Perla Núñez es una joven mexicana de 32 años, con diagnóstico de bipolaridad tipo II. A través de su cuenta de Instagram (@babademolusco), ella sensibiliza acerca de lo que significa ser bipolar día a día.
Mi nombre es Perla Marisol. Me diagnosticaron con trastorno bipolar (PMD) hace 5 años. Yo tenía 27. Presenté síntomas antes, desde los 19 o 20, pero no tenía idea de que se trataba de un trastorno. Era muy malo. Encuentro que los episodios depresivos, al menos a mí, eran lo que más me afectaba. Eran el infierno. Mezclados con las hipomanías…Fue terrible vivir así por tanto tiempo.
El tratamiento es complejo. No son analgésicos que tomas e impactan a la media hora. Tiene un efecto a largo plazo, requiere de mucha paciencia. Además, es individualizado, es como crear un cóctel para cada quien: el mío no necesariamente le va a funcionar a los demás. En cuanto al precio, es costoso. Vivo en un pueblo pequeño. Tengo que trasladarme a ciudades más grandes para atenderme. La salud mental sale cara.
De hecho, luego de que me diagnosticaron, no cambió mucho la forma en que me relacionaba con los otros. No le di la importancia debida a mi enfermedad… como que la minimicé. Me responsabilicé en serio cuando la gente a mi alrededor se puso más culera. Cuando comenzaron a decirme: “estás loca”, «no te pasa nada» o «tú te lo inventas«. Era difícil, porque en verdad tenía mucho miedo de hablar. No salía a la calle. A parte de que estaba sedada, porque me había medicado mal, me asustaba oír comentarios malintencionados.
El principal era el de la flojera. Que yo era una floja, que decía lo delPMD para no hacer nada. Para no continuar con mi vida laboral o con mi vida en sí. ¡Eran muy hirientes! Por eso, conversar con las personas me fue paulatino. Al principio me escondía. No iba ni a la puerta de mi casa. Me dañaron mucho con los estigmas. También con la otra cara de la moneda, el estereotipo de las hipomanías. Te conviertes en una persona ‘demasiado extrovertida’. Porque sientes que puedes hacer cosas sin pena. Cosas que tú… o sea, que yo jamás haría. Eres la loca, la irresponsable, la niña rebelde, la egoísta, la que hace todo para llamar la atención. Eso eres para el mundo, un prototipo tipiquísimo, como el de floja. Lo peor es que esto lo comentan también tus allegados. Familiares, vecinos, amigos. Repito, mi pueblo es pequeño. Aquí, todos se enteran de todo. Yo recibí opiniones por todos lados, pero a mí nadie me escuchaba.
Estaba harta de eso. De que me ignoraran, de que me minimizaran. Necesitaba que me oigan, que me lean. Por eso creé la cuenta en Instagram con un nombre anónimo (@babademolusco). Decidí no mostrar mi cara, solo compartir lo que siento. «Si alguien me lee, bueno. Si no, pues ya lo saqué«, me dije. Así inicié. Para mi sorpresa, la gente respondió entusiasmada. «No manches, me pasa lo mismo«. No sé por qué, hasta entonces, no se me había ocurrido que había más pacientes con el mismo diagnóstico, con trastorno bipolar. Fue un grandísimo apoyo, porque conocí mejor la enfermedad.
He tenido muchas recaídas, ¿sabes? El hecho de obtener ese feedback y pues, ¡platicar!… Compartir experiencias es algo que me ayudó a cambiar para bien. La red de apoyo es necesaria. Si vas al psicólogo o al psiquiatra y regresas a una casa en la que recibes malos tratos, pues de nada te va a servir la terapia. O, bueno, vas a retrasar la mejoría.
Estoy inmensamente agradecida con mis seguidores. Siempre me agradecen por compartir, pero en realidad, soy yo quien debe dar las gracias a ellos, por leer. Eso es algo que me ha ayudado mucho: sentirme leída. Es algo así como: «Güey, al fin me escucha alguien que no es ni el psicólogo ni el psiquiatra. ¡Y se siente muy chido!».
Miradas persistentes, frases machistas, bromas de contenido sexual son algunas manifestaciones que soportan día a día redactoras y reporteras mujeres. La Antígona recogió testimonios de mujeres que laboran en Trujillo.
Annie tiene 23 años. Durante su jornada laboral vivió escenas incómodas.“Soy muy respetuosa con gente mayor, pero no voy a tolerar que de una u otra forma traten de pasarse de listos conmigo, había ido a trabajar con falda y dos señores que estaban a mi costado miraban mis piernas, se lo conté a mi amiga pero no le tomó importancia”. contó Annie, quien decidió renunciar a las prácticas por esa mala experiencia.
