De rojo y blanco en los Juegos Olímpicos

por La Antígona | Especiales

Por Sebastián Velásquez Desposorio

Perú compite en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con su tercera delegación más grande en su historia. Tendrá representación en surf, en atletismo y en otros 15 deportes, en un evento marcado por la pandemia y protestas. Pero también por una búsqueda de la igualdad de género por parte del COI (Comité Olímpico Internacional).

Sobre su tabla, con los brazos abiertos y golpeándose el pecho, la surfista Daniella Rosas sabía que había ejecutado las maniobras necesarias para ubicarse en primer lugar. Era la final femenina de surf de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y el jurado le dio la razón. Le otorgó el puntaje requerido para subir un peldaño y ponerse encima de su rival. Para que finalice ese versus, restaban tres interminables minutos. Todo podía pasar. Sin embargo, la tabla de resultados -al final- no se movió. Y aquella tarde, la tablista no solo se colgó la medalla de oro, en un día histórico para el deporte peruano, también se ganó su boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en donde el surf haría su debut.

Casi dos años después, y en plena pandemia de la COVID-19, Daniella, con 19 años, ratificó su clasificación en el Mundial ISA de Surf 2021, al igual que su colega Lucca Mesinas. Él también había conseguido su pase a la cita olímpica en Lima 2019 tras lograr la presea dorada con su tabla corta. Sin embargo, los dos deportistas nacionales no fueron los únicos que salieron de ese campeonato mundial con tiquete en mano. Miguel Tudela y Sofía Mulanovich también lo hicieron. 

Como si el destino quisiera que Sofía, la ‘Reina’ del surf peruano, estuviese en el estreno del surf en unos Juegos Olímpicos, los resultados se consumaron a su favor. Y, a pesar de que había sido eliminada en tercera ronda del repechaje, pudo clasificar a Tokio 2020. “Es un sueño hecho realidad”, afirmó. Uno que le faltaba pues ya ha sido campeona mundial en tres oportunidades: dos en la Asociación Internacional de Surf (ISA, por sus siglas en inglés) en 2004 y 2019, y el tercero, en 2004, en el torneo mundial de la entonces Asociación de Surfistas Profesionales (ASP), hoy Tour de Campeonato (CT) de la Liga Mundial de Surf (WSL).

Ellos cuatro forman parte de un total de 35 deportistas nacionales que competirán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los mismos que fueron aplazados un año debido al coronavirus. Representan la tercera delegación olímpica más grande en la historia del país. Solo en Los Ángeles 1984 acudieron la misma cantidad de atletas. En Londres 1948, fueron 41; y en Berlín 1936, 40. El objetivo, claro está, es buscar subir al podio y conseguir la quinta medalla para Perú en los JJ.OO.

El coronavirus no ha permitido, como es costumbre, que esta sea una fiesta a plenitud. Pruebas a mansalva para detectar el virus, barbijos en todo momento que se pueda, sin público en las gradas, protocolos de seguridad al máximo para proteger a los protagonistas y el riesgo siempre latente de que esa calamidad llamada COVID-19 se propague entre los organizadores o los deportistas que se alojan en la burbuja que ha tratado ser la Villa Olímpica (aunque dos atletas, al menos, ya se han contagiado). Hay protestas contra la cita olímpica por temores fundados. Hay un repunte de la pandemia en la capital nipona. No es Tokio 2020 el evento que debía ser. Pero sí es, quizás, el acontecimiento que cumplirá el sueño a miles de deportistas, entre ellos, a los 35 peruanos. 

Perú participará en 17 deportes y, como Tokio nos lleva catorce horas de diferencia, generalmente nuestros compatriotas entrarán en acción en la noche o en la mañana, siguiendo el horario peruano. Donde habrá más compatriotas será en el agua: en el surf, la natación, el remo y la vela. Por ejemplo, María Pía Van Oordt y Diana Tudela serán las primeras peruanas en competir con un bote 49er FX en una cita olímpica. Son la segunda dupla más joven de aquella categoría en los JJ.OO. y las que se encargan de promover en el país esa especialidad: una embarcación tripulada por dos mujeres. 

María Belén Bazo también empezará a escribir la historia del windsurf peruano en unos Juegos Olímpicos. Mientras que Paloma Schmidt, en su cuarta participación, y Stefano Peschiera, tres del mundo, volverán al evento con las ganas de superar sus anteriores actuaciones en láser radial y láser standard, respectivamente. 

