¿Se les olvidaron los derechos humanos?

por La Antígona | Historias

Por Reportar Sin Miedo y Tirana Hassan

El gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, no ha cumplido su promesa de impulsar la defensa de los derechos humanos. En otros temas, como la lucha contra la corrupción, ha habido algunos avances

Por Tirana Hassan 

Publicado originalmente en Human Rights Watch [Todos los derechos]

Nueva York, Estados Unidos. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha fallado en cumplir con su promesa de fortalecer los derechos humanos y las instituciones democráticas en el país.

Honduras sufre problemas estructurales desde hace años, incluyendo corrupción sistémica, interferencia política en el sistema judicial, inseguridad, un porcentaje muy elevado de su población en condiciones de pobreza y ataques letales contra defensores del medioambiente.

En febrero, el Congreso nombró una nueva composición de la Corte Suprema. Los 15 magistrados fueron elegidos a partir de una lista preparada por una junta en base al mérito. Sin embargo, como en el pasado, los partidos políticos se dividieron las vacantes entre ellos. A octubre, la elección de un nuevo fiscal general se encontraba retrasada en el Congreso mientras los partidos luchaban por nombrar a una persona afín a sus intereses.

A octubre, el gobierno continuaba negociando con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, la creación de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en Honduras respaldada por la ONU.

Independencia judicial y lucha contra la corrupción

En febrero, el Congreso nombró a los 15 magistrados de la Corte Suprema que ejercerán sus funciones por un periodo de siete años. Aunque los congresistas mantuvieron la práctica de repartir las vacantes proporcionalmente entre los partidos políticos, esta vez seleccionaron de una lista preparada por una junta nominadora en base al mérito, lo que supuso un avance en comparación con procesos anteriores. El Congreso también cumplió con el requisito legal de paridad de género y seleccionó al primer magistrado afrohondureño en la historia del tribunal.

El gobierno y el secretario general de la ONU se encontraban negociando la creación de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, en el marco de un memorando firmado en diciembre de 2022. Entre julio y octubre, un grupo de expertos de las Naciones Unidas visitó Honduras en tres ocasiones para evaluar la viabilidad y el marco jurídico de una comisión.

En julio, el Congreso derogó el decreto 57-2020, que obstaculizaba la obtención de documentos clave por parte de fiscales en investigaciones por corrupción, y modificó el decreto 93-2021, que dificultaba la persecución por lavado de activos. En agosto, el Congreso derogó el decreto 116-2019, que impedía al Ministerio Público investigar el uso indebido de fondos públicos por parte de congresistas por hasta siete años, a la espera de una auditoría administrativa.

Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, una organización independiente creada por ley en 2005 para luchar contra la corrupción, salió de Honduras en junio tras recibir amenazas luego de publicar un informe sobre nepotismo en el gobierno. Castellanos regresó al cabo de un mes y continuó denunciando prácticas corruptas.

En 2018, Óscar Chinchilla fue elegido fiscal general a pesar de no encontrarse incluido en la lista preparada por una junta proponente, lo que constituyó una violación de la Constitución. El mandato de Chinchilla finalizó el 31 de agosto de 2023. Una junta proponente seleccionó a cinco candidatos para sustituir a Chinchilla en un proceso que, según algunas organizaciones de la sociedad civil, estuvo influido por intereses políticos. La disputa política continuó en el Congreso, que a octubre no había podido seleccionar a un nuevo fiscal general.

Defensores de derechos humanos

Entre enero y agosto, 236 defensores de derechos humanos sufrieron hostigamientos, amenazas o ataques. Al menos 13 fueron asesinados en ese período —mientras que 11 fueron asesinados en todo el 2022—, informó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras. El 75 % de los defensores que sufrieron ataques y más del 90% de los defensores asesinados eran defensores del medioambiente y de la tierra.

En enero, los defensores del medioambiente Jairo Bonilla y Aly Domínguez fueron asesinados en Guapinol, departamento de Colón. Habían recibido amenazas por sus actividades en defensa de los ríos Guapinol y San Pedro. En junio, Oquelí Domínguez, hermano de Aly y quien también era defensor del medioambiente, fue asesinado en Guapinol.

El mecanismo creado por Honduras en 2015 para proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales del sistema de justicia tiene graves falencias. El mecanismo carece de autonomía financiera, de personal calificado con experiencia en derechos humanos y de la confianza de los defensores, quienes temen dar información personal que pueda acabar en manos de quienes los atacan.

Derechos económicos y sociales

Según los últimos datos oficiales de 2021, cerca del 80% de los hondureños de las zonas rurales vivían en condiciones de pobreza, con ingresos inferiores a 7 dólares diarios, y casi todos ellos en la pobreza extrema, con ingresos inferiores a 4 dólares diarios.

