Ubicación: Comunidad campesina de Pumamarca, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, región Apurímac, Perú.
El conflicto entre la comunidad campesina de Pumamarca, en la región de Apurímac, y la minera Las Bambas, una de las mayores minas de cobre del mundo operada por la transnacional china Minerals and Metals Group (MMG), ha sido una lucha prolongada y ardua. En el corazón de esta disputa está el predio Sallawi, una tierra vital donde las familias de Pumamarca practican ganadería, construyen sus viviendas y cuidan los ojos de agua esenciales para la agricultura.
Desde 2011, los comuneros han denunciado la compra ilegal de estas tierras por parte de la minera, que pagó un irrisorio precio de 2.000 dólares por cada una de las 1.000 hectáreas del predio, equivalente a apenas 0,50 céntimos por metro cuadrado. Esta transacción ha sido vista por la comunidad como un despojo de sus tierras ancestrales y un atentado contra sus derechos.
El martes 23 de julio de 2024, la comunidad indígena de Pumamarca se movilizó en una protesta pacífica que culminó en la entrada de la minera Las Bambas. La marcha, que contó con la participación de toda la comunidad, rechazó enérgicamente la contaminación creciente de sus fuentes de agua y la violencia policial que busca despojarlos del predio Sallawi, donde la minera pretende expandir sus operaciones.
Sabino Flores, indígena que vive en Sallawi, ha presenciado de primera mano cómo la minera y el Estado no solo intentan desalojar a su comunidad, sino que también criminalizan a sus líderes en un intento de desarticular la resistencia. La represión policial y los procesos judiciales contra los dirigentes comunales han sido constantes, reflejando la estrategia de la empresa y del Estado para debilitar la lucha de Pumamarca.
La comunidad de Pumamarca ha reiterado su demanda principal: la devolución del predio Sallawi. Este territorio es fundamental para la ganadería, actividad que sustenta económicamente y culturalmente a los comuneros. La expansión de la minería no solo pone en riesgo su modo de vida, sino que también amenaza la salud de la comunidad debido a la contaminación del agua, un recurso indispensable en esta región.
El caso de Pumamarca es un ejemplo claro de las tensiones entre las comunidades indígenas y las grandes empresas mineras en Perú. Refleja no solo las disputas por la tierra, sino también las profundas desigualdades en las negociaciones y el respeto a los derechos fundamentales de las comunidades originarias. A pesar de la represión, la comunidad de Pumamarca sigue firme en su lucha por la justicia, la restitución de sus tierras y el respeto a sus derechos ancestrales.
En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas sugirió crear un Día Universal del Niño, y en Perú se conmemora el tercer domingo de agosto para destacar la importancia de la protección, educación y desarrollo de la niñez. FOTO: ABC
El Día del Niñx es una ocasión para reflexionar sobre los derechos y la seguridad de los más pequeños en nuestras sociedades. En Perú y en la región de América Latina, la situación de los niños y niñas enfrenta desafíos significativos relacionados con la violencia, el abuso y la explotación.
En nuestro país, los niños y niñas están expuestos a altos niveles de violencia y abuso. Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (Enares) 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 68,9% de los niños de 9 a 11 años ha sufrido violencia psicológica y/o física en el hogar al menos una vez en su vida. Además, el estudio indica que el 66,2% de los menores en ese mismo rango de edad reportaron haber sido víctimas de violencia física o psicológica en el entorno escolar.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) reporta que cada año se registran miles de casos de abuso sexual infantil. Entre enero y septiembre de 2023, los Centros Emergencia Mujer (CEM) del Programa Nacional Aurora del MIMP atendieron 22,959 casos de violencia sexual a nivel nacional. De estos, 16,296 (71 %) correspondieron a violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y 15,081 casos afectaron específicamente a niñas y adolescentes mujeres.
En América Latina y el Caribe, la situación de violencia hacia niños, niñas y adolescentes es alarmantemente similar. Según un informe regional de UNICEF, esta violencia puede comenzar desde el primer año de vida. El informe señala que casi 2 de cada 3 niños y adolescentes, de entre 1 y 14 años, experimentan disciplina violenta en el hogar. Además, la ONG destaca que los niños tienen siete veces más probabilidades de morir por homicidio que las niñas, mientras que las niñas son particularmente vulnerables a la violencia sexual a partir de los 10 años.
La explotación infantil en la región es un problema cada vez más preocupante. Según la OIT, 8,2 millones de niños entre 5 y 17 años trabajan en América Latina y el Caribe. La mayoría son adolescentes varones, con un 33% de niñas. El trabajo infantil se distribuye tanto en áreas rurales como urbanas, y el 48,7% se concentra en el sector agrícola, y más del 50% realizan labores peligrosas que ponen en riesgo su salud, educación y bienestar.
La trata de niños con fines de explotación sexual y laboral impacta a miles de menores cada año. La pobreza extrema y la falta de acceso a la educación agravan esta situación. Según el Informe Mundial sobre Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en Sudamérica, el 11% de las víctimas de explotación sexual son niñas, mientras que los hombres constituyen el 57% de las víctimas identificadas por trata con fines de trabajo forzoso.