Asimismo, Marisol de 27 años, durante su carrera de periodista se ha topado con comentarios que minimizaba su persona “Me han dicho de todo y lo siguen haciendo. Cuando opinan, saltan con su «¿por qué opinás? los periodistas no debemos opinar». Cuando he visto a hombres opinando, los comentarios son «¡bravo, ese chico tiene agallas!, ¡no se queda callado! «.
Otro caso es de Evelyn, de 26 años, quien pensó formar una amistad con sus colegas periodistas, sin embargo, vio que tenían intenciones diferentes. “En especial los de mayor edad, aprovechaban cada saludo e interacción como una oportunidad para darme abrazos y caricias incómodas que me eran difíciles de protestar por temor a quedar como «alzada» frente a los demás colegas”.
La periodista y feminista Brenda Gonzales, repudió estos hechos y se solidarizo con los testimonios presentados.
“Entre hombres periodistas, se elogian, respetan y mantienen distancias, como si la sola presencia del hombre amerita respeto y hasta pleitesía. A las periodistas mujeres nos colocan en una situación de que podemos tolerar todo y permitir todo porque nuestro trabajo es menos importante o no es lo suficientemente importante e igual como para imponer respeto, a eso le sumamos el ego machista de saberse superiores por falo más que por conocimiento y eso se ve en la calidad del trabajo que finalmente se hace”. Indicó.
Cabe mencionar que GenderLab, organización dedicada a temas de género y creadora de la herramienta digital Espacios Laborales Sin Acoso (ELSA), llegó a la data que en el 2021, un 34% de mujeres en el Perú ha sufrido alguna forma de acoso sexual laboral, un 4% de las personas encuestadas es capaz de reconocer aquellas situaciones que califican como de hostigamiento sexual laboral.
La falta de acceso a la justicia y servicios de salud son muestra de la desprotección que sufren las poblaciones trans en el país andino. Revisa aquí la segunda parte de este gran reportaje.
DISCRMINACIÓN DENTRO DEL ÁMBITO ACADÉMICO
Dentro del ámbito académico, el asunto no cambia suficiente. Las personas y adolescentes que se sienten identificados con la comunidad LGBTIQ+, se han sentido acosados y discriminados dentro de estos espacios. Según el diario Los Tiempos y a través de “los registros de MTN (Mesa de Trabajo Nacional para poblaciones vulnerables), sólo un 40 por ciento finalizó su preparación escolar.”
Luna Humerez Aquino, explicaba mediante el portal: “Muchas desertan de los colegios o de las universidades por el acoso escolar. Dejan el colegio generalmente a los 12 o 14 años, cuando ya es más evidente su identidad de género. Fue un gran avance la Ley 807. Yo misma y algunas compañeras entramos a la universidad o a los colegios con nuestra nueva identidad, pero muchas aún no lo pueden hacer”.
La Red Iberoamericana de Educación, realizó un mapeo en relación a la educación y las diversidades sexuales y de género en Bolivia. Donde se pudo identificar que el 94% de la población LGBTIQ+ considera que el sistema educativo no se encuentra adecuado, ni preparado, es insensible, o no formaron una verdadera conciencia alrededor del tema para ofrecer una educación integral.
Este hecho da como resultado que las personas identificadas dentro de la comunidad dejen inconclusos sus estudios. En la investigación se ve que el 10% de los estudiantes abandonan los estudios en primaria, el 18% en un nivel superior y finalmente el 72% en el secundario. El dato revelador es que el 70% de acoso escolar fue de parte del profesorado.
Actitudes que se denuncian a través de las normas y leyes del Estado boliviano, entre estas el artículo 14 de la Constitución Política del Estado, en contra la discriminación de cualquier tipo; y la sanción de la Ley 045, conocida como Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación. Dentro de esta misma en el artículo 6 apunta a “promover la implementación de procesos de formación y educación en derechos humanos y en valores para modificar actitudes y comportamientos fundados en el racismo y la discriminación, promover el respeto a la diversidad y contrarrestar el sexismo, los prejuicios, los estereotipos y toda práctica de racismo y/o discriminación”.
En este sentido el sistema educativo debe velar e integrar estrategias, planes y programas que tengan como uno de los principales ejes las diversidades sexuales y de género. De igual modo en la Ley de Educación ‘Avelino Siñani – Elisardo Perez’ resalta la educación gratuita, integral, intercultural y sin discriminación, además de mencionar su carácter inclusivo hacia la diversidad de grupos, población y personas. Mientras que en la Ley de la Juventud, se menciona y tipifica la importancia del reconocimiento y del respeto a la diversidad sexual y de género, y agrega su carácter inclusivo e integral.