En marzo de 2023, datos oficiales mostraban que el 14% de los hondureños no sabía leer ni escribir. Esta tasa alcanzaba al 31% entre los mayores de 60 años. Sólo el 56% de los niños y niñas de entre 12 y 14 años, y el 29% de entre 15 y 17, asistía a la escuela.

Las remesas representaron casi el 8% de la fuente total de ingresos de los hondureños, según datos oficiales de marzo de 2023, y el 27% del producto interno bruto (PIB) del país, la tasa más alta de América Latina y el Caribe, según datos de 2022 del Banco Mundial.

Seguridad pública y condiciones en centros de detención

Honduras es uno de los países más violentos del mundo, con 3,661 homicidios reportados por la policía en 2022, una tasa de 38 homicidios por cada 100,000 habitantes. Según Insight Crime, un centro de estudios y medio de comunicación especializado en crimen y seguridad, Honduras tiene la segunda tasa de homicidios más alta de América Latina y el Caribe, tras Jamaica. Datos preliminares de la policía reportan 2,341 homicidios entre enero y septiembre de 2023, un descenso del 16% en comparación con el mismo periodo de 2022.

Desde diciembre de 2022, la presidenta Castro decretó el estado de excepción en distintas áreas del país, incluyendo el distrito central, lo que permite la suspensión de los derechos a la libertad de asociación y reunión, y a ser informado del motivo de una detención, entre otros. La Oacnudh en Honduras expresó su preocupación por el uso recurrente del estado de excepción sin una política integral de seguridad pública basada en los derechos humanos. El gobierno justificó el estado de excepción sobre la base de un aumento del crimen organizado.

En junio, se desataron hechos de violencia entre pandillas en una cárcel de mujeres, con el resultado de al menos 46 muertas. En respuesta, el gobierno de Castro puso las prisiones bajo control militar, una medida habitual en Honduras sin resultados claros y que puede incrementar las violaciones de derechos humanos.

En septiembre, las prisiones albergaban a casi 19,000 reclusos, un 72% más que su capacidad. Casi la mitad de las personas detenidas se encontraban en prisión preventiva, según estadísticas oficiales.

Derechos de mujeres y niñas

Según datos de 2021 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Honduras tiene la tasa más alta de feminicidios —definido como “el hombre que mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres”— de América Latina. El Centro de Derechos de Mujeres, una organización no gubernamental hondureña que monitorea informes de medios, contabilizó 317 femicidios entre enero y septiembre de 2023.

El aborto es ilegal en Honduras en todas las circunstancias, y se prevén penas de hasta seis años de prisión para quienes se sometan a abortos y para quienes los practiquen. En marzo, los recién nombrados magistrados de la Corte Suprema confirmaron una sentencia anterior que rechazaba el argumento de que la prohibición era inconstitucional.

En marzo, el Congreso aprobó una ley que promovía y garantizaba la educación sexual integral para prevenir los embarazos adolescentes. Tras una fuerte reacción de grupos conservadores, la presidenta Castro anunció en julio que había vetado la ley.

En marzo, la presidenta Castro firmó un decreto ejecutivo que puso fin a la prohibición en el país del uso y la venta de anticoncepción de emergencia.

Migración, asilo y desplazamiento interno

Entre enero y septiembre, el gobierno mexicano reportó que 31,055 hondureños solicitaron asilo en México, sólo superados por los haitianos. Muchas más personas continúan el trayecto hacia los Estados Unidos. Los migrantes enfrentan serios riesgos durante el viaje, incluyendo secuestros, robos y discriminación.

Según el gobierno de Honduras, entre enero y julio 32,727 hondureños, de los cuales un 12% eran niños y niñas, fueron repatriados de forma forzosa, más de la mitad de ellos desde los Estados Unidos y más de un tercio desde México.

Entre enero y septiembre, 340,611 migrantes ingresaron a Honduras sin la documentación adecuada o sin seguir los procedimientos establecidos, más que en todo 2022. Más del 45% de ellos eran venezolanos, seguidos de cubanos, ecuatorianos y haitianos, cada uno representando más del 10% del total.

En marzo, la presidenta Castro promulgó una ley para reforzar la ayuda gubernamental a las comunidades e individuos víctimas de desplazamiento interno. La violencia de pandillas y las violaciones de derechos humanos causaron el desplazamiento interno de unas 191,000 personas entre 2004 y 2018, según los últimos datos más completos del gobierno.

Orientación sexual e identidad de género

Las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) en Honduras continúan sufriendo un alto grado de violencia y discriminación en todos los aspectos de su vida, lo que empuja a algunas a abandonar el país. Cattrachas, una organización hondureña que monitorea información publicada por medios de comunicación, contabilizó 40 asesinatos por orientación sexual e identidad de género entre enero y octubre de 2023.