Los deportistas que nos dieron las dos primeras medallas de oro en Lima 2019 también estarán presentes. Gladys Tejeda y Cristhian Pacheco correrán la maratón y demostrarán así por qué Junín es la cuna del fondismo peruano. A ellos se le sumará la huancavelicana Jovana de la Cruz. En la marcha atlética -ese deporte de punta, talón, punta, talón-, la representación estará encabezada por Kimberly García, medallista de plata en los Juegos Panamericanos. Habrá, asimismo, participación rojiblanca en bádminton, boxeo, ciclismo, esgrima, gimnasia artística, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, skateboarding y tenis, con Juan Pablo Varillas, primera raqueta peruana, quien se incorporó al equipo en un llamado de último minuto. 

La delegación rojiblanca desfilará en el monumental e histórico Estadio Olímpico de Tokio en la inauguración. A diferencia de las ediciones previas, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha autorizado que cada país pueda contar con dos abanderados. Una decisión que busca aportar a la lucha por la igualdad de género. “Hemos cambiado las reglas para permitir que los Comités Olímpicos Nacionales (CON) nominen a un atleta femenino y masculino para que porten conjuntamente su bandera durante la Ceremonia de Inauguración. Alentamos a todos los CON a hacer uso de esta opción”, anunció Thomas Bach, presidente del COI, el año pasado. 

No es la única medida que han tomado para fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres. “El COI también decidió que debería haber, por primera vez, al menos un atleta femenino y un atleta masculino en cada uno de los 206 equipos y en el Equipo Olímpico de Refugiados que participan en los Juegos”, precisó Bach. Y añadió que Tokio 2020 serán “los primeros JJ.OO. con equilibrio de género de la historia, con un 48,8% de participación de mujeres”. Una cifra que se acerca a la del equipo peruano: 45,71% son mujeres y 54,29% son hombres. 

Es, entonces, Daniella Rosas quien será la abanderada nacional junto a su compañero Lucca Mesinas. A ella, el presidente Francisco Sagasti le encargó la bandera en una ceremonia en Palacio de Gobierno, y también aprovechó para dejarles a los atletas un último mensaje: “Lleven siempre en su fortaleza, no solo física sino también espiritual, el coraje y el aliento de todo el Perú”, aconsejó el mandatario. 

DELEGACIÓN PERUANA

Mujeres trans en el Perú: Cuando la lucha debe nacer en el Estado

por La Antígona | Especiales

Por Zoila Antonio

Mientras se desarrollaba este reportaje, la excandidata al Congreso, Gahela Tseng Cari, realizó la denuncia correspondiente ante el ataque transfóbico que sufrió el viernes 9 de julio en plena vía pública. La mujer afroperuana, indígena y educadora sorprendió a usuarios en redes sociales al publicar un tuit donde afirma haber recibido esta agresión frente a policías y cuidadores de la Municipalidad de Lima. Ellos vieron lo acontecido, pero no la socorrieron. “Mi único delito es ser travesti”, señala. Como ella, mujeres trans son vulneradas a diario en el Perú, ante la atenta mirada de una sociedad machista, conservadora y autoridades ausentes para ellas.

La situación provocada por el Covid -19, ha agudizado una cuestión que ya venía siendo deficiente en el acceso a políticas públicas para la Población Trans. A esto se debe sumar que, hasta la fecha, el Estado no implementa leyes que mejoren su calidad de vida o se las visibilice dentro del sistema. A pesar de que, son la población más vulnerable de la comunidad LGBTIQ+. Estamos a pocos días de que el nuevo presidente del Perú asuma su cargo, así como de cumplir 200 años de independencia. Sin embargo, ¿qué libertad podemos celebrar si un grupo de ciudadanas no accede a derechos básicos y vive constantemente precarizada? ¿Qué podemos esperar de los próximos cinco años de gobierno?

Seguir viviendo en exclusión

“Si antes de la pandemia era grave, la violencia, los crímenes de odio por identidad y expresión de género eran constantes, ahora, con la pandemia, se ha agudizado”, sostiene Miluska Luzquiños, representante de la RedLacTrans en el Perú. Al consultarle sobre acciones que lo han evidenciado desde el Gobierno, mencionó a ‘Pico y género’ como una de ellas.