La Red Iberoamericana de Educación recalca que: “En el año 2014 se sanciona el Código de la Niña, Niño y Adolescente (548 de 2014), que señala entre sus once principios fundamentales los de igualdad y no discriminación y equidad de género. Este nuevo código establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al buen trato, lo que comprende una crianza y educación no violenta (art. 146) y a la protección, prevención, atención y sanción de la violencia ejercida en el sistema educativo (art. 150). Además, se especifican los tipos de violencia en el sistema educativo y se incorpora como un tipo de violencia escolar la discriminación en razón de orientación sexual e identidad de género (art. 151), lo que representa un avance en las políticas educativas para el reconocimiento de las y los estudiantes LGBTI como poblaciones vulnerables ante la violencia escolar. Finalmente, en cuanto a las prohibiciones de expulsión del centro educativo, el artículo 118 del citado código hace referencia a la prohibición de expulsar a las y los estudiantes por causa de su orientación sexual, entre otras condiciones como la discapacidad o vivir con VIH/sida.”, anota la Red Iberoamericana de Educación
Además de resoluciones ministeriales, donde dictan normas para la convivencia escolar, y las que determinan a los colegios a implementar reglamentos acorde a estos lineamientos; donde se especifica la prohibición de toda violencia, abuso, y maltrato. Y en general añadir estrategias para frenar el acoso escolar. Programas de sensibilización, intervención, protección, entre otros.
LA DISCRIMINACION EN EL SECTOR SALUD Y LABORAL
En el sector salud, las cosas no mejoran. Empezando por la capacitación y la implementación de atención para las personas sobre todo transexuales y transgéneros, quienes deben contar con la debida atención en relación al cambio de sexo, a través de las guías medicas del personal de salud.
Sin embargo, no solo se presenta esta problemática, sino también la discriminación y la transfobia en los centros de salud. El 24 de marzo las comunidades LGTBIQ+, principalmente las comunidades de transexuales, travestis y transgeneros, extendieron un pronunciamiento sobre un caso de violencia, discriminación y transfobia en un centro médico de la ciudad de Cochabamba, una mujer trans fue víctima de mal tratos y la negación de atención médica, lo que provocó su fallecimiento. Anteriormente el año 2020, un caso similar ocurría en la ciudad de Santa Cruz, donde el resultado fue el mismo.
Las comunidades se manifestaron y mostraron su indignación al ver la negación de un derecho fundamental como la salud, vulnerando sus derechos y pidieron a los funcionarios públicos correspondientes que establezcan responsabilidades y sanciones a los debidos casos.
Luna Humerez, indica la petición que se realizó cuando ocurrieron estos casos: “lo que nosotros hemos pedido es que haya una atención integral calificada para la población trans en todos los centros de salud y que no haya discriminación por nuestra identidad de género y por nuestra orientación sexual”. Y añadió: “no hemos recibido ningún tipo de respuesta”.
Mientras en el sector laboral, las personas pertenecientes a la comunidad, especialmente para lxs trans, no encuentran espacios laborales, ni oportunidades, por lo que recurren frecuentemente a la prostitución, o sea trabajadoras sexuales, lo que representa el aumento del riesgo a sufrir vejámenes, discriminación, violencia, agresiones, y hasta transfeminicidio
«Eso no es una calidad de vida (para mí)», dijo Estefany Brito, una transexual que no encuentra espacios laborales, mediante SWI
Como el caso de Alessandraa Ferreti, que al asumir su identidad y salir de casa, fue víctima de transfeminicidio en Cochabamba. El hecho ocurrió en 2021 y las comunidades, colectivos, grupos e instituciones LGBTIQ+ se manifestaron exigiendo justicia y esclarecer el caso.
Compañeras de Alessandra, mencionaron en el portal ‘Corresponsable Clave’ haberse comunicado con la familia de Alessandra, para realizar el traslado del cuerpo a Santa Cruz, a lo que los familiares respondieron: “el decidió ser eso”, negándose a trasladar el cuerpo.
Respecto al tema laboral, Humerez comenta la actual situación en la que se encuentran: “En ese lugar donde menos hemos avanzado. El estado no se preocupa por que las mujeres trabajen. En entidades públicas y privadas, tú vas a buscar un trabajo y no te dan el trabajo justamente por tu identidad de género. Entonces eso hace que la mayoría de las mujeres trans busquen alternativas de subsistencia, en este caso hay un gran porcentaje de la población trans que ejerce el trabajo sexual por falta de oportunidades y que el Estado no hace nada”.
ASPECTO LEGAL EN BOLIVIA
Con el cambio y la creación de la nueva Constitución del Estado del año 2009, se estableció leyes y normas, amparando a la población Bolivia en general contra toda forma de discriminación. Además de incluir a la comunidad LGBTIQ+ basándose en el cumplimiento de los principios de Yogyakarta.