Honduras ha incumplido medidas clave que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó en un fallo de 2021 por el asesinato durante el golpe militar de 2009 de Vicky Hernández, una mujer transgénero. Las medidas incluían la creación de un protocolo de investigación penal para casos motivados por prejuicios anti-LGBT y de un procedimiento mediante el cual las personas trans pudieran cambiar su nombre y género en documentos oficiales para reflejar su identidad de género. A octubre de 2023, ni el protocolo ni el procedimiento se habían creado.

Derechos de personas con discapacidad

Las deficiencias en la infraestructura pública, las dificultades para acceder a un puesto de trabajo, el maltrato en los servicios de transporte público y el escaso acceso a información forman parte de las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad en Honduras, según un informe de la Defensoría del Pueblo de 2022, que estima que el 14 % de los hondureños tiene algún tipo de discapacidad física, sensorial, intelectual o psicosocial.

Actores internacionales clave

En marzo, Honduras rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y apoyó la política de “una sola China”, que sostiene que Taiwán es una parte inalienable de la República Popular China. Honduras y China acordaron que Honduras participaría en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un proyecto de un billón de dólares para impulsar la inversión china y promover sus intereses en materia de política exterior.

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Honduras mantuvo una postura vacilante con respecto a los derechos humanos en 2023. Se abstuvo de votar una resolución para prorrogar el mandato de un grupo de expertos de la ONU que investiga violaciones sistemáticas de los derechos en Nicaragua, así como también para renovar los mandatos de los relatores especiales sobre la situación de derechos humanos en Rusia y en Bielorrusia. Por otro lado, votó a favor de renovar los mandatos de un grupo de expertos de la ONU que investiga abusos en Siria y del relator especial sobre la situación de derechos humanos en Irán.

LAS BAMBAS: HABLAN LAS MUJERES

por La Antígona | Historias

Por Leah Sacin @leahsacin

Historias de mujeres en defensa del territorio, machismo, discriminación y lucha. Criminalización, afectación de la familia y el tremendo esfuerzo de cumplir con las labores de cuidado y también representar a su comunidad.

En dieciocho años desde que empezó a funcionar el proyecto minero Las Bambas, mucho se ha escrito sobre los problemas ambientales y sociales que rodean al proyecto. Esta vez son las mujeres las que tienen la palabra para contar cómo una de las minas de cobre más grandes y productivas del Perú tiene un tremendo impacto en sus vidas.

En la primera parte de este reportaje, conocimos las historias de Virginia y Lizbeth, dos mujeres luchadoras que representan la fuerza y el liderazgo de la población femenina de Las Bambas. En esta segunda entrega, conoceremos más sobre aquellas mujeres que son el rostro de la protesta social alrededor del proyecto Minero Las Bambas. En los comités de defensa ambiental y en las comunidades, muchas mujeres dirigentes han cumplido un rol fundamental en la lucha.

Ellas cuentan su historia.

Madres en solitario: la viudez

Isaura, Agustina y Antonia son viudas del conflicto social. Sus esposos son los fallecidos que se cuentan en la historia del desarrollo del proyecto minero Las Bambas. Ellos murieron en enfrentamientos con la policía en las protestas que se desarrollaron luego de los cambios en los Estudios de Impacto Ambiental.

Isaura Soti tiene 29 años, su esposo murió en 2015. Cuando sucedió, ella tenía una hija pequeña y una en el vientre. Han pasado casi ocho años, pero el día en que la muerte partió su vida en dos, está marcado en su memoria de forma indeleble. “Mi esposo fue a la protesta, era en principio por el paso de los camiones. Yo estaba embarazada y él no me avisó. Yo me enteré porque mi papá había ido a la protesta y vino a las siete de la noche y, llorando, me dijo. Cuando regresé me sentía como borracha, no sabía lo que pasaba”. Fue como una de esas escenas del cine en las que la protagonista deambula y el entorno es borroso e inaudible. “Me quedé viuda, embarazada y mi hija mayor estaba bien chiquita. Fue mi mamá la que me tuvo que ayudar con todo”.

Con la muerte de su esposo Alberto, Isaura se enfrentó a la realidad. No sabía leer, ni escribir, ni conocía oficio que le permitiera trabajar para mantener a sus hijas: “Yo como mujer me dedicaba a la casa, a cuidar a los hijos, cuando él muere tuve que vender los animalitos que quedaban, mis suegros no me dieron nada, solo mis padres me ayudaron. Ser madre soltera en la comunidad es muy difícil, no sabía trabajar, no tenía dinero, la platita no alcanza, las niñas crecen y crecen, y no hay para comprarles nada”.

Isaura dice que lo principal que quiere para sus hijas es que no sean como ella, que como ya tiene experiencia sabe que es importante estudiar, que va tratar de siempre estar cerca de ellas. “Yo también me tengo que sacrificar por mis hijas”, aunque confiesa que su actual esposo no acepta vivir con sus hijas.