Durante el confinamiento, esta iniciativa permitía que hombres y mujeres transiten por la calle durante determinados días y horas. No obstante, sólo durante el primer día de su vigencia, se recibieron 30 denuncias y casos de transfobia por violencia de género, según el informe Las vidas trans en tiempos de pandemia. El ‘Pico y género’ sólo duró una semana. “Todo ello responde a una línea de machismo, de violencia, transfobia interiorizada dentro de los mismos sistemas que deberían protegernos”, asegura.

Ellas continúan viviendo en una situación de exclusión. “Ya sea a nivel laboral, a nivel de salud, a nivel educativo, relegadas de estas instancias, acciones o actitudes que me han llevado tanto a mí como a muchas otras compañeras a tener que simplemente buscar trabajos para tratar de sobrevivir, porque no nos permiten ni siquiera poder estudiar, a eso súmale el tema que la mayoría somos migrantes”, nos cuenta Belén Zapata, activista trans afroperuana.

Según la encuesta realizada el 2010 por la Universidad Cayetano Heredia, sólo en Lima y Callao viven 22.500 mujeres trans. No se tiene un registro nacional que dé cuenta del número actual. Asimismo, 89% de ellas no tiene seguro de salud, 70% son trabajadoras sexuales debido a que el sistema laboral no las incluye, 50% abandonó sus estudios y 10% no tiene documento de identidad. 

“Las instituciones dicen trabajar por nosotras, pero no nos incluyen, ¿dónde queda la supuesta agenda nacional? ¿Qué puede decirme una persona que vive en Lima de cómo viven las personas de la diversidad en Cusco, Ica, Puno, Iquitos, Pucallpa, Madre de Dios, Tacna, o Piura?”, indica Zapata.

Son las entidades gubernamentales las que deben ser principalmente, reformadas. Un caso emblemático, que inclusive fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue el de Azul Rojas. La Policía ejerció violencia contra la mujer trans y la violentó sexualmente. “Es un acto especialmente grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente”, indica la CIDH en su informe nro. 24/18.  Ante estas urgencias, ¿qué propuestas surgen del Estado para brindar derechos básicos a las mujeres trans en el Perú?

Apostar por el Gobierno (o no)

Al 100% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, Pedro Castillo Terrones, del partido Perú Libre, es el virtual presidente del Perú del Bicentenario. El plan de gobierno que promueve su partido y él no ha tomado en cuenta, de manera específica, los derechos de las poblaciones LGBTIQ+. Por ende, tampoco mencionan a las mujeres trans del país ni atienden sus realidades.

Cerca a la fecha de elecciones, se viralizó una frase sobre el tema de la identidad de género, del entonces candidato mientras se dirigía a sus simpatizantes. “¿Hay niñas con pene y vagina, hay niños con pene y vagina?, ¿Dónde estamos compañeros? Tenemos que repudiar esta actitud, tenemos que echar a la basura esa idiosincrasia”, manifestaba Castillo enérgico. No obstante, días después de la publicación de este video, el también profesor y su equipo técnico se reunieron y conversaron con activistas sociales LGBTIQ+.

“El mensaje que nos dio fue que apostaba por la juventud, nuestros liderazgos, y también reafirmó su compromiso de lucha contra la discriminación. Anteriormente hemos venido conversando con el equipo técnico de Pedro Castillo. Grupos trans pertenecientes a la comunidad han sido invitados para ver temas técnicos de ellos”, dijo el activista y director adjunto del Festival Internacional de Cine Gay Lésbico Trans de Lima -OutfestPeru- , Jheinser Pacaya.

Zapata recuerda la denuncia por discriminación que hizo Marina Kapoor, actriz, cantante y activista trans a Dina Boluarte, primera vicepresidenta de Perú Libre, cuando esta era funcionaria del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). “La denuncia de Marina es genuina y eso está desde el año pasado. Tuvo un mensaje bastante fuerte (en redes sociales) en el cual involucra a muchos compañeros, compañeras y activistas porque ella se sintió sola. Nadie la apoyó. No puedes poner tu preferencia política por encima de lo que realmente debes defender. Pero, por esta vez sí quisiera equivocarme y que realmente el señor (Castillo) y su equipo hagan un buen trabajo y que, por fin, empiecen a cambiar las cosas para bien”, enfatiza.