En este marco el Estado está en la obligación de promover la defensa, respeto y proteger los derechos humanos de la población LGBT, teniendo que responder a los siguientes puntos: I. Garantizar a las personas la atención jurídica en asuntos civiles, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y tener los medios para ejercer estas condiciones. II. Adoptar medidas legislativas, administrativas y cualquier otra índole para reconocer y respetar los derechos de la comunidad. III. Se implementará y se adaptará en el nivel legislativo y administrativo medidas y procedimientos para que los documentos indiquen la identidad de género. IV. Deberán garantizar que estos procedimientos se realicen de manera justa y no discriminatoria, respetando la privacidad de las personas. V. Deberán asegurar que todos los documentos tienen que ser reconocidos en todos los contextos. VI. Se deberá emprender programas que sean de apoyo social a todas las personas que estén pasando por transición o la reasignación de género.
Estas son las bases que se deben tener presentes para generar leyes y normativas. Más allá de que estas leyes incluyen a la comunidad LGBTIQ+, no existen leyes específicas, ni concretas, sino que se encuentran incluidas dentro de otras leyes, exceptuando la de Identidad de Género, que tiene como fin el cambio de información en los documentos. Además de demostrar un claro incumplimiento a las que existen, hasta por parte del aparato de la justicia, como lo vimos anteriormente.
Las Leyes, normativas y artículos que se contemplan son los siguientes: que se contemplan son: el artículo 14, dentro de la Constitución Política del Estado:
“El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, orientación sexual, identidad de género, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”; y el Inc. III del mismo artículo determina que “El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.”
La Ley 045 ‘Contra el Racismo y toda forma de Discriminacion: La ley n° 045, Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminacion, en su articulo 5 determina los conceptos y definiciones: a) Discriminación. Se define como “discriminación” a toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de… Orientación sexual, identidad de géneros…, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el derecho internacional. Y también define a la Homofobia y la Transfobia, como la aversión, odio, prejuicio o discriminación contra hombres o mujeres con diversa orientación sexual; y como la discriminación hacia la transexualidad y las personas transexuales o transgénero, basada en su identidad de género.
De igual forma el Decreto Supremo 0189, declara el 28 de junio de cada año ‘Día de los derechos de la Población con Orientación Sexual Diversa en Bolivia’ y el decreto supremo 1022, también establece el 17 de mayo como ‘Día de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia en Bolivia
También se cuenta con la existencia de 11 normativas municipales que están dentro del marco de la no discriminación y la igualdad de los colectivos y las diversidades sexuales
El 21 de mayo del 2016 se implementó una nueva ley, la n° 807, llamada Ley de Identidad de Género, su propósito es rectificar el nombre y el sexo en el registro civil, a esto pueden acceder los mayores de 18 años que no estén casados. La implementación de la ley fue el resultado de una incansable lucha por parte de las comunidades y los colectivos LGBT, sin embargo, en noviembre del 2017, un fallo del Tribunal Constitucional anuló el artículo 11, el que daba los derechos fundamentales referentes al sexo del registro civil rectificado.
Luna Humerez, nos comenta los desafíos a los que se enfrentan tras la anulación de este artículo: Luego de la promulgación de esa ley, hemos festejado, porque teníamos una plenitud de derechos como cualquier mujer boliviana. Sin embargo el 2017, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional plurinacional que prácticamente nos mata en vida, nos quita varios derechos. Habla que la población no tiene derecho a la adopción, no tiene derecho al matrimonio, no tiene ciertos derechos civiles, el tema de la paridad, la participación política y más todavía en la confidencialidad, o sea, quiere decir que cada vez que entremos a cualquier lugar tenemos que decir que somos trans. No es un momento favorable para la población trans del país. Estaríamos siendo como ciudadanas de segunda. Estamos viendo la forma de articulación de la población trans del país para poder hacer acciones en torno a esta sentencia y que como nosotras decimos vulgarmente se nos devuelvan nuestros derechos.
Este es el resultado de una pronunciación por parte de grupos conservadores, religiosos, basados en la moral a través de 6 asambleístas de la oposición. El Institut de Recherche pour le Développement y la Université Paris Diderot explican en su artículo que esto tiene que ver con la interpretación de las categorías de sexo y genero por parte de la legislación boliviana.
Este pronunciamiento describía las supuesta consecuencias que traía las interacciones sociales por parte de las personas trans, lo describen en su artículo ‘El género, sin sexo, ni derechos: la Ley de Identidad de Género en Bolivia’: su empleo (se supone que se trata de mujeres trans) en funciones (interpretadas como exclusivamente femeninas) relacionadas con niños (guarderías, escuelas, enfermerías); el sesgo para l@s pacientes que recurren a un médico trans; el uso de los baños públicos y, lo más dramático a ojos de quienes presentan la acción, el matrimonio con un individuo ignorando su “condición anatómica” y “su imposibilidad de procrear” (p. 8). Se sospecha también que la transidentidad facilita malversaciones (pp. 4 y 8) a pesar de que el número de carnet otorgado de por vida sigue siendo el mismo. Los términos “fraude”, “error”,”encubrimiento” (pp. 4 y 8) adornan el conjunto de la argumentación. La idea según la cual un elemento truncado amenazaría la cohesión del conjunto de la sociedad es ilustrada con la metáfora injuriosa de la falsa moneda (p. 3).