Para Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), es importante abordar el problema de la violencia, ya que es crucial eliminar la normalización de cualquier forma de maltrato físico o castigo humillante que algunos consideran como correctivo. «La violencia, tanto física como emocional, no debe ser vista como una herramienta educativa; existen métodos más apropiados para enseñar que un comportamiento es inadecuado», enfatiza.
La especialista señala que otro aspecto importante es reconocer cómo las relaciones tóxicas entre adultos también afectan a los niños y niñas, quienes deben ser considerados en estos contextos. Por lo que es esencial implementar modelos de diagnóstico temprano de violencia en las escuelas y desarrollar mecanismos de respuesta y protección. Chávez señala que un ejemplo de ello podría ser la identificación de un cuidador o cuidadora en cada familia que esté integrada en la comunidad educativa. Además, es fundamental ofrecer un acompañamiento integral a las familias que participan en programas sociales. “Las municipalidades deben promover campañas comunitarias y crear espacios seguros para actividades extracurriculares. También es importante fomentar espacios de encuentro para niños y niñas a través de actividades deportivas que incluyan un enfoque de buen trato y la erradicación de la violencia de género”, señala.
Asimismo señala que las comunidades juegan un papel crucial en la prevención de la violencia contra los niños. Al visibilizar el problema y generar incidencia, se logra una mayor conciencia y acción colectiva. Chavéz enfatiza que un aspecto clave es el trabajo comunitario en áreas como la educación sexual fuera de la escuela, donde se promueve un entendimiento adecuado de temas sensibles. Además, recalca que la investigación sobre violencia infantil, que es limitada y rara vez impulsada por el Estado, encuentra su principal motor en la sociedad civil y la academia, lo que subraya la importancia del compromiso comunitario en la generación de conocimiento y la búsqueda de soluciones efectivas.
El Módulo de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud cerró el año pasado con 166 nuevos casos de maltrato a niños y adolescentes en el Perú.
Fotografía: internat
Perú ha avanzado en la implementación de diversas leyes y políticas destinadas a proteger a los niños y adolescentes de la violencia y la explotación. Un paso significativo se dio en 2015 con la promulgación de la Ley N° 30403, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra menores, promoviendo así un entorno más seguro y respetuoso para su desarrollo. Asimismo, la Ley N° 28950, que tipifica y sanciona la trata de personas, refuerza la protección de los niños y adolescentes contra una de las formas más graves de explotación.
Las medidas de protección en la región de América Latina incluyen importantes iniciativas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha creado la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, encargada de monitorear y promover los derechos de los niños en la región. Además, numerosos países han implementado planes nacionales de acción destinados a combatir la violencia infantil, reforzando así su compromiso con la protección y el bienestar de la niñez. Organizaciones como Unicef y la OIT trabajan en colaboración con los gobiernos latinoamericanos para implementar programas de prevención y protección. Estas organizaciones también brindan asistencia técnica y financiamiento para fortalecer los sistemas de protección infantil.
El Día del Niño es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la protección y el bienestar de los niños. En Perú y en la región de América Latina, se han tomado medidas significativas para enfrentar la violencia, el abuso y la explotación infantil. Sin embargo, queda mucho por hacer. Es esencial continuar fortaleciendo las leyes, políticas y programas que garantizan los derechos y la seguridad de los niños, asegurando que cada niño crezca en un entorno seguro y protector. La colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil es crucial para alcanzar este objetivo.
Mural de Micaela, por un nuevo amanecer ubicado en Barrios Altos. Por: SOL DE MARIA SILVA LINARES.
El discurso histórico popular del Perú fue escrito por personajes que temían la degeneración de roles de género sostenidos desde la formación social virreinal. Aquella sociedad que abusaba de las diferencias de clases silenció a los más débiles y en esa categoría, lamentablemente, estaba la mujer. Esa, y la falta de documentación, sería una razón ‘aparentemente’ justificada para no reconocer las acciones tuvo Micaela Bastidas como mujer precursora de la independencia.
La reconocida esposa de Tupac Amaru, quien fuese el líder de la mayor rebelión indígena durante el virreinato, fue mucho más que una acompañante o colaboradora, como muchos documentos desfasados lo señalan. Su vida es un fiel retrato de la feroz heroicidad femenina.
Sara Beatriz Guardia, directora del Centro de Estudios de La mujer en la Historia de América Latina (CEHMAL), en su libro Micaela Bastidas y las heroínas de la independencia, resalta como principal característica su temperamento y capacidad estratégica militar, comparada a un general de alto rango. Es necesario reconocer que la idiosincrasia de la época opacaba al género femenino. Pese a ello, luego del triunfo de la batalla de Sangarará, su nombre cogió más relevancia para el enemigo. Esta gran gesta se debió en gran medida a que Micaela Bastidas lideró el reclutamiento y la distribución de soldados en el pueblo.