Hay opiniones divididas en torno a la dirección que tomará el Gobierno estos próximos cinco años. Gianna Camacho, periodista y activista trans, considera que la lucha se concentrará en no retroceder. “Se vienen años súper difíciles, con un Gobierno que no nos va a dar leyes, no nos va a dar el reconocimiento a nuestra identidad trans, que nos permite tener ciudadanía plena (…). La lucha se va a concentrar en no retroceder”, afirma. Cabe agregar que el Congreso, si bien será el que cuente con más mujeres en su historia, también será altamente conservador.

“Para lamentarse, hay tiempo”, dice Claudia Vásquez Haro, militante travesti trans migrante, Doctora en Comunicación Social e integrante del comité de Perú Libre en Argentina. “Es mejor trabajar y después decirle ‘Señor presidente, las travestis y trans le estuvimos cuidando el voto, queremos ser parte de la agenda política en nuestro país, no queremos ser más excluidas sociales, ni tampoco tener que dejar nuestros lugares de origen. Queremos ser sujetas plenas a derecho y embarcarnos a la vida en igualdad de condiciones’. Hay que interpelar a los estados, es la única manera. Yo estoy convencida que las instituciones se transforman desde adentro”, sentencia.

Tal y como lo recomienda la opinión consultiva nro. 24/17, que Costa Rica le solicitó a la CIDH, se deben gerenciar las medidas apropiadas para prohibir legalmente la discriminación basada en la orientación sexual, identidad y expresión de género. Asimismo, los Estados tienen la obligación de prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Aquí se encuentran las mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersex, tal y como lo señala el informe No. 64/16 de la CIDH.

Vásquez Haro pudo hablar con el mismo Pedro Castillo, en un conversatorio que publicó en sus redes sociales. “Le interpelé durante cuatro minutos. Le dije, en pocas palabras, que nosotras también estábamos. Una cosa es ser candidato, otra un presidente. Cuando uno es presidente tiene que abrir los espacios y convocar a las mayorías”, menciona. Por lo pronto, las actividades e iniciativas que se desarrollan, pese a la pandemia y desde los espacios trans, son importantes para demandar años de derechos que han sido pospuestos y pedir por las que ya no están.

Visibilizarse es resistir

Generar visibilización, pese a las dificultades que enfrentan las mujeres trans, es un reto. Desde 2016, Luzquiños, quien es la fundadora y gestora de la primera casa trans en el Perú, la Casa trans Zuleymi, lo sabe. “Es un desafío que hasta hoy sigue resistiendo para sobrevivir, nunca tuvo ni un solo sol de apoyo. Se autogestiona. Hasta hoy seguimos buscando la sostenibilidad”, menciona. Actualmente y para sobrellevar la pandemia, ella y su equipa ofrecen un ‘Bono trans’. Hasta el momento, son 620 beneficiadas.

Asimismo, reconoce que es urgente la intervención estatal. “Nosotras trabajamos bastante y buscamos recursos para responder de manera solidaria. Es necesario que el Gobierno también nos ayude. Sea participativo no solo en el discurso virtual para decir ‘Día del orgullo’. No vemos nada real que mejore las condiciones de vida”, enfatiza.

Estos días, además, colectivos y organizaciones trans piden que no se dilate la aprobación de la Ley de identidad de género en el Congreso. Sólo falta que la Comisión de Constitución dictamine este proyecto de ley nro. 790 – 2016 para que sea llevado al Pleno. No obstante, los congresistas que forman parte de este grupo se encuentran retrasando la votación y piden la opinión de representantes de la Iglesia y grupos fundamentalistas, lo que mella los derechos de todas las poblaciones trans en el país.

Por ello, Mujeres Trans Amigas por Siempre del Perú, TRANS – Organización por los Derechos Humanos de las personas Trans, Casa Zuleymi, Asociación Civil Ángel Azul, ODIS Trans – Ucayali, MOCIFU, Red Trans – Ucayali y Católicas por el Derecho a Decidir – Perú emprenden la campaña “Mujeres Trans en Resistencia Contra La Violencia” para mostrar la violencia de género estructural que afrontan, la desatención del Estado y las respuestas solidarias que les permiten seguir llevando ayuda.