Mencionando también que el matrimonio tiene un modelo y un fin, que es la procreación, que establecen al mismo tiempo como una obligación social.
Actualmente se puede decir que si bien existen leyes en las cuales está incluida esta perspectiva desde las comunidades LGBTIQ+, aún hay muchas dificultades para llegar a la no discriminación, respeto, a la igualdad y vacíos dentro de las leyes, normas que estén enfocadas netamente a estos grupos, como la tipificación de los crímenes de odio y los transfeminicidios.
“No existen leyes concretas que tipifiquen digamos los crímenes de odio como tal, tampoco como transfeminicidios. Entonces tenemos que acudir alguna ley que sí existe, en este caso que como somos mujeres pues el feminicidio. No es lo ideal porque sabemos que el feminicidio también tiene un alcance familiar y sin embargo, muchas de las de las personas trans que son asesinadas no necesariamente han sido asesinadas por familia, por parejas, por chicos, por cónyuges, sino por gente que les odiaba por su identidad. En este caso nosotros la denominamos crímenes de odio. Cierto que no existe una tipificación, no existe esa figura dentro del Código Penal, pero es algo que quisiéramos lograr” finaliza, Humerez.
Miembros de la PNP desistieron de usar armas letales para evitar un escenario parecido al del 14N.. Foto: Luis Javier Maguiña.
Cuando Luis Javier Maguiña, fotoperiodista independiente, salió de su casa un martes a las 4 y media de la tarde con dirección al Centro de Lima, no se imaginó que aquel día una violenta y enfurecida turba en la avenida Abancay destruiría todo a su paso.
“Los supuestos manifestantes empezaron a tirar piedras y causar destrozos en todo lugar público y en puestos ambulatorios en la avenida. Yo me fui de esa zona cerca de las 9 y media de la noche y vi que los Tambos de Camaná y Piérola estaban destrozados. En aquel momento, temí por mi seguridad”, cuenta Luis Javier.
Ha pasado casi un mes de ese violento episodio, y a pesar que la Policía ha conseguido detener a más de diez vándalos que causaron destrozos en propiedades públicas y privadas y la Corte Superior de Lima condenar a dos años de prisión suspendida a cuatro sujetos que atacaron el Poder Judicial, poco se medita sobre cuáles fueron las verdaderas causas que llevaron a que estos colectivos actúen de tal manera.
Conflictos sociales
En el Perú, según el reporte de abril de la Defensoría del Pueblo, existen 208 conflictos sociales, de los cuales 106 están activos y 48 aún no estallan.
Uno de los más mediáticos que se ha venido desarrollando en estos últimos meses tiene que ver con la empresa minera Southern y pobladores de las comunidades campesinas de Tumilaca, Pocata, Coscore, Tala y Torata, en Moquegua.
Los pobladores llegaron a impedir el paso del agua hacia el campamento minero Cuajone, donde viven 5,000 personas, por un lapso aproximado de dos meses. Esto, debido a que la minera contrajo la carretera Cuajone – Toquepala sin consulta previa y por los 50 años de destrozos que la empresa produjo en la zona.
Según estudios, el tiempo en que las actividades mineras se paralizaron, supuso la pérdida de un punto del crecimiento de la producción de cobre del país, además de 260 millones de dólares en pérdidas de exportaciones y más de 400 millones en impuestos.
Ha pasado casi un mes de ese violento episodio, y a pesar que la Policía ha conseguido detener a más de diez vándalos que causaron Sin embargo hace ocho días, a través de un comunicado, Southern indicó que tras la intervención del Gobierno Central y la publicación del decreto que declara a la comunidad de Torata en emergencia, se pudo retomar el control del reservorio de Viña Blanca. Además, la compañía dió a conocer que las operaciones en el campamento de Cuajone se normalizarán luego de que se repare la vía férrea dañada por los pobladores.
Combustión de precios
Los elevados precios del combustible ocasionaron que el pasado 28 de marzo el gremio de transportistas pesados anunciara un paro indefinido. Esto devino en protestas que ocasionaron bloqueos de carreteras en al menos una decena de regiones en el país, en donde además se reportaron quema de casetas de peaje y llantas.
“El incremento de los precios del petróleo a nivel internacional ha causado que muchos sectores de la economía en nuestro país se vean afectados, entre ellos el de transporte”, indicó el gerente de logística Savar, David Kuoman.
Además, el especialista señaló que actualmente el sector de transporte viene registrando pérdidas entre un 10% y 15%, debido a que para mantener los precios han dejado de percibir ingresos.