UNA LÍDER FUERA DE ÉPOCA
Desconocer acciones como estas se debe a la falta de divulgación, debido a que los historiadores, al documentar los hechos, registran su visión, muchas veces sesgada por una valoración colectiva que está inmersa en el machismo colonial que no aceptó figuras del grueso de Micaela Bastidas. No aceptaron que una mujer mestiza, huérfana, analfabeta y esposa de un arriero tuviera protagonismo en la derrota del ejército realista.
Su inmolación no es expuesta como el salto del morro de Arica de Alfonso Ugarte, o admirada como la resistencia de nado del emisario y pescador José Olaya, y, mucho menos, sus palabras no han sido inmortalizadas como la frase célebre “Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho” del coronel Francisco Bolognesi. Imposible, ella no dominaba el español y, por supuesto, no sabía leer ni escribir.
Micaela Bastidas es la heroína nacional por excelencia y representa el símbolo peruano máximo de lo que abarca el empoderamiento femenino, porque rompe los roles tradicionales y pasivos comúnmente asignados a la mujer en tiempos de guerra —tejer y cocinar, divulgado por varios cronistas. Algo impensable, ya que recién en el siglo XX se permitió a la mujer a ocupar cargos castrenses y políticos. Sin embargo, en el presente hay poca identidad con este personaje y eso se refleja en la falta de recogimiento cívico.
Su papel en las rebeliones fue similar al de Tupac Amaru, hay quienes la calificaban como el complemento ideal para el líder rebelde, pues, dominaba las reglas del poder y el mando, algo que quizás a José Gabriel Cóndor le faltaba. Tuvo facultades administrativas y políticas en la resistencia. Todo eso se conoce gracias a las cartas que se enviaron entre 23 de noviembre de 1870 al 23 de marzo de1781, donde ambos se comunican para conocer los pormenores de su situación.
Imagen tomada de portal web piurano El tiempo
CARTAS DE AUTORIDAD Y GUERRA
Resulta conmovedor el cariño y respeto fraternal que se tenían. En las misivas ambos se llamaban; Chepe, hijo Pepe, Chepe mío, hijo Chepe mío, Chepe de mi corazón; firma: tu Mica; e hija mía, hija Mica; firma: Tu chepe. Respectivamente.
En una carta, Micaela envía un reporte de acciones cometidas en Carabaya, Caylloma y Arequipa, donde informa que están esperando el avance hacia el Cuzco; sin embargo, Tupac Amaru intentaba ampliar el radio de acción de su tropa para después emboscarlos y cortarle el suministro a la Ciudad Imperial antes del ataque. Micaela, astuta y curtida de la dinámica de la conquista Inca, sospechaba la traición de sus hombres frente a un contraataque realista, como lo expresan las palabras escritas por su traductor, de quien se sabe que podría haber sido un miembro de sus tropas, el 6 de diciembre de (AÑO):
“Harto, te he encargado que no te demores…; pero tú te ocupas en pasear sin traer a consideración que los soldados carecen de mantenimiento… ellos solamente van al interés y a sacarnos los ojos de la cara mientras más tiempo pase se han de amilanar y se perderá toda la gente que tengo prevenida para la bajada al Cusco”
Luego de enviar la amarga carta, Micaela decide marchar a Cuzco de Tungasuca por su cuenta, aun teniendo opositores y con la amenaza latente de ser emboscada por el enemigo. Al regresar del sur, Tupac Amaru se comunica con Micaela, quien fue primero a Pomacanchi a reunir indios. A partir de allí, los líderes no volvieron a reunirse físicamente y comenzaron a aunar fuerzas para vencer a las fuerzas del virrey Agustín de Jáuregui, quien, enterado de las revueltas, organizó dos destacamentos compuestos de 1,846 hombres, 6 cañones y municiones ubicados con la táctica de ser acorralados por todos los frentes.
Imagen tomada de portal web Peruanísima
GRITOS EN SILENCIO
El 12 de abril de 1781 fueron apresados y, en el proceso de ser juzgados, Micaela Bastidas toma una postura absoluta de ignorancia y desconocimiento, alegando, incluso, a su falta de educación. Esta decisión la descalifica, para algunos historiadores, al reconocimiento de héroe, omitiendo la salvedad de que esta posición fue para no delatar a su esposo y compañero, y para salvar a sus hijos. Sin embargo, no logró su cometido, ya que los corregidores señalaron que tuvo igual o mayor injerencia, arrogancia y soberanía que Tupac Amaru. Dicho y hecho, la mujer nunca se quebró en el proceso ni al final de su sentencia.
Por supuesto que hay más personajes femeninos en esta etapa de la historia del Perú, Francisco Martínez Hoyos, periodista, reúne en su texto llamado Heroínas Incómodas, a mujeres que debieron marcar un hito social en su comunidad, pero que no tienen la visibilidad ponderada por ser del “género sensible”. El caso más ilustre es Manuela Sáenz, quien tuvo la etiqueta de amante de Simón Bolívar, pero poco se le recuerda por su carácter imponente que la catalogó con el apelativo de “la gobernadora del gobernador”.