“Cuando el Estado no reconoce la identidad de género autopercibida, es lo mismo que siente una persona que ha sido víctima por algún tipo de violencia de género: revictimización”, afirma Valdéz Jaro. Además, recordemos que, según la opinión consultiva 24/17 de la CIDH, la identidad de género y la orientación sexual son categorías protegidas: “Está proscrita por la Convención (Interamericana de los Derechos Humanos) cualquier norma o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual e identidad de género”.

Las mujeres trans no se rinden. La historia y el Gobierno les ha dado la espalda durante siglos. Es suficiente. “Yo estoy convencida de que se viene una revolución trans. En este instante, en diferentes partes del Perú, hay actualmente jóvenes que están cursando diferentes carreras y son personas trans, o se van a visibilizar como personas trans más adelante. Eso quiere decir que, en cinco o diez años, vamos a ver arquitectos trans, médicos trans, abogados trans, periodistas trans. Vamos a estar conquistando todos los espacios, hasta que llegue un momento en que no tengamos que conquistar nada, que seamos parte de la población como todos y todas”, señala Camacho, con la esperanza también de que se establezca una articulación nacional de colectivas trans. La lucha y resistencia es larga, pero es mejor si se enfrenta en equipo.

Gahela Tseng Cari continúa recibiendo apoyo. En redes sociales, precisamente en Twitter, la palabra ‘Gahela’ se ha convertido en trending topic y hashtags como #JusticiaParaGahela, y #JusticiaParaLxsTrans se difunden con la intención de investigar quiénes han sido los responsables de las agresiones transfóbicas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo exige realizar las diligencias bajo estándares de protección a los DD. HH. de personas LGBTIQ+, así como se comprometen en realizar el seguimiento del caso. El Perú no será libre si las poblaciones trans viven con miedo.

Desaparecidas: Retratos de una búsqueda incansable

por La Antígona | Especiales

Por Audrey Córdova Rampant – Fotoperiodista y documentalista.

“Se fue con el novio”, “Se fue con la cabeza caliente”, “Se fue con otro” o “Ya regresará” son algunas de las frases que escuchan los familiares que se acercan a poner una denuncia por desaparición de una mujer o un feminicidio en las comisarías del Perú. En este foto reportaje, cuatro familias cuentan la desaparición, la investigación y la búsqueda de justicia de sus hijas, hermanas o madres desaparecidas: Solsiret Rodríguez, Shirley Villanueva, Yanet Ayala, Estefhany Díaz, Tatiana y Yamilé. Decidimos retratar cada familia en diferentes momentos de su historia. 

Desde el año 2003, el Estado no cumple con la Ley del registro de peruanos desaparecidos: sin registro, no existen cifras; sin las cifras, no existen datos para hacer un análisis que permita entender estos casos como un problema social, y no como casos aislados. 

Entre enero y septiembre del 2017, cuando se publicó esta investigación, según las cifras de la Policía Nacional, 4,565 denuncias correspondían a casos de mujeres adultas y menores desaparecidas. Mientras que 2,738, a adultos, niños y adolescentes del género masculino. Pero estas cifras no son del todo confiables ya que el registro no es debidamente llevado a cabo y no todas las denuncias por desaparición son recibidas.

Durante la pandemia se evidenció una gran cantidad de mujeres desaparecidas en Perú, pero las cifras siguen incompletas y nuestro país sigue siendo uno de los lugares más inseguros para las mujeres a nivel mundial.    

Gracias a @mujeres_desaparecidas y a las familias por dejarnos contar sus historias. Este proyecto estuvo a cargo de Rocío Romero, Ana Bazo y Audrey Cordova, y fue publicado en Radio Programas del Perú el 8 de marzo del 2018. 

Audrey Cordova Rampant – Fotoperiodista y documentalista

Marcha del orgullo: Las caras visibles de la lucha LGTB

por La Antígona | Especiales

Foto reportaje producido y editado por Melanie Soca en colaboración con Nadia Cruz

La Marcha Del Orgullo reúne a miles de personas y colectivos en la avenida De La Peruanidad, Campo De Marte, en Jesús María. Todos van unidos para exigir la reivindicación del derecho a la igualdad.