Para calmar las aguas, el gobierno de Castillo eliminó el impuesto selectivo al consumo del combustible hasta junio. Además, decretó un aumento del 10% del sueldo mínimo, que entró en vigencia hace cuatro días. Un alza que a primera vista, no beneficiará a una gran parte de la población, debido a que en la actualidad el Perú depende significativamente de la economía informal.
“Desde el sector privado, hacemos un llamado a que se puedan reducir los impuestos para que las empresas mejoren su producción, de esta forma no solo se puede activar la economía, sino que se generarían más empleos”, añadió Kuoman.
Escasez alimentaria
Una cosa lleva a la otra. En noviembre del año pasado, cuando todavía no había estallado el conflicto entre Rusia y Ucrania, la bolsa de 50 kilos de urea, el fertilizante más usado entre los agricultores peruanos y de origen ruso, costaba S/.120. En la actualidad, por esa misma cantidad de abono se piden S/.350. Esto ha ocasionado que en lo que va del año, se haya dejado de sembrar el 8,5% de las tierras peruanas, teniendo en cuenta que entre el 70% y 80% de los alimentos que consumen los peruanos proviene del campo. Entonces, ¿qué medidas debemos tomar frente a esta escasez de alimentos y el incremento del precio de los mismos?
Para la economista Catherine Eyzaguirre, la exoneración del Gobierno del IGV (Impuesto General de las Ventas) hacia los productos de la canasta básica no es peligrosa, pero considera que las exoneraciones tributarias deben ser medidas excepcionales y temporales.
Por otro lado Víctor Mayta Frisancho, ex ministro de Agricultura, considera que para reducir los precios de los fertilizantes el Gobierno tiene que subsidiar a la agricultura, dotarla de infraestructura de riego y de maquinaria agrícola.
Innamovilidad ciudadana
El 4 de abril a la medianoche, en la víspera del trigésimo aniversario del autogolpe de Alberto Fujimori, Pedro Castillo decretó la orden de toque de queda desde las 2:00 a.m hasta las 23:59 p.m. del día siguiente.
Según fuentes de la policía fueron los informes de inteligencia de la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia), que actualmente se encuentra a cargo del ex comisario de Tacabamba José Fernández Latorre, los que alertaron a la Presidencia del Consejo de Ministros que el 5 de abril se agudizaría la situación de violencia en Lima y Callao
Aunque para la periodista Lucía Lozano, la medida que adoptó el presidente fue una imagen muy potente de la poca capacidad de gestión y comunicación del gobierno.
“El gobierno de Pedro Castillo va de medidas atropelladas, sin análisis previo, sin técnicos que realmente pueden evaluar las diferentes situaciones y panoramas que haya. Inclusive, no hay una correcta visión dentro del propio Consejo de Ministros”, afirma.
Aquella medida que se tomó a media noche fue uno de los detonantes para la movilización del día siguiente, según Aurora Bravo, investigadora en ciencias de la comunicación. “Yo considero a esta como una de las causas de esa movilización. Fue una medida sorpresiva y algo arbitraria”, comenta.
La orden que dio el gobierno duró unas 15 horas, afectando a 11 millones de peruanos y generando pérdidas por aproximadamente 270 millones de dólares, según el gremio empresarial.
Tal y como sucedió cuando se anunció el toque de queda, el anuncio del levantamiento de la medida tomó por sorpresa a todos. Aquella cancelación se dio siete horas antes del fin establecido.
Cuando se habla de posibles soluciones frente a esta crisis gubernamental, son pocas las opciones que se presentan. Así lo considera el periodista César Chaman: “Una de ellas tendría que ver con un cambio consistente en el gabinete ministerial, para dar paso en el premierato a un personaje capaz de convocar a la concertación y el diálogo y, de paso, incorporar a su equipo de trabajo a técnicos serios. Pero allí las preguntas son puntuales: ¿tiene realmente el presidente Castillo intención de enmendar el rumbo?, y por otro, ¿habrá algún político respetable dispuesto a asumir responsabilidad en un gobierno velozmente desgastado? La opción de vacancia está descartada por falta de votos en el Congreso. Y la alternativa de una renuncia de Castillo es muy improbable”
En los casi 10 meses del profesor Castillo frente al mando del Perú, un país que desde hace mucho sufre una crisis en su sistema democrático, el descontento social parece ser una de las principales características por las cuales se recordará su gestión. Claro, aún nada está dicho.
Históricamente, el modelo heteronormativo de la sociedad, califica y legitimiza las relaciones personales. Esta idea apoyada por diversos factores, como la construcción religiosa de lo que es una familia tradicional, y la asignación de roles, además de la falta de diferenciación entre sexo y género, son unas de las principales características que ha dado lugar al irrespeto, intolerancia, la discriminación y las fobias hacia la comunidad LGBTIQ+ y las personas trans.