“Su esposo actual no acepta a las niñas, nosotros nos hemos hecho cargo de las pequeñitas, ¿con quién van a estar? con nosotros.  Ella no podía quedarse sola, es muy difícil estar sola en la comunidad”, relata el padre de Isaura y ella agrega: “Es muy triste que una mujer se quede solo con dos niñas, sin saber trabajar”.

Cuando fuimos a buscar a Agustina al distrito de Mara para concretar nuestra entrevista la encontramos en una actividad comunal del pueblo. Son esas actividades a las que se debe asistir de lo contrario pueden imponerles una multa. Con su bebé en la espalda pudo darnos unos minutos para contar su historia. Y aunque entiende y habla el español, es en su lengua materna -el quechua- en la que puede expresar sus emociones. Agustina prefiere darnos la entrevista en quechua. “Mi esposo fue a la protesta con los compañeros y regresó en un cajón. Él no estaba enfermo, no tenía nada, estaba sano y bueno ha ido y regresó así, en un cajón, yo no entiendo”. Agustina ya no llora, “seguro me olvidé cómo llorar ya”, reflexiona.

Cuando era niña Agustina tenía ilusión por ir al colegio pero su padre murió cuando era pequeña y eso nunca ocurrió. ”Mi mamá no sabía ni leer ni su nombre. Yo tenía que ayudarla, no había tiempo para el colegio tampoco”. No hubo tiempo para el colegio y tampoco para pensar en lo que querría hacer con su vida, Agustina se casó y tuvo hijos antes de ser mayor de edad. “Yo no he sabido cómo trabajar, me sentía perdida cuando me quedé viuda. Solo sabía cuidar a los animales y a los niños”

“Yo quiero que mis hijos estudien para que puedan tener mejores trabajos, yo no he sabido ni escribir, no quiero eso para ellos, quiero que sean mejores, ojalá sean profesionales”, dice mientras algo oscurece -sin remedio- su mirada. Ella añade “no quiero que sean como yo”, aunque ella sabe que todas esas cosas que no hizo fue porque estaban muy lejos de sus manos. Las enormes brechas de acceso a la educación que hay en el Perú, por ejemplo, se hacen infranqueables para las mujeres en casos como el suyo.

“Mi esposo me iba ayudar porque él sí sabía escribir y leer, yo ni eso, porque mi mamá me crió sola y ella tampoco sabía nada, y así yo no quiero que siga eso con mis hijos. Mi orgullo es que tres de mis hijos ya acabaron la secundaria y eso es un montón. Pero me falta su universidad, ojalá que se pueda”.

Antonia es quechuahablante, pero entiende el español perfectamente. Cuando llegamos a su casa la encontramos recortando la hierba con una hoz. La primera pregunta fue sobre su esposo y su rostro cambió de inmediato. “He sufrido mucho. Yo nunca pensé…Tampoco supe nunca lo que era estar sola, no entendía lo que era trabajar ni qué hacer,” recuerda.

Por sus hijos, Antonia se mantuvo en pie y aprendió a llevar sola su casa. Aunque poco a poco tuvo que ir vendiendo sus animales para cumplir con la más importante misión: educarlos. “Yo quería que mi hija estudie y por eso ha ido a Lima, aquí no ha podido entrar a la universidad.” Fue difícil entender que su hija había decidido irse lejos pero era una decisión, hacer lo necesario para que el camino de su pequeña fuera distinto al suyo. Las cifras del Ministerio de Educación indican que más del 5% de la población es analfabeta y según UNESCO más del 70% -de ese porcentaje- son mujeres. Por cada hombre analfabeto hay tres mujeres en nuestro país. “Cuando yo era niña casi ninguna chica iba al colegio. Yo ni un día he ido a la escuela. Me hubiera gustado estudiar”

La muerte de su esposo expuso a Antonia a percibir la realidad como nunca antes le había ocurrido. “Cuando yo me quedé viuda me di cuenta que no tratan bien a las mujeres, más cuando están solas. Siempre nos dejan atrás”. El Estado invisible y la comunidad muchas veces mirando con recelo a una viuda. Antonia decidió no volver a casarse, decidió resistir, decidió aprender a llevar su casa y encaminar a sus hijos para que estudien en la universidad. Reiteró que su “hija está en Lima y quiero que estudie, que gane su platita. Ya no va ser dominada por otros. Quiero que su vida sea diferente”.

Antonia nació en la década de 1970 y aunque sabe que la vida en el campo sigue siendo dura para las mujeres, también reconoce que algo está cambiando finalmente. “¿Ha cambiado en algo el machismo en la comunidad?” -se pregunta a ella misma- “Solo un poquito. Al menos un poquito. Los jóvenes han cambiado un poco y parece que si hay un poco más de respeto para las mujeres”.