Avanza la despenalización del aborto en América Latina

por La Antígona | Especiales

Por Nicole Martin para Revista Colibri y La Antígona

Este año, dos países de América Latina dieron dos pasos muy importante en materia de acceso a la salud de mujeres y personas con capacidad de gestar. Por un lado, en Ecuador se declaró inconstitucional la penalización del aborto producto de una violación. Asimismo, en República Dominicana, se avanzó en la aprobación de un nuevo Código Penal que despenaliza el aborto cuando la vida de la madre corre peligro. ¿Estos avances pueden impulsar cambios en toda la región?

En la región del Caribe Insular, el avance responde a la lucha del campamento que organizaciones de mujeres y personas LGBT+ plantaron hace un mes en la sede del Gobierno, en la capital de República Dominicana, Santo Domingo. El campamento de la dignidad o de la resistencia fue pintado con los emblemáticos pañuelos verdes. Nació como un reclamo al presidente Luis Abinader, electo en julio del año pasado. Se pedía que cumpla una de sus promesas de campaña. La esperada reforma del código penal que incluya la despenalización del aborto bajo las tres famosas causales. Violación, peligro para la vida de la madre o riesgo para la vida del feto.

El reclamo popular se enfoca en la despenalización por tres causales mencionadas. Sin embargo, el 28 de abril se aprobó en la Cámara de Diputados el nuevo Código Penal de República Dominicana, por primera vez, un artículo que permite la interrupción del embarazo en el caso de que la vida de la madre corra peligro. Aún así, deja afuera las causales de violación o riesgo de vida del feto. 

Las organizaciones feministas están furiosas por esto. Ellas exigen que se cumpla la promesa de campaña del Presidente y que se despenalicen no una, sino las tres causales. Esto representa un paralelismo con el protocolo argentino de interrupción legal del embarazo, actualizado en 2019. A pesar que no es igual al aborto legal libre, sí es un avance importante. Esto, dado que esta reforma del código penal permite que, si hay voluntad feminista en el país, que se entienda el riesgo a la vida bajo el concepto de salud de la OMS,. El cual tiene un carácter integral. No es sólo el riesgo físico de la vida, sino también psicológico, emocional y económico.

Durante su campaña presidencial en 2019, el Presidente Abinader planteó que su postura era a favor de las tres causales. Esto, representó para el movimiento feminista una promesa de campaña. De hecho, a finales del año pasado en una entrevista con El País declaraba que «Aunque estoy en desacuerdo, como lo está la mayoría de la población del mundo, con el aborto libre, sí pienso que tiene que haber causales que permitan la interrupción del embarazo».

Sin embargo, probablemente relacionado con el poder de las iglesias y los grupos fundamentalistas que no son una excepción en República Dominicana, Abinader se desligó de la responsabilidad política de su cargo y se amparó en un posible referéndum popular para el debate de una ley específica de despenalización. Esto postergaría la medida mucho después de la actual reforma del Código Penal. Sin embargo, los derechos humanos no deberían ser objeto de un referéndum, porque según las múltiples evidencias que plantean organismos internacionales, debe ser el Estado el que cumpla el rol de defender los derechos humanos.

Lo mismo pasó en Ecuador, ya que el actual Presidente, Guillermo Lasso, también ha mencionado la posibilidad de someter el debate de referénfum popular. Sin embargo, el 28 de abril la Corte Constitucional de Ecuador falló a favor de un reclamo que realizaron organizaciones feministas en 2020 para declarar que penalizar el aborto de un embarazo producto de una violación es inconstitucional. Antes de esta medida, sólo estaba despenalizado en dos causales: si la vida de la mujer está en peligro o si es el resultado de la violación de una mujer con una discapacidad intelectual. Sin embargo, hay información que de que aún en los casos despenalizados, existen muchas dificultades para realizar un aborto en los servicios sanitarios públicos. 

Cristina Cachaguay, Presidenta de Mujeres Por El Cambio, una de las organizaciones ecuatorianas demandantes, convocó a mantenerse en las calles aún después del anuncio de ayer. «Es un momento histórico en el país. La lucha de cada de las compas hoy ha dado fruto. Ahora la Corte Constitucional ha dado luz verde para la despenalización del aborto. Debemos mantenernos vigilantes para que la resolución sea llevada a la Asamblea Nacional. No podemos abandonar las calles porque este es el primer paso, debemos caminar hacia la legalización del aborto en todas las condiciones».