A pesar de que los Estados y los organismos internacionales han brindado bases para la formulación de reglamentos para la aceptación por medio de cambios políticos y que amparen las libertades y diversidades sexuales y de género, trabajando en la ruptura y el quiebre de prejuicios, estigmas, discriminación, aún siguen cayendo en perjuicios sociales y lo que deviene de estos.
Ser trans en el país andino
En Bolivia, uno de los sectores más violentados y discriminados son los grupos sociales que conforman la comunidad LGBTIQ+, principalmente a las personas transexuales y transgénero. Haciendo referencia al primer término, como: persona que adquiere las características físicas de las personas del sexo contrario mediante tratamiento hormonal o quirúrgico y el segundo son aquellas personas cuya identidad y expresión de género se diferencia de las que están típicamente asociadas con el sexo que les fue asignado que al nacer.
La representante de Otraf-Bolivia, Luna Humerez Aquino habla sobre la situación en Bolivia y lxs trans: “Los estigmas sociales son pues muy religiosos. Tenemos cimientos patriarcales y machistas muy fuertes. Es difícil la vida para las mujeres por el tema del género, por eso existen tantos feminicidios. Es peor cuando hablamos de mujeres trans, es el doble de difícil. Entonces lo que nosotras buscamos es la plenitud de derechos como cualquier otra mujer. Ya después de ahí comienza la otra lucha de igualdad, de igualdad de género, de igualdad de oportunidades, igualdad en todo sentido”.
Tras la aprobación y la implementación de la Ley 807, reconocida como la Ley de Identidad, se abría paso a las cientos de rectificaciones que la comunidad habrían sufrido históricamente en el país. Dando la posibilidad a implementar otras normativas que apoyen a la igualdad de derechos de las personas con diversidad sexual y de género. Sin embargo, luego de manifestaciones por parte de grupos conservadores y religiosos, apelando desde la moralidad social ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, se tuvo un retroceso en la ley. Los Tiempos remarcaba que esta decisión “tácitamente prohibió, entre otras aspiraciones, el matrimonio, las adopciones a las parejas trans, la paridad política y la confidencialidad de estado anterior.” Con esta ley hasta la fecha se permite solo el cambio identidad en la documentación.
Aun así, el resultado no logra ser el esperado. En 2019 a través del diario ‘Los Tiempos’ Suanny Alexia, transexual y doctora comentaba los límites de la Ley 807: “No cambié ni mi nombre en los documentos. Supuestamente con esta ley el Gobierno nos garantizaba que podíamos hacer el cambio en toda la documentación. Nos anunciaron que podríamos renovar desde el certificado de nacimiento hasta el título de bachiller y las cuentas bancarias. Pero cuando lo intenté, los abogados me dijeron que sólo iba a recibir unos papeles de respaldo, no los títulos”.
El 2021 se registraron 101 solicitudes para el cambio de género en los documentos. Según el diario ‘DW’, los requisitos que se contemplan en el Tribunal Supremo Electoral para realizar este tipo de trámites son: una carta de solicitud que mencione el nombre y el sexo original de la persona, y la nueva información para el cambio. Pero además “se debe presentar el resultado de un examen psicológico «que acredite que la persona conoce y asume voluntariamente las implicaciones de su decisión».
En relación a los crímenes de odio y los transfeminicidios. Según el diario ‘Los Tiempos’ y a través de una investigación de la Defensoría del Pueblo se contabilizaba en los años 2001 y 2017 se registraron 55 casos de crimen de odio contra personas trans, de las cuales 37 eran hacia mujeres trans. En 2018 se recibieron 29 denuncias por parte personas de la comunidad. Mientras que en 2021 la defensoría del pueblo recibió 36 denuncias.
Un monitoreo sobre las diversidades sexuales y de género en Bolivia, realizado por la Fundación Construir, indicaba en su portal web en 2021 que: “Según datos de la Organización de Travestis, Transgéneros y Transexuales femeninas de Bolivia (Otraf), un 51 por ciento de las denuncias de agresión son de personas trans.” Y que según el informe del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM) entre los años 2008 y 2020, 20 personas trans fueron asesinadas.
En 2019 en el diario ‘Los Tiempos’ Humerez, comentaba: “Ahí suman casos como asesinatos, desapariciones, apuñalamientos y golpizas. No matan a una persona por ser gay o por ser lesbiana, ni siquiera por ser hombre trans, pero sí la matan por ser mujer trans. La transfobia aumenta con esas marchas que realizan las plataformas e iglesias que abogan por la familia. Ellos llaman al odio a que las personas tengan homofobia y transfobia y que vengan a asesinarnos. Les pido que no lo hagan porque nosotros, como personas trans, no organizamos marchas contras sus iglesias ni agrupaciones, pero tenemos derechos reconocidos internacionalmente”.