EL VALOR DE UNA CULTURA
La participación de Micaela Bastidas es el ejemplo más claro los sentimientos ambivalentes que produce la inclusión femenina en el proceso emancipador. En la actualidad persiste esa etiqueta social religiosa de que la mujer es un ser frágil. Las maneras podrán haber cambiado, pero aún está el comentario de “cómo debe comportarse una chica” para calificarla.
Esto tiene un nombre y es “violencia simbólica”, un concepto acuñado por Pierre Bourdieu, sociólogo francés, que describe como la relación social naturalizada ejerce un dominio físico indirecto por repetición. Si este es desvirtuado, pues, te tachan con prejuicios. En ese análisis se puede colegir que una dama no puede ser ruda o tenaz porque deja de ser vista como mujer y queda desprovista de su dócil sensibilidad.
Personalidades guerreras y atrevidas aparecen cada cierto tiempo, por lo que me parecería impropio no fomentar la figura de Micaela Bastidas en colectivos o agrupaciones feministas. Todas las mujeres que el movimiento acoge alrededor del mundo toman consciencia de la transformación social que requerimos para tentar la igualdad y erradicar la violencia contra la mujer, pero hace falta sentirla cercana. Imitando o difundiendo valores como los de Micaela, pertenecientes a nuestra identidad cultural, probablemente podemos construir un lazo étnico, no sanguíneo, para dejar de seguir solo símbolos extranjeros. Se puede encontrar una consciencia feminista de la que todos seamos parte.
Afectados por Metales Tóxicos de Huamachuco protestaron en exteriores de la Red de Salud de Sánchez Carrión tras la comprobación de niños con arsénico en la orina. Foto: Proyecto Amigo – Cañi-Quimit
“A mi hijo de 8 años le sacaron análisis en una campaña en Shiracmaca y el doctor me dijo que ha salido con plomo en la sangre. Dice que es por el agua que está 100% contaminada, así que le harán un seguimiento. Mi hija y yo también podemos estarlo, pero aún no hemos sacado análisis”, reveló María, cuyo menor de edad forma parte de la estadística de niños afectados por metales pesados en Huamachuco.
Padres de familia del distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, se encuentran sumamente preocupados por la salud de sus hijos. Varios de ellos han salido a marchar por las calles en pequeños grupos a la espera de un pronunciamiento de las autoridades regionales y nacionales.
El reporte que encendió las alertas sobre la calidad de agua que se consumía, fue el de la Red Integrada de Salud de Sánchez Carrión, que arrojó los resultados de los exámenes que se realizaron inicialmente a 32 pobladores, del sector de Shiracmaca y El Toro. En total, fueron 26 niños, 28 niñas y 3 gestantes.
De este número, 13 presentaron concentración de arsénico en orina superior al referencial. En ese entonces, 3 de abril del 2024, aún se encontraban a la espera de los resultados del Censopas del INS, para conocer la situación de los 25 pobladores restantes cuyo estado de afectación de una posible presencia de (plomo, cadmio y arsénico) se desconocía.
Sin embargo, en el más reciente informe al que pudo acceder La Antígona, producto de la solicitud del pasado 24 de junio, se conocieron algunas modificaciones. Es así que mediante el OFICIO N° 406 – 2024- GRLL-GGR-GRS-RISSC/METPES/DE, se observó que el número ascendió a 35, es decir, 22 individuos fueron identificados como afectados por tener arsénico en orina superior al valor de referencia para personas no expuestas ocupacionalmente.
Carteles hechos por los Afectados por Metales Tóxicos de Huamachuco que exponen sus reclamos. Foto: Proyecto Amigo – Cañi-Quimit
Otro testimonio recogido estos últimos meses, fue el de una madre de familia que vestía un polo blanco y una pollera negra. La trenza que llevaba en la cabeza ya estaba algo despeinada, pues con la historia que narraba casi al borde del llanto, poco importaba cómo lucía. Sosteniendo un cartel escrito a mano que decía: “Queremos agua sin metales tóxicos”, evidenciaba que la preocupación la iban consumiendo ante la presencia de otros ciudadanos con historias similares.
Durante pocos minutos, confesó que su hija de 7 años sufría de bullying en el colegio. Ella también presentaba constantes desmayos en su centro de estudios, motivo por el cual decidió buscar ayuda. “Quiero que tengan en reserva el nombre de mi hija, porque a veces se siente mal y me dice: ¿me voy a morir?”. A la madre de familia, el doctor le dijo que esos metales pesados matan lentamente, y así hierva el agua que consume 3 o 4 días, no será suficiente. Ahora, su niña debe consumir agua mineral, y de ser posible, recurrir a más tratamientos pero la falta de recursos económicos lo impiden.
“Acá el Estado tiene que cumplir su función, intervenir en identificar las fuentes de contaminación. Eso le compete al Estado para ver de dónde proviene esta contaminación. Por eso nosotros decimos que posiblemente sea de la actividad minera”, mencionó una de las integrantes de la Plataforma Distrital de Afectados por Metales Pesados en Huamachuco.