Mientras tanto, en República Dominicana aún no existe el derecho a abortar para las mujeres que fueron violadas. Su código penal -que rige desde 1884- considera penas de hasta dos años de cárcel para las mujeres que aborten. En las imágenes que se ven del campamento, las personas utilizan símbolos de otros países de la región, como Argentina. Por ejemplo, el uso de los barbijos verdes o carteles con consignas como “saquen sus rosarios de nuestros ovarios” o “mi cuerpo es mío, yo decido”. Y como olvidar la propuesta como el «Jueves verde» en el que todas las activistas deciden vestirse de verde como un símbolo de lucha.

Las manifestantes frente al Palacio Nacional entienden que hay una oportunidad en la Reforma del Código Penal que no se puede dejar pasar. Ellas exigen que les congresistas voten a favor de la despenalización del aborto en las tres causales. También se entiende que esta idea de la ley especial es un engaño. Esto, ya se habla de una ley que vendría más adelante, mientras se aprueba el Código Penal. El mismo que continúa sancionando la interrupción del embarazo en caso de violación o de riesgo de vida del feto.

República Dominicana ratificó la prohibición total del aborto en dos instancias anteriores: en 2010 entró en vigor una nueva Constitución cuyo artículo 37 proclama la inviolabilidad del derecho a la vida “desde la concepción hasta la muerte”. Y en 2014, lograron aprobar en la Cámara de Diputados una reforma del Código Penal que integraba la despenalización del aborto en las tres causales, pero en diciembre de 2015 el Tribunal Constitucional lo rechazó mediante una sentencia, osea que volvieron al Código Penal de 1884.

En esa época se mencionó mucho el caso de Rosaura Almonte. Ella fue conocida por los medios de comunicación como “Esperancita”. Murió el 2012 por no recibir la quimioterapia que podría haberle salvado la vida frente a la leucemia que sufría. Rosaura estaba embarazada de siete semanas y el tratamiento que necesitaba habría afectado al feto. Los médicos retrasaron el tratamiento por la prohibición del aborto en el Código Penal. Es decir, la dejaron morir porque estaba embarazada de menos de dos meses. Gracias al Código Penal pre-aprobado por Diputados, esto no podría volver a ocurrir. Es un paso importante, pero no suficiente para el reclamo feminista que exige que ya no se penalicen las otras dos causales.

República Dominicana es uno de los únicos países de la región que mantiene una prohibición total del aborto junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam. En 2018 un informe llamado “‘Es tu decisión, es tu vida’: La criminalización total del aborto en la República Dominicana” de Human Rights Watch evidenció que la prohibición total del aborto genera complicaciones de salud a raíz de abortos inseguros. Asimismo, que puede derivar en muertes y en el maltrato y desatención de mujeres y niñas. El estudio determina que la prohibición no impide que haya abortos, sin que hace que sean clandestinos y menos seguros.

Según datos de mortalidad materna del Ministerio de Salud Pública, un 8% de las muertes maternas en el país son provocadas por complicaciones. Es importante tener en cuenta que el temor a enfrentar acciones penales o ser objeto de abusos por parte de profesionales de la salud hace que muchas personas posterguen la atención médica. Asimismo, muchas de ellas no acudan a un centro médico tras complicaciones por abortos clandestinos o espontáneos.

Asimismo, el país tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina y el Caribe, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esto debido a la inadecuada educación en sexualidad del país y la necesidad no cubierta de anticoncepción. Los datos de salud pública muestran que el 20,5% de las niñas y mujeres jóvenes de 15 a 19 años quedan embarazadas en la adolescencia. La mayoría de estos embarazos no son planeados ni deseados. Algunas escuelas ofrecen talleres o instrucción sobre educación sexual, pero no existe un enfoque obligatorio y consistente.

República Dominicana es el país de las hermanas Mirabal o las Mariposas, defensoras de los derechos humanos quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En conmemoración a ellas se designó el 25 de Noviembre como el Día Internacional de la NO Violencia Contra la Mujer. Sin embargo, en el país aún no se cumple esta consigna. Según la encuesta demográfica y de salud realizada por el gobierno en 2013 (ENDESA-2013), el 35 % de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años, que alguna vez estuvieron casadas o en pareja, han sufrido algún tipo de violencia doméstica. incluida violencia física, emocional o sexual por parte de una pareja íntima.