Muy pocas de las víctimas de transfeminicidios, han recibido justicia por el sistema. Solo hasta 2019 se tenía un solo caso que entraba dentro de las características de transfobia. Fue un Transfeminicidios al que el sistema de justicia categorizó como un feminicidio. Este representa el único caso que tuvo una sentencia condenatoria, en el que daban 30 años de cárcel a Alex Villca, asesino de Dayana Kenia Zarate; dicho caso se remonta a 2016.
En 2021, Alberto Moscoso, el director ejecutivo de la Asociación Civil de Desarrollo y Promoción Cultural (Adesproc) Libertad LGBT indicaba mediante el portal de Fundación Construir que: “el Estado no tiene disgregado por identidad u orientación los casos de agresión y hay un subregistro que no está siendo evidenciado.”
El seguimiento y los procesos de justicia, no otorgan protección, ni siquiera la disminución de actos de odio, hostilidad e intolerancia contra las personas pertenecientes a la comunicación LGBTIQ+, mas propiamente dicho personas trans. No existen leyes concretas, ni la tipificación específica que ayuden a combatir la intolerancia y velar por el respeto, protección y la igualdad en relación a este grupo social. Las personas de diversidades sexuales y de género, no se sienten protegidas, de hecho encuentran muchos abusos, agresiones y violencia por parte de aparatos del Estado. En 2019 la Defensoría del Pueblo, a través de su web mencionaba que: “identifica falencias en la obligación por parte del Estado en el cumplimiento del derecho al acceso a la justicia y en la persecución penal en casos cuyo móvil fue el odio, la discriminación e intolerancia.”. En este sentido la mayoría de los casos denunciados quedan impunes.
Una investigación por parte de: Fundación CONSTRUIR, Comisión Andina de Juristas (CAJ), Centro sobre Derecho y Sociedad (CIDES), Instituto Latinoamericano para una sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) y la Universidad de Chile, en 2015, recopilando y rescatando datos elaborados por EMCVDD TLGB en 2011, indicaba que la población trans era la que sufría en mayor porcentaje agresiones, tanto físicas como verbales, representaban el 11, 5% en las categorías de violencia, golpiza, humillación, amenaza e insultos. Dentro de un análisis más general, se determinó que al menos 73% de la población LGBTIQ+ entrevistada, habían sufrido agresiones.
Mientras las cifras cuantitativas alertaban sobre el mal trato de los funcionarios (principalmente policías) del Estado, convirtiéndose en el principal agresor de los grupos LGBTIQ+. Mostrando que un 80% habían sido agredidos verbalmente, físicamente, y psicológicamente por un policía. Lo que después se traduciría a una falta de confianza a este personaje estatal; por lo cual 74% de las personas que sufrieron estos abusos no realizaron denuncias, por la falta de confianza de este grupo social hacia las instituciones de justicia. En este sentido dentro de la investigación 50% creía que el mayor violador de los derechos humanos era la policía. Los datos también indicaban que los detenían sin justificación, hecho que normalmente ocurría mientras iban caminando por la calle, constituyen el 40%.
Al mismo tiempo consideraban que el acceso a la justicia era malo, y que el 93% era discriminadx por parte de la administración de justicia boliviana. Estos datos develaban la preocupante situación de los grupos LGBTIQ+, sobre todo de la población Trans, que constantemente ha sufrido vejámenes. Actualmente aún se puede mencionar la falta de compromiso, sensibilización y consciencia que colaboren a la lucha contra la discriminación, hostilidad y el velar por la igualdad, la justicia y el respeto.
Humerez, indica los obstáculos a atravesar en el contexto actual en relación a la justicia: “La justicia sabemos que está totalmente sucia, maleada y sabemos que no hay justicia para la gente que no tiene plata, no solamente para la población. En general, sin embargo, como la justicia es tan corrupta en nuestro país y se ha visto casos muy feos y fuertes de jueces, de fiscales, etc. Imagínate para la población trans se triplica porque son temas que no les interesan a los jueces y a los. Entonces la justicia todavía para la población trans es casi nula. Asesinan a una compañera, tarda años y no llegamos a una sentencia. Mira estamos en el 2022 y una sola ha llegado a sentencia por un crimen de odio de una mujer trans”
En 2021 una pequeña luz de esperanza, representaría la aprobación por el SERECI el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Lo que dio paso a repensar y plantear la posibilidad para permitir este tipo de uniones en el país y gozar de todos los derechos e igualdad.
“Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de inclusión y tolerancia, la situación de las personas homosexuales continúa siendo difícil en cuanto al acceso al trabajo, vivienda, servicios de salud y educación”, indicó Laura Álvarez, integrante de Otraf mediante el portal SWI.