Según el portal del Ministerio de Salud, el arsénico no solo puede ser hallado en el agua, sino también en el suelo, aire, alimentos, plaguicidas y en determinados abonos empleados para la agricultura. Las señales que indican que una persona está contaminada con este metal, se ven reflejadas en la piel, modificaciones de color, aparición de lesiones cutáneas, durezas y callosidades, tanto en las palmas de las manos cómo de los pies. Conocidas también como hiperqueratosis. Lo que se sabe es que está problemática perjudica a 3 de cada 10 ciudadanos peruanos. En otras palabras, más de 10 millones de personas estarían expuestas a todos los riesgos que contrae el contacto con estos metales. Cifras que fueron proporcionadas por el mismo MINSA.
En la nota emitida el pasado 3 de febrero, también mencionan otros síntomas más invasivos: “se puede presentar irritación crónica de vías respiratorias, debilidad, adormecimiento, dolor o disminución de la sensibilidad, en manos y pies, entre otros”, se lee en internet. Ese, tan solo es el inicio de un mal que de no tratarse a tiempo podría terminar en cáncer de piel, vejiga o de pulmón.
Ante las cientos de preguntas que se hacen los afectados y quienes son testigos de algunos cambios en su organismo producto de esta contaminación, ha surgido una organización que les viene brindando soporte ante tanta desinformación. La Plataforma Distrital de Afectados y Afectadas con Metales Tóxicos de Huamachuco apareció en el año 2022, con el apoyo de Proyecto Amigo y la Red Muqui.
Poco a poco ha ido creciendo hasta contar con 35 integrantes que están comprometidos no solo con la salud, sino también el cuidado ambiental, la defensa de su territorio, recursos naturales e hídrico. Cabe precisar que, este grupo forma parte de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales, Metaloides y Sustancias Tóxicas del Perú.
Parte de su plan de ayuda es que tanto niñas, niños, adolescentes y adultos conozcan cuales son los efectos de los metales tóxicos tanto en el organismo humano cómo para el ambiente. Además de acceder a un Plan de Acción Integral de Salud y finalmente que aquellos afectados se unan a la plataforma mencionada para mejorar sus estrategias.
Según la información proporcionada, ellos junto a las autoridades de Shiracmaca han logrado reunirse con el director de la Red de Salud para ejecutar acciones concretas: una de ellas, es que puedan incorporarse a las acciones de prevención y promoción en diversos grupos de influencia minera directa. Además de la instalación de una mesa multisectorial de trabajo que beneficie a las personas afectadas por metales tóxicos, en cumplimiento del PEM.
Existe la Ley N° 31189, que fue publicada el martes 4 de mayo del 2021. Esta declaraba de interés nacional la salud de aquellas personas afectadas por contaminación por metales pesados y otras sustancias nocivas para el organismo humano. Sin embargo, hasta la fecha no se habría aprobado el financiamiento para el cumplimiento de la citada norma, lo que perjudica a nivel nacional a quienes han ido presentando diversos signos de afectación por metales tóxicos.
Retratos de Milagros Samillán y Yovana Mendoza. Fotos: Zlatna Gargurevich / Composición: La Antígona
Milagros Samillán y Yovana Mendoza, se han enfocado en fortalecer la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022 y 2023 levantando la voz por muertos y heridos en protestas.
Sus hermanos fueron asesinados en Juliaca y Ayacucho y cambiaron sus vidas para entregarse a la lucha por encontrar justicia.
Un informe de Amnistía Internacional proporciona más evidencias sobre las responsabilidades en la cadena de mando.
La vida de cada una de nosotras es la suma de infinidad de momentos. Momentos hermosos que se atesoran y otros brutales que nos parten por la mitad. Hay momentos que se resumen en un instante en que el mundo propio se rompe en pedazos que jamás se volverán a juntar. Pocas veces ese momento es parte de la historia de un país. Algunas menos, ese momento tiene un registro audiovisual que se repite en busca de justicia pero también abriendo una herida que sangra sin sanar. Las mujeres que cuentan sus historias en este reportaje comparten el momento, el registro, la herida y una lucha incansable por obtener justicia en este, su país.
Milagros y Yovana son dos mujeres peruanas cuyas vidas cambiaron para siempre con la velocidad con la que una bala surca el aire y termina con una vida. Ambas son hermanas de dos hombres que fueron asesinados en protestas sociales en nuestro país hace poco menos de dos años. Milagros Samillán es hermana del médico y biólogo Marco Antonio Samillán, quien fue asesinado en la ciudad de Juliaca el 9 de enero del 2023. Yovana Mendoza es la hermana mayor de Jhon Mendoza Huarancca asesinado el 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho.
Retratos de Milagros Samillán. Foto: Zlatna Gargurevich
“Es un cambio muy muy fuerte. Es despertar un día y ver a tu familia destruída, ver que ya no está ese hermano, te han arrebatado a ese ser tan querido para tu familia. Yo no podía explicar el dolor que sienten mis hermanos, mis hermanas y yo como mujer”, Milagros habla con convicción y con la voz casi siempre a punto de quebrarse. Ella estaba a punto de celebrar su graduación como psicóloga cuando la noticia llegó: han matado a Marco Antonio.
