más de 7 mil casos. 
2. El propio Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar señala que se esterilizó a 272,028 mujeres y 22,004 varones.
3. Un Informe del Congreso del 2002 estima que fueron 314,605 mujeres y 24,563 varones.