“Nuestra vida ha cambiado bastante, he dejado de trabajar, he dejado de ser la mamá que cuida a los hijos, he dejado de ser la esposa que está en la casa pendiente de su familia, ahora me dedico en buscar la justicia.” Yovana Mendoza sufrió la muerte de su hermano de 34 años y al poco tiempo la de su madre quien sufría de un cáncer avanzado. Su voz tiene el aplomo de quien ha decidido sostener una causa por su familia pero también, por la memoria y justicia en todo un país en el que, muchas muertes en protesta, han quedado impunes.
Presentación de informe «Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú». Foto: Amnistía Internacional.
Estas dos mujeres llegaron a Lima, como lo vienen haciendo desde hace casi dos años, por temas relacionados a la lucha de las familias de los fallecidos en el estallido social. Esta vez, están en la presentación del Informe de Amnistía Internacional titulado: “¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú” En la mesa de presentación estaban cuatro mujeres: Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
Madeleine Penman, Investigadora de la misma institución y Yovana Mendoza en representación de la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022 y 2023,. En primera fila Milagros Samillán escuchaba lo que allí se leía. Un recuento de las inacciones del gobierno frente a las muertes, detalles de planes operativos y evidencia nueva que apunta a los culpables en las más altas esferas del poder.
Lo presentado en el Informe de Amnistía Internacional fue contundente y doloroso.Luego de escuchar el resumen de todo lo contenido en la investigación, Milagros nos comparte el motivo por el cual decidió ser ella, junto a su hermano Raúl, quien lleve la voz de su familia para encontrar justicia: “Yo decido esto cuando recuerdo aquellas palabras de mi hermano Marco Antonio cuando estaba vivo que me decía que tenía que ser fuerte. No sabía que èl me estaba preparando para estos eventos, para esta realidad que hoy estoy viviendo. Gracias a dios yo todavía no tengo hijos, no tengo familia, entonces tengo la disponibilidad de poder viajar y levantar mi voz por mi hermano y por los demás asesinados.”
Retratos de Yovana Mendoza. Foto: Zlatna Gargurevich
Para Yovana todo ha sido más complicado pero no por ello ha decaído en su lucha: “Mi hermano era como un papá en la casa, tengo a mi papá que es discapacitado tiene neuropsicosis y mi mamá sufría de cáncer, ella falleció a los dos meses. Tuve que traer a toda mi familia a casa de mi mamá para hacerme responsable de mi padre que está enfermo, de mis hermanos menores, ahora ya no soy la mamá de un hijo, la esposa de un hombre, soy la mamá de todos mis hermanos. Nos enfocamos en buscar justicia todos los hermanos juntos. Ahora todos vivimos en una sola casa.”
La vida cambió de pronto para esta mujer pero dice que la fuerza sale de algo incluso más profundo que el amor por su hermano y la justicia para su familia, algo aún más grande la sostiene: “No es por mi hermano no más, no solo por mi, como me ven soy una persona adulta, una persona que ya un día se va de este mundo pero lo hacemos por mi hijo, por el hijo de todos los peruanos, por mi nieto, por los nietos de los peruanos. Por los que vienen es que salimos a buscar justicia. Nosotros en algún momento nos vamos a ir. Nosotros ya nos estamos deteriorando, en un año y medio ya nos sentimos deteriorados pero tenemos que seguir sacando fuerzas de dónde sea para buscar un país libre para los que vienen, para las nuevas generaciones.”. Si un día no me voy estoy segura de que mi hijo seguirá buscando justicia hasta encontrarla, agregó.
En el caso de Milagros es como una vida en puntos suspensivos. Ella acababa de terminar su carrera de psicóloga y su hermano Marco Antonio estaba en su segunda especialidad. Su muerte volcó su energía joven a la causa de la justicia. “Hemos tenido que dejar nuestros estudios, nuestras familias, nuestro trabajo, para dedicarnos exclusivamente a buscar justicia y por el derecho que nos corresponde. Para que ya no hayan más violaciones de derechos humanos, más asesinatos”, comenta Milagros.
Pero qué pasa con los sueños, con el proyecto de vida, con las ilusiones de la primera generación de la familia en estudiar en la universidad. Le preguntamos entonces por sus sueños: “Quiero lograr ejercer mi carrera profesional, yo acababa de culminar estudios en psicología, pero ya no pienso como antes, ahora pienso ejercer en el bien de mi comunidad, en el bien de mi gente, de mi pueblo peruano. Quiero ayudar a despertar a las mujeres, a los pueblos olvidados, que tenemos que levantar la voz, tenemos que actuar de diferente manera.”
La lucha de ellas es por cada una de las víctimas, por Sonia y la joven Yamileth, las dos mujeres asesinadas en contexto de protesta social. Pero también, por los múltiples casos, aún impunes, en los que desde el Estado, alguien dio la orden de disparar.
Ana Estrada y María Benito marcaron un precedente. La primera tuvo que pelear por años para lograr de manera excepcional la inaplicación del artículo 112° del Código Penal, el cual penaliza el homicidio piadoso, mientras que la segunda, pese a que solo pidió que se cumpla la ley, tuvo que atravesar un juicio. Hasta el momento, tres congresistas han presentado iniciativas relacionadas a la muerte digna.
En el Perú, donde hablar sobre el fin de la vida aún es tabú, dos mujeres decidieron alzar la voz y luchar por su derecho a una muerte digna. Ambas marcaron un precedente. Por un lado, Ana Estrada, que fue diagnosticada con polimiositis, tuvo que enfrentarse a un sistema indolente durante años para que finalmente acceda a una eutanasia, mientras que María Benito, quien padecía de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), incluso tuvo que pelear por un derecho ya contemplado por la ley: el rechazo al tratamiento. En los últimos años, gracias a Ana y María, el derecho a una muerte digna ha tenido avances, pero todavía falta tratar el verdadero problema: la falta de una normativa para que otras personas no tengan que esperar ni ser limitadas al momento de decidir sobre sus cuerpos.
Actualmente, cualquier ciudadano que busque ayudar a morir a pacientes terminales es castigado. Según el artículo 112° del Código Penal, todo aquel que ‘‘por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años’’. Asimismo, de acuerdo al artículo 113° ‘‘el que instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo, será reprimido, si el suicidio se ha consumado o intentado, con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años’’.
En el caso de Ana Estrada se buscó la inaplicación del artículo 112°. En su momento se señaló que su caso no sentaría un precedente legal, pero sí lo logró de muchas otras maneras, pues hizo historia. ‘‘En un principio, cuando busqué referencias en Perú (sobre la muerte digna), no encontré ninguna y eso me frustró y dio mucho miedo sobre qué iba a pasar si decía algo. Entonces, si más adelante hay alguien que también busca el derecho a la muerte digna, que me encuentre en la historia de los derechos humanos y que mi caso le sirva’’, dijo Ana a La República en el 2021.
Las iniciativas
Pues bien, a raíz de su lucha tres congresistas han presentado proyectos de ley al respecto, pero aún no han sido debatidos. En enero del 2021, Gino Costa fue el autor de la iniciativa N° 6976 que buscaba permitir el uso de la eutanasia. El objetivo era ‘‘regular el derecho que le asiste al o a la paciente de pedir ayuda médica para poner fin a su vida’’ en casos específicos ‘‘en el ejercicio de derechos fundamentales como son la autonomía y la dignidad humana’’. También, como disposición complementaria, el documento pedía derogar el artículo 112° y 113° del Código Penal, así como cualquier disposición que se oponga a la propuesta.
El congresista Luis Kamiche también trabajó en el proyecto de ley N° 6772 que presentó en enero de este año. A diferencia de la iniciativa de Costa, Kamiche busca que la ley de reforma constitucional modifique el numeral 1° del artículo 2° de la Constitución ‘‘para reconocer las determinaciones para el final de la vida como ejercicio del derecho constitucional a una vida digna’’.
Hoy en día, el numeral en cuestión señala que toda persona tiene derecho ‘‘a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece’’. El cambio que propone Kamiche sería el siguiente: ‘‘A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, a su libre desarrollo y bienestar y a las determinaciones para el final de su vida para acceder a una muerte digna. El concebido es sujeto de derecho en todo lo que le favorece’’.
Para Josefina Miró-Quesada, quien fue abogada de Ana Estrada y María Benito, el PL de Costa fue un gran paso, pues suponía despenalizar la eutanasia, pero en términos de integralidad de contenido de muerte digna solo abordaba una de ellas. ‘‘Creo que una propuesta de ley que legaliza o en todo caso asegura las distintas expresiones del derecho a muerte digna tienen que necesariamente despenalizar la eutanasia, pero también el suicidio medicamente asistido y establecer medidas para garantizar la accesibilidad de los cuidados paliativos, la universalidad de estos (…)’’.
En tanto, sobre la iniciativa de Luis Kamiche, que propone reconocer el derecho a la muerte digna en la Constitución, Miró-Quesada manifiesta que el tenerlo contemplado literalmente ‘‘si bien garantiza una mayor protección, creo que no es tan necesario como sí garantizar las expresiones en las que se ejerce el derecho a una muerte digna’’. Añade que más allá del reconocimiento expreso del derecho a una muerte digna, debe haber una propuesta de ley que busque que este derecho que ha sido reconocido pueda ser implementado en la práctica a través de sus distintos modos que son cuatro: eutanasia, suicidio medicamente asistido, rechazo al tratamiento y los cuidados paliativos. En el Perú, solo los dos últimos son legales.
El tercer proyecto de ley fue presentado el último 22 de mayo por el parlamentario Jorge Flores, quien busca modificar el Código Penal para la inclusión del artículo 112-A sobre la eutanasia. La propuesta señala que este método no constituirá como delito de homicidio al ser practicado por un médico con licencia, mientras se cumplan con determinadas condiciones, entre ellas que el paciente sufra de una enfermedad terminal o condición médica grave que provoque sufrimientos intensos y constantes. Además, el paciente habrá tenido que expresar su consentimiento expreso, libre e informado para que se practique la eutanasia a través de un documento escrito y ante un notario o autoridad competente, así como otros puntos más.
Josefina Miró-Quesada dijo a través de sus redes sociales que es un paso importante porque ‘‘es una cuestión de dignidad y autonomía’’, pero también refirió que se deben hacer algunos ajustes, debido a que en la exposición de motivos del proyecto se habla sobre tipos de eutanasia, que incluyen la eutanasia involuntaria. La abogada resaltó que ‘‘solo existe un tipo de eutanasia: la activa, directa y siempre voluntaria. El resto no lo es’’.
Cuando no se respetan los derechos
A diferencia de Ana Estrada, quien buscó que se inaplique el artículo 112° del Código Penal, el pedido de María Benito, que consistía en rechazar el tratamiento médico que implicaba el retiro del ventilador mecánico que la mantenía con vida artificialmente, sí estaba contemplado en la Ley General de Salud, Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud y el Código de Ética del Colegio Médico. María no tenía por qué llevar una demanda judicial, pero, debido a que EsSalud alegó que se trataba de una eutanasia, tuvo que hacerlo, mientras su salud se deterioraba cada vez más. Sin embargo, luego de obtener un fallo favorable, el jefe de la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, Luis Carrillo, aseveró que ningún médico de su área podía llevar a cabo la medida porque existe la objeción de conciencia.
Al respecto, Percy Castillo, exadjunto de la Defensoría del Pueblo y abogado que acompañó el caso de Ana y María, sostuvo que la objeción de conciencia tiene límites. ‘‘El tema es que como no hay regulación en el Perú es un tema gaseoso, pero al regularse la muerte en condiciones dignas deberá también establecerse las formas en que la objeción de conciencia puede aplicarse porque de ninguna manera podría paralizar el ejercicio del derecho de otros’’.
A su vez, Josefina Miró-Quesada recuerda que la objeción de conciencia nace originalmente en contextos de servicio militar forzoso; sin embargo, el tratamiento existente debe ser diferente cuando se trata de servicios médicos, ya que el ser parte del personal médico es una decisión enteramente voluntaria de servir a los pacientes que requieren de una serie de prestaciones médicas para salvaguardar su salud. No obstante, la abogada añade que ‘‘la medicina no únicamente busca proteger la vida, sino también evitar sufrimientos. La protección y la vida, además, no deben entenderse como la preservación de la vida a toda costa, como equivocadamente se interpreta el juramento hipocrático’’.
Al igual que Castillo, Miró-Quesada resalta que la objeción de conciencia no puede obstaculizar los derechos de un paciente. También indica que se debe tratar de una excepción y no convertirse en una regla, por lo que el Estado debe garantizar suficientes profesionales de la salud no objetores.
Por su lado, Diego Chacón, médico internista de Urgencias especialista en Cuidados Paliativos, precisa que la objeción de conciencia no se puede realizar si no se puede ofrecer una alternativa de cuidados al paciente. ‘‘Si eres el único neurólogo en el área sanitaria donde está el paciente, y este ha sufrido un ictus, o cualquier enfermedad cuya atención no es demorable y para la cual no se pueden buscar alternativas de tratamiento o especialistas específicos para su atención, en ningún caso puedes objetar, ya que es deber médico preservar la salud de ese paciente por encima de valores individuales’’.
Chacón Moreno, quien actualmente labora en el Hospital General Universitario de Guadalajara, en España, sostiene que en los casos en los que los principios del profesional implicado en el acto médico (o enfermero) no se alinean con la petición o solicitud del paciente, puede objetar de realizar la acción, pero sí está obligado a buscar a otro profesional que pueda hacerse cargo.
Sobre el significado de morir con dignidad señala que ‘‘es hacerlo sin lesionar tus valores y principio, dejándote marchar cuando la enfermedad te debilita tanto que para ti ha perdido el sentido esa vida. Sobre todo en esta circunstancia, y en lo que más me afecta como médico que trabaja en urgencias, y especialista en cuidados paliativos, creo que la manera de preservar la dignidad nace del conocimiento y la relación sincera y genuina médico-paciente, realizando acuerdos que siempre busquen el bienestar del paciente, no la preservación de la vida a toda costa. Un profesor mío decía: “La labor del médico es preservar la salud, no la vida” Cuando entendí esto, muchas cosas cambiaron en mí’’.
Plano internacional
En cuanto a la muerte digna en el plano internacional, si bien todavía no existe un reconocimiento del derecho autónomo, sí existe a nivel de derecho comparado, explica Miró-Quesada. Por el momento, el tribunal que más ha desarrollado este derecho es la Corte Constitucional Colombiana, que ya ha definido el derecho a una muerte digna como un derecho fundamental. ‘‘Lo que hay y el concepto que se utiliza para describir este tipo de derechos es que se les llama derechos emergentes’’.
Mientras tanto, en Perú se espera el debate del proyecto de ley presentado en el Congreso, pues, pese a que en nuestro país la muerte sigue siendo un tema difícil de discutir, lo cierto es que es una condición de la vida inevitable para todos, por lo que queda decidir cómo debe ser ese fin.
